Derecho de huelga

El 8 de octubre de 2021, los trabajadores de la planta de Chevrolet de General Motors en São Caetano do Sul (Brasil) se declararon en huelga tras el fracaso de las negociaciones con la empresa sobre los ajustes salariales. Tan pronto como el sindicato decidió iniciar la huelga, se celebró una audiencia de conciliación en el Tribunal Laboral Regional, pero no se llegó a ningún acuerdo entre las partes. El 21 de octubre, el Tribunal Laboral Regional declaró la huelga ilegal. La asamblea sindical decidió proseguir con la acción. Sin embargo, debido a las posibles actuaciones judiciales contra los huelguistas, los trabajadores tuvieron que reincorporarse al trabajo sin haber conseguido una solución a sus demandas.

En Bélgica, el artículo 406 del Código Penal permite el enjuiciamiento y la condena por “obstrucción maliciosa del tráfico” en el contexto de un movimiento de huelga. Esta disposición, que ya se ha aplicado en dos ocasiones en los últimos dos años para condenar a 17 miembros de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) a penas de prisión suspendidas y a importantes multas, obstaculiza gravemente las posibilidades de organizar huelgas en el país.

Aunque los sindicatos belgas han presentado un recurso para anular las condenas, en 2022 otro sindicalista fue procesado en virtud de la misma disposición a raíz de un piquete organizado en 2016 en el centro penitenciario de Lantin. El Ayuntamiento presentó una denuncia penal contra miembros de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP) por tirar basura en la calle, alegando daños en el asfalto en el lugar donde se había encendido un brasero. Aunque el fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa, esta seguía pendiente en el momento de redactar el presente informe.

El 8 de junio de 2021, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes sean declarados partícipes o promotores de “actividades extremistas” se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no está claramente definida en la nueva legislación, y se teme que las nuevas disposiciones sean utilizadas para reprimir cualquier disidencia. Esta nueva ley se suma a las leyes promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para poder organizar actos multitudinarios.

En 2022, Sawit Kaewvarn, presidente del sindicato de la empresa estatal de ferrocarriles de Tailandia, State Railway Union of Thailand (SRUT), y otros 12 líderes sindicales nacionales y locales seguían encarcelados injustamente. Los trabajadores y trabajadoras del SRUT habían sido objeto de una despiadada persecución judicial por parte de la administración de los Ferrocarriles del Estado de Tailandia por llevar a cabo una campaña nacional de seguridad ferroviaria tras el descarrilamiento mortal de un tren en octubre de 2009 en la estación de Khao Tao. Las autoridades tailandesas emprendieron una vendetta contra los trabajadores. Desde noviembre de 2018, los salarios mensuales de siete líderes del SRUT se han ido descontando para pagar multas de 24 millones THB (726.116 USD) a la empresa, con arreglo a una decisión del Tribunal Supremo de 2017. Los 13 sindicalistas cumplen actualmente una condena de tres años de cárcel.

Cuarenta y cuatro empleados de Soft Touch Development Corp., una empresa de fabricación de pasta en Filipinas, fueron arrestados el 15 de diciembre de 2021 por declararse en huelga. Se les acusaba de reunión ilegal, desobediencia a una persona con autoridad y “alarma y escándalo”. Fueron puestos en libertad al cabo de 36 horas, a la espera de una nueva investigación. La empresa sostenía que los empleados tenían prohibido formar un sindicato porque su empleador era la agencia de empleo que los contrataba. La huelga se convocó después de que los trabajadores se enteraran de que iban a ser despedidos el 24 de diciembre, y fue brutalmente reprimida por la policía, que utilizó cañones de agua y porras contra los huelguistas, arrastrándolos hasta un furgón policial.

El 8 de junio de 2021, cerca de 150 docentes desempleados fueron detenidos, mientras que más de una decena sufrieron heridas leves cuando la policía los atacó con porras en dos ocasiones en el transcurso de una protesta que tuvo lugar en las inmediaciones de la residencia del ministro principal de Punjab, en Patiala (India), repitiéndose así los incidentes ocurridos a principios de año.

Pese a múltiples garantías, el Gobierno no les había proporcionado un empleo en escuelas públicas. Los cinco sindicatos implicados estaban indignados por los retrasos a la hora de reunirse con funcionarios del Gobierno para que se atendieran sus demandas. Los docentes se enfrentaron a la policía cuando se dirigían a la residencia del ministro jefe. Los detenidos fueron posteriormente puestos en libertad sin cargos.

El 26 de octubre de 2021 se produjeron enfrentamientos entre la policía y los trabajadores y trabajadoras que habían salido a manifestarse en al menos tres puntos de Ecuador en el marco de una huelga nacional contra el Gobierno. En Imbabura, en el cantón de Peguche, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los ciudadanos. Las manifestaciones fueron convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular (FP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Entre las reivindicaciones figuraban la congelación de los precios de los carburantes y el apoyo al proyecto de código laboral presentado recientemente por el FUT ante el poder legislativo, así como el rechazo a la propuesta de Ley de creación de oportunidades. Al menos 37 manifestantes fueron detenidos en todo el país.

A finales de 2020, los trabajadores de la planta de cemento Ash Grove en Joliette, Quebec (Canadá), fueron informados del cierre de dos de los cuatro hornos y de la posible pérdida de, como mínimo, la mitad de los puestos de trabajo. El 22 de mayo de 2021, pese a que la negociación colectiva seguía en curso, los miembros del sindicato Unifor fueron objeto de un cierre patronal improcedente. Unifor, junto con la Quebec Federation of Labor y sus miembros en todo Quebec, organizaron una serie de acciones solidarias.

En respuesta a la movilización sindical, la dirección de Ash Grove obtuvo una nueva orden judicial para limitar las acciones sindicales. El empleador presentó asimismo una demanda de la dirección por valor de 2,6 millones CAD (aproximadamente 2,1 millones USD) por pérdida de producción y avería de equipos, y despidió a dos miembros de Local 177, uno de ellos miembro del comité de negociación.

La cementera Ash Grove es propiedad de CRH Canada, que emplea a 4.000 personas en 100 instalaciones de producción. El gigante internacional emplea a escala mundial a más de 76.000 personas en más de 3.000 emplazamientos situados en 29 países.

El 5 de octubre de 2021, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Docentes, las fuerzas de seguridad jordanas detuvieron y encarcelaron a 14 miembros destacados del sindicato de docentes Jordanian Teachers’ Association (JTA). La policía antidisturbios fue desplegada para impedir que los y las docentes que se manifestaban pacíficamente denunciaran la represión de los derechos sindicales. Los 14 miembros detenidos fueron: Ahmad Ali Ahmad Alzaboun, presidente del JTA; Nasser Nawasra, vicepresidente del JTA; y los siguientes miembros del Consejo del JTA: Ghaleb Mansour Abu Qudia; Nidal Awwad Al Hisa; Kifah Suleiman Abu Farhan; Feras Awad Shteiwi Al Sarhan; Basil Mahmoud Al Houroub; Sulaiman Farhan Jaber Al Hayyer; Ibrahim Shaker Khalaf Assaf; Adbassalam assan Moussa Ayasra; Mustapha Annabeh; Iyad Albustanji; Moatassem Abdelrahman Beshtawy; y Noureddin Yusuf.

En agosto de 2021, los empleados de Pelephone y Bezeq International, dos empresas de telecomunicaciones israelíes, organizaron una huelga cerca del domicilio del accionista mayoritario. Fueron expulsados a la fuerza por la policía, y varios de ellos fueron detenidos.

El 28 de septiembre de 2021, las fuerzas de seguridad egipcias reprimieron una huelga pacífica en la empresa Universal for Electrical Appliances. Diez días antes, cerca de 2.000 trabajadores y trabajadoras habían iniciado una sentada en la sede de la empresa después de que un compañero que había estado haciendo horas extras debido a problemas económicos falleciera de un ataque al corazón. Los trabajadores habían estado dos meses sin cobrar su sueldo.

El 28 de septiembre, las fuerzas de seguridad rodearon la sentada, cerraron las verjas del recinto e impidieron a los trabajadores salir siquiera a comprar comida. Horas antes, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas en los domicilios de tres trabajadores: Saeed Abdel Qader, Said Mohamed Abdel Latif y Mahmoud Ahmed Haridy, que se estaba recuperando en su casa tras haber caído en un coma diabético. Los tres fueron detenidos. La hija de Haridy siguió a su padre hasta la comisaría de Warraq, donde preguntó por él, pero los agentes que habían estado en su domicilio menos de una hora antes negaron tener conocimiento del incidente. Un suboficial le aconsejó que fuera a la comisaría de Imbaba, donde le informaron de que su padre había sido trasladado a la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, una fuerza policial especial, famosa por vulnerar los derechos humanos, que participa en la vigilancia de las denominadas “amenazas a la seguridad nacional”, en particular los movimiento sindicales independientes.

El 14 de febrero de 2022, los habitantes del distrito de Karma Bani Saeed, en Iraq, se manifestaron frente al edificio de la gobernación, exigiendo la provisión de servicios sanitarios. Las fuerzas policiales dispersaron la protesta haciendo un uso excesivo de la fuerza y dejando a varios manifestantes con lesiones graves. La delegación negociadora fue detenida, incluido el sindicalista Muhannad Al-Saeedi, miembro del sindicato de trabajadores de la empresa petrolera Dhi Qar Oil Company y miembro del General Union of Oil and Gas Workers in Iraq, que forma parte de la General Federation of Trade Unions.

En mayo de 2021, los bomberos argelinos se declararon en huelga para exigir un aumento de sus salarios y una mejora de sus condiciones de trabajo. El Ministerio del Interior anunció la suspensión de 230 bomberos y su enjuiciamiento inmediato, al considerar que sus protestas constituían “una traición a los deberes y responsabilidades que se les había confiado”.

En noviembre de 2021, cerca de 100 docentes fueron arrestados en Sudán al dar comienzo dos días de huelgas y acciones de desobediencia civil para protestar por el golpe de Estado militar. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos contra los trabajadores y trabajadoras que protestaban a las puertas del edificio del Ministerio de Educación del estado de Jartum. Muchos de ellos fueron golpeados y al menos uno, un director de escuela, acabó con una pierna rota.

Ochenta y siete docentes fueron detenidos y llevados al cuartel militar después de que los fiscales se negaran a ponerlos en libertad bajo fianza.

En Nyala, capital de Darfur del Sur, unos desconocidos vestidos de paisano llevaron a cabo redadas en los domicilios de varios profesores y detuvieron a otros cinco docentes, entre ellos Gamal Margan, encargado de la educación de los pastores. El 8 de noviembre de 2021, las fuerzas militares irrumpieron también en el Departamento de Educación Secundaria de Karray para establecer una nueva dirección afín a los militares.

El 8 de octubre de 2021, los trabajadores de la planta de Chevrolet de General Motors en São Caetano do Sul (Brasil) se declararon en huelga tras el fracaso de las negociaciones con la empresa sobre los ajustes salariales. Tan pronto como el sindicato decidió iniciar la huelga, se celebró una audiencia de conciliación en el Tribunal Laboral Regional, pero no se llegó a ningún acuerdo entre las partes. El 21 de octubre, el Tribunal Laboral Regional declaró la huelga ilegal. La asamblea sindical decidió proseguir con la acción. Sin embargo, debido a las posibles actuaciones judiciales contra los huelguistas, los trabajadores tuvieron que reincorporarse al trabajo sin haber conseguido una solución a sus demandas.

En Bélgica, el artículo 406 del Código Penal permite el enjuiciamiento y la condena por “obstrucción maliciosa del tráfico” en el contexto de un movimiento de huelga. Esta disposición, que ya se ha aplicado en dos ocasiones en los últimos dos años para condenar a 17 miembros de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) a penas de prisión suspendidas y a importantes multas, obstaculiza gravemente las posibilidades de organizar huelgas en el país.

Aunque los sindicatos belgas han presentado un recurso para anular las condenas, en 2022 otro sindicalista fue procesado en virtud de la misma disposición a raíz de un piquete organizado en 2016 en el centro penitenciario de Lantin. El Ayuntamiento presentó una denuncia penal contra miembros de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP) por tirar basura en la calle, alegando daños en el asfalto en el lugar donde se había encendido un brasero. Aunque el fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa, esta seguía pendiente en el momento de redactar el presente informe.

El 8 de junio de 2021, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes sean declarados partícipes o promotores de “actividades extremistas” se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no está claramente definida en la nueva legislación, y se teme que las nuevas disposiciones sean utilizadas para reprimir cualquier disidencia. Esta nueva ley se suma a las leyes promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para poder organizar actos multitudinarios.

En 2022, Sawit Kaewvarn, presidente del sindicato de la empresa estatal de ferrocarriles de Tailandia, State Railway Union of Thailand (SRUT), y otros 12 líderes sindicales nacionales y locales seguían encarcelados injustamente. Los trabajadores y trabajadoras del SRUT habían sido objeto de una despiadada persecución judicial por parte de la administración de los Ferrocarriles del Estado de Tailandia por llevar a cabo una campaña nacional de seguridad ferroviaria tras el descarrilamiento mortal de un tren en octubre de 2009 en la estación de Khao Tao. Las autoridades tailandesas emprendieron una vendetta contra los trabajadores. Desde noviembre de 2018, los salarios mensuales de siete líderes del SRUT se han ido descontando para pagar multas de 24 millones THB (726.116 USD) a la empresa, con arreglo a una decisión del Tribunal Supremo de 2017. Los 13 sindicalistas cumplen actualmente una condena de tres años de cárcel.

Cuarenta y cuatro empleados de Soft Touch Development Corp., una empresa de fabricación de pasta en Filipinas, fueron arrestados el 15 de diciembre de 2021 por declararse en huelga. Se les acusaba de reunión ilegal, desobediencia a una persona con autoridad y “alarma y escándalo”. Fueron puestos en libertad al cabo de 36 horas, a la espera de una nueva investigación. La empresa sostenía que los empleados tenían prohibido formar un sindicato porque su empleador era la agencia de empleo que los contrataba. La huelga se convocó después de que los trabajadores se enteraran de que iban a ser despedidos el 24 de diciembre, y fue brutalmente reprimida por la policía, que utilizó cañones de agua y porras contra los huelguistas, arrastrándolos hasta un furgón policial.

El 8 de junio de 2021, cerca de 150 docentes desempleados fueron detenidos, mientras que más de una decena sufrieron heridas leves cuando la policía los atacó con porras en dos ocasiones en el transcurso de una protesta que tuvo lugar en las inmediaciones de la residencia del ministro principal de Punjab, en Patiala (India), repitiéndose así los incidentes ocurridos a principios de año.

