Derecho a la justicia

El 16 de diciembre de 2021 se cumplieron 10 años de la masacre de Zhanaozen (Kazajistán), que se produjo cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes, matando a 17 e hiriendo a más de 100 trabajadores. La violencia puso fin a una huelga de siete meses en la que participaron más de 3.000 trabajadores y trabajadoras para exigir un aumento salarial. Este caso fue objeto de un amplio examen por parte de organismos internacionales, los cuales expresaron unánimemente su preocupación por la ausencia de una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en relación con las protestas de Zhanaozen y solicitaron al Gobierno que investigara inmediatamente el caso. No obstante, hasta la fecha, el Gobierno de Kazajistán no ha respondido a las recomendaciones, y en los 10 años transcurridos desde los hechos no se ha iniciado ningún proceso ni se ha dictado ninguna condena.

Cuatro años después de los hechos, no se han producido avances en la investigación del violento ataque contra Dimitri Sinyavsky, presidente de la sección regional de Karaganda del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, que se produjo el 10 de noviembre de 2018. La falta de investigaciones y juicios efectivos contra los culpables de ataques violentos contra sindicalistas refuerzan el clima de inseguridad para las víctimas y de impunidad para los agresores, una situación sumamente perjudicial para el ejercicio de los derechos de libertad sindical en Kazajistán.

En Kazajistán, las restricciones impuestas a raíz de la sentencia judicial a la libertad de Larisa Nilolayvna Kharkova, exlíder de la Confederación de Sindicatos Independientes de la República de Kazajistán (CNTUK), expiraron el 9 de noviembre de 2021. No obstante, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos directivos en organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones no comerciales. El plazo de esta sanción, impuesta por el tribunal el 25 de julio de 2017, expira el 5 de octubre de 2022. Kharkova no pudo abrir una cuenta de liquidación en ninguno de los bancos de Kazajistán, y su cuenta bancaria personal continúa bloqueada con arreglo a las condiciones impuestas durante el examen de dicha causa penal.

De manera similar, al exactivista del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Amin Eleusinov, condenado en 2017 y eximido anticipadamente, en mayo de 2018, de cumplir una pena de cárcel, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos de liderazgo en organizaciones no gubernamentales hasta 2022.

El exlíder del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Nurbek Kushakbayev, condenado en 2017 por apelar a otras personas a sumarse a la supuesta huelga ilegal, ha cumplido su pena de cárcel. Sin embargo, no ha podido reanudar su labor sindical.

El 15 de junio de 2021, agentes del Departamento del Interior de la ciudad de Minsk realizaron un registro en el domicilio particular del vicepresidente del Free Trade Union of Belarus (SPB), Gennadiy Bykov. El 14 de julio de 2021, agentes del Departamento del Interior del distrito de Polotsk registraron el apartamento del presidente del SPB, Nikolai Sharakh. El 21 de julio de 2021, las autoridades registraron el domicilio del presidente del Comité de Auditoría del SPB, Victor Stukov.

El 26 de junio de 2021, agentes del Comité de Seguridad del Estado registraron la Oficina Regional del Belorussian Radio Electronics Workers’ Union (REPU) en Brest. El 16 de julio de 2021, agentes de las fuerzas del orden se presentaron en la sede del REPU en Minsk, rompiendo la puerta y sellando la otra. Más tarde, los agentes del orden afirmaron que estaban investigando a otra organización y que el registro no tenía nada que ver con las actividades del REPU. Era la segunda vez en seis meses que se registraba la sede del REPU en Minsk: el 16 de febrero de 2021, los servicios de seguridad del Estado ya habían registrado los locales e incautado documentos, equipos de comunicación y otros equipos. Al mismo tiempo se registraron los domicilios de varios activistas del REPU. Los agentes de seguridad afirmaron que los registros formaban parte de una investigación sobre la financiación del sindicato.

El 8 de julio de 2021 se registraron los domicilios de cuatro destacados miembros del sindicato Belarusian Independent Trade Union de la empresa JSC Naftan, en Navapolatsk, y dos de ellos fueron detenidos. Los dirigentes cuyos domicilios fueron registrados son el abogado sindicalista Aliaksandr Kapshul; la vicepresidenta de la organización de base, Jury Hashau; el vicepresidente Dzianis Hurski; y el secretario-tesorero Dzmitry Koyra. Hursky y Koyra fueron detenidos durante 72 horas y posteriormente puestos en libertad. Las autoridades alegaron que los registros y las detenciones estaban relacionadas con una causa penal en relación con los daños causados a la pintura del coche de Siarhei Brykun, que se produjeron en octubre de 2020.

En Filipinas, Rosanilla Consad, secretaria sindical de la Alliance of Concerned Teachers (ACT) for Region XIII y subdirectora del San Vicente National High School, fue detenida por una acusación falsa de intento de homicidio en abril de 2021. Sometida a un interrogatorio sin la presencia de su abogado, fue presentada en una conferencia de prensa como una funcionaria de “alto rango” del Nuevo Ejército del Pueblo, el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas.

Dodo Bheel, trabajador de Sindh Engro Coal Mining Company (SECMC) en Pakistán, fue detenido por los guardias de seguridad de la empresa durante 14 días para ser interrogado en relación con un robo de chatarra de un almacén de la empresa. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), Bheel fue torturado por los guardias y falleció a causa de las lesiones. Los trabajadores y sus familiares llevaron a cabo varias sentadas y manifestaciones tras su muerte, reclamando una investigación inmediata e imparcial. Las protestas fueron violentamente reprimidas por la policía, que atacó con porras y gases lacrimógenos e intentó detener a varios de los 150 manifestantes.

En Malasia, cinco dirigentes locales del sindicato National Union of Transport Equipment and Allied Industries Workers (NUTEAIW) seguían sin trabajo seis años después de que el fabricante de automóviles HICOM Automotive despidiera a 32 miembros del NUTEAIW por asistir en febrero de 2016 a una reunión informativa del sindicato fuera de horario laboral. La reunión informativa versaba sobre un punto muerto en la negociación colectiva, y la empresa acusó a los trabajadores de “empañar la imagen” de la empresa.

Tras las reuniones de mediación en el Departamento de Relaciones Laborales, 27 miembros del sindicato fueron readmitidos. No obstante, la empresa se negó a reincorporar a los cinco dirigentes sindicales locales restantes. Los cinco trabajadores obtuvieron por vía judicial una indemnización por despido, pero no consiguieron ser reincorporados. El NUTEAIW agotó todas las vías judiciales a escala nacional y en julio de 2021 decidió presentar una denuncia ante la OIT.

HICOM viene acumulando un notorio historial en materia de represión sindical en Malasia. En 2013, HICOM y su empresa hermana Isuzu HICOM despidieron a 18 miembros del NUTEAIW por el hecho de ejercer sus derechos sindicales.

En una parodia de justicia, el 11 de junio de 2011 el sindicalista venezolano Rodney Álvarez fue condenado a 15 años de cárcel por homicidio. A día de hoy sigue reclamando un juicio justo al tiempo que se enfrenta a circunstancias terribles en la cárcel.

