Europa

Erzhan Elshibayev, activista laboral de Kazakstán, lleva más de dos años en prisión. Fue uno de los organizadores de las concentraciones que se organizaron en 2019 en Zhanaozen, ciudad situada en la región petrolífera más rica del país, para exigir salarios más altos para los trabajadores locales así como la creación de puestos de trabajo para los desempleados.

En octubre de 2019 Elshibayev fue condenado a cinco años de cárcel por cargos falsos. Presuntamente, varios años antes, el activista había agredido a un desconocido, provocándole lesiones corporales. Estos cargos fueron denunciados por la comunidad internacional como una forma de persecución por su activismo.

Şebnem Korur-Fincancı, presidenta de la Asociación Médica Turca, fue detenida el 26 de octubre de 2022 y encarcelada el 27 de octubre de 2022 en virtud de la Ley Antiterrorista de Turquía por “hacer propaganda en favor de una organización terrorista” y “degradar públicamente a la nación turca, al Estado de la República y a sus instituciones” debido a comentarios que realizó en los medios de comunicación sobre las acusaciones de que Turquía había utilizado gases químicos durante sus operaciones militares en Irak y respecto a las cuales solicitó una investigación independiente.

Cinco miembros de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Públicos (KESK, por sus siglas en turco), que intentaron asistir a la vista judicial en calidad de observadores, fueron detenidos, si bien fueron posteriormente puestos en libertad.

La Fiscalía General de Ankara también ha pedido que Şebnem Korur-Fincancı sea suspendida de sus funciones. Su destitución sería una clara e inaceptable injerencia en la libertad de los sindicatos para organizar sus propias actividades y estructuras.

Şebnem Korur-Fincancı es experta forense con décadas de experiencia en el trabajo contra la tortura. Ha sido perseguida en múltiples ocasiones por su activismo, y en 2016 fue detenida por apoyar una campaña a favor de la libertad de prensa.

Desde abril de 2022, el Gobiernos bielorruso ha venido aplicando un patrón sistemático de represión contra los sindicatos independientes del país, arrestando y deteniendo arbitrariamente a líderes y miembros sindicales, intimidándolos y acosándolos. El 19 de abril de 2022, el Comité para la Seguridad del Estado (KGB) detuvo a más de una veintena de líderes y activistas del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), entre los que se encontraba Aliaksandr Yarashuk, presidente del BKDP. La represión prosiguió en mayo con nuevas detenciones selectivas, entre ellas la de Maksim Pazniakou, presidente en funciones del BKDP, que fue detenido por las autoridades estatales el 17 de mayo de 2022.

Andrei Khanevich, presidente de la organización sindical primaria del BNP en Grodno Azot, fue condenado en noviembre a cinco años de cárcel, mientras que Aliaksandr Mishuk, vicepresidente del BNP y presidente de la organización sindical primaria en Belaruskali, fue condenado a dos años y medio de cárcel.

El 27 de diciembre de 2022, el Tribunal de la ciudad de Minsk dictó sentencia contra los dirigentes del BKDP encarcelados: el presidente Aliaksandr Yarashuk fue condenado a cuatro años de cárcel; su adjunto, Sergei Antusevich, a dos años de cárcel; y la contable del BKDP, Irina But-Husaim, a 18 meses de cárcel. Todos ellos fueron declarados culpables de acciones que atentan gravemente contra el orden público, y Yarashuk fue además declarado culpable de reclamar medidas destinadas a perjudicar la seguridad nacional.

Los tres sindicalistas llevan detenidos desde el 19 de abril de 2022, y Aliaksandr Yarashuk no ha podido ponerse en contacto con su familia, compañeros ni abogados durante su detención.

El 5 de enero de 2023, el Tribunal de la ciudad de Minsk dictó sentencia contra los dirigentes del sindicato de trabajadores de la industria radioelectrónica (REP): Hennadz Fiadynich fue condenado a nueve años de cárcel en régimen reforzado, Vasil Berasneu fue condenado a nueve años de cárcel en una prisión de mediana seguridad, mientras que Vatslau Areshka fue condenado a ocho años de cárcel en una prisión de régimen general.

Todos ellos fueron declarados culpables de reclamar la adopción de medidas destinadas a atentar contra la seguridad nacional, de incitación a otros tipos de odio social y de creación de una formación extremista o participación en ella.

En respuesta a los conflictos de la red de ferrocarriles y del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el 10 de enero de 2023 el Gobierno presentó ante Parlamento una nueva legislación primaria que impondría unilateralmente unos Niveles de Servicios Mínimos a los trabajadores de los ferrocarriles, las ambulancias y los bomberos, con una serie de disposiciones para que las leyes se ampliaran a todos los servicios de los sectores del transporte, la sanidad, las fuerzas fronterizas, la educación, el desmantelamiento y almacenamiento nuclear y los servicios de bomberos y salvamento.

En virtud de las nuevas leyes propuestas, los trabajadores que se ven obligados a cruzar las líneas de piquetes para realizar servicios mínimos pierden su protección jurídica frente al despido improcedente si secundan la huelga, y los sindicatos pueden enfrentarse al pago de indemnizaciones por no garantizar el cumplimiento de los avisos de trabajo.

No se mantuvieron consultas con los sindicatos antes de introducir esta legislación, y las posibilidades de examinarla o influir en ella son escasas, ya que se está tramitando a toda prisa en el Parlamento con un calendario muy apretado.

El proyecto de ley constituye otro ataque al derecho fundamental de huelga para los trabajadores del Reino Unido, carente ya de salvaguardias constitucionales, y se produce en un entorno legislativo draconiano para los sindicatos. Las leyes antisindicales británicas exigen un preaviso de dos semanas antes del comienzo de una huelga. También exigen que una mayoría excesiva de miembros del sindicato vote a favor de la huelga, tanto en términos de participación con de votos a favor. Además, en julio de 2022 se modificó la ley para permitir la contratación de mano de obra a través de agencias para acabar con las huelgas, una práctica que anteriormente se consideraba ilegal.