Pese a múltiples garantías, el Gobierno no les había proporcionado un empleo en escuelas públicas. Los cinco sindicatos implicados estaban indignados por los retrasos a la hora de reunirse con funcionarios del Gobierno para que se atendieran sus demandas. Los docentes se enfrentaron a la policía cuando se dirigían a la residencia del ministro jefe. Los detenidos fueron posteriormente puestos en libertad sin cargos.

El 26 de octubre de 2021 se produjeron enfrentamientos entre la policía y los trabajadores y trabajadoras que habían salido a manifestarse en al menos tres puntos de Ecuador en el marco de una huelga nacional contra el Gobierno. En Imbabura, en el cantón de Peguche, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los ciudadanos. Las manifestaciones fueron convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular (FP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Entre las reivindicaciones figuraban la congelación de los precios de los carburantes y el apoyo al proyecto de código laboral presentado recientemente por el FUT ante el poder legislativo, así como el rechazo a la propuesta de Ley de creación de oportunidades. Al menos 37 manifestantes fueron detenidos en todo el país.

A finales de 2020, los trabajadores de la planta de cemento Ash Grove en Joliette, Quebec (Canadá), fueron informados del cierre de dos de los cuatro hornos y de la posible pérdida de, como mínimo, la mitad de los puestos de trabajo. El 22 de mayo de 2021, pese a que la negociación colectiva seguía en curso, los miembros del sindicato Unifor fueron objeto de un cierre patronal improcedente. Unifor, junto con la Quebec Federation of Labor y sus miembros en todo Quebec, organizaron una serie de acciones solidarias.

En respuesta a la movilización sindical, la dirección de Ash Grove obtuvo una nueva orden judicial para limitar las acciones sindicales. El empleador presentó asimismo una demanda de la dirección por valor de 2,6 millones CAD (aproximadamente 2,1 millones USD) por pérdida de producción y avería de equipos, y despidió a dos miembros de Local 177, uno de ellos miembro del comité de negociación.

La cementera Ash Grove es propiedad de CRH Canada, que emplea a 4.000 personas en 100 instalaciones de producción. El gigante internacional emplea a escala mundial a más de 76.000 personas en más de 3.000 emplazamientos situados en 29 países.

El 5 de octubre de 2021, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Docentes, las fuerzas de seguridad jordanas detuvieron y encarcelaron a 14 miembros destacados del sindicato de docentes Jordanian Teachers’ Association (JTA). La policía antidisturbios fue desplegada para impedir que los y las docentes que se manifestaban pacíficamente denunciaran la represión de los derechos sindicales. Los 14 miembros detenidos fueron: Ahmad Ali Ahmad Alzaboun, presidente del JTA; Nasser Nawasra, vicepresidente del JTA; y los siguientes miembros del Consejo del JTA: Ghaleb Mansour Abu Qudia; Nidal Awwad Al Hisa; Kifah Suleiman Abu Farhan; Feras Awad Shteiwi Al Sarhan; Basil Mahmoud Al Houroub; Sulaiman Farhan Jaber Al Hayyer; Ibrahim Shaker Khalaf Assaf; Adbassalam assan Moussa Ayasra; Mustapha Annabeh; Iyad Albustanji; Moatassem Abdelrahman Beshtawy; y Noureddin Yusuf.

En agosto de 2021, los empleados de Pelephone y Bezeq International, dos empresas de telecomunicaciones israelíes, organizaron una huelga cerca del domicilio del accionista mayoritario. Fueron expulsados a la fuerza por la policía, y varios de ellos fueron detenidos.

El 28 de septiembre de 2021, las fuerzas de seguridad egipcias reprimieron una huelga pacífica en la empresa Universal for Electrical Appliances. Diez días antes, cerca de 2.000 trabajadores y trabajadoras habían iniciado una sentada en la sede de la empresa después de que un compañero que había estado haciendo horas extras debido a problemas económicos falleciera de un ataque al corazón. Los trabajadores habían estado dos meses sin cobrar su sueldo.

El 28 de septiembre, las fuerzas de seguridad rodearon la sentada, cerraron las verjas del recinto e impidieron a los trabajadores salir siquiera a comprar comida. Horas antes, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas en los domicilios de tres trabajadores: Saeed Abdel Qader, Said Mohamed Abdel Latif y Mahmoud Ahmed Haridy, que se estaba recuperando en su casa tras haber caído en un coma diabético. Los tres fueron detenidos. La hija de Haridy siguió a su padre hasta la comisaría de Warraq, donde preguntó por él, pero los agentes que habían estado en su domicilio menos de una hora antes negaron tener conocimiento del incidente. Un suboficial le aconsejó que fuera a la comisaría de Imbaba, donde le informaron de que su padre había sido trasladado a la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, una fuerza policial especial, famosa por vulnerar los derechos humanos, que participa en la vigilancia de las denominadas “amenazas a la seguridad nacional”, en particular los movimiento sindicales independientes.

El 14 de febrero de 2022, los habitantes del distrito de Karma Bani Saeed, en Iraq, se manifestaron frente al edificio de la gobernación, exigiendo la provisión de servicios sanitarios. Las fuerzas policiales dispersaron la protesta haciendo un uso excesivo de la fuerza y dejando a varios manifestantes con lesiones graves. La delegación negociadora fue detenida, incluido el sindicalista Muhannad Al-Saeedi, miembro del sindicato de trabajadores de la empresa petrolera Dhi Qar Oil Company y miembro del General Union of Oil and Gas Workers in Iraq, que forma parte de la General Federation of Trade Unions.

En mayo de 2021, los bomberos argelinos se declararon en huelga para exigir un aumento de sus salarios y una mejora de sus condiciones de trabajo. El Ministerio del Interior anunció la suspensión de 230 bomberos y su enjuiciamiento inmediato, al considerar que sus protestas constituían “una traición a los deberes y responsabilidades que se les había confiado”.

En noviembre de 2021, cerca de 100 docentes fueron arrestados en Sudán al dar comienzo dos días de huelgas y acciones de desobediencia civil para protestar por el golpe de Estado militar. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos contra los trabajadores y trabajadoras que protestaban a las puertas del edificio del Ministerio de Educación del estado de Jartum. Muchos de ellos fueron golpeados y al menos uno, un director de escuela, acabó con una pierna rota.

Ochenta y siete docentes fueron detenidos y llevados al cuartel militar después de que los fiscales se negaran a ponerlos en libertad bajo fianza.

En Nyala, capital de Darfur del Sur, unos desconocidos vestidos de paisano llevaron a cabo redadas en los domicilios de varios profesores y detuvieron a otros cinco docentes, entre ellos Gamal Margan, encargado de la educación de los pastores. El 8 de noviembre de 2021, las fuerzas militares irrumpieron también en el Departamento de Educación Secundaria de Karray para establecer una nueva dirección afín a los militares.

El 8 de octubre de 2021, los trabajadores de la planta de Chevrolet de General Motors en São Caetano do Sul (Brasil) se declararon en huelga tras el fracaso de las negociaciones con la empresa sobre los ajustes salariales. Tan pronto como el sindicato decidió iniciar la huelga, se celebró una audiencia de conciliación en el Tribunal Laboral Regional, pero no se llegó a ningún acuerdo entre las partes. El 21 de octubre, el Tribunal Laboral Regional declaró la huelga ilegal. La asamblea sindical decidió proseguir con la acción. Sin embargo, debido a las posibles actuaciones judiciales contra los huelguistas, los trabajadores tuvieron que reincorporarse al trabajo sin haber conseguido una solución a sus demandas.

En Bélgica, el artículo 406 del Código Penal permite el enjuiciamiento y la condena por “obstrucción maliciosa del tráfico” en el contexto de un movimiento de huelga. Esta disposición, que ya se ha aplicado en dos ocasiones en los últimos dos años para condenar a 17 miembros de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) a penas de prisión suspendidas y a importantes multas, obstaculiza gravemente las posibilidades de organizar huelgas en el país.

Aunque los sindicatos belgas han presentado un recurso para anular las condenas, en 2022 otro sindicalista fue procesado en virtud de la misma disposición a raíz de un piquete organizado en 2016 en el centro penitenciario de Lantin. El Ayuntamiento presentó una denuncia penal contra miembros de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP) por tirar basura en la calle, alegando daños en el asfalto en el lugar donde se había encendido un brasero. Aunque el fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa, esta seguía pendiente en el momento de redactar el presente informe.

El 8 de junio de 2021, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes sean declarados partícipes o promotores de “actividades extremistas” se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no está claramente definida en la nueva legislación, y se teme que las nuevas disposiciones sean utilizadas para reprimir cualquier disidencia. Esta nueva ley se suma a las leyes promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para poder organizar actos multitudinarios.

En 2022, Sawit Kaewvarn, presidente del sindicato de la empresa estatal de ferrocarriles de Tailandia, State Railway Union of Thailand (SRUT), y otros 12 líderes sindicales nacionales y locales seguían encarcelados injustamente. Los trabajadores y trabajadoras del SRUT habían sido objeto de una despiadada persecución judicial por parte de la administración de los Ferrocarriles del Estado de Tailandia por llevar a cabo una campaña nacional de seguridad ferroviaria tras el descarrilamiento mortal de un tren en octubre de 2009 en la estación de Khao Tao. Las autoridades tailandesas emprendieron una vendetta contra los trabajadores. Desde noviembre de 2018, los salarios mensuales de siete líderes del SRUT se han ido descontando para pagar multas de 24 millones THB (726.116 USD) a la empresa, con arreglo a una decisión del Tribunal Supremo de 2017. Los 13 sindicalistas cumplen actualmente una condena de tres años de cárcel.

Cuarenta y cuatro empleados de Soft Touch Development Corp., una empresa de fabricación de pasta en Filipinas, fueron arrestados el 15 de diciembre de 2021 por declararse en huelga. Se les acusaba de reunión ilegal, desobediencia a una persona con autoridad y “alarma y escándalo”. Fueron puestos en libertad al cabo de 36 horas, a la espera de una nueva investigación. La empresa sostenía que los empleados tenían prohibido formar un sindicato porque su empleador era la agencia de empleo que los contrataba. La huelga se convocó después de que los trabajadores se enteraran de que iban a ser despedidos el 24 de diciembre, y fue brutalmente reprimida por la policía, que utilizó cañones de agua y porras contra los huelguistas, arrastrándolos hasta un furgón policial.

El 8 de junio de 2021, cerca de 150 docentes desempleados fueron detenidos, mientras que más de una decena sufrieron heridas leves cuando la policía los atacó con porras en dos ocasiones en el transcurso de una protesta que tuvo lugar en las inmediaciones de la residencia del ministro principal de Punjab, en Patiala (India), repitiéndose así los incidentes ocurridos a principios de año.

Pese a múltiples garantías, el Gobierno no les había proporcionado un empleo en escuelas públicas. Los cinco sindicatos implicados estaban indignados por los retrasos a la hora de reunirse con funcionarios del Gobierno para que se atendieran sus demandas. Los docentes se enfrentaron a la policía cuando se dirigían a la residencia del ministro jefe. Los detenidos fueron posteriormente puestos en libertad sin cargos.

El 26 de octubre de 2021 se produjeron enfrentamientos entre la policía y los trabajadores y trabajadoras que habían salido a manifestarse en al menos tres puntos de Ecuador en el marco de una huelga nacional contra el Gobierno. En Imbabura, en el cantón de Peguche, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los ciudadanos. Las manifestaciones fueron convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular (FP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Entre las reivindicaciones figuraban la congelación de los precios de los carburantes y el apoyo al proyecto de código laboral presentado recientemente por el FUT ante el poder legislativo, así como el rechazo a la propuesta de Ley de creación de oportunidades. Al menos 37 manifestantes fueron detenidos en todo el país.

A finales de 2020, los trabajadores de la planta de cemento Ash Grove en Joliette, Quebec (Canadá), fueron informados del cierre de dos de los cuatro hornos y de la posible pérdida de, como mínimo, la mitad de los puestos de trabajo. El 22 de mayo de 2021, pese a que la negociación colectiva seguía en curso, los miembros del sindicato Unifor fueron objeto de un cierre patronal improcedente. Unifor, junto con la Quebec Federation of Labor y sus miembros en todo Quebec, organizaron una serie de acciones solidarias.

En respuesta a la movilización sindical, la dirección de Ash Grove obtuvo una nueva orden judicial para limitar las acciones sindicales. El empleador presentó asimismo una demanda de la dirección por valor de 2,6 millones CAD (aproximadamente 2,1 millones USD) por pérdida de producción y avería de equipos, y despidió a dos miembros de Local 177, uno de ellos miembro del comité de negociación.

La cementera Ash Grove es propiedad de CRH Canada, que emplea a 4.000 personas en 100 instalaciones de producción. El gigante internacional emplea a escala mundial a más de 76.000 personas en más de 3.000 emplazamientos situados en 29 países.

El 5 de octubre de 2021, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Docentes, las fuerzas de seguridad jordanas detuvieron y encarcelaron a 14 miembros destacados del sindicato de docentes Jordanian Teachers’ Association (JTA). La policía antidisturbios fue desplegada para impedir que los y las docentes que se manifestaban pacíficamente denunciaran la represión de los derechos sindicales. Los 14 miembros detenidos fueron: Ahmad Ali Ahmad Alzaboun, presidente del JTA; Nasser Nawasra, vicepresidente del JTA; y los siguientes miembros del Consejo del JTA: Ghaleb Mansour Abu Qudia; Nidal Awwad Al Hisa; Kifah Suleiman Abu Farhan; Feras Awad Shteiwi Al Sarhan; Basil Mahmoud Al Houroub; Sulaiman Farhan Jaber Al Hayyer; Ibrahim Shaker Khalaf Assaf; Adbassalam assan Moussa Ayasra; Mustapha Annabeh; Iyad Albustanji; Moatassem Abdelrahman Beshtawy; y Noureddin Yusuf.

En agosto de 2021, los empleados de Pelephone y Bezeq International, dos empresas de telecomunicaciones israelíes, organizaron una huelga cerca del domicilio del accionista mayoritario. Fueron expulsados a la fuerza por la policía, y varios de ellos fueron detenidos.

El 28 de septiembre de 2021, las fuerzas de seguridad egipcias reprimieron una huelga pacífica en la empresa Universal for Electrical Appliances. Diez días antes, cerca de 2.000 trabajadores y trabajadoras habían iniciado una sentada en la sede de la empresa después de que un compañero que había estado haciendo horas extras debido a problemas económicos falleciera de un ataque al corazón. Los trabajadores habían estado dos meses sin cobrar su sueldo.

