Derecho a establecer o afiliarse a un sindicato

La legislación turca excluye a los altos funcionarios públicos, los magistrados y los guardias de prisiones del derecho a organizarse.

En Bahamas, el personal penitenciario está excluido de la legislación sobre el derecho a organizarse.

En 2021, la violación generalizada de los derechos de los trabajadores en el sector de la subcontratación de procesos comerciales (BPO) de Jamaica, una de las industrias de más rápido crecimiento en el Caribe, suscitó gran preocupación. De los 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector de la BPO en Jamaica –cuyas funciones abarcan la atención al cliente, soporte técnico, ventas, etc.– casi todos tienen contratos temporales y de duración determinada, y ninguna de las más de 70 empresas que operan en la isla ha permitido la representación sindical en sus establecimientos.

Miles de jóvenes trabajadores se sintieron atraídos por los puestos de teleoperadores, seducidos por las promesas de buenos salarios y trabajo cualificado en el seno de una industria global de alta tecnología. No obstante, una vez firmado el contrato, se toparon con una realidad muy distinta: largas jornadas laborales, descansos cortos o inexistentes durante los períodos de mayor actividad, y entornos en los que los empleadores contratan y despiden a su antojo. Aunque no es explícito, el texto de los contratos implica que la organización y la negociación colectiva son motivo de despido.

Por otra parte, la BPO se beneficia de privilegios especiales, puesto que opera bajo la legislación de las zonas económicas especiales (zonas francas) como “servicios de utilidad pública”. Este régimen ha dado lugar a una serie de exenciones fiscales y leyes antisindicales, como, por ejemplo, el hecho de que no se puedan convocar huelgas a menos que los sindicatos avisen a los empleadores con seis semanas de antelación.

La planta azucarera de Taboga, en la provincia de Guanacaste, la principal región productora de caña de azúcar de Costa Rica, recibe cada año a cientos de personas para trabajar en la cosecha, principalmente migrantes de la vecina Nicaragua.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña (SINTRAICA), un sindicato local afiliado a la UITA, ha exigido a la dirección de la empresa, al Ministerio de Trabajo y a las autoridades competentes que se respeten los derechos de los trabajadores de la empresa agroindustrial Ingenio Taboga y que se mejoren las terribles condiciones en las que trabajan y viven los trabajadores y trabajadoras migrantes, en particular mediante el cumplimiento del convenio colectivo sobre subcontratación y trabajo a través de agencia. Afiliarse a un sindicato sigue siendo difícil para los trabajadores migrantes del sector.

En el sector de la confección, que representa la gran mayoría de la industria de la exportación de Bangladesh, más de 500.000 trabajadores/as empleados en las zonas francas industriales (ZFI) no pueden formar ni afiliarse a un sindicato, despojándolos así de la posibilidad de negociar para obtener mejores condiciones de trabajo. La situación empeoró con la aplicación de la Ley del trabajo de las Zonas Francas Industriales (ZFI) de 2019, que establece que los trabajadores solo pueden formar parte de una asociación de bienestar de los trabajadores, en la que estos no disponen de todo el alcance de la negociación colectiva. Está estrictamente prohibido que los trabajadores organicen cualquier tipo de protesta en las ZFI, y las protestas suelen ser objeto de violentas represalias por parte de las autoridades de las ZFI.

En Japón, la ley sigue excluyendo a los bomberos y al personal penitenciario del derecho a crear y afiliarse a sindicatos.

En 2021, Goundar Shipping, una importante compañía de transbordadores de Fiji, despidió a tres marinos filipinos después de que manifestaran su deseo de solicitar un permiso para hablar con los representantes sindicales sobre sus derechos y sobre la manera de regresar a su país. Formaban parte de un grupo de más de 20 marinos filipinos traídos a Fiji para operar y mantener su flota de transbordadores de pasajeros y de carga. Se les prometió salarios y condiciones decentes, pero, una vez allí, la compañía les informó de que se les pagaría entre un 60 y un 70% menos de lo prometido.

Dado que muchos de los marinos no podían permitirse pagar un billete de vuelta, aceptaron quedarse en la empresa y se les volvió a prometer la repatriación después de un año más de trabajo. Pero, llegado el momento, la compañía dijo que los vuelos y los costes por cuarentena eran demasiado caros debido al coronavirus y se negó a cumplir sus obligaciones de ayudar a los marinos a regresar a su país. Los marinos habían presentado quejas oficiales ante las autoridades de Fiji en septiembre de 2020, diciembre de 2020 y enero de 2021, sin éxito.

Trabajando en condiciones duras y aislados en los barcos durante meses, los marinos migrantes constituyen una de las categorías de trabajadores más vulnerables, y a menudo no tienen acceso a los sindicatos.

La legislación de Rwanda sigue prohibiendo a los cargos políticos y a los funcionarios de servicios de seguridad crear sindicatos y afiliarse a ellos.

En Marruecos se sigue denegando el derecho a la libertad sindical a determinadas categorías de empleados públicos, como los jueces.

En los Emiratos Árabes Unidos los trabajadores migrantes representaban el 89% de la mano de obra total. En base al sistema de la kafala, cualquier intento de escapar o abandonar a un empleador en los EAU puede ser castigado por la ley. Los fugitivos son encarcelados, deportados y deben hacerse cargo de importantes costos, incluyendo el pago al empleador de las cuotas de patronazgo sin tener derecho a cobrar los salarios adeudados.

Se han denunciado terribles abusos, como el caso de una mujer nepalí que trabajaba como empleada del hogar en una casa de Dubái y que sufrió repetidos abusos sexuales por parte de su empleador, el hijo de este y varios familiares. Sin poder escapar, la joven de 28 años intentó suicidarse dos veces. También intentó huir del domicilio, pero sin éxito. Entonces cedió a las exigencias de su empleador, esperando que eso la ayudara a escapar. Tras dos años de explotación física y mental, consiguió volver a su país.

En junio de 2021, 700 trabajadores y trabajadoras migrantes de África fueron detenidos en los Emiratos Árabes Unidos y se les negó el acceso a asistencia jurídica y médica. A continuación fueron deportados. En 2021, los trabajadores migrantes de los EAU vieron con frecuencia denegado el pago puntual de sus salarios y el pago adecuado de las horas extraordinarias.

El 1 de octubre de 2021, se inauguró en los Emiratos Árabes Unidos la EXPO de Dubái, una feria internacional de seis meses que acogió a 25 millones de visitantes. Pese a las promesas del Gobierno, los trabajadores migrantes de todo el país siguieron sufriendo graves y frecuentes abusos en el entorno laboral. Los casi 8 millones de trabajadores y trabajadoras de los EAU siguieron arriesgándose a sufrir graves abusos propiciados por el empleo y el explotador sistema de kafala, que implica una escasa aplicación de la normativa y la limitación de su libertad para cambiar de empleador. Los tipos de abusos más denunciados fueron las condiciones de empleo (76%); la vivienda precaria e inadecuada (56%); la denegación arbitraria de libertades (42%); la salud y la seguridad (39%); los abusos verbales y físicos (13%); la trata de personas (5%); las muertes (5%) y las lesiones (4%).

En los últimos años Arabia Saudita ha pasado por un período de cambios legislativos, y las reformas legales entraron en vigor el 14 de marzo de 2021.

Con las reformas se ha facilitado la capacidad de los trabajadores para cambiar de empleo, y ya no se requiere el permiso del empleador para salir del país. Otra reforma importante en Arabia Saudita ha sido la de los tribunales laborales, que se han automatizado para garantizar una justicia rápida y eficaz y para mejorar la transparencia.

Los empleadores han utilizado durante décadas las restricciones a la movilidad para explotar y abusar de los trabajadores inmigrantes, por lo que estos avances eran muy esperados y constituyen un gran paso para millones de trabajadores y trabajadoras inmigrantes en el país.

No obstante, la reforma no ha abordado todos los problemas pendientes, puesto que solo se aplica a aproximadamente 6,7 millones de trabajadores migrantes, quedando excluidos 3,6 millones de trabajadoras del hogar, agricultores, pastores, guardias particulares y chóferes privados. Además, la reforma sigue comportando restricciones por las que los trabajadores solo pueden transferir el patrocinio sin el consentimiento del patrocinador tras haber completado un año de contrato o al vencer el contrato de trabajo. Las trabajadoras del hogar se enfrentan a condiciones más restrictivas a la hora de cambiar de empleador durante los dos primeros años de contrato. Además, la reforma no ha eliminado todas las restricciones a los visados de salida y reentrada, especialmente para las trabajadoras del hogar.

Desde 2017, Qatar ha emprendido una serie de importantes reformas para abolir el sistema de kafala y ampliar las protecciones laborales a los trabajadores y trabajadoras migrantes en el país. En enero de 2020, Qatar adoptó dos decretos ministeriales que permiten a los trabajadores cambiar de empleador en cualquier momento de su contrato (eliminando el Certificado de No Objeción) y abandonar el país de forma temporal o permanente sin tener que obtener el permiso del empleador (suprimiendo el requisito de visado de salida). Además, las trabajadoras del hogar tienen ahora un contrato de trabajo estándar y reciben nóminas de sus empleadores.

El 20 de marzo de 2021 entró en vigor el salario mínimo no discriminatorio de Qatar, que se aplica a todos los trabajadores y trabajadoras, de todas las nacionalidades y en todos los sectores, incluido el trabajo doméstico.

Además, gracias a las reformas se han establecido tribunales laborales para resolver las quejas relativas al impago de los salarios, y se creó un Fondo de Apoyo y Seguro para los Trabajadores.

En los centros de trabajo se han elegido comités de trabajadores para atender las reclamaciones de los trabajadores, y se han creado comités paritarios a nivel sectorial (en particular en la hostelería, la construcción, la seguridad y el transporte).

Por último, Qatar ha establecido un sistema de resolución de conflictos accesible a los trabajadores y trabajadoras migrantes.

El acceso de los palestinos al trabajo en Israel y en los asentamientos ilegales se encuentra fuertemente controlado por un represivo sistema de permisos, controles de seguridad y puestos de control. Solo los palestinos con un permiso de trabajo válido pueden ser empleados “legalmente” por empresas israelíes. De los 133.000 trabajadores palestinos que se calcula que hay en Israel y en los asentamientos ilegales, unos 94.000 tienen permiso de trabajo. Prácticamente todos (99%) los titulares de permiso de trabajo son hombres, y la mayoría trabaja en el sector de la construcción. Los permisos se expiden por una duración máxima de seis meses, pero pueden ser anulados arbitrariamente en cualquier momento por los empleadores o por los servicios de seguridad de Israel. Para disciplinar a los trabajadores que se afilian a sindicatos, exigen derechos o participan en cualquier forma de actividad política, los empleadores suelen amenazar con la anulación de los permisos.

La legislación turca excluye a los altos funcionarios públicos, los magistrados y los guardias de prisiones del derecho a organizarse.

En Bahamas, el personal penitenciario está excluido de la legislación sobre el derecho a organizarse.

En 2021, la violación generalizada de los derechos de los trabajadores en el sector de la subcontratación de procesos comerciales (BPO) de Jamaica, una de las industrias de más rápido crecimiento en el Caribe, suscitó gran preocupación. De los 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector de la BPO en Jamaica –cuyas funciones abarcan la atención al cliente, soporte técnico, ventas, etc.– casi todos tienen contratos temporales y de duración determinada, y ninguna de las más de 70 empresas que operan en la isla ha permitido la representación sindical en sus establecimientos.

Miles de jóvenes trabajadores se sintieron atraídos por los puestos de teleoperadores, seducidos por las promesas de buenos salarios y trabajo cualificado en el seno de una industria global de alta tecnología. No obstante, una vez firmado el contrato, se toparon con una realidad muy distinta: largas jornadas laborales, descansos cortos o inexistentes durante los períodos de mayor actividad, y entornos en los que los empleadores contratan y despiden a su antojo. Aunque no es explícito, el texto de los contratos implica que la organización y la negociación colectiva son motivo de despido.

Por otra parte, la BPO se beneficia de privilegios especiales, puesto que opera bajo la legislación de las zonas económicas especiales (zonas francas) como “servicios de utilidad pública”. Este régimen ha dado lugar a una serie de exenciones fiscales y leyes antisindicales, como, por ejemplo, el hecho de que no se puedan convocar huelgas a menos que los sindicatos avisen a los empleadores con seis semanas de antelación.

La planta azucarera de Taboga, en la provincia de Guanacaste, la principal región productora de caña de azúcar de Costa Rica, recibe cada año a cientos de personas para trabajar en la cosecha, principalmente migrantes de la vecina Nicaragua.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña (SINTRAICA), un sindicato local afiliado a la UITA, ha exigido a la dirección de la empresa, al Ministerio de Trabajo y a las autoridades competentes que se respeten los derechos de los trabajadores de la empresa agroindustrial Ingenio Taboga y que se mejoren las terribles condiciones en las que trabajan y viven los trabajadores y trabajadoras migrantes, en particular mediante el cumplimiento del convenio colectivo sobre subcontratación y trabajo a través de agencia. Afiliarse a un sindicato sigue siendo difícil para los trabajadores migrantes del sector.

En el sector de la confección, que representa la gran mayoría de la industria de la exportación de Bangladesh, más de 500.000 trabajadores/as empleados en las zonas francas industriales (ZFI) no pueden formar ni afiliarse a un sindicato, despojándolos así de la posibilidad de negociar para obtener mejores condiciones de trabajo. La situación empeoró con la aplicación de la Ley del trabajo de las Zonas Francas Industriales (ZFI) de 2019, que establece que los trabajadores solo pueden formar parte de una asociación de bienestar de los trabajadores, en la que estos no disponen de todo el alcance de la negociación colectiva. Está estrictamente prohibido que los trabajadores organicen cualquier tipo de protesta en las ZFI, y las protestas suelen ser objeto de violentas represalias por parte de las autoridades de las ZFI.

En Japón, la ley sigue excluyendo a los bomberos y al personal penitenciario del derecho a crear y afiliarse a sindicatos.

En 2021, Goundar Shipping, una importante compañía de transbordadores de Fiji, despidió a tres marinos filipinos después de que manifestaran su deseo de solicitar un permiso para hablar con los representantes sindicales sobre sus derechos y sobre la manera de regresar a su país. Formaban parte de un grupo de más de 20 marinos filipinos traídos a Fiji para operar y mantener su flota de transbordadores de pasajeros y de carga. Se les prometió salarios y condiciones decentes, pero, una vez allí, la compañía les informó de que se les pagaría entre un 60 y un 70% menos de lo prometido.

Dado que muchos de los marinos no podían permitirse pagar un billete de vuelta, aceptaron quedarse en la empresa y se les volvió a prometer la repatriación después de un año más de trabajo. Pero, llegado el momento, la compañía dijo que los vuelos y los costes por cuarentena eran demasiado caros debido al coronavirus y se negó a cumplir sus obligaciones de ayudar a los marinos a regresar a su país. Los marinos habían presentado quejas oficiales ante las autoridades de Fiji en septiembre de 2020, diciembre de 2020 y enero de 2021, sin éxito.

Trabajando en condiciones duras y aislados en los barcos durante meses, los marinos migrantes constituyen una de las categorías de trabajadores más vulnerables, y a menudo no tienen acceso a los sindicatos.

La legislación de Rwanda sigue prohibiendo a los cargos políticos y a los funcionarios de servicios de seguridad crear sindicatos y afiliarse a ellos.

En Marruecos se sigue denegando el derecho a la libertad sindical a determinadas categorías de empleados públicos, como los jueces.

En los Emiratos Árabes Unidos los trabajadores migrantes representaban el 89% de la mano de obra total. En base al sistema de la kafala, cualquier intento de escapar o abandonar a un empleador en los EAU puede ser castigado por la ley. Los fugitivos son encarcelados, deportados y deben hacerse cargo de importantes costos, incluyendo el pago al empleador de las cuotas de patronazgo sin tener derecho a cobrar los salarios adeudados.

Se han denunciado terribles abusos, como el caso de una mujer nepalí que trabajaba como empleada del hogar en una casa de Dubái y que sufrió repetidos abusos sexuales por parte de su empleador, el hijo de este y varios familiares. Sin poder escapar, la joven de 28 años intentó suicidarse dos veces. También intentó huir del domicilio, pero sin éxito. Entonces cedió a las exigencias de su empleador, esperando que eso la ayudara a escapar. Tras dos años de explotación física y mental, consiguió volver a su país.

En junio de 2021, 700 trabajadores y trabajadoras migrantes de África fueron detenidos en los Emiratos Árabes Unidos y se les negó el acceso a asistencia jurídica y médica. A continuación fueron deportados. En 2021, los trabajadores migrantes de los EAU vieron con frecuencia denegado el pago puntual de sus salarios y el pago adecuado de las horas extraordinarias.

El 1 de octubre de 2021, se inauguró en los Emiratos Árabes Unidos la EXPO de Dubái, una feria internacional de seis meses que acogió a 25 millones de visitantes. Pese a las promesas del Gobierno, los trabajadores migrantes de todo el país siguieron sufriendo graves y frecuentes abusos en el entorno laboral. Los casi 8 millones de trabajadores y trabajadoras de los EAU siguieron arriesgándose a sufrir graves abusos propiciados por el empleo y el explotador sistema de kafala, que implica una escasa aplicación de la normativa y la limitación de su libertad para cambiar de empleador. Los tipos de abusos más denunciados fueron las condiciones de empleo (76%); la vivienda precaria e inadecuada (56%); la denegación arbitraria de libertades (42%); la salud y la seguridad (39%); los abusos verbales y físicos (13%); la trata de personas (5%); las muertes (5%) y las lesiones (4%).

En los últimos años Arabia Saudita ha pasado por un período de cambios legislativos, y las reformas legales entraron en vigor el 14 de marzo de 2021.

Con las reformas se ha facilitado la capacidad de los trabajadores para cambiar de empleo, y ya no se requiere el permiso del empleador para salir del país. Otra reforma importante en Arabia Saudita ha sido la de los tribunales laborales, que se han automatizado para garantizar una justicia rápida y eficaz y para mejorar la transparencia.

