Derecho a la negociación colectiva

En mayo de 2021, Santander Brazil aplicó un recorte salarial del 55% a 40 dirigentes sindicales del banco después de que presentaran un recurso legal para que se les pagaran las horas extraordinarias. Brasil contribuye a la mayor parte de los beneficios de la multinacional española Santander, pero en lugar de pagar a estos trabajadores lo que les correspondía, la sección brasileña del banco los degradó y les redujo el sueldo más de la mitad. Ante este recorte arbitrario, los trabajadores del banco acudieron a los tribunales y consiguieron una sentencia que les restituyó su categoría profesional y sus salarios. No obstante, Santander Brazil no ha cumplido la orden, pese a incurrir en multas diarias por su incumplimiento.

El 18 de marzo de 2022, P&O Ferries, propiedad de DP World, despidió de forma sumaria a 800 empleados, con vistas a sustituirlos por trabajadores más baratos contratados a través de agencia, con un sueldo por debajo del salario mínimo. Esta decisión fue inesperada, puesto que no se mantuvieron consultas previas con los sindicatos ni se avisó a los trabajadores. La noticia de los despidos masivos fue anunciada por la dirección mediante un comunicado por Zoom, tras lo cual las tripulaciones, atónicas, fueron desalojadas a la fuerza de los barcos por guardias de seguridad contratados.

Tanto sindicatos como políticos denunciaron este escándalo, y se han organizado concentraciones y campañas de solidaridad al respecto en todo el Reino Unido y en muchos otros países.

En 2021, el Sindicato de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras de Cádiz (España) denunció los reiterados incumplimientos del convenio colectivo incurridos por la empresa ITELYMP, encargada de la limpieza de las instalaciones de la Universidad de Cádiz. La última vulneración afectaba a las disposiciones sobre vacaciones, que la empresa había decidido reducir unilateralmente en dos días. Pese a la petición del sindicato, la empresa no modificó su postura.

Además, ITELYMP elaboró un plan de igualdad sin consultar a los representantes sindicales.

Los sindicatos y los trabajadores del sector del comercio de Polonia salieron a la calle el 4 de noviembre de 2021 para exigir una mejor representación sindical, un salario digno, los domingos libres y medidas para hacer frente a la escasez crónica de personal y a la elevada carga de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras del comercio minorista de Polonia representan el 14% de la mano de obra, pero solo el 3% está cubierto por un convenio colectivo. Debido al escaso nivel de negociación colectiva en el sector del comercio, los salarios y las condiciones son deficientes, y, en particular, las medidas en materia de salud y seguridad en el trabajo resultan inadecuadas.

Las organizaciones afiliadas a la central sindical nacional de Polonia NSZZ Solidarnosc denunciaron graves violaciones de los derechos sindicales en muchas empresas de comercio minorista, como el despido de líderes y miembros sindicales, la discriminación contra representantes y miembros sindicales, la exclusión del papel de los sindicatos, el desprecio hacia los derechos sindicales, el acceso restringido a los trabajadores y la falta de diálogo y consultas genuinos.

Gran parte del sector minorista del país está dominado por multinacionales, pero no se ha establecido ningún convenio colectivo con las mismas. Los principales minoristas que operan en Polonia son Amazon, Auchan, Carrefour, Castorama, H&M, Jysk, Lidl y Metro.

En los Países Bajos, los empleadores suelen negociar la adopción de recortes salariales con sindicatos amarillos o con el comité de empresa. No existe ninguna legislación en el país que garantice que solo los sindicatos independientes puedan establecer convenios colectivos o que los sindicatos tengan prioridad sobre los comités de empresa. En consecuencia, cuando los sindicatos deciden llevar a cabo una acción colectiva en el marco de una negociación, los empleadores pueden socavar la posición de los mismos estableciendo simplemente un convenio con los sindicatos amarillos o los comités de empresa.

En los Países Bajos, la federación sindical FNV lleva más de 15 años tratando de alcanzar un convenio colectivo en la industria de procesado de productos cárnicos, especialmente en lo que respeta al acceso de los delegados sindicales al lugar de trabajo. Durante décadas, los delegados sindicales que han intentado repartir folletos en los aparcamientos se han topado con prácticas intimidatorias y agresivas por parte de los empleadores, lo cuales han llegado a declarar que solo permitirán que los delegados sindicales accedan a sus instalaciones cuando se vean legalmente obligados a hacerlo. El sector cárnico cuenta con un elevado porcentaje de trabajadores y trabajadoras inmigrantes que son particularmente vulnerables a los abusos y a la precariedad.

El 8 de febrero de 2022 se organizó una huelga en la empresa lituana AB "Achema" para protestar por la persistente negativa del empleador a entablar una negociación colectiva. El sindicato había intentado durante varios años entablar un diálogo constructivo con la dirección de la empresa y había tomado todas las medidas posibles para alcanzar un acuerdo. Por desgracia, el empleador se negó en todo momento a participar en el diálogo social. Las tensiones aumentaron cuando el empleador adoptó unilateralmente un nuevo sistema retributivo.

Achema es un productor de fertilizantes nitrogenados y productos químicos en Lituania y los países bálticos. En la actualidad, la negociación colectiva no existe en la empresa, y el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo está investigando posibles violaciones de las disposiciones sobre el régimen de descanso y la jornada laboral de los trabajadores.

La dirección de la empresa biofarmacéutica AbbVie, en Carrigtwohill, Irlanda, se negó sistemáticamente a entablar negociaciones colectivas con los delegados del sindicato Services Industrial Professional and Technical Union (SIPTU).

La negativa persistió pese a dos recomendaciones del Tribunal Laboral en 2017 y 2020 para que negociara con los representantes del SIPTU, en nombre de sus miembros, “todas las cuestiones vinculadas a las condiciones de empleo, entre ellas el salario”.

Los representantes del SIPTU escribieron a la dirección en varias ocasiones mencionando su incapacidad para aplicar plenamente las dos recomendaciones del Tribunal Laboral y participar en la negociación colectiva con el sindicato. La dirección siguió negándose a responder y a negociar con el sindicato, ya fuera directa o indirectamente.

Finalmente, a principios de agosto de 2021, los miembros del SIPTU de la planta de AbbVie iniciaron una acción industrial consistente en prohibir las horas extras en el proceso de producción. Dos semanas más tarde no se había producido ningún avance, por lo que el sindicato anunció que estaba considerando endurecer su acción.

En Grecia, la violación de los convenios colectivos es algo habitual, sobre todo en el sector bancario. Las empresas se niegan a menudo a aplicar los convenios colectivos existentes. Este comportamiento se ha visto agravado con la adopción de la Ley 4808/2021 del 19 de junio de 2021, que establece que, en caso de impugnación de un convenio colectivo ante los tribunales, este quedará suspendido hasta que se emita una decisión judicial definitiva. Dicha ley conlleva, por tanto, el riesgo de suspender la aplicación de los convenios colectivos durante largos períodos de tiempo, privando a los trabajadores del beneficio de las disposiciones negociadas.

El 8 de febrero de 2021, la empresa finlandesa de la industria forestal United Paper Mills (UPM) anunció repentinamente que dejaría de negociar las condiciones de empleo y que estas se determinarían sin un convenio colectivo, lo que en la práctica significa que serían dictadas unilateralmente por el empleador.

Esta decisión estuvo precedida en octubre de 2020 de un anuncio por parte de la asociación de empleadores de la industria forestal, la Finnish Forest Industries Federation, según el cual la empresa no seguiría participando en la negociación colectiva. Los convenios colectivos a nivel nacional vencerían, y todos los acuerdos colectivos se harían a nivel de empresa.

Las peticiones de los sindicatos en representación de los trabajadores –el sindicato finlandés de trabajadores del papel Paperiliitto, el sindicato finlandés de trabajadores industriales Teollisuusliitto y el sindicato Pro– para negociar un convenio a nivel de empresa fueron rechazadas.

El 31 de agosto de 2021, UPM anunció que definiría las condiciones de trabajo sobre la base de “la legislación laboral, las prácticas de UPM y los contratos de trabajo individuales”. Según un cálculo que UPM presentó a sus empleados, el salario se reduciría en un tercio a partir de enero de 2022. También desaparecerían muchas de las prestaciones acordadas en el convenio colectivo.

En Bosnia y Herzegovina, los sindicatos y la compañía eléctrica estatal Elektroprivreda BiH (EPBiH) pactaron en mayo de 2021 un plan de reestructuración para siete minas de carbón propiedad de dicha empresa, que emplea a cerca de 7.000 trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo, el 22 de noviembre de 2021, EPBiH impuso nuevas normativas laborales que violaban el convenio colectivo, recortando el salario básico de los mineros de 850 BAM (489 USD) a 570 BAM (328 USD).

Miles de mineros interrumpieron su trabajo el 23 de noviembre y se manifestaron frente a la sede del Gobierno en Sarajevo. Reclamaban que el salario mínimo se fijara en 1.000 BAM (575 USD), así como las aportaciones a un plan de pensiones y la dimisión de los directores generales de las minas y del director de EPBiH. Las protestas se prolongaron una semana, hasta que el Gobierno intervino para mediar.

En junio de 2021, el presidente del Union of State, Local Governments and Public Service Employees of Armenia dirigió una carta al alcalde de Ereván, ofreciéndole entablar negociaciones sobre un convenio colectivo sectorial para los empleados y empleadas municipales, tal y como contempla el Código Laboral. La propuesta fue tajantemente rechazada por la Administración municipal. A principios de año, el líder del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Ereván fue despedido de forma improcedente.

En Uruguay, los sindicatos de personal médico, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior (FEMI) y el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), solicitaron concertar una reunión tripartita con los representantes de los empleadores (IAMAC) y el Ministerio de Trabajo, en abril de 2021, para exigir la aplicación del convenio colectivo que se había firmado hacía apenas cinco meses, en diciembre de 2020. Las IAMAC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, empresas médicas del sector privado de Montevideo y el interior) habían incumplido su compromiso de pagar complementos salariales al personal médico. Pese a los esfuerzos de los sindicatos, los empleadores se negaron persistentemente a cumplir con las obligaciones que les marcaba en el convenio colectivo.

En 2021, la empresa AB InBev Perú implementó una serie de procesos de reestructuración de personal sin haberlo consultado con las organizaciones sindicales, con arreglo a los cuales despidió a tres secretarios generales del sindicato (Luis Samán, José Gayoso y José Leiva) y a 15 trabajadores de la planta norte de Motupe (Perú), todos ellos miembros del Sindicato Nacional de Obreros de Backus que se habían declarado en huelga.

Entre abril y mayo de 2021, los trabajadores y trabajadoras administrativos de la sanidad de la Tesai Foundation, un conglomerado de hospitales en la región de Itaipú (Paraguay), se declararon en huelga a raíz del incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa. Los trabajadores, respaldados por su sindicato, el Sindicato de Conductores y Servicios del Alto Paraná (Siconap/s), reclamaban el pago de prestaciones, el derecho a vacaciones pagadas y a la licencia por maternidad, la dotación de equipos de seguridad para todo el personal, así como prestaciones médicas y otras prestaciones previstas en el convenio colectivo vigente. Tesai hizo caso omiso de las demandas y siguió vulnerando el convenio.

El incumplimiento de los convenios colectivos siguió siendo un hecho habitual en Canadá. Por ejemplo, la Junta de Relaciones Laborales de Ontario recibió 355 denuncias por prácticas laborales injustas, en el marco de las cuales los principales cargos contra los empleadores fueron “el despido improcedente o la discriminación de los empleados por participar en actividades sindicales, las modificaciones ilícitas de salarios y condiciones de trabajo, y la falta de negociación de buena fe”.

En Nueva Zelanda, la cadena de ropa H&M suspendió a 14 trabajadores y trabajadoras el 24 de abril de 2021, durante la negociación de un nuevo convenio colectivo sobre salarios, una medida antisindical que les penalizaba por intentar conseguir un salario digno. Ya en 2019, los trabajadores sindicalizados de H&M fueron objeto de un cierre patronal por llevar pegatinas en las tiendas reclamando un salario justo.

En Nueva Zelanda, el 22 de abril de 2021, NZ Bus notificó a los conductores de autobús de Wellington que serían sometidos a un cierre patronal a menos que accedieran a que se les rebajara el sueldo y las condiciones de empleo y aceptaran un contrato laboral más flexible. El anuncio del cierre patronal se produjo tras meses de amargas negociaciones sobre un nuevo convenio colectivo. NZ Bus había rechazado una oferta del Consejo Regional de Wellington para financiar un ajuste salarial digno, puesto que implicaba además una reducción de las condiciones de empleo. Esta vulneración de los derechos laborales fue denunciada enérgicamente tanto por el presidente del New Zealand Council of Trade Unions (NZCTU) como por el ministro de Transportes, que instó a la empresa a retirar el aviso.

El 28 de mayo de 2021, el sindicato Swire Coca-Cola Hong Kong Beverages Employees’ General Union (SCBEGU) inició una huelga en respuesta a los graves recortes salariales. La dirección había ignorado por completo al sindicato y el proceso de negociación colectiva a la hora de recortar los salarios y modificar su estructura salarial. El SCBEGU es uno de los pocos sindicatos del sector privado que ha ejercido sus derechos de negociación colectiva durante décadas.

En junio de 2021, la ministra de Administración Local anunció que algunos ayuntamientos estaban teniendo problemas financieros. Su solución fue socavar las condiciones acordadas en sus convenios colectivos e imponer unilateralmente a los trabajadores del Ayuntamiento contratos de duración determinada, con peores salarios y prestaciones. El Fiji Trades Union Congress (FTUC) denunció enérgicamente esta medida unilateral.