Álvarez fue procesado en 2011 por el presunto asesinato del trabajador Renny Rojas durante una asamblea de trabajadores que se celebró en las instalaciones de la empresa estatal Ferrominera Orinoco de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). El objetivo de la asamblea era elegir a la comisión encargada de celebrar las elecciones del comité ejecutivo del sindicato Sintraferrominera.

El proceso abierto contra Rodney Álvarez refleja la falta de separación de poderes en el país y supone una clara denegación de justicia, con ocho interrupciones y hasta 25 audiencias preliminares, y habiendo sido Álvarez víctima de tres graves agresiones con arma blanca y arma de fuego perpetradas con total impunidad durante los más de 10 años que permaneció en prisión preventiva.

Nada en el expediente judicial confirma que Álvarez estuviera armado, cuanto menos que hubiera efectuado los disparos. El juez también desestimó todos los testigos de la defensa que habían estado presentes en el lugar de los hechos y que vieron que fue otra persona la que perpetró el asesinato. Tampoco se tuvo en cuenta la declaración del oficial de la Guardia Nacional que estaba de servicio en la empresa en aquel momento y que declaró haber detenido a la otra persona por efectuar los disparos.

En Honduras, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

En Colombia, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

En Guatemala, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

Luximun Badal y Shavindra Dinoo Sunassee, respectivamente presidente del Union of Post Office Workers Branch No. 2 y expresidente del Airports of Mauritius Limited Employees Union, siguen reclamando su reincorporación dos años después de haber sido despedidos de manera improcedente.

Badal fue despedido por Mauritius Post Ltd el 18 de junio de 2020 por una supuesta negativa a un traslado unilateral tras una serie de conflictos que se produjeron en relación a la negociación de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores y trabajadoras de correos, puesto que el convenio anterior había vencido el 31 de diciembre de 2017. Sunassee fue despedido unos días después por Airports of Mauritius Ltd tras varios intentos por parte de la dirección de modificar unilateralmente los términos de un convenio colectivo, a lo que Sundassee se oponía.

El Tribunal de Primera Instancia de Túnez anuló la decisión del Consejo Nacional de la organización Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), adoptada en Hammamet del 24 al 26 de agosto de 2020, de convocar un congreso extraordinario no electivo, alegando que los estatutos de dicha organización sindical no prevén la organización de este tipo de congresos por parte de su buró ejecutivo. Se trata de una grave injerencia judicial en el derecho de la UGTT a organizar libremente sus actividades.

Crecen las preocupaciones por la integridad de Esmail Abdi, ex secretario general del sindicato de docentes Iranian Teachers’ Trade Association (ITTA), que desde 2006 ha sido encarcelado en numerosas ocasiones por cargos falsos de “propaganda contra el Estado” y “espionaje”. En 2016 fue condenado a cinco años de cárcel por acusaciones falsas de “difusión de propaganda contra el sistema” y “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”. Para evitar su puesta en libertad, el 11 de enero de 2021, al término de su anterior condena, las autoridades iraníes ejecutaron una sentencia suspendida de diez años relacionada con un caso de 2011, encarcelándolo hasta 2031. El prolongado encarcelamiento y los malos tratos que sufre en la cárcel han afectado gravemente a su salud. Al mismo tiempo, la familia de Esmail (esposa, dos hijas y un hijo) está siendo acosada y victimizada por las fuerzas de seguridad y se considera que corre grave peligro.

Mourad Ghedia, presidente del sindicato argelino de trabajadores y trabajadoras del sector judicial SNAPAP/CGATA, fue arrestado el 5 de abril de 2021 y sometido a una orden de detención en la cárcel de El-Harrach. El día de su detención, Ghedia se presentó en la comisaría de Bab Ezzouar, en Argel, a raíz de una citación policial. Fue inmediatamente detenido y llevado ante un juez sin haber tenido acceso a un abogado. El juez le impuso una orden de detención sin explicar los motivos de su encarcelamiento. El tribunal lo condenó a una pena de seis meses con suspensión de la ejecución. Tras una gran campaña internacional y dos meses y diez días de detención, fue finalmente puesto en libertad.

Ghedia, administrativo de profesión, ya había sido suspendido de su empleo en 2012 durante casi tres años, junto con otras 57 personas, por hacer huelga. Tras las denuncias presentadas ante la OIT, Ghedia y los miembros suspendidos fueron readmitidos, y pudo volver a desempeñar sus funciones de administrativo de 2015 a 2018, cuando volvió a ser despedido sin motivo.

El 16 de diciembre de 2021 se cumplieron 10 años de la masacre de Zhanaozen (Kazajistán), que se produjo cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes, matando a 17 e hiriendo a más de 100 trabajadores. La violencia puso fin a una huelga de siete meses en la que participaron más de 3.000 trabajadores y trabajadoras para exigir un aumento salarial. Este caso fue objeto de un amplio examen por parte de organismos internacionales, los cuales expresaron unánimemente su preocupación por la ausencia de una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en relación con las protestas de Zhanaozen y solicitaron al Gobierno que investigara inmediatamente el caso. No obstante, hasta la fecha, el Gobierno de Kazajistán no ha respondido a las recomendaciones, y en los 10 años transcurridos desde los hechos no se ha iniciado ningún proceso ni se ha dictado ninguna condena.

Cuatro años después de los hechos, no se han producido avances en la investigación del violento ataque contra Dimitri Sinyavsky, presidente de la sección regional de Karaganda del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, que se produjo el 10 de noviembre de 2018. La falta de investigaciones y juicios efectivos contra los culpables de ataques violentos contra sindicalistas refuerzan el clima de inseguridad para las víctimas y de impunidad para los agresores, una situación sumamente perjudicial para el ejercicio de los derechos de libertad sindical en Kazajistán.

En Kazajistán, las restricciones impuestas a raíz de la sentencia judicial a la libertad de Larisa Nilolayvna Kharkova, exlíder de la Confederación de Sindicatos Independientes de la República de Kazajistán (CNTUK), expiraron el 9 de noviembre de 2021. No obstante, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos directivos en organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones no comerciales. El plazo de esta sanción, impuesta por el tribunal el 25 de julio de 2017, expira el 5 de octubre de 2022. Kharkova no pudo abrir una cuenta de liquidación en ninguno de los bancos de Kazajistán, y su cuenta bancaria personal continúa bloqueada con arreglo a las condiciones impuestas durante el examen de dicha causa penal.

De manera similar, al exactivista del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Amin Eleusinov, condenado en 2017 y eximido anticipadamente, en mayo de 2018, de cumplir una pena de cárcel, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos de liderazgo en organizaciones no gubernamentales hasta 2022.

El exlíder del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Nurbek Kushakbayev, condenado en 2017 por apelar a otras personas a sumarse a la supuesta huelga ilegal, ha cumplido su pena de cárcel. Sin embargo, no ha podido reanudar su labor sindical.

El 15 de junio de 2021, agentes del Departamento del Interior de la ciudad de Minsk realizaron un registro en el domicilio particular del vicepresidente del Free Trade Union of Belarus (SPB), Gennadiy Bykov. El 14 de julio de 2021, agentes del Departamento del Interior del distrito de Polotsk registraron el apartamento del presidente del SPB, Nikolai Sharakh. El 21 de julio de 2021, las autoridades registraron el domicilio del presidente del Comité de Auditoría del SPB, Victor Stukov.

