Libertades civiles

En la tarde del 24 de febrero de 2022, varios desconocidos vestidos de civil irrumpieron en la oficina del Sindicato Libre de Trabajadores del Metal (SPM) sin presentar ningún documento, y procedieron a registrar el local y a apoderarse de material de oficina y de los teléfonos móviles de los dirigentes y los empleados de la oficina. El vicepresidente del SPM, Aleksandr Evdokimchik, fue arrestado y llevado a paradero desconocido. A primera hora de la mañana, el Comité Ejecutivo del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), la central sindical nacional, afiliada a la CSI, no pudo ponerse en contacto con Igor Komlik, abogado del sindicato. Según se supo más tarde, también fue arrestado por las fuerzas del orden.

En la mañana del 21 de septiembre de 2021, las fuerzas del orden registraron el apartamento de Volha Brytsikava, líder local de la principal organización sindical del Belarusian Independent Trade Union (BITU) en JSC Naftan, le incautaron el ordenador y la detuvieron. Otros dos miembros del BITU, Andrey Berezovsky y Roman Shkodin, fueron arrestados y detenidos durante 7 y 15 días respectivamente.

En Grodno Azot, el vicepresidente del sindicato local del BITU, Valiantsin Tseranevich, y los miembros del BITU Andrei Paheryla, Vladimir Zhurauka, Grigory Ruban, Dmitry Ilyushenko y Aleksey Sidor fueron detenidos por la policía.

En Zhlobin, Aliaksandr Hashnikau, secretario-tesorero de la sección principal del BITU en la Planta Metalúrgica Bielorrusa BMZ, fue arrestado el 17 de septiembre de 2021 y arbitrariamente detenido. Según su esposa, desapareció a mediados de septiembre y fue localizado una semana después.

El presidente del BITU, Maksim Pazniakou, fue detenido el 17 de septiembre, pero más tarde puesto en libertad. Se le impuso una multa de 350 USD por una publicación en las redes sociales en 2020 en la que aparecía un grupo de música bielorruso que las autoridades calificaron posteriormente de extremista.

La mañana del 23 de agosto de 2021, un líder sindical, acompañado de dos delegados sindicales, fue detenido mientras distribuía información sindical a los trabajadores y trabajadoras del complejo turístico Hapimag Resort Albufeira, Portugal. La dirección del hotel llamó a la Guardia Nacional Republicana (GNR) para impedir que el dirigente sindical llevara a cabo sus actividades sindicales en el interior del establecimiento, un derecho recogido en la Constitución de la República Portuguesa, en el Código Laboral y en el convenio colectivo del sector turístico.

El dirigente sindical intentó explicar a los agentes de la GNR que estaban ejerciendo un derecho constitucional, pero los agentes acataron la petición del empleador y detuvieron al líder sindical, llevándolo a la comisaría de Albufeira. El líder fue acusado y citado a comparecer ante el Tribunal de Albufeira.

El Sindicato da Hotelaria do Algarve y el Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria do Algarve apoyaron públicamente al trabajador afectado. Su sindicato, el Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve, recordó que la dirección del Hapimag Resort Albufeira había suspendido recientemente a los delegados sindicales de sus funciones como jefe y subjefe de cocina por el hecho de reclamar mejores condiciones de trabajo.

Las principales quejas de los trabajadores incluían las malas condiciones de trabajo y la violación de las normas de seguridad e higiene, cuestiones que llevaban dos años intentando resolver a través de la negociación.

El 28 de enero de 2022, la Federation of Trade Unions of Kyrgyzstan (FTUKg) tenía previsto celebrar el Consejo de la Federación, donde se debía fijar la fecha del Congreso de Unificación. La mañana del día 28, a las 7:50 a.m., Ryskul Babayeva, vicepresidenta de la FTUKg, fue arbitrariamente detenida por agentes de la policía del distrito de Alamedin por una falsa denuncia. Tras la investigación de la policía, se reveló que la denuncia era difamatoria. Babayeva fue puesta en libertad y pudo asistir al Consejo.

En abril de 2021, los representantes sindicales del Aeropuerto Internacional de Tirana (Albania) intentaron entablar negociaciones con la dirección con objeto de abordar los riesgos para la salud relacionados con el agotamiento físico y mental de los trabajadores en el contexto de la pandemia de COVID-19. En lugar de entablar diálogo con los sindicatos, la dirección procedió a recortar unilateralmente los salarios de los trabajadores y recurrió al acoso y la intimidación contra los miembros del sindicato y los trabajadores. Ante las crecientes presiones, los trabajadores se declararon incapacitados para trabajar por razones médicas, de conformidad con las normas internacionales del sector de la aviación civil. El Gobierno respondió desplegando las fuerzas del orden, desalojando a los trabajadores de las instalaciones y deteniendo a los dirigentes sindicales durante varios días bajo custodia policial o bajo arresto domiciliario, amenazando con emprender acciones legales contra los dirigentes sindicales y contratando a trabajadores de reemplazo de otros países.

El secretario general de la Confédération Syndicale du Congo (CSC), Fidèle Kiyangi Matangila, responsable asimismo de la Central Workers of Banks and Financial Institutions y presidente de la Intersyndicale nationale de l'administration publique (INAP), fue detenido por las fuerzas de seguridad en el edificio de la Administración Pública. Su detención se produjo tras una acción de protesta organizada por los miembros del sindicato a raíz de que el empleador de servicios financieros no pagara durante cuatro meses los salarios y las primas.

El 11 de marzo de 2022, Haleh Safarzadeh y Alireza Saghafi, miembros del Centro para los Derechos de los Trabajadores en Irán, fueron detenidos junto con otros 17 estudiantes y activistas sindicales durante una reunión privada que se estaba celebrando en el lugar de trabajo de Saghafi. Ingresaron en la prisión de Kachuei, en Karaj. Los activistas fueron puestos en libertad más tarde, pero Haleh Safarzadeh y Alireza Saghafi permanecieron detenidos en una de las cárceles más severas del país por delitos graves.

Ambos líderes sindicales ya habían sido detenidos el 26 de abril de 2019, junto con otros defensores de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, durante una reunión pacífica en un parque público. El 24 de agosto de 2019 fueron juzgados por el Tribunal Revolucionario de Karaj por una acusación falsa de “propaganda contra el sistema” y condenados a un año de cárcel.

Farzaneh Zilabi, abogada defensora de los trabajadores y trabajadoras de la caña de azúcar de Haft Tappeh en Irán, fue condenada el 13 de septiembre de 2021 por el Tribunal Revolucionario de Ahvaz a un año de cárcel por llevar a cabo “actividades de propaganda contra el Estado”. Además de la pena de cárcel, Zilabi fue condenada a dos años de inhabilitación para salir del país. El 16 de mayo de 2021 se le impuso también una inhabilitación de seis meses para ejercer la abogacía.

Tras la privatización del complejo agroindustrial de la caña de azúcar Haft Tappeh Sugarcane Agro-Industrial Complex en 2016, los trabajadores y el sindicato han organizado una serie de huelgas, la última de ellas en agosto de 2021, contra el reiterado impago de salarios a los empleados y la presunta corrupción de los antiguos propietarios.

Abdel-Wahab Radwan, vicepresidente del Syndicate Committee of Public Transport Authority Employees de Egipto, fue detenido en mayo de 2021 debido a sus actividades sindicales. En 2022 permanecía en prisión preventiva a la espera de la vista de su caso. Fue acusado de “pertenencia a un grupo terrorista y uso indebido de las redes sociales”.

Fellah Hamoudi, miembro del Buró Ejecutivo del Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) y de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) y presidente de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme (LADDH), fue detenido el 19 de febrero de 2022 en el valiato de Tlemcen. Fellah Hamoudi se había visto continuamente acosado durante los últimos meses a raíz de unas declaraciones realizadas en el canal de televisión “Al Magharibia”. El fiscal consideró que los comentarios de Hamoudi sobre el número de presos de conciencia que hay en Argelia eran ofensivos para el Ministerio del Interior y “falsos o malintencionados”. Hamoudi también fue acusado de dirigir una asociación “no acreditada” en relación con su cargo en la LADDH. El 12 de enero de 2022 la policía registró su domicilio, confiscándole el ordenador portátil y el teléfono personal. El 20 de febrero de 2022 fue condenado culpable por el Tribunal de Tlemcen y condenado a una multa de 100.000 DZD y a tres años de cárcel.

En la madrugada del 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo un operativo policial simultáneo en diversos municipios del departamento de Arauca, Colombia. Varios líderes sindicales de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA), filial de FENSUAGRO, fueron detenidos sin motivo: Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la ACA; John Alexander Romero, vicepresidente y secretario de Derechos Humanos de la ACA; Camilo Espinel, secretario de Educación de la ACA y concejal del municipio de Saravena; Fredy Camargo, concejal de Fortul y coordinador del Comité Técnico de la ACA; Ruth Pita, concejala de Fortul y asociada de la ACA; Helbert Alonso Ramírez Castro, asociado de la ACA y contable; y Samuel Acosta, asociado de la ACA y miembro del Comité de Tame Veredal.

El 8 de julio de 2021 la policía detuvo a 31 personas, entre ellas el secretario general del sindicato Ceylon Teachers Union (CTU), por participar en una protesta celebrada cerca del Parlamento de Sri Lanka contra el proyecto de ley de la Universidad Nacional de Defensa. Dicho proyecto, presentado en 2018 durante el anterior Gobierno, ha sido ampliamente denunciado como una medida destinada a frenar la libertad de pensamiento y expresión en las universidades. Los trabajadores arrestados permanecieron retenidos durante varios días hasta que, gracias a una campaña organizada para reclamar su libertad, respaldada por sindicatos mundiales, fueron finalmente puestos en libertad.

El 21 de octubre de 2021, las fuerzas especiales de Comandos de Carabineros de Chile, reprimieron brutalmente con porras, cañones de agua y gas pimienta a los dirigentes de las 16 organizaciones sindicales que conforman la Mesa del Sector Público (MSP). Los líderes sindicales, entre los que se encontraba José Pérez Debelli, presidente de la Asamblea Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), fueron detenidos en respuesta a la presión ejercida por las organizaciones sindicales sobre el Gobierno, y puestos en libertad unas horas más tarde. Los representantes de la MSP estaban entregando al Gobierno una lista de demandas sobre el ajuste salarial y la mejora de las condiciones de trabajo. Esta entrega formal es una práctica anual que pone en marcha el proceso de negociación sectorial de la MSP, agrupación que representa a cerca de 500.000 trabajadores y trabajadoras del sector público.

El 11 de octubre de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la confección de Denim Clothing Company, proveedor de marcas de moda internacionales en Karachi, Pakistán, se concentraron frente a la sede de la empresa para protestar por las condiciones de trabajo inhumanas en la fábrica, la intimidación sistemática, la falta de seguridad social, los despidos arbitrarios desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 y la negativa a pagar el salario mínimo.

Dos furgonetas se presentaron en el lugar de los hechos y tres hombres vestidos de paisano empezaron a apalear despiadadamente a los trabajadores, varios de los cuales sufrieron heridas graves, como una luxación de codo. La policía obligó a los trabajadores que protestaban a subir a las furgonetas y los retuvo en comisaría durante seis horas, donde los siguió apaleando. Fueron puestos en libertad tras ser obligados a firmar un documento en el que declaraban que no volverían a protestar contra la empresa.

El 15 de abril de 2021, cerca de 40 militares fueron desplegados para detener a la directora del Solidarity Trade Union of Myanmar (STUM), Daw Myo Aye, acusada en virtud del artículo 505A del Código Penal de participar en el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), liderar protestas y animar a civiles y funcionarios a unirse al MDC. Se enfrentaba a una pena de hasta tres años de cárcel. Daw Myo Aye no obtuvo la libertad bajo fianza y permaneció detenida, disponiendo de un acceso limitado a las instalaciones médicas pese a sufrir graves problemas de salud.

Anteriormente, en 2021, se habían dictado y ejecutado órdenes de detención contra otros 34 destacados dirigentes sindicales. La mayoría de ellos fueron procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel.

El presidente de la Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), Yang Kyeung-soo, fue detenido el 2 de septiembre de 2021 en una redada realizada antes del amanecer en su oficina de Seúl. Cientos de policías rodearon el edificio mientras los agentes forzaban la puerta.

La KCTU había organizado el 3 de julio una concentración en el centro de Seúl, exigiendo al Gobierno que se ocupara de la desigualdad exacerbada por la pandemia. El Gobierno no autorizó la concentración, alegando preocupaciones ante la posibilidad de contagios masivos. Posteriormente emitió una orden de arresto contra Yang por supuesta violación de las disposiciones de la Ley penal contra la obstrucción general del tráfico, la Ley de reuniones y manifestaciones y la Ley de control y prevención de enfermedades infecciosas. Las acusaciones fueron rebatidas por la KCTU: cerca de 8.000 miembros del sindicato asistieron a la manifestación respectando rigurosamente las directrices del Gobierno en materia de distanciamiento social, y, tras el acto, solo tres asistentes dieron positivo en la prueba de COVID-19, con escasa evidencia de que su contagio estuviese relacionado con la concentración.

Su detención parecía más bien encaminada a interrumpir los preparativos de la KCTU para convocar a sus 1,1 millones de miembros a una huelga nacional el 20 de octubre, con el objetivo de exigir mejoras en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Yang es el 13º presidente consecutivo del KTCU que es encarcelado desde que la federación dejó de estar prohibida en 1997.

Sesenta y siete trabajadores y activistas fueron detenidos por la policía de Tamil Nadu durante una protesta llevada a cabo el 18 de diciembre de 2021 por trabajadores de la industria electrónica. Permanecieron detenidos durante más de 24 horas. Veintidós activistas, entre ellos dirigentes del Indian Centre of Indian Trade Unions (CITU), fueron detenidos por prestar apoyo a los trabajadores y trabajadoras. Los dirigentes del CITU fueron puestos en libertad bajo fianza el 23 de diciembre.

Cerca de 3.000 trabajadoras empleadas por Bharat FIH, filial de FIH Mobile and Foxconn Technology Group, fabricante de teléfonos móviles, iniciaron una protesta el 17 de diciembre. El desencadenante fue un incidente ocurrido dos días antes, en el que 159 trabajadoras enfermaron por una intoxicación alimentaria en su albergue. Las trabajadoras, todas ellas contratadas a través de agencias, llevaban tiempo quejándose del hacinamiento y la mala alimentación.

