Poder legislativo

El 1 de agosto de 2021, el presidente Al-Sisi aprobó una legislación que permite a las administraciones públicas despedir a cualquier funcionario sospechoso de pertenecer a grupos clasificados como “terroristas” en Egipto, así como a aquellos que “perjudiquen los servicios públicos o los intereses económicos del Estado”. El 23 de noviembre de 2021, Al-Sisi ratificó las enmiendas que codifican y consolidan un estado de emergencia permanente en Egipto, lo que permite que un mayor número de civiles sean remitidos a tribunales militares erosionando aún más las garantías de un juicio justo.

El Gobierno de Malawi presentó un nuevo proyecto de ley de enmienda de las relaciones laborales al parlamento, sin ninguna consulta previa con los sindicatos, incluyendo la central Malawi Congress of Trade Unions (MTUC). El proyecto de ley fue acelerado y adoptado el 7 de julio de 2021, a pesar del fuerte rechazo de los partidos políticos de la oposición y las jornadas de protestas generalizadas encabezadas por la MTUC contra el proyecto de ley por parte de los sindicatos y la sociedad civil en general. El proyecto de ley había sido discutido por última vez por los socios tripartitos en 2018 y había sido archivado.

Las nuevas disposiciones legislativas limitan indebidamente el derecho de huelga y castigan a los trabajadores y trabajadoras que ejercen este derecho. La ley también otorga a los empleadores el derecho a retener los salarios y arroga el poder exclusivo al ministro para determinar los servicios esenciales sin el debido procedimiento. Asimismo, excluye al Consejo Consultivo Tripartito del Trabajo al tiempo que modifica las disposiciones del Tribunal de Relaciones Laborales.

En virtud de la resolución núm. 11, de 13 de febrero de 2020, se estableció una comisión parlamentaria para investigar la enajenación de propiedades sindicales como parte de los asuntos derivados de la independencia de Moldavia en 1993. Curiosamente, sin embargo, este intento se produce más de dos décadas después de que la constitución posterior a la independencia de Moldavia garantizara los derechos de propiedad privada de las personas jurídicas en el país, incluidos los sindicatos, sin ninguna excepción.

A finales de 2021, la CNSM presentó una solicitud al presidente del parlamento para que se ocupara del asunto, como es el derecho de los sindicatos cuando se discuten asuntos que les afectan directamente. Sin embargo, éste se negó a comprometerse con el sindicato a abordar esta cuestión.

En Kirguistán, el proyecto de ley sobre sindicatos fue vetado tres veces en 2021 por el presidente Japarov, en abril, julio y noviembre. La ley fue redactada por el parlamento sin consultar debidamente a los sindicatos de trabajadores, los funcionarios gubernamentales competentes ni a los expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Contradice en gran medida la constitución del país y las normas fundamentales del trabajo, incluidos los Convenios 87 y 98 de la OIT. En particular, habría instalado un monopolio sindical de la Federación de Sindicatos de Kirguistán y habría puesto a todos los sindicatos bajo el control de esta última. A pesar de estos claros vetos del poder ejecutivo y la oposición de los sindicatos independientes, a principios de 2022 el parlamento kirguís volvió a presentar el proyecto de ley.

En la India, el 4 de mayo de 2021 el Ministerio de Trabajo estableció el proyecto de normas sobre el alcance de la negociación colectiva en virtud del Código de Relaciones Laborales de 2020. Estas normas enumeraban, de manera restrictiva, los asuntos que el sindicato negociador o el consejo negociador pueden negociar con el empleador. Los temas incluyen la clasificación de cargos, salarios, subsidios, bonificaciones e incrementos, así como las horas de trabajo y los días de descanso. Esta es la primera vez en la historia de la legislación laboral de la India que la negociación colectiva se ha restringido de esta manera.

El 1 de agosto de 2021, el presidente Al-Sisi aprobó una legislación que permite a las administraciones públicas despedir a cualquier funcionario sospechoso de pertenecer a grupos clasificados como “terroristas” en Egipto, así como a aquellos que “perjudiquen los servicios públicos o los intereses económicos del Estado”. El 23 de noviembre de 2021, Al-Sisi ratificó las enmiendas que codifican y consolidan un estado de emergencia permanente en Egipto, lo que permite que un mayor número de civiles sean remitidos a tribunales militares erosionando aún más las garantías de un juicio justo.