El 26 de octubre de 2021, la empresa australiana de estiba, Patrick Terminals, solicitó a la Comisión de Trabajo Justo que cancelara su convenio de empresa vigente, establecido con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA).

De prosperar, los estibadores perderían los salarios y las condiciones que habían negociado durante años y, a menos que se negociara un nuevo convenio en un plazo de seis meses, volverían a las normas mínimas del sector. Más de 1.000 trabajadores portuarios estaban cubiertos por el convenio.

El MUA y Patrick habían comenzado a negociar un nuevo convenio hacía cerca de dos años. El sindicato aceptó renunciar a su demanda inicial de la aplicación de incrementos salariales del 6% a lo largo de cuatro años y aceptó los aumentos del 2,5% de la empresa, muy por debajo de la actual subida del índice de precios al consumo del 3,8%. Patrick reprochó al MUA sus demandas poco razonables, en particular la petición de que se le consultara respecto a una proporción de nuevas contrataciones. El MUA señaló que se habían alcanzado acuerdos similares con otros grandes operadores portuarios. Por su parte, los trabajadores se opusieron a que la empresa utilizara mano de obra ocasional por parte de la empresa, a su actual régimen de turnos y a sus planes de contratación.

A mediados de octubre de 2021, la dirección de la terminal de contenedores Fremantle Container Terminal en Australia Occidental, propiedad de QUBE Holdings, seguía negándose a reanudar las negociaciones con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA) en relación a un prolongado conflicto, pese a que el primer ministro de Australia Occidental, Mark McGowan, varios ministros y la Comisión de Trabajo Justo le habían requerido hacerlo.

Más de 120 miembros del MUA se habían declarado en huelga el 30 de julio para conseguir un mejor convenio de empresa. El núcleo del conflicto residía en el sistema de turnos: los trabajadores de QUBE no tenían turnos fijos y no se les comunicaba su horario hasta las 4 p.m. del día anterior; el sindicato solicitó que, como mínimo, se asignaran los turnos a las 2 p.m. del día anterior, pero la dirección se negó sistemáticamente y rechazó las 42 reclamaciones del sindicato. Además, QUBE impuso un cierre patronal y, en un intento por mantener la terminal en funcionamiento, asignó a su propio personal de gestión y supervisión los trabajos de estiba, pese a los graves problemas de seguridad que eso conlleva.

A finales de octubre, tras 11 semanas de conflicto, el MUA se vio obligado a suspender la huelga ante la amenaza del Gobierno federal de Coalición Liberal-Nacional de solicitar a la Comisión de Trabajo Justo que pusiera fin a toda huelga en QUBE e impusiera el arbitraje obligatorio.

El 9 de diciembre de 2021, el presidente de Túnez emitió una circular (núm. 20) dirigida a todos los ministerios e instituciones gubernamentales, prohibiendo entablar negociaciones con los sindicatos sin una autorización formal previa del jefe de Gobierno.

En 2021-2022, los empleadores de Omán modificaron unilateralmente los términos del convenio colectivo o incluso dejaron de aplicar sus disposiciones por una serie de razones frívolas.

En el último año han aumentado las violaciones del derecho a la negociación colectiva en Marruecos, en particular los despidos selectivos de representantes sindicales y la negativa de los empleadores a participar en la negociación colectiva. Estas medidas antisindicales tuvieron un efecto amedrentador sobre la capacidad de los trabajadores para defender colectivamente sus derechos y repercutieron de manera negativa en la negociación colectiva, como consecuencia de lo cual esta estuvo prácticamente ausente en la mayoría de las empresas y sectores. Los compromisos anteriores entre el Gobierno y los representantes de las confederaciones sindicales se han suspendido sin haberse aplicado.

En la Universidad de Tel Aviv (Israel), la dirección se negó a negociar con el Research and Project Workers Employees' Committee, a pesar de estar reconocido como representante de los trabajadores. El comité tuvo que recurrir a los tribunales, que finalmente le dieron la razón en diciembre de 2021.

En septiembre de 2021, 2.000 trabajadores y trabajadoras de la empresa Universal Group Co., un fabricante egipcio de electrodomésticos, organizaron una protesta para exigir el pago de sus salarios de julio y agosto, así como de otras prestaciones suspendidas desde hacía bastante tiempo. Estos trabajadores representaban a cinco de las nueve fábricas del grupo. Los trabajadores denunciaron especialmente la violación por parte de la dirección del convenio firmado en octubre de 2019 con el Ministerio de Trabajo, en el marco del cual se comprometía a pagar los salarios. Por aquel entonces, el Ministerio había rescatado a la empresa y había pagado con el fondo de emergencia los sueldos de los 5.000 trabajadores y trabajadoras durante un período de seis meses, como aliciente para que la empresa no efectuara despidos, pero, posteriormente, el grupo obligó a los trabajadores a dimitir.

En abril de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat de Argelia iniciaron una huelga por decisión de la Asamblea General Nacional del sindicato de la empresa, en protesta por la negativa de la dirección a entablar una negociación colectiva.

El sindicato nacional de industrias metalúrgicas y afines, National Union of Metal and Allied Industries of Zimbabwe (NUMAIZ), protestó por las violaciones de los derechos de los trabajadores en la empresa china Afrochine Smelting y por el incumplimiento íntegro de las leyes y los convenios colectivos vigentes. El año pasado Afrochine no pagó los salarios a su debido tiempo y procedió a despedir unilateralmente a 33 trabajadores sin consultarlo previamente con el sindicato. Los esfuerzos de conciliación en el Consejo Nacional de Empleo de la industria de la ferroaleación –una plataforma de diálogo social– fracasaron debido a que los representantes de Afrochine no se presentaron a una reunión el 22 de septiembre de 2021.

Los trabajadores y trabajadoras de Afrochine viven atemorizados, sin seguridad laboral, y se ven humillados y agredidos por los supervisores a diario. Cualquier intento de denuncia de los abusos se penaliza con el despido inmediato.

Afrochine es una filial del mayor fabricante de productos de acero inoxidable del mundo, Tsingshan Holding Group, que cotiza en la Bolsa de Metales de Londres. Más de 1.500 trabajadores están empleados en la planta de ferrocromo, situada a unos 75 kilómetros de Harare.

El 21 de abril de 2021, el sindicato South African Municipal Workers’ Union (SAMWU) compareció ante los tribunales contra la empresa Rand Water después de que esta intentara prohibir una huelga protegida convocada por el sindicato. El SAMWU decidió embarcarse en una huelga protegida indefinida después de que el empleador modificara unilateralmente las condiciones de servicio de los trabajadores, retirando las primas de incentivo que los trabajadores venían recibiendo desde hacía 17 años. El sindicato había intentado en varias ocasiones reunirse con la dirección de Rand Water para convencerla de que reconsiderara su postura, pero fue en vano.

Cerca de 11.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración local de Nairobi (Kenya) se declararon en huelga el 13 de octubre de 2021 a raíz del incumplimiento de un convenio colectivo que se remonta a 2013. Entre las quejas que los trabajadores venían denunciando durante años estaban la falta de promociones, los repetidos retrasos en el pago de los salarios y la no transferencia de las deducciones reglamentarias. Otra de las quejas era la falta de equipos de protección individual y, más recientemente, que al menos 11.000 trabajadores y trabajadoras del condado habían estado sin cobertura médica desde julio de 2021.

Dos días después, el sindicato Kenya County Government Workers’ Union (KCGWU) fue informado de que sus miembros podían volver al trabajo. El sindicato esperaba que se mantuvieran las promesas relativas a las principales reivindicaciones de los trabajadores, pero lo cierto es que el Gobierno ya había accedido en otras ocasiones a las demandas de los trabajadores y las había incumplido reiteradamente.

Los problemas resurgieron a principios de febrero de 2022, y los trabajadores dieron al Ayuntamiento un plazo de 21 días para pagarles los más de 560 millones KES (4,82 millones USD) que se les adeudaba en concepto de atrasos salariales y para transferir las deducciones reglamentarias, añadiendo que, de lo contrario, convocarían una huelga.

En mayo de 2021, Santander Brazil aplicó un recorte salarial del 55% a 40 dirigentes sindicales del banco después de que presentaran un recurso legal para que se les pagaran las horas extraordinarias. Brasil contribuye a la mayor parte de los beneficios de la multinacional española Santander, pero en lugar de pagar a estos trabajadores lo que les correspondía, la sección brasileña del banco los degradó y les redujo el sueldo más de la mitad. Ante este recorte arbitrario, los trabajadores del banco acudieron a los tribunales y consiguieron una sentencia que les restituyó su categoría profesional y sus salarios. No obstante, Santander Brazil no ha cumplido la orden, pese a incurrir en multas diarias por su incumplimiento.

El 18 de marzo de 2022, P&O Ferries, propiedad de DP World, despidió de forma sumaria a 800 empleados, con vistas a sustituirlos por trabajadores más baratos contratados a través de agencia, con un sueldo por debajo del salario mínimo. Esta decisión fue inesperada, puesto que no se mantuvieron consultas previas con los sindicatos ni se avisó a los trabajadores. La noticia de los despidos masivos fue anunciada por la dirección mediante un comunicado por Zoom, tras lo cual las tripulaciones, atónicas, fueron desalojadas a la fuerza de los barcos por guardias de seguridad contratados.

Tanto sindicatos como políticos denunciaron este escándalo, y se han organizado concentraciones y campañas de solidaridad al respecto en todo el Reino Unido y en muchos otros países.

En 2021, el Sindicato de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras de Cádiz (España) denunció los reiterados incumplimientos del convenio colectivo incurridos por la empresa ITELYMP, encargada de la limpieza de las instalaciones de la Universidad de Cádiz. La última vulneración afectaba a las disposiciones sobre vacaciones, que la empresa había decidido reducir unilateralmente en dos días. Pese a la petición del sindicato, la empresa no modificó su postura.

Además, ITELYMP elaboró un plan de igualdad sin consultar a los representantes sindicales.

Los sindicatos y los trabajadores del sector del comercio de Polonia salieron a la calle el 4 de noviembre de 2021 para exigir una mejor representación sindical, un salario digno, los domingos libres y medidas para hacer frente a la escasez crónica de personal y a la elevada carga de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras del comercio minorista de Polonia representan el 14% de la mano de obra, pero solo el 3% está cubierto por un convenio colectivo. Debido al escaso nivel de negociación colectiva en el sector del comercio, los salarios y las condiciones son deficientes, y, en particular, las medidas en materia de salud y seguridad en el trabajo resultan inadecuadas.

Las organizaciones afiliadas a la central sindical nacional de Polonia NSZZ Solidarnosc denunciaron graves violaciones de los derechos sindicales en muchas empresas de comercio minorista, como el despido de líderes y miembros sindicales, la discriminación contra representantes y miembros sindicales, la exclusión del papel de los sindicatos, el desprecio hacia los derechos sindicales, el acceso restringido a los trabajadores y la falta de diálogo y consultas genuinos.

Gran parte del sector minorista del país está dominado por multinacionales, pero no se ha establecido ningún convenio colectivo con las mismas. Los principales minoristas que operan en Polonia son Amazon, Auchan, Carrefour, Castorama, H&M, Jysk, Lidl y Metro.

En los Países Bajos, los empleadores suelen negociar la adopción de recortes salariales con sindicatos amarillos o con el comité de empresa. No existe ninguna legislación en el país que garantice que solo los sindicatos independientes puedan establecer convenios colectivos o que los sindicatos tengan prioridad sobre los comités de empresa. En consecuencia, cuando los sindicatos deciden llevar a cabo una acción colectiva en el marco de una negociación, los empleadores pueden socavar la posición de los mismos estableciendo simplemente un convenio con los sindicatos amarillos o los comités de empresa.

En los Países Bajos, la federación sindical FNV lleva más de 15 años tratando de alcanzar un convenio colectivo en la industria de procesado de productos cárnicos, especialmente en lo que respeta al acceso de los delegados sindicales al lugar de trabajo. Durante décadas, los delegados sindicales que han intentado repartir folletos en los aparcamientos se han topado con prácticas intimidatorias y agresivas por parte de los empleadores, lo cuales han llegado a declarar que solo permitirán que los delegados sindicales accedan a sus instalaciones cuando se vean legalmente obligados a hacerlo. El sector cárnico cuenta con un elevado porcentaje de trabajadores y trabajadoras inmigrantes que son particularmente vulnerables a los abusos y a la precariedad.

El 8 de febrero de 2022 se organizó una huelga en la empresa lituana AB "Achema" para protestar por la persistente negativa del empleador a entablar una negociación colectiva. El sindicato había intentado durante varios años entablar un diálogo constructivo con la dirección de la empresa y había tomado todas las medidas posibles para alcanzar un acuerdo. Por desgracia, el empleador se negó en todo momento a participar en el diálogo social. Las tensiones aumentaron cuando el empleador adoptó unilateralmente un nuevo sistema retributivo.

Achema es un productor de fertilizantes nitrogenados y productos químicos en Lituania y los países bálticos. En la actualidad, la negociación colectiva no existe en la empresa, y el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo está investigando posibles violaciones de las disposiciones sobre el régimen de descanso y la jornada laboral de los trabajadores.

La dirección de la empresa biofarmacéutica AbbVie, en Carrigtwohill, Irlanda, se negó sistemáticamente a entablar negociaciones colectivas con los delegados del sindicato Services Industrial Professional and Technical Union (SIPTU).

