Leyes represivas
En respuesta a los conflictos de la red de ferrocarriles y del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el 10 de enero de 2023 el Gobierno presentó ante Parlamento una nueva legislación primaria que impondría unilateralmente unos Niveles de Servicios Mínimos a los trabajadores de los ferrocarriles, las ambulancias y los bomberos, con una serie de disposiciones para que las leyes se ampliaran a todos los servicios de los sectores del transporte, la sanidad, las fuerzas fronterizas, la educación, el desmantelamiento y almacenamiento nuclear y los servicios de bomberos y salvamento.
En virtud de las nuevas leyes propuestas, los trabajadores que se ven obligados a cruzar las líneas de piquetes para realizar servicios mínimos pierden su protección jurídica frente al despido improcedente si secundan la huelga, y los sindicatos pueden enfrentarse al pago de indemnizaciones por no garantizar el cumplimiento de los avisos de trabajo.
No se mantuvieron consultas con los sindicatos antes de introducir esta legislación, y las posibilidades de examinarla o influir en ella son escasas, ya que se está tramitando a toda prisa en el Parlamento con un calendario muy apretado.
El proyecto de ley constituye otro ataque al derecho fundamental de huelga para los trabajadores del Reino Unido, carente ya de salvaguardias constitucionales, y se produce en un entorno legislativo draconiano para los sindicatos. Las leyes antisindicales británicas exigen un preaviso de dos semanas antes del comienzo de una huelga. También exigen que una mayoría excesiva de miembros del sindicato vote a favor de la huelga, tanto en términos de participación con de votos a favor. Además, en julio de 2022 se modificó la ley para permitir la contratación de mano de obra a través de agencias para acabar con las huelgas, una práctica que anteriormente se consideraba ilegal.