Derecho a realizar actividades sindicales

El 2 de noviembre de 2021, unos individuos que decían ser miembros del Departamento de Policía de Ciudad Quezón se presentaron en la oficina nacional de Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO) en Manila para investigar supuestamente un conflicto laboral que afectaba a su organización afiliada, la Federation and Cooperation of Cola, Beverage, and Allied Industry Unions (FCCU). La FCCU está inmersa en un conflicto laboral en Coca-Cola Filipinas debido al estancamiento de la negociación salarial y a una campaña nacional para conseguir la reincorporación de una serie de dirigentes sindicales despedidos.

Los individuos carecían de documentos legales que los identificaran y autorizaran oficialmente o que indicaran el propósito de su visita. Solicitaron reiteradamente información sobre la oficina de SENTRO, los demás sindicatos allí presentes y sus actividades. Los supuestos agentes de policía también se dirigieron a los locales de la Trade Union Confederation of the Philippines (TUCP) en Ciudad Quezón, preguntando por la Coalición Laboral NAGKAISA, de la que forma parte SENTRO.

El 11 de mayo de 2021, la empresa Alexandria Spinning and Weaving Company se negó a permitir que Ashraf Nassef, presidente del comité sindical de los trabajadores, y Faraj Al-Najjar, tesorero del sindicato, accedieran a la empresa para hablar con sus miembros. Esto se produjo tras un incidente ocurrido el 4 de marzo de 2021, cuando la dirección trasladó a siete miembros del comité sindical de la empresa de sus puestos técnicos a la sección de seguridad administrativa debido a sus actividades sindicales. Los siete miembros del sindicato eran Faraj Saeed, vicepresidente del Comité Sindical; Mahmoud Ibrahim El-Gohari, tesorero del Comité Sindical; Mohamed Al-Masry, miembro del Consejo de Administración; Mohamed Mohamed Ibrahim, tesorero adjunto; Mohamed Youssef, miembro del Consejo de Administración; Magdy Marei, miembro del Consejo de Administración; y Tariq Bakr, miembro del Consejo de Administración.

Las autoridades kazajas llevan mucho tiempo obstaculizando el funcionamiento de los sindicatos independientes en el país, procediendo simplemente a anular su registro y negándose a volver a registrarlos. En enero de 2021, las autoridades cancelaron el registro de la sección del Sectoral Fuel and Energy Workers’ Union (SFEWU) en la región de Kyzylordy, basando la decisión en una supuesta solicitud de cancelación de registro presentada por un expresidente.

Esta decisión ilegítima de anulación de registro tuvo repercusiones para el propio SFEWU, puesto que, según la ley, un sindicato sectorial debe tener por lo menos nueve secciones registradas. En febrero de 2021, el Tribunal Económico Interdistrital Especializado de Shymkent suspendió las actividades del SFEWU durante seis meses. La decisión fue confirmada por el tribunal de apelación y entró en vigor el 29 de abril de 2021. Todas las actividades del SFEWU tuvieron que cesar de inmediato debido a la amenaza de procesamiento penal de los dirigentes en virtud del artículo 430 del Código Penal.

En Macedonia del Norte persistió la discriminación contra la Konfederacija Slobodnik Sindikata (KSS) por parte de funcionarios estatales e instituciones públicas, ya que la solicitud de representatividad del KSS, presentada en julio de 2019, continuaba pendiente ante las autoridades sin ningún motivo oficial. De facto, la solicitud del KSS fue rechazada, por lo que el sindicato no pudo participar plenamente en el diálogo social nacional ni en el proceso de construcción de la política económica y social, ni tampoco pudo representar los intereses ni promover los derechos de sus miembros.

El 22 de julio de 2021, el Ministerio de Justicia bielorruso presentó una demanda ante el Tribunal Supremo para disolver la Belarusian Association of Journalists (BAJ). La BAJ ha sido acusada por el Gobierno de vulnerar la legislación sobre asociaciones nacionales de trabajadores. La solicitud de disolución de la BAJ fue aprobada por el Tribunal Supremo el 27 de agosto de 2021. La BAJ era la única organización independiente representante de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de Belarús, y una de las más destacadas defensoras de la libertad de expresión del país.

El 15 de diciembre de 2019, el Consejo Soberano gobernante en Sudán emitió un decreto disolviendo todos los sindicatos y asociaciones profesionales del país, confiscando además todas sus propiedades y activos. Desde entonces, y especialmente tras el golpe de Estado militar de octubre de 2021, los sindicatos independientes no han podido operar en el país.

Las autoridades de Hong Kong han venido intensificando desde 2021 la presión sobre los sindicatos independientes para que o bien obedezcan o bien se disuelvan, mientras que el Registro de Sindicatos ha ido convocando sistemáticamente a los sindicatos independientes por motivos frívolos y abriendo procedimientos para anular su registro.

La Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) anunció en septiembre de 2021 que se preparaba para disolverse después de 31 años liderando el movimiento sindical democrático en la región. En el mes previo a dicha decisión, la HKCTU y sus organizaciones miembros sufrieron ataques e intimidaciones sin precedentes y fueron acusadas de delitos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2020. La seguridad personal de los dirigentes sindicales también se ha visto amenazada. El 3 de octubre de 2021, en el marco de una asamblea general extraordinaria, los miembros respaldaron la resolución de cese de actividades por 57 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

En 2022, el movimiento sindical independiente y el movimiento prodemocrático de Hong Kong han sido prácticamente silenciados, ya que muchos sindicatos se han visto obligados a disolverse o a darse de baja arbitrariamente, entre ellos el General Union of Hong Kong Speech Therapists (GUHKST); la Hospital Authority Employees’ Alliance (HAEA); el Hong Kong Professional Teachers’ Union (HKPTU); el Union of New Civil Servants (UNCS); Medicine Inspires; el Hong Kong Pharmaceutical and Medical Device Union; la Hong Kong Educators’ Alliance; el Frontline Doctors’ Union; el Hong Kong Pharmaceutical and Medical Device Union; el Financial Technology Professional Services Personnel Union; el Hong Kong Teaching and Research Support Staff Union; y el Next Media Trade Union (NMTU).

Tras el golpe de Estado perpetrado el 1 de febrero en Myanmar, 16 organizaciones sindicales fueron declaradas ilegales el 2 de marzo de 2021 por el Tatmadaw (Ejército birmano). Todas las zonas industriales de Yangón fueron sometidas a la ley marcial, lo que dificultó enormemente la organización de los trabajadores y trabajadoras. Los líderes sindicales informaron posteriormente de un éxodo masivo de trabajadores de fábricas de las zonas industriales a sus pueblos de origen. Los militares requirieron a los propietarios de las fábricas que revelaran los nombres y direcciones de los dirigentes sindicales para detenerlos, y enviaron soldados puerta por puerta a los dormitorios y albergues de los trabajadores para tratar de encontrarlos. Se llevaron a cabo redadas en los domicilios de los dirigentes sindicales y se confiscó dinero y otros objetos personales.

En 2022, las autoridades camboyanas siguieron impidiendo el registro de sindicatos por motivos arbitrarios o a raíz de errores técnicos de mínima importancia. En uno de los casos, un sindicato presentó su solicitud en el Ministerio de Trabajo el 25 de diciembre de 2020, junto con los diez tipos de documentos exigidos por la ley. En febrero de 2021, los dirigentes sindicales locales fueron citados por primera vez por el Ministerio para corregir una serie de errores ortográficos en la carta de presentación y en el perfil de los dirigentes sindicales. Más de dos meses después, el 7 de mayo de 2021, los líderes sindicales locales fueron citados por segunda vez para corregir el tamaño de las fotografías de los líderes sindicales de (3x4) a (4x6) y volver a presentarlas. En 2022, después de haber invertido mucho tiempo y recursos para presentar la solicitud, el sindicato seguía sin estar registrado.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, tras lo cual el país se ha sumido en una situación de inestabilidad y pobreza. Se calcula que el 90% de la población trabajadora perdió su empleo. Una de las primeras medidas adoptadas por el régimen talibán fue restringir los derechos de las mujeres, en particular su acceso al empleo y a la educación.

Cuando los talibanes empezaron a reprimir las voces y las organizaciones democráticas, matando a activistas y allanando sus domicilios, los dirigentes del National Union of Afghanistan Workers and Employees (NUAWE) se vieron obligados a exiliarse, y gracias al apoyo de la CSI, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) y el Gobierno francés, pudieron encontrar refugio en Francia. Llevar a cabo actividades sindicales se ha convertido en algo extremadamente peligroso para los sindicalistas que permanecen en el país, puesto que se ven sometidos a una vigilancia constante y reciben amenazas de muerte.

El 31 de diciembre de 2020, las autoridades jordanas habían procedido a ratificar la disolución arbitraria de la Jordanian Teachers’ Association (JTA). Aunque la decisión administrativa fue finalmente revocada el 31 de octubre de 2021 por el Tribunal de Apelación de Ammán, la JTA seguía teniendo impedimentos para operar y representar al personal docente en el país, ya que ninguno de los miembros del Consejo Ejecutivo de la JTA pudo reanudar sus actividades sindicales.

del país, ya que ninguno de los miembros del Consejo Ejecutivo de la JTA pudo reanudar sus actividades sindicales.

Desde 2020, todos los sindicatos independientes de Iraq están incapacitados para ejercer su actividad. El 12 de octubre de 2020, el Ministerio de Trabajo iraquí publicó la carta núm. 11367 en la que se imponía el monopolio sindical en Iraq y se ordenaba a los organismos administrativos del Gobierno no tratar con ningún otro sindicato que no fuera la organización oficialmente reconocida, General Federation of Iraqi Workers.

En Egipto, todos los sindicatos independientes se disolvieron en marzo de 2018. Desde entonces, muchos se han enfrentado a innumerables obstáculos administrativos, y en 2022 seguían tratando de obtener el registro oficial ante las autoridades. En los casos en los que ya existía un sindicato amarillo en el lugar de trabajo, las dificultades fueron mayores, puesto que los empleadores alegaron que, en virtud de la Ley de 2017, solo se puede crear un comité sindical, lo que impide la formación de un nuevo sindicato.