La negativa persistió pese a dos recomendaciones del Tribunal Laboral en 2017 y 2020 para que negociara con los representantes del SIPTU, en nombre de sus miembros, “todas las cuestiones vinculadas a las condiciones de empleo, entre ellas el salario”.

Los representantes del SIPTU escribieron a la dirección en varias ocasiones mencionando su incapacidad para aplicar plenamente las dos recomendaciones del Tribunal Laboral y participar en la negociación colectiva con el sindicato. La dirección siguió negándose a responder y a negociar con el sindicato, ya fuera directa o indirectamente.

Finalmente, a principios de agosto de 2021, los miembros del SIPTU de la planta de AbbVie iniciaron una acción industrial consistente en prohibir las horas extras en el proceso de producción. Dos semanas más tarde no se había producido ningún avance, por lo que el sindicato anunció que estaba considerando endurecer su acción.

En Grecia, la violación de los convenios colectivos es algo habitual, sobre todo en el sector bancario. Las empresas se niegan a menudo a aplicar los convenios colectivos existentes. Este comportamiento se ha visto agravado con la adopción de la Ley 4808/2021 del 19 de junio de 2021, que establece que, en caso de impugnación de un convenio colectivo ante los tribunales, este quedará suspendido hasta que se emita una decisión judicial definitiva. Dicha ley conlleva, por tanto, el riesgo de suspender la aplicación de los convenios colectivos durante largos períodos de tiempo, privando a los trabajadores del beneficio de las disposiciones negociadas.

El 8 de febrero de 2021, la empresa finlandesa de la industria forestal United Paper Mills (UPM) anunció repentinamente que dejaría de negociar las condiciones de empleo y que estas se determinarían sin un convenio colectivo, lo que en la práctica significa que serían dictadas unilateralmente por el empleador.

Esta decisión estuvo precedida en octubre de 2020 de un anuncio por parte de la asociación de empleadores de la industria forestal, la Finnish Forest Industries Federation, según el cual la empresa no seguiría participando en la negociación colectiva. Los convenios colectivos a nivel nacional vencerían, y todos los acuerdos colectivos se harían a nivel de empresa.

Las peticiones de los sindicatos en representación de los trabajadores –el sindicato finlandés de trabajadores del papel Paperiliitto, el sindicato finlandés de trabajadores industriales Teollisuusliitto y el sindicato Pro– para negociar un convenio a nivel de empresa fueron rechazadas.

El 31 de agosto de 2021, UPM anunció que definiría las condiciones de trabajo sobre la base de “la legislación laboral, las prácticas de UPM y los contratos de trabajo individuales”. Según un cálculo que UPM presentó a sus empleados, el salario se reduciría en un tercio a partir de enero de 2022. También desaparecerían muchas de las prestaciones acordadas en el convenio colectivo.

En Bosnia y Herzegovina, los sindicatos y la compañía eléctrica estatal Elektroprivreda BiH (EPBiH) pactaron en mayo de 2021 un plan de reestructuración para siete minas de carbón propiedad de dicha empresa, que emplea a cerca de 7.000 trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo, el 22 de noviembre de 2021, EPBiH impuso nuevas normativas laborales que violaban el convenio colectivo, recortando el salario básico de los mineros de 850 BAM (489 USD) a 570 BAM (328 USD).

Miles de mineros interrumpieron su trabajo el 23 de noviembre y se manifestaron frente a la sede del Gobierno en Sarajevo. Reclamaban que el salario mínimo se fijara en 1.000 BAM (575 USD), así como las aportaciones a un plan de pensiones y la dimisión de los directores generales de las minas y del director de EPBiH. Las protestas se prolongaron una semana, hasta que el Gobierno intervino para mediar.

En junio de 2021, el presidente del Union of State, Local Governments and Public Service Employees of Armenia dirigió una carta al alcalde de Ereván, ofreciéndole entablar negociaciones sobre un convenio colectivo sectorial para los empleados y empleadas municipales, tal y como contempla el Código Laboral. La propuesta fue tajantemente rechazada por la Administración municipal. A principios de año, el líder del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Ereván fue despedido de forma improcedente.

En Uruguay, los sindicatos de personal médico, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior (FEMI) y el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), solicitaron concertar una reunión tripartita con los representantes de los empleadores (IAMAC) y el Ministerio de Trabajo, en abril de 2021, para exigir la aplicación del convenio colectivo que se había firmado hacía apenas cinco meses, en diciembre de 2020. Las IAMAC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, empresas médicas del sector privado de Montevideo y el interior) habían incumplido su compromiso de pagar complementos salariales al personal médico. Pese a los esfuerzos de los sindicatos, los empleadores se negaron persistentemente a cumplir con las obligaciones que les marcaba en el convenio colectivo.

En 2021, la empresa AB InBev Perú implementó una serie de procesos de reestructuración de personal sin haberlo consultado con las organizaciones sindicales, con arreglo a los cuales despidió a tres secretarios generales del sindicato (Luis Samán, José Gayoso y José Leiva) y a 15 trabajadores de la planta norte de Motupe (Perú), todos ellos miembros del Sindicato Nacional de Obreros de Backus que se habían declarado en huelga.

Entre abril y mayo de 2021, los trabajadores y trabajadoras administrativos de la sanidad de la Tesai Foundation, un conglomerado de hospitales en la región de Itaipú (Paraguay), se declararon en huelga a raíz del incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa. Los trabajadores, respaldados por su sindicato, el Sindicato de Conductores y Servicios del Alto Paraná (Siconap/s), reclamaban el pago de prestaciones, el derecho a vacaciones pagadas y a la licencia por maternidad, la dotación de equipos de seguridad para todo el personal, así como prestaciones médicas y otras prestaciones previstas en el convenio colectivo vigente. Tesai hizo caso omiso de las demandas y siguió vulnerando el convenio.

El incumplimiento de los convenios colectivos siguió siendo un hecho habitual en Canadá. Por ejemplo, la Junta de Relaciones Laborales de Ontario recibió 355 denuncias por prácticas laborales injustas, en el marco de las cuales los principales cargos contra los empleadores fueron “el despido improcedente o la discriminación de los empleados por participar en actividades sindicales, las modificaciones ilícitas de salarios y condiciones de trabajo, y la falta de negociación de buena fe”.

En Nueva Zelanda, la cadena de ropa H&M suspendió a 14 trabajadores y trabajadoras el 24 de abril de 2021, durante la negociación de un nuevo convenio colectivo sobre salarios, una medida antisindical que les penalizaba por intentar conseguir un salario digno. Ya en 2019, los trabajadores sindicalizados de H&M fueron objeto de un cierre patronal por llevar pegatinas en las tiendas reclamando un salario justo.

En Nueva Zelanda, el 22 de abril de 2021, NZ Bus notificó a los conductores de autobús de Wellington que serían sometidos a un cierre patronal a menos que accedieran a que se les rebajara el sueldo y las condiciones de empleo y aceptaran un contrato laboral más flexible. El anuncio del cierre patronal se produjo tras meses de amargas negociaciones sobre un nuevo convenio colectivo. NZ Bus había rechazado una oferta del Consejo Regional de Wellington para financiar un ajuste salarial digno, puesto que implicaba además una reducción de las condiciones de empleo. Esta vulneración de los derechos laborales fue denunciada enérgicamente tanto por el presidente del New Zealand Council of Trade Unions (NZCTU) como por el ministro de Transportes, que instó a la empresa a retirar el aviso.

El 28 de mayo de 2021, el sindicato Swire Coca-Cola Hong Kong Beverages Employees’ General Union (SCBEGU) inició una huelga en respuesta a los graves recortes salariales. La dirección había ignorado por completo al sindicato y el proceso de negociación colectiva a la hora de recortar los salarios y modificar su estructura salarial. El SCBEGU es uno de los pocos sindicatos del sector privado que ha ejercido sus derechos de negociación colectiva durante décadas.

En junio de 2021, la ministra de Administración Local anunció que algunos ayuntamientos estaban teniendo problemas financieros. Su solución fue socavar las condiciones acordadas en sus convenios colectivos e imponer unilateralmente a los trabajadores del Ayuntamiento contratos de duración determinada, con peores salarios y prestaciones. El Fiji Trades Union Congress (FTUC) denunció enérgicamente esta medida unilateral.

El 26 de octubre de 2021, la empresa australiana de estiba, Patrick Terminals, solicitó a la Comisión de Trabajo Justo que cancelara su convenio de empresa vigente, establecido con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA).

De prosperar, los estibadores perderían los salarios y las condiciones que habían negociado durante años y, a menos que se negociara un nuevo convenio en un plazo de seis meses, volverían a las normas mínimas del sector. Más de 1.000 trabajadores portuarios estaban cubiertos por el convenio.

El MUA y Patrick habían comenzado a negociar un nuevo convenio hacía cerca de dos años. El sindicato aceptó renunciar a su demanda inicial de la aplicación de incrementos salariales del 6% a lo largo de cuatro años y aceptó los aumentos del 2,5% de la empresa, muy por debajo de la actual subida del índice de precios al consumo del 3,8%. Patrick reprochó al MUA sus demandas poco razonables, en particular la petición de que se le consultara respecto a una proporción de nuevas contrataciones. El MUA señaló que se habían alcanzado acuerdos similares con otros grandes operadores portuarios. Por su parte, los trabajadores se opusieron a que la empresa utilizara mano de obra ocasional por parte de la empresa, a su actual régimen de turnos y a sus planes de contratación.

A mediados de octubre de 2021, la dirección de la terminal de contenedores Fremantle Container Terminal en Australia Occidental, propiedad de QUBE Holdings, seguía negándose a reanudar las negociaciones con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA) en relación a un prolongado conflicto, pese a que el primer ministro de Australia Occidental, Mark McGowan, varios ministros y la Comisión de Trabajo Justo le habían requerido hacerlo.

Más de 120 miembros del MUA se habían declarado en huelga el 30 de julio para conseguir un mejor convenio de empresa. El núcleo del conflicto residía en el sistema de turnos: los trabajadores de QUBE no tenían turnos fijos y no se les comunicaba su horario hasta las 4 p.m. del día anterior; el sindicato solicitó que, como mínimo, se asignaran los turnos a las 2 p.m. del día anterior, pero la dirección se negó sistemáticamente y rechazó las 42 reclamaciones del sindicato. Además, QUBE impuso un cierre patronal y, en un intento por mantener la terminal en funcionamiento, asignó a su propio personal de gestión y supervisión los trabajos de estiba, pese a los graves problemas de seguridad que eso conlleva.

A finales de octubre, tras 11 semanas de conflicto, el MUA se vio obligado a suspender la huelga ante la amenaza del Gobierno federal de Coalición Liberal-Nacional de solicitar a la Comisión de Trabajo Justo que pusiera fin a toda huelga en QUBE e impusiera el arbitraje obligatorio.

El 9 de diciembre de 2021, el presidente de Túnez emitió una circular (núm. 20) dirigida a todos los ministerios e instituciones gubernamentales, prohibiendo entablar negociaciones con los sindicatos sin una autorización formal previa del jefe de Gobierno.

En 2021-2022, los empleadores de Omán modificaron unilateralmente los términos del convenio colectivo o incluso dejaron de aplicar sus disposiciones por una serie de razones frívolas.

En el último año han aumentado las violaciones del derecho a la negociación colectiva en Marruecos, en particular los despidos selectivos de representantes sindicales y la negativa de los empleadores a participar en la negociación colectiva. Estas medidas antisindicales tuvieron un efecto amedrentador sobre la capacidad de los trabajadores para defender colectivamente sus derechos y repercutieron de manera negativa en la negociación colectiva, como consecuencia de lo cual esta estuvo prácticamente ausente en la mayoría de las empresas y sectores. Los compromisos anteriores entre el Gobierno y los representantes de las confederaciones sindicales se han suspendido sin haberse aplicado.

En la Universidad de Tel Aviv (Israel), la dirección se negó a negociar con el Research and Project Workers Employees' Committee, a pesar de estar reconocido como representante de los trabajadores. El comité tuvo que recurrir a los tribunales, que finalmente le dieron la razón en diciembre de 2021.

En septiembre de 2021, 2.000 trabajadores y trabajadoras de la empresa Universal Group Co., un fabricante egipcio de electrodomésticos, organizaron una protesta para exigir el pago de sus salarios de julio y agosto, así como de otras prestaciones suspendidas desde hacía bastante tiempo. Estos trabajadores representaban a cinco de las nueve fábricas del grupo. Los trabajadores denunciaron especialmente la violación por parte de la dirección del convenio firmado en octubre de 2019 con el Ministerio de Trabajo, en el marco del cual se comprometía a pagar los salarios. Por aquel entonces, el Ministerio había rescatado a la empresa y había pagado con el fondo de emergencia los sueldos de los 5.000 trabajadores y trabajadoras durante un período de seis meses, como aliciente para que la empresa no efectuara despidos, pero, posteriormente, el grupo obligó a los trabajadores a dimitir.

En abril de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat de Argelia iniciaron una huelga por decisión de la Asamblea General Nacional del sindicato de la empresa, en protesta por la negativa de la dirección a entablar una negociación colectiva.