Los empleadores han utilizado durante décadas las restricciones a la movilidad para explotar y abusar de los trabajadores inmigrantes, por lo que estos avances eran muy esperados y constituyen un gran paso para millones de trabajadores y trabajadoras inmigrantes en el país.

No obstante, la reforma no ha abordado todos los problemas pendientes, puesto que solo se aplica a aproximadamente 6,7 millones de trabajadores migrantes, quedando excluidos 3,6 millones de trabajadoras del hogar, agricultores, pastores, guardias particulares y chóferes privados. Además, la reforma sigue comportando restricciones por las que los trabajadores solo pueden transferir el patrocinio sin el consentimiento del patrocinador tras haber completado un año de contrato o al vencer el contrato de trabajo. Las trabajadoras del hogar se enfrentan a condiciones más restrictivas a la hora de cambiar de empleador durante los dos primeros años de contrato. Además, la reforma no ha eliminado todas las restricciones a los visados de salida y reentrada, especialmente para las trabajadoras del hogar.

Desde 2017, Qatar ha emprendido una serie de importantes reformas para abolir el sistema de kafala y ampliar las protecciones laborales a los trabajadores y trabajadoras migrantes en el país. En enero de 2020, Qatar adoptó dos decretos ministeriales que permiten a los trabajadores cambiar de empleador en cualquier momento de su contrato (eliminando el Certificado de No Objeción) y abandonar el país de forma temporal o permanente sin tener que obtener el permiso del empleador (suprimiendo el requisito de visado de salida). Además, las trabajadoras del hogar tienen ahora un contrato de trabajo estándar y reciben nóminas de sus empleadores.

El 20 de marzo de 2021 entró en vigor el salario mínimo no discriminatorio de Qatar, que se aplica a todos los trabajadores y trabajadoras, de todas las nacionalidades y en todos los sectores, incluido el trabajo doméstico.

Además, gracias a las reformas se han establecido tribunales laborales para resolver las quejas relativas al impago de los salarios, y se creó un Fondo de Apoyo y Seguro para los Trabajadores.

En los centros de trabajo se han elegido comités de trabajadores para atender las reclamaciones de los trabajadores, y se han creado comités paritarios a nivel sectorial (en particular en la hostelería, la construcción, la seguridad y el transporte).

Por último, Qatar ha establecido un sistema de resolución de conflictos accesible a los trabajadores y trabajadoras migrantes.

El acceso de los palestinos al trabajo en Israel y en los asentamientos ilegales se encuentra fuertemente controlado por un represivo sistema de permisos, controles de seguridad y puestos de control. Solo los palestinos con un permiso de trabajo válido pueden ser empleados “legalmente” por empresas israelíes. De los 133.000 trabajadores palestinos que se calcula que hay en Israel y en los asentamientos ilegales, unos 94.000 tienen permiso de trabajo. Prácticamente todos (99%) los titulares de permiso de trabajo son hombres, y la mayoría trabaja en el sector de la construcción. Los permisos se expiden por una duración máxima de seis meses, pero pueden ser anulados arbitrariamente en cualquier momento por los empleadores o por los servicios de seguridad de Israel. Para disciplinar a los trabajadores que se afilian a sindicatos, exigen derechos o participan en cualquier forma de actividad política, los empleadores suelen amenazar con la anulación de los permisos.

La legislación turca excluye a los altos funcionarios públicos, los magistrados y los guardias de prisiones del derecho a organizarse.

En Bahamas, el personal penitenciario está excluido de la legislación sobre el derecho a organizarse.

En 2021, la violación generalizada de los derechos de los trabajadores en el sector de la subcontratación de procesos comerciales (BPO) de Jamaica, una de las industrias de más rápido crecimiento en el Caribe, suscitó gran preocupación. De los 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector de la BPO en Jamaica –cuyas funciones abarcan la atención al cliente, soporte técnico, ventas, etc.– casi todos tienen contratos temporales y de duración determinada, y ninguna de las más de 70 empresas que operan en la isla ha permitido la representación sindical en sus establecimientos.

Miles de jóvenes trabajadores se sintieron atraídos por los puestos de teleoperadores, seducidos por las promesas de buenos salarios y trabajo cualificado en el seno de una industria global de alta tecnología. No obstante, una vez firmado el contrato, se toparon con una realidad muy distinta: largas jornadas laborales, descansos cortos o inexistentes durante los períodos de mayor actividad, y entornos en los que los empleadores contratan y despiden a su antojo. Aunque no es explícito, el texto de los contratos implica que la organización y la negociación colectiva son motivo de despido.

Por otra parte, la BPO se beneficia de privilegios especiales, puesto que opera bajo la legislación de las zonas económicas especiales (zonas francas) como “servicios de utilidad pública”. Este régimen ha dado lugar a una serie de exenciones fiscales y leyes antisindicales, como, por ejemplo, el hecho de que no se puedan convocar huelgas a menos que los sindicatos avisen a los empleadores con seis semanas de antelación.

La planta azucarera de Taboga, en la provincia de Guanacaste, la principal región productora de caña de azúcar de Costa Rica, recibe cada año a cientos de personas para trabajar en la cosecha, principalmente migrantes de la vecina Nicaragua.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña (SINTRAICA), un sindicato local afiliado a la UITA, ha exigido a la dirección de la empresa, al Ministerio de Trabajo y a las autoridades competentes que se respeten los derechos de los trabajadores de la empresa agroindustrial Ingenio Taboga y que se mejoren las terribles condiciones en las que trabajan y viven los trabajadores y trabajadoras migrantes, en particular mediante el cumplimiento del convenio colectivo sobre subcontratación y trabajo a través de agencia. Afiliarse a un sindicato sigue siendo difícil para los trabajadores migrantes del sector.

En el sector de la confección, que representa la gran mayoría de la industria de la exportación de Bangladesh, más de 500.000 trabajadores/as empleados en las zonas francas industriales (ZFI) no pueden formar ni afiliarse a un sindicato, despojándolos así de la posibilidad de negociar para obtener mejores condiciones de trabajo. La situación empeoró con la aplicación de la Ley del trabajo de las Zonas Francas Industriales (ZFI) de 2019, que establece que los trabajadores solo pueden formar parte de una asociación de bienestar de los trabajadores, en la que estos no disponen de todo el alcance de la negociación colectiva. Está estrictamente prohibido que los trabajadores organicen cualquier tipo de protesta en las ZFI, y las protestas suelen ser objeto de violentas represalias por parte de las autoridades de las ZFI.

En Japón, la ley sigue excluyendo a los bomberos y al personal penitenciario del derecho a crear y afiliarse a sindicatos.

En 2021, Goundar Shipping, una importante compañía de transbordadores de Fiji, despidió a tres marinos filipinos después de que manifestaran su deseo de solicitar un permiso para hablar con los representantes sindicales sobre sus derechos y sobre la manera de regresar a su país. Formaban parte de un grupo de más de 20 marinos filipinos traídos a Fiji para operar y mantener su flota de transbordadores de pasajeros y de carga. Se les prometió salarios y condiciones decentes, pero, una vez allí, la compañía les informó de que se les pagaría entre un 60 y un 70% menos de lo prometido.

Dado que muchos de los marinos no podían permitirse pagar un billete de vuelta, aceptaron quedarse en la empresa y se les volvió a prometer la repatriación después de un año más de trabajo. Pero, llegado el momento, la compañía dijo que los vuelos y los costes por cuarentena eran demasiado caros debido al coronavirus y se negó a cumplir sus obligaciones de ayudar a los marinos a regresar a su país. Los marinos habían presentado quejas oficiales ante las autoridades de Fiji en septiembre de 2020, diciembre de 2020 y enero de 2021, sin éxito.

Trabajando en condiciones duras y aislados en los barcos durante meses, los marinos migrantes constituyen una de las categorías de trabajadores más vulnerables, y a menudo no tienen acceso a los sindicatos.

La legislación de Rwanda sigue prohibiendo a los cargos políticos y a los funcionarios de servicios de seguridad crear sindicatos y afiliarse a ellos.

En Marruecos se sigue denegando el derecho a la libertad sindical a determinadas categorías de empleados públicos, como los jueces.

En los Emiratos Árabes Unidos los trabajadores migrantes representaban el 89% de la mano de obra total. En base al sistema de la kafala, cualquier intento de escapar o abandonar a un empleador en los EAU puede ser castigado por la ley. Los fugitivos son encarcelados, deportados y deben hacerse cargo de importantes costos, incluyendo el pago al empleador de las cuotas de patronazgo sin tener derecho a cobrar los salarios adeudados.

Se han denunciado terribles abusos, como el caso de una mujer nepalí que trabajaba como empleada del hogar en una casa de Dubái y que sufrió repetidos abusos sexuales por parte de su empleador, el hijo de este y varios familiares. Sin poder escapar, la joven de 28 años intentó suicidarse dos veces. También intentó huir del domicilio, pero sin éxito. Entonces cedió a las exigencias de su empleador, esperando que eso la ayudara a escapar. Tras dos años de explotación física y mental, consiguió volver a su país.

En junio de 2021, 700 trabajadores y trabajadoras migrantes de África fueron detenidos en los Emiratos Árabes Unidos y se les negó el acceso a asistencia jurídica y médica. A continuación fueron deportados. En 2021, los trabajadores migrantes de los EAU vieron con frecuencia denegado el pago puntual de sus salarios y el pago adecuado de las horas extraordinarias.

El 1 de octubre de 2021, se inauguró en los Emiratos Árabes Unidos la EXPO de Dubái, una feria internacional de seis meses que acogió a 25 millones de visitantes. Pese a las promesas del Gobierno, los trabajadores migrantes de todo el país siguieron sufriendo graves y frecuentes abusos en el entorno laboral. Los casi 8 millones de trabajadores y trabajadoras de los EAU siguieron arriesgándose a sufrir graves abusos propiciados por el empleo y el explotador sistema de kafala, que implica una escasa aplicación de la normativa y la limitación de su libertad para cambiar de empleador. Los tipos de abusos más denunciados fueron las condiciones de empleo (76%); la vivienda precaria e inadecuada (56%); la denegación arbitraria de libertades (42%); la salud y la seguridad (39%); los abusos verbales y físicos (13%); la trata de personas (5%); las muertes (5%) y las lesiones (4%).

En los últimos años Arabia Saudita ha pasado por un período de cambios legislativos, y las reformas legales entraron en vigor el 14 de marzo de 2021.

Con las reformas se ha facilitado la capacidad de los trabajadores para cambiar de empleo, y ya no se requiere el permiso del empleador para salir del país. Otra reforma importante en Arabia Saudita ha sido la de los tribunales laborales, que se han automatizado para garantizar una justicia rápida y eficaz y para mejorar la transparencia.

Los empleadores han utilizado durante décadas las restricciones a la movilidad para explotar y abusar de los trabajadores inmigrantes, por lo que estos avances eran muy esperados y constituyen un gran paso para millones de trabajadores y trabajadoras inmigrantes en el país.

No obstante, la reforma no ha abordado todos los problemas pendientes, puesto que solo se aplica a aproximadamente 6,7 millones de trabajadores migrantes, quedando excluidos 3,6 millones de trabajadoras del hogar, agricultores, pastores, guardias particulares y chóferes privados. Además, la reforma sigue comportando restricciones por las que los trabajadores solo pueden transferir el patrocinio sin el consentimiento del patrocinador tras haber completado un año de contrato o al vencer el contrato de trabajo. Las trabajadoras del hogar se enfrentan a condiciones más restrictivas a la hora de cambiar de empleador durante los dos primeros años de contrato. Además, la reforma no ha eliminado todas las restricciones a los visados de salida y reentrada, especialmente para las trabajadoras del hogar.

Desde 2017, Qatar ha emprendido una serie de importantes reformas para abolir el sistema de kafala y ampliar las protecciones laborales a los trabajadores y trabajadoras migrantes en el país. En enero de 2020, Qatar adoptó dos decretos ministeriales que permiten a los trabajadores cambiar de empleador en cualquier momento de su contrato (eliminando el Certificado de No Objeción) y abandonar el país de forma temporal o permanente sin tener que obtener el permiso del empleador (suprimiendo el requisito de visado de salida). Además, las trabajadoras del hogar tienen ahora un contrato de trabajo estándar y reciben nóminas de sus empleadores.

El 20 de marzo de 2021 entró en vigor el salario mínimo no discriminatorio de Qatar, que se aplica a todos los trabajadores y trabajadoras, de todas las nacionalidades y en todos los sectores, incluido el trabajo doméstico.

Además, gracias a las reformas se han establecido tribunales laborales para resolver las quejas relativas al impago de los salarios, y se creó un Fondo de Apoyo y Seguro para los Trabajadores.

En los centros de trabajo se han elegido comités de trabajadores para atender las reclamaciones de los trabajadores, y se han creado comités paritarios a nivel sectorial (en particular en la hostelería, la construcción, la seguridad y el transporte).

Por último, Qatar ha establecido un sistema de resolución de conflictos accesible a los trabajadores y trabajadoras migrantes.

El acceso de los palestinos al trabajo en Israel y en los asentamientos ilegales se encuentra fuertemente controlado por un represivo sistema de permisos, controles de seguridad y puestos de control. Solo los palestinos con un permiso de trabajo válido pueden ser empleados “legalmente” por empresas israelíes. De los 133.000 trabajadores palestinos que se calcula que hay en Israel y en los asentamientos ilegales, unos 94.000 tienen permiso de trabajo. Prácticamente todos (99%) los titulares de permiso de trabajo son hombres, y la mayoría trabaja en el sector de la construcción. Los permisos se expiden por una duración máxima de seis meses, pero pueden ser anulados arbitrariamente en cualquier momento por los empleadores o por los servicios de seguridad de Israel. Para disciplinar a los trabajadores que se afilian a sindicatos, exigen derechos o participan en cualquier forma de actividad política, los empleadores suelen amenazar con la anulación de los permisos.

La legislación turca excluye a los altos funcionarios públicos, los magistrados y los guardias de prisiones del derecho a organizarse.

En Bahamas, el personal penitenciario está excluido de la legislación sobre el derecho a organizarse.

En 2021, la violación generalizada de los derechos de los trabajadores en el sector de la subcontratación de procesos comerciales (BPO) de Jamaica, una de las industrias de más rápido crecimiento en el Caribe, suscitó gran preocupación. De los 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector de la BPO en Jamaica –cuyas funciones abarcan la atención al cliente, soporte técnico, ventas, etc.– casi todos tienen contratos temporales y de duración determinada, y ninguna de las más de 70 empresas que operan en la isla ha permitido la representación sindical en sus establecimientos.

Miles de jóvenes trabajadores se sintieron atraídos por los puestos de teleoperadores, seducidos por las promesas de buenos salarios y trabajo cualificado en el seno de una industria global de alta tecnología. No obstante, una vez firmado el contrato, se toparon con una realidad muy distinta: largas jornadas laborales, descansos cortos o inexistentes durante los períodos de mayor actividad, y entornos en los que los empleadores contratan y despiden a su antojo. Aunque no es explícito, el texto de los contratos implica que la organización y la negociación colectiva son motivo de despido.

Por otra parte, la BPO se beneficia de privilegios especiales, puesto que opera bajo la legislación de las zonas económicas especiales (zonas francas) como “servicios de utilidad pública”. Este régimen ha dado lugar a una serie de exenciones fiscales y leyes antisindicales, como, por ejemplo, el hecho de que no se puedan convocar huelgas a menos que los sindicatos avisen a los empleadores con seis semanas de antelación.

La planta azucarera de Taboga, en la provincia de Guanacaste, la principal región productora de caña de azúcar de Costa Rica, recibe cada año a cientos de personas para trabajar en la cosecha, principalmente migrantes de la vecina Nicaragua.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña (SINTRAICA), un sindicato local afiliado a la UITA, ha exigido a la dirección de la empresa, al Ministerio de Trabajo y a las autoridades competentes que se respeten los derechos de los trabajadores de la empresa agroindustrial Ingenio Taboga y que se mejoren las terribles condiciones en las que trabajan y viven los trabajadores y trabajadoras migrantes, en particular mediante el cumplimiento del convenio colectivo sobre subcontratación y trabajo a través de agencia. Afiliarse a un sindicato sigue siendo difícil para los trabajadores migrantes del sector.

En el sector de la confección, que representa la gran mayoría de la industria de la exportación de Bangladesh, más de 500.000 trabajadores/as empleados en las zonas francas industriales (ZFI) no pueden formar ni afiliarse a un sindicato, despojándolos así de la posibilidad de negociar para obtener mejores condiciones de trabajo. La situación empeoró con la aplicación de la Ley del trabajo de las Zonas Francas Industriales (ZFI) de 2019, que establece que los trabajadores solo pueden formar parte de una asociación de bienestar de los trabajadores, en la que estos no disponen de todo el alcance de la negociación colectiva. Está estrictamente prohibido que los trabajadores organicen cualquier tipo de protesta en las ZFI, y las protestas suelen ser objeto de violentas represalias por parte de las autoridades de las ZFI.

En Japón, la ley sigue excluyendo a los bomberos y al personal penitenciario del derecho a crear y afiliarse a sindicatos.

En 2021, Goundar Shipping, una importante compañía de transbordadores de Fiji, despidió a tres marinos filipinos después de que manifestaran su deseo de solicitar un permiso para hablar con los representantes sindicales sobre sus derechos y sobre la manera de regresar a su país. Formaban parte de un grupo de más de 20 marinos filipinos traídos a Fiji para operar y mantener su flota de transbordadores de pasajeros y de carga. Se les prometió salarios y condiciones decentes, pero, una vez allí, la compañía les informó de que se les pagaría entre un 60 y un 70% menos de lo prometido.