El 2 de noviembre de 2021, unos individuos que decían ser miembros del Departamento de Policía de Ciudad Quezón se presentaron en la oficina nacional de Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO) en Manila para investigar supuestamente un conflicto laboral que afectaba a su organización afiliada, la Federation and Cooperation of Cola, Beverage, and Allied Industry Unions (FCCU). La FCCU está inmersa en un conflicto laboral en Coca-Cola Filipinas debido al estancamiento de la negociación salarial y a una campaña nacional para conseguir la reincorporación de una serie de dirigentes sindicales despedidos.

Los individuos carecían de documentos legales que los identificaran y autorizaran oficialmente o que indicaran el propósito de su visita. Solicitaron reiteradamente información sobre la oficina de SENTRO, los demás sindicatos allí presentes y sus actividades. Los supuestos agentes de policía también se dirigieron a los locales de la Trade Union Confederation of the Philippines (TUCP) en Ciudad Quezón, preguntando por la Coalición Laboral NAGKAISA, de la que forma parte SENTRO.

El 11 de mayo de 2021, la empresa Alexandria Spinning and Weaving Company se negó a permitir que Ashraf Nassef, presidente del comité sindical de los trabajadores, y Faraj Al-Najjar, tesorero del sindicato, accedieran a la empresa para hablar con sus miembros. Esto se produjo tras un incidente ocurrido el 4 de marzo de 2021, cuando la dirección trasladó a siete miembros del comité sindical de la empresa de sus puestos técnicos a la sección de seguridad administrativa debido a sus actividades sindicales. Los siete miembros del sindicato eran Faraj Saeed, vicepresidente del Comité Sindical; Mahmoud Ibrahim El-Gohari, tesorero del Comité Sindical; Mohamed Al-Masry, miembro del Consejo de Administración; Mohamed Mohamed Ibrahim, tesorero adjunto; Mohamed Youssef, miembro del Consejo de Administración; Magdy Marei, miembro del Consejo de Administración; y Tariq Bakr, miembro del Consejo de Administración.

Las autoridades kazajas llevan mucho tiempo obstaculizando el funcionamiento de los sindicatos independientes en el país, procediendo simplemente a anular su registro y negándose a volver a registrarlos. En enero de 2021, las autoridades cancelaron el registro de la sección del Sectoral Fuel and Energy Workers’ Union (SFEWU) en la región de Kyzylordy, basando la decisión en una supuesta solicitud de cancelación de registro presentada por un expresidente.

Esta decisión ilegítima de anulación de registro tuvo repercusiones para el propio SFEWU, puesto que, según la ley, un sindicato sectorial debe tener por lo menos nueve secciones registradas. En febrero de 2021, el Tribunal Económico Interdistrital Especializado de Shymkent suspendió las actividades del SFEWU durante seis meses. La decisión fue confirmada por el tribunal de apelación y entró en vigor el 29 de abril de 2021. Todas las actividades del SFEWU tuvieron que cesar de inmediato debido a la amenaza de procesamiento penal de los dirigentes en virtud del artículo 430 del Código Penal.

En Macedonia del Norte persistió la discriminación contra la Konfederacija Slobodnik Sindikata (KSS) por parte de funcionarios estatales e instituciones públicas, ya que la solicitud de representatividad del KSS, presentada en julio de 2019, continuaba pendiente ante las autoridades sin ningún motivo oficial. De facto, la solicitud del KSS fue rechazada, por lo que el sindicato no pudo participar plenamente en el diálogo social nacional ni en el proceso de construcción de la política económica y social, ni tampoco pudo representar los intereses ni promover los derechos de sus miembros.

El 22 de julio de 2021, el Ministerio de Justicia bielorruso presentó una demanda ante el Tribunal Supremo para disolver la Belarusian Association of Journalists (BAJ). La BAJ ha sido acusada por el Gobierno de vulnerar la legislación sobre asociaciones nacionales de trabajadores. La solicitud de disolución de la BAJ fue aprobada por el Tribunal Supremo el 27 de agosto de 2021. La BAJ era la única organización independiente representante de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de Belarús, y una de las más destacadas defensoras de la libertad de expresión del país.

El 15 de diciembre de 2019, el Consejo Soberano gobernante en Sudán emitió un decreto disolviendo todos los sindicatos y asociaciones profesionales del país, confiscando además todas sus propiedades y activos. Desde entonces, y especialmente tras el golpe de Estado militar de octubre de 2021, los sindicatos independientes no han podido operar en el país.

Las autoridades de Hong Kong han venido intensificando desde 2021 la presión sobre los sindicatos independientes para que o bien obedezcan o bien se disuelvan, mientras que el Registro de Sindicatos ha ido convocando sistemáticamente a los sindicatos independientes por motivos frívolos y abriendo procedimientos para anular su registro.

La Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) anunció en septiembre de 2021 que se preparaba para disolverse después de 31 años liderando el movimiento sindical democrático en la región. En el mes previo a dicha decisión, la HKCTU y sus organizaciones miembros sufrieron ataques e intimidaciones sin precedentes y fueron acusadas de delitos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2020. La seguridad personal de los dirigentes sindicales también se ha visto amenazada. El 3 de octubre de 2021, en el marco de una asamblea general extraordinaria, los miembros respaldaron la resolución de cese de actividades por 57 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

En 2022, el movimiento sindical independiente y el movimiento prodemocrático de Hong Kong han sido prácticamente silenciados, ya que muchos sindicatos se han visto obligados a disolverse o a darse de baja arbitrariamente, entre ellos el General Union of Hong Kong Speech Therapists (GUHKST); la Hospital Authority Employees’ Alliance (HAEA); el Hong Kong Professional Teachers’ Union (HKPTU); el Union of New Civil Servants (UNCS); Medicine Inspires; el Hong Kong Pharmaceutical and Medical Device Union; la Hong Kong Educators’ Alliance; el Frontline Doctors’ Union; el Hong Kong Pharmaceutical and Medical Device Union; el Financial Technology Professional Services Personnel Union; el Hong Kong Teaching and Research Support Staff Union; y el Next Media Trade Union (NMTU).

Tras el golpe de Estado perpetrado el 1 de febrero en Myanmar, 16 organizaciones sindicales fueron declaradas ilegales el 2 de marzo de 2021 por el Tatmadaw (Ejército birmano). Todas las zonas industriales de Yangón fueron sometidas a la ley marcial, lo que dificultó enormemente la organización de los trabajadores y trabajadoras. Los líderes sindicales informaron posteriormente de un éxodo masivo de trabajadores de fábricas de las zonas industriales a sus pueblos de origen. Los militares requirieron a los propietarios de las fábricas que revelaran los nombres y direcciones de los dirigentes sindicales para detenerlos, y enviaron soldados puerta por puerta a los dormitorios y albergues de los trabajadores para tratar de encontrarlos. Se llevaron a cabo redadas en los domicilios de los dirigentes sindicales y se confiscó dinero y otros objetos personales.

En 2022, las autoridades camboyanas siguieron impidiendo el registro de sindicatos por motivos arbitrarios o a raíz de errores técnicos de mínima importancia. En uno de los casos, un sindicato presentó su solicitud en el Ministerio de Trabajo el 25 de diciembre de 2020, junto con los diez tipos de documentos exigidos por la ley. En febrero de 2021, los dirigentes sindicales locales fueron citados por primera vez por el Ministerio para corregir una serie de errores ortográficos en la carta de presentación y en el perfil de los dirigentes sindicales. Más de dos meses después, el 7 de mayo de 2021, los líderes sindicales locales fueron citados por segunda vez para corregir el tamaño de las fotografías de los líderes sindicales de (3x4) a (4x6) y volver a presentarlas. En 2022, después de haber invertido mucho tiempo y recursos para presentar la solicitud, el sindicato seguía sin estar registrado.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, tras lo cual el país se ha sumido en una situación de inestabilidad y pobreza. Se calcula que el 90% de la población trabajadora perdió su empleo. Una de las primeras medidas adoptadas por el régimen talibán fue restringir los derechos de las mujeres, en particular su acceso al empleo y a la educación.

Cuando los talibanes empezaron a reprimir las voces y las organizaciones democráticas, matando a activistas y allanando sus domicilios, los dirigentes del National Union of Afghanistan Workers and Employees (NUAWE) se vieron obligados a exiliarse, y gracias al apoyo de la CSI, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) y el Gobierno francés, pudieron encontrar refugio en Francia. Llevar a cabo actividades sindicales se ha convertido en algo extremadamente peligroso para los sindicalistas que permanecen en el país, puesto que se ven sometidos a una vigilancia constante y reciben amenazas de muerte.

El 31 de diciembre de 2020, las autoridades jordanas habían procedido a ratificar la disolución arbitraria de la Jordanian Teachers’ Association (JTA). Aunque la decisión administrativa fue finalmente revocada el 31 de octubre de 2021 por el Tribunal de Apelación de Ammán, la JTA seguía teniendo impedimentos para operar y representar al personal docente en el país, ya que ninguno de los miembros del Consejo Ejecutivo de la JTA pudo reanudar sus actividades sindicales.

del país, ya que ninguno de los miembros del Consejo Ejecutivo de la JTA pudo reanudar sus actividades sindicales.

Desde 2020, todos los sindicatos independientes de Iraq están incapacitados para ejercer su actividad. El 12 de octubre de 2020, el Ministerio de Trabajo iraquí publicó la carta núm. 11367 en la que se imponía el monopolio sindical en Iraq y se ordenaba a los organismos administrativos del Gobierno no tratar con ningún otro sindicato que no fuera la organización oficialmente reconocida, General Federation of Iraqi Workers.

En Egipto, todos los sindicatos independientes se disolvieron en marzo de 2018. Desde entonces, muchos se han enfrentado a innumerables obstáculos administrativos, y en 2022 seguían tratando de obtener el registro oficial ante las autoridades. En los casos en los que ya existía un sindicato amarillo en el lugar de trabajo, las dificultades fueron mayores, puesto que los empleadores alegaron que, en virtud de la Ley de 2017, solo se puede crear un comité sindical, lo que impide la formación de un nuevo sindicato.