El Gobierno de Malawi presentó un nuevo proyecto de ley de enmienda de las relaciones laborales al parlamento, sin ninguna consulta previa con los sindicatos, incluyendo la central Malawi Congress of Trade Unions (MTUC). El proyecto de ley fue acelerado y adoptado el 7 de julio de 2021, a pesar del fuerte rechazo de los partidos políticos de la oposición y las jornadas de protestas generalizadas encabezadas por la MTUC contra el proyecto de ley por parte de los sindicatos y la sociedad civil en general. El proyecto de ley había sido discutido por última vez por los socios tripartitos en 2018 y había sido archivado.

Las nuevas disposiciones legislativas limitan indebidamente el derecho de huelga y castigan a los trabajadores y trabajadoras que ejercen este derecho. La ley también otorga a los empleadores el derecho a retener los salarios y arroga el poder exclusivo al ministro para determinar los servicios esenciales sin el debido procedimiento. Asimismo, excluye al Consejo Consultivo Tripartito del Trabajo al tiempo que modifica las disposiciones del Tribunal de Relaciones Laborales.

En virtud de la resolución núm. 11, de 13 de febrero de 2020, se estableció una comisión parlamentaria para investigar la enajenación de propiedades sindicales como parte de los asuntos derivados de la independencia de Moldavia en 1993. Curiosamente, sin embargo, este intento se produce más de dos décadas después de que la constitución posterior a la independencia de Moldavia garantizara los derechos de propiedad privada de las personas jurídicas en el país, incluidos los sindicatos, sin ninguna excepción.

A finales de 2021, la CNSM presentó una solicitud al presidente del parlamento para que se ocupara del asunto, como es el derecho de los sindicatos cuando se discuten asuntos que les afectan directamente. Sin embargo, éste se negó a comprometerse con el sindicato a abordar esta cuestión.

En Kirguistán, el proyecto de ley sobre sindicatos fue vetado tres veces en 2021 por el presidente Japarov, en abril, julio y noviembre. La ley fue redactada por el parlamento sin consultar debidamente a los sindicatos de trabajadores, los funcionarios gubernamentales competentes ni a los expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Contradice en gran medida la constitución del país y las normas fundamentales del trabajo, incluidos los Convenios 87 y 98 de la OIT. En particular, habría instalado un monopolio sindical de la Federación de Sindicatos de Kirguistán y habría puesto a todos los sindicatos bajo el control de esta última. A pesar de estos claros vetos del poder ejecutivo y la oposición de los sindicatos independientes, a principios de 2022 el parlamento kirguís volvió a presentar el proyecto de ley.

En la India, el 4 de mayo de 2021 el Ministerio de Trabajo estableció el proyecto de normas sobre el alcance de la negociación colectiva en virtud del Código de Relaciones Laborales de 2020. Estas normas enumeraban, de manera restrictiva, los asuntos que el sindicato negociador o el consejo negociador pueden negociar con el empleador. Los temas incluyen la clasificación de cargos, salarios, subsidios, bonificaciones e incrementos, así como las horas de trabajo y los días de descanso. Esta es la primera vez en la historia de la legislación laboral de la India que la negociación colectiva se ha restringido de esta manera.

El 1 de agosto de 2021, el presidente Al-Sisi aprobó una legislación que permite a las administraciones públicas despedir a cualquier funcionario sospechoso de pertenecer a grupos clasificados como “terroristas” en Egipto, así como a aquellos que “perjudiquen los servicios públicos o los intereses económicos del Estado”. El 23 de noviembre de 2021, Al-Sisi ratificó las enmiendas que codifican y consolidan un estado de emergencia permanente en Egipto, lo que permite que un mayor número de civiles sean remitidos a tribunales militares erosionando aún más las garantías de un juicio justo.

El Gobierno de Malawi presentó un nuevo proyecto de ley de enmienda de las relaciones laborales al parlamento, sin ninguna consulta previa con los sindicatos, incluyendo la central Malawi Congress of Trade Unions (MTUC). El proyecto de ley fue acelerado y adoptado el 7 de julio de 2021, a pesar del fuerte rechazo de los partidos políticos de la oposición y las jornadas de protestas generalizadas encabezadas por la MTUC contra el proyecto de ley por parte de los sindicatos y la sociedad civil en general. El proyecto de ley había sido discutido por última vez por los socios tripartitos en 2018 y había sido archivado.

Las nuevas disposiciones legislativas limitan indebidamente el derecho de huelga y castigan a los trabajadores y trabajadoras que ejercen este derecho. La ley también otorga a los empleadores el derecho a retener los salarios y arroga el poder exclusivo al ministro para determinar los servicios esenciales sin el debido procedimiento. Asimismo, excluye al Consejo Consultivo Tripartito del Trabajo al tiempo que modifica las disposiciones del Tribunal de Relaciones Laborales.