El 28 de septiembre, las fuerzas de seguridad rodearon la sentada, cerraron las verjas del recinto e impidieron a los trabajadores salir siquiera a comprar comida. Horas antes, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas en los domicilios de tres trabajadores: Saeed Abdel Qader, Said Mohamed Abdel Latif y Mahmoud Ahmed Haridy, que se estaba recuperando en su casa tras haber caído en un coma diabético. Los tres fueron detenidos. La hija de Haridy siguió a su padre hasta la comisaría de Warraq, donde preguntó por él, pero los agentes que habían estado en su domicilio menos de una hora antes negaron tener conocimiento del incidente. Un suboficial le aconsejó que fuera a la comisaría de Imbaba, donde le informaron de que su padre había sido trasladado a la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, una fuerza policial especial, famosa por vulnerar los derechos humanos, que participa en la vigilancia de las denominadas “amenazas a la seguridad nacional”, en particular los movimiento sindicales independientes.

El 14 de febrero de 2022, los habitantes del distrito de Karma Bani Saeed, en Iraq, se manifestaron frente al edificio de la gobernación, exigiendo la provisión de servicios sanitarios. Las fuerzas policiales dispersaron la protesta haciendo un uso excesivo de la fuerza y dejando a varios manifestantes con lesiones graves. La delegación negociadora fue detenida, incluido el sindicalista Muhannad Al-Saeedi, miembro del sindicato de trabajadores de la empresa petrolera Dhi Qar Oil Company y miembro del General Union of Oil and Gas Workers in Iraq, que forma parte de la General Federation of Trade Unions.

En mayo de 2021, los bomberos argelinos se declararon en huelga para exigir un aumento de sus salarios y una mejora de sus condiciones de trabajo. El Ministerio del Interior anunció la suspensión de 230 bomberos y su enjuiciamiento inmediato, al considerar que sus protestas constituían “una traición a los deberes y responsabilidades que se les había confiado”.

En noviembre de 2021, cerca de 100 docentes fueron arrestados en Sudán al dar comienzo dos días de huelgas y acciones de desobediencia civil para protestar por el golpe de Estado militar. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos contra los trabajadores y trabajadoras que protestaban a las puertas del edificio del Ministerio de Educación del estado de Jartum. Muchos de ellos fueron golpeados y al menos uno, un director de escuela, acabó con una pierna rota.

Ochenta y siete docentes fueron detenidos y llevados al cuartel militar después de que los fiscales se negaran a ponerlos en libertad bajo fianza.

En Nyala, capital de Darfur del Sur, unos desconocidos vestidos de paisano llevaron a cabo redadas en los domicilios de varios profesores y detuvieron a otros cinco docentes, entre ellos Gamal Margan, encargado de la educación de los pastores. El 8 de noviembre de 2021, las fuerzas militares irrumpieron también en el Departamento de Educación Secundaria de Karray para establecer una nueva dirección afín a los militares.

El 8 de octubre de 2021, los trabajadores de la planta de Chevrolet de General Motors en São Caetano do Sul (Brasil) se declararon en huelga tras el fracaso de las negociaciones con la empresa sobre los ajustes salariales. Tan pronto como el sindicato decidió iniciar la huelga, se celebró una audiencia de conciliación en el Tribunal Laboral Regional, pero no se llegó a ningún acuerdo entre las partes. El 21 de octubre, el Tribunal Laboral Regional declaró la huelga ilegal. La asamblea sindical decidió proseguir con la acción. Sin embargo, debido a las posibles actuaciones judiciales contra los huelguistas, los trabajadores tuvieron que reincorporarse al trabajo sin haber conseguido una solución a sus demandas.

En Bélgica, el artículo 406 del Código Penal permite el enjuiciamiento y la condena por “obstrucción maliciosa del tráfico” en el contexto de un movimiento de huelga. Esta disposición, que ya se ha aplicado en dos ocasiones en los últimos dos años para condenar a 17 miembros de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) a penas de prisión suspendidas y a importantes multas, obstaculiza gravemente las posibilidades de organizar huelgas en el país.

Aunque los sindicatos belgas han presentado un recurso para anular las condenas, en 2022 otro sindicalista fue procesado en virtud de la misma disposición a raíz de un piquete organizado en 2016 en el centro penitenciario de Lantin. El Ayuntamiento presentó una denuncia penal contra miembros de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP) por tirar basura en la calle, alegando daños en el asfalto en el lugar donde se había encendido un brasero. Aunque el fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa, esta seguía pendiente en el momento de redactar el presente informe.

El 8 de junio de 2021, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes sean declarados partícipes o promotores de “actividades extremistas” se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no está claramente definida en la nueva legislación, y se teme que las nuevas disposiciones sean utilizadas para reprimir cualquier disidencia. Esta nueva ley se suma a las leyes promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para poder organizar actos multitudinarios.

En 2022, Sawit Kaewvarn, presidente del sindicato de la empresa estatal de ferrocarriles de Tailandia, State Railway Union of Thailand (SRUT), y otros 12 líderes sindicales nacionales y locales seguían encarcelados injustamente. Los trabajadores y trabajadoras del SRUT habían sido objeto de una despiadada persecución judicial por parte de la administración de los Ferrocarriles del Estado de Tailandia por llevar a cabo una campaña nacional de seguridad ferroviaria tras el descarrilamiento mortal de un tren en octubre de 2009 en la estación de Khao Tao. Las autoridades tailandesas emprendieron una vendetta contra los trabajadores. Desde noviembre de 2018, los salarios mensuales de siete líderes del SRUT se han ido descontando para pagar multas de 24 millones THB (726.116 USD) a la empresa, con arreglo a una decisión del Tribunal Supremo de 2017. Los 13 sindicalistas cumplen actualmente una condena de tres años de cárcel.

Cuarenta y cuatro empleados de Soft Touch Development Corp., una empresa de fabricación de pasta en Filipinas, fueron arrestados el 15 de diciembre de 2021 por declararse en huelga. Se les acusaba de reunión ilegal, desobediencia a una persona con autoridad y “alarma y escándalo”. Fueron puestos en libertad al cabo de 36 horas, a la espera de una nueva investigación. La empresa sostenía que los empleados tenían prohibido formar un sindicato porque su empleador era la agencia de empleo que los contrataba. La huelga se convocó después de que los trabajadores se enteraran de que iban a ser despedidos el 24 de diciembre, y fue brutalmente reprimida por la policía, que utilizó cañones de agua y porras contra los huelguistas, arrastrándolos hasta un furgón policial.

El 8 de junio de 2021, cerca de 150 docentes desempleados fueron detenidos, mientras que más de una decena sufrieron heridas leves cuando la policía los atacó con porras en dos ocasiones en el transcurso de una protesta que tuvo lugar en las inmediaciones de la residencia del ministro principal de Punjab, en Patiala (India), repitiéndose así los incidentes ocurridos a principios de año.

Pese a múltiples garantías, el Gobierno no les había proporcionado un empleo en escuelas públicas. Los cinco sindicatos implicados estaban indignados por los retrasos a la hora de reunirse con funcionarios del Gobierno para que se atendieran sus demandas. Los docentes se enfrentaron a la policía cuando se dirigían a la residencia del ministro jefe. Los detenidos fueron posteriormente puestos en libertad sin cargos.

El 26 de octubre de 2021 se produjeron enfrentamientos entre la policía y los trabajadores y trabajadoras que habían salido a manifestarse en al menos tres puntos de Ecuador en el marco de una huelga nacional contra el Gobierno. En Imbabura, en el cantón de Peguche, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los ciudadanos. Las manifestaciones fueron convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular (FP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Entre las reivindicaciones figuraban la congelación de los precios de los carburantes y el apoyo al proyecto de código laboral presentado recientemente por el FUT ante el poder legislativo, así como el rechazo a la propuesta de Ley de creación de oportunidades. Al menos 37 manifestantes fueron detenidos en todo el país.

A finales de 2020, los trabajadores de la planta de cemento Ash Grove en Joliette, Quebec (Canadá), fueron informados del cierre de dos de los cuatro hornos y de la posible pérdida de, como mínimo, la mitad de los puestos de trabajo. El 22 de mayo de 2021, pese a que la negociación colectiva seguía en curso, los miembros del sindicato Unifor fueron objeto de un cierre patronal improcedente. Unifor, junto con la Quebec Federation of Labor y sus miembros en todo Quebec, organizaron una serie de acciones solidarias.

En respuesta a la movilización sindical, la dirección de Ash Grove obtuvo una nueva orden judicial para limitar las acciones sindicales. El empleador presentó asimismo una demanda de la dirección por valor de 2,6 millones CAD (aproximadamente 2,1 millones USD) por pérdida de producción y avería de equipos, y despidió a dos miembros de Local 177, uno de ellos miembro del comité de negociación.

La cementera Ash Grove es propiedad de CRH Canada, que emplea a 4.000 personas en 100 instalaciones de producción. El gigante internacional emplea a escala mundial a más de 76.000 personas en más de 3.000 emplazamientos situados en 29 países.

El 5 de octubre de 2021, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Docentes, las fuerzas de seguridad jordanas detuvieron y encarcelaron a 14 miembros destacados del sindicato de docentes Jordanian Teachers’ Association (JTA). La policía antidisturbios fue desplegada para impedir que los y las docentes que se manifestaban pacíficamente denunciaran la represión de los derechos sindicales. Los 14 miembros detenidos fueron: Ahmad Ali Ahmad Alzaboun, presidente del JTA; Nasser Nawasra, vicepresidente del JTA; y los siguientes miembros del Consejo del JTA: Ghaleb Mansour Abu Qudia; Nidal Awwad Al Hisa; Kifah Suleiman Abu Farhan; Feras Awad Shteiwi Al Sarhan; Basil Mahmoud Al Houroub; Sulaiman Farhan Jaber Al Hayyer; Ibrahim Shaker Khalaf Assaf; Adbassalam assan Moussa Ayasra; Mustapha Annabeh; Iyad Albustanji; Moatassem Abdelrahman Beshtawy; y Noureddin Yusuf.

En agosto de 2021, los empleados de Pelephone y Bezeq International, dos empresas de telecomunicaciones israelíes, organizaron una huelga cerca del domicilio del accionista mayoritario. Fueron expulsados a la fuerza por la policía, y varios de ellos fueron detenidos.

El 28 de septiembre de 2021, las fuerzas de seguridad egipcias reprimieron una huelga pacífica en la empresa Universal for Electrical Appliances. Diez días antes, cerca de 2.000 trabajadores y trabajadoras habían iniciado una sentada en la sede de la empresa después de que un compañero que había estado haciendo horas extras debido a problemas económicos falleciera de un ataque al corazón. Los trabajadores habían estado dos meses sin cobrar su sueldo.

El 28 de septiembre, las fuerzas de seguridad rodearon la sentada, cerraron las verjas del recinto e impidieron a los trabajadores salir siquiera a comprar comida. Horas antes, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas en los domicilios de tres trabajadores: Saeed Abdel Qader, Said Mohamed Abdel Latif y Mahmoud Ahmed Haridy, que se estaba recuperando en su casa tras haber caído en un coma diabético. Los tres fueron detenidos. La hija de Haridy siguió a su padre hasta la comisaría de Warraq, donde preguntó por él, pero los agentes que habían estado en su domicilio menos de una hora antes negaron tener conocimiento del incidente. Un suboficial le aconsejó que fuera a la comisaría de Imbaba, donde le informaron de que su padre había sido trasladado a la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, una fuerza policial especial, famosa por vulnerar los derechos humanos, que participa en la vigilancia de las denominadas “amenazas a la seguridad nacional”, en particular los movimiento sindicales independientes.

El 14 de febrero de 2022, los habitantes del distrito de Karma Bani Saeed, en Iraq, se manifestaron frente al edificio de la gobernación, exigiendo la provisión de servicios sanitarios. Las fuerzas policiales dispersaron la protesta haciendo un uso excesivo de la fuerza y dejando a varios manifestantes con lesiones graves. La delegación negociadora fue detenida, incluido el sindicalista Muhannad Al-Saeedi, miembro del sindicato de trabajadores de la empresa petrolera Dhi Qar Oil Company y miembro del General Union of Oil and Gas Workers in Iraq, que forma parte de la General Federation of Trade Unions.

En mayo de 2021, los bomberos argelinos se declararon en huelga para exigir un aumento de sus salarios y una mejora de sus condiciones de trabajo. El Ministerio del Interior anunció la suspensión de 230 bomberos y su enjuiciamiento inmediato, al considerar que sus protestas constituían “una traición a los deberes y responsabilidades que se les había confiado”.

En noviembre de 2021, cerca de 100 docentes fueron arrestados en Sudán al dar comienzo dos días de huelgas y acciones de desobediencia civil para protestar por el golpe de Estado militar. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos contra los trabajadores y trabajadoras que protestaban a las puertas del edificio del Ministerio de Educación del estado de Jartum. Muchos de ellos fueron golpeados y al menos uno, un director de escuela, acabó con una pierna rota.

Ochenta y siete docentes fueron detenidos y llevados al cuartel militar después de que los fiscales se negaran a ponerlos en libertad bajo fianza.

En Nyala, capital de Darfur del Sur, unos desconocidos vestidos de paisano llevaron a cabo redadas en los domicilios de varios profesores y detuvieron a otros cinco docentes, entre ellos Gamal Margan, encargado de la educación de los pastores. El 8 de noviembre de 2021, las fuerzas militares irrumpieron también en el Departamento de Educación Secundaria de Karray para establecer una nueva dirección afín a los militares.

El 8 de octubre de 2021, los trabajadores de la planta de Chevrolet de General Motors en São Caetano do Sul (Brasil) se declararon en huelga tras el fracaso de las negociaciones con la empresa sobre los ajustes salariales. Tan pronto como el sindicato decidió iniciar la huelga, se celebró una audiencia de conciliación en el Tribunal Laboral Regional, pero no se llegó a ningún acuerdo entre las partes. El 21 de octubre, el Tribunal Laboral Regional declaró la huelga ilegal. La asamblea sindical decidió proseguir con la acción. Sin embargo, debido a las posibles actuaciones judiciales contra los huelguistas, los trabajadores tuvieron que reincorporarse al trabajo sin haber conseguido una solución a sus demandas.

En Bélgica, el artículo 406 del Código Penal permite el enjuiciamiento y la condena por “obstrucción maliciosa del tráfico” en el contexto de un movimiento de huelga. Esta disposición, que ya se ha aplicado en dos ocasiones en los últimos dos años para condenar a 17 miembros de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) a penas de prisión suspendidas y a importantes multas, obstaculiza gravemente las posibilidades de organizar huelgas en el país.