El sindicato nacional de industrias metalúrgicas y afines, National Union of Metal and Allied Industries of Zimbabwe (NUMAIZ), protestó por las violaciones de los derechos de los trabajadores en la empresa china Afrochine Smelting y por el incumplimiento íntegro de las leyes y los convenios colectivos vigentes. El año pasado Afrochine no pagó los salarios a su debido tiempo y procedió a despedir unilateralmente a 33 trabajadores sin consultarlo previamente con el sindicato. Los esfuerzos de conciliación en el Consejo Nacional de Empleo de la industria de la ferroaleación –una plataforma de diálogo social– fracasaron debido a que los representantes de Afrochine no se presentaron a una reunión el 22 de septiembre de 2021.

Los trabajadores y trabajadoras de Afrochine viven atemorizados, sin seguridad laboral, y se ven humillados y agredidos por los supervisores a diario. Cualquier intento de denuncia de los abusos se penaliza con el despido inmediato.

Afrochine es una filial del mayor fabricante de productos de acero inoxidable del mundo, Tsingshan Holding Group, que cotiza en la Bolsa de Metales de Londres. Más de 1.500 trabajadores están empleados en la planta de ferrocromo, situada a unos 75 kilómetros de Harare.

El 21 de abril de 2021, el sindicato South African Municipal Workers’ Union (SAMWU) compareció ante los tribunales contra la empresa Rand Water después de que esta intentara prohibir una huelga protegida convocada por el sindicato. El SAMWU decidió embarcarse en una huelga protegida indefinida después de que el empleador modificara unilateralmente las condiciones de servicio de los trabajadores, retirando las primas de incentivo que los trabajadores venían recibiendo desde hacía 17 años. El sindicato había intentado en varias ocasiones reunirse con la dirección de Rand Water para convencerla de que reconsiderara su postura, pero fue en vano.

Cerca de 11.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración local de Nairobi (Kenya) se declararon en huelga el 13 de octubre de 2021 a raíz del incumplimiento de un convenio colectivo que se remonta a 2013. Entre las quejas que los trabajadores venían denunciando durante años estaban la falta de promociones, los repetidos retrasos en el pago de los salarios y la no transferencia de las deducciones reglamentarias. Otra de las quejas era la falta de equipos de protección individual y, más recientemente, que al menos 11.000 trabajadores y trabajadoras del condado habían estado sin cobertura médica desde julio de 2021.

Dos días después, el sindicato Kenya County Government Workers’ Union (KCGWU) fue informado de que sus miembros podían volver al trabajo. El sindicato esperaba que se mantuvieran las promesas relativas a las principales reivindicaciones de los trabajadores, pero lo cierto es que el Gobierno ya había accedido en otras ocasiones a las demandas de los trabajadores y las había incumplido reiteradamente.

Los problemas resurgieron a principios de febrero de 2022, y los trabajadores dieron al Ayuntamiento un plazo de 21 días para pagarles los más de 560 millones KES (4,82 millones USD) que se les adeudaba en concepto de atrasos salariales y para transferir las deducciones reglamentarias, añadiendo que, de lo contrario, convocarían una huelga.

En mayo de 2021, Santander Brazil aplicó un recorte salarial del 55% a 40 dirigentes sindicales del banco después de que presentaran un recurso legal para que se les pagaran las horas extraordinarias. Brasil contribuye a la mayor parte de los beneficios de la multinacional española Santander, pero en lugar de pagar a estos trabajadores lo que les correspondía, la sección brasileña del banco los degradó y les redujo el sueldo más de la mitad. Ante este recorte arbitrario, los trabajadores del banco acudieron a los tribunales y consiguieron una sentencia que les restituyó su categoría profesional y sus salarios. No obstante, Santander Brazil no ha cumplido la orden, pese a incurrir en multas diarias por su incumplimiento.

El 18 de marzo de 2022, P&O Ferries, propiedad de DP World, despidió de forma sumaria a 800 empleados, con vistas a sustituirlos por trabajadores más baratos contratados a través de agencia, con un sueldo por debajo del salario mínimo. Esta decisión fue inesperada, puesto que no se mantuvieron consultas previas con los sindicatos ni se avisó a los trabajadores. La noticia de los despidos masivos fue anunciada por la dirección mediante un comunicado por Zoom, tras lo cual las tripulaciones, atónicas, fueron desalojadas a la fuerza de los barcos por guardias de seguridad contratados.

Tanto sindicatos como políticos denunciaron este escándalo, y se han organizado concentraciones y campañas de solidaridad al respecto en todo el Reino Unido y en muchos otros países.

En 2021, el Sindicato de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras de Cádiz (España) denunció los reiterados incumplimientos del convenio colectivo incurridos por la empresa ITELYMP, encargada de la limpieza de las instalaciones de la Universidad de Cádiz. La última vulneración afectaba a las disposiciones sobre vacaciones, que la empresa había decidido reducir unilateralmente en dos días. Pese a la petición del sindicato, la empresa no modificó su postura.

Además, ITELYMP elaboró un plan de igualdad sin consultar a los representantes sindicales.

Los sindicatos y los trabajadores del sector del comercio de Polonia salieron a la calle el 4 de noviembre de 2021 para exigir una mejor representación sindical, un salario digno, los domingos libres y medidas para hacer frente a la escasez crónica de personal y a la elevada carga de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras del comercio minorista de Polonia representan el 14% de la mano de obra, pero solo el 3% está cubierto por un convenio colectivo. Debido al escaso nivel de negociación colectiva en el sector del comercio, los salarios y las condiciones son deficientes, y, en particular, las medidas en materia de salud y seguridad en el trabajo resultan inadecuadas.

Las organizaciones afiliadas a la central sindical nacional de Polonia NSZZ Solidarnosc denunciaron graves violaciones de los derechos sindicales en muchas empresas de comercio minorista, como el despido de líderes y miembros sindicales, la discriminación contra representantes y miembros sindicales, la exclusión del papel de los sindicatos, el desprecio hacia los derechos sindicales, el acceso restringido a los trabajadores y la falta de diálogo y consultas genuinos.

Gran parte del sector minorista del país está dominado por multinacionales, pero no se ha establecido ningún convenio colectivo con las mismas. Los principales minoristas que operan en Polonia son Amazon, Auchan, Carrefour, Castorama, H&M, Jysk, Lidl y Metro.

En los Países Bajos, los empleadores suelen negociar la adopción de recortes salariales con sindicatos amarillos o con el comité de empresa. No existe ninguna legislación en el país que garantice que solo los sindicatos independientes puedan establecer convenios colectivos o que los sindicatos tengan prioridad sobre los comités de empresa. En consecuencia, cuando los sindicatos deciden llevar a cabo una acción colectiva en el marco de una negociación, los empleadores pueden socavar la posición de los mismos estableciendo simplemente un convenio con los sindicatos amarillos o los comités de empresa.

En los Países Bajos, la federación sindical FNV lleva más de 15 años tratando de alcanzar un convenio colectivo en la industria de procesado de productos cárnicos, especialmente en lo que respeta al acceso de los delegados sindicales al lugar de trabajo. Durante décadas, los delegados sindicales que han intentado repartir folletos en los aparcamientos se han topado con prácticas intimidatorias y agresivas por parte de los empleadores, lo cuales han llegado a declarar que solo permitirán que los delegados sindicales accedan a sus instalaciones cuando se vean legalmente obligados a hacerlo. El sector cárnico cuenta con un elevado porcentaje de trabajadores y trabajadoras inmigrantes que son particularmente vulnerables a los abusos y a la precariedad.

El 8 de febrero de 2022 se organizó una huelga en la empresa lituana AB "Achema" para protestar por la persistente negativa del empleador a entablar una negociación colectiva. El sindicato había intentado durante varios años entablar un diálogo constructivo con la dirección de la empresa y había tomado todas las medidas posibles para alcanzar un acuerdo. Por desgracia, el empleador se negó en todo momento a participar en el diálogo social. Las tensiones aumentaron cuando el empleador adoptó unilateralmente un nuevo sistema retributivo.

Achema es un productor de fertilizantes nitrogenados y productos químicos en Lituania y los países bálticos. En la actualidad, la negociación colectiva no existe en la empresa, y el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo está investigando posibles violaciones de las disposiciones sobre el régimen de descanso y la jornada laboral de los trabajadores.

La dirección de la empresa biofarmacéutica AbbVie, en Carrigtwohill, Irlanda, se negó sistemáticamente a entablar negociaciones colectivas con los delegados del sindicato Services Industrial Professional and Technical Union (SIPTU).

La negativa persistió pese a dos recomendaciones del Tribunal Laboral en 2017 y 2020 para que negociara con los representantes del SIPTU, en nombre de sus miembros, “todas las cuestiones vinculadas a las condiciones de empleo, entre ellas el salario”.

Los representantes del SIPTU escribieron a la dirección en varias ocasiones mencionando su incapacidad para aplicar plenamente las dos recomendaciones del Tribunal Laboral y participar en la negociación colectiva con el sindicato. La dirección siguió negándose a responder y a negociar con el sindicato, ya fuera directa o indirectamente.

Finalmente, a principios de agosto de 2021, los miembros del SIPTU de la planta de AbbVie iniciaron una acción industrial consistente en prohibir las horas extras en el proceso de producción. Dos semanas más tarde no se había producido ningún avance, por lo que el sindicato anunció que estaba considerando endurecer su acción.

En Grecia, la violación de los convenios colectivos es algo habitual, sobre todo en el sector bancario. Las empresas se niegan a menudo a aplicar los convenios colectivos existentes. Este comportamiento se ha visto agravado con la adopción de la Ley 4808/2021 del 19 de junio de 2021, que establece que, en caso de impugnación de un convenio colectivo ante los tribunales, este quedará suspendido hasta que se emita una decisión judicial definitiva. Dicha ley conlleva, por tanto, el riesgo de suspender la aplicación de los convenios colectivos durante largos períodos de tiempo, privando a los trabajadores del beneficio de las disposiciones negociadas.

El 8 de febrero de 2021, la empresa finlandesa de la industria forestal United Paper Mills (UPM) anunció repentinamente que dejaría de negociar las condiciones de empleo y que estas se determinarían sin un convenio colectivo, lo que en la práctica significa que serían dictadas unilateralmente por el empleador.

Esta decisión estuvo precedida en octubre de 2020 de un anuncio por parte de la asociación de empleadores de la industria forestal, la Finnish Forest Industries Federation, según el cual la empresa no seguiría participando en la negociación colectiva. Los convenios colectivos a nivel nacional vencerían, y todos los acuerdos colectivos se harían a nivel de empresa.

Las peticiones de los sindicatos en representación de los trabajadores –el sindicato finlandés de trabajadores del papel Paperiliitto, el sindicato finlandés de trabajadores industriales Teollisuusliitto y el sindicato Pro– para negociar un convenio a nivel de empresa fueron rechazadas.

El 31 de agosto de 2021, UPM anunció que definiría las condiciones de trabajo sobre la base de “la legislación laboral, las prácticas de UPM y los contratos de trabajo individuales”. Según un cálculo que UPM presentó a sus empleados, el salario se reduciría en un tercio a partir de enero de 2022. También desaparecerían muchas de las prestaciones acordadas en el convenio colectivo.

En Bosnia y Herzegovina, los sindicatos y la compañía eléctrica estatal Elektroprivreda BiH (EPBiH) pactaron en mayo de 2021 un plan de reestructuración para siete minas de carbón propiedad de dicha empresa, que emplea a cerca de 7.000 trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo, el 22 de noviembre de 2021, EPBiH impuso nuevas normativas laborales que violaban el convenio colectivo, recortando el salario básico de los mineros de 850 BAM (489 USD) a 570 BAM (328 USD).

Miles de mineros interrumpieron su trabajo el 23 de noviembre y se manifestaron frente a la sede del Gobierno en Sarajevo. Reclamaban que el salario mínimo se fijara en 1.000 BAM (575 USD), así como las aportaciones a un plan de pensiones y la dimisión de los directores generales de las minas y del director de EPBiH. Las protestas se prolongaron una semana, hasta que el Gobierno intervino para mediar.

En junio de 2021, el presidente del Union of State, Local Governments and Public Service Employees of Armenia dirigió una carta al alcalde de Ereván, ofreciéndole entablar negociaciones sobre un convenio colectivo sectorial para los empleados y empleadas municipales, tal y como contempla el Código Laboral. La propuesta fue tajantemente rechazada por la Administración municipal. A principios de año, el líder del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Ereván fue despedido de forma improcedente.

En Uruguay, los sindicatos de personal médico, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior (FEMI) y el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), solicitaron concertar una reunión tripartita con los representantes de los empleadores (IAMAC) y el Ministerio de Trabajo, en abril de 2021, para exigir la aplicación del convenio colectivo que se había firmado hacía apenas cinco meses, en diciembre de 2020. Las IAMAC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, empresas médicas del sector privado de Montevideo y el interior) habían incumplido su compromiso de pagar complementos salariales al personal médico. Pese a los esfuerzos de los sindicatos, los empleadores se negaron persistentemente a cumplir con las obligaciones que les marcaba en el convenio colectivo.

En 2021, la empresa AB InBev Perú implementó una serie de procesos de reestructuración de personal sin haberlo consultado con las organizaciones sindicales, con arreglo a los cuales despidió a tres secretarios generales del sindicato (Luis Samán, José Gayoso y José Leiva) y a 15 trabajadores de la planta norte de Motupe (Perú), todos ellos miembros del Sindicato Nacional de Obreros de Backus que se habían declarado en huelga.