Dado que muchos de los marinos no podían permitirse pagar un billete de vuelta, aceptaron quedarse en la empresa y se les volvió a prometer la repatriación después de un año más de trabajo. Pero, llegado el momento, la compañía dijo que los vuelos y los costes por cuarentena eran demasiado caros debido al coronavirus y se negó a cumplir sus obligaciones de ayudar a los marinos a regresar a su país. Los marinos habían presentado quejas oficiales ante las autoridades de Fiji en septiembre de 2020, diciembre de 2020 y enero de 2021, sin éxito.

Trabajando en condiciones duras y aislados en los barcos durante meses, los marinos migrantes constituyen una de las categorías de trabajadores más vulnerables, y a menudo no tienen acceso a los sindicatos.

La legislación de Rwanda sigue prohibiendo a los cargos políticos y a los funcionarios de servicios de seguridad crear sindicatos y afiliarse a ellos.

En Marruecos se sigue denegando el derecho a la libertad sindical a determinadas categorías de empleados públicos, como los jueces.

En los Emiratos Árabes Unidos los trabajadores migrantes representaban el 89% de la mano de obra total. En base al sistema de la kafala, cualquier intento de escapar o abandonar a un empleador en los EAU puede ser castigado por la ley. Los fugitivos son encarcelados, deportados y deben hacerse cargo de importantes costos, incluyendo el pago al empleador de las cuotas de patronazgo sin tener derecho a cobrar los salarios adeudados.

Se han denunciado terribles abusos, como el caso de una mujer nepalí que trabajaba como empleada del hogar en una casa de Dubái y que sufrió repetidos abusos sexuales por parte de su empleador, el hijo de este y varios familiares. Sin poder escapar, la joven de 28 años intentó suicidarse dos veces. También intentó huir del domicilio, pero sin éxito. Entonces cedió a las exigencias de su empleador, esperando que eso la ayudara a escapar. Tras dos años de explotación física y mental, consiguió volver a su país.

En junio de 2021, 700 trabajadores y trabajadoras migrantes de África fueron detenidos en los Emiratos Árabes Unidos y se les negó el acceso a asistencia jurídica y médica. A continuación fueron deportados. En 2021, los trabajadores migrantes de los EAU vieron con frecuencia denegado el pago puntual de sus salarios y el pago adecuado de las horas extraordinarias.

El 1 de octubre de 2021, se inauguró en los Emiratos Árabes Unidos la EXPO de Dubái, una feria internacional de seis meses que acogió a 25 millones de visitantes. Pese a las promesas del Gobierno, los trabajadores migrantes de todo el país siguieron sufriendo graves y frecuentes abusos en el entorno laboral. Los casi 8 millones de trabajadores y trabajadoras de los EAU siguieron arriesgándose a sufrir graves abusos propiciados por el empleo y el explotador sistema de kafala, que implica una escasa aplicación de la normativa y la limitación de su libertad para cambiar de empleador. Los tipos de abusos más denunciados fueron las condiciones de empleo (76%); la vivienda precaria e inadecuada (56%); la denegación arbitraria de libertades (42%); la salud y la seguridad (39%); los abusos verbales y físicos (13%); la trata de personas (5%); las muertes (5%) y las lesiones (4%).

En los últimos años Arabia Saudita ha pasado por un período de cambios legislativos, y las reformas legales entraron en vigor el 14 de marzo de 2021.

Con las reformas se ha facilitado la capacidad de los trabajadores para cambiar de empleo, y ya no se requiere el permiso del empleador para salir del país. Otra reforma importante en Arabia Saudita ha sido la de los tribunales laborales, que se han automatizado para garantizar una justicia rápida y eficaz y para mejorar la transparencia.

Los empleadores han utilizado durante décadas las restricciones a la movilidad para explotar y abusar de los trabajadores inmigrantes, por lo que estos avances eran muy esperados y constituyen un gran paso para millones de trabajadores y trabajadoras inmigrantes en el país.

No obstante, la reforma no ha abordado todos los problemas pendientes, puesto que solo se aplica a aproximadamente 6,7 millones de trabajadores migrantes, quedando excluidos 3,6 millones de trabajadoras del hogar, agricultores, pastores, guardias particulares y chóferes privados. Además, la reforma sigue comportando restricciones por las que los trabajadores solo pueden transferir el patrocinio sin el consentimiento del patrocinador tras haber completado un año de contrato o al vencer el contrato de trabajo. Las trabajadoras del hogar se enfrentan a condiciones más restrictivas a la hora de cambiar de empleador durante los dos primeros años de contrato. Además, la reforma no ha eliminado todas las restricciones a los visados de salida y reentrada, especialmente para las trabajadoras del hogar.

Desde 2017, Qatar ha emprendido una serie de importantes reformas para abolir el sistema de kafala y ampliar las protecciones laborales a los trabajadores y trabajadoras migrantes en el país. En enero de 2020, Qatar adoptó dos decretos ministeriales que permiten a los trabajadores cambiar de empleador en cualquier momento de su contrato (eliminando el Certificado de No Objeción) y abandonar el país de forma temporal o permanente sin tener que obtener el permiso del empleador (suprimiendo el requisito de visado de salida). Además, las trabajadoras del hogar tienen ahora un contrato de trabajo estándar y reciben nóminas de sus empleadores.

El 20 de marzo de 2021 entró en vigor el salario mínimo no discriminatorio de Qatar, que se aplica a todos los trabajadores y trabajadoras, de todas las nacionalidades y en todos los sectores, incluido el trabajo doméstico.

Además, gracias a las reformas se han establecido tribunales laborales para resolver las quejas relativas al impago de los salarios, y se creó un Fondo de Apoyo y Seguro para los Trabajadores.

En los centros de trabajo se han elegido comités de trabajadores para atender las reclamaciones de los trabajadores, y se han creado comités paritarios a nivel sectorial (en particular en la hostelería, la construcción, la seguridad y el transporte).

Por último, Qatar ha establecido un sistema de resolución de conflictos accesible a los trabajadores y trabajadoras migrantes.

El acceso de los palestinos al trabajo en Israel y en los asentamientos ilegales se encuentra fuertemente controlado por un represivo sistema de permisos, controles de seguridad y puestos de control. Solo los palestinos con un permiso de trabajo válido pueden ser empleados “legalmente” por empresas israelíes. De los 133.000 trabajadores palestinos que se calcula que hay en Israel y en los asentamientos ilegales, unos 94.000 tienen permiso de trabajo. Prácticamente todos (99%) los titulares de permiso de trabajo son hombres, y la mayoría trabaja en el sector de la construcción. Los permisos se expiden por una duración máxima de seis meses, pero pueden ser anulados arbitrariamente en cualquier momento por los empleadores o por los servicios de seguridad de Israel. Para disciplinar a los trabajadores que se afilian a sindicatos, exigen derechos o participan en cualquier forma de actividad política, los empleadores suelen amenazar con la anulación de los permisos.

La legislación turca excluye a los altos funcionarios públicos, los magistrados y los guardias de prisiones del derecho a organizarse.

En Bahamas, el personal penitenciario está excluido de la legislación sobre el derecho a organizarse.

En 2021, la violación generalizada de los derechos de los trabajadores en el sector de la subcontratación de procesos comerciales (BPO) de Jamaica, una de las industrias de más rápido crecimiento en el Caribe, suscitó gran preocupación. De los 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector de la BPO en Jamaica –cuyas funciones abarcan la atención al cliente, soporte técnico, ventas, etc.– casi todos tienen contratos temporales y de duración determinada, y ninguna de las más de 70 empresas que operan en la isla ha permitido la representación sindical en sus establecimientos.

Miles de jóvenes trabajadores se sintieron atraídos por los puestos de teleoperadores, seducidos por las promesas de buenos salarios y trabajo cualificado en el seno de una industria global de alta tecnología. No obstante, una vez firmado el contrato, se toparon con una realidad muy distinta: largas jornadas laborales, descansos cortos o inexistentes durante los períodos de mayor actividad, y entornos en los que los empleadores contratan y despiden a su antojo. Aunque no es explícito, el texto de los contratos implica que la organización y la negociación colectiva son motivo de despido.

Por otra parte, la BPO se beneficia de privilegios especiales, puesto que opera bajo la legislación de las zonas económicas especiales (zonas francas) como “servicios de utilidad pública”. Este régimen ha dado lugar a una serie de exenciones fiscales y leyes antisindicales, como, por ejemplo, el hecho de que no se puedan convocar huelgas a menos que los sindicatos avisen a los empleadores con seis semanas de antelación.

La planta azucarera de Taboga, en la provincia de Guanacaste, la principal región productora de caña de azúcar de Costa Rica, recibe cada año a cientos de personas para trabajar en la cosecha, principalmente migrantes de la vecina Nicaragua.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña (SINTRAICA), un sindicato local afiliado a la UITA, ha exigido a la dirección de la empresa, al Ministerio de Trabajo y a las autoridades competentes que se respeten los derechos de los trabajadores de la empresa agroindustrial Ingenio Taboga y que se mejoren las terribles condiciones en las que trabajan y viven los trabajadores y trabajadoras migrantes, en particular mediante el cumplimiento del convenio colectivo sobre subcontratación y trabajo a través de agencia. Afiliarse a un sindicato sigue siendo difícil para los trabajadores migrantes del sector.

En el sector de la confección, que representa la gran mayoría de la industria de la exportación de Bangladesh, más de 500.000 trabajadores/as empleados en las zonas francas industriales (ZFI) no pueden formar ni afiliarse a un sindicato, despojándolos así de la posibilidad de negociar para obtener mejores condiciones de trabajo. La situación empeoró con la aplicación de la Ley del trabajo de las Zonas Francas Industriales (ZFI) de 2019, que establece que los trabajadores solo pueden formar parte de una asociación de bienestar de los trabajadores, en la que estos no disponen de todo el alcance de la negociación colectiva. Está estrictamente prohibido que los trabajadores organicen cualquier tipo de protesta en las ZFI, y las protestas suelen ser objeto de violentas represalias por parte de las autoridades de las ZFI.

En Japón, la ley sigue excluyendo a los bomberos y al personal penitenciario del derecho a crear y afiliarse a sindicatos.

En 2021, Goundar Shipping, una importante compañía de transbordadores de Fiji, despidió a tres marinos filipinos después de que manifestaran su deseo de solicitar un permiso para hablar con los representantes sindicales sobre sus derechos y sobre la manera de regresar a su país. Formaban parte de un grupo de más de 20 marinos filipinos traídos a Fiji para operar y mantener su flota de transbordadores de pasajeros y de carga. Se les prometió salarios y condiciones decentes, pero, una vez allí, la compañía les informó de que se les pagaría entre un 60 y un 70% menos de lo prometido.

Dado que muchos de los marinos no podían permitirse pagar un billete de vuelta, aceptaron quedarse en la empresa y se les volvió a prometer la repatriación después de un año más de trabajo. Pero, llegado el momento, la compañía dijo que los vuelos y los costes por cuarentena eran demasiado caros debido al coronavirus y se negó a cumplir sus obligaciones de ayudar a los marinos a regresar a su país. Los marinos habían presentado quejas oficiales ante las autoridades de Fiji en septiembre de 2020, diciembre de 2020 y enero de 2021, sin éxito.

Trabajando en condiciones duras y aislados en los barcos durante meses, los marinos migrantes constituyen una de las categorías de trabajadores más vulnerables, y a menudo no tienen acceso a los sindicatos.

La legislación de Rwanda sigue prohibiendo a los cargos políticos y a los funcionarios de servicios de seguridad crear sindicatos y afiliarse a ellos.

En Marruecos se sigue denegando el derecho a la libertad sindical a determinadas categorías de empleados públicos, como los jueces.

En los Emiratos Árabes Unidos los trabajadores migrantes representaban el 89% de la mano de obra total. En base al sistema de la kafala, cualquier intento de escapar o abandonar a un empleador en los EAU puede ser castigado por la ley. Los fugitivos son encarcelados, deportados y deben hacerse cargo de importantes costos, incluyendo el pago al empleador de las cuotas de patronazgo sin tener derecho a cobrar los salarios adeudados.

Se han denunciado terribles abusos, como el caso de una mujer nepalí que trabajaba como empleada del hogar en una casa de Dubái y que sufrió repetidos abusos sexuales por parte de su empleador, el hijo de este y varios familiares. Sin poder escapar, la joven de 28 años intentó suicidarse dos veces. También intentó huir del domicilio, pero sin éxito. Entonces cedió a las exigencias de su empleador, esperando que eso la ayudara a escapar. Tras dos años de explotación física y mental, consiguió volver a su país.

En junio de 2021, 700 trabajadores y trabajadoras migrantes de África fueron detenidos en los Emiratos Árabes Unidos y se les negó el acceso a asistencia jurídica y médica. A continuación fueron deportados. En 2021, los trabajadores migrantes de los EAU vieron con frecuencia denegado el pago puntual de sus salarios y el pago adecuado de las horas extraordinarias.

El 1 de octubre de 2021, se inauguró en los Emiratos Árabes Unidos la EXPO de Dubái, una feria internacional de seis meses que acogió a 25 millones de visitantes. Pese a las promesas del Gobierno, los trabajadores migrantes de todo el país siguieron sufriendo graves y frecuentes abusos en el entorno laboral. Los casi 8 millones de trabajadores y trabajadoras de los EAU siguieron arriesgándose a sufrir graves abusos propiciados por el empleo y el explotador sistema de kafala, que implica una escasa aplicación de la normativa y la limitación de su libertad para cambiar de empleador. Los tipos de abusos más denunciados fueron las condiciones de empleo (76%); la vivienda precaria e inadecuada (56%); la denegación arbitraria de libertades (42%); la salud y la seguridad (39%); los abusos verbales y físicos (13%); la trata de personas (5%); las muertes (5%) y las lesiones (4%).

En los últimos años Arabia Saudita ha pasado por un período de cambios legislativos, y las reformas legales entraron en vigor el 14 de marzo de 2021.

Con las reformas se ha facilitado la capacidad de los trabajadores para cambiar de empleo, y ya no se requiere el permiso del empleador para salir del país. Otra reforma importante en Arabia Saudita ha sido la de los tribunales laborales, que se han automatizado para garantizar una justicia rápida y eficaz y para mejorar la transparencia.

Los empleadores han utilizado durante décadas las restricciones a la movilidad para explotar y abusar de los trabajadores inmigrantes, por lo que estos avances eran muy esperados y constituyen un gran paso para millones de trabajadores y trabajadoras inmigrantes en el país.

No obstante, la reforma no ha abordado todos los problemas pendientes, puesto que solo se aplica a aproximadamente 6,7 millones de trabajadores migrantes, quedando excluidos 3,6 millones de trabajadoras del hogar, agricultores, pastores, guardias particulares y chóferes privados. Además, la reforma sigue comportando restricciones por las que los trabajadores solo pueden transferir el patrocinio sin el consentimiento del patrocinador tras haber completado un año de contrato o al vencer el contrato de trabajo. Las trabajadoras del hogar se enfrentan a condiciones más restrictivas a la hora de cambiar de empleador durante los dos primeros años de contrato. Además, la reforma no ha eliminado todas las restricciones a los visados de salida y reentrada, especialmente para las trabajadoras del hogar.

Desde 2017, Qatar ha emprendido una serie de importantes reformas para abolir el sistema de kafala y ampliar las protecciones laborales a los trabajadores y trabajadoras migrantes en el país. En enero de 2020, Qatar adoptó dos decretos ministeriales que permiten a los trabajadores cambiar de empleador en cualquier momento de su contrato (eliminando el Certificado de No Objeción) y abandonar el país de forma temporal o permanente sin tener que obtener el permiso del empleador (suprimiendo el requisito de visado de salida). Además, las trabajadoras del hogar tienen ahora un contrato de trabajo estándar y reciben nóminas de sus empleadores.

El 20 de marzo de 2021 entró en vigor el salario mínimo no discriminatorio de Qatar, que se aplica a todos los trabajadores y trabajadoras, de todas las nacionalidades y en todos los sectores, incluido el trabajo doméstico.

Además, gracias a las reformas se han establecido tribunales laborales para resolver las quejas relativas al impago de los salarios, y se creó un Fondo de Apoyo y Seguro para los Trabajadores.

En los centros de trabajo se han elegido comités de trabajadores para atender las reclamaciones de los trabajadores, y se han creado comités paritarios a nivel sectorial (en particular en la hostelería, la construcción, la seguridad y el transporte).

Por último, Qatar ha establecido un sistema de resolución de conflictos accesible a los trabajadores y trabajadoras migrantes.

El acceso de los palestinos al trabajo en Israel y en los asentamientos ilegales se encuentra fuertemente controlado por un represivo sistema de permisos, controles de seguridad y puestos de control. Solo los palestinos con un permiso de trabajo válido pueden ser empleados “legalmente” por empresas israelíes. De los 133.000 trabajadores palestinos que se calcula que hay en Israel y en los asentamientos ilegales, unos 94.000 tienen permiso de trabajo. Prácticamente todos (99%) los titulares de permiso de trabajo son hombres, y la mayoría trabaja en el sector de la construcción. Los permisos se expiden por una duración máxima de seis meses, pero pueden ser anulados arbitrariamente en cualquier momento por los empleadores o por los servicios de seguridad de Israel. Para disciplinar a los trabajadores que se afilian a sindicatos, exigen derechos o participan en cualquier forma de actividad política, los empleadores suelen amenazar con la anulación de los permisos.

En junio de 2021, 54 trabajadores de la fábrica ASD Laminat Factory de Düzce (Turquía) fueron despedidos como consecuencia de su afiliación al Sindicato Turco de Trabajadores de la Industria de la Madera y el Papel (AGAC-IS). La empresa se negó a reconocer al sindicato y recurrió a maniobras antisindicales, como despedir de manera arbitraria a sindicalistas y presionar a otros trabajadores para que renunciaran a su afiliación sindical. Tras una batalla legal de cuatro años, un tribunal local falló a favor de la reincorporación de los trabajadores a principios de este año. Sin embargo, la empresa siguió desacatando la decisión del tribunal e intensificó sus prácticas antisindicales. El 30 de junio, tan pronto como se levantó la “prohibición del despido” impuesta durante la pandemia, la fábrica empezó a despedir a trabajadores. A fecha de 14 de julio de 2021 había despedido a otros 19 trabajadores.