Aunque los sindicatos belgas han presentado un recurso para anular las condenas, en 2022 otro sindicalista fue procesado en virtud de la misma disposición a raíz de un piquete organizado en 2016 en el centro penitenciario de Lantin. El Ayuntamiento presentó una denuncia penal contra miembros de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP) por tirar basura en la calle, alegando daños en el asfalto en el lugar donde se había encendido un brasero. Aunque el fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa, esta seguía pendiente en el momento de redactar el presente informe.

El 8 de junio de 2021, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes sean declarados partícipes o promotores de “actividades extremistas” se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no está claramente definida en la nueva legislación, y se teme que las nuevas disposiciones sean utilizadas para reprimir cualquier disidencia. Esta nueva ley se suma a las leyes promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para poder organizar actos multitudinarios.

En 2022, Sawit Kaewvarn, presidente del sindicato de la empresa estatal de ferrocarriles de Tailandia, State Railway Union of Thailand (SRUT), y otros 12 líderes sindicales nacionales y locales seguían encarcelados injustamente. Los trabajadores y trabajadoras del SRUT habían sido objeto de una despiadada persecución judicial por parte de la administración de los Ferrocarriles del Estado de Tailandia por llevar a cabo una campaña nacional de seguridad ferroviaria tras el descarrilamiento mortal de un tren en octubre de 2009 en la estación de Khao Tao. Las autoridades tailandesas emprendieron una vendetta contra los trabajadores. Desde noviembre de 2018, los salarios mensuales de siete líderes del SRUT se han ido descontando para pagar multas de 24 millones THB (726.116 USD) a la empresa, con arreglo a una decisión del Tribunal Supremo de 2017. Los 13 sindicalistas cumplen actualmente una condena de tres años de cárcel.

Cuarenta y cuatro empleados de Soft Touch Development Corp., una empresa de fabricación de pasta en Filipinas, fueron arrestados el 15 de diciembre de 2021 por declararse en huelga. Se les acusaba de reunión ilegal, desobediencia a una persona con autoridad y “alarma y escándalo”. Fueron puestos en libertad al cabo de 36 horas, a la espera de una nueva investigación. La empresa sostenía que los empleados tenían prohibido formar un sindicato porque su empleador era la agencia de empleo que los contrataba. La huelga se convocó después de que los trabajadores se enteraran de que iban a ser despedidos el 24 de diciembre, y fue brutalmente reprimida por la policía, que utilizó cañones de agua y porras contra los huelguistas, arrastrándolos hasta un furgón policial.

El 8 de junio de 2021, cerca de 150 docentes desempleados fueron detenidos, mientras que más de una decena sufrieron heridas leves cuando la policía los atacó con porras en dos ocasiones en el transcurso de una protesta que tuvo lugar en las inmediaciones de la residencia del ministro principal de Punjab, en Patiala (India), repitiéndose así los incidentes ocurridos a principios de año.

Pese a múltiples garantías, el Gobierno no les había proporcionado un empleo en escuelas públicas. Los cinco sindicatos implicados estaban indignados por los retrasos a la hora de reunirse con funcionarios del Gobierno para que se atendieran sus demandas. Los docentes se enfrentaron a la policía cuando se dirigían a la residencia del ministro jefe. Los detenidos fueron posteriormente puestos en libertad sin cargos.

El 26 de octubre de 2021 se produjeron enfrentamientos entre la policía y los trabajadores y trabajadoras que habían salido a manifestarse en al menos tres puntos de Ecuador en el marco de una huelga nacional contra el Gobierno. En Imbabura, en el cantón de Peguche, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los ciudadanos. Las manifestaciones fueron convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular (FP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Entre las reivindicaciones figuraban la congelación de los precios de los carburantes y el apoyo al proyecto de código laboral presentado recientemente por el FUT ante el poder legislativo, así como el rechazo a la propuesta de Ley de creación de oportunidades. Al menos 37 manifestantes fueron detenidos en todo el país.

A finales de 2020, los trabajadores de la planta de cemento Ash Grove en Joliette, Quebec (Canadá), fueron informados del cierre de dos de los cuatro hornos y de la posible pérdida de, como mínimo, la mitad de los puestos de trabajo. El 22 de mayo de 2021, pese a que la negociación colectiva seguía en curso, los miembros del sindicato Unifor fueron objeto de un cierre patronal improcedente. Unifor, junto con la Quebec Federation of Labor y sus miembros en todo Quebec, organizaron una serie de acciones solidarias.

En respuesta a la movilización sindical, la dirección de Ash Grove obtuvo una nueva orden judicial para limitar las acciones sindicales. El empleador presentó asimismo una demanda de la dirección por valor de 2,6 millones CAD (aproximadamente 2,1 millones USD) por pérdida de producción y avería de equipos, y despidió a dos miembros de Local 177, uno de ellos miembro del comité de negociación.

La cementera Ash Grove es propiedad de CRH Canada, que emplea a 4.000 personas en 100 instalaciones de producción. El gigante internacional emplea a escala mundial a más de 76.000 personas en más de 3.000 emplazamientos situados en 29 países.

El 5 de octubre de 2021, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Docentes, las fuerzas de seguridad jordanas detuvieron y encarcelaron a 14 miembros destacados del sindicato de docentes Jordanian Teachers’ Association (JTA). La policía antidisturbios fue desplegada para impedir que los y las docentes que se manifestaban pacíficamente denunciaran la represión de los derechos sindicales. Los 14 miembros detenidos fueron: Ahmad Ali Ahmad Alzaboun, presidente del JTA; Nasser Nawasra, vicepresidente del JTA; y los siguientes miembros del Consejo del JTA: Ghaleb Mansour Abu Qudia; Nidal Awwad Al Hisa; Kifah Suleiman Abu Farhan; Feras Awad Shteiwi Al Sarhan; Basil Mahmoud Al Houroub; Sulaiman Farhan Jaber Al Hayyer; Ibrahim Shaker Khalaf Assaf; Adbassalam assan Moussa Ayasra; Mustapha Annabeh; Iyad Albustanji; Moatassem Abdelrahman Beshtawy; y Noureddin Yusuf.

En agosto de 2021, los empleados de Pelephone y Bezeq International, dos empresas de telecomunicaciones israelíes, organizaron una huelga cerca del domicilio del accionista mayoritario. Fueron expulsados a la fuerza por la policía, y varios de ellos fueron detenidos.

El 28 de septiembre de 2021, las fuerzas de seguridad egipcias reprimieron una huelga pacífica en la empresa Universal for Electrical Appliances. Diez días antes, cerca de 2.000 trabajadores y trabajadoras habían iniciado una sentada en la sede de la empresa después de que un compañero que había estado haciendo horas extras debido a problemas económicos falleciera de un ataque al corazón. Los trabajadores habían estado dos meses sin cobrar su sueldo.

El 28 de septiembre, las fuerzas de seguridad rodearon la sentada, cerraron las verjas del recinto e impidieron a los trabajadores salir siquiera a comprar comida. Horas antes, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas en los domicilios de tres trabajadores: Saeed Abdel Qader, Said Mohamed Abdel Latif y Mahmoud Ahmed Haridy, que se estaba recuperando en su casa tras haber caído en un coma diabético. Los tres fueron detenidos. La hija de Haridy siguió a su padre hasta la comisaría de Warraq, donde preguntó por él, pero los agentes que habían estado en su domicilio menos de una hora antes negaron tener conocimiento del incidente. Un suboficial le aconsejó que fuera a la comisaría de Imbaba, donde le informaron de que su padre había sido trasladado a la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, una fuerza policial especial, famosa por vulnerar los derechos humanos, que participa en la vigilancia de las denominadas “amenazas a la seguridad nacional”, en particular los movimiento sindicales independientes.

El 14 de febrero de 2022, los habitantes del distrito de Karma Bani Saeed, en Iraq, se manifestaron frente al edificio de la gobernación, exigiendo la provisión de servicios sanitarios. Las fuerzas policiales dispersaron la protesta haciendo un uso excesivo de la fuerza y dejando a varios manifestantes con lesiones graves. La delegación negociadora fue detenida, incluido el sindicalista Muhannad Al-Saeedi, miembro del sindicato de trabajadores de la empresa petrolera Dhi Qar Oil Company y miembro del General Union of Oil and Gas Workers in Iraq, que forma parte de la General Federation of Trade Unions.

En mayo de 2021, los bomberos argelinos se declararon en huelga para exigir un aumento de sus salarios y una mejora de sus condiciones de trabajo. El Ministerio del Interior anunció la suspensión de 230 bomberos y su enjuiciamiento inmediato, al considerar que sus protestas constituían “una traición a los deberes y responsabilidades que se les había confiado”.

En noviembre de 2021, cerca de 100 docentes fueron arrestados en Sudán al dar comienzo dos días de huelgas y acciones de desobediencia civil para protestar por el golpe de Estado militar. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos contra los trabajadores y trabajadoras que protestaban a las puertas del edificio del Ministerio de Educación del estado de Jartum. Muchos de ellos fueron golpeados y al menos uno, un director de escuela, acabó con una pierna rota.

Ochenta y siete docentes fueron detenidos y llevados al cuartel militar después de que los fiscales se negaran a ponerlos en libertad bajo fianza.

En Nyala, capital de Darfur del Sur, unos desconocidos vestidos de paisano llevaron a cabo redadas en los domicilios de varios profesores y detuvieron a otros cinco docentes, entre ellos Gamal Margan, encargado de la educación de los pastores. El 8 de noviembre de 2021, las fuerzas militares irrumpieron también en el Departamento de Educación Secundaria de Karray para establecer una nueva dirección afín a los militares.

Fiat Plastik, en Serbia, intentó poner fin a una huelga de sus trabajadores y trabajadoras en la ciudad serbia de Kragujevac, obligando a los miembros del comité de huelga a tomarse un permiso remunerado en mayo de 2021 y trasladando parte de la producción de la planta de Kragujevac. Trece trabajadores que participaron en los paros laborales, incluido el comité de huelga al completo, fueron suspendidos de manera improcedente, y el comité fue objeto de un cierre patronal. La dirección retiró asimismo la maquinaria de la planta.

Las protestas habían comenzado en enero de 2021 con paros de una hora diaria tras el anuncio de un recorte salarial de 300 EUR anuales.

En junio de 2021, la Inspección de Trabajo acusó a la dirección de faltas por sus tentativas de acabar con la huelga.

En agosto, el sindicado United Trade Unions of Serbia denunció intimidaciones por parte de la Agencia de Seguridad e Información de Serbia (BIA, por sus siglas en serbio). El 11 de agosto la BIA llamó al presidente del comité de huelga para invitarle a mantener una “conversación”. El sindicato de Fiat Plastik se negó, señalando que “no le interesaba la política”, sino únicamente los asuntos sindicales.

El conflicto prosiguió. Las negociaciones con Fiat, con la mediación de la Agencia Estatal para la Resolución Pacífica de Conflictos Laborales, fracasaron en octubre. En el momento de redactar el presente informe, el conflicto seguía sin haberse resuelto.

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa de alimentación Upfield, en Portugal, convocaron una serie de paros laborales de dos horas, a lo que la empresa respondió con un despido colectivo. La huelga se convocó después de que Upfield hiciera caso omiso de las demandas de los trabajadores, que reclamaban un incremento salarial de 30 EUR mensuales. Los paros dieron comienzo el 5 de julio de 2021.

A los pocos días de la publicación del preaviso de huelga, la empresa anunció su intención de despedir a 19 trabajadores, entre ellos un miembro del comité de empresa y los tres representantes del comité de salud y seguridad en el trabajo.

Los trabajadores celebraron una reunión y programaron para el 15 de julio una acción en defensa de sus derechos. El 19 de julio convocaron una huelga de 24 horas para protestar contra el despido colectivo y exigir incrementos salariales y promociones profesionales.

La relación de Upfield con los representantes de los trabajadores se había deteriorado sistemáticamente desde que un grupo financiero norteamericano (KKR) adquirió tres años antes la empresa, propiedad de Unilever-Jerónimo Martins Lda.

En Georgia, la empresa de limpieza y gestión de residuos Tbilservice Group despidió a Irakli Baghdavadze por organizar una huelga el 6 de agosto de 2021. Sus compañeros se sumaron a él para exigir un aumento de sueldo, nuevos uniformes y un seguro médico gratuito. La huelga concluyó el 9 de agosto, después de que el Ayuntamiento de Tiflis prometiera un incremento salarial a partir de 2022, pero Irakli perdió su trabajo por haber organizado la protesta.

El 22 de mayo de 2021, Kurum International en Albania despidió a 20 mecánicos y electricistas de las centrales hidroeléctricas Ulëz y Shkopet, vulnerando su convenio colectivo que había firmado en 2019 con la federación sindical Trade Union Federation of Industrial Workers of Albania (FSPISH).

Los trabajadores organizaron protestas y piquetes diarios, y a ellos se sumaron activistas sindicales que se desplazaron de toda Albania. La empresa respondió acosando al comité sindical y suspendiendo a las personas que participaron en la huelga.

Estas centrales hidroeléctricas son dos de las cuatro centrales que la empresa Kurum Holdings, con sede en Turquía, compró al Gobierno albanés en el marco de un acuerdo de privatización de 2013. Desde que adquirió las centrales, Kurum ha reducido la plantilla en 120 personas, dejando solo 43 trabajadores. Las centrales eléctricas son la única fuente principal de empleo que existe en la región.

En abril de 2021, el Korea Democratic Pharmaceutical Union (KDPU) anunció la interposición de una demanda contra Zuellig Pharma Specialty Solutions Korea por despido improcedente.

La empresa había anunciado la implementación de un programa de jubilación anticipada para despedir a parte del personal tras haber registrado pérdidas. No obstante, pronto se supo que los miembros del personal afectados eran todos miembros del sindicato de trabajadores de la empresa que se habían declarado en huelga el 30 de octubre de 2020 a raíz de un conflicto salarial.

Aproximadamente 1.400 trabajadores y trabajadoras de la National Health Mission (NHM) de la India, entre ellos enfermeras/os, médicos asesores, médicos de homeopatía ayurvédica y personal ministerial, fueron despedidos por el Gobierno de Punjab el 10 de mayo de 2021 por negarse a poner fin a una huelga de una semana. Cerca de 3.000 trabajadores de la NHM se declararon en huelga para exigir mejores salarios y contratos indefinidos. Los trabajadores despedidos, que fueron cesados con arreglo a la Ley de gestión de desastres, procedían de siete distritos de Punjab.