En virtud de la resolución núm. 11, de 13 de febrero de 2020, se estableció una comisión parlamentaria para investigar la enajenación de propiedades sindicales como parte de los asuntos derivados de la independencia de Moldavia en 1993. Curiosamente, sin embargo, este intento se produce más de dos décadas después de que la constitución posterior a la independencia de Moldavia garantizara los derechos de propiedad privada de las personas jurídicas en el país, incluidos los sindicatos, sin ninguna excepción.

A finales de 2021, la CNSM presentó una solicitud al presidente del parlamento para que se ocupara del asunto, como es el derecho de los sindicatos cuando se discuten asuntos que les afectan directamente. Sin embargo, éste se negó a comprometerse con el sindicato a abordar esta cuestión.

En Kirguistán, el proyecto de ley sobre sindicatos fue vetado tres veces en 2021 por el presidente Japarov, en abril, julio y noviembre. La ley fue redactada por el parlamento sin consultar debidamente a los sindicatos de trabajadores, los funcionarios gubernamentales competentes ni a los expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Contradice en gran medida la constitución del país y las normas fundamentales del trabajo, incluidos los Convenios 87 y 98 de la OIT. En particular, habría instalado un monopolio sindical de la Federación de Sindicatos de Kirguistán y habría puesto a todos los sindicatos bajo el control de esta última. A pesar de estos claros vetos del poder ejecutivo y la oposición de los sindicatos independientes, a principios de 2022 el parlamento kirguís volvió a presentar el proyecto de ley.

En la India, el 4 de mayo de 2021 el Ministerio de Trabajo estableció el proyecto de normas sobre el alcance de la negociación colectiva en virtud del Código de Relaciones Laborales de 2020. Estas normas enumeraban, de manera restrictiva, los asuntos que el sindicato negociador o el consejo negociador pueden negociar con el empleador. Los temas incluyen la clasificación de cargos, salarios, subsidios, bonificaciones e incrementos, así como las horas de trabajo y los días de descanso. Esta es la primera vez en la historia de la legislación laboral de la India que la negociación colectiva se ha restringido de esta manera.

El 1 de agosto de 2021, el presidente Al-Sisi aprobó una legislación que permite a las administraciones públicas despedir a cualquier funcionario sospechoso de pertenecer a grupos clasificados como “terroristas” en Egipto, así como a aquellos que “perjudiquen los servicios públicos o los intereses económicos del Estado”. El 23 de noviembre de 2021, Al-Sisi ratificó las enmiendas que codifican y consolidan un estado de emergencia permanente en Egipto, lo que permite que un mayor número de civiles sean remitidos a tribunales militares erosionando aún más las garantías de un juicio justo.

El Gobierno de Malawi presentó un nuevo proyecto de ley de enmienda de las relaciones laborales al parlamento, sin ninguna consulta previa con los sindicatos, incluyendo la central Malawi Congress of Trade Unions (MTUC). El proyecto de ley fue acelerado y adoptado el 7 de julio de 2021, a pesar del fuerte rechazo de los partidos políticos de la oposición y las jornadas de protestas generalizadas encabezadas por la MTUC contra el proyecto de ley por parte de los sindicatos y la sociedad civil en general. El proyecto de ley había sido discutido por última vez por los socios tripartitos en 2018 y había sido archivado.

Las nuevas disposiciones legislativas limitan indebidamente el derecho de huelga y castigan a los trabajadores y trabajadoras que ejercen este derecho. La ley también otorga a los empleadores el derecho a retener los salarios y arroga el poder exclusivo al ministro para determinar los servicios esenciales sin el debido procedimiento. Asimismo, excluye al Consejo Consultivo Tripartito del Trabajo al tiempo que modifica las disposiciones del Tribunal de Relaciones Laborales.

En virtud de la resolución núm. 11, de 13 de febrero de 2020, se estableció una comisión parlamentaria para investigar la enajenación de propiedades sindicales como parte de los asuntos derivados de la independencia de Moldavia en 1993. Curiosamente, sin embargo, este intento se produce más de dos décadas después de que la constitución posterior a la independencia de Moldavia garantizara los derechos de propiedad privada de las personas jurídicas en el país, incluidos los sindicatos, sin ninguna excepción.

A finales de 2021, la CNSM presentó una solicitud al presidente del parlamento para que se ocupara del asunto, como es el derecho de los sindicatos cuando se discuten asuntos que les afectan directamente. Sin embargo, éste se negó a comprometerse con el sindicato a abordar esta cuestión.