El 26 de junio de 2021, agentes del Comité de Seguridad del Estado registraron la Oficina Regional del Belorussian Radio Electronics Workers’ Union (REPU) en Brest. El 16 de julio de 2021, agentes de las fuerzas del orden se presentaron en la sede del REPU en Minsk, rompiendo la puerta y sellando la otra. Más tarde, los agentes del orden afirmaron que estaban investigando a otra organización y que el registro no tenía nada que ver con las actividades del REPU. Era la segunda vez en seis meses que se registraba la sede del REPU en Minsk: el 16 de febrero de 2021, los servicios de seguridad del Estado ya habían registrado los locales e incautado documentos, equipos de comunicación y otros equipos. Al mismo tiempo se registraron los domicilios de varios activistas del REPU. Los agentes de seguridad afirmaron que los registros formaban parte de una investigación sobre la financiación del sindicato.

El 8 de julio de 2021 se registraron los domicilios de cuatro destacados miembros del sindicato Belarusian Independent Trade Union de la empresa JSC Naftan, en Navapolatsk, y dos de ellos fueron detenidos. Los dirigentes cuyos domicilios fueron registrados son el abogado sindicalista Aliaksandr Kapshul; la vicepresidenta de la organización de base, Jury Hashau; el vicepresidente Dzianis Hurski; y el secretario-tesorero Dzmitry Koyra. Hursky y Koyra fueron detenidos durante 72 horas y posteriormente puestos en libertad. Las autoridades alegaron que los registros y las detenciones estaban relacionadas con una causa penal en relación con los daños causados a la pintura del coche de Siarhei Brykun, que se produjeron en octubre de 2020.

En Filipinas, Rosanilla Consad, secretaria sindical de la Alliance of Concerned Teachers (ACT) for Region XIII y subdirectora del San Vicente National High School, fue detenida por una acusación falsa de intento de homicidio en abril de 2021. Sometida a un interrogatorio sin la presencia de su abogado, fue presentada en una conferencia de prensa como una funcionaria de “alto rango” del Nuevo Ejército del Pueblo, el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas.

Dodo Bheel, trabajador de Sindh Engro Coal Mining Company (SECMC) en Pakistán, fue detenido por los guardias de seguridad de la empresa durante 14 días para ser interrogado en relación con un robo de chatarra de un almacén de la empresa. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), Bheel fue torturado por los guardias y falleció a causa de las lesiones. Los trabajadores y sus familiares llevaron a cabo varias sentadas y manifestaciones tras su muerte, reclamando una investigación inmediata e imparcial. Las protestas fueron violentamente reprimidas por la policía, que atacó con porras y gases lacrimógenos e intentó detener a varios de los 150 manifestantes.

En Malasia, cinco dirigentes locales del sindicato National Union of Transport Equipment and Allied Industries Workers (NUTEAIW) seguían sin trabajo seis años después de que el fabricante de automóviles HICOM Automotive despidiera a 32 miembros del NUTEAIW por asistir en febrero de 2016 a una reunión informativa del sindicato fuera de horario laboral. La reunión informativa versaba sobre un punto muerto en la negociación colectiva, y la empresa acusó a los trabajadores de “empañar la imagen” de la empresa.

Tras las reuniones de mediación en el Departamento de Relaciones Laborales, 27 miembros del sindicato fueron readmitidos. No obstante, la empresa se negó a reincorporar a los cinco dirigentes sindicales locales restantes. Los cinco trabajadores obtuvieron por vía judicial una indemnización por despido, pero no consiguieron ser reincorporados. El NUTEAIW agotó todas las vías judiciales a escala nacional y en julio de 2021 decidió presentar una denuncia ante la OIT.

HICOM viene acumulando un notorio historial en materia de represión sindical en Malasia. En 2013, HICOM y su empresa hermana Isuzu HICOM despidieron a 18 miembros del NUTEAIW por el hecho de ejercer sus derechos sindicales.

En una parodia de justicia, el 11 de junio de 2011 el sindicalista venezolano Rodney Álvarez fue condenado a 15 años de cárcel por homicidio. A día de hoy sigue reclamando un juicio justo al tiempo que se enfrenta a circunstancias terribles en la cárcel.

Álvarez fue procesado en 2011 por el presunto asesinato del trabajador Renny Rojas durante una asamblea de trabajadores que se celebró en las instalaciones de la empresa estatal Ferrominera Orinoco de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). El objetivo de la asamblea era elegir a la comisión encargada de celebrar las elecciones del comité ejecutivo del sindicato Sintraferrominera.

El proceso abierto contra Rodney Álvarez refleja la falta de separación de poderes en el país y supone una clara denegación de justicia, con ocho interrupciones y hasta 25 audiencias preliminares, y habiendo sido Álvarez víctima de tres graves agresiones con arma blanca y arma de fuego perpetradas con total impunidad durante los más de 10 años que permaneció en prisión preventiva.

Nada en el expediente judicial confirma que Álvarez estuviera armado, cuanto menos que hubiera efectuado los disparos. El juez también desestimó todos los testigos de la defensa que habían estado presentes en el lugar de los hechos y que vieron que fue otra persona la que perpetró el asesinato. Tampoco se tuvo en cuenta la declaración del oficial de la Guardia Nacional que estaba de servicio en la empresa en aquel momento y que declaró haber detenido a la otra persona por efectuar los disparos.

En Honduras, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

En Colombia, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

En Guatemala, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

Luximun Badal y Shavindra Dinoo Sunassee, respectivamente presidente del Union of Post Office Workers Branch No. 2 y expresidente del Airports of Mauritius Limited Employees Union, siguen reclamando su reincorporación dos años después de haber sido despedidos de manera improcedente.

Badal fue despedido por Mauritius Post Ltd el 18 de junio de 2020 por una supuesta negativa a un traslado unilateral tras una serie de conflictos que se produjeron en relación a la negociación de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores y trabajadoras de correos, puesto que el convenio anterior había vencido el 31 de diciembre de 2017. Sunassee fue despedido unos días después por Airports of Mauritius Ltd tras varios intentos por parte de la dirección de modificar unilateralmente los términos de un convenio colectivo, a lo que Sundassee se oponía.

El Tribunal de Primera Instancia de Túnez anuló la decisión del Consejo Nacional de la organización Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), adoptada en Hammamet del 24 al 26 de agosto de 2020, de convocar un congreso extraordinario no electivo, alegando que los estatutos de dicha organización sindical no prevén la organización de este tipo de congresos por parte de su buró ejecutivo. Se trata de una grave injerencia judicial en el derecho de la UGTT a organizar libremente sus actividades.

Crecen las preocupaciones por la integridad de Esmail Abdi, ex secretario general del sindicato de docentes Iranian Teachers’ Trade Association (ITTA), que desde 2006 ha sido encarcelado en numerosas ocasiones por cargos falsos de “propaganda contra el Estado” y “espionaje”. En 2016 fue condenado a cinco años de cárcel por acusaciones falsas de “difusión de propaganda contra el sistema” y “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”. Para evitar su puesta en libertad, el 11 de enero de 2021, al término de su anterior condena, las autoridades iraníes ejecutaron una sentencia suspendida de diez años relacionada con un caso de 2011, encarcelándolo hasta 2031. El prolongado encarcelamiento y los malos tratos que sufre en la cárcel han afectado gravemente a su salud. Al mismo tiempo, la familia de Esmail (esposa, dos hijas y un hijo) está siendo acosada y victimizada por las fuerzas de seguridad y se considera que corre grave peligro.

