Man protesting in Bolivia holding a flag
1

Democracia en crisis

El Índice Global de los Derechos ha venido dando seguimiento durante nueve años a los elementos clave que enmarcan la democracia en el lugar de trabajo, incluyendo el derecho a establecer y afiliarse a sindicatos, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga, así como la libertad de expresión y reunión, que simboliza una democracia sana.

Ataques a la libertad de expresión y reunión

Se está produciendo un desmantelamiento sistemático de los pilares de la libertad y la democracia, con constantes ataques a los derechos de los trabajadores/as y la democracia en el lugar de trabajo mediante la aplicación de restricciones al derecho de huelga y a la libertad de expresión y reunión.

En los últimos nueve años, el Índice Global de los Derechos ha registrado un aumento sin precedentes en los ataques a la libertad de expresión y de reunión al pasar del 26% de los países en 2014 al 41% de los países en 2022.

26%41%

El número de países donde se deniega o se restringe la libertad de expresión y de reunión aumentó pasando del 26% en 2014 al 41% de los países en 2022.

41% de los países han restringido la libertad de expresión y reunión.

Oriente Medio y Norte de África

31%

31% of Commonwealth countries restricted free speech and assembly.

26%43%

Countries where freedom of speech and assembly was denied or constrained increased from 26% of countries in 2014 to 43% of countries in 2021.

41% de los países han restringido la libertad de expresión y reunión.

26%41%

El número de países donde se deniega o se restringe la libertad de expresión y de reunión aumentó pasando del 26% en 2014 al 41% de los países en 2022.

15%

En 15% de los países de Europa se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 22% en 2021
24%

En 24% de los países de Américas se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 20% en 2021
45%

En 45% de los países de África se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 50% en 2021
84%

84% de los países en Oriente Medio y Norte de África restringieron la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 83% en 2021
61%

61% de los países en Asia-Pacífico restringieron la libertad de expresión y reunión.

Ningún cambio respecto a 2021

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El Primero de Mayo de 2021, 212 manifestantes fueron detenidos en Estambul (Turquía) por intentar celebrar una protesta desafiando las estrictas normas de confinamiento para frenar el coronavirus establecidas por el Gobierno. En vísperas de la histórica jornada, la policía cerró todas las vías de acceso a la plaza de Taksim, lugar donde 34 personas fueron asesinadas durante una protesta relacionada con el Primero de Mayo en 1977. Por motivos de seguridad, las manifestaciones del Primero de Mayo están prohibidas en la plaza Taksim desde hace varios años.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

A lo largo de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la sanidad organizaron múltiples protestas contra la promulgación de la Ley de emergencia sanitaria aprobada el 4 de febrero de 2021, que prohíbe los sanitarios llevar a cabo huelgas y protestas de. Esta ley fue aprobada sin el consenso de los trabajadores. Las organizaciones sindicales han exigido garantías para poder realizar su trabajo en unas condiciones dignas, y que se permita la libertad sindical. No obstante, sus demandas no han sido atendidas.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Cuando el pueblo kazajo comenzó a organizar protestas pacíficas por la democracia y la justicia social en enero de 2022, la policía y las fuerzas armadas respondieron con una brutalidad extrema, matando a más de 160 personas y deteniendo a más de 8.000.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 18 de mayo de 2021, el Tribunal del Distrito y de la Ciudad de Bobruisk condenó al presidente del sindicato de JSC Belshina (fábrica de neumáticos), Sergei Gurlo. Gurlo fue declarado culpable de infringir el artículo 369 del Código Penal por “insultar en las redes sociales a un agente de la ley”, lo que supuestamente hizo en 2020. Sergei fue condenado a 18 meses de restricción de libertad en un claro intento de reprimir el derecho de expresión de un líder sindical. El caso se juzgó a puerta cerrada, y Sergei fue obligado a firmar un documento de no divulgación de los materiales del caso penal.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 8 de junio de 2021, el presidente Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes participen o promuevan una “actividad extremista” se enfrentarán a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no estaba claramente definida en la nueva legislación, y despertó temores de que las nuevas disposiciones se utilicen para reprimir todo tipo de disidencia. Esta nueva ley se suma a las promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para organizar actos multitudinarios y prohíben a los periodistas informar en directo sobre dichos actos.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 1 de mayo de 2021, la policía impidió la celebración del Primero de Mayo de la sección del Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) en el Distrito de Chitungwiza, presentándose en el lugar, acosando a los trabajadores, negándoles la entrada a la sala y amenazando con detenerles.

El delegado regional del ZCTU presente exigió a la policía una justificación por escrito respecto a la prohibición del acto, a lo cual el oficial superior de policía encargado se negó.

El ZCTU ha vivido muchas situaciones de este tipo durante mucho tiempo. Las actividades del ZCTU se ven a menudo interrumpidas por personas enviadas desde la oficina del presidente, o por la propia policía, que acosan y dispersan a los trabajadores o exigen ver los programas o sentarse en las reuniones.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 20 de octubre de 2021, los empleados y empleadas del sector público que acudieron a entregar una petición al Ministerio de Servicios Públicos se encontraron con lo que describieron como una “demostración de fuerza sin precedentes”. En la petición se solicitaba una revisión salarial para 2021, acabar con la precarización de la función pública, el cese de la privatización de la función pública y el cese de los ataques contra los sindicatos.