El 2 de noviembre de 2021, unos individuos que decían ser miembros del Departamento de Policía de Ciudad Quezón se presentaron en la oficina nacional de Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO) en Manila para investigar supuestamente un conflicto laboral que afectaba a su organización afiliada, la Federation and Cooperation of Cola, Beverage, and Allied Industry Unions (FCCU). La FCCU está inmersa en un conflicto laboral en Coca-Cola Filipinas debido al estancamiento de la negociación salarial y a una campaña nacional para conseguir la reincorporación de una serie de dirigentes sindicales despedidos.

Los individuos carecían de documentos legales que los identificaran y autorizaran oficialmente o que indicaran el propósito de su visita. Solicitaron reiteradamente información sobre la oficina de SENTRO, los demás sindicatos allí presentes y sus actividades. Los supuestos agentes de policía también se dirigieron a los locales de la Trade Union Confederation of the Philippines (TUCP) en Ciudad Quezón, preguntando por la Coalición Laboral NAGKAISA, de la que forma parte SENTRO.

El 11 de mayo de 2021, la empresa Alexandria Spinning and Weaving Company se negó a permitir que Ashraf Nassef, presidente del comité sindical de los trabajadores, y Faraj Al-Najjar, tesorero del sindicato, accedieran a la empresa para hablar con sus miembros. Esto se produjo tras un incidente ocurrido el 4 de marzo de 2021, cuando la dirección trasladó a siete miembros del comité sindical de la empresa de sus puestos técnicos a la sección de seguridad administrativa debido a sus actividades sindicales. Los siete miembros del sindicato eran Faraj Saeed, vicepresidente del Comité Sindical; Mahmoud Ibrahim El-Gohari, tesorero del Comité Sindical; Mohamed Al-Masry, miembro del Consejo de Administración; Mohamed Mohamed Ibrahim, tesorero adjunto; Mohamed Youssef, miembro del Consejo de Administración; Magdy Marei, miembro del Consejo de Administración; y Tariq Bakr, miembro del Consejo de Administración.

Las autoridades kazajas llevan mucho tiempo obstaculizando el funcionamiento de los sindicatos independientes en el país, procediendo simplemente a anular su registro y negándose a volver a registrarlos. En enero de 2021, las autoridades cancelaron el registro de la sección del Sectoral Fuel and Energy Workers’ Union (SFEWU) en la región de Kyzylordy, basando la decisión en una supuesta solicitud de cancelación de registro presentada por un expresidente.

Esta decisión ilegítima de anulación de registro tuvo repercusiones para el propio SFEWU, puesto que, según la ley, un sindicato sectorial debe tener por lo menos nueve secciones registradas. En febrero de 2021, el Tribunal Económico Interdistrital Especializado de Shymkent suspendió las actividades del SFEWU durante seis meses. La decisión fue confirmada por el tribunal de apelación y entró en vigor el 29 de abril de 2021. Todas las actividades del SFEWU tuvieron que cesar de inmediato debido a la amenaza de procesamiento penal de los dirigentes en virtud del artículo 430 del Código Penal.

En Macedonia del Norte persistió la discriminación contra la Konfederacija Slobodnik Sindikata (KSS) por parte de funcionarios estatales e instituciones públicas, ya que la solicitud de representatividad del KSS, presentada en julio de 2019, continuaba pendiente ante las autoridades sin ningún motivo oficial. De facto, la solicitud del KSS fue rechazada, por lo que el sindicato no pudo participar plenamente en el diálogo social nacional ni en el proceso de construcción de la política económica y social, ni tampoco pudo representar los intereses ni promover los derechos de sus miembros.

El 22 de julio de 2021, el Ministerio de Justicia bielorruso presentó una demanda ante el Tribunal Supremo para disolver la Belarusian Association of Journalists (BAJ). La BAJ ha sido acusada por el Gobierno de vulnerar la legislación sobre asociaciones nacionales de trabajadores. La solicitud de disolución de la BAJ fue aprobada por el Tribunal Supremo el 27 de agosto de 2021. La BAJ era la única organización independiente representante de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de Belarús, y una de las más destacadas defensoras de la libertad de expresión del país.

El 15 de diciembre de 2019, el Consejo Soberano gobernante en Sudán emitió un decreto disolviendo todos los sindicatos y asociaciones profesionales del país, confiscando además todas sus propiedades y activos. Desde entonces, y especialmente tras el golpe de Estado militar de octubre de 2021, los sindicatos independientes no han podido operar en el país.

Las autoridades de Hong Kong han venido intensificando desde 2021 la presión sobre los sindicatos independientes para que o bien obedezcan o bien se disuelvan, mientras que el Registro de Sindicatos ha ido convocando sistemáticamente a los sindicatos independientes por motivos frívolos y abriendo procedimientos para anular su registro.

La Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) anunció en septiembre de 2021 que se preparaba para disolverse después de 31 años liderando el movimiento sindical democrático en la región. En el mes previo a dicha decisión, la HKCTU y sus organizaciones miembros sufrieron ataques e intimidaciones sin precedentes y fueron acusadas de delitos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2020. La seguridad personal de los dirigentes sindicales también se ha visto amenazada. El 3 de octubre de 2021, en el marco de una asamblea general extraordinaria, los miembros respaldaron la resolución de cese de actividades por 57 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

En 2022, el movimiento sindical independiente y el movimiento prodemocrático de Hong Kong han sido prácticamente silenciados, ya que muchos sindicatos se han visto obligados a disolverse o a darse de baja arbitrariamente, entre ellos el General Union of Hong Kong Speech Therapists (GUHKST); la Hospital Authority Employees’ Alliance (HAEA); el Hong Kong Professional Teachers’ Union (HKPTU); el Union of New Civil Servants (UNCS); Medicine Inspires; el Hong Kong Pharmaceutical and Medical Device Union; la Hong Kong Educators’ Alliance; el Frontline Doctors’ Union; el Hong Kong Pharmaceutical and Medical Device Union; el Financial Technology Professional Services Personnel Union; el Hong Kong Teaching and Research Support Staff Union; y el Next Media Trade Union (NMTU).

Tras el golpe de Estado perpetrado el 1 de febrero en Myanmar, 16 organizaciones sindicales fueron declaradas ilegales el 2 de marzo de 2021 por el Tatmadaw (Ejército birmano). Todas las zonas industriales de Yangón fueron sometidas a la ley marcial, lo que dificultó enormemente la organización de los trabajadores y trabajadoras. Los líderes sindicales informaron posteriormente de un éxodo masivo de trabajadores de fábricas de las zonas industriales a sus pueblos de origen. Los militares requirieron a los propietarios de las fábricas que revelaran los nombres y direcciones de los dirigentes sindicales para detenerlos, y enviaron soldados puerta por puerta a los dormitorios y albergues de los trabajadores para tratar de encontrarlos. Se llevaron a cabo redadas en los domicilios de los dirigentes sindicales y se confiscó dinero y otros objetos personales.

En 2022, las autoridades camboyanas siguieron impidiendo el registro de sindicatos por motivos arbitrarios o a raíz de errores técnicos de mínima importancia. En uno de los casos, un sindicato presentó su solicitud en el Ministerio de Trabajo el 25 de diciembre de 2020, junto con los diez tipos de documentos exigidos por la ley. En febrero de 2021, los dirigentes sindicales locales fueron citados por primera vez por el Ministerio para corregir una serie de errores ortográficos en la carta de presentación y en el perfil de los dirigentes sindicales. Más de dos meses después, el 7 de mayo de 2021, los líderes sindicales locales fueron citados por segunda vez para corregir el tamaño de las fotografías de los líderes sindicales de (3x4) a (4x6) y volver a presentarlas. En 2022, después de haber invertido mucho tiempo y recursos para presentar la solicitud, el sindicato seguía sin estar registrado.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, tras lo cual el país se ha sumido en una situación de inestabilidad y pobreza. Se calcula que el 90% de la población trabajadora perdió su empleo. Una de las primeras medidas adoptadas por el régimen talibán fue restringir los derechos de las mujeres, en particular su acceso al empleo y a la educación.

Cuando los talibanes empezaron a reprimir las voces y las organizaciones democráticas, matando a activistas y allanando sus domicilios, los dirigentes del National Union of Afghanistan Workers and Employees (NUAWE) se vieron obligados a exiliarse, y gracias al apoyo de la CSI, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) y el Gobierno francés, pudieron encontrar refugio en Francia. Llevar a cabo actividades sindicales se ha convertido en algo extremadamente peligroso para los sindicalistas que permanecen en el país, puesto que se ven sometidos a una vigilancia constante y reciben amenazas de muerte.

El 31 de diciembre de 2020, las autoridades jordanas habían procedido a ratificar la disolución arbitraria de la Jordanian Teachers’ Association (JTA). Aunque la decisión administrativa fue finalmente revocada el 31 de octubre de 2021 por el Tribunal de Apelación de Ammán, la JTA seguía teniendo impedimentos para operar y representar al personal docente en el país, ya que ninguno de los miembros del Consejo Ejecutivo de la JTA pudo reanudar sus actividades sindicales.

del país, ya que ninguno de los miembros del Consejo Ejecutivo de la JTA pudo reanudar sus actividades sindicales.

Desde 2020, todos los sindicatos independientes de Iraq están incapacitados para ejercer su actividad. El 12 de octubre de 2020, el Ministerio de Trabajo iraquí publicó la carta núm. 11367 en la que se imponía el monopolio sindical en Iraq y se ordenaba a los organismos administrativos del Gobierno no tratar con ningún otro sindicato que no fuera la organización oficialmente reconocida, General Federation of Iraqi Workers.

En Egipto, todos los sindicatos independientes se disolvieron en marzo de 2018. Desde entonces, muchos se han enfrentado a innumerables obstáculos administrativos, y en 2022 seguían tratando de obtener el registro oficial ante las autoridades. En los casos en los que ya existía un sindicato amarillo en el lugar de trabajo, las dificultades fueron mayores, puesto que los empleadores alegaron que, en virtud de la Ley de 2017, solo se puede crear un comité sindical, lo que impide la formación de un nuevo sindicato.