Mourad Ghedia, presidente del sindicato argelino de trabajadores y trabajadoras del sector judicial SNAPAP/CGATA, fue arrestado el 5 de abril de 2021 y sometido a una orden de detención en la cárcel de El-Harrach. El día de su detención, Ghedia se presentó en la comisaría de Bab Ezzouar, en Argel, a raíz de una citación policial. Fue inmediatamente detenido y llevado ante un juez sin haber tenido acceso a un abogado. El juez le impuso una orden de detención sin explicar los motivos de su encarcelamiento. El tribunal lo condenó a una pena de seis meses con suspensión de la ejecución. Tras una gran campaña internacional y dos meses y diez días de detención, fue finalmente puesto en libertad.

Ghedia, administrativo de profesión, ya había sido suspendido de su empleo en 2012 durante casi tres años, junto con otras 57 personas, por hacer huelga. Tras las denuncias presentadas ante la OIT, Ghedia y los miembros suspendidos fueron readmitidos, y pudo volver a desempeñar sus funciones de administrativo de 2015 a 2018, cuando volvió a ser despedido sin motivo.

El 16 de diciembre de 2021 se cumplieron 10 años de la masacre de Zhanaozen (Kazajistán), que se produjo cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes, matando a 17 e hiriendo a más de 100 trabajadores. La violencia puso fin a una huelga de siete meses en la que participaron más de 3.000 trabajadores y trabajadoras para exigir un aumento salarial. Este caso fue objeto de un amplio examen por parte de organismos internacionales, los cuales expresaron unánimemente su preocupación por la ausencia de una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en relación con las protestas de Zhanaozen y solicitaron al Gobierno que investigara inmediatamente el caso. No obstante, hasta la fecha, el Gobierno de Kazajistán no ha respondido a las recomendaciones, y en los 10 años transcurridos desde los hechos no se ha iniciado ningún proceso ni se ha dictado ninguna condena.

Cuatro años después de los hechos, no se han producido avances en la investigación del violento ataque contra Dimitri Sinyavsky, presidente de la sección regional de Karaganda del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, que se produjo el 10 de noviembre de 2018. La falta de investigaciones y juicios efectivos contra los culpables de ataques violentos contra sindicalistas refuerzan el clima de inseguridad para las víctimas y de impunidad para los agresores, una situación sumamente perjudicial para el ejercicio de los derechos de libertad sindical en Kazajistán.

En Kazajistán, las restricciones impuestas a raíz de la sentencia judicial a la libertad de Larisa Nilolayvna Kharkova, exlíder de la Confederación de Sindicatos Independientes de la República de Kazajistán (CNTUK), expiraron el 9 de noviembre de 2021. No obstante, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos directivos en organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones no comerciales. El plazo de esta sanción, impuesta por el tribunal el 25 de julio de 2017, expira el 5 de octubre de 2022. Kharkova no pudo abrir una cuenta de liquidación en ninguno de los bancos de Kazajistán, y su cuenta bancaria personal continúa bloqueada con arreglo a las condiciones impuestas durante el examen de dicha causa penal.

De manera similar, al exactivista del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Amin Eleusinov, condenado en 2017 y eximido anticipadamente, en mayo de 2018, de cumplir una pena de cárcel, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos de liderazgo en organizaciones no gubernamentales hasta 2022.

El exlíder del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Nurbek Kushakbayev, condenado en 2017 por apelar a otras personas a sumarse a la supuesta huelga ilegal, ha cumplido su pena de cárcel. Sin embargo, no ha podido reanudar su labor sindical.

El 15 de junio de 2021, agentes del Departamento del Interior de la ciudad de Minsk realizaron un registro en el domicilio particular del vicepresidente del Free Trade Union of Belarus (SPB), Gennadiy Bykov. El 14 de julio de 2021, agentes del Departamento del Interior del distrito de Polotsk registraron el apartamento del presidente del SPB, Nikolai Sharakh. El 21 de julio de 2021, las autoridades registraron el domicilio del presidente del Comité de Auditoría del SPB, Victor Stukov.

El 26 de junio de 2021, agentes del Comité de Seguridad del Estado registraron la Oficina Regional del Belorussian Radio Electronics Workers’ Union (REPU) en Brest. El 16 de julio de 2021, agentes de las fuerzas del orden se presentaron en la sede del REPU en Minsk, rompiendo la puerta y sellando la otra. Más tarde, los agentes del orden afirmaron que estaban investigando a otra organización y que el registro no tenía nada que ver con las actividades del REPU. Era la segunda vez en seis meses que se registraba la sede del REPU en Minsk: el 16 de febrero de 2021, los servicios de seguridad del Estado ya habían registrado los locales e incautado documentos, equipos de comunicación y otros equipos. Al mismo tiempo se registraron los domicilios de varios activistas del REPU. Los agentes de seguridad afirmaron que los registros formaban parte de una investigación sobre la financiación del sindicato.

El 8 de julio de 2021 se registraron los domicilios de cuatro destacados miembros del sindicato Belarusian Independent Trade Union de la empresa JSC Naftan, en Navapolatsk, y dos de ellos fueron detenidos. Los dirigentes cuyos domicilios fueron registrados son el abogado sindicalista Aliaksandr Kapshul; la vicepresidenta de la organización de base, Jury Hashau; el vicepresidente Dzianis Hurski; y el secretario-tesorero Dzmitry Koyra. Hursky y Koyra fueron detenidos durante 72 horas y posteriormente puestos en libertad. Las autoridades alegaron que los registros y las detenciones estaban relacionadas con una causa penal en relación con los daños causados a la pintura del coche de Siarhei Brykun, que se produjeron en octubre de 2020.

En Filipinas, Rosanilla Consad, secretaria sindical de la Alliance of Concerned Teachers (ACT) for Region XIII y subdirectora del San Vicente National High School, fue detenida por una acusación falsa de intento de homicidio en abril de 2021. Sometida a un interrogatorio sin la presencia de su abogado, fue presentada en una conferencia de prensa como una funcionaria de “alto rango” del Nuevo Ejército del Pueblo, el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas.

Dodo Bheel, trabajador de Sindh Engro Coal Mining Company (SECMC) en Pakistán, fue detenido por los guardias de seguridad de la empresa durante 14 días para ser interrogado en relación con un robo de chatarra de un almacén de la empresa. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), Bheel fue torturado por los guardias y falleció a causa de las lesiones. Los trabajadores y sus familiares llevaron a cabo varias sentadas y manifestaciones tras su muerte, reclamando una investigación inmediata e imparcial. Las protestas fueron violentamente reprimidas por la policía, que atacó con porras y gases lacrimógenos e intentó detener a varios de los 150 manifestantes.