A principios de 2022, Centri Group S.A., una empresa de Haití, despidió a cerca de 60 trabajadores y trabajadoras por protestar contra las prácticas salariales injustas en el sector de la confección. En enero de 2022, una coalición de sindicatos había solicitado al primer ministro que incrementara el salario mínimo en dicho sector de 500 HTG (4,80 USD) a 1.500 HTG (14,40 USD) diarios. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por la policía, que disparó gases lacrimógenos y agredió a los manifestantes con porras a las puertas de la zona franca de SONAPI, en Puerto Príncipe.

En los últimos meses, la inflación en Haití ha alcanzado el 23%. Los salarios en el sector de la confección no han variado en los últimos tres años, y los trabajadores ganan menos de una tercera parte de lo que necesitan para sobrevivir.

En Canadá, los Gobiernos federal y provincial han recurrido con frecuencia a la legislación de “vuelta al trabajo” para poner fin a las huelgas. Por ejemplo, el Gobierno federal aprobó una ley de vuelta al trabajo para poner fin a una huelga de trabajadores portuarios representados por el sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que se llevó a cabo en el Puerto de Montreal el 30 de abril de 2021. El sindicato no había podido establecer un nuevo convenio colectivo tras casi tres años de negociaciones, y convocó la huelga después de que el empleador, Maritime Employers Association, le notificara que dejaría de cumplir las disposiciones del convenio colectivo en materia de seguridad laboral y que comenzaría a imponer unilateralmente la realización de horas extraordinarias en el puerto.

Del mismo modo, a principios de noviembre de 2021, el Gobierno de Nuevo Brunswick utilizó la legislación de vuelta al trabajo contra los trabajadores y trabajadoras del sector público en huelga. Aproximadamente 22.000 miembros del CUPE de toda una serie de servicios públicos se habían declarado en huelga en la provincia. El Gobierno recurrió a la legislación de emergencia para obligar a los miembros de tres unidades de negociación del sector sanitario en huelga (CUPE 1251, CUPE 1252 y CUPE 1190) a volver al trabajo. El recurso por parte del Gobierno federal y el Gobierno de Nuevo Brunswick a la legislación de vuelta al trabajo infringe el derecho de los trabajadores a la huelga, protegido por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.

En Edmonton, Canadá, CESSCO Fabrication and Engineering Ltd., una empresa del sector del acero ha sometido a los miembros de Boilermakers Lodge 146 a un cierre patronal desde junio de 2020. Durante el último año, el empleador ha estado contratando trabajadores de reemplazo mientras recibía el Subsidio Salarial de Emergencia de Canadá, una prestación abonada por el Gobierno federal a los empleadores afectados por la pandemia, supuestamente para cubrir gastos de personal. El uso continuado de trabajadores de reemplazo ha prolongado el cierre patronal. Antes del cierre, el sindicato llevaba más de dos años y medio negociando un convenio.

En Irán, 700 trabajadores de una empresa de refinado de petróleo de Teherán fueron despedidos el 22 de junio de 2021 por participar en una serie de huelgas en el lugar de trabajo, en el marco de una huelga general que se llevó a cabo en todo Irán y que contó con la participación de cerca de 20.000 trabajadores del sector petrolero y petroquímico en 11 provincias. Numerosos trabajadores de diversos centros industriales se habían sumado a la “Campaña 1400”, para exigir mejores salarios, un aumento de los permisos y vacaciones y mejores condiciones en materia de salud y seguridad. Se trata de unas reivindicaciones de larga data que hasta ahora han sido ignoradas por la dirección y por las autoridades del régimen iraní.

El 2 de agosto de 2021, el fabricante egipcio de maquinillas de afeitar Lord International Co. despidió a 38 de los 2.000 trabajadores y trabajadoras que participaron en una huelga que dio comienzo a finales de julio de 2021 y que paralizó la producción en dos de las tres fábricas de la empresa. En un comunicado, la empresa también señaló que había sometido a parte de los trabajadores en huelga a una investigación interna.

Los trabajadores en huelga reclamaban un porcentaje mínimo de participación en beneficios y que sus contratos, prorrogables anualmente, pasaran a ser indefinidos. También exigían a la dirección garantías de que los trabajadores que protestaban no serían objeto de medidas disciplinarias ni despedidos. Pero la empresa anunció que los trabajadores identificados como “instigadores de la huelga” serían despedidos o suspendidos, y que los que fueran suspendidos podrían enfrentarse también a medidas disciplinarias y ser sometidos a una nueva investigación.

En abril de 2021, la Oficina de Correos de Argelia amenazó a los trabajadores y trabajadoras en huelga de Argel con despedirlos sin previo aviso. Los empleados de correos habían organizado una huelga de una semana para protestar por el retraso del Gobierno a la hora de cumplir sus promesas de abonarles las subvenciones y primas de incentivo que les correspondían.

Tras una huelga de 48 horas convocada por los y las docentes de Togo, que exigían que el Gobierno respetara el reembolso de su bonificación excepcional, 1.192 directores de escuela fueron rebajados de categoría. El 4 de noviembre de 2021, el ministro de Educación Primaria, Secundaria, Técnica y Artesanal emitió una orden para reemplazar a cerca de 1.000 directores de escuelas públicas y solicitar a los docentes que retomaran las clases.

Cuatro miembros del sindicato National Emancipated and Allied Workers’ Union of South Africa (NEAWUSA) fueron suspendidos el 2 de mayo de 2021 por la empresa de molienda OVK en Tweespruit, Sudáfrica, tras un mes de huelga en protesta por las condiciones inseguras en el lugar de trabajo. Los trabajadores estuvieron intentando plantear al empleador sus preocupaciones en materia de seguridad después de que se produjeran varios incidentes y lesiones graves.

En Sudáfrica, el Ayuntamiento de Steve Tshwete despidió a 500 trabajadores y trabajadoras por participar supuestamente en una huelga ilegal. Los funcionarios reclamaban la aplicación generalizada del ajuste salarial que les correspondía, y comenzaron la huelga el 21 de septiembre de 2021. El 8 de noviembre los trabajadores recibieron un ultimátum de 48 horas para reanudar su trabajo, y, al no hacerlo, se les notificó su despido. Los trabajadores fueron readmitidos una semana después, tras la intervención del sindicato SA Municipal Workers’ Union (SAMWU) y de COSATU.

En noviembre de 2021, la agencia de contratación Employment Placement and Services Namibia (EPSN) despidió a 43 trabajadores y trabajadoras que estaban en huelga desde el 12 de octubre, puesto que consideró que dicha acción era ilegal.

Los trabajadores portuarios de Liberia permanecieron sin trabajo durante siete meses después de que la dirección de APM Terminals Monrovia (APMT) suspendiera a 24 empleados y les impusiera un cierre patronal en octubre de 2020, tras llevar a cabo una acción de protesta por las condiciones laborales. Con el apoyo del sindicato Dock Workers’ Union (DOWUL), los trabajadores habían estado reclamando mejores condiciones de trabajo respecto a los permisos de vacaciones no remunerados, la jornada laboral, el seguro médico y el subsidio para alimentación.

El conflicto se prolongó durante meses, y muchos otros trabajadores apoyaron a sus compañeros suspendidos y secundaron sus reivindicaciones.

El 21 de abril de 2021, el Ministerio de Trabajo de Liberia comunicó que APMT “no había demostrado sus acusaciones contra los 24 trabajadores suspendidos” y solicitó su reincorporación inmediata, pero la empresa siguió negándose a readmitirlos. El 4 de mayo de 2021, el ministro de Justicia de Liberia envió otra carta advirtiendo a APMT que debía cumplir de forma inmediata e incondicional la decisión del Gobierno. El 7 de mayo de 2021 APMT finalmente cedió, y los trabajadores volvieron al trabajo sabiendo que el Gobierno esperaba que la empresa debía tratar de resolver todos sus problemas.

Fiat Plastik, en Serbia, intentó poner fin a una huelga de sus trabajadores y trabajadoras en la ciudad serbia de Kragujevac, obligando a los miembros del comité de huelga a tomarse un permiso remunerado en mayo de 2021 y trasladando parte de la producción de la planta de Kragujevac. Trece trabajadores que participaron en los paros laborales, incluido el comité de huelga al completo, fueron suspendidos de manera improcedente, y el comité fue objeto de un cierre patronal. La dirección retiró asimismo la maquinaria de la planta.

Las protestas habían comenzado en enero de 2021 con paros de una hora diaria tras el anuncio de un recorte salarial de 300 EUR anuales.

En junio de 2021, la Inspección de Trabajo acusó a la dirección de faltas por sus tentativas de acabar con la huelga.

En agosto, el sindicado United Trade Unions of Serbia denunció intimidaciones por parte de la Agencia de Seguridad e Información de Serbia (BIA, por sus siglas en serbio). El 11 de agosto la BIA llamó al presidente del comité de huelga para invitarle a mantener una “conversación”. El sindicato de Fiat Plastik se negó, señalando que “no le interesaba la política”, sino únicamente los asuntos sindicales.

El conflicto prosiguió. Las negociaciones con Fiat, con la mediación de la Agencia Estatal para la Resolución Pacífica de Conflictos Laborales, fracasaron en octubre. En el momento de redactar el presente informe, el conflicto seguía sin haberse resuelto.

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa de alimentación Upfield, en Portugal, convocaron una serie de paros laborales de dos horas, a lo que la empresa respondió con un despido colectivo. La huelga se convocó después de que Upfield hiciera caso omiso de las demandas de los trabajadores, que reclamaban un incremento salarial de 30 EUR mensuales. Los paros dieron comienzo el 5 de julio de 2021.

A los pocos días de la publicación del preaviso de huelga, la empresa anunció su intención de despedir a 19 trabajadores, entre ellos un miembro del comité de empresa y los tres representantes del comité de salud y seguridad en el trabajo.

Los trabajadores celebraron una reunión y programaron para el 15 de julio una acción en defensa de sus derechos. El 19 de julio convocaron una huelga de 24 horas para protestar contra el despido colectivo y exigir incrementos salariales y promociones profesionales.

La relación de Upfield con los representantes de los trabajadores se había deteriorado sistemáticamente desde que un grupo financiero norteamericano (KKR) adquirió tres años antes la empresa, propiedad de Unilever-Jerónimo Martins Lda.

En Georgia, la empresa de limpieza y gestión de residuos Tbilservice Group despidió a Irakli Baghdavadze por organizar una huelga el 6 de agosto de 2021. Sus compañeros se sumaron a él para exigir un aumento de sueldo, nuevos uniformes y un seguro médico gratuito. La huelga concluyó el 9 de agosto, después de que el Ayuntamiento de Tiflis prometiera un incremento salarial a partir de 2022, pero Irakli perdió su trabajo por haber organizado la protesta.

El 22 de mayo de 2021, Kurum International en Albania despidió a 20 mecánicos y electricistas de las centrales hidroeléctricas Ulëz y Shkopet, vulnerando su convenio colectivo que había firmado en 2019 con la federación sindical Trade Union Federation of Industrial Workers of Albania (FSPISH).

Los trabajadores organizaron protestas y piquetes diarios, y a ellos se sumaron activistas sindicales que se desplazaron de toda Albania. La empresa respondió acosando al comité sindical y suspendiendo a las personas que participaron en la huelga.

Estas centrales hidroeléctricas son dos de las cuatro centrales que la empresa Kurum Holdings, con sede en Turquía, compró al Gobierno albanés en el marco de un acuerdo de privatización de 2013. Desde que adquirió las centrales, Kurum ha reducido la plantilla en 120 personas, dejando solo 43 trabajadores. Las centrales eléctricas son la única fuente principal de empleo que existe en la región.

En abril de 2021, el Korea Democratic Pharmaceutical Union (KDPU) anunció la interposición de una demanda contra Zuellig Pharma Specialty Solutions Korea por despido improcedente.

La empresa había anunciado la implementación de un programa de jubilación anticipada para despedir a parte del personal tras haber registrado pérdidas. No obstante, pronto se supo que los miembros del personal afectados eran todos miembros del sindicato de trabajadores de la empresa que se habían declarado en huelga el 30 de octubre de 2020 a raíz de un conflicto salarial.

Aproximadamente 1.400 trabajadores y trabajadoras de la National Health Mission (NHM) de la India, entre ellos enfermeras/os, médicos asesores, médicos de homeopatía ayurvédica y personal ministerial, fueron despedidos por el Gobierno de Punjab el 10 de mayo de 2021 por negarse a poner fin a una huelga de una semana. Cerca de 3.000 trabajadores de la NHM se declararon en huelga para exigir mejores salarios y contratos indefinidos. Los trabajadores despedidos, que fueron cesados con arreglo a la Ley de gestión de desastres, procedían de siete distritos de Punjab.

A principios de 2022, Centri Group S.A., una empresa de Haití, despidió a cerca de 60 trabajadores y trabajadoras por protestar contra las prácticas salariales injustas en el sector de la confección. En enero de 2022, una coalición de sindicatos había solicitado al primer ministro que incrementara el salario mínimo en dicho sector de 500 HTG (4,80 USD) a 1.500 HTG (14,40 USD) diarios. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por la policía, que disparó gases lacrimógenos y agredió a los manifestantes con porras a las puertas de la zona franca de SONAPI, en Puerto Príncipe.

En los últimos meses, la inflación en Haití ha alcanzado el 23%. Los salarios en el sector de la confección no han variado en los últimos tres años, y los trabajadores ganan menos de una tercera parte de lo que necesitan para sobrevivir.

En Canadá, los Gobiernos federal y provincial han recurrido con frecuencia a la legislación de “vuelta al trabajo” para poner fin a las huelgas. Por ejemplo, el Gobierno federal aprobó una ley de vuelta al trabajo para poner fin a una huelga de trabajadores portuarios representados por el sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que se llevó a cabo en el Puerto de Montreal el 30 de abril de 2021. El sindicato no había podido establecer un nuevo convenio colectivo tras casi tres años de negociaciones, y convocó la huelga después de que el empleador, Maritime Employers Association, le notificara que dejaría de cumplir las disposiciones del convenio colectivo en materia de seguridad laboral y que comenzaría a imponer unilateralmente la realización de horas extraordinarias en el puerto.

Del mismo modo, a principios de noviembre de 2021, el Gobierno de Nuevo Brunswick utilizó la legislación de vuelta al trabajo contra los trabajadores y trabajadoras del sector público en huelga. Aproximadamente 22.000 miembros del CUPE de toda una serie de servicios públicos se habían declarado en huelga en la provincia. El Gobierno recurrió a la legislación de emergencia para obligar a los miembros de tres unidades de negociación del sector sanitario en huelga (CUPE 1251, CUPE 1252 y CUPE 1190) a volver al trabajo. El recurso por parte del Gobierno federal y el Gobierno de Nuevo Brunswick a la legislación de vuelta al trabajo infringe el derecho de los trabajadores a la huelga, protegido por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.

