Canadá

El incumplimiento de los convenios colectivos siguió siendo un hecho habitual en Canadá. Por ejemplo, la Junta de Relaciones Laborales de Ontario recibió 355 denuncias por prácticas laborales injustas, en el marco de las cuales los principales cargos contra los empleadores fueron “el despido improcedente o la discriminación de los empleados por participar en actividades sindicales, las modificaciones ilícitas de salarios y condiciones de trabajo, y la falta de negociación de buena fe”.

En Canadá, los Gobiernos federal y provincial han recurrido con frecuencia a la legislación de “vuelta al trabajo” para poner fin a las huelgas. Por ejemplo, el Gobierno federal aprobó una ley de vuelta al trabajo para poner fin a una huelga de trabajadores portuarios representados por el sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que se llevó a cabo en el Puerto de Montreal el 30 de abril de 2021. El sindicato no había podido establecer un nuevo convenio colectivo tras casi tres años de negociaciones, y convocó la huelga después de que el empleador, Maritime Employers Association, le notificara que dejaría de cumplir las disposiciones del convenio colectivo en materia de seguridad laboral y que comenzaría a imponer unilateralmente la realización de horas extraordinarias en el puerto.

Del mismo modo, a principios de noviembre de 2021, el Gobierno de Nuevo Brunswick utilizó la legislación de vuelta al trabajo contra los trabajadores y trabajadoras del sector público en huelga. Aproximadamente 22.000 miembros del CUPE de toda una serie de servicios públicos se habían declarado en huelga en la provincia. El Gobierno recurrió a la legislación de emergencia para obligar a los miembros de tres unidades de negociación del sector sanitario en huelga (CUPE 1251, CUPE 1252 y CUPE 1190) a volver al trabajo. El recurso por parte del Gobierno federal y el Gobierno de Nuevo Brunswick a la legislación de vuelta al trabajo infringe el derecho de los trabajadores a la huelga, protegido por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.

En Edmonton, Canadá, CESSCO Fabrication and Engineering Ltd., una empresa del sector del acero ha sometido a los miembros de Boilermakers Lodge 146 a un cierre patronal desde junio de 2020. Durante el último año, el empleador ha estado contratando trabajadores de reemplazo mientras recibía el Subsidio Salarial de Emergencia de Canadá, una prestación abonada por el Gobierno federal a los empleadores afectados por la pandemia, supuestamente para cubrir gastos de personal. El uso continuado de trabajadores de reemplazo ha prolongado el cierre patronal. Antes del cierre, el sindicato llevaba más de dos años y medio negociando un convenio.

A finales de 2020, los trabajadores de la planta de cemento Ash Grove en Joliette, Quebec (Canadá), fueron informados del cierre de dos de los cuatro hornos y de la posible pérdida de, como mínimo, la mitad de los puestos de trabajo. El 22 de mayo de 2021, pese a que la negociación colectiva seguía en curso, los miembros del sindicato Unifor fueron objeto de un cierre patronal improcedente. Unifor, junto con la Quebec Federation of Labor y sus miembros en todo Quebec, organizaron una serie de acciones solidarias.

En respuesta a la movilización sindical, la dirección de Ash Grove obtuvo una nueva orden judicial para limitar las acciones sindicales. El empleador presentó asimismo una demanda de la dirección por valor de 2,6 millones CAD (aproximadamente 2,1 millones USD) por pérdida de producción y avería de equipos, y despidió a dos miembros de Local 177, uno de ellos miembro del comité de negociación.

La cementera Ash Grove es propiedad de CRH Canada, que emplea a 4.000 personas en 100 instalaciones de producción. El gigante internacional emplea a escala mundial a más de 76.000 personas en más de 3.000 emplazamientos situados en 29 países.