En Malasia, cinco dirigentes locales del sindicato National Union of Transport Equipment and Allied Industries Workers (NUTEAIW) seguían sin trabajo seis años después de que el fabricante de automóviles HICOM Automotive despidiera a 32 miembros del NUTEAIW por asistir en febrero de 2016 a una reunión informativa del sindicato fuera de horario laboral. La reunión informativa versaba sobre un punto muerto en la negociación colectiva, y la empresa acusó a los trabajadores de “empañar la imagen” de la empresa.

Tras las reuniones de mediación en el Departamento de Relaciones Laborales, 27 miembros del sindicato fueron readmitidos. No obstante, la empresa se negó a reincorporar a los cinco dirigentes sindicales locales restantes. Los cinco trabajadores obtuvieron por vía judicial una indemnización por despido, pero no consiguieron ser reincorporados. El NUTEAIW agotó todas las vías judiciales a escala nacional y en julio de 2021 decidió presentar una denuncia ante la OIT.

HICOM viene acumulando un notorio historial en materia de represión sindical en Malasia. En 2013, HICOM y su empresa hermana Isuzu HICOM despidieron a 18 miembros del NUTEAIW por el hecho de ejercer sus derechos sindicales.

En una parodia de justicia, el 11 de junio de 2011 el sindicalista venezolano Rodney Álvarez fue condenado a 15 años de cárcel por homicidio. A día de hoy sigue reclamando un juicio justo al tiempo que se enfrenta a circunstancias terribles en la cárcel.

Álvarez fue procesado en 2011 por el presunto asesinato del trabajador Renny Rojas durante una asamblea de trabajadores que se celebró en las instalaciones de la empresa estatal Ferrominera Orinoco de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). El objetivo de la asamblea era elegir a la comisión encargada de celebrar las elecciones del comité ejecutivo del sindicato Sintraferrominera.

El proceso abierto contra Rodney Álvarez refleja la falta de separación de poderes en el país y supone una clara denegación de justicia, con ocho interrupciones y hasta 25 audiencias preliminares, y habiendo sido Álvarez víctima de tres graves agresiones con arma blanca y arma de fuego perpetradas con total impunidad durante los más de 10 años que permaneció en prisión preventiva.

Nada en el expediente judicial confirma que Álvarez estuviera armado, cuanto menos que hubiera efectuado los disparos. El juez también desestimó todos los testigos de la defensa que habían estado presentes en el lugar de los hechos y que vieron que fue otra persona la que perpetró el asesinato. Tampoco se tuvo en cuenta la declaración del oficial de la Guardia Nacional que estaba de servicio en la empresa en aquel momento y que declaró haber detenido a la otra persona por efectuar los disparos.

En Honduras, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

En Colombia, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

En Guatemala, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

Luximun Badal y Shavindra Dinoo Sunassee, respectivamente presidente del Union of Post Office Workers Branch No. 2 y expresidente del Airports of Mauritius Limited Employees Union, siguen reclamando su reincorporación dos años después de haber sido despedidos de manera improcedente.

Badal fue despedido por Mauritius Post Ltd el 18 de junio de 2020 por una supuesta negativa a un traslado unilateral tras una serie de conflictos que se produjeron en relación a la negociación de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores y trabajadoras de correos, puesto que el convenio anterior había vencido el 31 de diciembre de 2017. Sunassee fue despedido unos días después por Airports of Mauritius Ltd tras varios intentos por parte de la dirección de modificar unilateralmente los términos de un convenio colectivo, a lo que Sundassee se oponía.

El Tribunal de Primera Instancia de Túnez anuló la decisión del Consejo Nacional de la organización Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), adoptada en Hammamet del 24 al 26 de agosto de 2020, de convocar un congreso extraordinario no electivo, alegando que los estatutos de dicha organización sindical no prevén la organización de este tipo de congresos por parte de su buró ejecutivo. Se trata de una grave injerencia judicial en el derecho de la UGTT a organizar libremente sus actividades.

Crecen las preocupaciones por la integridad de Esmail Abdi, ex secretario general del sindicato de docentes Iranian Teachers’ Trade Association (ITTA), que desde 2006 ha sido encarcelado en numerosas ocasiones por cargos falsos de “propaganda contra el Estado” y “espionaje”. En 2016 fue condenado a cinco años de cárcel por acusaciones falsas de “difusión de propaganda contra el sistema” y “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”. Para evitar su puesta en libertad, el 11 de enero de 2021, al término de su anterior condena, las autoridades iraníes ejecutaron una sentencia suspendida de diez años relacionada con un caso de 2011, encarcelándolo hasta 2031. El prolongado encarcelamiento y los malos tratos que sufre en la cárcel han afectado gravemente a su salud. Al mismo tiempo, la familia de Esmail (esposa, dos hijas y un hijo) está siendo acosada y victimizada por las fuerzas de seguridad y se considera que corre grave peligro.

Mourad Ghedia, presidente del sindicato argelino de trabajadores y trabajadoras del sector judicial SNAPAP/CGATA, fue arrestado el 5 de abril de 2021 y sometido a una orden de detención en la cárcel de El-Harrach. El día de su detención, Ghedia se presentó en la comisaría de Bab Ezzouar, en Argel, a raíz de una citación policial. Fue inmediatamente detenido y llevado ante un juez sin haber tenido acceso a un abogado. El juez le impuso una orden de detención sin explicar los motivos de su encarcelamiento. El tribunal lo condenó a una pena de seis meses con suspensión de la ejecución. Tras una gran campaña internacional y dos meses y diez días de detención, fue finalmente puesto en libertad.

Ghedia, administrativo de profesión, ya había sido suspendido de su empleo en 2012 durante casi tres años, junto con otras 57 personas, por hacer huelga. Tras las denuncias presentadas ante la OIT, Ghedia y los miembros suspendidos fueron readmitidos, y pudo volver a desempeñar sus funciones de administrativo de 2015 a 2018, cuando volvió a ser despedido sin motivo.

El 16 de diciembre de 2021 se cumplieron 10 años de la masacre de Zhanaozen (Kazajistán), que se produjo cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes, matando a 17 e hiriendo a más de 100 trabajadores. La violencia puso fin a una huelga de siete meses en la que participaron más de 3.000 trabajadores y trabajadoras para exigir un aumento salarial. Este caso fue objeto de un amplio examen por parte de organismos internacionales, los cuales expresaron unánimemente su preocupación por la ausencia de una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en relación con las protestas de Zhanaozen y solicitaron al Gobierno que investigara inmediatamente el caso. No obstante, hasta la fecha, el Gobierno de Kazajistán no ha respondido a las recomendaciones, y en los 10 años transcurridos desde los hechos no se ha iniciado ningún proceso ni se ha dictado ninguna condena.

Cuatro años después de los hechos, no se han producido avances en la investigación del violento ataque contra Dimitri Sinyavsky, presidente de la sección regional de Karaganda del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, que se produjo el 10 de noviembre de 2018. La falta de investigaciones y juicios efectivos contra los culpables de ataques violentos contra sindicalistas refuerzan el clima de inseguridad para las víctimas y de impunidad para los agresores, una situación sumamente perjudicial para el ejercicio de los derechos de libertad sindical en Kazajistán.