En Kirguistán, el proyecto de ley sobre sindicatos fue vetado tres veces en 2021 por el presidente Japarov, en abril, julio y noviembre. La ley fue redactada por el parlamento sin consultar debidamente a los sindicatos de trabajadores, los funcionarios gubernamentales competentes ni a los expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Contradice en gran medida la constitución del país y las normas fundamentales del trabajo, incluidos los Convenios 87 y 98 de la OIT. En particular, habría instalado un monopolio sindical de la Federación de Sindicatos de Kirguistán y habría puesto a todos los sindicatos bajo el control de esta última. A pesar de estos claros vetos del poder ejecutivo y la oposición de los sindicatos independientes, a principios de 2022 el parlamento kirguís volvió a presentar el proyecto de ley.

En la India, el 4 de mayo de 2021 el Ministerio de Trabajo estableció el proyecto de normas sobre el alcance de la negociación colectiva en virtud del Código de Relaciones Laborales de 2020. Estas normas enumeraban, de manera restrictiva, los asuntos que el sindicato negociador o el consejo negociador pueden negociar con el empleador. Los temas incluyen la clasificación de cargos, salarios, subsidios, bonificaciones e incrementos, así como las horas de trabajo y los días de descanso. Esta es la primera vez en la historia de la legislación laboral de la India que la negociación colectiva se ha restringido de esta manera.

El 9 de marzo de 2021, la Ley de protección del derecho a organizarse (PRO) (H.R. 842) se aprobó en la Cámara de Representantes. Este proyecto de ley amplía varias protecciones laborales relacionadas con los derechos de los trabajadores a organizarse y a negociar colectivamente en el lugar de trabajo. Entre otros aspectos, revisa las definiciones de trabajador, supervisor y empleador y amplía el alcance de las personas cubiertas por la Ley de Normas Laborales Justas, lo que podría allanar el camino para que los trabajadores de la economía colaborativa en empresas como Lyft y Uber se organicen.

Además, el proyecto de ley aborda los procedimientos para las elecciones de representación sindical y brinda a los trabajadores la capacidad de votar en dichas elecciones a distancia por teléfono o Internet. Esta medida debilitaría las leyes de “derecho al trabajo” en veintisiete estados que actualmente permiten que los trabajadores estén exentos de pagar cuotas a los sindicatos que los representan. El proyecto de ley también convierte en una práctica laboral injusta exigir o coaccionar a los trabajadores para que asistan a reuniones organizadas por los empleadores diseñadas para desalentar la afiliación sindical y prohíbe a los empleadores celebrar acuerdos con los trabajadores en virtud de los cuales estos renuncien al derecho a emprender acciones legales o a unirse a litigios colectivos o de grupo.

Por último, el proyecto de ley prevé una mayor protección de las huelgas y de los trabajadores en huelga. En virtud del instrumento, ahora se autorizan las huelgas de solidaridad, al tiempo que se prohíben las medidas discriminatorias y los actos de represalia de los empleadores contra los huelguistas.

El proyecto de ley ahora ha se encuentra ante el Senado de los Estados Unidos. La aprobación de la Ley de protección del derecho a organizarse (PRO) sería un hito en el empoderamiento de los trabajadores y las trabajadoras en el país.

Al cabo de casi dos décadas de organización para el cambio legislativo, los afiliados de UNI Global, el sindicato de carteros United States National Association of Letter Carriers (NALC) y de trabajadores del servicio postal American Postal Workers’ Union workers (NALC) celebraron la aprobación de la Ley de Reforma del Servicio Postal por el Senado de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2022.

El proyecto de ley, que se espera que sea promulgado por el presidente, es una de las victorias legislativas más importantes para los partidarios de un servicio postal público en el siglo XXI. Suprime las gravosas exigencias para el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), prevé la integración del programa de seguro médico Medicare para los futuros jubilados y codifica en la ley que el correo se entregue seis días a la semana.

La legislación deroga el injusto mandato de prefinanciación para las prestaciones de salud de los jubilados establecido en 2006 y asegura la continuidad de la entrega postal seis días a la semana. Los cambios en el proyecto de ley no solo ahorrarán miles de millones de dólares cada año para el servicio de correos, sino que también fortalecerán el servicio postal público y garantizarán que este pueda invertir en empleos de calidad para los trabajadores y servicios de calidad para los cientos de millones de estadounidenses que dependen de este servicio casi todos los días.