Lee Cheuk Yan, secretario general de la Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), junto con otras siete personas, fue condenado el 12 de diciembre de 2021 a 14 meses de cárcel por “incitar, organizar y participar” en una vigilia con velas el 4 de junio de 2020. El evento anual, en memoria de la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989, fue organizado por la actualmente disuelta Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, de la que Lee Cheuk-yan era presidente. La sentencia se ejecutará simultáneamente con la condena de 20 meses de prisión que Lee Cheuk-yan ya estaba cumpliendo por organizar y participar en manifestaciones prodemocráticas en 2019.

En Hong Kong, cinco miembros del General Union of Hong Kong Speech Therapists (GUHKST), entre ellos el presidente y el vicepresidente del sindicato, Li Wenling y Yang Yiyi, fueron detenidos el 22 de julio de 2021. La policía incautó sus teléfonos móviles, ordenadores y folletos del sindicato, y congeló la cuenta bancaria y los activos del mismo. Según la policía, habían “conspirado para publicar, distribuir, exhibir o copiar publicaciones sediciosas”. Tanto Li como Yang fueron procesados y puestos en prisión preventiva, y se les denegó la libertad bajo fianza. A los otros tres miembros se les concedió la libertad bajo fianza. En la vista del 30 de agosto el juez decretó la prisión preventiva para los cinco sindicalistas, a la espera de su próxima vista, que tendría lugar el 24 de octubre de 2021.

Las publicaciones “sediciosas” eran tres libros electrónicos ilustrados para niños con problemas de habla, publicados por el sindicato en 2020, en los cuales se mencionaban los movimientos prodemocráticos de Hong Kong de 2019 y 2020. La sedición es un delito contemplado en una ley de la época colonial y conlleva hasta dos años de cárcel. Desde las protestas por la democracia, la policía y los fiscales han comenzado a utilizar regularmente la ley de sedición, junto con la Ley de Seguridad Nacional, para reprimir las expresiones y opiniones políticas.

En 2018, la empresa china Jasic Technology despidió a una serie de trabajadores y trabajadoras que habían intentado organizar su propio sindicato, y más de 40 trabajadores fueron detenidos y acusados de “reunir una multitud para perturbar el orden social”. Desde entonces, muchos activistas y defensores de los trabajadores han sido procesados y encarcelados por cargos espurios, y el paradero exacto de otros trabajadores de la fábrica de Jasic que estuvieron implicados en protestas sigue siendo desconocido. Las autoridades han recurrido a la persecución penal, el acoso y la vigilancia para infundir miedo e impedir que los afectados y sus familias hablen. Tras su enjuiciamiento y condena hace dos años, los siguientes activistas han permanecido ilocalizables y en paradero desconocido, y no se ha podido acceder a más información sobre su juicio: Fu Changguo, miembro del personal del Centro de Trabajadores de Dagongzhe, y los activistas laborales Zheng Shiyou y Liang Xiaogang.

Muchos otros han sido procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel, mientras el Gobierno ha seguido presionando e intimidando duramente a los activistas y sus familias.

El 25 de febrero de 2022, “Mengzhu”, un conocido activista chino dedicado al reparto de comida a domicilio, fue detenido por la policía de Beijing durante una redada en su apartamento. Mengzhu, cuyo nombre real es Chen Guojiang, fue acusado de “buscar pelea y causar problemas”, un concepto genérico utilizada a menudo contra los activistas en China. Chen era líder de la Alianza de Repartidores, que él mismo fundó en 2019. Logrando llegar a cerca de 15.000 repartidores a través de las redes sociales, la alianza se convirtió en una organización parecida a un sindicato de repartidores de comida en Beijing y tenía conexiones con repartidores de otras ciudades.

Poco antes de su detención, Chen había publicado un vídeo sobre una estafa de bonos por parte de Ele.me, propiedad de Alibaba, la mayor empresa de comercio electrónico de China. Millones de personas vieron el vídeo, el cual provocó numerosas críticas del público contra Ele.me. Los informes de los medios de comunicación sobre la detención de Chen fueron bloqueados o eliminados. Los activistas chinos de Internet difundieron una carta abierta escrita por el padre de Chen en la que solicitaba ayuda para sufragar los gastos derivados del procedimiento judicial. Se recaudaron más de 120.000 CNY (18.350 USD).

En abril de 2022, el canal de WeChat de Chen, en el que se había publicado la carta abierta, quedó permanentemente prohibido. El debate en línea sobre el caso de Chen también fue censurado y bloqueado por la policía. Y los abogados y estudiantes que estaban en contacto con la familia de Chen fueron objeto de investigaciones y acoso.

Los trabajadores de NagaWorld Hotel and Casino Complex en Camboya se habían declarado en huelga el 18 de diciembre de 2021 en protesta por el despido improcedente de 365 trabajadores y trabajadoras. Más de 1.000 trabajadores se sumaron a la huelga, que consistió en una serie de sentadas pacíficas frente a las instalaciones de la empresa. El sindicato Labour Rights Supported Union (LRSU) hizo todo lo posible para negociar una solución, pero la dirección se negó a hablar y ni siquiera se presentó a la sesión de mediación convocada por el Ministerio de Trabajo.

El 31 de diciembre de 2021, la policía llevó a cabo una redada en la oficina del LRSU, confiscando documentos, ordenadores y teléfonos móviles. Nueve personas fueron detenidas. El 3 de enero de 2022 se produjeron otras 17 detenciones, seguidas de otras tres el 4 de enero, entre ellas la del presidente del LRSU, Sithar Chhim, que fue arrastrado por la fuerza desde el piquete hasta un coche de la policía.

En febrero de 2022, ocho de los arrestados seguían detenidos, a saber, el presidente del sindicato, Sithar Chhim; el secretario del sindicato Chhim Sokhorn; el asesor del sindicato Sok Narith, y los activistas sindicales Ry Sovandy, Sun Sreypich, Hai Sopheap, Klaing Soben y Touch Sereymeas. A todos ellos les fue denegada la libertad provisional. Ellos manifestaron que no disponían de agua suficiente y que no se les permitía contactar a su familia. Fueron acusados de provocación, lo que conlleva una pena de hasta cinco años de cárcel. En marzo de 2022 quedaron finalmente en libertad bajo fianza.

Rong Chhun, presidente de la Cambodian Confederation of Unions (CCU), fue detenido en su domicilio en julio de 2020 tras afirmar que la delimitación de la frontera entre Camboya y Vietnam había despojado a varios agricultores de sus tierras, por lo que fue acusado de “incitación a cometer un delito grave o provocar malestar social”. El 18 de agosto de 2021, Rong Chhun, presidente de la CCU, fue condenado a dos años de cárcel, la pena máxima por este delito, así como a una multa de 2 millones de KHR (490 USD).

Sar Kanika y Ton Nimol, otros dos compañeros defensores de los derechos laborales, fueron puestos en libertad el 11 de noviembre de 2021 tras estimarse el recurso de apelación. El Tribunal de Apelación de Phnom Penh retiró el resto de las condenas contra ellos, pero permanecieron en libertad condicional y fueron sometidos durante tres años a diversas restricciones relacionadas con la movilidad y otras actividades.

El 6 de agosto de 2021, la Policía Industrial de Bangladesh presentó una causa penal contra Babul Akter, secretario general de la Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation (BGIWF), y 24 líderes sindicales y miembros del sindicato, en relación con los incidentes ocurridos en Crossline Factory (Pvt) Ltd y Crossline Knit Fabrics Ltd. La dirección de la fábrica también presentó una denuncia penal contra sus trabajadores. Estas denuncias penales se presentaron después de que los trabajadores y trabajadoras formaran dos sindicatos en sus respectivas fábricas y presentaran sendas solicitudes de registro en el Departamento de Trabajo en marzo de 2021.

En febrero de 2021, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés) presentó cargos penales por cártel contra el sindicato Construction Forestry Mining and Energy Union (CFMEU) en el Territorio de la Capital Australiana (ACT) y contra el secretario del CFMEU-ACT, Jason O’Mara.

El 17 de agosto de 2021, el fiscal federal desestimó los cargos.

Se trata de la tercera acusación penal reciente que la ACCC presenta contra el CFMEU, recurriendo a la Ley de Consumidores y Competencia para socavar el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva. En 2012 y 2013, la ACCC había alegado que el CFMEU-ACT había tratado de inducir a los instaladores de acero y a los montadores de andamios locales a fijar un precio mínimo para sufragar un aumento salarial. Esto, según la ACCC, equivale a un comportamiento de cártel. Para el CFMEU, la ACCC ha incurrido en una flagrante persecución del líder sindical Jason O'Mara, que pasó por tres años de juicio mediático y de ataques contra su persona.

En la tarde del 24 de febrero de 2022, varios desconocidos vestidos de civil irrumpieron en la oficina del Sindicato Libre de Trabajadores del Metal (SPM) sin presentar ningún documento, y procedieron a registrar el local y a apoderarse de material de oficina y de los teléfonos móviles de los dirigentes y los empleados de la oficina. El vicepresidente del SPM, Aleksandr Evdokimchik, fue arrestado y llevado a paradero desconocido. A primera hora de la mañana, el Comité Ejecutivo del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), la central sindical nacional, afiliada a la CSI, no pudo ponerse en contacto con Igor Komlik, abogado del sindicato. Según se supo más tarde, también fue arrestado por las fuerzas del orden.

En la mañana del 21 de septiembre de 2021, las fuerzas del orden registraron el apartamento de Volha Brytsikava, líder local de la principal organización sindical del Belarusian Independent Trade Union (BITU) en JSC Naftan, le incautaron el ordenador y la detuvieron. Otros dos miembros del BITU, Andrey Berezovsky y Roman Shkodin, fueron arrestados y detenidos durante 7 y 15 días respectivamente.

En Grodno Azot, el vicepresidente del sindicato local del BITU, Valiantsin Tseranevich, y los miembros del BITU Andrei Paheryla, Vladimir Zhurauka, Grigory Ruban, Dmitry Ilyushenko y Aleksey Sidor fueron detenidos por la policía.

En Zhlobin, Aliaksandr Hashnikau, secretario-tesorero de la sección principal del BITU en la Planta Metalúrgica Bielorrusa BMZ, fue arrestado el 17 de septiembre de 2021 y arbitrariamente detenido. Según su esposa, desapareció a mediados de septiembre y fue localizado una semana después.

El presidente del BITU, Maksim Pazniakou, fue detenido el 17 de septiembre, pero más tarde puesto en libertad. Se le impuso una multa de 350 USD por una publicación en las redes sociales en 2020 en la que aparecía un grupo de música bielorruso que las autoridades calificaron posteriormente de extremista.

La mañana del 23 de agosto de 2021, un líder sindical, acompañado de dos delegados sindicales, fue detenido mientras distribuía información sindical a los trabajadores y trabajadoras del complejo turístico Hapimag Resort Albufeira, Portugal. La dirección del hotel llamó a la Guardia Nacional Republicana (GNR) para impedir que el dirigente sindical llevara a cabo sus actividades sindicales en el interior del establecimiento, un derecho recogido en la Constitución de la República Portuguesa, en el Código Laboral y en el convenio colectivo del sector turístico.

El dirigente sindical intentó explicar a los agentes de la GNR que estaban ejerciendo un derecho constitucional, pero los agentes acataron la petición del empleador y detuvieron al líder sindical, llevándolo a la comisaría de Albufeira. El líder fue acusado y citado a comparecer ante el Tribunal de Albufeira.

El Sindicato da Hotelaria do Algarve y el Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria do Algarve apoyaron públicamente al trabajador afectado. Su sindicato, el Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve, recordó que la dirección del Hapimag Resort Albufeira había suspendido recientemente a los delegados sindicales de sus funciones como jefe y subjefe de cocina por el hecho de reclamar mejores condiciones de trabajo.

Las principales quejas de los trabajadores incluían las malas condiciones de trabajo y la violación de las normas de seguridad e higiene, cuestiones que llevaban dos años intentando resolver a través de la negociación.

El 28 de enero de 2022, la Federation of Trade Unions of Kyrgyzstan (FTUKg) tenía previsto celebrar el Consejo de la Federación, donde se debía fijar la fecha del Congreso de Unificación. La mañana del día 28, a las 7:50 a.m., Ryskul Babayeva, vicepresidenta de la FTUKg, fue arbitrariamente detenida por agentes de la policía del distrito de Alamedin por una falsa denuncia. Tras la investigación de la policía, se reveló que la denuncia era difamatoria. Babayeva fue puesta en libertad y pudo asistir al Consejo.

En abril de 2021, los representantes sindicales del Aeropuerto Internacional de Tirana (Albania) intentaron entablar negociaciones con la dirección con objeto de abordar los riesgos para la salud relacionados con el agotamiento físico y mental de los trabajadores en el contexto de la pandemia de COVID-19. En lugar de entablar diálogo con los sindicatos, la dirección procedió a recortar unilateralmente los salarios de los trabajadores y recurrió al acoso y la intimidación contra los miembros del sindicato y los trabajadores. Ante las crecientes presiones, los trabajadores se declararon incapacitados para trabajar por razones médicas, de conformidad con las normas internacionales del sector de la aviación civil. El Gobierno respondió desplegando las fuerzas del orden, desalojando a los trabajadores de las instalaciones y deteniendo a los dirigentes sindicales durante varios días bajo custodia policial o bajo arresto domiciliario, amenazando con emprender acciones legales contra los dirigentes sindicales y contratando a trabajadores de reemplazo de otros países.

El secretario general de la Confédération Syndicale du Congo (CSC), Fidèle Kiyangi Matangila, responsable asimismo de la Central Workers of Banks and Financial Institutions y presidente de la Intersyndicale nationale de l'administration publique (INAP), fue detenido por las fuerzas de seguridad en el edificio de la Administración Pública. Su detención se produjo tras una acción de protesta organizada por los miembros del sindicato a raíz de que el empleador de servicios financieros no pagara durante cuatro meses los salarios y las primas.

El 11 de marzo de 2022, Haleh Safarzadeh y Alireza Saghafi, miembros del Centro para los Derechos de los Trabajadores en Irán, fueron detenidos junto con otros 17 estudiantes y activistas sindicales durante una reunión privada que se estaba celebrando en el lugar de trabajo de Saghafi. Ingresaron en la prisión de Kachuei, en Karaj. Los activistas fueron puestos en libertad más tarde, pero Haleh Safarzadeh y Alireza Saghafi permanecieron detenidos en una de las cárceles más severas del país por delitos graves.