Entre abril y mayo de 2021, los trabajadores y trabajadoras administrativos de la sanidad de la Tesai Foundation, un conglomerado de hospitales en la región de Itaipú (Paraguay), se declararon en huelga a raíz del incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa. Los trabajadores, respaldados por su sindicato, el Sindicato de Conductores y Servicios del Alto Paraná (Siconap/s), reclamaban el pago de prestaciones, el derecho a vacaciones pagadas y a la licencia por maternidad, la dotación de equipos de seguridad para todo el personal, así como prestaciones médicas y otras prestaciones previstas en el convenio colectivo vigente. Tesai hizo caso omiso de las demandas y siguió vulnerando el convenio.

El incumplimiento de los convenios colectivos siguió siendo un hecho habitual en Canadá. Por ejemplo, la Junta de Relaciones Laborales de Ontario recibió 355 denuncias por prácticas laborales injustas, en el marco de las cuales los principales cargos contra los empleadores fueron “el despido improcedente o la discriminación de los empleados por participar en actividades sindicales, las modificaciones ilícitas de salarios y condiciones de trabajo, y la falta de negociación de buena fe”.

En Nueva Zelanda, la cadena de ropa H&M suspendió a 14 trabajadores y trabajadoras el 24 de abril de 2021, durante la negociación de un nuevo convenio colectivo sobre salarios, una medida antisindical que les penalizaba por intentar conseguir un salario digno. Ya en 2019, los trabajadores sindicalizados de H&M fueron objeto de un cierre patronal por llevar pegatinas en las tiendas reclamando un salario justo.

En Nueva Zelanda, el 22 de abril de 2021, NZ Bus notificó a los conductores de autobús de Wellington que serían sometidos a un cierre patronal a menos que accedieran a que se les rebajara el sueldo y las condiciones de empleo y aceptaran un contrato laboral más flexible. El anuncio del cierre patronal se produjo tras meses de amargas negociaciones sobre un nuevo convenio colectivo. NZ Bus había rechazado una oferta del Consejo Regional de Wellington para financiar un ajuste salarial digno, puesto que implicaba además una reducción de las condiciones de empleo. Esta vulneración de los derechos laborales fue denunciada enérgicamente tanto por el presidente del New Zealand Council of Trade Unions (NZCTU) como por el ministro de Transportes, que instó a la empresa a retirar el aviso.

El 28 de mayo de 2021, el sindicato Swire Coca-Cola Hong Kong Beverages Employees’ General Union (SCBEGU) inició una huelga en respuesta a los graves recortes salariales. La dirección había ignorado por completo al sindicato y el proceso de negociación colectiva a la hora de recortar los salarios y modificar su estructura salarial. El SCBEGU es uno de los pocos sindicatos del sector privado que ha ejercido sus derechos de negociación colectiva durante décadas.

En junio de 2021, la ministra de Administración Local anunció que algunos ayuntamientos estaban teniendo problemas financieros. Su solución fue socavar las condiciones acordadas en sus convenios colectivos e imponer unilateralmente a los trabajadores del Ayuntamiento contratos de duración determinada, con peores salarios y prestaciones. El Fiji Trades Union Congress (FTUC) denunció enérgicamente esta medida unilateral.

El 26 de octubre de 2021, la empresa australiana de estiba, Patrick Terminals, solicitó a la Comisión de Trabajo Justo que cancelara su convenio de empresa vigente, establecido con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA).

De prosperar, los estibadores perderían los salarios y las condiciones que habían negociado durante años y, a menos que se negociara un nuevo convenio en un plazo de seis meses, volverían a las normas mínimas del sector. Más de 1.000 trabajadores portuarios estaban cubiertos por el convenio.

El MUA y Patrick habían comenzado a negociar un nuevo convenio hacía cerca de dos años. El sindicato aceptó renunciar a su demanda inicial de la aplicación de incrementos salariales del 6% a lo largo de cuatro años y aceptó los aumentos del 2,5% de la empresa, muy por debajo de la actual subida del índice de precios al consumo del 3,8%. Patrick reprochó al MUA sus demandas poco razonables, en particular la petición de que se le consultara respecto a una proporción de nuevas contrataciones. El MUA señaló que se habían alcanzado acuerdos similares con otros grandes operadores portuarios. Por su parte, los trabajadores se opusieron a que la empresa utilizara mano de obra ocasional por parte de la empresa, a su actual régimen de turnos y a sus planes de contratación.

A mediados de octubre de 2021, la dirección de la terminal de contenedores Fremantle Container Terminal en Australia Occidental, propiedad de QUBE Holdings, seguía negándose a reanudar las negociaciones con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA) en relación a un prolongado conflicto, pese a que el primer ministro de Australia Occidental, Mark McGowan, varios ministros y la Comisión de Trabajo Justo le habían requerido hacerlo.

Más de 120 miembros del MUA se habían declarado en huelga el 30 de julio para conseguir un mejor convenio de empresa. El núcleo del conflicto residía en el sistema de turnos: los trabajadores de QUBE no tenían turnos fijos y no se les comunicaba su horario hasta las 4 p.m. del día anterior; el sindicato solicitó que, como mínimo, se asignaran los turnos a las 2 p.m. del día anterior, pero la dirección se negó sistemáticamente y rechazó las 42 reclamaciones del sindicato. Además, QUBE impuso un cierre patronal y, en un intento por mantener la terminal en funcionamiento, asignó a su propio personal de gestión y supervisión los trabajos de estiba, pese a los graves problemas de seguridad que eso conlleva.

A finales de octubre, tras 11 semanas de conflicto, el MUA se vio obligado a suspender la huelga ante la amenaza del Gobierno federal de Coalición Liberal-Nacional de solicitar a la Comisión de Trabajo Justo que pusiera fin a toda huelga en QUBE e impusiera el arbitraje obligatorio.

El 9 de diciembre de 2021, el presidente de Túnez emitió una circular (núm. 20) dirigida a todos los ministerios e instituciones gubernamentales, prohibiendo entablar negociaciones con los sindicatos sin una autorización formal previa del jefe de Gobierno.

En 2021-2022, los empleadores de Omán modificaron unilateralmente los términos del convenio colectivo o incluso dejaron de aplicar sus disposiciones por una serie de razones frívolas.

En el último año han aumentado las violaciones del derecho a la negociación colectiva en Marruecos, en particular los despidos selectivos de representantes sindicales y la negativa de los empleadores a participar en la negociación colectiva. Estas medidas antisindicales tuvieron un efecto amedrentador sobre la capacidad de los trabajadores para defender colectivamente sus derechos y repercutieron de manera negativa en la negociación colectiva, como consecuencia de lo cual esta estuvo prácticamente ausente en la mayoría de las empresas y sectores. Los compromisos anteriores entre el Gobierno y los representantes de las confederaciones sindicales se han suspendido sin haberse aplicado.

En la Universidad de Tel Aviv (Israel), la dirección se negó a negociar con el Research and Project Workers Employees' Committee, a pesar de estar reconocido como representante de los trabajadores. El comité tuvo que recurrir a los tribunales, que finalmente le dieron la razón en diciembre de 2021.

En septiembre de 2021, 2.000 trabajadores y trabajadoras de la empresa Universal Group Co., un fabricante egipcio de electrodomésticos, organizaron una protesta para exigir el pago de sus salarios de julio y agosto, así como de otras prestaciones suspendidas desde hacía bastante tiempo. Estos trabajadores representaban a cinco de las nueve fábricas del grupo. Los trabajadores denunciaron especialmente la violación por parte de la dirección del convenio firmado en octubre de 2019 con el Ministerio de Trabajo, en el marco del cual se comprometía a pagar los salarios. Por aquel entonces, el Ministerio había rescatado a la empresa y había pagado con el fondo de emergencia los sueldos de los 5.000 trabajadores y trabajadoras durante un período de seis meses, como aliciente para que la empresa no efectuara despidos, pero, posteriormente, el grupo obligó a los trabajadores a dimitir.

En abril de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat de Argelia iniciaron una huelga por decisión de la Asamblea General Nacional del sindicato de la empresa, en protesta por la negativa de la dirección a entablar una negociación colectiva.

El sindicato nacional de industrias metalúrgicas y afines, National Union of Metal and Allied Industries of Zimbabwe (NUMAIZ), protestó por las violaciones de los derechos de los trabajadores en la empresa china Afrochine Smelting y por el incumplimiento íntegro de las leyes y los convenios colectivos vigentes. El año pasado Afrochine no pagó los salarios a su debido tiempo y procedió a despedir unilateralmente a 33 trabajadores sin consultarlo previamente con el sindicato. Los esfuerzos de conciliación en el Consejo Nacional de Empleo de la industria de la ferroaleación –una plataforma de diálogo social– fracasaron debido a que los representantes de Afrochine no se presentaron a una reunión el 22 de septiembre de 2021.

Los trabajadores y trabajadoras de Afrochine viven atemorizados, sin seguridad laboral, y se ven humillados y agredidos por los supervisores a diario. Cualquier intento de denuncia de los abusos se penaliza con el despido inmediato.

Afrochine es una filial del mayor fabricante de productos de acero inoxidable del mundo, Tsingshan Holding Group, que cotiza en la Bolsa de Metales de Londres. Más de 1.500 trabajadores están empleados en la planta de ferrocromo, situada a unos 75 kilómetros de Harare.

El 21 de abril de 2021, el sindicato South African Municipal Workers’ Union (SAMWU) compareció ante los tribunales contra la empresa Rand Water después de que esta intentara prohibir una huelga protegida convocada por el sindicato. El SAMWU decidió embarcarse en una huelga protegida indefinida después de que el empleador modificara unilateralmente las condiciones de servicio de los trabajadores, retirando las primas de incentivo que los trabajadores venían recibiendo desde hacía 17 años. El sindicato había intentado en varias ocasiones reunirse con la dirección de Rand Water para convencerla de que reconsiderara su postura, pero fue en vano.

Cerca de 11.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración local de Nairobi (Kenya) se declararon en huelga el 13 de octubre de 2021 a raíz del incumplimiento de un convenio colectivo que se remonta a 2013. Entre las quejas que los trabajadores venían denunciando durante años estaban la falta de promociones, los repetidos retrasos en el pago de los salarios y la no transferencia de las deducciones reglamentarias. Otra de las quejas era la falta de equipos de protección individual y, más recientemente, que al menos 11.000 trabajadores y trabajadoras del condado habían estado sin cobertura médica desde julio de 2021.

Dos días después, el sindicato Kenya County Government Workers’ Union (KCGWU) fue informado de que sus miembros podían volver al trabajo. El sindicato esperaba que se mantuvieran las promesas relativas a las principales reivindicaciones de los trabajadores, pero lo cierto es que el Gobierno ya había accedido en otras ocasiones a las demandas de los trabajadores y las había incumplido reiteradamente.

Los problemas resurgieron a principios de febrero de 2022, y los trabajadores dieron al Ayuntamiento un plazo de 21 días para pagarles los más de 560 millones KES (4,82 millones USD) que se les adeudaba en concepto de atrasos salariales y para transferir las deducciones reglamentarias, añadiendo que, de lo contrario, convocarían una huelga.

En mayo de 2021, Santander Brazil aplicó un recorte salarial del 55% a 40 dirigentes sindicales del banco después de que presentaran un recurso legal para que se les pagaran las horas extraordinarias. Brasil contribuye a la mayor parte de los beneficios de la multinacional española Santander, pero en lugar de pagar a estos trabajadores lo que les correspondía, la sección brasileña del banco los degradó y les redujo el sueldo más de la mitad. Ante este recorte arbitrario, los trabajadores del banco acudieron a los tribunales y consiguieron una sentencia que les restituyó su categoría profesional y sus salarios. No obstante, Santander Brazil no ha cumplido la orden, pese a incurrir en multas diarias por su incumplimiento.

El 18 de marzo de 2022, P&O Ferries, propiedad de DP World, despidió de forma sumaria a 800 empleados, con vistas a sustituirlos por trabajadores más baratos contratados a través de agencia, con un sueldo por debajo del salario mínimo. Esta decisión fue inesperada, puesto que no se mantuvieron consultas previas con los sindicatos ni se avisó a los trabajadores. La noticia de los despidos masivos fue anunciada por la dirección mediante un comunicado por Zoom, tras lo cual las tripulaciones, atónicas, fueron desalojadas a la fuerza de los barcos por guardias de seguridad contratados.

Tanto sindicatos como políticos denunciaron este escándalo, y se han organizado concentraciones y campañas de solidaridad al respecto en todo el Reino Unido y en muchos otros países.

En 2021, el Sindicato de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras de Cádiz (España) denunció los reiterados incumplimientos del convenio colectivo incurridos por la empresa ITELYMP, encargada de la limpieza de las instalaciones de la Universidad de Cádiz. La última vulneración afectaba a las disposiciones sobre vacaciones, que la empresa había decidido reducir unilateralmente en dos días. Pese a la petición del sindicato, la empresa no modificó su postura.

Además, ITELYMP elaboró un plan de igualdad sin consultar a los representantes sindicales.

Los sindicatos y los trabajadores del sector del comercio de Polonia salieron a la calle el 4 de noviembre de 2021 para exigir una mejor representación sindical, un salario digno, los domingos libres y medidas para hacer frente a la escasez crónica de personal y a la elevada carga de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras del comercio minorista de Polonia representan el 14% de la mano de obra, pero solo el 3% está cubierto por un convenio colectivo. Debido al escaso nivel de negociación colectiva en el sector del comercio, los salarios y las condiciones son deficientes, y, en particular, las medidas en materia de salud y seguridad en el trabajo resultan inadecuadas.