Cuando los trabajadores y trabajadoras del fabricante de smartphones Salcomp en Estambul, Turquía, ejercieron su derecho fundamental a afiliarse a un sindicato, fueron objeto de intimidaciones, amenazas y despidos. Las condiciones de trabajo en la planta eran insoportables. Durante la pandemia se impusieron horas extraordinarias sin el consentimiento de los trabajadores y además solo se las pagaban parcialmente. Los descansos solo podían hacerse a discreción de los directores, y, como no había cantina, los trabajadores tuvieron que estar comiendo durante un tiempo en el interior de unos contenedores. Muchos trabajadores enfermaron de COVID-19.

Los trabajadores y trabajadoras decidieron afiliarse al Turkish Metalworkers’ Union (Türk Metal) en agosto de 2021, en respuesta a lo cual la dirección puso en marcha una campaña de represión sindical. Los trabajadores fueron intimidados y amenazados, y 170 miembros del sindicato fueron despedidos. Alrededor del 80% de los trabajadores despedidos eran mujeres. Tras seis días de protesta, los trabajadores consiguieron que Salcomp revocara su decisión y reincorporara a todos los miembros del sindicato despedidos.

Salcomp fabrica smartphones para la multinacional china Xiaomi, el segundo mayor fabricante de smartphones del mundo. En la planta de Estambul hay aproximadamente 800 trabajadores y trabajadoras, y se ha previsto aumentar la plantilla a 2.000 empleados.

En noviembre de 2021, EasyJet interfirió gravemente en las elecciones sindicales de su centro de Barcelona (España) al despedir al representante de CC.OO. Este despido antisindical no tenía más motivo que impedir la expansión sindical en la empresa.

En el sector privado griego, los empleadores despiden, trasladan y rebajan de categoría a los trabajadores y trabajadoras sindicalizados, o amenazan con emprender tales medidas contra los trabajadores para disuadirles de afiliarse a un sindicato.

United Paper Mills (UPM) despidió al delegado sindical de su aserradero de Kaukas (Finlandia) en abril de 2021. La empresa alegó que se trataba de un despido legítimo relacionado con el cierre de una línea de producción del aserradero y con una “renovación del modelo de gestión”. Los sindicatos, por su parte, consideraron que se trataba de una maniobra para intentar socavar los sindicatos, que se produjo poco después de que UPM anunciara su intención de eliminar el sistema de negociación colectiva.

En junio de 2021, dos empresas turcas, Cengiz İnşaat y CI-AY Mühendislik, fueron contratadas para reconstruir un tramo ferroviario en Croacia. Desde el inicio del proyecto, SGH, organización afiliada a la Unión de Sindicatos Autónomos de Croacia (SSSH, por sus siglas en croata) en el sector de la construcción, se puso en contacto con la dirección de las dos empresas para hablar de la necesidad de aplicar el convenio colectivo sectorial a todos los trabajadores empleados en el proyecto de reconstrucción, incluidos los trabajadores turcos contratados para el proyecto. Las dos empresas se negaron rotundamente a cualquier intento de la SGH de difundir información a los trabajadores.

El 17 de febrero de 2022, la SGH visitó a los trabajadores en la obra durante su descanso y les entregó folletos sobre los derechos recogidos en el convenio colectivo. Los trabajadores denunciaron una serie de violaciones de sus derechos, en particular trabajar entre 250 y 300 horas al mes y no cobrar las horas extras. Inmediatamente después, 17 trabajadores recibieron un mensaje de texto en el que se les informaba que habían sido despedidos.

En Bulgaria los trabajadores y trabajadoras se enfrentan a numerosos obstáculos a la hora de afiliarse a un sindicato, puesto que los empleadores despiden a los trabajadores sindicalizados, acosan a los dirigentes sindicales, crean sindicatos amarillos y se niegan a recaudar las cuotas sindicales, pese a los acuerdos relativos a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales.

Tras la reestructuración en abril de 2021 de la Administración de la Seguridad Social de Armenia, que fusionó en un solo organismo los servicios municipales y tres administraciones estatales, cada uno de los cuales tenía su propio sindicato, la dirección del recién creado Unified Social Service (USS) decidió anular las disposiciones relativas a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales y al cobro de las cuotas sindicales. Esta decisión unilateral tuvo un impacto desastroso en las finanzas de los sindicatos y en su capacidad de funcionamiento. Pese a las insistentes peticiones de los presidentes de los sindicatos, la cuestión no pudo resolverse.

En 2021, Coca-Cola Uruguay impuso una reestructuración para despedir a 16 trabajadores de Montevideo y 18 del departamento de Salto. La empresa alegó que despediría a aquellos que hubieran recibido una sanción disciplinaria en el pasado. En realidad, la empresa solo se dirigió a los trabajadores y trabajadoras organizados de Salto.

El Sindicato de Trabajadores de Coca-Cola (STCC) intentó abogar por su reincorporación durante una negociación de 45 días, sin conseguir llegar a un acuerdo con Coca Cola. El 4 de agosto de 2021, el STCC decidió por unanimidad hacer una huelga de siete días.

Durante la pandemia, la dirección de Luxottica en el centro de fabricación y distribución de McDonough, Estados Unidos, utilizó una aplicación de la empresa, denominada “LiveSafe”, supuestamente para informar a los trabajadores sobre cuestiones relacionadas con la COVID-19 en el lugar de trabajo. No obstante, en realidad la aplicación servía de plataforma para que la dirección enviara mensajes antisindicales sobre los supuestos “riesgos” de la organización sindical, como, por ejemplo, que los trabajadores podrían perder sueldo y prestaciones si conseguían formar un sindicato. Además de la aplicación, la dirección creó un sitio web antisindical en el que se denigraba a los sindicatos y se indicaban graves consecuencias derivadas de la firma de una tarjeta de afiliación por parte de los trabajadores. La empresa también contrató a consultores antisindicales y exigió a los trabajadores asistir a reuniones obligatorias de “audiencia cautiva” en las que se criticaba a los sindicatos sin que los partidarios de los mismos tuvieran posibilidad de responder.

El 15 de julio de 2021, agrupaciones sindicales nacionales e internacionales presentaron una queja en virtud de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, alegando graves violaciones de los derechos a la libertad sindical de los trabajadores de Luxottica USA.

El centro de fabricación y distribución de Luxottica en Georgia emplea a 2.000 trabajadores y trabajadoras. Luxottica es una división del grupo EssilorLuxottica, el mayor proveedor mundial de gafas y productos para el cuidado de la vista, que presta servicios a un mercado global y cuenta con más de 150.000 empleados en todo el mundo.

Durante 2021, Heinz-Glas Perú mantuvo su política antisindical para disolver el sindicato e impedir la negociación colectiva. La empresa ofreció ayuda para la desafiliación de los miembros, acudiendo incluso a sus domicilios, enviándoles una carta de desafiliación, llamándoles uno a uno para animarles a desafiliarse y ofreciendo puestos de trabajo mejor remunerados a quienes decidieran desafiliarse.

A finales de abril de 2021, AB InBev La Constancia, en El Salvador, una de las mayores cerveceras del mundo, despidió injustamente a 32 trabajadores, todos ellos miembros del Sindicato de Trabajadores de La Constancia (SITRACONSTA), afiliado a la UITA. El 30 de julio de 2021, la empresa despidió a otros 30 trabajadores afiliados al sindicato. El sindicato solicitó la reincorporación inmediata de los sindicalistas injustamente despedidos, el reconocimiento del sindicato y el comienzo de la negociación colectiva. La empresa se negó sistemáticamente a autorizar la negociación, argumentando que no tenía tiempo debido a sus planes de reestructuración y a las medidas para hacer frente a la pandemia.

A lo largo de 2021, La Constancia ha mantenido su política antisindical de intimidar a los miembros del sindicato diciéndoles que los despidos son responsabilidad de SITRACONSTA y ofreciendo seguridad laboral a los trabajadores y trabajadoras que demuestren haber renunciado al sindicato.

En 2021, Hyundai colaboró en la creación de una planta de fabricación de automóviles en el sureste de Corea para poder producir coches de forma barata y, sobre todo, sin sindicatos. La nueva planta de automóviles, que se inauguraba a finales de 2021, está gestionada por Gwangju Global Motors (GGM), una empresa fundada recientemente por la ciudad de Gwangju, que tiene una participación mayoritaria del 21%, mientras que Hyundai tiene una participación del 19%. El objetivo era, sobre todo, evitar la mano de obra organizada. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la propia Hyundai están organizados y han emprendido, con éxito, acciones industriales para conseguir mejores salarios. El salario medio anual en Hyundai es de 88 millones KRW. En la nueva planta, apodada “fábrica de medio salario”, el promedio salarial anual es de 35 millones KRW, lo que se sitúa por debajo de la media nacional de 42,34 millones KRW para los empleados de la empresa.

En mayo de 2021 la dirección del hotel Fairmont Sanur de Bali, Indonesia, perteneciente a la cadena Accor, se puso en contacto individualmente con los trabajadores que habían sido despedidos en julio de 2020 para ofrecerles de nuevo sus puestos de trabajo a condición de que renunciasen a su afiliación sindical.

En abril de 2020 los trabajadores habían aceptado un recorte salarial masivo del 70% para mantener el hotel en funcionamiento durante la pandemia. Pese a ello, la dirección intentó obligar a 68 trabajadores y trabajadoras a firmar cartas de dimisión “voluntaria” a finales de julio de 2020. Todos ellos eran miembros del recién creado sindicato Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Los trabajadores se negaron y, dos días después, recibieron una carta confirmando su despido.

La carta que los trabajadores tuvieron que firmar para recuperar sus puestos de trabajo especificaba: “Como empleado del Fairmont Hotel, por la presente declaro voluntariamente y con conocimiento de causa, sin coacción de parte alguna, que nunca me he afiliado al Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Así pues, presento esta carta de declaración en honor a la verdad.”

De los trabajadores contactados, solo cuatro accedieron a firmar, mientras que 38 siguieron luchando por la readmisión alegando despido improcedente.

En agosto de 2021, la sección del Kerala Bank del distrito de Thiruvananthapuram, en la India, introdujo una serie de nuevos estatutos que limitan las actividades sindicales de su personal. En virtud de las nuevas normas, los sindicatos no pueden intervenir en ninguna decisión relacionada con los traslados. Poco después de ese anuncio, dos mujeres líderes de la Bank Employees Federation of India (BEFI) fueron trasladadas fuera de su distrito. Ambas mujeres eran miembros del Subcomité de Mujeres de la BEFI y trabajaban en la misma unidad. Fueron trasladadas con efecto inmediato a dos lugares distintos. Según el BEFI, el traslado se debe al permiso que se tomaron para participar en la convención del Consejo General del sindicato.

El complejo de hoteles y casinos NagaWorld en Phnom Penh, Camboya, ha negado sistemáticamente a sus trabajadores y trabajadoras el derecho a la representación sindical. Durante más de dos décadas la dirección se ha negado a reconocer plenamente al sindicato Union of Khmer Employees of Naga World (LRSU).

El 24 de septiembre de 2021, se había previsto celebrar una reunión en la oficina de la Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF) en Chattogram para formar un comité regional del IndustriALL Bangladesh Council (IBC). Sin embargo, la reunión se suspendió después de que el vicepresidente senior del IBC, Salauddin Shapon, recibiera una llamada de la policía. Al día siguiente se había previsto celebrar otra reunión en un lugar distinto, pero la policía volvió a ponerse en contacto con el vicepresidente para decirle que la reunión tampoco podía celebrarse allí.

En un tercer intento, el IBC decidió celebrar la reunión en la oficina de otra organización afiliada, la Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL), pero cuando los líderes del IBC llegaron, varios agentes de policía, algunos de ellos de paisano, bloquearon la puerta y no permitieron la entrada a nadie.

En Sudáfrica, cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Rodas iniciaron una huelga el 10 de agosto de 2021 después de que la institución no reconociera a su sindicato, el National Union of Public Service and Allied Workers (NUPSAW). Habiendo organizado a más del 10% del personal, el 29 de abril de 2021 el NUPSAW se había desplazado hasta la universidad para solicitar su reconocimiento, en particular el derecho a organizar y reclutar miembros y a celebrar reuniones en el campus.

Cuando se le preguntó por qué la universidad se negaba a reconocer el sindicato, el principal responsable de comunicación dijo, en flagrante violación de las leyes sudafricanas, que el NUPSAW no era suficientemente representativo.

En junio de 2021, la Société des Brasseries du Mali (BRAMALI) procedió a despedir de forma selectiva a los delegados sindicales de la empresa, entre ellos el vicesecretario general del sindicato, el secretario de Comunicación y el secretario de Finanzas. Otros delegados sindicales estaban en lista de espera para ser despedidos y recibieron un preaviso de ocho días. Los despidos se produjeron en medio de un conflicto sindical en BRAMALI tras una huelga de tres días que se llevó a cabo en mayo de 2021.

Los trabajadores y trabajadoras de Style Industries Ltd, una fabricante de cabello sintético, llevan luchando desde 2015 por el reconocimiento de su sindicato, el Kenyan Union of Hair and Beauty Workers (KUHABWO). KUHABWO reclutó a 3.811 trabajadores de una plantilla de 6.000, de los cuales el 85% son mujeres, pero la empresa hizo todo lo posible para acosar y disuadir a los miembros del sindicato. Cuando los delegados sindicales acudían a reclutar trabajadores durante los descansos o la hora de la comida, el empleador recurría a la policía para acosar y detener a los trabajadores e impedir que hablasen con los representantes sindicales.

El conflicto se estancó en el proceso de conciliación, y el caso llegó al Tribunal de Empleo y Relaciones Laborales, que en 2017 emitió una orden de restricción contra la empresa. El auto ordenaba a Style Industries que dejara de “victimizar, intimidar, coaccionar, acosar y consentir prácticas laborales injustas” y que permitiera que el caso se resolviese en los tribunales. Además, el tribunal señaló que la empresa tenía que dejar de rescindir contratos y despedir a miembros del sindicato por el hecho de pertenecer al mismo.

Pese a la decisión del tribunal, las tácticas antisindicales de la empresa no cesaron, y en mayo de 2021 despidió a otros 150 miembros del sindicato. Los que no se dejaron disuadir por la maniobra y siguieron siendo miembros del sindicato fueron amenazados con el despido.

En junio de 2021 se puso en marcha una campaña de solidaridad para concienciar sobre las tácticas antisindicales de la empresa.

Amadou Diallo y Alhassane Diallo, secretario general y vicesecretario general, respectivamente, del sindicato de trabajadores y trabajadoras del Sheraton Grand Conakry, han estado solicitando desde de octubre de 2020 su reincorporación tras haber sido despedidos por su participación en actividades sindicales. A pesar de las campañas de solidaridad internacional y de una denuncia ante la OIT, la dirección del hotel se ha negado rotundamente a reincorporarlos.

Los trabajadores del Sheraton Grand Conakry, el mayor hotel de Guinea, empezaron a organizarse en marzo de 2019 en respuesta a los bajos salarios, las horas extraordinarias no remuneradas y la falta de prestaciones sanitarias. El largo proceso de organización finalizó el 11 de febrero de 2020 con unas satisfactorias elecciones sindicales. Durante todo este tiempo, la dirección del hotel intentó por todos los medios impedir que se celebraran las elecciones y, en una flagrante maniobra de ataque al sindicato, procedió a despedir injustamente a los dos líderes sindicales.

En abril de 2021, una plata de clasificación de residuos para la ciudad de Jerusalén que opera en la zona industrial del asentamiento de Atarot, socavó los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Cerca de 110 de sus trabajadores palestinos se afiliaron al sindicato Maan Union para luchar contra unas condiciones de trabajo abusivas. Los empleadores utilizaron las restricciones financieras impuestas por la COVID-19 para mermar las labores de organización de los trabajadores. Decenas de trabajadores se vieron obligados a pedir una excedencia sin sueldo, otros tuvieron que permanecer en el recinto de la fábrica sin las disposiciones adecuadas si querían mantener sus puestos de trabajo, y nueve trabajadores fueron despedidos, entre ellos varios dirigentes sindicales.

En 2021, varios trabajadores que intentaron formar sindicatos en Omán fueron objeto de decisiones arbitrarias por parte de sus empleadores para dificultarles e impedirles la formación de sindicatos; estas decisiones incluyeron despidos y traslados a lugares remotos.

El 11 de julio de 2021, el Ministerio de Electricidad de Iraq emitió una directiva por la que se prohibían los comités sindicales y se ordenaba a los empleados de empresas públicas no participar en dichos comités so pena de ser sometidos a procesos penales. Además, el Ministerio de Industria y Minería iraquí emitió amonestaciones disciplinarias contra dos dirigentes sindicales en represalia por sus actividades de organización.

Los miembros del sindicato de los centros de atención telefónica Webhelp y Sitel Group de Marruecos fueron despedidos de manera improcedente pese a que poco antes, en junio de 2021, se celebraron en todo el país elecciones de delegados de personal. En Sitel, los empleados que habían creado una oficina sindical con la Union Marocaine des Travailleurs (UMT) fueron despedidos o suspendidos sin sueldo. En Webhelp, los empleados que intentaron formar sindicatos en varios lugares de trabajo se enfrentaron a prácticas intimidatorias y a presiones por parte de la dirección.

En junio de 2021, 54 trabajadores de la fábrica ASD Laminat Factory de Düzce (Turquía) fueron despedidos como consecuencia de su afiliación al Sindicato Turco de Trabajadores de la Industria de la Madera y el Papel (AGAC-IS). La empresa se negó a reconocer al sindicato y recurrió a maniobras antisindicales, como despedir de manera arbitraria a sindicalistas y presionar a otros trabajadores para que renunciaran a su afiliación sindical. Tras una batalla legal de cuatro años, un tribunal local falló a favor de la reincorporación de los trabajadores a principios de este año. Sin embargo, la empresa siguió desacatando la decisión del tribunal e intensificó sus prácticas antisindicales. El 30 de junio, tan pronto como se levantó la “prohibición del despido” impuesta durante la pandemia, la fábrica empezó a despedir a trabajadores. A fecha de 14 de julio de 2021 había despedido a otros 19 trabajadores.