El 2 de noviembre de 2021, unos individuos que decían ser miembros del Departamento de Policía de Ciudad Quezón se presentaron en la oficina nacional de Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO) en Manila para investigar supuestamente un conflicto laboral que afectaba a su organización afiliada, la Federation and Cooperation of Cola, Beverage, and Allied Industry Unions (FCCU). La FCCU está inmersa en un conflicto laboral en Coca-Cola Filipinas debido al estancamiento de la negociación salarial y a una campaña nacional para conseguir la reincorporación de una serie de dirigentes sindicales despedidos.

Los individuos carecían de documentos legales que los identificaran y autorizaran oficialmente o que indicaran el propósito de su visita. Solicitaron reiteradamente información sobre la oficina de SENTRO, los demás sindicatos allí presentes y sus actividades. Los supuestos agentes de policía también se dirigieron a los locales de la Trade Union Confederation of the Philippines (TUCP) en Ciudad Quezón, preguntando por la Coalición Laboral NAGKAISA, de la que forma parte SENTRO.

El 11 de mayo de 2021, la empresa Alexandria Spinning and Weaving Company se negó a permitir que Ashraf Nassef, presidente del comité sindical de los trabajadores, y Faraj Al-Najjar, tesorero del sindicato, accedieran a la empresa para hablar con sus miembros. Esto se produjo tras un incidente ocurrido el 4 de marzo de 2021, cuando la dirección trasladó a siete miembros del comité sindical de la empresa de sus puestos técnicos a la sección de seguridad administrativa debido a sus actividades sindicales. Los siete miembros del sindicato eran Faraj Saeed, vicepresidente del Comité Sindical; Mahmoud Ibrahim El-Gohari, tesorero del Comité Sindical; Mohamed Al-Masry, miembro del Consejo de Administración; Mohamed Mohamed Ibrahim, tesorero adjunto; Mohamed Youssef, miembro del Consejo de Administración; Magdy Marei, miembro del Consejo de Administración; y Tariq Bakr, miembro del Consejo de Administración.

Las autoridades kazajas llevan mucho tiempo obstaculizando el funcionamiento de los sindicatos independientes en el país, procediendo simplemente a anular su registro y negándose a volver a registrarlos. En enero de 2021, las autoridades cancelaron el registro de la sección del Sectoral Fuel and Energy Workers’ Union (SFEWU) en la región de Kyzylordy, basando la decisión en una supuesta solicitud de cancelación de registro presentada por un expresidente.

Esta decisión ilegítima de anulación de registro tuvo repercusiones para el propio SFEWU, puesto que, según la ley, un sindicato sectorial debe tener por lo menos nueve secciones registradas. En febrero de 2021, el Tribunal Económico Interdistrital Especializado de Shymkent suspendió las actividades del SFEWU durante seis meses. La decisión fue confirmada por el tribunal de apelación y entró en vigor el 29 de abril de 2021. Todas las actividades del SFEWU tuvieron que cesar de inmediato debido a la amenaza de procesamiento penal de los dirigentes en virtud del artículo 430 del Código Penal.

En Macedonia del Norte persistió la discriminación contra la Konfederacija Slobodnik Sindikata (KSS) por parte de funcionarios estatales e instituciones públicas, ya que la solicitud de representatividad del KSS, presentada en julio de 2019, continuaba pendiente ante las autoridades sin ningún motivo oficial. De facto, la solicitud del KSS fue rechazada, por lo que el sindicato no pudo participar plenamente en el diálogo social nacional ni en el proceso de construcción de la política económica y social, ni tampoco pudo representar los intereses ni promover los derechos de sus miembros.

El 22 de julio de 2021, el Ministerio de Justicia bielorruso presentó una demanda ante el Tribunal Supremo para disolver la Belarusian Association of Journalists (BAJ). La BAJ ha sido acusada por el Gobierno de vulnerar la legislación sobre asociaciones nacionales de trabajadores. La solicitud de disolución de la BAJ fue aprobada por el Tribunal Supremo el 27 de agosto de 2021. La BAJ era la única organización independiente representante de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de Belarús, y una de las más destacadas defensoras de la libertad de expresión del país.

El 15 de diciembre de 2019, el Consejo Soberano gobernante en Sudán emitió un decreto disolviendo todos los sindicatos y asociaciones profesionales del país, confiscando además todas sus propiedades y activos. Desde entonces, y especialmente tras el golpe de Estado militar de octubre de 2021, los sindicatos independientes no han podido operar en el país.

Las autoridades de Hong Kong han venido intensificando desde 2021 la presión sobre los sindicatos independientes para que o bien obedezcan o bien se disuelvan, mientras que el Registro de Sindicatos ha ido convocando sistemáticamente a los sindicatos independientes por motivos frívolos y abriendo procedimientos para anular su registro.

La Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) anunció en septiembre de 2021 que se preparaba para disolverse después de 31 años liderando el movimiento sindical democrático en la región. En el mes previo a dicha decisión, la HKCTU y sus organizaciones miembros sufrieron ataques e intimidaciones sin precedentes y fueron acusadas de delitos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2020. La seguridad personal de los dirigentes sindicales también se ha visto amenazada. El 3 de octubre de 2021, en el marco de una asamblea general extraordinaria, los miembros respaldaron la resolución de cese de actividades por 57 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

En 2022, el movimiento sindical independiente y el movimiento prodemocrático de Hong Kong han sido prácticamente silenciados, ya que muchos sindicatos se han visto obligados a disolverse o a darse de baja arbitrariamente, entre ellos el General Union of Hong Kong Speech Therapists (GUHKST); la Hospital Authority Employees’ Alliance (HAEA); el Hong Kong Professional Teachers’ Union (HKPTU); el Union of New Civil Servants (UNCS); Medicine Inspires; el Hong Kong Pharmaceutical and Medical Device Union; la Hong Kong Educators’ Alliance; el Frontline Doctors’ Union; el Hong Kong Pharmaceutical and Medical Device Union; el Financial Technology Professional Services Personnel Union; el Hong Kong Teaching and Research Support Staff Union; y el Next Media Trade Union (NMTU).

Tras el golpe de Estado perpetrado el 1 de febrero en Myanmar, 16 organizaciones sindicales fueron declaradas ilegales el 2 de marzo de 2021 por el Tatmadaw (Ejército birmano). Todas las zonas industriales de Yangón fueron sometidas a la ley marcial, lo que dificultó enormemente la organización de los trabajadores y trabajadoras. Los líderes sindicales informaron posteriormente de un éxodo masivo de trabajadores de fábricas de las zonas industriales a sus pueblos de origen. Los militares requirieron a los propietarios de las fábricas que revelaran los nombres y direcciones de los dirigentes sindicales para detenerlos, y enviaron soldados puerta por puerta a los dormitorios y albergues de los trabajadores para tratar de encontrarlos. Se llevaron a cabo redadas en los domicilios de los dirigentes sindicales y se confiscó dinero y otros objetos personales.

En 2022, las autoridades camboyanas siguieron impidiendo el registro de sindicatos por motivos arbitrarios o a raíz de errores técnicos de mínima importancia. En uno de los casos, un sindicato presentó su solicitud en el Ministerio de Trabajo el 25 de diciembre de 2020, junto con los diez tipos de documentos exigidos por la ley. En febrero de 2021, los dirigentes sindicales locales fueron citados por primera vez por el Ministerio para corregir una serie de errores ortográficos en la carta de presentación y en el perfil de los dirigentes sindicales. Más de dos meses después, el 7 de mayo de 2021, los líderes sindicales locales fueron citados por segunda vez para corregir el tamaño de las fotografías de los líderes sindicales de (3x4) a (4x6) y volver a presentarlas. En 2022, después de haber invertido mucho tiempo y recursos para presentar la solicitud, el sindicato seguía sin estar registrado.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, tras lo cual el país se ha sumido en una situación de inestabilidad y pobreza. Se calcula que el 90% de la población trabajadora perdió su empleo. Una de las primeras medidas adoptadas por el régimen talibán fue restringir los derechos de las mujeres, en particular su acceso al empleo y a la educación.

Cuando los talibanes empezaron a reprimir las voces y las organizaciones democráticas, matando a activistas y allanando sus domicilios, los dirigentes del National Union of Afghanistan Workers and Employees (NUAWE) se vieron obligados a exiliarse, y gracias al apoyo de la CSI, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) y el Gobierno francés, pudieron encontrar refugio en Francia. Llevar a cabo actividades sindicales se ha convertido en algo extremadamente peligroso para los sindicalistas que permanecen en el país, puesto que se ven sometidos a una vigilancia constante y reciben amenazas de muerte.

El 31 de diciembre de 2020, las autoridades jordanas habían procedido a ratificar la disolución arbitraria de la Jordanian Teachers’ Association (JTA). Aunque la decisión administrativa fue finalmente revocada el 31 de octubre de 2021 por el Tribunal de Apelación de Ammán, la JTA seguía teniendo impedimentos para operar y representar al personal docente en el país, ya que ninguno de los miembros del Consejo Ejecutivo de la JTA pudo reanudar sus actividades sindicales.

del país, ya que ninguno de los miembros del Consejo Ejecutivo de la JTA pudo reanudar sus actividades sindicales.

Desde 2020, todos los sindicatos independientes de Iraq están incapacitados para ejercer su actividad. El 12 de octubre de 2020, el Ministerio de Trabajo iraquí publicó la carta núm. 11367 en la que se imponía el monopolio sindical en Iraq y se ordenaba a los organismos administrativos del Gobierno no tratar con ningún otro sindicato que no fuera la organización oficialmente reconocida, General Federation of Iraqi Workers.

En Egipto, todos los sindicatos independientes se disolvieron en marzo de 2018. Desde entonces, muchos se han enfrentado a innumerables obstáculos administrativos, y en 2022 seguían tratando de obtener el registro oficial ante las autoridades. En los casos en los que ya existía un sindicato amarillo en el lugar de trabajo, las dificultades fueron mayores, puesto que los empleadores alegaron que, en virtud de la Ley de 2017, solo se puede crear un comité sindical, lo que impide la formación de un nuevo sindicato.