En Edmonton, Canadá, CESSCO Fabrication and Engineering Ltd., una empresa del sector del acero ha sometido a los miembros de Boilermakers Lodge 146 a un cierre patronal desde junio de 2020. Durante el último año, el empleador ha estado contratando trabajadores de reemplazo mientras recibía el Subsidio Salarial de Emergencia de Canadá, una prestación abonada por el Gobierno federal a los empleadores afectados por la pandemia, supuestamente para cubrir gastos de personal. El uso continuado de trabajadores de reemplazo ha prolongado el cierre patronal. Antes del cierre, el sindicato llevaba más de dos años y medio negociando un convenio.

En Irán, 700 trabajadores de una empresa de refinado de petróleo de Teherán fueron despedidos el 22 de junio de 2021 por participar en una serie de huelgas en el lugar de trabajo, en el marco de una huelga general que se llevó a cabo en todo Irán y que contó con la participación de cerca de 20.000 trabajadores del sector petrolero y petroquímico en 11 provincias. Numerosos trabajadores de diversos centros industriales se habían sumado a la “Campaña 1400”, para exigir mejores salarios, un aumento de los permisos y vacaciones y mejores condiciones en materia de salud y seguridad. Se trata de unas reivindicaciones de larga data que hasta ahora han sido ignoradas por la dirección y por las autoridades del régimen iraní.

El 2 de agosto de 2021, el fabricante egipcio de maquinillas de afeitar Lord International Co. despidió a 38 de los 2.000 trabajadores y trabajadoras que participaron en una huelga que dio comienzo a finales de julio de 2021 y que paralizó la producción en dos de las tres fábricas de la empresa. En un comunicado, la empresa también señaló que había sometido a parte de los trabajadores en huelga a una investigación interna.

Los trabajadores en huelga reclamaban un porcentaje mínimo de participación en beneficios y que sus contratos, prorrogables anualmente, pasaran a ser indefinidos. También exigían a la dirección garantías de que los trabajadores que protestaban no serían objeto de medidas disciplinarias ni despedidos. Pero la empresa anunció que los trabajadores identificados como “instigadores de la huelga” serían despedidos o suspendidos, y que los que fueran suspendidos podrían enfrentarse también a medidas disciplinarias y ser sometidos a una nueva investigación.

En abril de 2021, la Oficina de Correos de Argelia amenazó a los trabajadores y trabajadoras en huelga de Argel con despedirlos sin previo aviso. Los empleados de correos habían organizado una huelga de una semana para protestar por el retraso del Gobierno a la hora de cumplir sus promesas de abonarles las subvenciones y primas de incentivo que les correspondían.

Tras una huelga de 48 horas convocada por los y las docentes de Togo, que exigían que el Gobierno respetara el reembolso de su bonificación excepcional, 1.192 directores de escuela fueron rebajados de categoría. El 4 de noviembre de 2021, el ministro de Educación Primaria, Secundaria, Técnica y Artesanal emitió una orden para reemplazar a cerca de 1.000 directores de escuelas públicas y solicitar a los docentes que retomaran las clases.

Cuatro miembros del sindicato National Emancipated and Allied Workers’ Union of South Africa (NEAWUSA) fueron suspendidos el 2 de mayo de 2021 por la empresa de molienda OVK en Tweespruit, Sudáfrica, tras un mes de huelga en protesta por las condiciones inseguras en el lugar de trabajo. Los trabajadores estuvieron intentando plantear al empleador sus preocupaciones en materia de seguridad después de que se produjeran varios incidentes y lesiones graves.

En Sudáfrica, el Ayuntamiento de Steve Tshwete despidió a 500 trabajadores y trabajadoras por participar supuestamente en una huelga ilegal. Los funcionarios reclamaban la aplicación generalizada del ajuste salarial que les correspondía, y comenzaron la huelga el 21 de septiembre de 2021. El 8 de noviembre los trabajadores recibieron un ultimátum de 48 horas para reanudar su trabajo, y, al no hacerlo, se les notificó su despido. Los trabajadores fueron readmitidos una semana después, tras la intervención del sindicato SA Municipal Workers’ Union (SAMWU) y de COSATU.

En noviembre de 2021, la agencia de contratación Employment Placement and Services Namibia (EPSN) despidió a 43 trabajadores y trabajadoras que estaban en huelga desde el 12 de octubre, puesto que consideró que dicha acción era ilegal.

Los trabajadores portuarios de Liberia permanecieron sin trabajo durante siete meses después de que la dirección de APM Terminals Monrovia (APMT) suspendiera a 24 empleados y les impusiera un cierre patronal en octubre de 2020, tras llevar a cabo una acción de protesta por las condiciones laborales. Con el apoyo del sindicato Dock Workers’ Union (DOWUL), los trabajadores habían estado reclamando mejores condiciones de trabajo respecto a los permisos de vacaciones no remunerados, la jornada laboral, el seguro médico y el subsidio para alimentación.

El conflicto se prolongó durante meses, y muchos otros trabajadores apoyaron a sus compañeros suspendidos y secundaron sus reivindicaciones.

El 21 de abril de 2021, el Ministerio de Trabajo de Liberia comunicó que APMT “no había demostrado sus acusaciones contra los 24 trabajadores suspendidos” y solicitó su reincorporación inmediata, pero la empresa siguió negándose a readmitirlos. El 4 de mayo de 2021, el ministro de Justicia de Liberia envió otra carta advirtiendo a APMT que debía cumplir de forma inmediata e incondicional la decisión del Gobierno. El 7 de mayo de 2021 APMT finalmente cedió, y los trabajadores volvieron al trabajo sabiendo que el Gobierno esperaba que la empresa debía tratar de resolver todos sus problemas.

Fiat Plastik, en Serbia, intentó poner fin a una huelga de sus trabajadores y trabajadoras en la ciudad serbia de Kragujevac, obligando a los miembros del comité de huelga a tomarse un permiso remunerado en mayo de 2021 y trasladando parte de la producción de la planta de Kragujevac. Trece trabajadores que participaron en los paros laborales, incluido el comité de huelga al completo, fueron suspendidos de manera improcedente, y el comité fue objeto de un cierre patronal. La dirección retiró asimismo la maquinaria de la planta.

Las protestas habían comenzado en enero de 2021 con paros de una hora diaria tras el anuncio de un recorte salarial de 300 EUR anuales.

En junio de 2021, la Inspección de Trabajo acusó a la dirección de faltas por sus tentativas de acabar con la huelga.

En agosto, el sindicado United Trade Unions of Serbia denunció intimidaciones por parte de la Agencia de Seguridad e Información de Serbia (BIA, por sus siglas en serbio). El 11 de agosto la BIA llamó al presidente del comité de huelga para invitarle a mantener una “conversación”. El sindicato de Fiat Plastik se negó, señalando que “no le interesaba la política”, sino únicamente los asuntos sindicales.

El conflicto prosiguió. Las negociaciones con Fiat, con la mediación de la Agencia Estatal para la Resolución Pacífica de Conflictos Laborales, fracasaron en octubre. En el momento de redactar el presente informe, el conflicto seguía sin haberse resuelto.

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa de alimentación Upfield, en Portugal, convocaron una serie de paros laborales de dos horas, a lo que la empresa respondió con un despido colectivo. La huelga se convocó después de que Upfield hiciera caso omiso de las demandas de los trabajadores, que reclamaban un incremento salarial de 30 EUR mensuales. Los paros dieron comienzo el 5 de julio de 2021.

A los pocos días de la publicación del preaviso de huelga, la empresa anunció su intención de despedir a 19 trabajadores, entre ellos un miembro del comité de empresa y los tres representantes del comité de salud y seguridad en el trabajo.

Los trabajadores celebraron una reunión y programaron para el 15 de julio una acción en defensa de sus derechos. El 19 de julio convocaron una huelga de 24 horas para protestar contra el despido colectivo y exigir incrementos salariales y promociones profesionales.

La relación de Upfield con los representantes de los trabajadores se había deteriorado sistemáticamente desde que un grupo financiero norteamericano (KKR) adquirió tres años antes la empresa, propiedad de Unilever-Jerónimo Martins Lda.

En Georgia, la empresa de limpieza y gestión de residuos Tbilservice Group despidió a Irakli Baghdavadze por organizar una huelga el 6 de agosto de 2021. Sus compañeros se sumaron a él para exigir un aumento de sueldo, nuevos uniformes y un seguro médico gratuito. La huelga concluyó el 9 de agosto, después de que el Ayuntamiento de Tiflis prometiera un incremento salarial a partir de 2022, pero Irakli perdió su trabajo por haber organizado la protesta.

El 22 de mayo de 2021, Kurum International en Albania despidió a 20 mecánicos y electricistas de las centrales hidroeléctricas Ulëz y Shkopet, vulnerando su convenio colectivo que había firmado en 2019 con la federación sindical Trade Union Federation of Industrial Workers of Albania (FSPISH).

Los trabajadores organizaron protestas y piquetes diarios, y a ellos se sumaron activistas sindicales que se desplazaron de toda Albania. La empresa respondió acosando al comité sindical y suspendiendo a las personas que participaron en la huelga.

Estas centrales hidroeléctricas son dos de las cuatro centrales que la empresa Kurum Holdings, con sede en Turquía, compró al Gobierno albanés en el marco de un acuerdo de privatización de 2013. Desde que adquirió las centrales, Kurum ha reducido la plantilla en 120 personas, dejando solo 43 trabajadores. Las centrales eléctricas son la única fuente principal de empleo que existe en la región.

En abril de 2021, el Korea Democratic Pharmaceutical Union (KDPU) anunció la interposición de una demanda contra Zuellig Pharma Specialty Solutions Korea por despido improcedente.

La empresa había anunciado la implementación de un programa de jubilación anticipada para despedir a parte del personal tras haber registrado pérdidas. No obstante, pronto se supo que los miembros del personal afectados eran todos miembros del sindicato de trabajadores de la empresa que se habían declarado en huelga el 30 de octubre de 2020 a raíz de un conflicto salarial.

Aproximadamente 1.400 trabajadores y trabajadoras de la National Health Mission (NHM) de la India, entre ellos enfermeras/os, médicos asesores, médicos de homeopatía ayurvédica y personal ministerial, fueron despedidos por el Gobierno de Punjab el 10 de mayo de 2021 por negarse a poner fin a una huelga de una semana. Cerca de 3.000 trabajadores de la NHM se declararon en huelga para exigir mejores salarios y contratos indefinidos. Los trabajadores despedidos, que fueron cesados con arreglo a la Ley de gestión de desastres, procedían de siete distritos de Punjab.

A principios de 2022, Centri Group S.A., una empresa de Haití, despidió a cerca de 60 trabajadores y trabajadoras por protestar contra las prácticas salariales injustas en el sector de la confección. En enero de 2022, una coalición de sindicatos había solicitado al primer ministro que incrementara el salario mínimo en dicho sector de 500 HTG (4,80 USD) a 1.500 HTG (14,40 USD) diarios. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por la policía, que disparó gases lacrimógenos y agredió a los manifestantes con porras a las puertas de la zona franca de SONAPI, en Puerto Príncipe.

En los últimos meses, la inflación en Haití ha alcanzado el 23%. Los salarios en el sector de la confección no han variado en los últimos tres años, y los trabajadores ganan menos de una tercera parte de lo que necesitan para sobrevivir.

En Canadá, los Gobiernos federal y provincial han recurrido con frecuencia a la legislación de “vuelta al trabajo” para poner fin a las huelgas. Por ejemplo, el Gobierno federal aprobó una ley de vuelta al trabajo para poner fin a una huelga de trabajadores portuarios representados por el sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que se llevó a cabo en el Puerto de Montreal el 30 de abril de 2021. El sindicato no había podido establecer un nuevo convenio colectivo tras casi tres años de negociaciones, y convocó la huelga después de que el empleador, Maritime Employers Association, le notificara que dejaría de cumplir las disposiciones del convenio colectivo en materia de seguridad laboral y que comenzaría a imponer unilateralmente la realización de horas extraordinarias en el puerto.

Del mismo modo, a principios de noviembre de 2021, el Gobierno de Nuevo Brunswick utilizó la legislación de vuelta al trabajo contra los trabajadores y trabajadoras del sector público en huelga. Aproximadamente 22.000 miembros del CUPE de toda una serie de servicios públicos se habían declarado en huelga en la provincia. El Gobierno recurrió a la legislación de emergencia para obligar a los miembros de tres unidades de negociación del sector sanitario en huelga (CUPE 1251, CUPE 1252 y CUPE 1190) a volver al trabajo. El recurso por parte del Gobierno federal y el Gobierno de Nuevo Brunswick a la legislación de vuelta al trabajo infringe el derecho de los trabajadores a la huelga, protegido por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.

En Edmonton, Canadá, CESSCO Fabrication and Engineering Ltd., una empresa del sector del acero ha sometido a los miembros de Boilermakers Lodge 146 a un cierre patronal desde junio de 2020. Durante el último año, el empleador ha estado contratando trabajadores de reemplazo mientras recibía el Subsidio Salarial de Emergencia de Canadá, una prestación abonada por el Gobierno federal a los empleadores afectados por la pandemia, supuestamente para cubrir gastos de personal. El uso continuado de trabajadores de reemplazo ha prolongado el cierre patronal. Antes del cierre, el sindicato llevaba más de dos años y medio negociando un convenio.

En Irán, 700 trabajadores de una empresa de refinado de petróleo de Teherán fueron despedidos el 22 de junio de 2021 por participar en una serie de huelgas en el lugar de trabajo, en el marco de una huelga general que se llevó a cabo en todo Irán y que contó con la participación de cerca de 20.000 trabajadores del sector petrolero y petroquímico en 11 provincias. Numerosos trabajadores de diversos centros industriales se habían sumado a la “Campaña 1400”, para exigir mejores salarios, un aumento de los permisos y vacaciones y mejores condiciones en materia de salud y seguridad. Se trata de unas reivindicaciones de larga data que hasta ahora han sido ignoradas por la dirección y por las autoridades del régimen iraní.

El 2 de agosto de 2021, el fabricante egipcio de maquinillas de afeitar Lord International Co. despidió a 38 de los 2.000 trabajadores y trabajadoras que participaron en una huelga que dio comienzo a finales de julio de 2021 y que paralizó la producción en dos de las tres fábricas de la empresa. En un comunicado, la empresa también señaló que había sometido a parte de los trabajadores en huelga a una investigación interna.

