Derecho a establecer o afiliarse a un sindicato

Según las normas internacionales del trabajo, todos los trabajadores sin distinción tienen derecho a la libertad sindical. Sin embargo, en 2023, en 114 de los 149 países encuestados se excluyeron de este derecho a determinadas categorías de trabajadores, a menudo en función de su situación laboral.

Los trabajadores migrantes, las trabajadoras del hogar, los trabajadores temporales, los del sector de la economía informal y los de la economía de plataformas solían quedarse fuera del ámbito de aplicación de la legislación laboral, mientras que a ciertas categorías de empleados públicos se les ha seguido negando el derecho a la libertad sindical. También se suele privar a los trabajadores de su derecho a la libertad sindical en las infames Zonas Económicas Especiales, donde las protecciones laborales se reducen o no se aplican en absoluto.

La región de los Estados Árabes es uno de los principales destinos mundiales de los trabajadores migrantes. Se calcula que en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jordania y el Líbano hay 35 millones de migrantes internacionales, de los cuales el 31% son mujeres.

La proporción de extranjeros entre la población activa en los países del CCG es una de las más elevadas del mundo, con un promedio del 70,4%, que oscila entre el 56% y el 93% en los diversos países. Muchos de estos trabajadores migrantes son trabajadores poco cualificados que trabajan en sectores como la construcción y la hostelería, o como empleadas del hogar. La mayoría de estos trabajadores proceden de Asia, y un número considerable también procede de África (Egipto, Etiopía, Kenia y Uganda).

Aunque Qatar y Arabia Saudita llevaron a cabo algunas reformas importantes para acabar con el sistema de kafala, otros países de la región siguen dependiendo considerablemente de este sistema de esclavitud moderna y siguen excluyendo a los migrantes (que constituyen la inmensa mayoría de su mano de obra) de los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

En varios países se sigue negando a ciertas categorías de empleados públicos el derecho a la libertad sindical.

Los trabajadores también se ven privados a menudo de su derecho a la libertad sindical en las famosas zonas económicas especiales, donde la protección laboral se reduce o no se aplica en absoluto.

La represión sindical ha impedido a un creciente número de trabajadores formar sindicatos y afiliarse a ellos. La represión sindical se refiere a una amplia gama de actividades que llevan a cabo los empleadores para obstaculizar el funcionamiento de los sindicatos y perturbar o impedir la formación de sindicatos o sus intentos de reclutar nuevos miembros en el lugar de trabajo. El Convenio 98 de la OIT recoge el derecho de las organizaciones de trabajadores a una protección adecuada contra todo acto de injerencia por parte de los empleadores en su constitución, funcionamiento o administración. Sin embargo, la realidad es que muchos empleadores recurren a prácticas encubiertas e ilegales para impedir que los trabajadores establezcan un sindicato en el lugar de trabajo y para neutralizar la capacidad de los sindicatos de operar libremente.