Durante el año, la Unión Europea (UE) prosiguió su labor encaminada a la adopción de una Directiva sobre salarios mínimos adecuados con vistas a garantizar unas condiciones de trabajo justas en la UE. Tras la publicación de la propuesta de la Comisión Europea a finales de 2020, el Consejo de Empleo y Política Social de la UE alcanzó un acuerdo sobre una propuesta de Directiva el 7 de diciembre de 2021. El acuerdo allana el camino para la siguiente etapa del proceso legislativo, que consiste en los debates políticos con el Parlamento Europeo. La propuesta de Directiva tiene por objeto crear obligaciones para los Estados miembros, tales como la promoción de la negociación colectiva, en particular sobre la fijación de salarios, y adoptar medidas para mejorar el acceso efectivo de los trabajadores y trabajadoras a la protección del salario mínimo.

Para tener en cuenta la diversidad de modalidades de fijación de salarios en la UE, la propuesta establece que la protección del salario mínimo puede proporcionarse mediante convenios colectivos (como es el caso en seis Estados miembros) o mediante salarios mínimos legales establecidos por ley (como es el caso en 21 Estados miembros) o una combinación de estos dos métodos. Además, todos los Estados miembros deben promover la capacidad de los interlocutores sociales para participar en la negociación colectiva, y en aquellos Estados miembros donde la cobertura de negociación colectiva sea inferior al 70%, debe establecerse un plan de acción para promover la negociación colectiva.

El 23 de febrero de 2022, la Comisión Europea (CE) adoptó una propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. El objetivo de esta Directiva es fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable e integrar las consideraciones en materia de derechos humanos y medioambientales en las actividades y la gobernanza corporativa de las empresas. Las nuevas normas tienen como objetivo garantizar que las empresas aborden los impactos adversos de sus acciones, incluso en sus cadenas de valor dentro y fuera de Europa.

El proyecto de Directiva es un paso importante en la realización de las demandas de una arquitectura normativa mundial que garantice un piso de derechos para todos los trabajadores y las trabajadoras, sostenga el clima y ponga fin a la impunidad corporativa al garantizar la responsabilidad de las empresas. Sin embargo, todavía falla en aspectos clave. Por ejemplo, no se centra lo suficiente en las víctimas y los titulares de derechos, crea exenciones para las empresas en función de su tamaño y no adopta con suficiente fuerza los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU).

Como siguiente paso, la propuesta de la CE se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación. Mientras tanto, los sindicatos trabajarán para garantizar que se aborden estas discordancias y que la Directiva cumpla su promesa de ser la piedra angular de un nuevo modelo de negocio.

Después de un año de esfuerzos, la central sindical Uganda’s National Organisation of Trade Unions (NOTU) celebró, el 4 de enero de 2022, la aprobación con enmiendas de un proyecto de ley al fondo nacional de seguridad social del país. Esta nueva legislación contribuirá a mejorar la vida de todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo aquellos activos en la economía informal.

El nuevo proyecto de ley trae cambios importantes en el funcionamiento de la protección social en Uganda, tales como la eliminación de las restricciones anteriores al acceso de los trabajadores a los planes de pensiones. En Uganda, los trabajadores contribuyen con ahorros para sus pensiones de vejez con contribuciones adicionales de sus empleadores. Sin embargo, solo los trabajadores con contratos formales y empleados por empresas con más de cinco trabajadores eran elegibles para acceder a los planes de pensiones, dejando efectivamente fuera del sistema al gran número de trabajadores activos en la economía informal (es decir, nueve de cada diez). Ahora, se permiten las contribuciones individuales al fondo nacional de seguridad social, incluyendo las de los trabajadores y trabajadoras de la economía informal.

El proyecto de ley es una victoria para los sindicatos, que desde 2014 han seguido trabajando arduamente para que se apruebe. Aunque el proyecto de ley ha sido rechazado por el parlamento varias veces, NOTU ha mantenido un estrecho contacto con el presidente Museveni, quien ha participado directamente en la adaptación del proyecto de ley para su aprobación final por el parlamento.

El 9 de marzo de 2021, la Ley de protección del derecho a organizarse (PRO) (H.R. 842) se aprobó en la Cámara de Representantes. Este proyecto de ley amplía varias protecciones laborales relacionadas con los derechos de los trabajadores a organizarse y a negociar colectivamente en el lugar de trabajo. Entre otros aspectos, revisa las definiciones de trabajador, supervisor y empleador y amplía el alcance de las personas cubiertas por la Ley de Normas Laborales Justas, lo que podría allanar el camino para que los trabajadores de la economía colaborativa en empresas como Lyft y Uber se organicen.