Los trabajadores en huelga reclamaban un porcentaje mínimo de participación en beneficios y que sus contratos, prorrogables anualmente, pasaran a ser indefinidos. También exigían a la dirección garantías de que los trabajadores que protestaban no serían objeto de medidas disciplinarias ni despedidos. Pero la empresa anunció que los trabajadores identificados como “instigadores de la huelga” serían despedidos o suspendidos, y que los que fueran suspendidos podrían enfrentarse también a medidas disciplinarias y ser sometidos a una nueva investigación.

En abril de 2021, la Oficina de Correos de Argelia amenazó a los trabajadores y trabajadoras en huelga de Argel con despedirlos sin previo aviso. Los empleados de correos habían organizado una huelga de una semana para protestar por el retraso del Gobierno a la hora de cumplir sus promesas de abonarles las subvenciones y primas de incentivo que les correspondían.

Tras una huelga de 48 horas convocada por los y las docentes de Togo, que exigían que el Gobierno respetara el reembolso de su bonificación excepcional, 1.192 directores de escuela fueron rebajados de categoría. El 4 de noviembre de 2021, el ministro de Educación Primaria, Secundaria, Técnica y Artesanal emitió una orden para reemplazar a cerca de 1.000 directores de escuelas públicas y solicitar a los docentes que retomaran las clases.

Cuatro miembros del sindicato National Emancipated and Allied Workers’ Union of South Africa (NEAWUSA) fueron suspendidos el 2 de mayo de 2021 por la empresa de molienda OVK en Tweespruit, Sudáfrica, tras un mes de huelga en protesta por las condiciones inseguras en el lugar de trabajo. Los trabajadores estuvieron intentando plantear al empleador sus preocupaciones en materia de seguridad después de que se produjeran varios incidentes y lesiones graves.

En Sudáfrica, el Ayuntamiento de Steve Tshwete despidió a 500 trabajadores y trabajadoras por participar supuestamente en una huelga ilegal. Los funcionarios reclamaban la aplicación generalizada del ajuste salarial que les correspondía, y comenzaron la huelga el 21 de septiembre de 2021. El 8 de noviembre los trabajadores recibieron un ultimátum de 48 horas para reanudar su trabajo, y, al no hacerlo, se les notificó su despido. Los trabajadores fueron readmitidos una semana después, tras la intervención del sindicato SA Municipal Workers’ Union (SAMWU) y de COSATU.

En noviembre de 2021, la agencia de contratación Employment Placement and Services Namibia (EPSN) despidió a 43 trabajadores y trabajadoras que estaban en huelga desde el 12 de octubre, puesto que consideró que dicha acción era ilegal.

Los trabajadores portuarios de Liberia permanecieron sin trabajo durante siete meses después de que la dirección de APM Terminals Monrovia (APMT) suspendiera a 24 empleados y les impusiera un cierre patronal en octubre de 2020, tras llevar a cabo una acción de protesta por las condiciones laborales. Con el apoyo del sindicato Dock Workers’ Union (DOWUL), los trabajadores habían estado reclamando mejores condiciones de trabajo respecto a los permisos de vacaciones no remunerados, la jornada laboral, el seguro médico y el subsidio para alimentación.

El conflicto se prolongó durante meses, y muchos otros trabajadores apoyaron a sus compañeros suspendidos y secundaron sus reivindicaciones.

El 21 de abril de 2021, el Ministerio de Trabajo de Liberia comunicó que APMT “no había demostrado sus acusaciones contra los 24 trabajadores suspendidos” y solicitó su reincorporación inmediata, pero la empresa siguió negándose a readmitirlos. El 4 de mayo de 2021, el ministro de Justicia de Liberia envió otra carta advirtiendo a APMT que debía cumplir de forma inmediata e incondicional la decisión del Gobierno. El 7 de mayo de 2021 APMT finalmente cedió, y los trabajadores volvieron al trabajo sabiendo que el Gobierno esperaba que la empresa debía tratar de resolver todos sus problemas.

Fiat Plastik, en Serbia, intentó poner fin a una huelga de sus trabajadores y trabajadoras en la ciudad serbia de Kragujevac, obligando a los miembros del comité de huelga a tomarse un permiso remunerado en mayo de 2021 y trasladando parte de la producción de la planta de Kragujevac. Trece trabajadores que participaron en los paros laborales, incluido el comité de huelga al completo, fueron suspendidos de manera improcedente, y el comité fue objeto de un cierre patronal. La dirección retiró asimismo la maquinaria de la planta.

Las protestas habían comenzado en enero de 2021 con paros de una hora diaria tras el anuncio de un recorte salarial de 300 EUR anuales.

En junio de 2021, la Inspección de Trabajo acusó a la dirección de faltas por sus tentativas de acabar con la huelga.

En agosto, el sindicado United Trade Unions of Serbia denunció intimidaciones por parte de la Agencia de Seguridad e Información de Serbia (BIA, por sus siglas en serbio). El 11 de agosto la BIA llamó al presidente del comité de huelga para invitarle a mantener una “conversación”. El sindicato de Fiat Plastik se negó, señalando que “no le interesaba la política”, sino únicamente los asuntos sindicales.

El conflicto prosiguió. Las negociaciones con Fiat, con la mediación de la Agencia Estatal para la Resolución Pacífica de Conflictos Laborales, fracasaron en octubre. En el momento de redactar el presente informe, el conflicto seguía sin haberse resuelto.

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa de alimentación Upfield, en Portugal, convocaron una serie de paros laborales de dos horas, a lo que la empresa respondió con un despido colectivo. La huelga se convocó después de que Upfield hiciera caso omiso de las demandas de los trabajadores, que reclamaban un incremento salarial de 30 EUR mensuales. Los paros dieron comienzo el 5 de julio de 2021.

A los pocos días de la publicación del preaviso de huelga, la empresa anunció su intención de despedir a 19 trabajadores, entre ellos un miembro del comité de empresa y los tres representantes del comité de salud y seguridad en el trabajo.

Los trabajadores celebraron una reunión y programaron para el 15 de julio una acción en defensa de sus derechos. El 19 de julio convocaron una huelga de 24 horas para protestar contra el despido colectivo y exigir incrementos salariales y promociones profesionales.

La relación de Upfield con los representantes de los trabajadores se había deteriorado sistemáticamente desde que un grupo financiero norteamericano (KKR) adquirió tres años antes la empresa, propiedad de Unilever-Jerónimo Martins Lda.

En Georgia, la empresa de limpieza y gestión de residuos Tbilservice Group despidió a Irakli Baghdavadze por organizar una huelga el 6 de agosto de 2021. Sus compañeros se sumaron a él para exigir un aumento de sueldo, nuevos uniformes y un seguro médico gratuito. La huelga concluyó el 9 de agosto, después de que el Ayuntamiento de Tiflis prometiera un incremento salarial a partir de 2022, pero Irakli perdió su trabajo por haber organizado la protesta.

El 22 de mayo de 2021, Kurum International en Albania despidió a 20 mecánicos y electricistas de las centrales hidroeléctricas Ulëz y Shkopet, vulnerando su convenio colectivo que había firmado en 2019 con la federación sindical Trade Union Federation of Industrial Workers of Albania (FSPISH).

Los trabajadores organizaron protestas y piquetes diarios, y a ellos se sumaron activistas sindicales que se desplazaron de toda Albania. La empresa respondió acosando al comité sindical y suspendiendo a las personas que participaron en la huelga.

Estas centrales hidroeléctricas son dos de las cuatro centrales que la empresa Kurum Holdings, con sede en Turquía, compró al Gobierno albanés en el marco de un acuerdo de privatización de 2013. Desde que adquirió las centrales, Kurum ha reducido la plantilla en 120 personas, dejando solo 43 trabajadores. Las centrales eléctricas son la única fuente principal de empleo que existe en la región.

En abril de 2021, el Korea Democratic Pharmaceutical Union (KDPU) anunció la interposición de una demanda contra Zuellig Pharma Specialty Solutions Korea por despido improcedente.

La empresa había anunciado la implementación de un programa de jubilación anticipada para despedir a parte del personal tras haber registrado pérdidas. No obstante, pronto se supo que los miembros del personal afectados eran todos miembros del sindicato de trabajadores de la empresa que se habían declarado en huelga el 30 de octubre de 2020 a raíz de un conflicto salarial.

Aproximadamente 1.400 trabajadores y trabajadoras de la National Health Mission (NHM) de la India, entre ellos enfermeras/os, médicos asesores, médicos de homeopatía ayurvédica y personal ministerial, fueron despedidos por el Gobierno de Punjab el 10 de mayo de 2021 por negarse a poner fin a una huelga de una semana. Cerca de 3.000 trabajadores de la NHM se declararon en huelga para exigir mejores salarios y contratos indefinidos. Los trabajadores despedidos, que fueron cesados con arreglo a la Ley de gestión de desastres, procedían de siete distritos de Punjab.

A principios de 2022, Centri Group S.A., una empresa de Haití, despidió a cerca de 60 trabajadores y trabajadoras por protestar contra las prácticas salariales injustas en el sector de la confección. En enero de 2022, una coalición de sindicatos había solicitado al primer ministro que incrementara el salario mínimo en dicho sector de 500 HTG (4,80 USD) a 1.500 HTG (14,40 USD) diarios. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por la policía, que disparó gases lacrimógenos y agredió a los manifestantes con porras a las puertas de la zona franca de SONAPI, en Puerto Príncipe.

En los últimos meses, la inflación en Haití ha alcanzado el 23%. Los salarios en el sector de la confección no han variado en los últimos tres años, y los trabajadores ganan menos de una tercera parte de lo que necesitan para sobrevivir.

En Canadá, los Gobiernos federal y provincial han recurrido con frecuencia a la legislación de “vuelta al trabajo” para poner fin a las huelgas. Por ejemplo, el Gobierno federal aprobó una ley de vuelta al trabajo para poner fin a una huelga de trabajadores portuarios representados por el sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que se llevó a cabo en el Puerto de Montreal el 30 de abril de 2021. El sindicato no había podido establecer un nuevo convenio colectivo tras casi tres años de negociaciones, y convocó la huelga después de que el empleador, Maritime Employers Association, le notificara que dejaría de cumplir las disposiciones del convenio colectivo en materia de seguridad laboral y que comenzaría a imponer unilateralmente la realización de horas extraordinarias en el puerto.

Del mismo modo, a principios de noviembre de 2021, el Gobierno de Nuevo Brunswick utilizó la legislación de vuelta al trabajo contra los trabajadores y trabajadoras del sector público en huelga. Aproximadamente 22.000 miembros del CUPE de toda una serie de servicios públicos se habían declarado en huelga en la provincia. El Gobierno recurrió a la legislación de emergencia para obligar a los miembros de tres unidades de negociación del sector sanitario en huelga (CUPE 1251, CUPE 1252 y CUPE 1190) a volver al trabajo. El recurso por parte del Gobierno federal y el Gobierno de Nuevo Brunswick a la legislación de vuelta al trabajo infringe el derecho de los trabajadores a la huelga, protegido por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.

En Edmonton, Canadá, CESSCO Fabrication and Engineering Ltd., una empresa del sector del acero ha sometido a los miembros de Boilermakers Lodge 146 a un cierre patronal desde junio de 2020. Durante el último año, el empleador ha estado contratando trabajadores de reemplazo mientras recibía el Subsidio Salarial de Emergencia de Canadá, una prestación abonada por el Gobierno federal a los empleadores afectados por la pandemia, supuestamente para cubrir gastos de personal. El uso continuado de trabajadores de reemplazo ha prolongado el cierre patronal. Antes del cierre, el sindicato llevaba más de dos años y medio negociando un convenio.

En Irán, 700 trabajadores de una empresa de refinado de petróleo de Teherán fueron despedidos el 22 de junio de 2021 por participar en una serie de huelgas en el lugar de trabajo, en el marco de una huelga general que se llevó a cabo en todo Irán y que contó con la participación de cerca de 20.000 trabajadores del sector petrolero y petroquímico en 11 provincias. Numerosos trabajadores de diversos centros industriales se habían sumado a la “Campaña 1400”, para exigir mejores salarios, un aumento de los permisos y vacaciones y mejores condiciones en materia de salud y seguridad. Se trata de unas reivindicaciones de larga data que hasta ahora han sido ignoradas por la dirección y por las autoridades del régimen iraní.

El 2 de agosto de 2021, el fabricante egipcio de maquinillas de afeitar Lord International Co. despidió a 38 de los 2.000 trabajadores y trabajadoras que participaron en una huelga que dio comienzo a finales de julio de 2021 y que paralizó la producción en dos de las tres fábricas de la empresa. En un comunicado, la empresa también señaló que había sometido a parte de los trabajadores en huelga a una investigación interna.

Los trabajadores en huelga reclamaban un porcentaje mínimo de participación en beneficios y que sus contratos, prorrogables anualmente, pasaran a ser indefinidos. También exigían a la dirección garantías de que los trabajadores que protestaban no serían objeto de medidas disciplinarias ni despedidos. Pero la empresa anunció que los trabajadores identificados como “instigadores de la huelga” serían despedidos o suspendidos, y que los que fueran suspendidos podrían enfrentarse también a medidas disciplinarias y ser sometidos a una nueva investigación.

En abril de 2021, la Oficina de Correos de Argelia amenazó a los trabajadores y trabajadoras en huelga de Argel con despedirlos sin previo aviso. Los empleados de correos habían organizado una huelga de una semana para protestar por el retraso del Gobierno a la hora de cumplir sus promesas de abonarles las subvenciones y primas de incentivo que les correspondían.

Tras una huelga de 48 horas convocada por los y las docentes de Togo, que exigían que el Gobierno respetara el reembolso de su bonificación excepcional, 1.192 directores de escuela fueron rebajados de categoría. El 4 de noviembre de 2021, el ministro de Educación Primaria, Secundaria, Técnica y Artesanal emitió una orden para reemplazar a cerca de 1.000 directores de escuelas públicas y solicitar a los docentes que retomaran las clases.

Cuatro miembros del sindicato National Emancipated and Allied Workers’ Union of South Africa (NEAWUSA) fueron suspendidos el 2 de mayo de 2021 por la empresa de molienda OVK en Tweespruit, Sudáfrica, tras un mes de huelga en protesta por las condiciones inseguras en el lugar de trabajo. Los trabajadores estuvieron intentando plantear al empleador sus preocupaciones en materia de seguridad después de que se produjeran varios incidentes y lesiones graves.