Las organizaciones afiliadas a la central sindical nacional de Polonia NSZZ Solidarnosc denunciaron graves violaciones de los derechos sindicales en muchas empresas de comercio minorista, como el despido de líderes y miembros sindicales, la discriminación contra representantes y miembros sindicales, la exclusión del papel de los sindicatos, el desprecio hacia los derechos sindicales, el acceso restringido a los trabajadores y la falta de diálogo y consultas genuinos.

Gran parte del sector minorista del país está dominado por multinacionales, pero no se ha establecido ningún convenio colectivo con las mismas. Los principales minoristas que operan en Polonia son Amazon, Auchan, Carrefour, Castorama, H&M, Jysk, Lidl y Metro.

En los Países Bajos, los empleadores suelen negociar la adopción de recortes salariales con sindicatos amarillos o con el comité de empresa. No existe ninguna legislación en el país que garantice que solo los sindicatos independientes puedan establecer convenios colectivos o que los sindicatos tengan prioridad sobre los comités de empresa. En consecuencia, cuando los sindicatos deciden llevar a cabo una acción colectiva en el marco de una negociación, los empleadores pueden socavar la posición de los mismos estableciendo simplemente un convenio con los sindicatos amarillos o los comités de empresa.

En los Países Bajos, la federación sindical FNV lleva más de 15 años tratando de alcanzar un convenio colectivo en la industria de procesado de productos cárnicos, especialmente en lo que respeta al acceso de los delegados sindicales al lugar de trabajo. Durante décadas, los delegados sindicales que han intentado repartir folletos en los aparcamientos se han topado con prácticas intimidatorias y agresivas por parte de los empleadores, lo cuales han llegado a declarar que solo permitirán que los delegados sindicales accedan a sus instalaciones cuando se vean legalmente obligados a hacerlo. El sector cárnico cuenta con un elevado porcentaje de trabajadores y trabajadoras inmigrantes que son particularmente vulnerables a los abusos y a la precariedad.

El 8 de febrero de 2022 se organizó una huelga en la empresa lituana AB "Achema" para protestar por la persistente negativa del empleador a entablar una negociación colectiva. El sindicato había intentado durante varios años entablar un diálogo constructivo con la dirección de la empresa y había tomado todas las medidas posibles para alcanzar un acuerdo. Por desgracia, el empleador se negó en todo momento a participar en el diálogo social. Las tensiones aumentaron cuando el empleador adoptó unilateralmente un nuevo sistema retributivo.

Achema es un productor de fertilizantes nitrogenados y productos químicos en Lituania y los países bálticos. En la actualidad, la negociación colectiva no existe en la empresa, y el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo está investigando posibles violaciones de las disposiciones sobre el régimen de descanso y la jornada laboral de los trabajadores.

La dirección de la empresa biofarmacéutica AbbVie, en Carrigtwohill, Irlanda, se negó sistemáticamente a entablar negociaciones colectivas con los delegados del sindicato Services Industrial Professional and Technical Union (SIPTU).

La negativa persistió pese a dos recomendaciones del Tribunal Laboral en 2017 y 2020 para que negociara con los representantes del SIPTU, en nombre de sus miembros, “todas las cuestiones vinculadas a las condiciones de empleo, entre ellas el salario”.

Los representantes del SIPTU escribieron a la dirección en varias ocasiones mencionando su incapacidad para aplicar plenamente las dos recomendaciones del Tribunal Laboral y participar en la negociación colectiva con el sindicato. La dirección siguió negándose a responder y a negociar con el sindicato, ya fuera directa o indirectamente.

Finalmente, a principios de agosto de 2021, los miembros del SIPTU de la planta de AbbVie iniciaron una acción industrial consistente en prohibir las horas extras en el proceso de producción. Dos semanas más tarde no se había producido ningún avance, por lo que el sindicato anunció que estaba considerando endurecer su acción.

En Grecia, la violación de los convenios colectivos es algo habitual, sobre todo en el sector bancario. Las empresas se niegan a menudo a aplicar los convenios colectivos existentes. Este comportamiento se ha visto agravado con la adopción de la Ley 4808/2021 del 19 de junio de 2021, que establece que, en caso de impugnación de un convenio colectivo ante los tribunales, este quedará suspendido hasta que se emita una decisión judicial definitiva. Dicha ley conlleva, por tanto, el riesgo de suspender la aplicación de los convenios colectivos durante largos períodos de tiempo, privando a los trabajadores del beneficio de las disposiciones negociadas.

El 8 de febrero de 2021, la empresa finlandesa de la industria forestal United Paper Mills (UPM) anunció repentinamente que dejaría de negociar las condiciones de empleo y que estas se determinarían sin un convenio colectivo, lo que en la práctica significa que serían dictadas unilateralmente por el empleador.

Esta decisión estuvo precedida en octubre de 2020 de un anuncio por parte de la asociación de empleadores de la industria forestal, la Finnish Forest Industries Federation, según el cual la empresa no seguiría participando en la negociación colectiva. Los convenios colectivos a nivel nacional vencerían, y todos los acuerdos colectivos se harían a nivel de empresa.

Las peticiones de los sindicatos en representación de los trabajadores –el sindicato finlandés de trabajadores del papel Paperiliitto, el sindicato finlandés de trabajadores industriales Teollisuusliitto y el sindicato Pro– para negociar un convenio a nivel de empresa fueron rechazadas.

El 31 de agosto de 2021, UPM anunció que definiría las condiciones de trabajo sobre la base de “la legislación laboral, las prácticas de UPM y los contratos de trabajo individuales”. Según un cálculo que UPM presentó a sus empleados, el salario se reduciría en un tercio a partir de enero de 2022. También desaparecerían muchas de las prestaciones acordadas en el convenio colectivo.

En Bosnia y Herzegovina, los sindicatos y la compañía eléctrica estatal Elektroprivreda BiH (EPBiH) pactaron en mayo de 2021 un plan de reestructuración para siete minas de carbón propiedad de dicha empresa, que emplea a cerca de 7.000 trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo, el 22 de noviembre de 2021, EPBiH impuso nuevas normativas laborales que violaban el convenio colectivo, recortando el salario básico de los mineros de 850 BAM (489 USD) a 570 BAM (328 USD).

Miles de mineros interrumpieron su trabajo el 23 de noviembre y se manifestaron frente a la sede del Gobierno en Sarajevo. Reclamaban que el salario mínimo se fijara en 1.000 BAM (575 USD), así como las aportaciones a un plan de pensiones y la dimisión de los directores generales de las minas y del director de EPBiH. Las protestas se prolongaron una semana, hasta que el Gobierno intervino para mediar.

En junio de 2021, el presidente del Union of State, Local Governments and Public Service Employees of Armenia dirigió una carta al alcalde de Ereván, ofreciéndole entablar negociaciones sobre un convenio colectivo sectorial para los empleados y empleadas municipales, tal y como contempla el Código Laboral. La propuesta fue tajantemente rechazada por la Administración municipal. A principios de año, el líder del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Ereván fue despedido de forma improcedente.

En Uruguay, los sindicatos de personal médico, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior (FEMI) y el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), solicitaron concertar una reunión tripartita con los representantes de los empleadores (IAMAC) y el Ministerio de Trabajo, en abril de 2021, para exigir la aplicación del convenio colectivo que se había firmado hacía apenas cinco meses, en diciembre de 2020. Las IAMAC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, empresas médicas del sector privado de Montevideo y el interior) habían incumplido su compromiso de pagar complementos salariales al personal médico. Pese a los esfuerzos de los sindicatos, los empleadores se negaron persistentemente a cumplir con las obligaciones que les marcaba en el convenio colectivo.

En 2021, la empresa AB InBev Perú implementó una serie de procesos de reestructuración de personal sin haberlo consultado con las organizaciones sindicales, con arreglo a los cuales despidió a tres secretarios generales del sindicato (Luis Samán, José Gayoso y José Leiva) y a 15 trabajadores de la planta norte de Motupe (Perú), todos ellos miembros del Sindicato Nacional de Obreros de Backus que se habían declarado en huelga.

Entre abril y mayo de 2021, los trabajadores y trabajadoras administrativos de la sanidad de la Tesai Foundation, un conglomerado de hospitales en la región de Itaipú (Paraguay), se declararon en huelga a raíz del incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa. Los trabajadores, respaldados por su sindicato, el Sindicato de Conductores y Servicios del Alto Paraná (Siconap/s), reclamaban el pago de prestaciones, el derecho a vacaciones pagadas y a la licencia por maternidad, la dotación de equipos de seguridad para todo el personal, así como prestaciones médicas y otras prestaciones previstas en el convenio colectivo vigente. Tesai hizo caso omiso de las demandas y siguió vulnerando el convenio.

El incumplimiento de los convenios colectivos siguió siendo un hecho habitual en Canadá. Por ejemplo, la Junta de Relaciones Laborales de Ontario recibió 355 denuncias por prácticas laborales injustas, en el marco de las cuales los principales cargos contra los empleadores fueron “el despido improcedente o la discriminación de los empleados por participar en actividades sindicales, las modificaciones ilícitas de salarios y condiciones de trabajo, y la falta de negociación de buena fe”.

En Nueva Zelanda, la cadena de ropa H&M suspendió a 14 trabajadores y trabajadoras el 24 de abril de 2021, durante la negociación de un nuevo convenio colectivo sobre salarios, una medida antisindical que les penalizaba por intentar conseguir un salario digno. Ya en 2019, los trabajadores sindicalizados de H&M fueron objeto de un cierre patronal por llevar pegatinas en las tiendas reclamando un salario justo.

En Nueva Zelanda, el 22 de abril de 2021, NZ Bus notificó a los conductores de autobús de Wellington que serían sometidos a un cierre patronal a menos que accedieran a que se les rebajara el sueldo y las condiciones de empleo y aceptaran un contrato laboral más flexible. El anuncio del cierre patronal se produjo tras meses de amargas negociaciones sobre un nuevo convenio colectivo. NZ Bus había rechazado una oferta del Consejo Regional de Wellington para financiar un ajuste salarial digno, puesto que implicaba además una reducción de las condiciones de empleo. Esta vulneración de los derechos laborales fue denunciada enérgicamente tanto por el presidente del New Zealand Council of Trade Unions (NZCTU) como por el ministro de Transportes, que instó a la empresa a retirar el aviso.

El 28 de mayo de 2021, el sindicato Swire Coca-Cola Hong Kong Beverages Employees’ General Union (SCBEGU) inició una huelga en respuesta a los graves recortes salariales. La dirección había ignorado por completo al sindicato y el proceso de negociación colectiva a la hora de recortar los salarios y modificar su estructura salarial. El SCBEGU es uno de los pocos sindicatos del sector privado que ha ejercido sus derechos de negociación colectiva durante décadas.

En junio de 2021, la ministra de Administración Local anunció que algunos ayuntamientos estaban teniendo problemas financieros. Su solución fue socavar las condiciones acordadas en sus convenios colectivos e imponer unilateralmente a los trabajadores del Ayuntamiento contratos de duración determinada, con peores salarios y prestaciones. El Fiji Trades Union Congress (FTUC) denunció enérgicamente esta medida unilateral.

El 26 de octubre de 2021, la empresa australiana de estiba, Patrick Terminals, solicitó a la Comisión de Trabajo Justo que cancelara su convenio de empresa vigente, establecido con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA).

De prosperar, los estibadores perderían los salarios y las condiciones que habían negociado durante años y, a menos que se negociara un nuevo convenio en un plazo de seis meses, volverían a las normas mínimas del sector. Más de 1.000 trabajadores portuarios estaban cubiertos por el convenio.

El MUA y Patrick habían comenzado a negociar un nuevo convenio hacía cerca de dos años. El sindicato aceptó renunciar a su demanda inicial de la aplicación de incrementos salariales del 6% a lo largo de cuatro años y aceptó los aumentos del 2,5% de la empresa, muy por debajo de la actual subida del índice de precios al consumo del 3,8%. Patrick reprochó al MUA sus demandas poco razonables, en particular la petición de que se le consultara respecto a una proporción de nuevas contrataciones. El MUA señaló que se habían alcanzado acuerdos similares con otros grandes operadores portuarios. Por su parte, los trabajadores se opusieron a que la empresa utilizara mano de obra ocasional por parte de la empresa, a su actual régimen de turnos y a sus planes de contratación.

A mediados de octubre de 2021, la dirección de la terminal de contenedores Fremantle Container Terminal en Australia Occidental, propiedad de QUBE Holdings, seguía negándose a reanudar las negociaciones con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA) en relación a un prolongado conflicto, pese a que el primer ministro de Australia Occidental, Mark McGowan, varios ministros y la Comisión de Trabajo Justo le habían requerido hacerlo.

Más de 120 miembros del MUA se habían declarado en huelga el 30 de julio para conseguir un mejor convenio de empresa. El núcleo del conflicto residía en el sistema de turnos: los trabajadores de QUBE no tenían turnos fijos y no se les comunicaba su horario hasta las 4 p.m. del día anterior; el sindicato solicitó que, como mínimo, se asignaran los turnos a las 2 p.m. del día anterior, pero la dirección se negó sistemáticamente y rechazó las 42 reclamaciones del sindicato. Además, QUBE impuso un cierre patronal y, en un intento por mantener la terminal en funcionamiento, asignó a su propio personal de gestión y supervisión los trabajos de estiba, pese a los graves problemas de seguridad que eso conlleva.

A finales de octubre, tras 11 semanas de conflicto, el MUA se vio obligado a suspender la huelga ante la amenaza del Gobierno federal de Coalición Liberal-Nacional de solicitar a la Comisión de Trabajo Justo que pusiera fin a toda huelga en QUBE e impusiera el arbitraje obligatorio.