Además, el proyecto de ley aborda los procedimientos para las elecciones de representación sindical y brinda a los trabajadores la capacidad de votar en dichas elecciones a distancia por teléfono o Internet. Esta medida debilitaría las leyes de “derecho al trabajo” en veintisiete estados que actualmente permiten que los trabajadores estén exentos de pagar cuotas a los sindicatos que los representan. El proyecto de ley también convierte en una práctica laboral injusta exigir o coaccionar a los trabajadores para que asistan a reuniones organizadas por los empleadores diseñadas para desalentar la afiliación sindical y prohíbe a los empleadores celebrar acuerdos con los trabajadores en virtud de los cuales estos renuncien al derecho a emprender acciones legales o a unirse a litigios colectivos o de grupo.

Por último, el proyecto de ley prevé una mayor protección de las huelgas y de los trabajadores en huelga. En virtud del instrumento, ahora se autorizan las huelgas de solidaridad, al tiempo que se prohíben las medidas discriminatorias y los actos de represalia de los empleadores contra los huelguistas.

El proyecto de ley ahora ha se encuentra ante el Senado de los Estados Unidos. La aprobación de la Ley de protección del derecho a organizarse (PRO) sería un hito en el empoderamiento de los trabajadores y las trabajadoras en el país.

Al cabo de casi dos décadas de organización para el cambio legislativo, los afiliados de UNI Global, el sindicato de carteros United States National Association of Letter Carriers (NALC) y de trabajadores del servicio postal American Postal Workers’ Union workers (NALC) celebraron la aprobación de la Ley de Reforma del Servicio Postal por el Senado de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2022.

El proyecto de ley, que se espera que sea promulgado por el presidente, es una de las victorias legislativas más importantes para los partidarios de un servicio postal público en el siglo XXI. Suprime las gravosas exigencias para el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), prevé la integración del programa de seguro médico Medicare para los futuros jubilados y codifica en la ley que el correo se entregue seis días a la semana.

La legislación deroga el injusto mandato de prefinanciación para las prestaciones de salud de los jubilados establecido en 2006 y asegura la continuidad de la entrega postal seis días a la semana. Los cambios en el proyecto de ley no solo ahorrarán miles de millones de dólares cada año para el servicio de correos, sino que también fortalecerán el servicio postal público y garantizarán que este pueda invertir en empleos de calidad para los trabajadores y servicios de calidad para los cientos de millones de estadounidenses que dependen de este servicio casi todos los días.

Durante el año, la Unión Europea (UE) prosiguió su labor encaminada a la adopción de una Directiva sobre salarios mínimos adecuados con vistas a garantizar unas condiciones de trabajo justas en la UE. Tras la publicación de la propuesta de la Comisión Europea a finales de 2020, el Consejo de Empleo y Política Social de la UE alcanzó un acuerdo sobre una propuesta de Directiva el 7 de diciembre de 2021. El acuerdo allana el camino para la siguiente etapa del proceso legislativo, que consiste en los debates políticos con el Parlamento Europeo. La propuesta de Directiva tiene por objeto crear obligaciones para los Estados miembros, tales como la promoción de la negociación colectiva, en particular sobre la fijación de salarios, y adoptar medidas para mejorar el acceso efectivo de los trabajadores y trabajadoras a la protección del salario mínimo.

Para tener en cuenta la diversidad de modalidades de fijación de salarios en la UE, la propuesta establece que la protección del salario mínimo puede proporcionarse mediante convenios colectivos (como es el caso en seis Estados miembros) o mediante salarios mínimos legales establecidos por ley (como es el caso en 21 Estados miembros) o una combinación de estos dos métodos. Además, todos los Estados miembros deben promover la capacidad de los interlocutores sociales para participar en la negociación colectiva, y en aquellos Estados miembros donde la cobertura de negociación colectiva sea inferior al 70%, debe establecerse un plan de acción para promover la negociación colectiva.

El 23 de febrero de 2022, la Comisión Europea (CE) adoptó una propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. El objetivo de esta Directiva es fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable e integrar las consideraciones en materia de derechos humanos y medioambientales en las actividades y la gobernanza corporativa de las empresas. Las nuevas normas tienen como objetivo garantizar que las empresas aborden los impactos adversos de sus acciones, incluso en sus cadenas de valor dentro y fuera de Europa.