En Kazajistán, las restricciones impuestas a raíz de la sentencia judicial a la libertad de Larisa Nilolayvna Kharkova, exlíder de la Confederación de Sindicatos Independientes de la República de Kazajistán (CNTUK), expiraron el 9 de noviembre de 2021. No obstante, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos directivos en organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones no comerciales. El plazo de esta sanción, impuesta por el tribunal el 25 de julio de 2017, expira el 5 de octubre de 2022. Kharkova no pudo abrir una cuenta de liquidación en ninguno de los bancos de Kazajistán, y su cuenta bancaria personal continúa bloqueada con arreglo a las condiciones impuestas durante el examen de dicha causa penal.

De manera similar, al exactivista del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Amin Eleusinov, condenado en 2017 y eximido anticipadamente, en mayo de 2018, de cumplir una pena de cárcel, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos de liderazgo en organizaciones no gubernamentales hasta 2022.

El exlíder del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Nurbek Kushakbayev, condenado en 2017 por apelar a otras personas a sumarse a la supuesta huelga ilegal, ha cumplido su pena de cárcel. Sin embargo, no ha podido reanudar su labor sindical.

El 15 de junio de 2021, agentes del Departamento del Interior de la ciudad de Minsk realizaron un registro en el domicilio particular del vicepresidente del Free Trade Union of Belarus (SPB), Gennadiy Bykov. El 14 de julio de 2021, agentes del Departamento del Interior del distrito de Polotsk registraron el apartamento del presidente del SPB, Nikolai Sharakh. El 21 de julio de 2021, las autoridades registraron el domicilio del presidente del Comité de Auditoría del SPB, Victor Stukov.

El 26 de junio de 2021, agentes del Comité de Seguridad del Estado registraron la Oficina Regional del Belorussian Radio Electronics Workers’ Union (REPU) en Brest. El 16 de julio de 2021, agentes de las fuerzas del orden se presentaron en la sede del REPU en Minsk, rompiendo la puerta y sellando la otra. Más tarde, los agentes del orden afirmaron que estaban investigando a otra organización y que el registro no tenía nada que ver con las actividades del REPU. Era la segunda vez en seis meses que se registraba la sede del REPU en Minsk: el 16 de febrero de 2021, los servicios de seguridad del Estado ya habían registrado los locales e incautado documentos, equipos de comunicación y otros equipos. Al mismo tiempo se registraron los domicilios de varios activistas del REPU. Los agentes de seguridad afirmaron que los registros formaban parte de una investigación sobre la financiación del sindicato.

El 8 de julio de 2021 se registraron los domicilios de cuatro destacados miembros del sindicato Belarusian Independent Trade Union de la empresa JSC Naftan, en Navapolatsk, y dos de ellos fueron detenidos. Los dirigentes cuyos domicilios fueron registrados son el abogado sindicalista Aliaksandr Kapshul; la vicepresidenta de la organización de base, Jury Hashau; el vicepresidente Dzianis Hurski; y el secretario-tesorero Dzmitry Koyra. Hursky y Koyra fueron detenidos durante 72 horas y posteriormente puestos en libertad. Las autoridades alegaron que los registros y las detenciones estaban relacionadas con una causa penal en relación con los daños causados a la pintura del coche de Siarhei Brykun, que se produjeron en octubre de 2020.

En Filipinas, Rosanilla Consad, secretaria sindical de la Alliance of Concerned Teachers (ACT) for Region XIII y subdirectora del San Vicente National High School, fue detenida por una acusación falsa de intento de homicidio en abril de 2021. Sometida a un interrogatorio sin la presencia de su abogado, fue presentada en una conferencia de prensa como una funcionaria de “alto rango” del Nuevo Ejército del Pueblo, el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas.

Dodo Bheel, trabajador de Sindh Engro Coal Mining Company (SECMC) en Pakistán, fue detenido por los guardias de seguridad de la empresa durante 14 días para ser interrogado en relación con un robo de chatarra de un almacén de la empresa. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), Bheel fue torturado por los guardias y falleció a causa de las lesiones. Los trabajadores y sus familiares llevaron a cabo varias sentadas y manifestaciones tras su muerte, reclamando una investigación inmediata e imparcial. Las protestas fueron violentamente reprimidas por la policía, que atacó con porras y gases lacrimógenos e intentó detener a varios de los 150 manifestantes.

En Malasia, cinco dirigentes locales del sindicato National Union of Transport Equipment and Allied Industries Workers (NUTEAIW) seguían sin trabajo seis años después de que el fabricante de automóviles HICOM Automotive despidiera a 32 miembros del NUTEAIW por asistir en febrero de 2016 a una reunión informativa del sindicato fuera de horario laboral. La reunión informativa versaba sobre un punto muerto en la negociación colectiva, y la empresa acusó a los trabajadores de “empañar la imagen” de la empresa.

Tras las reuniones de mediación en el Departamento de Relaciones Laborales, 27 miembros del sindicato fueron readmitidos. No obstante, la empresa se negó a reincorporar a los cinco dirigentes sindicales locales restantes. Los cinco trabajadores obtuvieron por vía judicial una indemnización por despido, pero no consiguieron ser reincorporados. El NUTEAIW agotó todas las vías judiciales a escala nacional y en julio de 2021 decidió presentar una denuncia ante la OIT.

HICOM viene acumulando un notorio historial en materia de represión sindical en Malasia. En 2013, HICOM y su empresa hermana Isuzu HICOM despidieron a 18 miembros del NUTEAIW por el hecho de ejercer sus derechos sindicales.

En una parodia de justicia, el 11 de junio de 2011 el sindicalista venezolano Rodney Álvarez fue condenado a 15 años de cárcel por homicidio. A día de hoy sigue reclamando un juicio justo al tiempo que se enfrenta a circunstancias terribles en la cárcel.

Álvarez fue procesado en 2011 por el presunto asesinato del trabajador Renny Rojas durante una asamblea de trabajadores que se celebró en las instalaciones de la empresa estatal Ferrominera Orinoco de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). El objetivo de la asamblea era elegir a la comisión encargada de celebrar las elecciones del comité ejecutivo del sindicato Sintraferrominera.

El proceso abierto contra Rodney Álvarez refleja la falta de separación de poderes en el país y supone una clara denegación de justicia, con ocho interrupciones y hasta 25 audiencias preliminares, y habiendo sido Álvarez víctima de tres graves agresiones con arma blanca y arma de fuego perpetradas con total impunidad durante los más de 10 años que permaneció en prisión preventiva.

Nada en el expediente judicial confirma que Álvarez estuviera armado, cuanto menos que hubiera efectuado los disparos. El juez también desestimó todos los testigos de la defensa que habían estado presentes en el lugar de los hechos y que vieron que fue otra persona la que perpetró el asesinato. Tampoco se tuvo en cuenta la declaración del oficial de la Guardia Nacional que estaba de servicio en la empresa en aquel momento y que declaró haber detenido a la otra persona por efectuar los disparos.

En Honduras, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

En Colombia, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

En Guatemala, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

Luximun Badal y Shavindra Dinoo Sunassee, respectivamente presidente del Union of Post Office Workers Branch No. 2 y expresidente del Airports of Mauritius Limited Employees Union, siguen reclamando su reincorporación dos años después de haber sido despedidos de manera improcedente.