Cuando los trabajadores y trabajadoras del fabricante de smartphones Salcomp en Estambul, Turquía, ejercieron su derecho fundamental a afiliarse a un sindicato, fueron objeto de intimidaciones, amenazas y despidos. Las condiciones de trabajo en la planta eran insoportables. Durante la pandemia se impusieron horas extraordinarias sin el consentimiento de los trabajadores y además solo se las pagaban parcialmente. Los descansos solo podían hacerse a discreción de los directores, y, como no había cantina, los trabajadores tuvieron que estar comiendo durante un tiempo en el interior de unos contenedores. Muchos trabajadores enfermaron de COVID-19.

Los trabajadores y trabajadoras decidieron afiliarse al Turkish Metalworkers’ Union (Türk Metal) en agosto de 2021, en respuesta a lo cual la dirección puso en marcha una campaña de represión sindical. Los trabajadores fueron intimidados y amenazados, y 170 miembros del sindicato fueron despedidos. Alrededor del 80% de los trabajadores despedidos eran mujeres. Tras seis días de protesta, los trabajadores consiguieron que Salcomp revocara su decisión y reincorporara a todos los miembros del sindicato despedidos.

Salcomp fabrica smartphones para la multinacional china Xiaomi, el segundo mayor fabricante de smartphones del mundo. En la planta de Estambul hay aproximadamente 800 trabajadores y trabajadoras, y se ha previsto aumentar la plantilla a 2.000 empleados.

En noviembre de 2021, EasyJet interfirió gravemente en las elecciones sindicales de su centro de Barcelona (España) al despedir al representante de CC.OO. Este despido antisindical no tenía más motivo que impedir la expansión sindical en la empresa.

En el sector privado griego, los empleadores despiden, trasladan y rebajan de categoría a los trabajadores y trabajadoras sindicalizados, o amenazan con emprender tales medidas contra los trabajadores para disuadirles de afiliarse a un sindicato.

United Paper Mills (UPM) despidió al delegado sindical de su aserradero de Kaukas (Finlandia) en abril de 2021. La empresa alegó que se trataba de un despido legítimo relacionado con el cierre de una línea de producción del aserradero y con una “renovación del modelo de gestión”. Los sindicatos, por su parte, consideraron que se trataba de una maniobra para intentar socavar los sindicatos, que se produjo poco después de que UPM anunciara su intención de eliminar el sistema de negociación colectiva.

En junio de 2021, dos empresas turcas, Cengiz İnşaat y CI-AY Mühendislik, fueron contratadas para reconstruir un tramo ferroviario en Croacia. Desde el inicio del proyecto, SGH, organización afiliada a la Unión de Sindicatos Autónomos de Croacia (SSSH, por sus siglas en croata) en el sector de la construcción, se puso en contacto con la dirección de las dos empresas para hablar de la necesidad de aplicar el convenio colectivo sectorial a todos los trabajadores empleados en el proyecto de reconstrucción, incluidos los trabajadores turcos contratados para el proyecto. Las dos empresas se negaron rotundamente a cualquier intento de la SGH de difundir información a los trabajadores.

El 17 de febrero de 2022, la SGH visitó a los trabajadores en la obra durante su descanso y les entregó folletos sobre los derechos recogidos en el convenio colectivo. Los trabajadores denunciaron una serie de violaciones de sus derechos, en particular trabajar entre 250 y 300 horas al mes y no cobrar las horas extras. Inmediatamente después, 17 trabajadores recibieron un mensaje de texto en el que se les informaba que habían sido despedidos.

En Bulgaria los trabajadores y trabajadoras se enfrentan a numerosos obstáculos a la hora de afiliarse a un sindicato, puesto que los empleadores despiden a los trabajadores sindicalizados, acosan a los dirigentes sindicales, crean sindicatos amarillos y se niegan a recaudar las cuotas sindicales, pese a los acuerdos relativos a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales.

Tras la reestructuración en abril de 2021 de la Administración de la Seguridad Social de Armenia, que fusionó en un solo organismo los servicios municipales y tres administraciones estatales, cada uno de los cuales tenía su propio sindicato, la dirección del recién creado Unified Social Service (USS) decidió anular las disposiciones relativas a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales y al cobro de las cuotas sindicales. Esta decisión unilateral tuvo un impacto desastroso en las finanzas de los sindicatos y en su capacidad de funcionamiento. Pese a las insistentes peticiones de los presidentes de los sindicatos, la cuestión no pudo resolverse.

En 2021, Coca-Cola Uruguay impuso una reestructuración para despedir a 16 trabajadores de Montevideo y 18 del departamento de Salto. La empresa alegó que despediría a aquellos que hubieran recibido una sanción disciplinaria en el pasado. En realidad, la empresa solo se dirigió a los trabajadores y trabajadoras organizados de Salto.

El Sindicato de Trabajadores de Coca-Cola (STCC) intentó abogar por su reincorporación durante una negociación de 45 días, sin conseguir llegar a un acuerdo con Coca Cola. El 4 de agosto de 2021, el STCC decidió por unanimidad hacer una huelga de siete días.

Durante la pandemia, la dirección de Luxottica en el centro de fabricación y distribución de McDonough, Estados Unidos, utilizó una aplicación de la empresa, denominada “LiveSafe”, supuestamente para informar a los trabajadores sobre cuestiones relacionadas con la COVID-19 en el lugar de trabajo. No obstante, en realidad la aplicación servía de plataforma para que la dirección enviara mensajes antisindicales sobre los supuestos “riesgos” de la organización sindical, como, por ejemplo, que los trabajadores podrían perder sueldo y prestaciones si conseguían formar un sindicato. Además de la aplicación, la dirección creó un sitio web antisindical en el que se denigraba a los sindicatos y se indicaban graves consecuencias derivadas de la firma de una tarjeta de afiliación por parte de los trabajadores. La empresa también contrató a consultores antisindicales y exigió a los trabajadores asistir a reuniones obligatorias de “audiencia cautiva” en las que se criticaba a los sindicatos sin que los partidarios de los mismos tuvieran posibilidad de responder.

El 15 de julio de 2021, agrupaciones sindicales nacionales e internacionales presentaron una queja en virtud de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, alegando graves violaciones de los derechos a la libertad sindical de los trabajadores de Luxottica USA.

El centro de fabricación y distribución de Luxottica en Georgia emplea a 2.000 trabajadores y trabajadoras. Luxottica es una división del grupo EssilorLuxottica, el mayor proveedor mundial de gafas y productos para el cuidado de la vista, que presta servicios a un mercado global y cuenta con más de 150.000 empleados en todo el mundo.

Durante 2021, Heinz-Glas Perú mantuvo su política antisindical para disolver el sindicato e impedir la negociación colectiva. La empresa ofreció ayuda para la desafiliación de los miembros, acudiendo incluso a sus domicilios, enviándoles una carta de desafiliación, llamándoles uno a uno para animarles a desafiliarse y ofreciendo puestos de trabajo mejor remunerados a quienes decidieran desafiliarse.

A finales de abril de 2021, AB InBev La Constancia, en El Salvador, una de las mayores cerveceras del mundo, despidió injustamente a 32 trabajadores, todos ellos miembros del Sindicato de Trabajadores de La Constancia (SITRACONSTA), afiliado a la UITA. El 30 de julio de 2021, la empresa despidió a otros 30 trabajadores afiliados al sindicato. El sindicato solicitó la reincorporación inmediata de los sindicalistas injustamente despedidos, el reconocimiento del sindicato y el comienzo de la negociación colectiva. La empresa se negó sistemáticamente a autorizar la negociación, argumentando que no tenía tiempo debido a sus planes de reestructuración y a las medidas para hacer frente a la pandemia.

A lo largo de 2021, La Constancia ha mantenido su política antisindical de intimidar a los miembros del sindicato diciéndoles que los despidos son responsabilidad de SITRACONSTA y ofreciendo seguridad laboral a los trabajadores y trabajadoras que demuestren haber renunciado al sindicato.

En 2021, Hyundai colaboró en la creación de una planta de fabricación de automóviles en el sureste de Corea para poder producir coches de forma barata y, sobre todo, sin sindicatos. La nueva planta de automóviles, que se inauguraba a finales de 2021, está gestionada por Gwangju Global Motors (GGM), una empresa fundada recientemente por la ciudad de Gwangju, que tiene una participación mayoritaria del 21%, mientras que Hyundai tiene una participación del 19%. El objetivo era, sobre todo, evitar la mano de obra organizada. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la propia Hyundai están organizados y han emprendido, con éxito, acciones industriales para conseguir mejores salarios. El salario medio anual en Hyundai es de 88 millones KRW. En la nueva planta, apodada “fábrica de medio salario”, el promedio salarial anual es de 35 millones KRW, lo que se sitúa por debajo de la media nacional de 42,34 millones KRW para los empleados de la empresa.

En mayo de 2021 la dirección del hotel Fairmont Sanur de Bali, Indonesia, perteneciente a la cadena Accor, se puso en contacto individualmente con los trabajadores que habían sido despedidos en julio de 2020 para ofrecerles de nuevo sus puestos de trabajo a condición de que renunciasen a su afiliación sindical.

En abril de 2020 los trabajadores habían aceptado un recorte salarial masivo del 70% para mantener el hotel en funcionamiento durante la pandemia. Pese a ello, la dirección intentó obligar a 68 trabajadores y trabajadoras a firmar cartas de dimisión “voluntaria” a finales de julio de 2020. Todos ellos eran miembros del recién creado sindicato Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Los trabajadores se negaron y, dos días después, recibieron una carta confirmando su despido.

La carta que los trabajadores tuvieron que firmar para recuperar sus puestos de trabajo especificaba: “Como empleado del Fairmont Hotel, por la presente declaro voluntariamente y con conocimiento de causa, sin coacción de parte alguna, que nunca me he afiliado al Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Así pues, presento esta carta de declaración en honor a la verdad.”

De los trabajadores contactados, solo cuatro accedieron a firmar, mientras que 38 siguieron luchando por la readmisión alegando despido improcedente.

En agosto de 2021, la sección del Kerala Bank del distrito de Thiruvananthapuram, en la India, introdujo una serie de nuevos estatutos que limitan las actividades sindicales de su personal. En virtud de las nuevas normas, los sindicatos no pueden intervenir en ninguna decisión relacionada con los traslados. Poco después de ese anuncio, dos mujeres líderes de la Bank Employees Federation of India (BEFI) fueron trasladadas fuera de su distrito. Ambas mujeres eran miembros del Subcomité de Mujeres de la BEFI y trabajaban en la misma unidad. Fueron trasladadas con efecto inmediato a dos lugares distintos. Según el BEFI, el traslado se debe al permiso que se tomaron para participar en la convención del Consejo General del sindicato.

El complejo de hoteles y casinos NagaWorld en Phnom Penh, Camboya, ha negado sistemáticamente a sus trabajadores y trabajadoras el derecho a la representación sindical. Durante más de dos décadas la dirección se ha negado a reconocer plenamente al sindicato Union of Khmer Employees of Naga World (LRSU).

El 24 de septiembre de 2021, se había previsto celebrar una reunión en la oficina de la Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF) en Chattogram para formar un comité regional del IndustriALL Bangladesh Council (IBC). Sin embargo, la reunión se suspendió después de que el vicepresidente senior del IBC, Salauddin Shapon, recibiera una llamada de la policía. Al día siguiente se había previsto celebrar otra reunión en un lugar distinto, pero la policía volvió a ponerse en contacto con el vicepresidente para decirle que la reunión tampoco podía celebrarse allí.

En un tercer intento, el IBC decidió celebrar la reunión en la oficina de otra organización afiliada, la Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL), pero cuando los líderes del IBC llegaron, varios agentes de policía, algunos de ellos de paisano, bloquearon la puerta y no permitieron la entrada a nadie.

En Sudáfrica, cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Rodas iniciaron una huelga el 10 de agosto de 2021 después de que la institución no reconociera a su sindicato, el National Union of Public Service and Allied Workers (NUPSAW). Habiendo organizado a más del 10% del personal, el 29 de abril de 2021 el NUPSAW se había desplazado hasta la universidad para solicitar su reconocimiento, en particular el derecho a organizar y reclutar miembros y a celebrar reuniones en el campus.

Cuando se le preguntó por qué la universidad se negaba a reconocer el sindicato, el principal responsable de comunicación dijo, en flagrante violación de las leyes sudafricanas, que el NUPSAW no era suficientemente representativo.

En junio de 2021, la Société des Brasseries du Mali (BRAMALI) procedió a despedir de forma selectiva a los delegados sindicales de la empresa, entre ellos el vicesecretario general del sindicato, el secretario de Comunicación y el secretario de Finanzas. Otros delegados sindicales estaban en lista de espera para ser despedidos y recibieron un preaviso de ocho días. Los despidos se produjeron en medio de un conflicto sindical en BRAMALI tras una huelga de tres días que se llevó a cabo en mayo de 2021.

Los trabajadores y trabajadoras de Style Industries Ltd, una fabricante de cabello sintético, llevan luchando desde 2015 por el reconocimiento de su sindicato, el Kenyan Union of Hair and Beauty Workers (KUHABWO). KUHABWO reclutó a 3.811 trabajadores de una plantilla de 6.000, de los cuales el 85% son mujeres, pero la empresa hizo todo lo posible para acosar y disuadir a los miembros del sindicato. Cuando los delegados sindicales acudían a reclutar trabajadores durante los descansos o la hora de la comida, el empleador recurría a la policía para acosar y detener a los trabajadores e impedir que hablasen con los representantes sindicales.

El conflicto se estancó en el proceso de conciliación, y el caso llegó al Tribunal de Empleo y Relaciones Laborales, que en 2017 emitió una orden de restricción contra la empresa. El auto ordenaba a Style Industries que dejara de “victimizar, intimidar, coaccionar, acosar y consentir prácticas laborales injustas” y que permitiera que el caso se resolviese en los tribunales. Además, el tribunal señaló que la empresa tenía que dejar de rescindir contratos y despedir a miembros del sindicato por el hecho de pertenecer al mismo.

Pese a la decisión del tribunal, las tácticas antisindicales de la empresa no cesaron, y en mayo de 2021 despidió a otros 150 miembros del sindicato. Los que no se dejaron disuadir por la maniobra y siguieron siendo miembros del sindicato fueron amenazados con el despido.

En junio de 2021 se puso en marcha una campaña de solidaridad para concienciar sobre las tácticas antisindicales de la empresa.

Amadou Diallo y Alhassane Diallo, secretario general y vicesecretario general, respectivamente, del sindicato de trabajadores y trabajadoras del Sheraton Grand Conakry, han estado solicitando desde de octubre de 2020 su reincorporación tras haber sido despedidos por su participación en actividades sindicales. A pesar de las campañas de solidaridad internacional y de una denuncia ante la OIT, la dirección del hotel se ha negado rotundamente a reincorporarlos.

Los trabajadores del Sheraton Grand Conakry, el mayor hotel de Guinea, empezaron a organizarse en marzo de 2019 en respuesta a los bajos salarios, las horas extraordinarias no remuneradas y la falta de prestaciones sanitarias. El largo proceso de organización finalizó el 11 de febrero de 2020 con unas satisfactorias elecciones sindicales. Durante todo este tiempo, la dirección del hotel intentó por todos los medios impedir que se celebraran las elecciones y, en una flagrante maniobra de ataque al sindicato, procedió a despedir injustamente a los dos líderes sindicales.

En abril de 2021, una plata de clasificación de residuos para la ciudad de Jerusalén que opera en la zona industrial del asentamiento de Atarot, socavó los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Cerca de 110 de sus trabajadores palestinos se afiliaron al sindicato Maan Union para luchar contra unas condiciones de trabajo abusivas. Los empleadores utilizaron las restricciones financieras impuestas por la COVID-19 para mermar las labores de organización de los trabajadores. Decenas de trabajadores se vieron obligados a pedir una excedencia sin sueldo, otros tuvieron que permanecer en el recinto de la fábrica sin las disposiciones adecuadas si querían mantener sus puestos de trabajo, y nueve trabajadores fueron despedidos, entre ellos varios dirigentes sindicales.

En 2021, varios trabajadores que intentaron formar sindicatos en Omán fueron objeto de decisiones arbitrarias por parte de sus empleadores para dificultarles e impedirles la formación de sindicatos; estas decisiones incluyeron despidos y traslados a lugares remotos.

El 11 de julio de 2021, el Ministerio de Electricidad de Iraq emitió una directiva por la que se prohibían los comités sindicales y se ordenaba a los empleados de empresas públicas no participar en dichos comités so pena de ser sometidos a procesos penales. Además, el Ministerio de Industria y Minería iraquí emitió amonestaciones disciplinarias contra dos dirigentes sindicales en represalia por sus actividades de organización.

Los miembros del sindicato de los centros de atención telefónica Webhelp y Sitel Group de Marruecos fueron despedidos de manera improcedente pese a que poco antes, en junio de 2021, se celebraron en todo el país elecciones de delegados de personal. En Sitel, los empleados que habían creado una oficina sindical con la Union Marocaine des Travailleurs (UMT) fueron despedidos o suspendidos sin sueldo. En Webhelp, los empleados que intentaron formar sindicatos en varios lugares de trabajo se enfrentaron a prácticas intimidatorias y a presiones por parte de la dirección.

En junio de 2021, 54 trabajadores de la fábrica ASD Laminat Factory de Düzce (Turquía) fueron despedidos como consecuencia de su afiliación al Sindicato Turco de Trabajadores de la Industria de la Madera y el Papel (AGAC-IS). La empresa se negó a reconocer al sindicato y recurrió a maniobras antisindicales, como despedir de manera arbitraria a sindicalistas y presionar a otros trabajadores para que renunciaran a su afiliación sindical. Tras una batalla legal de cuatro años, un tribunal local falló a favor de la reincorporación de los trabajadores a principios de este año. Sin embargo, la empresa siguió desacatando la decisión del tribunal e intensificó sus prácticas antisindicales. El 30 de junio, tan pronto como se levantó la “prohibición del despido” impuesta durante la pandemia, la fábrica empezó a despedir a trabajadores. A fecha de 14 de julio de 2021 había despedido a otros 19 trabajadores.