Ambos líderes sindicales ya habían sido detenidos el 26 de abril de 2019, junto con otros defensores de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, durante una reunión pacífica en un parque público. El 24 de agosto de 2019 fueron juzgados por el Tribunal Revolucionario de Karaj por una acusación falsa de “propaganda contra el sistema” y condenados a un año de cárcel.

Farzaneh Zilabi, abogada defensora de los trabajadores y trabajadoras de la caña de azúcar de Haft Tappeh en Irán, fue condenada el 13 de septiembre de 2021 por el Tribunal Revolucionario de Ahvaz a un año de cárcel por llevar a cabo “actividades de propaganda contra el Estado”. Además de la pena de cárcel, Zilabi fue condenada a dos años de inhabilitación para salir del país. El 16 de mayo de 2021 se le impuso también una inhabilitación de seis meses para ejercer la abogacía.

Tras la privatización del complejo agroindustrial de la caña de azúcar Haft Tappeh Sugarcane Agro-Industrial Complex en 2016, los trabajadores y el sindicato han organizado una serie de huelgas, la última de ellas en agosto de 2021, contra el reiterado impago de salarios a los empleados y la presunta corrupción de los antiguos propietarios.

Abdel-Wahab Radwan, vicepresidente del Syndicate Committee of Public Transport Authority Employees de Egipto, fue detenido en mayo de 2021 debido a sus actividades sindicales. En 2022 permanecía en prisión preventiva a la espera de la vista de su caso. Fue acusado de “pertenencia a un grupo terrorista y uso indebido de las redes sociales”.

Fellah Hamoudi, miembro del Buró Ejecutivo del Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) y de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) y presidente de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme (LADDH), fue detenido el 19 de febrero de 2022 en el valiato de Tlemcen. Fellah Hamoudi se había visto continuamente acosado durante los últimos meses a raíz de unas declaraciones realizadas en el canal de televisión “Al Magharibia”. El fiscal consideró que los comentarios de Hamoudi sobre el número de presos de conciencia que hay en Argelia eran ofensivos para el Ministerio del Interior y “falsos o malintencionados”. Hamoudi también fue acusado de dirigir una asociación “no acreditada” en relación con su cargo en la LADDH. El 12 de enero de 2022 la policía registró su domicilio, confiscándole el ordenador portátil y el teléfono personal. El 20 de febrero de 2022 fue condenado culpable por el Tribunal de Tlemcen y condenado a una multa de 100.000 DZD y a tres años de cárcel.

En la madrugada del 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo un operativo policial simultáneo en diversos municipios del departamento de Arauca, Colombia. Varios líderes sindicales de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA), filial de FENSUAGRO, fueron detenidos sin motivo: Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la ACA; John Alexander Romero, vicepresidente y secretario de Derechos Humanos de la ACA; Camilo Espinel, secretario de Educación de la ACA y concejal del municipio de Saravena; Fredy Camargo, concejal de Fortul y coordinador del Comité Técnico de la ACA; Ruth Pita, concejala de Fortul y asociada de la ACA; Helbert Alonso Ramírez Castro, asociado de la ACA y contable; y Samuel Acosta, asociado de la ACA y miembro del Comité de Tame Veredal.

El 8 de julio de 2021 la policía detuvo a 31 personas, entre ellas el secretario general del sindicato Ceylon Teachers Union (CTU), por participar en una protesta celebrada cerca del Parlamento de Sri Lanka contra el proyecto de ley de la Universidad Nacional de Defensa. Dicho proyecto, presentado en 2018 durante el anterior Gobierno, ha sido ampliamente denunciado como una medida destinada a frenar la libertad de pensamiento y expresión en las universidades. Los trabajadores arrestados permanecieron retenidos durante varios días hasta que, gracias a una campaña organizada para reclamar su libertad, respaldada por sindicatos mundiales, fueron finalmente puestos en libertad.

El 21 de octubre de 2021, las fuerzas especiales de Comandos de Carabineros de Chile, reprimieron brutalmente con porras, cañones de agua y gas pimienta a los dirigentes de las 16 organizaciones sindicales que conforman la Mesa del Sector Público (MSP). Los líderes sindicales, entre los que se encontraba José Pérez Debelli, presidente de la Asamblea Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), fueron detenidos en respuesta a la presión ejercida por las organizaciones sindicales sobre el Gobierno, y puestos en libertad unas horas más tarde. Los representantes de la MSP estaban entregando al Gobierno una lista de demandas sobre el ajuste salarial y la mejora de las condiciones de trabajo. Esta entrega formal es una práctica anual que pone en marcha el proceso de negociación sectorial de la MSP, agrupación que representa a cerca de 500.000 trabajadores y trabajadoras del sector público.

El 11 de octubre de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la confección de Denim Clothing Company, proveedor de marcas de moda internacionales en Karachi, Pakistán, se concentraron frente a la sede de la empresa para protestar por las condiciones de trabajo inhumanas en la fábrica, la intimidación sistemática, la falta de seguridad social, los despidos arbitrarios desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 y la negativa a pagar el salario mínimo.

Dos furgonetas se presentaron en el lugar de los hechos y tres hombres vestidos de paisano empezaron a apalear despiadadamente a los trabajadores, varios de los cuales sufrieron heridas graves, como una luxación de codo. La policía obligó a los trabajadores que protestaban a subir a las furgonetas y los retuvo en comisaría durante seis horas, donde los siguió apaleando. Fueron puestos en libertad tras ser obligados a firmar un documento en el que declaraban que no volverían a protestar contra la empresa.

El 15 de abril de 2021, cerca de 40 militares fueron desplegados para detener a la directora del Solidarity Trade Union of Myanmar (STUM), Daw Myo Aye, acusada en virtud del artículo 505A del Código Penal de participar en el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), liderar protestas y animar a civiles y funcionarios a unirse al MDC. Se enfrentaba a una pena de hasta tres años de cárcel. Daw Myo Aye no obtuvo la libertad bajo fianza y permaneció detenida, disponiendo de un acceso limitado a las instalaciones médicas pese a sufrir graves problemas de salud.

Anteriormente, en 2021, se habían dictado y ejecutado órdenes de detención contra otros 34 destacados dirigentes sindicales. La mayoría de ellos fueron procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel.

El presidente de la Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), Yang Kyeung-soo, fue detenido el 2 de septiembre de 2021 en una redada realizada antes del amanecer en su oficina de Seúl. Cientos de policías rodearon el edificio mientras los agentes forzaban la puerta.

La KCTU había organizado el 3 de julio una concentración en el centro de Seúl, exigiendo al Gobierno que se ocupara de la desigualdad exacerbada por la pandemia. El Gobierno no autorizó la concentración, alegando preocupaciones ante la posibilidad de contagios masivos. Posteriormente emitió una orden de arresto contra Yang por supuesta violación de las disposiciones de la Ley penal contra la obstrucción general del tráfico, la Ley de reuniones y manifestaciones y la Ley de control y prevención de enfermedades infecciosas. Las acusaciones fueron rebatidas por la KCTU: cerca de 8.000 miembros del sindicato asistieron a la manifestación respectando rigurosamente las directrices del Gobierno en materia de distanciamiento social, y, tras el acto, solo tres asistentes dieron positivo en la prueba de COVID-19, con escasa evidencia de que su contagio estuviese relacionado con la concentración.

Su detención parecía más bien encaminada a interrumpir los preparativos de la KCTU para convocar a sus 1,1 millones de miembros a una huelga nacional el 20 de octubre, con el objetivo de exigir mejoras en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Yang es el 13º presidente consecutivo del KTCU que es encarcelado desde que la federación dejó de estar prohibida en 1997.

Sesenta y siete trabajadores y activistas fueron detenidos por la policía de Tamil Nadu durante una protesta llevada a cabo el 18 de diciembre de 2021 por trabajadores de la industria electrónica. Permanecieron detenidos durante más de 24 horas. Veintidós activistas, entre ellos dirigentes del Indian Centre of Indian Trade Unions (CITU), fueron detenidos por prestar apoyo a los trabajadores y trabajadoras. Los dirigentes del CITU fueron puestos en libertad bajo fianza el 23 de diciembre.

Cerca de 3.000 trabajadoras empleadas por Bharat FIH, filial de FIH Mobile and Foxconn Technology Group, fabricante de teléfonos móviles, iniciaron una protesta el 17 de diciembre. El desencadenante fue un incidente ocurrido dos días antes, en el que 159 trabajadoras enfermaron por una intoxicación alimentaria en su albergue. Las trabajadoras, todas ellas contratadas a través de agencias, llevaban tiempo quejándose del hacinamiento y la mala alimentación.

Lee Cheuk Yan, secretario general de la Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), junto con otras siete personas, fue condenado el 12 de diciembre de 2021 a 14 meses de cárcel por “incitar, organizar y participar” en una vigilia con velas el 4 de junio de 2020. El evento anual, en memoria de la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989, fue organizado por la actualmente disuelta Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, de la que Lee Cheuk-yan era presidente. La sentencia se ejecutará simultáneamente con la condena de 20 meses de prisión que Lee Cheuk-yan ya estaba cumpliendo por organizar y participar en manifestaciones prodemocráticas en 2019.

En Hong Kong, cinco miembros del General Union of Hong Kong Speech Therapists (GUHKST), entre ellos el presidente y el vicepresidente del sindicato, Li Wenling y Yang Yiyi, fueron detenidos el 22 de julio de 2021. La policía incautó sus teléfonos móviles, ordenadores y folletos del sindicato, y congeló la cuenta bancaria y los activos del mismo. Según la policía, habían “conspirado para publicar, distribuir, exhibir o copiar publicaciones sediciosas”. Tanto Li como Yang fueron procesados y puestos en prisión preventiva, y se les denegó la libertad bajo fianza. A los otros tres miembros se les concedió la libertad bajo fianza. En la vista del 30 de agosto el juez decretó la prisión preventiva para los cinco sindicalistas, a la espera de su próxima vista, que tendría lugar el 24 de octubre de 2021.

Las publicaciones “sediciosas” eran tres libros electrónicos ilustrados para niños con problemas de habla, publicados por el sindicato en 2020, en los cuales se mencionaban los movimientos prodemocráticos de Hong Kong de 2019 y 2020. La sedición es un delito contemplado en una ley de la época colonial y conlleva hasta dos años de cárcel. Desde las protestas por la democracia, la policía y los fiscales han comenzado a utilizar regularmente la ley de sedición, junto con la Ley de Seguridad Nacional, para reprimir las expresiones y opiniones políticas.

En 2018, la empresa china Jasic Technology despidió a una serie de trabajadores y trabajadoras que habían intentado organizar su propio sindicato, y más de 40 trabajadores fueron detenidos y acusados de “reunir una multitud para perturbar el orden social”. Desde entonces, muchos activistas y defensores de los trabajadores han sido procesados y encarcelados por cargos espurios, y el paradero exacto de otros trabajadores de la fábrica de Jasic que estuvieron implicados en protestas sigue siendo desconocido. Las autoridades han recurrido a la persecución penal, el acoso y la vigilancia para infundir miedo e impedir que los afectados y sus familias hablen. Tras su enjuiciamiento y condena hace dos años, los siguientes activistas han permanecido ilocalizables y en paradero desconocido, y no se ha podido acceder a más información sobre su juicio: Fu Changguo, miembro del personal del Centro de Trabajadores de Dagongzhe, y los activistas laborales Zheng Shiyou y Liang Xiaogang.

Muchos otros han sido procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel, mientras el Gobierno ha seguido presionando e intimidando duramente a los activistas y sus familias.

El 25 de febrero de 2022, “Mengzhu”, un conocido activista chino dedicado al reparto de comida a domicilio, fue detenido por la policía de Beijing durante una redada en su apartamento. Mengzhu, cuyo nombre real es Chen Guojiang, fue acusado de “buscar pelea y causar problemas”, un concepto genérico utilizada a menudo contra los activistas en China. Chen era líder de la Alianza de Repartidores, que él mismo fundó en 2019. Logrando llegar a cerca de 15.000 repartidores a través de las redes sociales, la alianza se convirtió en una organización parecida a un sindicato de repartidores de comida en Beijing y tenía conexiones con repartidores de otras ciudades.

Poco antes de su detención, Chen había publicado un vídeo sobre una estafa de bonos por parte de Ele.me, propiedad de Alibaba, la mayor empresa de comercio electrónico de China. Millones de personas vieron el vídeo, el cual provocó numerosas críticas del público contra Ele.me. Los informes de los medios de comunicación sobre la detención de Chen fueron bloqueados o eliminados. Los activistas chinos de Internet difundieron una carta abierta escrita por el padre de Chen en la que solicitaba ayuda para sufragar los gastos derivados del procedimiento judicial. Se recaudaron más de 120.000 CNY (18.350 USD).

En abril de 2022, el canal de WeChat de Chen, en el que se había publicado la carta abierta, quedó permanentemente prohibido. El debate en línea sobre el caso de Chen también fue censurado y bloqueado por la policía. Y los abogados y estudiantes que estaban en contacto con la familia de Chen fueron objeto de investigaciones y acoso.

Los trabajadores de NagaWorld Hotel and Casino Complex en Camboya se habían declarado en huelga el 18 de diciembre de 2021 en protesta por el despido improcedente de 365 trabajadores y trabajadoras. Más de 1.000 trabajadores se sumaron a la huelga, que consistió en una serie de sentadas pacíficas frente a las instalaciones de la empresa. El sindicato Labour Rights Supported Union (LRSU) hizo todo lo posible para negociar una solución, pero la dirección se negó a hablar y ni siquiera se presentó a la sesión de mediación convocada por el Ministerio de Trabajo.

El 31 de diciembre de 2021, la policía llevó a cabo una redada en la oficina del LRSU, confiscando documentos, ordenadores y teléfonos móviles. Nueve personas fueron detenidas. El 3 de enero de 2022 se produjeron otras 17 detenciones, seguidas de otras tres el 4 de enero, entre ellas la del presidente del LRSU, Sithar Chhim, que fue arrastrado por la fuerza desde el piquete hasta un coche de la policía.