El 9 de diciembre de 2021, el presidente de Túnez emitió una circular (núm. 20) dirigida a todos los ministerios e instituciones gubernamentales, prohibiendo entablar negociaciones con los sindicatos sin una autorización formal previa del jefe de Gobierno.

En 2021-2022, los empleadores de Omán modificaron unilateralmente los términos del convenio colectivo o incluso dejaron de aplicar sus disposiciones por una serie de razones frívolas.

En el último año han aumentado las violaciones del derecho a la negociación colectiva en Marruecos, en particular los despidos selectivos de representantes sindicales y la negativa de los empleadores a participar en la negociación colectiva. Estas medidas antisindicales tuvieron un efecto amedrentador sobre la capacidad de los trabajadores para defender colectivamente sus derechos y repercutieron de manera negativa en la negociación colectiva, como consecuencia de lo cual esta estuvo prácticamente ausente en la mayoría de las empresas y sectores. Los compromisos anteriores entre el Gobierno y los representantes de las confederaciones sindicales se han suspendido sin haberse aplicado.

En la Universidad de Tel Aviv (Israel), la dirección se negó a negociar con el Research and Project Workers Employees' Committee, a pesar de estar reconocido como representante de los trabajadores. El comité tuvo que recurrir a los tribunales, que finalmente le dieron la razón en diciembre de 2021.

En septiembre de 2021, 2.000 trabajadores y trabajadoras de la empresa Universal Group Co., un fabricante egipcio de electrodomésticos, organizaron una protesta para exigir el pago de sus salarios de julio y agosto, así como de otras prestaciones suspendidas desde hacía bastante tiempo. Estos trabajadores representaban a cinco de las nueve fábricas del grupo. Los trabajadores denunciaron especialmente la violación por parte de la dirección del convenio firmado en octubre de 2019 con el Ministerio de Trabajo, en el marco del cual se comprometía a pagar los salarios. Por aquel entonces, el Ministerio había rescatado a la empresa y había pagado con el fondo de emergencia los sueldos de los 5.000 trabajadores y trabajadoras durante un período de seis meses, como aliciente para que la empresa no efectuara despidos, pero, posteriormente, el grupo obligó a los trabajadores a dimitir.

En abril de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat de Argelia iniciaron una huelga por decisión de la Asamblea General Nacional del sindicato de la empresa, en protesta por la negativa de la dirección a entablar una negociación colectiva.

El sindicato nacional de industrias metalúrgicas y afines, National Union of Metal and Allied Industries of Zimbabwe (NUMAIZ), protestó por las violaciones de los derechos de los trabajadores en la empresa china Afrochine Smelting y por el incumplimiento íntegro de las leyes y los convenios colectivos vigentes. El año pasado Afrochine no pagó los salarios a su debido tiempo y procedió a despedir unilateralmente a 33 trabajadores sin consultarlo previamente con el sindicato. Los esfuerzos de conciliación en el Consejo Nacional de Empleo de la industria de la ferroaleación –una plataforma de diálogo social– fracasaron debido a que los representantes de Afrochine no se presentaron a una reunión el 22 de septiembre de 2021.

Los trabajadores y trabajadoras de Afrochine viven atemorizados, sin seguridad laboral, y se ven humillados y agredidos por los supervisores a diario. Cualquier intento de denuncia de los abusos se penaliza con el despido inmediato.

Afrochine es una filial del mayor fabricante de productos de acero inoxidable del mundo, Tsingshan Holding Group, que cotiza en la Bolsa de Metales de Londres. Más de 1.500 trabajadores están empleados en la planta de ferrocromo, situada a unos 75 kilómetros de Harare.

El 21 de abril de 2021, el sindicato South African Municipal Workers’ Union (SAMWU) compareció ante los tribunales contra la empresa Rand Water después de que esta intentara prohibir una huelga protegida convocada por el sindicato. El SAMWU decidió embarcarse en una huelga protegida indefinida después de que el empleador modificara unilateralmente las condiciones de servicio de los trabajadores, retirando las primas de incentivo que los trabajadores venían recibiendo desde hacía 17 años. El sindicato había intentado en varias ocasiones reunirse con la dirección de Rand Water para convencerla de que reconsiderara su postura, pero fue en vano.

Cerca de 11.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración local de Nairobi (Kenya) se declararon en huelga el 13 de octubre de 2021 a raíz del incumplimiento de un convenio colectivo que se remonta a 2013. Entre las quejas que los trabajadores venían denunciando durante años estaban la falta de promociones, los repetidos retrasos en el pago de los salarios y la no transferencia de las deducciones reglamentarias. Otra de las quejas era la falta de equipos de protección individual y, más recientemente, que al menos 11.000 trabajadores y trabajadoras del condado habían estado sin cobertura médica desde julio de 2021.

Dos días después, el sindicato Kenya County Government Workers’ Union (KCGWU) fue informado de que sus miembros podían volver al trabajo. El sindicato esperaba que se mantuvieran las promesas relativas a las principales reivindicaciones de los trabajadores, pero lo cierto es que el Gobierno ya había accedido en otras ocasiones a las demandas de los trabajadores y las había incumplido reiteradamente.

Los problemas resurgieron a principios de febrero de 2022, y los trabajadores dieron al Ayuntamiento un plazo de 21 días para pagarles los más de 560 millones KES (4,82 millones USD) que se les adeudaba en concepto de atrasos salariales y para transferir las deducciones reglamentarias, añadiendo que, de lo contrario, convocarían una huelga.

En mayo de 2021, Santander Brazil aplicó un recorte salarial del 55% a 40 dirigentes sindicales del banco después de que presentaran un recurso legal para que se les pagaran las horas extraordinarias. Brasil contribuye a la mayor parte de los beneficios de la multinacional española Santander, pero en lugar de pagar a estos trabajadores lo que les correspondía, la sección brasileña del banco los degradó y les redujo el sueldo más de la mitad. Ante este recorte arbitrario, los trabajadores del banco acudieron a los tribunales y consiguieron una sentencia que les restituyó su categoría profesional y sus salarios. No obstante, Santander Brazil no ha cumplido la orden, pese a incurrir en multas diarias por su incumplimiento.

El 18 de marzo de 2022, P&O Ferries, propiedad de DP World, despidió de forma sumaria a 800 empleados, con vistas a sustituirlos por trabajadores más baratos contratados a través de agencia, con un sueldo por debajo del salario mínimo. Esta decisión fue inesperada, puesto que no se mantuvieron consultas previas con los sindicatos ni se avisó a los trabajadores. La noticia de los despidos masivos fue anunciada por la dirección mediante un comunicado por Zoom, tras lo cual las tripulaciones, atónicas, fueron desalojadas a la fuerza de los barcos por guardias de seguridad contratados.

Tanto sindicatos como políticos denunciaron este escándalo, y se han organizado concentraciones y campañas de solidaridad al respecto en todo el Reino Unido y en muchos otros países.

En 2021, el Sindicato de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras de Cádiz (España) denunció los reiterados incumplimientos del convenio colectivo incurridos por la empresa ITELYMP, encargada de la limpieza de las instalaciones de la Universidad de Cádiz. La última vulneración afectaba a las disposiciones sobre vacaciones, que la empresa había decidido reducir unilateralmente en dos días. Pese a la petición del sindicato, la empresa no modificó su postura.

Además, ITELYMP elaboró un plan de igualdad sin consultar a los representantes sindicales.

Los sindicatos y los trabajadores del sector del comercio de Polonia salieron a la calle el 4 de noviembre de 2021 para exigir una mejor representación sindical, un salario digno, los domingos libres y medidas para hacer frente a la escasez crónica de personal y a la elevada carga de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras del comercio minorista de Polonia representan el 14% de la mano de obra, pero solo el 3% está cubierto por un convenio colectivo. Debido al escaso nivel de negociación colectiva en el sector del comercio, los salarios y las condiciones son deficientes, y, en particular, las medidas en materia de salud y seguridad en el trabajo resultan inadecuadas.

Las organizaciones afiliadas a la central sindical nacional de Polonia NSZZ Solidarnosc denunciaron graves violaciones de los derechos sindicales en muchas empresas de comercio minorista, como el despido de líderes y miembros sindicales, la discriminación contra representantes y miembros sindicales, la exclusión del papel de los sindicatos, el desprecio hacia los derechos sindicales, el acceso restringido a los trabajadores y la falta de diálogo y consultas genuinos.

Gran parte del sector minorista del país está dominado por multinacionales, pero no se ha establecido ningún convenio colectivo con las mismas. Los principales minoristas que operan en Polonia son Amazon, Auchan, Carrefour, Castorama, H&M, Jysk, Lidl y Metro.

En los Países Bajos, los empleadores suelen negociar la adopción de recortes salariales con sindicatos amarillos o con el comité de empresa. No existe ninguna legislación en el país que garantice que solo los sindicatos independientes puedan establecer convenios colectivos o que los sindicatos tengan prioridad sobre los comités de empresa. En consecuencia, cuando los sindicatos deciden llevar a cabo una acción colectiva en el marco de una negociación, los empleadores pueden socavar la posición de los mismos estableciendo simplemente un convenio con los sindicatos amarillos o los comités de empresa.

En los Países Bajos, la federación sindical FNV lleva más de 15 años tratando de alcanzar un convenio colectivo en la industria de procesado de productos cárnicos, especialmente en lo que respeta al acceso de los delegados sindicales al lugar de trabajo. Durante décadas, los delegados sindicales que han intentado repartir folletos en los aparcamientos se han topado con prácticas intimidatorias y agresivas por parte de los empleadores, lo cuales han llegado a declarar que solo permitirán que los delegados sindicales accedan a sus instalaciones cuando se vean legalmente obligados a hacerlo. El sector cárnico cuenta con un elevado porcentaje de trabajadores y trabajadoras inmigrantes que son particularmente vulnerables a los abusos y a la precariedad.

El 8 de febrero de 2022 se organizó una huelga en la empresa lituana AB "Achema" para protestar por la persistente negativa del empleador a entablar una negociación colectiva. El sindicato había intentado durante varios años entablar un diálogo constructivo con la dirección de la empresa y había tomado todas las medidas posibles para alcanzar un acuerdo. Por desgracia, el empleador se negó en todo momento a participar en el diálogo social. Las tensiones aumentaron cuando el empleador adoptó unilateralmente un nuevo sistema retributivo.

Achema es un productor de fertilizantes nitrogenados y productos químicos en Lituania y los países bálticos. En la actualidad, la negociación colectiva no existe en la empresa, y el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo está investigando posibles violaciones de las disposiciones sobre el régimen de descanso y la jornada laboral de los trabajadores.

La dirección de la empresa biofarmacéutica AbbVie, en Carrigtwohill, Irlanda, se negó sistemáticamente a entablar negociaciones colectivas con los delegados del sindicato Services Industrial Professional and Technical Union (SIPTU).

La negativa persistió pese a dos recomendaciones del Tribunal Laboral en 2017 y 2020 para que negociara con los representantes del SIPTU, en nombre de sus miembros, “todas las cuestiones vinculadas a las condiciones de empleo, entre ellas el salario”.

Los representantes del SIPTU escribieron a la dirección en varias ocasiones mencionando su incapacidad para aplicar plenamente las dos recomendaciones del Tribunal Laboral y participar en la negociación colectiva con el sindicato. La dirección siguió negándose a responder y a negociar con el sindicato, ya fuera directa o indirectamente.

Finalmente, a principios de agosto de 2021, los miembros del SIPTU de la planta de AbbVie iniciaron una acción industrial consistente en prohibir las horas extras en el proceso de producción. Dos semanas más tarde no se había producido ningún avance, por lo que el sindicato anunció que estaba considerando endurecer su acción.

En Grecia, la violación de los convenios colectivos es algo habitual, sobre todo en el sector bancario. Las empresas se niegan a menudo a aplicar los convenios colectivos existentes. Este comportamiento se ha visto agravado con la adopción de la Ley 4808/2021 del 19 de junio de 2021, que establece que, en caso de impugnación de un convenio colectivo ante los tribunales, este quedará suspendido hasta que se emita una decisión judicial definitiva. Dicha ley conlleva, por tanto, el riesgo de suspender la aplicación de los convenios colectivos durante largos períodos de tiempo, privando a los trabajadores del beneficio de las disposiciones negociadas.

El 8 de febrero de 2021, la empresa finlandesa de la industria forestal United Paper Mills (UPM) anunció repentinamente que dejaría de negociar las condiciones de empleo y que estas se determinarían sin un convenio colectivo, lo que en la práctica significa que serían dictadas unilateralmente por el empleador.

Esta decisión estuvo precedida en octubre de 2020 de un anuncio por parte de la asociación de empleadores de la industria forestal, la Finnish Forest Industries Federation, según el cual la empresa no seguiría participando en la negociación colectiva. Los convenios colectivos a nivel nacional vencerían, y todos los acuerdos colectivos se harían a nivel de empresa.

Las peticiones de los sindicatos en representación de los trabajadores –el sindicato finlandés de trabajadores del papel Paperiliitto, el sindicato finlandés de trabajadores industriales Teollisuusliitto y el sindicato Pro– para negociar un convenio a nivel de empresa fueron rechazadas.

El 31 de agosto de 2021, UPM anunció que definiría las condiciones de trabajo sobre la base de “la legislación laboral, las prácticas de UPM y los contratos de trabajo individuales”. Según un cálculo que UPM presentó a sus empleados, el salario se reduciría en un tercio a partir de enero de 2022. También desaparecerían muchas de las prestaciones acordadas en el convenio colectivo.