El proyecto de Directiva es un paso importante en la realización de las demandas de una arquitectura normativa mundial que garantice un piso de derechos para todos los trabajadores y las trabajadoras, sostenga el clima y ponga fin a la impunidad corporativa al garantizar la responsabilidad de las empresas. Sin embargo, todavía falla en aspectos clave. Por ejemplo, no se centra lo suficiente en las víctimas y los titulares de derechos, crea exenciones para las empresas en función de su tamaño y no adopta con suficiente fuerza los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU).

Como siguiente paso, la propuesta de la CE se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación. Mientras tanto, los sindicatos trabajarán para garantizar que se aborden estas discordancias y que la Directiva cumpla su promesa de ser la piedra angular de un nuevo modelo de negocio.

Después de un año de esfuerzos, la central sindical Uganda’s National Organisation of Trade Unions (NOTU) celebró, el 4 de enero de 2022, la aprobación con enmiendas de un proyecto de ley al fondo nacional de seguridad social del país. Esta nueva legislación contribuirá a mejorar la vida de todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo aquellos activos en la economía informal.

El nuevo proyecto de ley trae cambios importantes en el funcionamiento de la protección social en Uganda, tales como la eliminación de las restricciones anteriores al acceso de los trabajadores a los planes de pensiones. En Uganda, los trabajadores contribuyen con ahorros para sus pensiones de vejez con contribuciones adicionales de sus empleadores. Sin embargo, solo los trabajadores con contratos formales y empleados por empresas con más de cinco trabajadores eran elegibles para acceder a los planes de pensiones, dejando efectivamente fuera del sistema al gran número de trabajadores activos en la economía informal (es decir, nueve de cada diez). Ahora, se permiten las contribuciones individuales al fondo nacional de seguridad social, incluyendo las de los trabajadores y trabajadoras de la economía informal.

El proyecto de ley es una victoria para los sindicatos, que desde 2014 han seguido trabajando arduamente para que se apruebe. Aunque el proyecto de ley ha sido rechazado por el parlamento varias veces, NOTU ha mantenido un estrecho contacto con el presidente Museveni, quien ha participado directamente en la adaptación del proyecto de ley para su aprobación final por el parlamento.

El 9 de marzo de 2021, la Ley de protección del derecho a organizarse (PRO) (H.R. 842) se aprobó en la Cámara de Representantes. Este proyecto de ley amplía varias protecciones laborales relacionadas con los derechos de los trabajadores a organizarse y a negociar colectivamente en el lugar de trabajo. Entre otros aspectos, revisa las definiciones de trabajador, supervisor y empleador y amplía el alcance de las personas cubiertas por la Ley de Normas Laborales Justas, lo que podría allanar el camino para que los trabajadores de la economía colaborativa en empresas como Lyft y Uber se organicen.

Además, el proyecto de ley aborda los procedimientos para las elecciones de representación sindical y brinda a los trabajadores la capacidad de votar en dichas elecciones a distancia por teléfono o Internet. Esta medida debilitaría las leyes de “derecho al trabajo” en veintisiete estados que actualmente permiten que los trabajadores estén exentos de pagar cuotas a los sindicatos que los representan. El proyecto de ley también convierte en una práctica laboral injusta exigir o coaccionar a los trabajadores para que asistan a reuniones organizadas por los empleadores diseñadas para desalentar la afiliación sindical y prohíbe a los empleadores celebrar acuerdos con los trabajadores en virtud de los cuales estos renuncien al derecho a emprender acciones legales o a unirse a litigios colectivos o de grupo.

Por último, el proyecto de ley prevé una mayor protección de las huelgas y de los trabajadores en huelga. En virtud del instrumento, ahora se autorizan las huelgas de solidaridad, al tiempo que se prohíben las medidas discriminatorias y los actos de represalia de los empleadores contra los huelguistas.

El proyecto de ley ahora ha se encuentra ante el Senado de los Estados Unidos. La aprobación de la Ley de protección del derecho a organizarse (PRO) sería un hito en el empoderamiento de los trabajadores y las trabajadoras en el país.

Al cabo de casi dos décadas de organización para el cambio legislativo, los afiliados de UNI Global, el sindicato de carteros United States National Association of Letter Carriers (NALC) y de trabajadores del servicio postal American Postal Workers’ Union workers (NALC) celebraron la aprobación de la Ley de Reforma del Servicio Postal por el Senado de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2022.

El proyecto de ley, que se espera que sea promulgado por el presidente, es una de las victorias legislativas más importantes para los partidarios de un servicio postal público en el siglo XXI. Suprime las gravosas exigencias para el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), prevé la integración del programa de seguro médico Medicare para los futuros jubilados y codifica en la ley que el correo se entregue seis días a la semana.