Cuando los trabajadores y trabajadoras del fabricante de smartphones Salcomp en Estambul, Turquía, ejercieron su derecho fundamental a afiliarse a un sindicato, fueron objeto de intimidaciones, amenazas y despidos. Las condiciones de trabajo en la planta eran insoportables. Durante la pandemia se impusieron horas extraordinarias sin el consentimiento de los trabajadores y además solo se las pagaban parcialmente. Los descansos solo podían hacerse a discreción de los directores, y, como no había cantina, los trabajadores tuvieron que estar comiendo durante un tiempo en el interior de unos contenedores. Muchos trabajadores enfermaron de COVID-19.

Los trabajadores y trabajadoras decidieron afiliarse al Turkish Metalworkers’ Union (Türk Metal) en agosto de 2021, en respuesta a lo cual la dirección puso en marcha una campaña de represión sindical. Los trabajadores fueron intimidados y amenazados, y 170 miembros del sindicato fueron despedidos. Alrededor del 80% de los trabajadores despedidos eran mujeres. Tras seis días de protesta, los trabajadores consiguieron que Salcomp revocara su decisión y reincorporara a todos los miembros del sindicato despedidos.

Salcomp fabrica smartphones para la multinacional china Xiaomi, el segundo mayor fabricante de smartphones del mundo. En la planta de Estambul hay aproximadamente 800 trabajadores y trabajadoras, y se ha previsto aumentar la plantilla a 2.000 empleados.

En noviembre de 2021, EasyJet interfirió gravemente en las elecciones sindicales de su centro de Barcelona (España) al despedir al representante de CC.OO. Este despido antisindical no tenía más motivo que impedir la expansión sindical en la empresa.

En el sector privado griego, los empleadores despiden, trasladan y rebajan de categoría a los trabajadores y trabajadoras sindicalizados, o amenazan con emprender tales medidas contra los trabajadores para disuadirles de afiliarse a un sindicato.

United Paper Mills (UPM) despidió al delegado sindical de su aserradero de Kaukas (Finlandia) en abril de 2021. La empresa alegó que se trataba de un despido legítimo relacionado con el cierre de una línea de producción del aserradero y con una “renovación del modelo de gestión”. Los sindicatos, por su parte, consideraron que se trataba de una maniobra para intentar socavar los sindicatos, que se produjo poco después de que UPM anunciara su intención de eliminar el sistema de negociación colectiva.

En junio de 2021, dos empresas turcas, Cengiz İnşaat y CI-AY Mühendislik, fueron contratadas para reconstruir un tramo ferroviario en Croacia. Desde el inicio del proyecto, SGH, organización afiliada a la Unión de Sindicatos Autónomos de Croacia (SSSH, por sus siglas en croata) en el sector de la construcción, se puso en contacto con la dirección de las dos empresas para hablar de la necesidad de aplicar el convenio colectivo sectorial a todos los trabajadores empleados en el proyecto de reconstrucción, incluidos los trabajadores turcos contratados para el proyecto. Las dos empresas se negaron rotundamente a cualquier intento de la SGH de difundir información a los trabajadores.

El 17 de febrero de 2022, la SGH visitó a los trabajadores en la obra durante su descanso y les entregó folletos sobre los derechos recogidos en el convenio colectivo. Los trabajadores denunciaron una serie de violaciones de sus derechos, en particular trabajar entre 250 y 300 horas al mes y no cobrar las horas extras. Inmediatamente después, 17 trabajadores recibieron un mensaje de texto en el que se les informaba que habían sido despedidos.

En Bulgaria los trabajadores y trabajadoras se enfrentan a numerosos obstáculos a la hora de afiliarse a un sindicato, puesto que los empleadores despiden a los trabajadores sindicalizados, acosan a los dirigentes sindicales, crean sindicatos amarillos y se niegan a recaudar las cuotas sindicales, pese a los acuerdos relativos a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales.

Tras la reestructuración en abril de 2021 de la Administración de la Seguridad Social de Armenia, que fusionó en un solo organismo los servicios municipales y tres administraciones estatales, cada uno de los cuales tenía su propio sindicato, la dirección del recién creado Unified Social Service (USS) decidió anular las disposiciones relativas a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales y al cobro de las cuotas sindicales. Esta decisión unilateral tuvo un impacto desastroso en las finanzas de los sindicatos y en su capacidad de funcionamiento. Pese a las insistentes peticiones de los presidentes de los sindicatos, la cuestión no pudo resolverse.

En 2021, Coca-Cola Uruguay impuso una reestructuración para despedir a 16 trabajadores de Montevideo y 18 del departamento de Salto. La empresa alegó que despediría a aquellos que hubieran recibido una sanción disciplinaria en el pasado. En realidad, la empresa solo se dirigió a los trabajadores y trabajadoras organizados de Salto.

El Sindicato de Trabajadores de Coca-Cola (STCC) intentó abogar por su reincorporación durante una negociación de 45 días, sin conseguir llegar a un acuerdo con Coca Cola. El 4 de agosto de 2021, el STCC decidió por unanimidad hacer una huelga de siete días.

Durante la pandemia, la dirección de Luxottica en el centro de fabricación y distribución de McDonough, Estados Unidos, utilizó una aplicación de la empresa, denominada “LiveSafe”, supuestamente para informar a los trabajadores sobre cuestiones relacionadas con la COVID-19 en el lugar de trabajo. No obstante, en realidad la aplicación servía de plataforma para que la dirección enviara mensajes antisindicales sobre los supuestos “riesgos” de la organización sindical, como, por ejemplo, que los trabajadores podrían perder sueldo y prestaciones si conseguían formar un sindicato. Además de la aplicación, la dirección creó un sitio web antisindical en el que se denigraba a los sindicatos y se indicaban graves consecuencias derivadas de la firma de una tarjeta de afiliación por parte de los trabajadores. La empresa también contrató a consultores antisindicales y exigió a los trabajadores asistir a reuniones obligatorias de “audiencia cautiva” en las que se criticaba a los sindicatos sin que los partidarios de los mismos tuvieran posibilidad de responder.

El 15 de julio de 2021, agrupaciones sindicales nacionales e internacionales presentaron una queja en virtud de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, alegando graves violaciones de los derechos a la libertad sindical de los trabajadores de Luxottica USA.

El centro de fabricación y distribución de Luxottica en Georgia emplea a 2.000 trabajadores y trabajadoras. Luxottica es una división del grupo EssilorLuxottica, el mayor proveedor mundial de gafas y productos para el cuidado de la vista, que presta servicios a un mercado global y cuenta con más de 150.000 empleados en todo el mundo.

Durante 2021, Heinz-Glas Perú mantuvo su política antisindical para disolver el sindicato e impedir la negociación colectiva. La empresa ofreció ayuda para la desafiliación de los miembros, acudiendo incluso a sus domicilios, enviándoles una carta de desafiliación, llamándoles uno a uno para animarles a desafiliarse y ofreciendo puestos de trabajo mejor remunerados a quienes decidieran desafiliarse.

A finales de abril de 2021, AB InBev La Constancia, en El Salvador, una de las mayores cerveceras del mundo, despidió injustamente a 32 trabajadores, todos ellos miembros del Sindicato de Trabajadores de La Constancia (SITRACONSTA), afiliado a la UITA. El 30 de julio de 2021, la empresa despidió a otros 30 trabajadores afiliados al sindicato. El sindicato solicitó la reincorporación inmediata de los sindicalistas injustamente despedidos, el reconocimiento del sindicato y el comienzo de la negociación colectiva. La empresa se negó sistemáticamente a autorizar la negociación, argumentando que no tenía tiempo debido a sus planes de reestructuración y a las medidas para hacer frente a la pandemia.

A lo largo de 2021, La Constancia ha mantenido su política antisindical de intimidar a los miembros del sindicato diciéndoles que los despidos son responsabilidad de SITRACONSTA y ofreciendo seguridad laboral a los trabajadores y trabajadoras que demuestren haber renunciado al sindicato.

En 2021, Hyundai colaboró en la creación de una planta de fabricación de automóviles en el sureste de Corea para poder producir coches de forma barata y, sobre todo, sin sindicatos. La nueva planta de automóviles, que se inauguraba a finales de 2021, está gestionada por Gwangju Global Motors (GGM), una empresa fundada recientemente por la ciudad de Gwangju, que tiene una participación mayoritaria del 21%, mientras que Hyundai tiene una participación del 19%. El objetivo era, sobre todo, evitar la mano de obra organizada. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la propia Hyundai están organizados y han emprendido, con éxito, acciones industriales para conseguir mejores salarios. El salario medio anual en Hyundai es de 88 millones KRW. En la nueva planta, apodada “fábrica de medio salario”, el promedio salarial anual es de 35 millones KRW, lo que se sitúa por debajo de la media nacional de 42,34 millones KRW para los empleados de la empresa.

En mayo de 2021 la dirección del hotel Fairmont Sanur de Bali, Indonesia, perteneciente a la cadena Accor, se puso en contacto individualmente con los trabajadores que habían sido despedidos en julio de 2020 para ofrecerles de nuevo sus puestos de trabajo a condición de que renunciasen a su afiliación sindical.

En abril de 2020 los trabajadores habían aceptado un recorte salarial masivo del 70% para mantener el hotel en funcionamiento durante la pandemia. Pese a ello, la dirección intentó obligar a 68 trabajadores y trabajadoras a firmar cartas de dimisión “voluntaria” a finales de julio de 2020. Todos ellos eran miembros del recién creado sindicato Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Los trabajadores se negaron y, dos días después, recibieron una carta confirmando su despido.

La carta que los trabajadores tuvieron que firmar para recuperar sus puestos de trabajo especificaba: “Como empleado del Fairmont Hotel, por la presente declaro voluntariamente y con conocimiento de causa, sin coacción de parte alguna, que nunca me he afiliado al Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Así pues, presento esta carta de declaración en honor a la verdad.”

De los trabajadores contactados, solo cuatro accedieron a firmar, mientras que 38 siguieron luchando por la readmisión alegando despido improcedente.

En agosto de 2021, la sección del Kerala Bank del distrito de Thiruvananthapuram, en la India, introdujo una serie de nuevos estatutos que limitan las actividades sindicales de su personal. En virtud de las nuevas normas, los sindicatos no pueden intervenir en ninguna decisión relacionada con los traslados. Poco después de ese anuncio, dos mujeres líderes de la Bank Employees Federation of India (BEFI) fueron trasladadas fuera de su distrito. Ambas mujeres eran miembros del Subcomité de Mujeres de la BEFI y trabajaban en la misma unidad. Fueron trasladadas con efecto inmediato a dos lugares distintos. Según el BEFI, el traslado se debe al permiso que se tomaron para participar en la convención del Consejo General del sindicato.

El complejo de hoteles y casinos NagaWorld en Phnom Penh, Camboya, ha negado sistemáticamente a sus trabajadores y trabajadoras el derecho a la representación sindical. Durante más de dos décadas la dirección se ha negado a reconocer plenamente al sindicato Union of Khmer Employees of Naga World (LRSU).

El 24 de septiembre de 2021, se había previsto celebrar una reunión en la oficina de la Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF) en Chattogram para formar un comité regional del IndustriALL Bangladesh Council (IBC). Sin embargo, la reunión se suspendió después de que el vicepresidente senior del IBC, Salauddin Shapon, recibiera una llamada de la policía. Al día siguiente se había previsto celebrar otra reunión en un lugar distinto, pero la policía volvió a ponerse en contacto con el vicepresidente para decirle que la reunión tampoco podía celebrarse allí.

En un tercer intento, el IBC decidió celebrar la reunión en la oficina de otra organización afiliada, la Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL), pero cuando los líderes del IBC llegaron, varios agentes de policía, algunos de ellos de paisano, bloquearon la puerta y no permitieron la entrada a nadie.

En Sudáfrica, cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Rodas iniciaron una huelga el 10 de agosto de 2021 después de que la institución no reconociera a su sindicato, el National Union of Public Service and Allied Workers (NUPSAW). Habiendo organizado a más del 10% del personal, el 29 de abril de 2021 el NUPSAW se había desplazado hasta la universidad para solicitar su reconocimiento, en particular el derecho a organizar y reclutar miembros y a celebrar reuniones en el campus.

Cuando se le preguntó por qué la universidad se negaba a reconocer el sindicato, el principal responsable de comunicación dijo, en flagrante violación de las leyes sudafricanas, que el NUPSAW no era suficientemente representativo.

En junio de 2021, la Société des Brasseries du Mali (BRAMALI) procedió a despedir de forma selectiva a los delegados sindicales de la empresa, entre ellos el vicesecretario general del sindicato, el secretario de Comunicación y el secretario de Finanzas. Otros delegados sindicales estaban en lista de espera para ser despedidos y recibieron un preaviso de ocho días. Los despidos se produjeron en medio de un conflicto sindical en BRAMALI tras una huelga de tres días que se llevó a cabo en mayo de 2021.

Los trabajadores y trabajadoras de Style Industries Ltd, una fabricante de cabello sintético, llevan luchando desde 2015 por el reconocimiento de su sindicato, el Kenyan Union of Hair and Beauty Workers (KUHABWO). KUHABWO reclutó a 3.811 trabajadores de una plantilla de 6.000, de los cuales el 85% son mujeres, pero la empresa hizo todo lo posible para acosar y disuadir a los miembros del sindicato. Cuando los delegados sindicales acudían a reclutar trabajadores durante los descansos o la hora de la comida, el empleador recurría a la policía para acosar y detener a los trabajadores e impedir que hablasen con los representantes sindicales.

El conflicto se estancó en el proceso de conciliación, y el caso llegó al Tribunal de Empleo y Relaciones Laborales, que en 2017 emitió una orden de restricción contra la empresa. El auto ordenaba a Style Industries que dejara de “victimizar, intimidar, coaccionar, acosar y consentir prácticas laborales injustas” y que permitiera que el caso se resolviese en los tribunales. Además, el tribunal señaló que la empresa tenía que dejar de rescindir contratos y despedir a miembros del sindicato por el hecho de pertenecer al mismo.

Pese a la decisión del tribunal, las tácticas antisindicales de la empresa no cesaron, y en mayo de 2021 despidió a otros 150 miembros del sindicato. Los que no se dejaron disuadir por la maniobra y siguieron siendo miembros del sindicato fueron amenazados con el despido.

En junio de 2021 se puso en marcha una campaña de solidaridad para concienciar sobre las tácticas antisindicales de la empresa.

Amadou Diallo y Alhassane Diallo, secretario general y vicesecretario general, respectivamente, del sindicato de trabajadores y trabajadoras del Sheraton Grand Conakry, han estado solicitando desde de octubre de 2020 su reincorporación tras haber sido despedidos por su participación en actividades sindicales. A pesar de las campañas de solidaridad internacional y de una denuncia ante la OIT, la dirección del hotel se ha negado rotundamente a reincorporarlos.

Los trabajadores del Sheraton Grand Conakry, el mayor hotel de Guinea, empezaron a organizarse en marzo de 2019 en respuesta a los bajos salarios, las horas extraordinarias no remuneradas y la falta de prestaciones sanitarias. El largo proceso de organización finalizó el 11 de febrero de 2020 con unas satisfactorias elecciones sindicales. Durante todo este tiempo, la dirección del hotel intentó por todos los medios impedir que se celebraran las elecciones y, en una flagrante maniobra de ataque al sindicato, procedió a despedir injustamente a los dos líderes sindicales.

En abril de 2021, una plata de clasificación de residuos para la ciudad de Jerusalén que opera en la zona industrial del asentamiento de Atarot, socavó los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Cerca de 110 de sus trabajadores palestinos se afiliaron al sindicato Maan Union para luchar contra unas condiciones de trabajo abusivas. Los empleadores utilizaron las restricciones financieras impuestas por la COVID-19 para mermar las labores de organización de los trabajadores. Decenas de trabajadores se vieron obligados a pedir una excedencia sin sueldo, otros tuvieron que permanecer en el recinto de la fábrica sin las disposiciones adecuadas si querían mantener sus puestos de trabajo, y nueve trabajadores fueron despedidos, entre ellos varios dirigentes sindicales.

En 2021, varios trabajadores que intentaron formar sindicatos en Omán fueron objeto de decisiones arbitrarias por parte de sus empleadores para dificultarles e impedirles la formación de sindicatos; estas decisiones incluyeron despidos y traslados a lugares remotos.

El 11 de julio de 2021, el Ministerio de Electricidad de Iraq emitió una directiva por la que se prohibían los comités sindicales y se ordenaba a los empleados de empresas públicas no participar en dichos comités so pena de ser sometidos a procesos penales. Además, el Ministerio de Industria y Minería iraquí emitió amonestaciones disciplinarias contra dos dirigentes sindicales en represalia por sus actividades de organización.

Los miembros del sindicato de los centros de atención telefónica Webhelp y Sitel Group de Marruecos fueron despedidos de manera improcedente pese a que poco antes, en junio de 2021, se celebraron en todo el país elecciones de delegados de personal. En Sitel, los empleados que habían creado una oficina sindical con la Union Marocaine des Travailleurs (UMT) fueron despedidos o suspendidos sin sueldo. En Webhelp, los empleados que intentaron formar sindicatos en varios lugares de trabajo se enfrentaron a prácticas intimidatorias y a presiones por parte de la dirección.

