Américas

En Perú, el 15 de agosto de 2022, los trabajadores afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) llevaron a cabo un paro laboral y exigieron que Los Quenuales, empresa propiedad de la multinacional Glencore, cumpliera con el convenio colectivo y proporcionara los requisitos mínimos adecuados en materia de seguridad, salud y nutrición laboral en los campamentos mineros.

En respuesta a las demandas legítimas de los trabajadores, la empresa suspendió los pagos mensuales de los trabajadores y llevó a cabo despidos colectivos.

Los trabajadores se manifestaron hasta llegar a Lima. Ante la reiterada negativa de la empresa a atender sus demandas, la FNTMMSP solicitó a las autoridades competentes que atendieran de inmediato las reivindicaciones de los trabajadores de la mina Los Quenuales. El 16 de septiembre, con la mediación del Ministerio de Trabajo, se llegó a un acuerdo entre las partes, y los dirigentes despedidos fueron reincorporados a sus puestos de trabajo.

En Colombia, el clima generalizado de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno para proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y para procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando fracturado y solo se han resuelto un puñado de los cientos de casos de asesinato, por lo general muchos años más tarde.

En Honduras, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

En Guatemala, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno para proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y para procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando fracturado y solo se han resuelto un puñado de los cientos de casos de asesinato, por lo general muchos años más tarde.

En Guatemala, Winners, empresa propiedad del grupo surcoreano SA-E Group, suspendió sus operaciones en mayo de 2022 y despidió a una serie de trabajadores para tratar de impedir la organización sindical. Los trabajadores despedidos intentaron entonces conseguir otro trabajo, pero descubrieron que sus nombres habían sido inscritos en una lista negra.

La dirección de Winners ha recurrido con frecuencia a la violencia física y psicológica, así como a la intimidación y las amenazas contra los miembros del sindicato. El secretario general del sindicato local fue acosado, recibió amenazas de muerte y se vio obligado a trasladarse a un lugar seguro.

Desde 2016, Fyffes ha reprimido cualquier intento del sindicato STAS de organizar a los trabajadores de las plantaciones de melón en el sur de Honduras. En noviembre de 2022, José Espinal Maradiaga y Óscar Gadea Vásquez, sendos dirigentes de la sección del STAS en Melon Export SA (Melexsa), filial de Fyffes, fueron despedidos arbitrariamente una semana después de haber notificado al empleador sobre la formación del sindicato. Los trabajadores de Melexsa habían decidido organizarse para exigir contratos indefinidos. Algunos de ellos llevan más de dos décadas trabajando para Melexsa con contratos de corta duración.

El 19 de julio de 2022 el Congreso de El Salvador aprobó una ampliación del régimen de excepción, vigente desde finales de marzo de 2022, con el pretexto de combatir la violencia generada por las maras. En marzo de 2023, la medida seguía vigente.

El régimen de excepción ha permitido que se cometan graves violaciones de los derechos humanos en el país, debido a la suspensión de las garantías constitucionales, a las detenciones arbitrarias y a los abusos policiales, lo que ha provocado protestas por parte de organizaciones de los derechos humanos e insistentes llamamientos por parte de la comunidad internacional. El 3 de junio de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló su preocupación por la política penitenciaria, la falta de garantías procesales y las precarias condiciones que existen en los centros de detención salvadoreños. El 25 de octubre de 2022, el Gobierno de El Salvador se negó a asistir a la audiencia de la Comisión sobre la situación.

En mayo de 2022 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), con el apoyo del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y sindicatos representantes de los agricultores, asociaciones médicas, jubilados, sindicatos públicos, educadores, estudiantes y transportistas, convocó en Ecuador una huelga nacional para exigir el respeto de los derechos colectivos.

Durante las manifestaciones, cinco personas murieron a manos de las fuerzas de la policía, que utilizaron armas disuasorias de forma letal y detuvieron a decenas de participantes. Un número considerable de los 132 detenidos fueron acusados de delitos como sabotaje, terrorismo o resistencia. Además de las denuncias de secuestro, persecución y planificación de atentados contra dirigentes de las manifestaciones, cabe señalar que las autoridades recurrieron a la censura de los medios de comunicación y a la vulneración del derecho a la libertad de expresión, bloqueando información, cortando la conexión a Internet y las redes sociales, hackeando cuentas personales de correo electrónico y dando de baja el servicio de la redes móviles. Los sindicatos, entre ellos la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), denunciaron la escalada de violencia y amenazas por parte del Estado.

Entre abril y octubre de 2022, 15 sindicalistas de Colombia fueron víctimas de asesinatos selectivos: Wilmer Hernández, Aureliano Coral Guerrero, Misael Fernando Ávila Solarte, Mauricio Flory Balanta, Fernando Domicó, Edison Gómez Ortiz, Julio Cesar Ojeda Jara, Helberth Mosquera Hurtado, Wilfredo Parra Cardozo, Édgar Rodríguez Corredor, Sandra Patricia Montenegro, Sibares Lamprea Vargas, Álvaro Díaz Pineda, José Libardo Samboni Vargas y William Urueta.