Badal fue despedido por Mauritius Post Ltd el 18 de junio de 2020 por una supuesta negativa a un traslado unilateral tras una serie de conflictos que se produjeron en relación a la negociación de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores y trabajadoras de correos, puesto que el convenio anterior había vencido el 31 de diciembre de 2017. Sunassee fue despedido unos días después por Airports of Mauritius Ltd tras varios intentos por parte de la dirección de modificar unilateralmente los términos de un convenio colectivo, a lo que Sundassee se oponía.

El Tribunal de Primera Instancia de Túnez anuló la decisión del Consejo Nacional de la organización Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), adoptada en Hammamet del 24 al 26 de agosto de 2020, de convocar un congreso extraordinario no electivo, alegando que los estatutos de dicha organización sindical no prevén la organización de este tipo de congresos por parte de su buró ejecutivo. Se trata de una grave injerencia judicial en el derecho de la UGTT a organizar libremente sus actividades.

Crecen las preocupaciones por la integridad de Esmail Abdi, ex secretario general del sindicato de docentes Iranian Teachers’ Trade Association (ITTA), que desde 2006 ha sido encarcelado en numerosas ocasiones por cargos falsos de “propaganda contra el Estado” y “espionaje”. En 2016 fue condenado a cinco años de cárcel por acusaciones falsas de “difusión de propaganda contra el sistema” y “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”. Para evitar su puesta en libertad, el 11 de enero de 2021, al término de su anterior condena, las autoridades iraníes ejecutaron una sentencia suspendida de diez años relacionada con un caso de 2011, encarcelándolo hasta 2031. El prolongado encarcelamiento y los malos tratos que sufre en la cárcel han afectado gravemente a su salud. Al mismo tiempo, la familia de Esmail (esposa, dos hijas y un hijo) está siendo acosada y victimizada por las fuerzas de seguridad y se considera que corre grave peligro.

Mourad Ghedia, presidente del sindicato argelino de trabajadores y trabajadoras del sector judicial SNAPAP/CGATA, fue arrestado el 5 de abril de 2021 y sometido a una orden de detención en la cárcel de El-Harrach. El día de su detención, Ghedia se presentó en la comisaría de Bab Ezzouar, en Argel, a raíz de una citación policial. Fue inmediatamente detenido y llevado ante un juez sin haber tenido acceso a un abogado. El juez le impuso una orden de detención sin explicar los motivos de su encarcelamiento. El tribunal lo condenó a una pena de seis meses con suspensión de la ejecución. Tras una gran campaña internacional y dos meses y diez días de detención, fue finalmente puesto en libertad.

Ghedia, administrativo de profesión, ya había sido suspendido de su empleo en 2012 durante casi tres años, junto con otras 57 personas, por hacer huelga. Tras las denuncias presentadas ante la OIT, Ghedia y los miembros suspendidos fueron readmitidos, y pudo volver a desempeñar sus funciones de administrativo de 2015 a 2018, cuando volvió a ser despedido sin motivo.

El 16 de diciembre de 2021 se cumplieron 10 años de la masacre de Zhanaozen (Kazajistán), que se produjo cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes, matando a 17 e hiriendo a más de 100 trabajadores. La violencia puso fin a una huelga de siete meses en la que participaron más de 3.000 trabajadores y trabajadoras para exigir un aumento salarial. Este caso fue objeto de un amplio examen por parte de organismos internacionales, los cuales expresaron unánimemente su preocupación por la ausencia de una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en relación con las protestas de Zhanaozen y solicitaron al Gobierno que investigara inmediatamente el caso. No obstante, hasta la fecha, el Gobierno de Kazajistán no ha respondido a las recomendaciones, y en los 10 años transcurridos desde los hechos no se ha iniciado ningún proceso ni se ha dictado ninguna condena.

Cuatro años después de los hechos, no se han producido avances en la investigación del violento ataque contra Dimitri Sinyavsky, presidente de la sección regional de Karaganda del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, que se produjo el 10 de noviembre de 2018. La falta de investigaciones y juicios efectivos contra los culpables de ataques violentos contra sindicalistas refuerzan el clima de inseguridad para las víctimas y de impunidad para los agresores, una situación sumamente perjudicial para el ejercicio de los derechos de libertad sindical en Kazajistán.

En Kazajistán, las restricciones impuestas a raíz de la sentencia judicial a la libertad de Larisa Nilolayvna Kharkova, exlíder de la Confederación de Sindicatos Independientes de la República de Kazajistán (CNTUK), expiraron el 9 de noviembre de 2021. No obstante, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos directivos en organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones no comerciales. El plazo de esta sanción, impuesta por el tribunal el 25 de julio de 2017, expira el 5 de octubre de 2022. Kharkova no pudo abrir una cuenta de liquidación en ninguno de los bancos de Kazajistán, y su cuenta bancaria personal continúa bloqueada con arreglo a las condiciones impuestas durante el examen de dicha causa penal.

De manera similar, al exactivista del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Amin Eleusinov, condenado en 2017 y eximido anticipadamente, en mayo de 2018, de cumplir una pena de cárcel, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos de liderazgo en organizaciones no gubernamentales hasta 2022.

El exlíder del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Nurbek Kushakbayev, condenado en 2017 por apelar a otras personas a sumarse a la supuesta huelga ilegal, ha cumplido su pena de cárcel. Sin embargo, no ha podido reanudar su labor sindical.

El 15 de junio de 2021, agentes del Departamento del Interior de la ciudad de Minsk realizaron un registro en el domicilio particular del vicepresidente del Free Trade Union of Belarus (SPB), Gennadiy Bykov. El 14 de julio de 2021, agentes del Departamento del Interior del distrito de Polotsk registraron el apartamento del presidente del SPB, Nikolai Sharakh. El 21 de julio de 2021, las autoridades registraron el domicilio del presidente del Comité de Auditoría del SPB, Victor Stukov.

El 26 de junio de 2021, agentes del Comité de Seguridad del Estado registraron la Oficina Regional del Belorussian Radio Electronics Workers’ Union (REPU) en Brest. El 16 de julio de 2021, agentes de las fuerzas del orden se presentaron en la sede del REPU en Minsk, rompiendo la puerta y sellando la otra. Más tarde, los agentes del orden afirmaron que estaban investigando a otra organización y que el registro no tenía nada que ver con las actividades del REPU. Era la segunda vez en seis meses que se registraba la sede del REPU en Minsk: el 16 de febrero de 2021, los servicios de seguridad del Estado ya habían registrado los locales e incautado documentos, equipos de comunicación y otros equipos. Al mismo tiempo se registraron los domicilios de varios activistas del REPU. Los agentes de seguridad afirmaron que los registros formaban parte de una investigación sobre la financiación del sindicato.

El 8 de julio de 2021 se registraron los domicilios de cuatro destacados miembros del sindicato Belarusian Independent Trade Union de la empresa JSC Naftan, en Navapolatsk, y dos de ellos fueron detenidos. Los dirigentes cuyos domicilios fueron registrados son el abogado sindicalista Aliaksandr Kapshul; la vicepresidenta de la organización de base, Jury Hashau; el vicepresidente Dzianis Hurski; y el secretario-tesorero Dzmitry Koyra. Hursky y Koyra fueron detenidos durante 72 horas y posteriormente puestos en libertad. Las autoridades alegaron que los registros y las detenciones estaban relacionadas con una causa penal en relación con los daños causados a la pintura del coche de Siarhei Brykun, que se produjeron en octubre de 2020.