En junio de 2021, 54 trabajadores de la fábrica ASD Laminat Factory de Düzce (Turquía) fueron despedidos como consecuencia de su afiliación al Sindicato Turco de Trabajadores de la Industria de la Madera y el Papel (AGAC-IS). La empresa se negó a reconocer al sindicato y recurrió a maniobras antisindicales, como despedir de manera arbitraria a sindicalistas y presionar a otros trabajadores para que renunciaran a su afiliación sindical. Tras una batalla legal de cuatro años, un tribunal local falló a favor de la reincorporación de los trabajadores a principios de este año. Sin embargo, la empresa siguió desacatando la decisión del tribunal e intensificó sus prácticas antisindicales. El 30 de junio, tan pronto como se levantó la “prohibición del despido” impuesta durante la pandemia, la fábrica empezó a despedir a trabajadores. A fecha de 14 de julio de 2021 había despedido a otros 19 trabajadores.

Cuando los trabajadores y trabajadoras del fabricante de smartphones Salcomp en Estambul, Turquía, ejercieron su derecho fundamental a afiliarse a un sindicato, fueron objeto de intimidaciones, amenazas y despidos. Las condiciones de trabajo en la planta eran insoportables. Durante la pandemia se impusieron horas extraordinarias sin el consentimiento de los trabajadores y además solo se las pagaban parcialmente. Los descansos solo podían hacerse a discreción de los directores, y, como no había cantina, los trabajadores tuvieron que estar comiendo durante un tiempo en el interior de unos contenedores. Muchos trabajadores enfermaron de COVID-19.

Los trabajadores y trabajadoras decidieron afiliarse al Turkish Metalworkers’ Union (Türk Metal) en agosto de 2021, en respuesta a lo cual la dirección puso en marcha una campaña de represión sindical. Los trabajadores fueron intimidados y amenazados, y 170 miembros del sindicato fueron despedidos. Alrededor del 80% de los trabajadores despedidos eran mujeres. Tras seis días de protesta, los trabajadores consiguieron que Salcomp revocara su decisión y reincorporara a todos los miembros del sindicato despedidos.

Salcomp fabrica smartphones para la multinacional china Xiaomi, el segundo mayor fabricante de smartphones del mundo. En la planta de Estambul hay aproximadamente 800 trabajadores y trabajadoras, y se ha previsto aumentar la plantilla a 2.000 empleados.

En noviembre de 2021, EasyJet interfirió gravemente en las elecciones sindicales de su centro de Barcelona (España) al despedir al representante de CC.OO. Este despido antisindical no tenía más motivo que impedir la expansión sindical en la empresa.

En el sector privado griego, los empleadores despiden, trasladan y rebajan de categoría a los trabajadores y trabajadoras sindicalizados, o amenazan con emprender tales medidas contra los trabajadores para disuadirles de afiliarse a un sindicato.

United Paper Mills (UPM) despidió al delegado sindical de su aserradero de Kaukas (Finlandia) en abril de 2021. La empresa alegó que se trataba de un despido legítimo relacionado con el cierre de una línea de producción del aserradero y con una “renovación del modelo de gestión”. Los sindicatos, por su parte, consideraron que se trataba de una maniobra para intentar socavar los sindicatos, que se produjo poco después de que UPM anunciara su intención de eliminar el sistema de negociación colectiva.

En junio de 2021, dos empresas turcas, Cengiz İnşaat y CI-AY Mühendislik, fueron contratadas para reconstruir un tramo ferroviario en Croacia. Desde el inicio del proyecto, SGH, organización afiliada a la Unión de Sindicatos Autónomos de Croacia (SSSH, por sus siglas en croata) en el sector de la construcción, se puso en contacto con la dirección de las dos empresas para hablar de la necesidad de aplicar el convenio colectivo sectorial a todos los trabajadores empleados en el proyecto de reconstrucción, incluidos los trabajadores turcos contratados para el proyecto. Las dos empresas se negaron rotundamente a cualquier intento de la SGH de difundir información a los trabajadores.

El 17 de febrero de 2022, la SGH visitó a los trabajadores en la obra durante su descanso y les entregó folletos sobre los derechos recogidos en el convenio colectivo. Los trabajadores denunciaron una serie de violaciones de sus derechos, en particular trabajar entre 250 y 300 horas al mes y no cobrar las horas extras. Inmediatamente después, 17 trabajadores recibieron un mensaje de texto en el que se les informaba que habían sido despedidos.

En Bulgaria los trabajadores y trabajadoras se enfrentan a numerosos obstáculos a la hora de afiliarse a un sindicato, puesto que los empleadores despiden a los trabajadores sindicalizados, acosan a los dirigentes sindicales, crean sindicatos amarillos y se niegan a recaudar las cuotas sindicales, pese a los acuerdos relativos a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales.

Tras la reestructuración en abril de 2021 de la Administración de la Seguridad Social de Armenia, que fusionó en un solo organismo los servicios municipales y tres administraciones estatales, cada uno de los cuales tenía su propio sindicato, la dirección del recién creado Unified Social Service (USS) decidió anular las disposiciones relativas a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales y al cobro de las cuotas sindicales. Esta decisión unilateral tuvo un impacto desastroso en las finanzas de los sindicatos y en su capacidad de funcionamiento. Pese a las insistentes peticiones de los presidentes de los sindicatos, la cuestión no pudo resolverse.

En 2021, Coca-Cola Uruguay impuso una reestructuración para despedir a 16 trabajadores de Montevideo y 18 del departamento de Salto. La empresa alegó que despediría a aquellos que hubieran recibido una sanción disciplinaria en el pasado. En realidad, la empresa solo se dirigió a los trabajadores y trabajadoras organizados de Salto.

El Sindicato de Trabajadores de Coca-Cola (STCC) intentó abogar por su reincorporación durante una negociación de 45 días, sin conseguir llegar a un acuerdo con Coca Cola. El 4 de agosto de 2021, el STCC decidió por unanimidad hacer una huelga de siete días.

Durante la pandemia, la dirección de Luxottica en el centro de fabricación y distribución de McDonough, Estados Unidos, utilizó una aplicación de la empresa, denominada “LiveSafe”, supuestamente para informar a los trabajadores sobre cuestiones relacionadas con la COVID-19 en el lugar de trabajo. No obstante, en realidad la aplicación servía de plataforma para que la dirección enviara mensajes antisindicales sobre los supuestos “riesgos” de la organización sindical, como, por ejemplo, que los trabajadores podrían perder sueldo y prestaciones si conseguían formar un sindicato. Además de la aplicación, la dirección creó un sitio web antisindical en el que se denigraba a los sindicatos y se indicaban graves consecuencias derivadas de la firma de una tarjeta de afiliación por parte de los trabajadores. La empresa también contrató a consultores antisindicales y exigió a los trabajadores asistir a reuniones obligatorias de “audiencia cautiva” en las que se criticaba a los sindicatos sin que los partidarios de los mismos tuvieran posibilidad de responder.

El 15 de julio de 2021, agrupaciones sindicales nacionales e internacionales presentaron una queja en virtud de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, alegando graves violaciones de los derechos a la libertad sindical de los trabajadores de Luxottica USA.

El centro de fabricación y distribución de Luxottica en Georgia emplea a 2.000 trabajadores y trabajadoras. Luxottica es una división del grupo EssilorLuxottica, el mayor proveedor mundial de gafas y productos para el cuidado de la vista, que presta servicios a un mercado global y cuenta con más de 150.000 empleados en todo el mundo.

Durante 2021, Heinz-Glas Perú mantuvo su política antisindical para disolver el sindicato e impedir la negociación colectiva. La empresa ofreció ayuda para la desafiliación de los miembros, acudiendo incluso a sus domicilios, enviándoles una carta de desafiliación, llamándoles uno a uno para animarles a desafiliarse y ofreciendo puestos de trabajo mejor remunerados a quienes decidieran desafiliarse.

A finales de abril de 2021, AB InBev La Constancia, en El Salvador, una de las mayores cerveceras del mundo, despidió injustamente a 32 trabajadores, todos ellos miembros del Sindicato de Trabajadores de La Constancia (SITRACONSTA), afiliado a la UITA. El 30 de julio de 2021, la empresa despidió a otros 30 trabajadores afiliados al sindicato. El sindicato solicitó la reincorporación inmediata de los sindicalistas injustamente despedidos, el reconocimiento del sindicato y el comienzo de la negociación colectiva. La empresa se negó sistemáticamente a autorizar la negociación, argumentando que no tenía tiempo debido a sus planes de reestructuración y a las medidas para hacer frente a la pandemia.

A lo largo de 2021, La Constancia ha mantenido su política antisindical de intimidar a los miembros del sindicato diciéndoles que los despidos son responsabilidad de SITRACONSTA y ofreciendo seguridad laboral a los trabajadores y trabajadoras que demuestren haber renunciado al sindicato.

En 2021, Hyundai colaboró en la creación de una planta de fabricación de automóviles en el sureste de Corea para poder producir coches de forma barata y, sobre todo, sin sindicatos. La nueva planta de automóviles, que se inauguraba a finales de 2021, está gestionada por Gwangju Global Motors (GGM), una empresa fundada recientemente por la ciudad de Gwangju, que tiene una participación mayoritaria del 21%, mientras que Hyundai tiene una participación del 19%. El objetivo era, sobre todo, evitar la mano de obra organizada. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la propia Hyundai están organizados y han emprendido, con éxito, acciones industriales para conseguir mejores salarios. El salario medio anual en Hyundai es de 88 millones KRW. En la nueva planta, apodada “fábrica de medio salario”, el promedio salarial anual es de 35 millones KRW, lo que se sitúa por debajo de la media nacional de 42,34 millones KRW para los empleados de la empresa.

En mayo de 2021 la dirección del hotel Fairmont Sanur de Bali, Indonesia, perteneciente a la cadena Accor, se puso en contacto individualmente con los trabajadores que habían sido despedidos en julio de 2020 para ofrecerles de nuevo sus puestos de trabajo a condición de que renunciasen a su afiliación sindical.

En abril de 2020 los trabajadores habían aceptado un recorte salarial masivo del 70% para mantener el hotel en funcionamiento durante la pandemia. Pese a ello, la dirección intentó obligar a 68 trabajadores y trabajadoras a firmar cartas de dimisión “voluntaria” a finales de julio de 2020. Todos ellos eran miembros del recién creado sindicato Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Los trabajadores se negaron y, dos días después, recibieron una carta confirmando su despido.

La carta que los trabajadores tuvieron que firmar para recuperar sus puestos de trabajo especificaba: “Como empleado del Fairmont Hotel, por la presente declaro voluntariamente y con conocimiento de causa, sin coacción de parte alguna, que nunca me he afiliado al Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Así pues, presento esta carta de declaración en honor a la verdad.”

De los trabajadores contactados, solo cuatro accedieron a firmar, mientras que 38 siguieron luchando por la readmisión alegando despido improcedente.

En agosto de 2021, la sección del Kerala Bank del distrito de Thiruvananthapuram, en la India, introdujo una serie de nuevos estatutos que limitan las actividades sindicales de su personal. En virtud de las nuevas normas, los sindicatos no pueden intervenir en ninguna decisión relacionada con los traslados. Poco después de ese anuncio, dos mujeres líderes de la Bank Employees Federation of India (BEFI) fueron trasladadas fuera de su distrito. Ambas mujeres eran miembros del Subcomité de Mujeres de la BEFI y trabajaban en la misma unidad. Fueron trasladadas con efecto inmediato a dos lugares distintos. Según el BEFI, el traslado se debe al permiso que se tomaron para participar en la convención del Consejo General del sindicato.

El complejo de hoteles y casinos NagaWorld en Phnom Penh, Camboya, ha negado sistemáticamente a sus trabajadores y trabajadoras el derecho a la representación sindical. Durante más de dos décadas la dirección se ha negado a reconocer plenamente al sindicato Union of Khmer Employees of Naga World (LRSU).

El 24 de septiembre de 2021, se había previsto celebrar una reunión en la oficina de la Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF) en Chattogram para formar un comité regional del IndustriALL Bangladesh Council (IBC). Sin embargo, la reunión se suspendió después de que el vicepresidente senior del IBC, Salauddin Shapon, recibiera una llamada de la policía. Al día siguiente se había previsto celebrar otra reunión en un lugar distinto, pero la policía volvió a ponerse en contacto con el vicepresidente para decirle que la reunión tampoco podía celebrarse allí.

En un tercer intento, el IBC decidió celebrar la reunión en la oficina de otra organización afiliada, la Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL), pero cuando los líderes del IBC llegaron, varios agentes de policía, algunos de ellos de paisano, bloquearon la puerta y no permitieron la entrada a nadie.

En Sudáfrica, cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Rodas iniciaron una huelga el 10 de agosto de 2021 después de que la institución no reconociera a su sindicato, el National Union of Public Service and Allied Workers (NUPSAW). Habiendo organizado a más del 10% del personal, el 29 de abril de 2021 el NUPSAW se había desplazado hasta la universidad para solicitar su reconocimiento, en particular el derecho a organizar y reclutar miembros y a celebrar reuniones en el campus.

Cuando se le preguntó por qué la universidad se negaba a reconocer el sindicato, el principal responsable de comunicación dijo, en flagrante violación de las leyes sudafricanas, que el NUPSAW no era suficientemente representativo.

En junio de 2021, la Société des Brasseries du Mali (BRAMALI) procedió a despedir de forma selectiva a los delegados sindicales de la empresa, entre ellos el vicesecretario general del sindicato, el secretario de Comunicación y el secretario de Finanzas. Otros delegados sindicales estaban en lista de espera para ser despedidos y recibieron un preaviso de ocho días. Los despidos se produjeron en medio de un conflicto sindical en BRAMALI tras una huelga de tres días que se llevó a cabo en mayo de 2021.

Los trabajadores y trabajadoras de Style Industries Ltd, una fabricante de cabello sintético, llevan luchando desde 2015 por el reconocimiento de su sindicato, el Kenyan Union of Hair and Beauty Workers (KUHABWO). KUHABWO reclutó a 3.811 trabajadores de una plantilla de 6.000, de los cuales el 85% son mujeres, pero la empresa hizo todo lo posible para acosar y disuadir a los miembros del sindicato. Cuando los delegados sindicales acudían a reclutar trabajadores durante los descansos o la hora de la comida, el empleador recurría a la policía para acosar y detener a los trabajadores e impedir que hablasen con los representantes sindicales.

El conflicto se estancó en el proceso de conciliación, y el caso llegó al Tribunal de Empleo y Relaciones Laborales, que en 2017 emitió una orden de restricción contra la empresa. El auto ordenaba a Style Industries que dejara de “victimizar, intimidar, coaccionar, acosar y consentir prácticas laborales injustas” y que permitiera que el caso se resolviese en los tribunales. Además, el tribunal señaló que la empresa tenía que dejar de rescindir contratos y despedir a miembros del sindicato por el hecho de pertenecer al mismo.

Pese a la decisión del tribunal, las tácticas antisindicales de la empresa no cesaron, y en mayo de 2021 despidió a otros 150 miembros del sindicato. Los que no se dejaron disuadir por la maniobra y siguieron siendo miembros del sindicato fueron amenazados con el despido.

En junio de 2021 se puso en marcha una campaña de solidaridad para concienciar sobre las tácticas antisindicales de la empresa.

Amadou Diallo y Alhassane Diallo, secretario general y vicesecretario general, respectivamente, del sindicato de trabajadores y trabajadoras del Sheraton Grand Conakry, han estado solicitando desde de octubre de 2020 su reincorporación tras haber sido despedidos por su participación en actividades sindicales. A pesar de las campañas de solidaridad internacional y de una denuncia ante la OIT, la dirección del hotel se ha negado rotundamente a reincorporarlos.

Los trabajadores del Sheraton Grand Conakry, el mayor hotel de Guinea, empezaron a organizarse en marzo de 2019 en respuesta a los bajos salarios, las horas extraordinarias no remuneradas y la falta de prestaciones sanitarias. El largo proceso de organización finalizó el 11 de febrero de 2020 con unas satisfactorias elecciones sindicales. Durante todo este tiempo, la dirección del hotel intentó por todos los medios impedir que se celebraran las elecciones y, en una flagrante maniobra de ataque al sindicato, procedió a despedir injustamente a los dos líderes sindicales.

En abril de 2021, una plata de clasificación de residuos para la ciudad de Jerusalén que opera en la zona industrial del asentamiento de Atarot, socavó los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Cerca de 110 de sus trabajadores palestinos se afiliaron al sindicato Maan Union para luchar contra unas condiciones de trabajo abusivas. Los empleadores utilizaron las restricciones financieras impuestas por la COVID-19 para mermar las labores de organización de los trabajadores. Decenas de trabajadores se vieron obligados a pedir una excedencia sin sueldo, otros tuvieron que permanecer en el recinto de la fábrica sin las disposiciones adecuadas si querían mantener sus puestos de trabajo, y nueve trabajadores fueron despedidos, entre ellos varios dirigentes sindicales.

En 2021, varios trabajadores que intentaron formar sindicatos en Omán fueron objeto de decisiones arbitrarias por parte de sus empleadores para dificultarles e impedirles la formación de sindicatos; estas decisiones incluyeron despidos y traslados a lugares remotos.

El 11 de julio de 2021, el Ministerio de Electricidad de Iraq emitió una directiva por la que se prohibían los comités sindicales y se ordenaba a los empleados de empresas públicas no participar en dichos comités so pena de ser sometidos a procesos penales. Además, el Ministerio de Industria y Minería iraquí emitió amonestaciones disciplinarias contra dos dirigentes sindicales en represalia por sus actividades de organización.

Los miembros del sindicato de los centros de atención telefónica Webhelp y Sitel Group de Marruecos fueron despedidos de manera improcedente pese a que poco antes, en junio de 2021, se celebraron en todo el país elecciones de delegados de personal. En Sitel, los empleados que habían creado una oficina sindical con la Union Marocaine des Travailleurs (UMT) fueron despedidos o suspendidos sin sueldo. En Webhelp, los empleados que intentaron formar sindicatos en varios lugares de trabajo se enfrentaron a prácticas intimidatorias y a presiones por parte de la dirección.