En febrero de 2022, ocho de los arrestados seguían detenidos, a saber, el presidente del sindicato, Sithar Chhim; el secretario del sindicato Chhim Sokhorn; el asesor del sindicato Sok Narith, y los activistas sindicales Ry Sovandy, Sun Sreypich, Hai Sopheap, Klaing Soben y Touch Sereymeas. A todos ellos les fue denegada la libertad provisional. Ellos manifestaron que no disponían de agua suficiente y que no se les permitía contactar a su familia. Fueron acusados de provocación, lo que conlleva una pena de hasta cinco años de cárcel. En marzo de 2022 quedaron finalmente en libertad bajo fianza.

Rong Chhun, presidente de la Cambodian Confederation of Unions (CCU), fue detenido en su domicilio en julio de 2020 tras afirmar que la delimitación de la frontera entre Camboya y Vietnam había despojado a varios agricultores de sus tierras, por lo que fue acusado de “incitación a cometer un delito grave o provocar malestar social”. El 18 de agosto de 2021, Rong Chhun, presidente de la CCU, fue condenado a dos años de cárcel, la pena máxima por este delito, así como a una multa de 2 millones de KHR (490 USD).

Sar Kanika y Ton Nimol, otros dos compañeros defensores de los derechos laborales, fueron puestos en libertad el 11 de noviembre de 2021 tras estimarse el recurso de apelación. El Tribunal de Apelación de Phnom Penh retiró el resto de las condenas contra ellos, pero permanecieron en libertad condicional y fueron sometidos durante tres años a diversas restricciones relacionadas con la movilidad y otras actividades.

El 6 de agosto de 2021, la Policía Industrial de Bangladesh presentó una causa penal contra Babul Akter, secretario general de la Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation (BGIWF), y 24 líderes sindicales y miembros del sindicato, en relación con los incidentes ocurridos en Crossline Factory (Pvt) Ltd y Crossline Knit Fabrics Ltd. La dirección de la fábrica también presentó una denuncia penal contra sus trabajadores. Estas denuncias penales se presentaron después de que los trabajadores y trabajadoras formaran dos sindicatos en sus respectivas fábricas y presentaran sendas solicitudes de registro en el Departamento de Trabajo en marzo de 2021.

En febrero de 2021, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés) presentó cargos penales por cártel contra el sindicato Construction Forestry Mining and Energy Union (CFMEU) en el Territorio de la Capital Australiana (ACT) y contra el secretario del CFMEU-ACT, Jason O’Mara.

El 17 de agosto de 2021, el fiscal federal desestimó los cargos.

Se trata de la tercera acusación penal reciente que la ACCC presenta contra el CFMEU, recurriendo a la Ley de Consumidores y Competencia para socavar el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva. En 2012 y 2013, la ACCC había alegado que el CFMEU-ACT había tratado de inducir a los instaladores de acero y a los montadores de andamios locales a fijar un precio mínimo para sufragar un aumento salarial. Esto, según la ACCC, equivale a un comportamiento de cártel. Para el CFMEU, la ACCC ha incurrido en una flagrante persecución del líder sindical Jason O'Mara, que pasó por tres años de juicio mediático y de ataques contra su persona.

En la tarde del 24 de febrero de 2022, varios desconocidos vestidos de civil irrumpieron en la oficina del Sindicato Libre de Trabajadores del Metal (SPM) sin presentar ningún documento, y procedieron a registrar el local y a apoderarse de material de oficina y de los teléfonos móviles de los dirigentes y los empleados de la oficina. El vicepresidente del SPM, Aleksandr Evdokimchik, fue arrestado y llevado a paradero desconocido. A primera hora de la mañana, el Comité Ejecutivo del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), la central sindical nacional, afiliada a la CSI, no pudo ponerse en contacto con Igor Komlik, abogado del sindicato. Según se supo más tarde, también fue arrestado por las fuerzas del orden.

En la mañana del 21 de septiembre de 2021, las fuerzas del orden registraron el apartamento de Volha Brytsikava, líder local de la principal organización sindical del Belarusian Independent Trade Union (BITU) en JSC Naftan, le incautaron el ordenador y la detuvieron. Otros dos miembros del BITU, Andrey Berezovsky y Roman Shkodin, fueron arrestados y detenidos durante 7 y 15 días respectivamente.

En Grodno Azot, el vicepresidente del sindicato local del BITU, Valiantsin Tseranevich, y los miembros del BITU Andrei Paheryla, Vladimir Zhurauka, Grigory Ruban, Dmitry Ilyushenko y Aleksey Sidor fueron detenidos por la policía.

En Zhlobin, Aliaksandr Hashnikau, secretario-tesorero de la sección principal del BITU en la Planta Metalúrgica Bielorrusa BMZ, fue arrestado el 17 de septiembre de 2021 y arbitrariamente detenido. Según su esposa, desapareció a mediados de septiembre y fue localizado una semana después.

El presidente del BITU, Maksim Pazniakou, fue detenido el 17 de septiembre, pero más tarde puesto en libertad. Se le impuso una multa de 350 USD por una publicación en las redes sociales en 2020 en la que aparecía un grupo de música bielorruso que las autoridades calificaron posteriormente de extremista.

La mañana del 23 de agosto de 2021, un líder sindical, acompañado de dos delegados sindicales, fue detenido mientras distribuía información sindical a los trabajadores y trabajadoras del complejo turístico Hapimag Resort Albufeira, Portugal. La dirección del hotel llamó a la Guardia Nacional Republicana (GNR) para impedir que el dirigente sindical llevara a cabo sus actividades sindicales en el interior del establecimiento, un derecho recogido en la Constitución de la República Portuguesa, en el Código Laboral y en el convenio colectivo del sector turístico.

El dirigente sindical intentó explicar a los agentes de la GNR que estaban ejerciendo un derecho constitucional, pero los agentes acataron la petición del empleador y detuvieron al líder sindical, llevándolo a la comisaría de Albufeira. El líder fue acusado y citado a comparecer ante el Tribunal de Albufeira.

El Sindicato da Hotelaria do Algarve y el Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria do Algarve apoyaron públicamente al trabajador afectado. Su sindicato, el Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve, recordó que la dirección del Hapimag Resort Albufeira había suspendido recientemente a los delegados sindicales de sus funciones como jefe y subjefe de cocina por el hecho de reclamar mejores condiciones de trabajo.

Las principales quejas de los trabajadores incluían las malas condiciones de trabajo y la violación de las normas de seguridad e higiene, cuestiones que llevaban dos años intentando resolver a través de la negociación.

El 28 de enero de 2022, la Federation of Trade Unions of Kyrgyzstan (FTUKg) tenía previsto celebrar el Consejo de la Federación, donde se debía fijar la fecha del Congreso de Unificación. La mañana del día 28, a las 7:50 a.m., Ryskul Babayeva, vicepresidenta de la FTUKg, fue arbitrariamente detenida por agentes de la policía del distrito de Alamedin por una falsa denuncia. Tras la investigación de la policía, se reveló que la denuncia era difamatoria. Babayeva fue puesta en libertad y pudo asistir al Consejo.

En abril de 2021, los representantes sindicales del Aeropuerto Internacional de Tirana (Albania) intentaron entablar negociaciones con la dirección con objeto de abordar los riesgos para la salud relacionados con el agotamiento físico y mental de los trabajadores en el contexto de la pandemia de COVID-19. En lugar de entablar diálogo con los sindicatos, la dirección procedió a recortar unilateralmente los salarios de los trabajadores y recurrió al acoso y la intimidación contra los miembros del sindicato y los trabajadores. Ante las crecientes presiones, los trabajadores se declararon incapacitados para trabajar por razones médicas, de conformidad con las normas internacionales del sector de la aviación civil. El Gobierno respondió desplegando las fuerzas del orden, desalojando a los trabajadores de las instalaciones y deteniendo a los dirigentes sindicales durante varios días bajo custodia policial o bajo arresto domiciliario, amenazando con emprender acciones legales contra los dirigentes sindicales y contratando a trabajadores de reemplazo de otros países.

El secretario general de la Confédération Syndicale du Congo (CSC), Fidèle Kiyangi Matangila, responsable asimismo de la Central Workers of Banks and Financial Institutions y presidente de la Intersyndicale nationale de l'administration publique (INAP), fue detenido por las fuerzas de seguridad en el edificio de la Administración Pública. Su detención se produjo tras una acción de protesta organizada por los miembros del sindicato a raíz de que el empleador de servicios financieros no pagara durante cuatro meses los salarios y las primas.

El 11 de marzo de 2022, Haleh Safarzadeh y Alireza Saghafi, miembros del Centro para los Derechos de los Trabajadores en Irán, fueron detenidos junto con otros 17 estudiantes y activistas sindicales durante una reunión privada que se estaba celebrando en el lugar de trabajo de Saghafi. Ingresaron en la prisión de Kachuei, en Karaj. Los activistas fueron puestos en libertad más tarde, pero Haleh Safarzadeh y Alireza Saghafi permanecieron detenidos en una de las cárceles más severas del país por delitos graves.

Ambos líderes sindicales ya habían sido detenidos el 26 de abril de 2019, junto con otros defensores de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, durante una reunión pacífica en un parque público. El 24 de agosto de 2019 fueron juzgados por el Tribunal Revolucionario de Karaj por una acusación falsa de “propaganda contra el sistema” y condenados a un año de cárcel.

Farzaneh Zilabi, abogada defensora de los trabajadores y trabajadoras de la caña de azúcar de Haft Tappeh en Irán, fue condenada el 13 de septiembre de 2021 por el Tribunal Revolucionario de Ahvaz a un año de cárcel por llevar a cabo “actividades de propaganda contra el Estado”. Además de la pena de cárcel, Zilabi fue condenada a dos años de inhabilitación para salir del país. El 16 de mayo de 2021 se le impuso también una inhabilitación de seis meses para ejercer la abogacía.

Tras la privatización del complejo agroindustrial de la caña de azúcar Haft Tappeh Sugarcane Agro-Industrial Complex en 2016, los trabajadores y el sindicato han organizado una serie de huelgas, la última de ellas en agosto de 2021, contra el reiterado impago de salarios a los empleados y la presunta corrupción de los antiguos propietarios.

Abdel-Wahab Radwan, vicepresidente del Syndicate Committee of Public Transport Authority Employees de Egipto, fue detenido en mayo de 2021 debido a sus actividades sindicales. En 2022 permanecía en prisión preventiva a la espera de la vista de su caso. Fue acusado de “pertenencia a un grupo terrorista y uso indebido de las redes sociales”.

Fellah Hamoudi, miembro del Buró Ejecutivo del Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) y de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) y presidente de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme (LADDH), fue detenido el 19 de febrero de 2022 en el valiato de Tlemcen. Fellah Hamoudi se había visto continuamente acosado durante los últimos meses a raíz de unas declaraciones realizadas en el canal de televisión “Al Magharibia”. El fiscal consideró que los comentarios de Hamoudi sobre el número de presos de conciencia que hay en Argelia eran ofensivos para el Ministerio del Interior y “falsos o malintencionados”. Hamoudi también fue acusado de dirigir una asociación “no acreditada” en relación con su cargo en la LADDH. El 12 de enero de 2022 la policía registró su domicilio, confiscándole el ordenador portátil y el teléfono personal. El 20 de febrero de 2022 fue condenado culpable por el Tribunal de Tlemcen y condenado a una multa de 100.000 DZD y a tres años de cárcel.

En la madrugada del 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo un operativo policial simultáneo en diversos municipios del departamento de Arauca, Colombia. Varios líderes sindicales de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA), filial de FENSUAGRO, fueron detenidos sin motivo: Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la ACA; John Alexander Romero, vicepresidente y secretario de Derechos Humanos de la ACA; Camilo Espinel, secretario de Educación de la ACA y concejal del municipio de Saravena; Fredy Camargo, concejal de Fortul y coordinador del Comité Técnico de la ACA; Ruth Pita, concejala de Fortul y asociada de la ACA; Helbert Alonso Ramírez Castro, asociado de la ACA y contable; y Samuel Acosta, asociado de la ACA y miembro del Comité de Tame Veredal.

El 8 de julio de 2021 la policía detuvo a 31 personas, entre ellas el secretario general del sindicato Ceylon Teachers Union (CTU), por participar en una protesta celebrada cerca del Parlamento de Sri Lanka contra el proyecto de ley de la Universidad Nacional de Defensa. Dicho proyecto, presentado en 2018 durante el anterior Gobierno, ha sido ampliamente denunciado como una medida destinada a frenar la libertad de pensamiento y expresión en las universidades. Los trabajadores arrestados permanecieron retenidos durante varios días hasta que, gracias a una campaña organizada para reclamar su libertad, respaldada por sindicatos mundiales, fueron finalmente puestos en libertad.

El 21 de octubre de 2021, las fuerzas especiales de Comandos de Carabineros de Chile, reprimieron brutalmente con porras, cañones de agua y gas pimienta a los dirigentes de las 16 organizaciones sindicales que conforman la Mesa del Sector Público (MSP). Los líderes sindicales, entre los que se encontraba José Pérez Debelli, presidente de la Asamblea Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), fueron detenidos en respuesta a la presión ejercida por las organizaciones sindicales sobre el Gobierno, y puestos en libertad unas horas más tarde. Los representantes de la MSP estaban entregando al Gobierno una lista de demandas sobre el ajuste salarial y la mejora de las condiciones de trabajo. Esta entrega formal es una práctica anual que pone en marcha el proceso de negociación sectorial de la MSP, agrupación que representa a cerca de 500.000 trabajadores y trabajadoras del sector público.

El 11 de octubre de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la confección de Denim Clothing Company, proveedor de marcas de moda internacionales en Karachi, Pakistán, se concentraron frente a la sede de la empresa para protestar por las condiciones de trabajo inhumanas en la fábrica, la intimidación sistemática, la falta de seguridad social, los despidos arbitrarios desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 y la negativa a pagar el salario mínimo.

Dos furgonetas se presentaron en el lugar de los hechos y tres hombres vestidos de paisano empezaron a apalear despiadadamente a los trabajadores, varios de los cuales sufrieron heridas graves, como una luxación de codo. La policía obligó a los trabajadores que protestaban a subir a las furgonetas y los retuvo en comisaría durante seis horas, donde los siguió apaleando. Fueron puestos en libertad tras ser obligados a firmar un documento en el que declaraban que no volverían a protestar contra la empresa.