En Sudáfrica, el Ayuntamiento de Steve Tshwete despidió a 500 trabajadores y trabajadoras por participar supuestamente en una huelga ilegal. Los funcionarios reclamaban la aplicación generalizada del ajuste salarial que les correspondía, y comenzaron la huelga el 21 de septiembre de 2021. El 8 de noviembre los trabajadores recibieron un ultimátum de 48 horas para reanudar su trabajo, y, al no hacerlo, se les notificó su despido. Los trabajadores fueron readmitidos una semana después, tras la intervención del sindicato SA Municipal Workers’ Union (SAMWU) y de COSATU.

En noviembre de 2021, la agencia de contratación Employment Placement and Services Namibia (EPSN) despidió a 43 trabajadores y trabajadoras que estaban en huelga desde el 12 de octubre, puesto que consideró que dicha acción era ilegal.

Los trabajadores portuarios de Liberia permanecieron sin trabajo durante siete meses después de que la dirección de APM Terminals Monrovia (APMT) suspendiera a 24 empleados y les impusiera un cierre patronal en octubre de 2020, tras llevar a cabo una acción de protesta por las condiciones laborales. Con el apoyo del sindicato Dock Workers’ Union (DOWUL), los trabajadores habían estado reclamando mejores condiciones de trabajo respecto a los permisos de vacaciones no remunerados, la jornada laboral, el seguro médico y el subsidio para alimentación.

El conflicto se prolongó durante meses, y muchos otros trabajadores apoyaron a sus compañeros suspendidos y secundaron sus reivindicaciones.

El 21 de abril de 2021, el Ministerio de Trabajo de Liberia comunicó que APMT “no había demostrado sus acusaciones contra los 24 trabajadores suspendidos” y solicitó su reincorporación inmediata, pero la empresa siguió negándose a readmitirlos. El 4 de mayo de 2021, el ministro de Justicia de Liberia envió otra carta advirtiendo a APMT que debía cumplir de forma inmediata e incondicional la decisión del Gobierno. El 7 de mayo de 2021 APMT finalmente cedió, y los trabajadores volvieron al trabajo sabiendo que el Gobierno esperaba que la empresa debía tratar de resolver todos sus problemas.

Fiat Plastik, en Serbia, intentó poner fin a una huelga de sus trabajadores y trabajadoras en la ciudad serbia de Kragujevac, obligando a los miembros del comité de huelga a tomarse un permiso remunerado en mayo de 2021 y trasladando parte de la producción de la planta de Kragujevac. Trece trabajadores que participaron en los paros laborales, incluido el comité de huelga al completo, fueron suspendidos de manera improcedente, y el comité fue objeto de un cierre patronal. La dirección retiró asimismo la maquinaria de la planta.

Las protestas habían comenzado en enero de 2021 con paros de una hora diaria tras el anuncio de un recorte salarial de 300 EUR anuales.

En junio de 2021, la Inspección de Trabajo acusó a la dirección de faltas por sus tentativas de acabar con la huelga.

En agosto, el sindicado United Trade Unions of Serbia denunció intimidaciones por parte de la Agencia de Seguridad e Información de Serbia (BIA, por sus siglas en serbio). El 11 de agosto la BIA llamó al presidente del comité de huelga para invitarle a mantener una “conversación”. El sindicato de Fiat Plastik se negó, señalando que “no le interesaba la política”, sino únicamente los asuntos sindicales.

El conflicto prosiguió. Las negociaciones con Fiat, con la mediación de la Agencia Estatal para la Resolución Pacífica de Conflictos Laborales, fracasaron en octubre. En el momento de redactar el presente informe, el conflicto seguía sin haberse resuelto.

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa de alimentación Upfield, en Portugal, convocaron una serie de paros laborales de dos horas, a lo que la empresa respondió con un despido colectivo. La huelga se convocó después de que Upfield hiciera caso omiso de las demandas de los trabajadores, que reclamaban un incremento salarial de 30 EUR mensuales. Los paros dieron comienzo el 5 de julio de 2021.

A los pocos días de la publicación del preaviso de huelga, la empresa anunció su intención de despedir a 19 trabajadores, entre ellos un miembro del comité de empresa y los tres representantes del comité de salud y seguridad en el trabajo.

Los trabajadores celebraron una reunión y programaron para el 15 de julio una acción en defensa de sus derechos. El 19 de julio convocaron una huelga de 24 horas para protestar contra el despido colectivo y exigir incrementos salariales y promociones profesionales.

La relación de Upfield con los representantes de los trabajadores se había deteriorado sistemáticamente desde que un grupo financiero norteamericano (KKR) adquirió tres años antes la empresa, propiedad de Unilever-Jerónimo Martins Lda.

En Georgia, la empresa de limpieza y gestión de residuos Tbilservice Group despidió a Irakli Baghdavadze por organizar una huelga el 6 de agosto de 2021. Sus compañeros se sumaron a él para exigir un aumento de sueldo, nuevos uniformes y un seguro médico gratuito. La huelga concluyó el 9 de agosto, después de que el Ayuntamiento de Tiflis prometiera un incremento salarial a partir de 2022, pero Irakli perdió su trabajo por haber organizado la protesta.

El 22 de mayo de 2021, Kurum International en Albania despidió a 20 mecánicos y electricistas de las centrales hidroeléctricas Ulëz y Shkopet, vulnerando su convenio colectivo que había firmado en 2019 con la federación sindical Trade Union Federation of Industrial Workers of Albania (FSPISH).

Los trabajadores organizaron protestas y piquetes diarios, y a ellos se sumaron activistas sindicales que se desplazaron de toda Albania. La empresa respondió acosando al comité sindical y suspendiendo a las personas que participaron en la huelga.

Estas centrales hidroeléctricas son dos de las cuatro centrales que la empresa Kurum Holdings, con sede en Turquía, compró al Gobierno albanés en el marco de un acuerdo de privatización de 2013. Desde que adquirió las centrales, Kurum ha reducido la plantilla en 120 personas, dejando solo 43 trabajadores. Las centrales eléctricas son la única fuente principal de empleo que existe en la región.

En abril de 2021, el Korea Democratic Pharmaceutical Union (KDPU) anunció la interposición de una demanda contra Zuellig Pharma Specialty Solutions Korea por despido improcedente.

La empresa había anunciado la implementación de un programa de jubilación anticipada para despedir a parte del personal tras haber registrado pérdidas. No obstante, pronto se supo que los miembros del personal afectados eran todos miembros del sindicato de trabajadores de la empresa que se habían declarado en huelga el 30 de octubre de 2020 a raíz de un conflicto salarial.

Aproximadamente 1.400 trabajadores y trabajadoras de la National Health Mission (NHM) de la India, entre ellos enfermeras/os, médicos asesores, médicos de homeopatía ayurvédica y personal ministerial, fueron despedidos por el Gobierno de Punjab el 10 de mayo de 2021 por negarse a poner fin a una huelga de una semana. Cerca de 3.000 trabajadores de la NHM se declararon en huelga para exigir mejores salarios y contratos indefinidos. Los trabajadores despedidos, que fueron cesados con arreglo a la Ley de gestión de desastres, procedían de siete distritos de Punjab.

A principios de 2022, Centri Group S.A., una empresa de Haití, despidió a cerca de 60 trabajadores y trabajadoras por protestar contra las prácticas salariales injustas en el sector de la confección. En enero de 2022, una coalición de sindicatos había solicitado al primer ministro que incrementara el salario mínimo en dicho sector de 500 HTG (4,80 USD) a 1.500 HTG (14,40 USD) diarios. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por la policía, que disparó gases lacrimógenos y agredió a los manifestantes con porras a las puertas de la zona franca de SONAPI, en Puerto Príncipe.

En los últimos meses, la inflación en Haití ha alcanzado el 23%. Los salarios en el sector de la confección no han variado en los últimos tres años, y los trabajadores ganan menos de una tercera parte de lo que necesitan para sobrevivir.

En Canadá, los Gobiernos federal y provincial han recurrido con frecuencia a la legislación de “vuelta al trabajo” para poner fin a las huelgas. Por ejemplo, el Gobierno federal aprobó una ley de vuelta al trabajo para poner fin a una huelga de trabajadores portuarios representados por el sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que se llevó a cabo en el Puerto de Montreal el 30 de abril de 2021. El sindicato no había podido establecer un nuevo convenio colectivo tras casi tres años de negociaciones, y convocó la huelga después de que el empleador, Maritime Employers Association, le notificara que dejaría de cumplir las disposiciones del convenio colectivo en materia de seguridad laboral y que comenzaría a imponer unilateralmente la realización de horas extraordinarias en el puerto.

Del mismo modo, a principios de noviembre de 2021, el Gobierno de Nuevo Brunswick utilizó la legislación de vuelta al trabajo contra los trabajadores y trabajadoras del sector público en huelga. Aproximadamente 22.000 miembros del CUPE de toda una serie de servicios públicos se habían declarado en huelga en la provincia. El Gobierno recurrió a la legislación de emergencia para obligar a los miembros de tres unidades de negociación del sector sanitario en huelga (CUPE 1251, CUPE 1252 y CUPE 1190) a volver al trabajo. El recurso por parte del Gobierno federal y el Gobierno de Nuevo Brunswick a la legislación de vuelta al trabajo infringe el derecho de los trabajadores a la huelga, protegido por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.

En Edmonton, Canadá, CESSCO Fabrication and Engineering Ltd., una empresa del sector del acero ha sometido a los miembros de Boilermakers Lodge 146 a un cierre patronal desde junio de 2020. Durante el último año, el empleador ha estado contratando trabajadores de reemplazo mientras recibía el Subsidio Salarial de Emergencia de Canadá, una prestación abonada por el Gobierno federal a los empleadores afectados por la pandemia, supuestamente para cubrir gastos de personal. El uso continuado de trabajadores de reemplazo ha prolongado el cierre patronal. Antes del cierre, el sindicato llevaba más de dos años y medio negociando un convenio.

En Irán, 700 trabajadores de una empresa de refinado de petróleo de Teherán fueron despedidos el 22 de junio de 2021 por participar en una serie de huelgas en el lugar de trabajo, en el marco de una huelga general que se llevó a cabo en todo Irán y que contó con la participación de cerca de 20.000 trabajadores del sector petrolero y petroquímico en 11 provincias. Numerosos trabajadores de diversos centros industriales se habían sumado a la “Campaña 1400”, para exigir mejores salarios, un aumento de los permisos y vacaciones y mejores condiciones en materia de salud y seguridad. Se trata de unas reivindicaciones de larga data que hasta ahora han sido ignoradas por la dirección y por las autoridades del régimen iraní.

El 2 de agosto de 2021, el fabricante egipcio de maquinillas de afeitar Lord International Co. despidió a 38 de los 2.000 trabajadores y trabajadoras que participaron en una huelga que dio comienzo a finales de julio de 2021 y que paralizó la producción en dos de las tres fábricas de la empresa. En un comunicado, la empresa también señaló que había sometido a parte de los trabajadores en huelga a una investigación interna.

Los trabajadores en huelga reclamaban un porcentaje mínimo de participación en beneficios y que sus contratos, prorrogables anualmente, pasaran a ser indefinidos. También exigían a la dirección garantías de que los trabajadores que protestaban no serían objeto de medidas disciplinarias ni despedidos. Pero la empresa anunció que los trabajadores identificados como “instigadores de la huelga” serían despedidos o suspendidos, y que los que fueran suspendidos podrían enfrentarse también a medidas disciplinarias y ser sometidos a una nueva investigación.

En abril de 2021, la Oficina de Correos de Argelia amenazó a los trabajadores y trabajadoras en huelga de Argel con despedirlos sin previo aviso. Los empleados de correos habían organizado una huelga de una semana para protestar por el retraso del Gobierno a la hora de cumplir sus promesas de abonarles las subvenciones y primas de incentivo que les correspondían.

Tras una huelga de 48 horas convocada por los y las docentes de Togo, que exigían que el Gobierno respetara el reembolso de su bonificación excepcional, 1.192 directores de escuela fueron rebajados de categoría. El 4 de noviembre de 2021, el ministro de Educación Primaria, Secundaria, Técnica y Artesanal emitió una orden para reemplazar a cerca de 1.000 directores de escuelas públicas y solicitar a los docentes que retomaran las clases.

Cuatro miembros del sindicato National Emancipated and Allied Workers’ Union of South Africa (NEAWUSA) fueron suspendidos el 2 de mayo de 2021 por la empresa de molienda OVK en Tweespruit, Sudáfrica, tras un mes de huelga en protesta por las condiciones inseguras en el lugar de trabajo. Los trabajadores estuvieron intentando plantear al empleador sus preocupaciones en materia de seguridad después de que se produjeran varios incidentes y lesiones graves.

En Sudáfrica, el Ayuntamiento de Steve Tshwete despidió a 500 trabajadores y trabajadoras por participar supuestamente en una huelga ilegal. Los funcionarios reclamaban la aplicación generalizada del ajuste salarial que les correspondía, y comenzaron la huelga el 21 de septiembre de 2021. El 8 de noviembre los trabajadores recibieron un ultimátum de 48 horas para reanudar su trabajo, y, al no hacerlo, se les notificó su despido. Los trabajadores fueron readmitidos una semana después, tras la intervención del sindicato SA Municipal Workers’ Union (SAMWU) y de COSATU.

En noviembre de 2021, la agencia de contratación Employment Placement and Services Namibia (EPSN) despidió a 43 trabajadores y trabajadoras que estaban en huelga desde el 12 de octubre, puesto que consideró que dicha acción era ilegal.

Los trabajadores portuarios de Liberia permanecieron sin trabajo durante siete meses después de que la dirección de APM Terminals Monrovia (APMT) suspendiera a 24 empleados y les impusiera un cierre patronal en octubre de 2020, tras llevar a cabo una acción de protesta por las condiciones laborales. Con el apoyo del sindicato Dock Workers’ Union (DOWUL), los trabajadores habían estado reclamando mejores condiciones de trabajo respecto a los permisos de vacaciones no remunerados, la jornada laboral, el seguro médico y el subsidio para alimentación.

El conflicto se prolongó durante meses, y muchos otros trabajadores apoyaron a sus compañeros suspendidos y secundaron sus reivindicaciones.

El 21 de abril de 2021, el Ministerio de Trabajo de Liberia comunicó que APMT “no había demostrado sus acusaciones contra los 24 trabajadores suspendidos” y solicitó su reincorporación inmediata, pero la empresa siguió negándose a readmitirlos. El 4 de mayo de 2021, el ministro de Justicia de Liberia envió otra carta advirtiendo a APMT que debía cumplir de forma inmediata e incondicional la decisión del Gobierno. El 7 de mayo de 2021 APMT finalmente cedió, y los trabajadores volvieron al trabajo sabiendo que el Gobierno esperaba que la empresa debía tratar de resolver todos sus problemas.