En Filipinas, Rosanilla Consad, secretaria sindical de la Alliance of Concerned Teachers (ACT) for Region XIII y subdirectora del San Vicente National High School, fue detenida por una acusación falsa de intento de homicidio en abril de 2021. Sometida a un interrogatorio sin la presencia de su abogado, fue presentada en una conferencia de prensa como una funcionaria de “alto rango” del Nuevo Ejército del Pueblo, el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas.

Dodo Bheel, trabajador de Sindh Engro Coal Mining Company (SECMC) en Pakistán, fue detenido por los guardias de seguridad de la empresa durante 14 días para ser interrogado en relación con un robo de chatarra de un almacén de la empresa. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), Bheel fue torturado por los guardias y falleció a causa de las lesiones. Los trabajadores y sus familiares llevaron a cabo varias sentadas y manifestaciones tras su muerte, reclamando una investigación inmediata e imparcial. Las protestas fueron violentamente reprimidas por la policía, que atacó con porras y gases lacrimógenos e intentó detener a varios de los 150 manifestantes.

En Malasia, cinco dirigentes locales del sindicato National Union of Transport Equipment and Allied Industries Workers (NUTEAIW) seguían sin trabajo seis años después de que el fabricante de automóviles HICOM Automotive despidiera a 32 miembros del NUTEAIW por asistir en febrero de 2016 a una reunión informativa del sindicato fuera de horario laboral. La reunión informativa versaba sobre un punto muerto en la negociación colectiva, y la empresa acusó a los trabajadores de “empañar la imagen” de la empresa.

Tras las reuniones de mediación en el Departamento de Relaciones Laborales, 27 miembros del sindicato fueron readmitidos. No obstante, la empresa se negó a reincorporar a los cinco dirigentes sindicales locales restantes. Los cinco trabajadores obtuvieron por vía judicial una indemnización por despido, pero no consiguieron ser reincorporados. El NUTEAIW agotó todas las vías judiciales a escala nacional y en julio de 2021 decidió presentar una denuncia ante la OIT.

HICOM viene acumulando un notorio historial en materia de represión sindical en Malasia. En 2013, HICOM y su empresa hermana Isuzu HICOM despidieron a 18 miembros del NUTEAIW por el hecho de ejercer sus derechos sindicales.

En una parodia de justicia, el 11 de junio de 2011 el sindicalista venezolano Rodney Álvarez fue condenado a 15 años de cárcel por homicidio. A día de hoy sigue reclamando un juicio justo al tiempo que se enfrenta a circunstancias terribles en la cárcel.

Álvarez fue procesado en 2011 por el presunto asesinato del trabajador Renny Rojas durante una asamblea de trabajadores que se celebró en las instalaciones de la empresa estatal Ferrominera Orinoco de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). El objetivo de la asamblea era elegir a la comisión encargada de celebrar las elecciones del comité ejecutivo del sindicato Sintraferrominera.

El proceso abierto contra Rodney Álvarez refleja la falta de separación de poderes en el país y supone una clara denegación de justicia, con ocho interrupciones y hasta 25 audiencias preliminares, y habiendo sido Álvarez víctima de tres graves agresiones con arma blanca y arma de fuego perpetradas con total impunidad durante los más de 10 años que permaneció en prisión preventiva.

Nada en el expediente judicial confirma que Álvarez estuviera armado, cuanto menos que hubiera efectuado los disparos. El juez también desestimó todos los testigos de la defensa que habían estado presentes en el lugar de los hechos y que vieron que fue otra persona la que perpetró el asesinato. Tampoco se tuvo en cuenta la declaración del oficial de la Guardia Nacional que estaba de servicio en la empresa en aquel momento y que declaró haber detenido a la otra persona por efectuar los disparos.

En Honduras, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

En Colombia, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

En Guatemala, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

Luximun Badal y Shavindra Dinoo Sunassee, respectivamente presidente del Union of Post Office Workers Branch No. 2 y expresidente del Airports of Mauritius Limited Employees Union, siguen reclamando su reincorporación dos años después de haber sido despedidos de manera improcedente.

Badal fue despedido por Mauritius Post Ltd el 18 de junio de 2020 por una supuesta negativa a un traslado unilateral tras una serie de conflictos que se produjeron en relación a la negociación de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores y trabajadoras de correos, puesto que el convenio anterior había vencido el 31 de diciembre de 2017. Sunassee fue despedido unos días después por Airports of Mauritius Ltd tras varios intentos por parte de la dirección de modificar unilateralmente los términos de un convenio colectivo, a lo que Sundassee se oponía.

El Tribunal de Primera Instancia de Túnez anuló la decisión del Consejo Nacional de la organización Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), adoptada en Hammamet del 24 al 26 de agosto de 2020, de convocar un congreso extraordinario no electivo, alegando que los estatutos de dicha organización sindical no prevén la organización de este tipo de congresos por parte de su buró ejecutivo. Se trata de una grave injerencia judicial en el derecho de la UGTT a organizar libremente sus actividades.

Crecen las preocupaciones por la integridad de Esmail Abdi, ex secretario general del sindicato de docentes Iranian Teachers’ Trade Association (ITTA), que desde 2006 ha sido encarcelado en numerosas ocasiones por cargos falsos de “propaganda contra el Estado” y “espionaje”. En 2016 fue condenado a cinco años de cárcel por acusaciones falsas de “difusión de propaganda contra el sistema” y “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”. Para evitar su puesta en libertad, el 11 de enero de 2021, al término de su anterior condena, las autoridades iraníes ejecutaron una sentencia suspendida de diez años relacionada con un caso de 2011, encarcelándolo hasta 2031. El prolongado encarcelamiento y los malos tratos que sufre en la cárcel han afectado gravemente a su salud. Al mismo tiempo, la familia de Esmail (esposa, dos hijas y un hijo) está siendo acosada y victimizada por las fuerzas de seguridad y se considera que corre grave peligro.

Mourad Ghedia, presidente del sindicato argelino de trabajadores y trabajadoras del sector judicial SNAPAP/CGATA, fue arrestado el 5 de abril de 2021 y sometido a una orden de detención en la cárcel de El-Harrach. El día de su detención, Ghedia se presentó en la comisaría de Bab Ezzouar, en Argel, a raíz de una citación policial. Fue inmediatamente detenido y llevado ante un juez sin haber tenido acceso a un abogado. El juez le impuso una orden de detención sin explicar los motivos de su encarcelamiento. El tribunal lo condenó a una pena de seis meses con suspensión de la ejecución. Tras una gran campaña internacional y dos meses y diez días de detención, fue finalmente puesto en libertad.

Ghedia, administrativo de profesión, ya había sido suspendido de su empleo en 2012 durante casi tres años, junto con otras 57 personas, por hacer huelga. Tras las denuncias presentadas ante la OIT, Ghedia y los miembros suspendidos fueron readmitidos, y pudo volver a desempeñar sus funciones de administrativo de 2015 a 2018, cuando volvió a ser despedido sin motivo.