El 15 de abril de 2021, cerca de 40 militares fueron desplegados para detener a la directora del Solidarity Trade Union of Myanmar (STUM), Daw Myo Aye, acusada en virtud del artículo 505A del Código Penal de participar en el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), liderar protestas y animar a civiles y funcionarios a unirse al MDC. Se enfrentaba a una pena de hasta tres años de cárcel. Daw Myo Aye no obtuvo la libertad bajo fianza y permaneció detenida, disponiendo de un acceso limitado a las instalaciones médicas pese a sufrir graves problemas de salud.

Anteriormente, en 2021, se habían dictado y ejecutado órdenes de detención contra otros 34 destacados dirigentes sindicales. La mayoría de ellos fueron procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel.

El presidente de la Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), Yang Kyeung-soo, fue detenido el 2 de septiembre de 2021 en una redada realizada antes del amanecer en su oficina de Seúl. Cientos de policías rodearon el edificio mientras los agentes forzaban la puerta.

La KCTU había organizado el 3 de julio una concentración en el centro de Seúl, exigiendo al Gobierno que se ocupara de la desigualdad exacerbada por la pandemia. El Gobierno no autorizó la concentración, alegando preocupaciones ante la posibilidad de contagios masivos. Posteriormente emitió una orden de arresto contra Yang por supuesta violación de las disposiciones de la Ley penal contra la obstrucción general del tráfico, la Ley de reuniones y manifestaciones y la Ley de control y prevención de enfermedades infecciosas. Las acusaciones fueron rebatidas por la KCTU: cerca de 8.000 miembros del sindicato asistieron a la manifestación respectando rigurosamente las directrices del Gobierno en materia de distanciamiento social, y, tras el acto, solo tres asistentes dieron positivo en la prueba de COVID-19, con escasa evidencia de que su contagio estuviese relacionado con la concentración.

Su detención parecía más bien encaminada a interrumpir los preparativos de la KCTU para convocar a sus 1,1 millones de miembros a una huelga nacional el 20 de octubre, con el objetivo de exigir mejoras en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Yang es el 13º presidente consecutivo del KTCU que es encarcelado desde que la federación dejó de estar prohibida en 1997.

Sesenta y siete trabajadores y activistas fueron detenidos por la policía de Tamil Nadu durante una protesta llevada a cabo el 18 de diciembre de 2021 por trabajadores de la industria electrónica. Permanecieron detenidos durante más de 24 horas. Veintidós activistas, entre ellos dirigentes del Indian Centre of Indian Trade Unions (CITU), fueron detenidos por prestar apoyo a los trabajadores y trabajadoras. Los dirigentes del CITU fueron puestos en libertad bajo fianza el 23 de diciembre.

Cerca de 3.000 trabajadoras empleadas por Bharat FIH, filial de FIH Mobile and Foxconn Technology Group, fabricante de teléfonos móviles, iniciaron una protesta el 17 de diciembre. El desencadenante fue un incidente ocurrido dos días antes, en el que 159 trabajadoras enfermaron por una intoxicación alimentaria en su albergue. Las trabajadoras, todas ellas contratadas a través de agencias, llevaban tiempo quejándose del hacinamiento y la mala alimentación.

Lee Cheuk Yan, secretario general de la Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), junto con otras siete personas, fue condenado el 12 de diciembre de 2021 a 14 meses de cárcel por “incitar, organizar y participar” en una vigilia con velas el 4 de junio de 2020. El evento anual, en memoria de la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989, fue organizado por la actualmente disuelta Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, de la que Lee Cheuk-yan era presidente. La sentencia se ejecutará simultáneamente con la condena de 20 meses de prisión que Lee Cheuk-yan ya estaba cumpliendo por organizar y participar en manifestaciones prodemocráticas en 2019.

En Hong Kong, cinco miembros del General Union of Hong Kong Speech Therapists (GUHKST), entre ellos el presidente y el vicepresidente del sindicato, Li Wenling y Yang Yiyi, fueron detenidos el 22 de julio de 2021. La policía incautó sus teléfonos móviles, ordenadores y folletos del sindicato, y congeló la cuenta bancaria y los activos del mismo. Según la policía, habían “conspirado para publicar, distribuir, exhibir o copiar publicaciones sediciosas”. Tanto Li como Yang fueron procesados y puestos en prisión preventiva, y se les denegó la libertad bajo fianza. A los otros tres miembros se les concedió la libertad bajo fianza. En la vista del 30 de agosto el juez decretó la prisión preventiva para los cinco sindicalistas, a la espera de su próxima vista, que tendría lugar el 24 de octubre de 2021.

Las publicaciones “sediciosas” eran tres libros electrónicos ilustrados para niños con problemas de habla, publicados por el sindicato en 2020, en los cuales se mencionaban los movimientos prodemocráticos de Hong Kong de 2019 y 2020. La sedición es un delito contemplado en una ley de la época colonial y conlleva hasta dos años de cárcel. Desde las protestas por la democracia, la policía y los fiscales han comenzado a utilizar regularmente la ley de sedición, junto con la Ley de Seguridad Nacional, para reprimir las expresiones y opiniones políticas.

En 2018, la empresa china Jasic Technology despidió a una serie de trabajadores y trabajadoras que habían intentado organizar su propio sindicato, y más de 40 trabajadores fueron detenidos y acusados de “reunir una multitud para perturbar el orden social”. Desde entonces, muchos activistas y defensores de los trabajadores han sido procesados y encarcelados por cargos espurios, y el paradero exacto de otros trabajadores de la fábrica de Jasic que estuvieron implicados en protestas sigue siendo desconocido. Las autoridades han recurrido a la persecución penal, el acoso y la vigilancia para infundir miedo e impedir que los afectados y sus familias hablen. Tras su enjuiciamiento y condena hace dos años, los siguientes activistas han permanecido ilocalizables y en paradero desconocido, y no se ha podido acceder a más información sobre su juicio: Fu Changguo, miembro del personal del Centro de Trabajadores de Dagongzhe, y los activistas laborales Zheng Shiyou y Liang Xiaogang.

Muchos otros han sido procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel, mientras el Gobierno ha seguido presionando e intimidando duramente a los activistas y sus familias.

El 25 de febrero de 2022, “Mengzhu”, un conocido activista chino dedicado al reparto de comida a domicilio, fue detenido por la policía de Beijing durante una redada en su apartamento. Mengzhu, cuyo nombre real es Chen Guojiang, fue acusado de “buscar pelea y causar problemas”, un concepto genérico utilizada a menudo contra los activistas en China. Chen era líder de la Alianza de Repartidores, que él mismo fundó en 2019. Logrando llegar a cerca de 15.000 repartidores a través de las redes sociales, la alianza se convirtió en una organización parecida a un sindicato de repartidores de comida en Beijing y tenía conexiones con repartidores de otras ciudades.

Poco antes de su detención, Chen había publicado un vídeo sobre una estafa de bonos por parte de Ele.me, propiedad de Alibaba, la mayor empresa de comercio electrónico de China. Millones de personas vieron el vídeo, el cual provocó numerosas críticas del público contra Ele.me. Los informes de los medios de comunicación sobre la detención de Chen fueron bloqueados o eliminados. Los activistas chinos de Internet difundieron una carta abierta escrita por el padre de Chen en la que solicitaba ayuda para sufragar los gastos derivados del procedimiento judicial. Se recaudaron más de 120.000 CNY (18.350 USD).

En abril de 2022, el canal de WeChat de Chen, en el que se había publicado la carta abierta, quedó permanentemente prohibido. El debate en línea sobre el caso de Chen también fue censurado y bloqueado por la policía. Y los abogados y estudiantes que estaban en contacto con la familia de Chen fueron objeto de investigaciones y acoso.

Los trabajadores de NagaWorld Hotel and Casino Complex en Camboya se habían declarado en huelga el 18 de diciembre de 2021 en protesta por el despido improcedente de 365 trabajadores y trabajadoras. Más de 1.000 trabajadores se sumaron a la huelga, que consistió en una serie de sentadas pacíficas frente a las instalaciones de la empresa. El sindicato Labour Rights Supported Union (LRSU) hizo todo lo posible para negociar una solución, pero la dirección se negó a hablar y ni siquiera se presentó a la sesión de mediación convocada por el Ministerio de Trabajo.

El 31 de diciembre de 2021, la policía llevó a cabo una redada en la oficina del LRSU, confiscando documentos, ordenadores y teléfonos móviles. Nueve personas fueron detenidas. El 3 de enero de 2022 se produjeron otras 17 detenciones, seguidas de otras tres el 4 de enero, entre ellas la del presidente del LRSU, Sithar Chhim, que fue arrastrado por la fuerza desde el piquete hasta un coche de la policía.

En febrero de 2022, ocho de los arrestados seguían detenidos, a saber, el presidente del sindicato, Sithar Chhim; el secretario del sindicato Chhim Sokhorn; el asesor del sindicato Sok Narith, y los activistas sindicales Ry Sovandy, Sun Sreypich, Hai Sopheap, Klaing Soben y Touch Sereymeas. A todos ellos les fue denegada la libertad provisional. Ellos manifestaron que no disponían de agua suficiente y que no se les permitía contactar a su familia. Fueron acusados de provocación, lo que conlleva una pena de hasta cinco años de cárcel. En marzo de 2022 quedaron finalmente en libertad bajo fianza.

Rong Chhun, presidente de la Cambodian Confederation of Unions (CCU), fue detenido en su domicilio en julio de 2020 tras afirmar que la delimitación de la frontera entre Camboya y Vietnam había despojado a varios agricultores de sus tierras, por lo que fue acusado de “incitación a cometer un delito grave o provocar malestar social”. El 18 de agosto de 2021, Rong Chhun, presidente de la CCU, fue condenado a dos años de cárcel, la pena máxima por este delito, así como a una multa de 2 millones de KHR (490 USD).

Sar Kanika y Ton Nimol, otros dos compañeros defensores de los derechos laborales, fueron puestos en libertad el 11 de noviembre de 2021 tras estimarse el recurso de apelación. El Tribunal de Apelación de Phnom Penh retiró el resto de las condenas contra ellos, pero permanecieron en libertad condicional y fueron sometidos durante tres años a diversas restricciones relacionadas con la movilidad y otras actividades.

El 6 de agosto de 2021, la Policía Industrial de Bangladesh presentó una causa penal contra Babul Akter, secretario general de la Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation (BGIWF), y 24 líderes sindicales y miembros del sindicato, en relación con los incidentes ocurridos en Crossline Factory (Pvt) Ltd y Crossline Knit Fabrics Ltd. La dirección de la fábrica también presentó una denuncia penal contra sus trabajadores. Estas denuncias penales se presentaron después de que los trabajadores y trabajadoras formaran dos sindicatos en sus respectivas fábricas y presentaran sendas solicitudes de registro en el Departamento de Trabajo en marzo de 2021.

En febrero de 2021, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés) presentó cargos penales por cártel contra el sindicato Construction Forestry Mining and Energy Union (CFMEU) en el Territorio de la Capital Australiana (ACT) y contra el secretario del CFMEU-ACT, Jason O’Mara.

El 17 de agosto de 2021, el fiscal federal desestimó los cargos.

Se trata de la tercera acusación penal reciente que la ACCC presenta contra el CFMEU, recurriendo a la Ley de Consumidores y Competencia para socavar el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva. En 2012 y 2013, la ACCC había alegado que el CFMEU-ACT había tratado de inducir a los instaladores de acero y a los montadores de andamios locales a fijar un precio mínimo para sufragar un aumento salarial. Esto, según la ACCC, equivale a un comportamiento de cártel. Para el CFMEU, la ACCC ha incurrido en una flagrante persecución del líder sindical Jason O'Mara, que pasó por tres años de juicio mediático y de ataques contra su persona.

En la tarde del 24 de febrero de 2022, varios desconocidos vestidos de civil irrumpieron en la oficina del Sindicato Libre de Trabajadores del Metal (SPM) sin presentar ningún documento, y procedieron a registrar el local y a apoderarse de material de oficina y de los teléfonos móviles de los dirigentes y los empleados de la oficina. El vicepresidente del SPM, Aleksandr Evdokimchik, fue arrestado y llevado a paradero desconocido. A primera hora de la mañana, el Comité Ejecutivo del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), la central sindical nacional, afiliada a la CSI, no pudo ponerse en contacto con Igor Komlik, abogado del sindicato. Según se supo más tarde, también fue arrestado por las fuerzas del orden.

En la mañana del 21 de septiembre de 2021, las fuerzas del orden registraron el apartamento de Volha Brytsikava, líder local de la principal organización sindical del Belarusian Independent Trade Union (BITU) en JSC Naftan, le incautaron el ordenador y la detuvieron. Otros dos miembros del BITU, Andrey Berezovsky y Roman Shkodin, fueron arrestados y detenidos durante 7 y 15 días respectivamente.

En Grodno Azot, el vicepresidente del sindicato local del BITU, Valiantsin Tseranevich, y los miembros del BITU Andrei Paheryla, Vladimir Zhurauka, Grigory Ruban, Dmitry Ilyushenko y Aleksey Sidor fueron detenidos por la policía.

En Zhlobin, Aliaksandr Hashnikau, secretario-tesorero de la sección principal del BITU en la Planta Metalúrgica Bielorrusa BMZ, fue arrestado el 17 de septiembre de 2021 y arbitrariamente detenido. Según su esposa, desapareció a mediados de septiembre y fue localizado una semana después.

El presidente del BITU, Maksim Pazniakou, fue detenido el 17 de septiembre, pero más tarde puesto en libertad. Se le impuso una multa de 350 USD por una publicación en las redes sociales en 2020 en la que aparecía un grupo de música bielorruso que las autoridades calificaron posteriormente de extremista.

La mañana del 23 de agosto de 2021, un líder sindical, acompañado de dos delegados sindicales, fue detenido mientras distribuía información sindical a los trabajadores y trabajadoras del complejo turístico Hapimag Resort Albufeira, Portugal. La dirección del hotel llamó a la Guardia Nacional Republicana (GNR) para impedir que el dirigente sindical llevara a cabo sus actividades sindicales en el interior del establecimiento, un derecho recogido en la Constitución de la República Portuguesa, en el Código Laboral y en el convenio colectivo del sector turístico.

El dirigente sindical intentó explicar a los agentes de la GNR que estaban ejerciendo un derecho constitucional, pero los agentes acataron la petición del empleador y detuvieron al líder sindical, llevándolo a la comisaría de Albufeira. El líder fue acusado y citado a comparecer ante el Tribunal de Albufeira.