En Bosnia y Herzegovina, los sindicatos y la compañía eléctrica estatal Elektroprivreda BiH (EPBiH) pactaron en mayo de 2021 un plan de reestructuración para siete minas de carbón propiedad de dicha empresa, que emplea a cerca de 7.000 trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo, el 22 de noviembre de 2021, EPBiH impuso nuevas normativas laborales que violaban el convenio colectivo, recortando el salario básico de los mineros de 850 BAM (489 USD) a 570 BAM (328 USD).

Miles de mineros interrumpieron su trabajo el 23 de noviembre y se manifestaron frente a la sede del Gobierno en Sarajevo. Reclamaban que el salario mínimo se fijara en 1.000 BAM (575 USD), así como las aportaciones a un plan de pensiones y la dimisión de los directores generales de las minas y del director de EPBiH. Las protestas se prolongaron una semana, hasta que el Gobierno intervino para mediar.

En junio de 2021, el presidente del Union of State, Local Governments and Public Service Employees of Armenia dirigió una carta al alcalde de Ereván, ofreciéndole entablar negociaciones sobre un convenio colectivo sectorial para los empleados y empleadas municipales, tal y como contempla el Código Laboral. La propuesta fue tajantemente rechazada por la Administración municipal. A principios de año, el líder del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Ereván fue despedido de forma improcedente.

En Uruguay, los sindicatos de personal médico, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior (FEMI) y el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), solicitaron concertar una reunión tripartita con los representantes de los empleadores (IAMAC) y el Ministerio de Trabajo, en abril de 2021, para exigir la aplicación del convenio colectivo que se había firmado hacía apenas cinco meses, en diciembre de 2020. Las IAMAC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, empresas médicas del sector privado de Montevideo y el interior) habían incumplido su compromiso de pagar complementos salariales al personal médico. Pese a los esfuerzos de los sindicatos, los empleadores se negaron persistentemente a cumplir con las obligaciones que les marcaba en el convenio colectivo.

En 2021, la empresa AB InBev Perú implementó una serie de procesos de reestructuración de personal sin haberlo consultado con las organizaciones sindicales, con arreglo a los cuales despidió a tres secretarios generales del sindicato (Luis Samán, José Gayoso y José Leiva) y a 15 trabajadores de la planta norte de Motupe (Perú), todos ellos miembros del Sindicato Nacional de Obreros de Backus que se habían declarado en huelga.

Entre abril y mayo de 2021, los trabajadores y trabajadoras administrativos de la sanidad de la Tesai Foundation, un conglomerado de hospitales en la región de Itaipú (Paraguay), se declararon en huelga a raíz del incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa. Los trabajadores, respaldados por su sindicato, el Sindicato de Conductores y Servicios del Alto Paraná (Siconap/s), reclamaban el pago de prestaciones, el derecho a vacaciones pagadas y a la licencia por maternidad, la dotación de equipos de seguridad para todo el personal, así como prestaciones médicas y otras prestaciones previstas en el convenio colectivo vigente. Tesai hizo caso omiso de las demandas y siguió vulnerando el convenio.

El incumplimiento de los convenios colectivos siguió siendo un hecho habitual en Canadá. Por ejemplo, la Junta de Relaciones Laborales de Ontario recibió 355 denuncias por prácticas laborales injustas, en el marco de las cuales los principales cargos contra los empleadores fueron “el despido improcedente o la discriminación de los empleados por participar en actividades sindicales, las modificaciones ilícitas de salarios y condiciones de trabajo, y la falta de negociación de buena fe”.

En Nueva Zelanda, la cadena de ropa H&M suspendió a 14 trabajadores y trabajadoras el 24 de abril de 2021, durante la negociación de un nuevo convenio colectivo sobre salarios, una medida antisindical que les penalizaba por intentar conseguir un salario digno. Ya en 2019, los trabajadores sindicalizados de H&M fueron objeto de un cierre patronal por llevar pegatinas en las tiendas reclamando un salario justo.

En Nueva Zelanda, el 22 de abril de 2021, NZ Bus notificó a los conductores de autobús de Wellington que serían sometidos a un cierre patronal a menos que accedieran a que se les rebajara el sueldo y las condiciones de empleo y aceptaran un contrato laboral más flexible. El anuncio del cierre patronal se produjo tras meses de amargas negociaciones sobre un nuevo convenio colectivo. NZ Bus había rechazado una oferta del Consejo Regional de Wellington para financiar un ajuste salarial digno, puesto que implicaba además una reducción de las condiciones de empleo. Esta vulneración de los derechos laborales fue denunciada enérgicamente tanto por el presidente del New Zealand Council of Trade Unions (NZCTU) como por el ministro de Transportes, que instó a la empresa a retirar el aviso.

El 28 de mayo de 2021, el sindicato Swire Coca-Cola Hong Kong Beverages Employees’ General Union (SCBEGU) inició una huelga en respuesta a los graves recortes salariales. La dirección había ignorado por completo al sindicato y el proceso de negociación colectiva a la hora de recortar los salarios y modificar su estructura salarial. El SCBEGU es uno de los pocos sindicatos del sector privado que ha ejercido sus derechos de negociación colectiva durante décadas.

En junio de 2021, la ministra de Administración Local anunció que algunos ayuntamientos estaban teniendo problemas financieros. Su solución fue socavar las condiciones acordadas en sus convenios colectivos e imponer unilateralmente a los trabajadores del Ayuntamiento contratos de duración determinada, con peores salarios y prestaciones. El Fiji Trades Union Congress (FTUC) denunció enérgicamente esta medida unilateral.

El 26 de octubre de 2021, la empresa australiana de estiba, Patrick Terminals, solicitó a la Comisión de Trabajo Justo que cancelara su convenio de empresa vigente, establecido con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA).

De prosperar, los estibadores perderían los salarios y las condiciones que habían negociado durante años y, a menos que se negociara un nuevo convenio en un plazo de seis meses, volverían a las normas mínimas del sector. Más de 1.000 trabajadores portuarios estaban cubiertos por el convenio.

El MUA y Patrick habían comenzado a negociar un nuevo convenio hacía cerca de dos años. El sindicato aceptó renunciar a su demanda inicial de la aplicación de incrementos salariales del 6% a lo largo de cuatro años y aceptó los aumentos del 2,5% de la empresa, muy por debajo de la actual subida del índice de precios al consumo del 3,8%. Patrick reprochó al MUA sus demandas poco razonables, en particular la petición de que se le consultara respecto a una proporción de nuevas contrataciones. El MUA señaló que se habían alcanzado acuerdos similares con otros grandes operadores portuarios. Por su parte, los trabajadores se opusieron a que la empresa utilizara mano de obra ocasional por parte de la empresa, a su actual régimen de turnos y a sus planes de contratación.

A mediados de octubre de 2021, la dirección de la terminal de contenedores Fremantle Container Terminal en Australia Occidental, propiedad de QUBE Holdings, seguía negándose a reanudar las negociaciones con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA) en relación a un prolongado conflicto, pese a que el primer ministro de Australia Occidental, Mark McGowan, varios ministros y la Comisión de Trabajo Justo le habían requerido hacerlo.

Más de 120 miembros del MUA se habían declarado en huelga el 30 de julio para conseguir un mejor convenio de empresa. El núcleo del conflicto residía en el sistema de turnos: los trabajadores de QUBE no tenían turnos fijos y no se les comunicaba su horario hasta las 4 p.m. del día anterior; el sindicato solicitó que, como mínimo, se asignaran los turnos a las 2 p.m. del día anterior, pero la dirección se negó sistemáticamente y rechazó las 42 reclamaciones del sindicato. Además, QUBE impuso un cierre patronal y, en un intento por mantener la terminal en funcionamiento, asignó a su propio personal de gestión y supervisión los trabajos de estiba, pese a los graves problemas de seguridad que eso conlleva.

A finales de octubre, tras 11 semanas de conflicto, el MUA se vio obligado a suspender la huelga ante la amenaza del Gobierno federal de Coalición Liberal-Nacional de solicitar a la Comisión de Trabajo Justo que pusiera fin a toda huelga en QUBE e impusiera el arbitraje obligatorio.

El 9 de diciembre de 2021, el presidente de Túnez emitió una circular (núm. 20) dirigida a todos los ministerios e instituciones gubernamentales, prohibiendo entablar negociaciones con los sindicatos sin una autorización formal previa del jefe de Gobierno.

En 2021-2022, los empleadores de Omán modificaron unilateralmente los términos del convenio colectivo o incluso dejaron de aplicar sus disposiciones por una serie de razones frívolas.

En el último año han aumentado las violaciones del derecho a la negociación colectiva en Marruecos, en particular los despidos selectivos de representantes sindicales y la negativa de los empleadores a participar en la negociación colectiva. Estas medidas antisindicales tuvieron un efecto amedrentador sobre la capacidad de los trabajadores para defender colectivamente sus derechos y repercutieron de manera negativa en la negociación colectiva, como consecuencia de lo cual esta estuvo prácticamente ausente en la mayoría de las empresas y sectores. Los compromisos anteriores entre el Gobierno y los representantes de las confederaciones sindicales se han suspendido sin haberse aplicado.

En la Universidad de Tel Aviv (Israel), la dirección se negó a negociar con el Research and Project Workers Employees' Committee, a pesar de estar reconocido como representante de los trabajadores. El comité tuvo que recurrir a los tribunales, que finalmente le dieron la razón en diciembre de 2021.

En septiembre de 2021, 2.000 trabajadores y trabajadoras de la empresa Universal Group Co., un fabricante egipcio de electrodomésticos, organizaron una protesta para exigir el pago de sus salarios de julio y agosto, así como de otras prestaciones suspendidas desde hacía bastante tiempo. Estos trabajadores representaban a cinco de las nueve fábricas del grupo. Los trabajadores denunciaron especialmente la violación por parte de la dirección del convenio firmado en octubre de 2019 con el Ministerio de Trabajo, en el marco del cual se comprometía a pagar los salarios. Por aquel entonces, el Ministerio había rescatado a la empresa y había pagado con el fondo de emergencia los sueldos de los 5.000 trabajadores y trabajadoras durante un período de seis meses, como aliciente para que la empresa no efectuara despidos, pero, posteriormente, el grupo obligó a los trabajadores a dimitir.

En abril de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat de Argelia iniciaron una huelga por decisión de la Asamblea General Nacional del sindicato de la empresa, en protesta por la negativa de la dirección a entablar una negociación colectiva.

El sindicato nacional de industrias metalúrgicas y afines, National Union of Metal and Allied Industries of Zimbabwe (NUMAIZ), protestó por las violaciones de los derechos de los trabajadores en la empresa china Afrochine Smelting y por el incumplimiento íntegro de las leyes y los convenios colectivos vigentes. El año pasado Afrochine no pagó los salarios a su debido tiempo y procedió a despedir unilateralmente a 33 trabajadores sin consultarlo previamente con el sindicato. Los esfuerzos de conciliación en el Consejo Nacional de Empleo de la industria de la ferroaleación –una plataforma de diálogo social– fracasaron debido a que los representantes de Afrochine no se presentaron a una reunión el 22 de septiembre de 2021.

Los trabajadores y trabajadoras de Afrochine viven atemorizados, sin seguridad laboral, y se ven humillados y agredidos por los supervisores a diario. Cualquier intento de denuncia de los abusos se penaliza con el despido inmediato.

Afrochine es una filial del mayor fabricante de productos de acero inoxidable del mundo, Tsingshan Holding Group, que cotiza en la Bolsa de Metales de Londres. Más de 1.500 trabajadores están empleados en la planta de ferrocromo, situada a unos 75 kilómetros de Harare.

El 21 de abril de 2021, el sindicato South African Municipal Workers’ Union (SAMWU) compareció ante los tribunales contra la empresa Rand Water después de que esta intentara prohibir una huelga protegida convocada por el sindicato. El SAMWU decidió embarcarse en una huelga protegida indefinida después de que el empleador modificara unilateralmente las condiciones de servicio de los trabajadores, retirando las primas de incentivo que los trabajadores venían recibiendo desde hacía 17 años. El sindicato había intentado en varias ocasiones reunirse con la dirección de Rand Water para convencerla de que reconsiderara su postura, pero fue en vano.

Cerca de 11.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración local de Nairobi (Kenya) se declararon en huelga el 13 de octubre de 2021 a raíz del incumplimiento de un convenio colectivo que se remonta a 2013. Entre las quejas que los trabajadores venían denunciando durante años estaban la falta de promociones, los repetidos retrasos en el pago de los salarios y la no transferencia de las deducciones reglamentarias. Otra de las quejas era la falta de equipos de protección individual y, más recientemente, que al menos 11.000 trabajadores y trabajadoras del condado habían estado sin cobertura médica desde julio de 2021.

Dos días después, el sindicato Kenya County Government Workers’ Union (KCGWU) fue informado de que sus miembros podían volver al trabajo. El sindicato esperaba que se mantuvieran las promesas relativas a las principales reivindicaciones de los trabajadores, pero lo cierto es que el Gobierno ya había accedido en otras ocasiones a las demandas de los trabajadores y las había incumplido reiteradamente.

Los problemas resurgieron a principios de febrero de 2022, y los trabajadores dieron al Ayuntamiento un plazo de 21 días para pagarles los más de 560 millones KES (4,82 millones USD) que se les adeudaba en concepto de atrasos salariales y para transferir las deducciones reglamentarias, añadiendo que, de lo contrario, convocarían una huelga.