La legislación deroga el injusto mandato de prefinanciación para las prestaciones de salud de los jubilados establecido en 2006 y asegura la continuidad de la entrega postal seis días a la semana. Los cambios en el proyecto de ley no solo ahorrarán miles de millones de dólares cada año para el servicio de correos, sino que también fortalecerán el servicio postal público y garantizarán que este pueda invertir en empleos de calidad para los trabajadores y servicios de calidad para los cientos de millones de estadounidenses que dependen de este servicio casi todos los días.

Durante el año, la Unión Europea (UE) prosiguió su labor encaminada a la adopción de una Directiva sobre salarios mínimos adecuados con vistas a garantizar unas condiciones de trabajo justas en la UE. Tras la publicación de la propuesta de la Comisión Europea a finales de 2020, el Consejo de Empleo y Política Social de la UE alcanzó un acuerdo sobre una propuesta de Directiva el 7 de diciembre de 2021. El acuerdo allana el camino para la siguiente etapa del proceso legislativo, que consiste en los debates políticos con el Parlamento Europeo. La propuesta de Directiva tiene por objeto crear obligaciones para los Estados miembros, tales como la promoción de la negociación colectiva, en particular sobre la fijación de salarios, y adoptar medidas para mejorar el acceso efectivo de los trabajadores y trabajadoras a la protección del salario mínimo.

Para tener en cuenta la diversidad de modalidades de fijación de salarios en la UE, la propuesta establece que la protección del salario mínimo puede proporcionarse mediante convenios colectivos (como es el caso en seis Estados miembros) o mediante salarios mínimos legales establecidos por ley (como es el caso en 21 Estados miembros) o una combinación de estos dos métodos. Además, todos los Estados miembros deben promover la capacidad de los interlocutores sociales para participar en la negociación colectiva, y en aquellos Estados miembros donde la cobertura de negociación colectiva sea inferior al 70%, debe establecerse un plan de acción para promover la negociación colectiva.

El 23 de febrero de 2022, la Comisión Europea (CE) adoptó una propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. El objetivo de esta Directiva es fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable e integrar las consideraciones en materia de derechos humanos y medioambientales en las actividades y la gobernanza corporativa de las empresas. Las nuevas normas tienen como objetivo garantizar que las empresas aborden los impactos adversos de sus acciones, incluso en sus cadenas de valor dentro y fuera de Europa.

El proyecto de Directiva es un paso importante en la realización de las demandas de una arquitectura normativa mundial que garantice un piso de derechos para todos los trabajadores y las trabajadoras, sostenga el clima y ponga fin a la impunidad corporativa al garantizar la responsabilidad de las empresas. Sin embargo, todavía falla en aspectos clave. Por ejemplo, no se centra lo suficiente en las víctimas y los titulares de derechos, crea exenciones para las empresas en función de su tamaño y no adopta con suficiente fuerza los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU).

Como siguiente paso, la propuesta de la CE se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación. Mientras tanto, los sindicatos trabajarán para garantizar que se aborden estas discordancias y que la Directiva cumpla su promesa de ser la piedra angular de un nuevo modelo de negocio.

Después de un año de esfuerzos, la central sindical Uganda’s National Organisation of Trade Unions (NOTU) celebró, el 4 de enero de 2022, la aprobación con enmiendas de un proyecto de ley al fondo nacional de seguridad social del país. Esta nueva legislación contribuirá a mejorar la vida de todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo aquellos activos en la economía informal.

El nuevo proyecto de ley trae cambios importantes en el funcionamiento de la protección social en Uganda, tales como la eliminación de las restricciones anteriores al acceso de los trabajadores a los planes de pensiones. En Uganda, los trabajadores contribuyen con ahorros para sus pensiones de vejez con contribuciones adicionales de sus empleadores. Sin embargo, solo los trabajadores con contratos formales y empleados por empresas con más de cinco trabajadores eran elegibles para acceder a los planes de pensiones, dejando efectivamente fuera del sistema al gran número de trabajadores activos en la economía informal (es decir, nueve de cada diez). Ahora, se permiten las contribuciones individuales al fondo nacional de seguridad social, incluyendo las de los trabajadores y trabajadoras de la economía informal.

El proyecto de ley es una victoria para los sindicatos, que desde 2014 han seguido trabajando arduamente para que se apruebe. Aunque el proyecto de ley ha sido rechazado por el parlamento varias veces, NOTU ha mantenido un estrecho contacto con el presidente Museveni, quien ha participado directamente en la adaptación del proyecto de ley para su aprobación final por el parlamento.