El Sindicato da Hotelaria do Algarve y el Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria do Algarve apoyaron públicamente al trabajador afectado. Su sindicato, el Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve, recordó que la dirección del Hapimag Resort Albufeira había suspendido recientemente a los delegados sindicales de sus funciones como jefe y subjefe de cocina por el hecho de reclamar mejores condiciones de trabajo.

Las principales quejas de los trabajadores incluían las malas condiciones de trabajo y la violación de las normas de seguridad e higiene, cuestiones que llevaban dos años intentando resolver a través de la negociación.

El 28 de enero de 2022, la Federation of Trade Unions of Kyrgyzstan (FTUKg) tenía previsto celebrar el Consejo de la Federación, donde se debía fijar la fecha del Congreso de Unificación. La mañana del día 28, a las 7:50 a.m., Ryskul Babayeva, vicepresidenta de la FTUKg, fue arbitrariamente detenida por agentes de la policía del distrito de Alamedin por una falsa denuncia. Tras la investigación de la policía, se reveló que la denuncia era difamatoria. Babayeva fue puesta en libertad y pudo asistir al Consejo.

En abril de 2021, los representantes sindicales del Aeropuerto Internacional de Tirana (Albania) intentaron entablar negociaciones con la dirección con objeto de abordar los riesgos para la salud relacionados con el agotamiento físico y mental de los trabajadores en el contexto de la pandemia de COVID-19. En lugar de entablar diálogo con los sindicatos, la dirección procedió a recortar unilateralmente los salarios de los trabajadores y recurrió al acoso y la intimidación contra los miembros del sindicato y los trabajadores. Ante las crecientes presiones, los trabajadores se declararon incapacitados para trabajar por razones médicas, de conformidad con las normas internacionales del sector de la aviación civil. El Gobierno respondió desplegando las fuerzas del orden, desalojando a los trabajadores de las instalaciones y deteniendo a los dirigentes sindicales durante varios días bajo custodia policial o bajo arresto domiciliario, amenazando con emprender acciones legales contra los dirigentes sindicales y contratando a trabajadores de reemplazo de otros países.

El secretario general de la Confédération Syndicale du Congo (CSC), Fidèle Kiyangi Matangila, responsable asimismo de la Central Workers of Banks and Financial Institutions y presidente de la Intersyndicale nationale de l'administration publique (INAP), fue detenido por las fuerzas de seguridad en el edificio de la Administración Pública. Su detención se produjo tras una acción de protesta organizada por los miembros del sindicato a raíz de que el empleador de servicios financieros no pagara durante cuatro meses los salarios y las primas.

El 11 de marzo de 2022, Haleh Safarzadeh y Alireza Saghafi, miembros del Centro para los Derechos de los Trabajadores en Irán, fueron detenidos junto con otros 17 estudiantes y activistas sindicales durante una reunión privada que se estaba celebrando en el lugar de trabajo de Saghafi. Ingresaron en la prisión de Kachuei, en Karaj. Los activistas fueron puestos en libertad más tarde, pero Haleh Safarzadeh y Alireza Saghafi permanecieron detenidos en una de las cárceles más severas del país por delitos graves.

Ambos líderes sindicales ya habían sido detenidos el 26 de abril de 2019, junto con otros defensores de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, durante una reunión pacífica en un parque público. El 24 de agosto de 2019 fueron juzgados por el Tribunal Revolucionario de Karaj por una acusación falsa de “propaganda contra el sistema” y condenados a un año de cárcel.

Farzaneh Zilabi, abogada defensora de los trabajadores y trabajadoras de la caña de azúcar de Haft Tappeh en Irán, fue condenada el 13 de septiembre de 2021 por el Tribunal Revolucionario de Ahvaz a un año de cárcel por llevar a cabo “actividades de propaganda contra el Estado”. Además de la pena de cárcel, Zilabi fue condenada a dos años de inhabilitación para salir del país. El 16 de mayo de 2021 se le impuso también una inhabilitación de seis meses para ejercer la abogacía.

Tras la privatización del complejo agroindustrial de la caña de azúcar Haft Tappeh Sugarcane Agro-Industrial Complex en 2016, los trabajadores y el sindicato han organizado una serie de huelgas, la última de ellas en agosto de 2021, contra el reiterado impago de salarios a los empleados y la presunta corrupción de los antiguos propietarios.

Abdel-Wahab Radwan, vicepresidente del Syndicate Committee of Public Transport Authority Employees de Egipto, fue detenido en mayo de 2021 debido a sus actividades sindicales. En 2022 permanecía en prisión preventiva a la espera de la vista de su caso. Fue acusado de “pertenencia a un grupo terrorista y uso indebido de las redes sociales”.

Fellah Hamoudi, miembro del Buró Ejecutivo del Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) y de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) y presidente de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme (LADDH), fue detenido el 19 de febrero de 2022 en el valiato de Tlemcen. Fellah Hamoudi se había visto continuamente acosado durante los últimos meses a raíz de unas declaraciones realizadas en el canal de televisión “Al Magharibia”. El fiscal consideró que los comentarios de Hamoudi sobre el número de presos de conciencia que hay en Argelia eran ofensivos para el Ministerio del Interior y “falsos o malintencionados”. Hamoudi también fue acusado de dirigir una asociación “no acreditada” en relación con su cargo en la LADDH. El 12 de enero de 2022 la policía registró su domicilio, confiscándole el ordenador portátil y el teléfono personal. El 20 de febrero de 2022 fue condenado culpable por el Tribunal de Tlemcen y condenado a una multa de 100.000 DZD y a tres años de cárcel.

En la madrugada del 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo un operativo policial simultáneo en diversos municipios del departamento de Arauca, Colombia. Varios líderes sindicales de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA), filial de FENSUAGRO, fueron detenidos sin motivo: Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la ACA; John Alexander Romero, vicepresidente y secretario de Derechos Humanos de la ACA; Camilo Espinel, secretario de Educación de la ACA y concejal del municipio de Saravena; Fredy Camargo, concejal de Fortul y coordinador del Comité Técnico de la ACA; Ruth Pita, concejala de Fortul y asociada de la ACA; Helbert Alonso Ramírez Castro, asociado de la ACA y contable; y Samuel Acosta, asociado de la ACA y miembro del Comité de Tame Veredal.

El 8 de julio de 2021 la policía detuvo a 31 personas, entre ellas el secretario general del sindicato Ceylon Teachers Union (CTU), por participar en una protesta celebrada cerca del Parlamento de Sri Lanka contra el proyecto de ley de la Universidad Nacional de Defensa. Dicho proyecto, presentado en 2018 durante el anterior Gobierno, ha sido ampliamente denunciado como una medida destinada a frenar la libertad de pensamiento y expresión en las universidades. Los trabajadores arrestados permanecieron retenidos durante varios días hasta que, gracias a una campaña organizada para reclamar su libertad, respaldada por sindicatos mundiales, fueron finalmente puestos en libertad.

El 21 de octubre de 2021, las fuerzas especiales de Comandos de Carabineros de Chile, reprimieron brutalmente con porras, cañones de agua y gas pimienta a los dirigentes de las 16 organizaciones sindicales que conforman la Mesa del Sector Público (MSP). Los líderes sindicales, entre los que se encontraba José Pérez Debelli, presidente de la Asamblea Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), fueron detenidos en respuesta a la presión ejercida por las organizaciones sindicales sobre el Gobierno, y puestos en libertad unas horas más tarde. Los representantes de la MSP estaban entregando al Gobierno una lista de demandas sobre el ajuste salarial y la mejora de las condiciones de trabajo. Esta entrega formal es una práctica anual que pone en marcha el proceso de negociación sectorial de la MSP, agrupación que representa a cerca de 500.000 trabajadores y trabajadoras del sector público.

El 11 de octubre de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la confección de Denim Clothing Company, proveedor de marcas de moda internacionales en Karachi, Pakistán, se concentraron frente a la sede de la empresa para protestar por las condiciones de trabajo inhumanas en la fábrica, la intimidación sistemática, la falta de seguridad social, los despidos arbitrarios desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 y la negativa a pagar el salario mínimo.

Dos furgonetas se presentaron en el lugar de los hechos y tres hombres vestidos de paisano empezaron a apalear despiadadamente a los trabajadores, varios de los cuales sufrieron heridas graves, como una luxación de codo. La policía obligó a los trabajadores que protestaban a subir a las furgonetas y los retuvo en comisaría durante seis horas, donde los siguió apaleando. Fueron puestos en libertad tras ser obligados a firmar un documento en el que declaraban que no volverían a protestar contra la empresa.

El 15 de abril de 2021, cerca de 40 militares fueron desplegados para detener a la directora del Solidarity Trade Union of Myanmar (STUM), Daw Myo Aye, acusada en virtud del artículo 505A del Código Penal de participar en el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), liderar protestas y animar a civiles y funcionarios a unirse al MDC. Se enfrentaba a una pena de hasta tres años de cárcel. Daw Myo Aye no obtuvo la libertad bajo fianza y permaneció detenida, disponiendo de un acceso limitado a las instalaciones médicas pese a sufrir graves problemas de salud.

Anteriormente, en 2021, se habían dictado y ejecutado órdenes de detención contra otros 34 destacados dirigentes sindicales. La mayoría de ellos fueron procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel.

El presidente de la Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), Yang Kyeung-soo, fue detenido el 2 de septiembre de 2021 en una redada realizada antes del amanecer en su oficina de Seúl. Cientos de policías rodearon el edificio mientras los agentes forzaban la puerta.

La KCTU había organizado el 3 de julio una concentración en el centro de Seúl, exigiendo al Gobierno que se ocupara de la desigualdad exacerbada por la pandemia. El Gobierno no autorizó la concentración, alegando preocupaciones ante la posibilidad de contagios masivos. Posteriormente emitió una orden de arresto contra Yang por supuesta violación de las disposiciones de la Ley penal contra la obstrucción general del tráfico, la Ley de reuniones y manifestaciones y la Ley de control y prevención de enfermedades infecciosas. Las acusaciones fueron rebatidas por la KCTU: cerca de 8.000 miembros del sindicato asistieron a la manifestación respectando rigurosamente las directrices del Gobierno en materia de distanciamiento social, y, tras el acto, solo tres asistentes dieron positivo en la prueba de COVID-19, con escasa evidencia de que su contagio estuviese relacionado con la concentración.

Su detención parecía más bien encaminada a interrumpir los preparativos de la KCTU para convocar a sus 1,1 millones de miembros a una huelga nacional el 20 de octubre, con el objetivo de exigir mejoras en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Yang es el 13º presidente consecutivo del KTCU que es encarcelado desde que la federación dejó de estar prohibida en 1997.

Sesenta y siete trabajadores y activistas fueron detenidos por la policía de Tamil Nadu durante una protesta llevada a cabo el 18 de diciembre de 2021 por trabajadores de la industria electrónica. Permanecieron detenidos durante más de 24 horas. Veintidós activistas, entre ellos dirigentes del Indian Centre of Indian Trade Unions (CITU), fueron detenidos por prestar apoyo a los trabajadores y trabajadoras. Los dirigentes del CITU fueron puestos en libertad bajo fianza el 23 de diciembre.

Cerca de 3.000 trabajadoras empleadas por Bharat FIH, filial de FIH Mobile and Foxconn Technology Group, fabricante de teléfonos móviles, iniciaron una protesta el 17 de diciembre. El desencadenante fue un incidente ocurrido dos días antes, en el que 159 trabajadoras enfermaron por una intoxicación alimentaria en su albergue. Las trabajadoras, todas ellas contratadas a través de agencias, llevaban tiempo quejándose del hacinamiento y la mala alimentación.

Lee Cheuk Yan, secretario general de la Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), junto con otras siete personas, fue condenado el 12 de diciembre de 2021 a 14 meses de cárcel por “incitar, organizar y participar” en una vigilia con velas el 4 de junio de 2020. El evento anual, en memoria de la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989, fue organizado por la actualmente disuelta Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, de la que Lee Cheuk-yan era presidente. La sentencia se ejecutará simultáneamente con la condena de 20 meses de prisión que Lee Cheuk-yan ya estaba cumpliendo por organizar y participar en manifestaciones prodemocráticas en 2019.

En Hong Kong, cinco miembros del General Union of Hong Kong Speech Therapists (GUHKST), entre ellos el presidente y el vicepresidente del sindicato, Li Wenling y Yang Yiyi, fueron detenidos el 22 de julio de 2021. La policía incautó sus teléfonos móviles, ordenadores y folletos del sindicato, y congeló la cuenta bancaria y los activos del mismo. Según la policía, habían “conspirado para publicar, distribuir, exhibir o copiar publicaciones sediciosas”. Tanto Li como Yang fueron procesados y puestos en prisión preventiva, y se les denegó la libertad bajo fianza. A los otros tres miembros se les concedió la libertad bajo fianza. En la vista del 30 de agosto el juez decretó la prisión preventiva para los cinco sindicalistas, a la espera de su próxima vista, que tendría lugar el 24 de octubre de 2021.

Las publicaciones “sediciosas” eran tres libros electrónicos ilustrados para niños con problemas de habla, publicados por el sindicato en 2020, en los cuales se mencionaban los movimientos prodemocráticos de Hong Kong de 2019 y 2020. La sedición es un delito contemplado en una ley de la época colonial y conlleva hasta dos años de cárcel. Desde las protestas por la democracia, la policía y los fiscales han comenzado a utilizar regularmente la ley de sedición, junto con la Ley de Seguridad Nacional, para reprimir las expresiones y opiniones políticas.

En 2018, la empresa china Jasic Technology despidió a una serie de trabajadores y trabajadoras que habían intentado organizar su propio sindicato, y más de 40 trabajadores fueron detenidos y acusados de “reunir una multitud para perturbar el orden social”. Desde entonces, muchos activistas y defensores de los trabajadores han sido procesados y encarcelados por cargos espurios, y el paradero exacto de otros trabajadores de la fábrica de Jasic que estuvieron implicados en protestas sigue siendo desconocido. Las autoridades han recurrido a la persecución penal, el acoso y la vigilancia para infundir miedo e impedir que los afectados y sus familias hablen. Tras su enjuiciamiento y condena hace dos años, los siguientes activistas han permanecido ilocalizables y en paradero desconocido, y no se ha podido acceder a más información sobre su juicio: Fu Changguo, miembro del personal del Centro de Trabajadores de Dagongzhe, y los activistas laborales Zheng Shiyou y Liang Xiaogang.

