Derecho a las libertades civiles

El 20 de abril de 2022, Khaing Thinzar, responsable de comunicaciones de la Confederation of Trade Unions of Myanmar (CTUM), y Ei Phyu Phyu Myint, afiliada a la Industrial Workers Federation of Myanmar (IWFM), sufrieron una emboscada cuando regresaban a casa en taxi tras asistir a una manifestación pacífica a las afueras de Rangún. Su vehículo fue embestido por un automóvil del que saltaron seis soldados que las agarraron y agredieron, procediendo después a detenerlas junto con el chófer.

Ambas fueron condenadas en virtud del artículo 505A del Código Penal y se vieron sometidas a torturas y abusos sexuales durante su detención. Han sido condenadas, junto con el taxista, Nyan Sein, a tres años de cárcel con trabajos forzados.

La manifestación del 20 de abril fue organizada por miembros de la Myanmar Labour Alliance (MLA), la CTUM y la IWFM para protestar contra el régimen militar. La MLA exigía el restablecimiento de una sociedad democrática y el fin del régimen militar.

Desde que la Junta militar tomó el poder en febrero de 2021, decenas de sindicalistas han sido asesinados y decenas de miles de trabajadores que participan en el Movimiento de Desobediencia Civil han sido despedidos o inscritos en listas negras.

El 31 de enero de 2023, hacia las 9 p.m., el secretario general del sindicato de trabajadores de la empresa tunecina de autopistas Tunisie Autoroutes, Anis Kaabi, fue detenido en el contexto de una huelga convocada por el sindicato para los días 30 y 31 de enero. Los trabajadores reclamaban la renovación del contrato de operaciones de la autopista Tunis-Msaken, que finaliza en 2025, así como los aumentos salariales convenidos en virtud de un acuerdo suscrito entre la Union générale tunisienne du travail (UGTT) y el Gobierno en septiembre de 2022, y la entrega de una serie de informes prometidos hacía cinco años.

El domicilio de Kaabi fue registrado por las fuerzas de seguridad, y en un primer momento la familia no fue informada del paradero del sindicalista. Finalmente Kaabi fue autorizado a realizar una llamada telefónica sobre las 11 p.m., y entonces pudo ponerse en contacto con su familia y pedirles que enviaran un abogado al distrito policial de El Gorjani.

Esta detención fue consecuencia directa de una denuncia interpuesta por Tunisie Autoroutes contra Kaabi a raíz de “las pérdidas económicas ocasionadas por la huelga”. Las pérdidas estaban relacionadas con la apertura de carriles gratuitos durante el período de huelga. Sin embargo, la decisión de abrir los carriles había sido, al parecer, de la dirección. La detención de Kaabi se produjo tras unas contundentes declaraciones del presidente de la República, quien advirtió que los sindicalistas que amenazan con cerrar las autopistas “deben rendir cuentas”.

En Guinea-Bissau, las domicilios de dos líderes de la União Nacional dos Trabalhadores da Guiné- Central Sindical (UNTG-CS), el secretario general Júlio António Mendonça y el secretario general adjunto Yasser Turé, han permanecido bajo vigilancia desde 2022. Ambos líderes han visto vehículos desconocidos con cristales tintados patrullando constantemente los alrededores de sus domicilios y a hombres encapuchados y uniformados vigilando sus casas. Mendonça y Turé también han recibido mensajes con amenazas de violencia. Según la UNTG-CS, no es la primera vez que se utiliza este tipo de amenazas contra sindicalistas.

Şebnem Korur-Fincancı, presidenta de la Asociación Médica Turca, fue detenida el 26 de octubre de 2022 y encarcelada el 27 de octubre de 2022 en virtud de la Ley Antiterrorista de Turquía por “hacer propaganda en favor de una organización terrorista” y “degradar públicamente a la nación turca, al Estado de la República y a sus instituciones” debido a comentarios que realizó en los medios de comunicación sobre las acusaciones de que Turquía había utilizado gases químicos durante sus operaciones militares en Irak y respecto a las cuales solicitó una investigación independiente.

Cinco miembros de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Públicos (KESK, por sus siglas en turco), que intentaron asistir a la vista judicial en calidad de observadores, fueron detenidos, si bien fueron posteriormente puestos en libertad.

La Fiscalía General de Ankara también ha pedido que Şebnem Korur-Fincancı sea suspendida de sus funciones. Su destitución sería una clara e inaceptable injerencia en la libertad de los sindicatos para organizar sus propias actividades y estructuras.

Şebnem Korur-Fincancı es experta forense con décadas de experiencia en el trabajo contra la tortura. Ha sido perseguida en múltiples ocasiones por su activismo, y en 2016 fue detenida por apoyar una campaña a favor de la libertad de prensa.

Desde abril de 2022, el Gobiernos bielorruso ha venido aplicando un patrón sistemático de represión contra los sindicatos independientes del país, arrestando y deteniendo arbitrariamente a líderes y miembros sindicales, intimidándolos y acosándolos. El 19 de abril de 2022, el Comité para la Seguridad del Estado (KGB) detuvo a más de una veintena de líderes y activistas del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), entre los que se encontraba Aliaksandr Yarashuk, presidente del BKDP. La represión prosiguió en mayo con nuevas detenciones selectivas, entre ellas la de Maksim Pazniakou, presidente en funciones del BKDP, que fue detenido por las autoridades estatales el 17 de mayo de 2022.

Andrei Khanevich, presidente de la organización sindical primaria del BNP en Grodno Azot, fue condenado en noviembre a cinco años de cárcel, mientras que Aliaksandr Mishuk, vicepresidente del BNP y presidente de la organización sindical primaria en Belaruskali, fue condenado a dos años y medio de cárcel.

El 27 de diciembre de 2022, el Tribunal de la ciudad de Minsk dictó sentencia contra los dirigentes del BKDP encarcelados: el presidente Aliaksandr Yarashuk fue condenado a cuatro años de cárcel; su adjunto, Sergei Antusevich, a dos años de cárcel; y la contable del BKDP, Irina But-Husaim, a 18 meses de cárcel. Todos ellos fueron declarados culpables de acciones que atentan gravemente contra el orden público, y Yarashuk fue además declarado culpable de reclamar medidas destinadas a perjudicar la seguridad nacional.

Los tres sindicalistas llevan detenidos desde el 19 de abril de 2022, y Aliaksandr Yarashuk no ha podido ponerse en contacto con su familia, compañeros ni abogados durante su detención.

El 5 de enero de 2023, el Tribunal de la ciudad de Minsk dictó sentencia contra los dirigentes del sindicato de trabajadores de la industria radioelectrónica (REP): Hennadz Fiadynich fue condenado a nueve años de cárcel en régimen reforzado, Vasil Berasneu fue condenado a nueve años de cárcel en una prisión de mediana seguridad, mientras que Vatslau Areshka fue condenado a ocho años de cárcel en una prisión de régimen general.

Todos ellos fueron declarados culpables de reclamar la adopción de medidas destinadas a atentar contra la seguridad nacional, de incitación a otros tipos de odio social y de creación de una formación extremista o participación en ella.