En junio de 2021, 54 trabajadores de la fábrica ASD Laminat Factory de Düzce (Turquía) fueron despedidos como consecuencia de su afiliación al Sindicato Turco de Trabajadores de la Industria de la Madera y el Papel (AGAC-IS). La empresa se negó a reconocer al sindicato y recurrió a maniobras antisindicales, como despedir de manera arbitraria a sindicalistas y presionar a otros trabajadores para que renunciaran a su afiliación sindical. Tras una batalla legal de cuatro años, un tribunal local falló a favor de la reincorporación de los trabajadores a principios de este año. Sin embargo, la empresa siguió desacatando la decisión del tribunal e intensificó sus prácticas antisindicales. El 30 de junio, tan pronto como se levantó la “prohibición del despido” impuesta durante la pandemia, la fábrica empezó a despedir a trabajadores. A fecha de 14 de julio de 2021 había despedido a otros 19 trabajadores.

Cuando los trabajadores y trabajadoras del fabricante de smartphones Salcomp en Estambul, Turquía, ejercieron su derecho fundamental a afiliarse a un sindicato, fueron objeto de intimidaciones, amenazas y despidos. Las condiciones de trabajo en la planta eran insoportables. Durante la pandemia se impusieron horas extraordinarias sin el consentimiento de los trabajadores y además solo se las pagaban parcialmente. Los descansos solo podían hacerse a discreción de los directores, y, como no había cantina, los trabajadores tuvieron que estar comiendo durante un tiempo en el interior de unos contenedores. Muchos trabajadores enfermaron de COVID-19.

Los trabajadores y trabajadoras decidieron afiliarse al Turkish Metalworkers’ Union (Türk Metal) en agosto de 2021, en respuesta a lo cual la dirección puso en marcha una campaña de represión sindical. Los trabajadores fueron intimidados y amenazados, y 170 miembros del sindicato fueron despedidos. Alrededor del 80% de los trabajadores despedidos eran mujeres. Tras seis días de protesta, los trabajadores consiguieron que Salcomp revocara su decisión y reincorporara a todos los miembros del sindicato despedidos.

Salcomp fabrica smartphones para la multinacional china Xiaomi, el segundo mayor fabricante de smartphones del mundo. En la planta de Estambul hay aproximadamente 800 trabajadores y trabajadoras, y se ha previsto aumentar la plantilla a 2.000 empleados.

En noviembre de 2021, EasyJet interfirió gravemente en las elecciones sindicales de su centro de Barcelona (España) al despedir al representante de CC.OO. Este despido antisindical no tenía más motivo que impedir la expansión sindical en la empresa.

En el sector privado griego, los empleadores despiden, trasladan y rebajan de categoría a los trabajadores y trabajadoras sindicalizados, o amenazan con emprender tales medidas contra los trabajadores para disuadirles de afiliarse a un sindicato.

United Paper Mills (UPM) despidió al delegado sindical de su aserradero de Kaukas (Finlandia) en abril de 2021. La empresa alegó que se trataba de un despido legítimo relacionado con el cierre de una línea de producción del aserradero y con una “renovación del modelo de gestión”. Los sindicatos, por su parte, consideraron que se trataba de una maniobra para intentar socavar los sindicatos, que se produjo poco después de que UPM anunciara su intención de eliminar el sistema de negociación colectiva.

En junio de 2021, dos empresas turcas, Cengiz İnşaat y CI-AY Mühendislik, fueron contratadas para reconstruir un tramo ferroviario en Croacia. Desde el inicio del proyecto, SGH, organización afiliada a la Unión de Sindicatos Autónomos de Croacia (SSSH, por sus siglas en croata) en el sector de la construcción, se puso en contacto con la dirección de las dos empresas para hablar de la necesidad de aplicar el convenio colectivo sectorial a todos los trabajadores empleados en el proyecto de reconstrucción, incluidos los trabajadores turcos contratados para el proyecto. Las dos empresas se negaron rotundamente a cualquier intento de la SGH de difundir información a los trabajadores.

El 17 de febrero de 2022, la SGH visitó a los trabajadores en la obra durante su descanso y les entregó folletos sobre los derechos recogidos en el convenio colectivo. Los trabajadores denunciaron una serie de violaciones de sus derechos, en particular trabajar entre 250 y 300 horas al mes y no cobrar las horas extras. Inmediatamente después, 17 trabajadores recibieron un mensaje de texto en el que se les informaba que habían sido despedidos.

En Bulgaria los trabajadores y trabajadoras se enfrentan a numerosos obstáculos a la hora de afiliarse a un sindicato, puesto que los empleadores despiden a los trabajadores sindicalizados, acosan a los dirigentes sindicales, crean sindicatos amarillos y se niegan a recaudar las cuotas sindicales, pese a los acuerdos relativos a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales.

Tras la reestructuración en abril de 2021 de la Administración de la Seguridad Social de Armenia, que fusionó en un solo organismo los servicios municipales y tres administraciones estatales, cada uno de los cuales tenía su propio sindicato, la dirección del recién creado Unified Social Service (USS) decidió anular las disposiciones relativas a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales y al cobro de las cuotas sindicales. Esta decisión unilateral tuvo un impacto desastroso en las finanzas de los sindicatos y en su capacidad de funcionamiento. Pese a las insistentes peticiones de los presidentes de los sindicatos, la cuestión no pudo resolverse.

En 2021, Coca-Cola Uruguay impuso una reestructuración para despedir a 16 trabajadores de Montevideo y 18 del departamento de Salto. La empresa alegó que despediría a aquellos que hubieran recibido una sanción disciplinaria en el pasado. En realidad, la empresa solo se dirigió a los trabajadores y trabajadoras organizados de Salto.

El Sindicato de Trabajadores de Coca-Cola (STCC) intentó abogar por su reincorporación durante una negociación de 45 días, sin conseguir llegar a un acuerdo con Coca Cola. El 4 de agosto de 2021, el STCC decidió por unanimidad hacer una huelga de siete días.

Durante la pandemia, la dirección de Luxottica en el centro de fabricación y distribución de McDonough, Estados Unidos, utilizó una aplicación de la empresa, denominada “LiveSafe”, supuestamente para informar a los trabajadores sobre cuestiones relacionadas con la COVID-19 en el lugar de trabajo. No obstante, en realidad la aplicación servía de plataforma para que la dirección enviara mensajes antisindicales sobre los supuestos “riesgos” de la organización sindical, como, por ejemplo, que los trabajadores podrían perder sueldo y prestaciones si conseguían formar un sindicato. Además de la aplicación, la dirección creó un sitio web antisindical en el que se denigraba a los sindicatos y se indicaban graves consecuencias derivadas de la firma de una tarjeta de afiliación por parte de los trabajadores. La empresa también contrató a consultores antisindicales y exigió a los trabajadores asistir a reuniones obligatorias de “audiencia cautiva” en las que se criticaba a los sindicatos sin que los partidarios de los mismos tuvieran posibilidad de responder.

El 15 de julio de 2021, agrupaciones sindicales nacionales e internacionales presentaron una queja en virtud de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, alegando graves violaciones de los derechos a la libertad sindical de los trabajadores de Luxottica USA.

El centro de fabricación y distribución de Luxottica en Georgia emplea a 2.000 trabajadores y trabajadoras. Luxottica es una división del grupo EssilorLuxottica, el mayor proveedor mundial de gafas y productos para el cuidado de la vista, que presta servicios a un mercado global y cuenta con más de 150.000 empleados en todo el mundo.

Durante 2021, Heinz-Glas Perú mantuvo su política antisindical para disolver el sindicato e impedir la negociación colectiva. La empresa ofreció ayuda para la desafiliación de los miembros, acudiendo incluso a sus domicilios, enviándoles una carta de desafiliación, llamándoles uno a uno para animarles a desafiliarse y ofreciendo puestos de trabajo mejor remunerados a quienes decidieran desafiliarse.

A finales de abril de 2021, AB InBev La Constancia, en El Salvador, una de las mayores cerveceras del mundo, despidió injustamente a 32 trabajadores, todos ellos miembros del Sindicato de Trabajadores de La Constancia (SITRACONSTA), afiliado a la UITA. El 30 de julio de 2021, la empresa despidió a otros 30 trabajadores afiliados al sindicato. El sindicato solicitó la reincorporación inmediata de los sindicalistas injustamente despedidos, el reconocimiento del sindicato y el comienzo de la negociación colectiva. La empresa se negó sistemáticamente a autorizar la negociación, argumentando que no tenía tiempo debido a sus planes de reestructuración y a las medidas para hacer frente a la pandemia.

A lo largo de 2021, La Constancia ha mantenido su política antisindical de intimidar a los miembros del sindicato diciéndoles que los despidos son responsabilidad de SITRACONSTA y ofreciendo seguridad laboral a los trabajadores y trabajadoras que demuestren haber renunciado al sindicato.

En 2021, Hyundai colaboró en la creación de una planta de fabricación de automóviles en el sureste de Corea para poder producir coches de forma barata y, sobre todo, sin sindicatos. La nueva planta de automóviles, que se inauguraba a finales de 2021, está gestionada por Gwangju Global Motors (GGM), una empresa fundada recientemente por la ciudad de Gwangju, que tiene una participación mayoritaria del 21%, mientras que Hyundai tiene una participación del 19%. El objetivo era, sobre todo, evitar la mano de obra organizada. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la propia Hyundai están organizados y han emprendido, con éxito, acciones industriales para conseguir mejores salarios. El salario medio anual en Hyundai es de 88 millones KRW. En la nueva planta, apodada “fábrica de medio salario”, el promedio salarial anual es de 35 millones KRW, lo que se sitúa por debajo de la media nacional de 42,34 millones KRW para los empleados de la empresa.

En mayo de 2021 la dirección del hotel Fairmont Sanur de Bali, Indonesia, perteneciente a la cadena Accor, se puso en contacto individualmente con los trabajadores que habían sido despedidos en julio de 2020 para ofrecerles de nuevo sus puestos de trabajo a condición de que renunciasen a su afiliación sindical.

En abril de 2020 los trabajadores habían aceptado un recorte salarial masivo del 70% para mantener el hotel en funcionamiento durante la pandemia. Pese a ello, la dirección intentó obligar a 68 trabajadores y trabajadoras a firmar cartas de dimisión “voluntaria” a finales de julio de 2020. Todos ellos eran miembros del recién creado sindicato Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Los trabajadores se negaron y, dos días después, recibieron una carta confirmando su despido.

La carta que los trabajadores tuvieron que firmar para recuperar sus puestos de trabajo especificaba: “Como empleado del Fairmont Hotel, por la presente declaro voluntariamente y con conocimiento de causa, sin coacción de parte alguna, que nunca me he afiliado al Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Así pues, presento esta carta de declaración en honor a la verdad.”

De los trabajadores contactados, solo cuatro accedieron a firmar, mientras que 38 siguieron luchando por la readmisión alegando despido improcedente.

En agosto de 2021, la sección del Kerala Bank del distrito de Thiruvananthapuram, en la India, introdujo una serie de nuevos estatutos que limitan las actividades sindicales de su personal. En virtud de las nuevas normas, los sindicatos no pueden intervenir en ninguna decisión relacionada con los traslados. Poco después de ese anuncio, dos mujeres líderes de la Bank Employees Federation of India (BEFI) fueron trasladadas fuera de su distrito. Ambas mujeres eran miembros del Subcomité de Mujeres de la BEFI y trabajaban en la misma unidad. Fueron trasladadas con efecto inmediato a dos lugares distintos. Según el BEFI, el traslado se debe al permiso que se tomaron para participar en la convención del Consejo General del sindicato.

El complejo de hoteles y casinos NagaWorld en Phnom Penh, Camboya, ha negado sistemáticamente a sus trabajadores y trabajadoras el derecho a la representación sindical. Durante más de dos décadas la dirección se ha negado a reconocer plenamente al sindicato Union of Khmer Employees of Naga World (LRSU).

El 24 de septiembre de 2021, se había previsto celebrar una reunión en la oficina de la Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF) en Chattogram para formar un comité regional del IndustriALL Bangladesh Council (IBC). Sin embargo, la reunión se suspendió después de que el vicepresidente senior del IBC, Salauddin Shapon, recibiera una llamada de la policía. Al día siguiente se había previsto celebrar otra reunión en un lugar distinto, pero la policía volvió a ponerse en contacto con el vicepresidente para decirle que la reunión tampoco podía celebrarse allí.

En un tercer intento, el IBC decidió celebrar la reunión en la oficina de otra organización afiliada, la Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL), pero cuando los líderes del IBC llegaron, varios agentes de policía, algunos de ellos de paisano, bloquearon la puerta y no permitieron la entrada a nadie.

En Sudáfrica, cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Rodas iniciaron una huelga el 10 de agosto de 2021 después de que la institución no reconociera a su sindicato, el National Union of Public Service and Allied Workers (NUPSAW). Habiendo organizado a más del 10% del personal, el 29 de abril de 2021 el NUPSAW se había desplazado hasta la universidad para solicitar su reconocimiento, en particular el derecho a organizar y reclutar miembros y a celebrar reuniones en el campus.

Cuando se le preguntó por qué la universidad se negaba a reconocer el sindicato, el principal responsable de comunicación dijo, en flagrante violación de las leyes sudafricanas, que el NUPSAW no era suficientemente representativo.

En junio de 2021, la Société des Brasseries du Mali (BRAMALI) procedió a despedir de forma selectiva a los delegados sindicales de la empresa, entre ellos el vicesecretario general del sindicato, el secretario de Comunicación y el secretario de Finanzas. Otros delegados sindicales estaban en lista de espera para ser despedidos y recibieron un preaviso de ocho días. Los despidos se produjeron en medio de un conflicto sindical en BRAMALI tras una huelga de tres días que se llevó a cabo en mayo de 2021.

Los trabajadores y trabajadoras de Style Industries Ltd, una fabricante de cabello sintético, llevan luchando desde 2015 por el reconocimiento de su sindicato, el Kenyan Union of Hair and Beauty Workers (KUHABWO). KUHABWO reclutó a 3.811 trabajadores de una plantilla de 6.000, de los cuales el 85% son mujeres, pero la empresa hizo todo lo posible para acosar y disuadir a los miembros del sindicato. Cuando los delegados sindicales acudían a reclutar trabajadores durante los descansos o la hora de la comida, el empleador recurría a la policía para acosar y detener a los trabajadores e impedir que hablasen con los representantes sindicales.

El conflicto se estancó en el proceso de conciliación, y el caso llegó al Tribunal de Empleo y Relaciones Laborales, que en 2017 emitió una orden de restricción contra la empresa. El auto ordenaba a Style Industries que dejara de “victimizar, intimidar, coaccionar, acosar y consentir prácticas laborales injustas” y que permitiera que el caso se resolviese en los tribunales. Además, el tribunal señaló que la empresa tenía que dejar de rescindir contratos y despedir a miembros del sindicato por el hecho de pertenecer al mismo.

Pese a la decisión del tribunal, las tácticas antisindicales de la empresa no cesaron, y en mayo de 2021 despidió a otros 150 miembros del sindicato. Los que no se dejaron disuadir por la maniobra y siguieron siendo miembros del sindicato fueron amenazados con el despido.

En junio de 2021 se puso en marcha una campaña de solidaridad para concienciar sobre las tácticas antisindicales de la empresa.

Amadou Diallo y Alhassane Diallo, secretario general y vicesecretario general, respectivamente, del sindicato de trabajadores y trabajadoras del Sheraton Grand Conakry, han estado solicitando desde de octubre de 2020 su reincorporación tras haber sido despedidos por su participación en actividades sindicales. A pesar de las campañas de solidaridad internacional y de una denuncia ante la OIT, la dirección del hotel se ha negado rotundamente a reincorporarlos.

Los trabajadores del Sheraton Grand Conakry, el mayor hotel de Guinea, empezaron a organizarse en marzo de 2019 en respuesta a los bajos salarios, las horas extraordinarias no remuneradas y la falta de prestaciones sanitarias. El largo proceso de organización finalizó el 11 de febrero de 2020 con unas satisfactorias elecciones sindicales. Durante todo este tiempo, la dirección del hotel intentó por todos los medios impedir que se celebraran las elecciones y, en una flagrante maniobra de ataque al sindicato, procedió a despedir injustamente a los dos líderes sindicales.

En abril de 2021, una plata de clasificación de residuos para la ciudad de Jerusalén que opera en la zona industrial del asentamiento de Atarot, socavó los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Cerca de 110 de sus trabajadores palestinos se afiliaron al sindicato Maan Union para luchar contra unas condiciones de trabajo abusivas. Los empleadores utilizaron las restricciones financieras impuestas por la COVID-19 para mermar las labores de organización de los trabajadores. Decenas de trabajadores se vieron obligados a pedir una excedencia sin sueldo, otros tuvieron que permanecer en el recinto de la fábrica sin las disposiciones adecuadas si querían mantener sus puestos de trabajo, y nueve trabajadores fueron despedidos, entre ellos varios dirigentes sindicales.

En 2021, varios trabajadores que intentaron formar sindicatos en Omán fueron objeto de decisiones arbitrarias por parte de sus empleadores para dificultarles e impedirles la formación de sindicatos; estas decisiones incluyeron despidos y traslados a lugares remotos.

El 11 de julio de 2021, el Ministerio de Electricidad de Iraq emitió una directiva por la que se prohibían los comités sindicales y se ordenaba a los empleados de empresas públicas no participar en dichos comités so pena de ser sometidos a procesos penales. Además, el Ministerio de Industria y Minería iraquí emitió amonestaciones disciplinarias contra dos dirigentes sindicales en represalia por sus actividades de organización.

Los miembros del sindicato de los centros de atención telefónica Webhelp y Sitel Group de Marruecos fueron despedidos de manera improcedente pese a que poco antes, en junio de 2021, se celebraron en todo el país elecciones de delegados de personal. En Sitel, los empleados que habían creado una oficina sindical con la Union Marocaine des Travailleurs (UMT) fueron despedidos o suspendidos sin sueldo. En Webhelp, los empleados que intentaron formar sindicatos en varios lugares de trabajo se enfrentaron a prácticas intimidatorias y a presiones por parte de la dirección.