Muchos otros han sido procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel, mientras el Gobierno ha seguido presionando e intimidando duramente a los activistas y sus familias.

El 25 de febrero de 2022, “Mengzhu”, un conocido activista chino dedicado al reparto de comida a domicilio, fue detenido por la policía de Beijing durante una redada en su apartamento. Mengzhu, cuyo nombre real es Chen Guojiang, fue acusado de “buscar pelea y causar problemas”, un concepto genérico utilizada a menudo contra los activistas en China. Chen era líder de la Alianza de Repartidores, que él mismo fundó en 2019. Logrando llegar a cerca de 15.000 repartidores a través de las redes sociales, la alianza se convirtió en una organización parecida a un sindicato de repartidores de comida en Beijing y tenía conexiones con repartidores de otras ciudades.

Poco antes de su detención, Chen había publicado un vídeo sobre una estafa de bonos por parte de Ele.me, propiedad de Alibaba, la mayor empresa de comercio electrónico de China. Millones de personas vieron el vídeo, el cual provocó numerosas críticas del público contra Ele.me. Los informes de los medios de comunicación sobre la detención de Chen fueron bloqueados o eliminados. Los activistas chinos de Internet difundieron una carta abierta escrita por el padre de Chen en la que solicitaba ayuda para sufragar los gastos derivados del procedimiento judicial. Se recaudaron más de 120.000 CNY (18.350 USD).

En abril de 2022, el canal de WeChat de Chen, en el que se había publicado la carta abierta, quedó permanentemente prohibido. El debate en línea sobre el caso de Chen también fue censurado y bloqueado por la policía. Y los abogados y estudiantes que estaban en contacto con la familia de Chen fueron objeto de investigaciones y acoso.

Los trabajadores de NagaWorld Hotel and Casino Complex en Camboya se habían declarado en huelga el 18 de diciembre de 2021 en protesta por el despido improcedente de 365 trabajadores y trabajadoras. Más de 1.000 trabajadores se sumaron a la huelga, que consistió en una serie de sentadas pacíficas frente a las instalaciones de la empresa. El sindicato Labour Rights Supported Union (LRSU) hizo todo lo posible para negociar una solución, pero la dirección se negó a hablar y ni siquiera se presentó a la sesión de mediación convocada por el Ministerio de Trabajo.

El 31 de diciembre de 2021, la policía llevó a cabo una redada en la oficina del LRSU, confiscando documentos, ordenadores y teléfonos móviles. Nueve personas fueron detenidas. El 3 de enero de 2022 se produjeron otras 17 detenciones, seguidas de otras tres el 4 de enero, entre ellas la del presidente del LRSU, Sithar Chhim, que fue arrastrado por la fuerza desde el piquete hasta un coche de la policía.

En febrero de 2022, ocho de los arrestados seguían detenidos, a saber, el presidente del sindicato, Sithar Chhim; el secretario del sindicato Chhim Sokhorn; el asesor del sindicato Sok Narith, y los activistas sindicales Ry Sovandy, Sun Sreypich, Hai Sopheap, Klaing Soben y Touch Sereymeas. A todos ellos les fue denegada la libertad provisional. Ellos manifestaron que no disponían de agua suficiente y que no se les permitía contactar a su familia. Fueron acusados de provocación, lo que conlleva una pena de hasta cinco años de cárcel. En marzo de 2022 quedaron finalmente en libertad bajo fianza.

Rong Chhun, presidente de la Cambodian Confederation of Unions (CCU), fue detenido en su domicilio en julio de 2020 tras afirmar que la delimitación de la frontera entre Camboya y Vietnam había despojado a varios agricultores de sus tierras, por lo que fue acusado de “incitación a cometer un delito grave o provocar malestar social”. El 18 de agosto de 2021, Rong Chhun, presidente de la CCU, fue condenado a dos años de cárcel, la pena máxima por este delito, así como a una multa de 2 millones de KHR (490 USD).

Sar Kanika y Ton Nimol, otros dos compañeros defensores de los derechos laborales, fueron puestos en libertad el 11 de noviembre de 2021 tras estimarse el recurso de apelación. El Tribunal de Apelación de Phnom Penh retiró el resto de las condenas contra ellos, pero permanecieron en libertad condicional y fueron sometidos durante tres años a diversas restricciones relacionadas con la movilidad y otras actividades.

El 6 de agosto de 2021, la Policía Industrial de Bangladesh presentó una causa penal contra Babul Akter, secretario general de la Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation (BGIWF), y 24 líderes sindicales y miembros del sindicato, en relación con los incidentes ocurridos en Crossline Factory (Pvt) Ltd y Crossline Knit Fabrics Ltd. La dirección de la fábrica también presentó una denuncia penal contra sus trabajadores. Estas denuncias penales se presentaron después de que los trabajadores y trabajadoras formaran dos sindicatos en sus respectivas fábricas y presentaran sendas solicitudes de registro en el Departamento de Trabajo en marzo de 2021.

En febrero de 2021, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés) presentó cargos penales por cártel contra el sindicato Construction Forestry Mining and Energy Union (CFMEU) en el Territorio de la Capital Australiana (ACT) y contra el secretario del CFMEU-ACT, Jason O’Mara.

El 17 de agosto de 2021, el fiscal federal desestimó los cargos.

Se trata de la tercera acusación penal reciente que la ACCC presenta contra el CFMEU, recurriendo a la Ley de Consumidores y Competencia para socavar el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva. En 2012 y 2013, la ACCC había alegado que el CFMEU-ACT había tratado de inducir a los instaladores de acero y a los montadores de andamios locales a fijar un precio mínimo para sufragar un aumento salarial. Esto, según la ACCC, equivale a un comportamiento de cártel. Para el CFMEU, la ACCC ha incurrido en una flagrante persecución del líder sindical Jason O'Mara, que pasó por tres años de juicio mediático y de ataques contra su persona.

En la tarde del 24 de febrero de 2022, varios desconocidos vestidos de civil irrumpieron en la oficina del Sindicato Libre de Trabajadores del Metal (SPM) sin presentar ningún documento, y procedieron a registrar el local y a apoderarse de material de oficina y de los teléfonos móviles de los dirigentes y los empleados de la oficina. El vicepresidente del SPM, Aleksandr Evdokimchik, fue arrestado y llevado a paradero desconocido. A primera hora de la mañana, el Comité Ejecutivo del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), la central sindical nacional, afiliada a la CSI, no pudo ponerse en contacto con Igor Komlik, abogado del sindicato. Según se supo más tarde, también fue arrestado por las fuerzas del orden.

En la mañana del 21 de septiembre de 2021, las fuerzas del orden registraron el apartamento de Volha Brytsikava, líder local de la principal organización sindical del Belarusian Independent Trade Union (BITU) en JSC Naftan, le incautaron el ordenador y la detuvieron. Otros dos miembros del BITU, Andrey Berezovsky y Roman Shkodin, fueron arrestados y detenidos durante 7 y 15 días respectivamente.

En Grodno Azot, el vicepresidente del sindicato local del BITU, Valiantsin Tseranevich, y los miembros del BITU Andrei Paheryla, Vladimir Zhurauka, Grigory Ruban, Dmitry Ilyushenko y Aleksey Sidor fueron detenidos por la policía.

En Zhlobin, Aliaksandr Hashnikau, secretario-tesorero de la sección principal del BITU en la Planta Metalúrgica Bielorrusa BMZ, fue arrestado el 17 de septiembre de 2021 y arbitrariamente detenido. Según su esposa, desapareció a mediados de septiembre y fue localizado una semana después.

El presidente del BITU, Maksim Pazniakou, fue detenido el 17 de septiembre, pero más tarde puesto en libertad. Se le impuso una multa de 350 USD por una publicación en las redes sociales en 2020 en la que aparecía un grupo de música bielorruso que las autoridades calificaron posteriormente de extremista.

La mañana del 23 de agosto de 2021, un líder sindical, acompañado de dos delegados sindicales, fue detenido mientras distribuía información sindical a los trabajadores y trabajadoras del complejo turístico Hapimag Resort Albufeira, Portugal. La dirección del hotel llamó a la Guardia Nacional Republicana (GNR) para impedir que el dirigente sindical llevara a cabo sus actividades sindicales en el interior del establecimiento, un derecho recogido en la Constitución de la República Portuguesa, en el Código Laboral y en el convenio colectivo del sector turístico.

El dirigente sindical intentó explicar a los agentes de la GNR que estaban ejerciendo un derecho constitucional, pero los agentes acataron la petición del empleador y detuvieron al líder sindical, llevándolo a la comisaría de Albufeira. El líder fue acusado y citado a comparecer ante el Tribunal de Albufeira.

El Sindicato da Hotelaria do Algarve y el Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria do Algarve apoyaron públicamente al trabajador afectado. Su sindicato, el Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve, recordó que la dirección del Hapimag Resort Albufeira había suspendido recientemente a los delegados sindicales de sus funciones como jefe y subjefe de cocina por el hecho de reclamar mejores condiciones de trabajo.

Las principales quejas de los trabajadores incluían las malas condiciones de trabajo y la violación de las normas de seguridad e higiene, cuestiones que llevaban dos años intentando resolver a través de la negociación.

El 28 de enero de 2022, la Federation of Trade Unions of Kyrgyzstan (FTUKg) tenía previsto celebrar el Consejo de la Federación, donde se debía fijar la fecha del Congreso de Unificación. La mañana del día 28, a las 7:50 a.m., Ryskul Babayeva, vicepresidenta de la FTUKg, fue arbitrariamente detenida por agentes de la policía del distrito de Alamedin por una falsa denuncia. Tras la investigación de la policía, se reveló que la denuncia era difamatoria. Babayeva fue puesta en libertad y pudo asistir al Consejo.

En abril de 2021, los representantes sindicales del Aeropuerto Internacional de Tirana (Albania) intentaron entablar negociaciones con la dirección con objeto de abordar los riesgos para la salud relacionados con el agotamiento físico y mental de los trabajadores en el contexto de la pandemia de COVID-19. En lugar de entablar diálogo con los sindicatos, la dirección procedió a recortar unilateralmente los salarios de los trabajadores y recurrió al acoso y la intimidación contra los miembros del sindicato y los trabajadores. Ante las crecientes presiones, los trabajadores se declararon incapacitados para trabajar por razones médicas, de conformidad con las normas internacionales del sector de la aviación civil. El Gobierno respondió desplegando las fuerzas del orden, desalojando a los trabajadores de las instalaciones y deteniendo a los dirigentes sindicales durante varios días bajo custodia policial o bajo arresto domiciliario, amenazando con emprender acciones legales contra los dirigentes sindicales y contratando a trabajadores de reemplazo de otros países.

El secretario general de la Confédération Syndicale du Congo (CSC), Fidèle Kiyangi Matangila, responsable asimismo de la Central Workers of Banks and Financial Institutions y presidente de la Intersyndicale nationale de l'administration publique (INAP), fue detenido por las fuerzas de seguridad en el edificio de la Administración Pública. Su detención se produjo tras una acción de protesta organizada por los miembros del sindicato a raíz de que el empleador de servicios financieros no pagara durante cuatro meses los salarios y las primas.

El 11 de marzo de 2022, Haleh Safarzadeh y Alireza Saghafi, miembros del Centro para los Derechos de los Trabajadores en Irán, fueron detenidos junto con otros 17 estudiantes y activistas sindicales durante una reunión privada que se estaba celebrando en el lugar de trabajo de Saghafi. Ingresaron en la prisión de Kachuei, en Karaj. Los activistas fueron puestos en libertad más tarde, pero Haleh Safarzadeh y Alireza Saghafi permanecieron detenidos en una de las cárceles más severas del país por delitos graves.

Ambos líderes sindicales ya habían sido detenidos el 26 de abril de 2019, junto con otros defensores de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, durante una reunión pacífica en un parque público. El 24 de agosto de 2019 fueron juzgados por el Tribunal Revolucionario de Karaj por una acusación falsa de “propaganda contra el sistema” y condenados a un año de cárcel.

Farzaneh Zilabi, abogada defensora de los trabajadores y trabajadoras de la caña de azúcar de Haft Tappeh en Irán, fue condenada el 13 de septiembre de 2021 por el Tribunal Revolucionario de Ahvaz a un año de cárcel por llevar a cabo “actividades de propaganda contra el Estado”. Además de la pena de cárcel, Zilabi fue condenada a dos años de inhabilitación para salir del país. El 16 de mayo de 2021 se le impuso también una inhabilitación de seis meses para ejercer la abogacía.

Tras la privatización del complejo agroindustrial de la caña de azúcar Haft Tappeh Sugarcane Agro-Industrial Complex en 2016, los trabajadores y el sindicato han organizado una serie de huelgas, la última de ellas en agosto de 2021, contra el reiterado impago de salarios a los empleados y la presunta corrupción de los antiguos propietarios.

Abdel-Wahab Radwan, vicepresidente del Syndicate Committee of Public Transport Authority Employees de Egipto, fue detenido en mayo de 2021 debido a sus actividades sindicales. En 2022 permanecía en prisión preventiva a la espera de la vista de su caso. Fue acusado de “pertenencia a un grupo terrorista y uso indebido de las redes sociales”.

Fellah Hamoudi, miembro del Buró Ejecutivo del Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) y de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) y presidente de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme (LADDH), fue detenido el 19 de febrero de 2022 en el valiato de Tlemcen. Fellah Hamoudi se había visto continuamente acosado durante los últimos meses a raíz de unas declaraciones realizadas en el canal de televisión “Al Magharibia”. El fiscal consideró que los comentarios de Hamoudi sobre el número de presos de conciencia que hay en Argelia eran ofensivos para el Ministerio del Interior y “falsos o malintencionados”. Hamoudi también fue acusado de dirigir una asociación “no acreditada” en relación con su cargo en la LADDH. El 12 de enero de 2022 la policía registró su domicilio, confiscándole el ordenador portátil y el teléfono personal. El 20 de febrero de 2022 fue condenado culpable por el Tribunal de Tlemcen y condenado a una multa de 100.000 DZD y a tres años de cárcel.

En la madrugada del 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo un operativo policial simultáneo en diversos municipios del departamento de Arauca, Colombia. Varios líderes sindicales de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA), filial de FENSUAGRO, fueron detenidos sin motivo: Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la ACA; John Alexander Romero, vicepresidente y secretario de Derechos Humanos de la ACA; Camilo Espinel, secretario de Educación de la ACA y concejal del municipio de Saravena; Fredy Camargo, concejal de Fortul y coordinador del Comité Técnico de la ACA; Ruth Pita, concejala de Fortul y asociada de la ACA; Helbert Alonso Ramírez Castro, asociado de la ACA y contable; y Samuel Acosta, asociado de la ACA y miembro del Comité de Tame Veredal.

El 8 de julio de 2021 la policía detuvo a 31 personas, entre ellas el secretario general del sindicato Ceylon Teachers Union (CTU), por participar en una protesta celebrada cerca del Parlamento de Sri Lanka contra el proyecto de ley de la Universidad Nacional de Defensa. Dicho proyecto, presentado en 2018 durante el anterior Gobierno, ha sido ampliamente denunciado como una medida destinada a frenar la libertad de pensamiento y expresión en las universidades. Los trabajadores arrestados permanecieron retenidos durante varios días hasta que, gracias a una campaña organizada para reclamar su libertad, respaldada por sindicatos mundiales, fueron finalmente puestos en libertad.

El 21 de octubre de 2021, las fuerzas especiales de Comandos de Carabineros de Chile, reprimieron brutalmente con porras, cañones de agua y gas pimienta a los dirigentes de las 16 organizaciones sindicales que conforman la Mesa del Sector Público (MSP). Los líderes sindicales, entre los que se encontraba José Pérez Debelli, presidente de la Asamblea Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), fueron detenidos en respuesta a la presión ejercida por las organizaciones sindicales sobre el Gobierno, y puestos en libertad unas horas más tarde. Los representantes de la MSP estaban entregando al Gobierno una lista de demandas sobre el ajuste salarial y la mejora de las condiciones de trabajo. Esta entrega formal es una práctica anual que pone en marcha el proceso de negociación sectorial de la MSP, agrupación que representa a cerca de 500.000 trabajadores y trabajadoras del sector público.

El 11 de octubre de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la confección de Denim Clothing Company, proveedor de marcas de moda internacionales en Karachi, Pakistán, se concentraron frente a la sede de la empresa para protestar por las condiciones de trabajo inhumanas en la fábrica, la intimidación sistemática, la falta de seguridad social, los despidos arbitrarios desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 y la negativa a pagar el salario mínimo.

Dos furgonetas se presentaron en el lugar de los hechos y tres hombres vestidos de paisano empezaron a apalear despiadadamente a los trabajadores, varios de los cuales sufrieron heridas graves, como una luxación de codo. La policía obligó a los trabajadores que protestaban a subir a las furgonetas y los retuvo en comisaría durante seis horas, donde los siguió apaleando. Fueron puestos en libertad tras ser obligados a firmar un documento en el que declaraban que no volverían a protestar contra la empresa.

El 15 de abril de 2021, cerca de 40 militares fueron desplegados para detener a la directora del Solidarity Trade Union of Myanmar (STUM), Daw Myo Aye, acusada en virtud del artículo 505A del Código Penal de participar en el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), liderar protestas y animar a civiles y funcionarios a unirse al MDC. Se enfrentaba a una pena de hasta tres años de cárcel. Daw Myo Aye no obtuvo la libertad bajo fianza y permaneció detenida, disponiendo de un acceso limitado a las instalaciones médicas pese a sufrir graves problemas de salud.

Anteriormente, en 2021, se habían dictado y ejecutado órdenes de detención contra otros 34 destacados dirigentes sindicales. La mayoría de ellos fueron procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel.

El presidente de la Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), Yang Kyeung-soo, fue detenido el 2 de septiembre de 2021 en una redada realizada antes del amanecer en su oficina de Seúl. Cientos de policías rodearon el edificio mientras los agentes forzaban la puerta.

La KCTU había organizado el 3 de julio una concentración en el centro de Seúl, exigiendo al Gobierno que se ocupara de la desigualdad exacerbada por la pandemia. El Gobierno no autorizó la concentración, alegando preocupaciones ante la posibilidad de contagios masivos. Posteriormente emitió una orden de arresto contra Yang por supuesta violación de las disposiciones de la Ley penal contra la obstrucción general del tráfico, la Ley de reuniones y manifestaciones y la Ley de control y prevención de enfermedades infecciosas. Las acusaciones fueron rebatidas por la KCTU: cerca de 8.000 miembros del sindicato asistieron a la manifestación respectando rigurosamente las directrices del Gobierno en materia de distanciamiento social, y, tras el acto, solo tres asistentes dieron positivo en la prueba de COVID-19, con escasa evidencia de que su contagio estuviese relacionado con la concentración.

Su detención parecía más bien encaminada a interrumpir los preparativos de la KCTU para convocar a sus 1,1 millones de miembros a una huelga nacional el 20 de octubre, con el objetivo de exigir mejoras en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Yang es el 13º presidente consecutivo del KTCU que es encarcelado desde que la federación dejó de estar prohibida en 1997.

Sesenta y siete trabajadores y activistas fueron detenidos por la policía de Tamil Nadu durante una protesta llevada a cabo el 18 de diciembre de 2021 por trabajadores de la industria electrónica. Permanecieron detenidos durante más de 24 horas. Veintidós activistas, entre ellos dirigentes del Indian Centre of Indian Trade Unions (CITU), fueron detenidos por prestar apoyo a los trabajadores y trabajadoras. Los dirigentes del CITU fueron puestos en libertad bajo fianza el 23 de diciembre.

Cerca de 3.000 trabajadoras empleadas por Bharat FIH, filial de FIH Mobile and Foxconn Technology Group, fabricante de teléfonos móviles, iniciaron una protesta el 17 de diciembre. El desencadenante fue un incidente ocurrido dos días antes, en el que 159 trabajadoras enfermaron por una intoxicación alimentaria en su albergue. Las trabajadoras, todas ellas contratadas a través de agencias, llevaban tiempo quejándose del hacinamiento y la mala alimentación.

Lee Cheuk Yan, secretario general de la Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), junto con otras siete personas, fue condenado el 12 de diciembre de 2021 a 14 meses de cárcel por “incitar, organizar y participar” en una vigilia con velas el 4 de junio de 2020. El evento anual, en memoria de la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989, fue organizado por la actualmente disuelta Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, de la que Lee Cheuk-yan era presidente. La sentencia se ejecutará simultáneamente con la condena de 20 meses de prisión que Lee Cheuk-yan ya estaba cumpliendo por organizar y participar en manifestaciones prodemocráticas en 2019.

En Hong Kong, cinco miembros del General Union of Hong Kong Speech Therapists (GUHKST), entre ellos el presidente y el vicepresidente del sindicato, Li Wenling y Yang Yiyi, fueron detenidos el 22 de julio de 2021. La policía incautó sus teléfonos móviles, ordenadores y folletos del sindicato, y congeló la cuenta bancaria y los activos del mismo. Según la policía, habían “conspirado para publicar, distribuir, exhibir o copiar publicaciones sediciosas”. Tanto Li como Yang fueron procesados y puestos en prisión preventiva, y se les denegó la libertad bajo fianza. A los otros tres miembros se les concedió la libertad bajo fianza. En la vista del 30 de agosto el juez decretó la prisión preventiva para los cinco sindicalistas, a la espera de su próxima vista, que tendría lugar el 24 de octubre de 2021.

Las publicaciones “sediciosas” eran tres libros electrónicos ilustrados para niños con problemas de habla, publicados por el sindicato en 2020, en los cuales se mencionaban los movimientos prodemocráticos de Hong Kong de 2019 y 2020. La sedición es un delito contemplado en una ley de la época colonial y conlleva hasta dos años de cárcel. Desde las protestas por la democracia, la policía y los fiscales han comenzado a utilizar regularmente la ley de sedición, junto con la Ley de Seguridad Nacional, para reprimir las expresiones y opiniones políticas.

En 2018, la empresa china Jasic Technology despidió a una serie de trabajadores y trabajadoras que habían intentado organizar su propio sindicato, y más de 40 trabajadores fueron detenidos y acusados de “reunir una multitud para perturbar el orden social”. Desde entonces, muchos activistas y defensores de los trabajadores han sido procesados y encarcelados por cargos espurios, y el paradero exacto de otros trabajadores de la fábrica de Jasic que estuvieron implicados en protestas sigue siendo desconocido. Las autoridades han recurrido a la persecución penal, el acoso y la vigilancia para infundir miedo e impedir que los afectados y sus familias hablen. Tras su enjuiciamiento y condena hace dos años, los siguientes activistas han permanecido ilocalizables y en paradero desconocido, y no se ha podido acceder a más información sobre su juicio: Fu Changguo, miembro del personal del Centro de Trabajadores de Dagongzhe, y los activistas laborales Zheng Shiyou y Liang Xiaogang.

Muchos otros han sido procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel, mientras el Gobierno ha seguido presionando e intimidando duramente a los activistas y sus familias.

El 25 de febrero de 2022, “Mengzhu”, un conocido activista chino dedicado al reparto de comida a domicilio, fue detenido por la policía de Beijing durante una redada en su apartamento. Mengzhu, cuyo nombre real es Chen Guojiang, fue acusado de “buscar pelea y causar problemas”, un concepto genérico utilizada a menudo contra los activistas en China. Chen era líder de la Alianza de Repartidores, que él mismo fundó en 2019. Logrando llegar a cerca de 15.000 repartidores a través de las redes sociales, la alianza se convirtió en una organización parecida a un sindicato de repartidores de comida en Beijing y tenía conexiones con repartidores de otras ciudades.

Poco antes de su detención, Chen había publicado un vídeo sobre una estafa de bonos por parte de Ele.me, propiedad de Alibaba, la mayor empresa de comercio electrónico de China. Millones de personas vieron el vídeo, el cual provocó numerosas críticas del público contra Ele.me. Los informes de los medios de comunicación sobre la detención de Chen fueron bloqueados o eliminados. Los activistas chinos de Internet difundieron una carta abierta escrita por el padre de Chen en la que solicitaba ayuda para sufragar los gastos derivados del procedimiento judicial. Se recaudaron más de 120.000 CNY (18.350 USD).

En abril de 2022, el canal de WeChat de Chen, en el que se había publicado la carta abierta, quedó permanentemente prohibido. El debate en línea sobre el caso de Chen también fue censurado y bloqueado por la policía. Y los abogados y estudiantes que estaban en contacto con la familia de Chen fueron objeto de investigaciones y acoso.

Los trabajadores de NagaWorld Hotel and Casino Complex en Camboya se habían declarado en huelga el 18 de diciembre de 2021 en protesta por el despido improcedente de 365 trabajadores y trabajadoras. Más de 1.000 trabajadores se sumaron a la huelga, que consistió en una serie de sentadas pacíficas frente a las instalaciones de la empresa. El sindicato Labour Rights Supported Union (LRSU) hizo todo lo posible para negociar una solución, pero la dirección se negó a hablar y ni siquiera se presentó a la sesión de mediación convocada por el Ministerio de Trabajo.

El 31 de diciembre de 2021, la policía llevó a cabo una redada en la oficina del LRSU, confiscando documentos, ordenadores y teléfonos móviles. Nueve personas fueron detenidas. El 3 de enero de 2022 se produjeron otras 17 detenciones, seguidas de otras tres el 4 de enero, entre ellas la del presidente del LRSU, Sithar Chhim, que fue arrastrado por la fuerza desde el piquete hasta un coche de la policía.

En febrero de 2022, ocho de los arrestados seguían detenidos, a saber, el presidente del sindicato, Sithar Chhim; el secretario del sindicato Chhim Sokhorn; el asesor del sindicato Sok Narith, y los activistas sindicales Ry Sovandy, Sun Sreypich, Hai Sopheap, Klaing Soben y Touch Sereymeas. A todos ellos les fue denegada la libertad provisional. Ellos manifestaron que no disponían de agua suficiente y que no se les permitía contactar a su familia. Fueron acusados de provocación, lo que conlleva una pena de hasta cinco años de cárcel. En marzo de 2022 quedaron finalmente en libertad bajo fianza.

Rong Chhun, presidente de la Cambodian Confederation of Unions (CCU), fue detenido en su domicilio en julio de 2020 tras afirmar que la delimitación de la frontera entre Camboya y Vietnam había despojado a varios agricultores de sus tierras, por lo que fue acusado de “incitación a cometer un delito grave o provocar malestar social”. El 18 de agosto de 2021, Rong Chhun, presidente de la CCU, fue condenado a dos años de cárcel, la pena máxima por este delito, así como a una multa de 2 millones de KHR (490 USD).

Sar Kanika y Ton Nimol, otros dos compañeros defensores de los derechos laborales, fueron puestos en libertad el 11 de noviembre de 2021 tras estimarse el recurso de apelación. El Tribunal de Apelación de Phnom Penh retiró el resto de las condenas contra ellos, pero permanecieron en libertad condicional y fueron sometidos durante tres años a diversas restricciones relacionadas con la movilidad y otras actividades.

El 6 de agosto de 2021, la Policía Industrial de Bangladesh presentó una causa penal contra Babul Akter, secretario general de la Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation (BGIWF), y 24 líderes sindicales y miembros del sindicato, en relación con los incidentes ocurridos en Crossline Factory (Pvt) Ltd y Crossline Knit Fabrics Ltd. La dirección de la fábrica también presentó una denuncia penal contra sus trabajadores. Estas denuncias penales se presentaron después de que los trabajadores y trabajadoras formaran dos sindicatos en sus respectivas fábricas y presentaran sendas solicitudes de registro en el Departamento de Trabajo en marzo de 2021.

En febrero de 2021, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés) presentó cargos penales por cártel contra el sindicato Construction Forestry Mining and Energy Union (CFMEU) en el Territorio de la Capital Australiana (ACT) y contra el secretario del CFMEU-ACT, Jason O’Mara.

El 17 de agosto de 2021, el fiscal federal desestimó los cargos.

Se trata de la tercera acusación penal reciente que la ACCC presenta contra el CFMEU, recurriendo a la Ley de Consumidores y Competencia para socavar el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva. En 2012 y 2013, la ACCC había alegado que el CFMEU-ACT había tratado de inducir a los instaladores de acero y a los montadores de andamios locales a fijar un precio mínimo para sufragar un aumento salarial. Esto, según la ACCC, equivale a un comportamiento de cártel. Para el CFMEU, la ACCC ha incurrido en una flagrante persecución del líder sindical Jason O'Mara, que pasó por tres años de juicio mediático y de ataques contra su persona.