El comisario nacional de policía prohibió la manifestación, aduciendo “la seguridad nacional” y “la seguridad y el orden públicos”. Cuando los trabajadores se reunieron para manifestarse y entregar la petición, habiendo respetado íntegramente el protocolo necesario, la policía los dispersó utilizando gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y balas de goma. La policía detuvo dos autobuses que transportaban trabajadores de los servicios públicos, entre los que había miembros de la Swaziland National Association of Teachers (SNAT) y del Swaziland Democratic Nurses Union (SDNU), y les lanzó gases lacrimógenos. Las puertas del autobús estaban cerradas. Cuando los trabajadores intentaron salir, la policía empezó a dispararles. Finalmente las ventanas traseras se rompieron y los trabajadores lograron escapar. Según algunos informes, un total de 36 personas resultaron heridas y un joven transeúnte perdió la vida. Según otros informes, al menos 80 personas resultaron heridas en los actos de violencia registrados en la capital de Eswatini, Mbabane, y en la ciudad de Manzini.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

En diciembre de 2021, el Consejo Municipal de Mbabane, Eswatini, denegó a las asociaciones del sector público, entre las que figura la Swaziland National Association of Teachers (SNAT), el permiso para manifestarse por la ciudad para entregar una petición al Ministerio de Servicios Públicos. La carta de la municipalidad hacía referencia a una directiva recibida por parte del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano para “suspender indefinidamente la emisión de permisos para todo tipo de procesiones en zonas urbanas”, con fecha 21 de octubre de 2021.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Las protestas a favor de la democracia en Eswatini no han cesado desde mayo de 2021, y los sindicatos y demás grupos de la sociedad civil han estado reclamando elecciones democráticas y el fin de la monarquía absoluta en el país, que prohíbe a los partidos políticos participar en comicios. En el trascurso de estas protestas, se calcula que 72 manifestantes han muerto a manos de la policía y las fuerzas del orden, centenares han resultado heridos y varios continúan desaparecidos. Algunos activistas se han tenido que esconder y otros se han exiliado. En una declaración realizada el 18 de octubre de 2021, el ministro de Comercio de Eswatini, Mancoba Khumalo, manifestó que los trabajadores que participaran en protestas en favor de la democracia y contra el rey Mswati se arriesgaban a perder su empleo.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Tras el golpe de Estado de enero de 2022, los sindicatos de Burkina Faso intentaron organizar una manifestación, pero la junta militar se lo impidió. Desde entonces, los sindicatos no han podido organizar acciones colectivas.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 27 de mayo de 2021 el Gobierno de Sri Lanka promulgó un decreto por el que resultaba prácticamente imposible que 12.000 funcionarios de zonas rurales hicieran huelga, además de despojar a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público de sus derechos básicos. El decreto era una respuesta a la amenaza de huelga de los funcionarios, que exigían ser vacunados contra la COVID-19. El decreto afirmaba que los servicios y departamentos estatales sometidos a la prohibición de huelga eran “esenciales” de cara a la “pandemia de COVID-19”. El sindicato que representa a los trabajadores y trabajadoras de los pueblos tuvo que suspender inmediatamente la huelga inminente.

Cinco días después, el 2 de junio, el Gobierno emitió un segundo decreto en vísperas de una amenaza de huelga de los trabajadores de numerosos hospitales importantes. Dicho decreto ampliaba la prohibición de hacer huelga a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y de otras administraciones públicas.

Los dos decretos afectan a los trabajadores de puertos, ferrocarriles, transporte en autobús, petróleo, gas, bancos estatales y seguros; cubren asimismo a enfermeros, médicos y demás trabajadores sanitarios; a los trabajadores de la Administración pública y de empresas estatales de distribución de alimentos; y a los empleados de los nueve consejos provinciales de Sri Lanka. Los trabajadores que desobedezcan la prohibición de huelga pueden ser despedidos. Además se enfrentan a multas de entre 2.000 y 5.000 rupias, a “rigurosas penas de cárcel” de dos a cinco años, a la confiscación de sus “bienes muebles e inmuebles” y a la retirada de sus credenciales profesionales. Cualquier persona que intente “incitar, inducir o animar” a alguien sujeto a la prohibición de huelga a no acudir al trabajo, ya sea mediante un “acto físico o mediante un discurso o un escrito”, se expone igualmente a multas, confiscación de bienes y penas de hasta cinco años de cárcel.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

La policía de Fiji denegó al Fiji Trades Union Congress (FTUC) un permiso para manifestarse y celebrar un mitin en Suva el 1 de mayo de 2021. No se le dio ninguna razón por escrito, pero se le comunicó verbalmente que se debía a los temores de contagio de COVID-19. Sin embargo, en el caso de otras concentraciones, como actividades deportivas y recreativas, no se aplicaron restricciones.

Este ha sido el sexto año consecutivo que se deniega al FTUC un permiso para manifestarse. Pese a las reiteradas garantías del Gobierno ante la OIT y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en cuanto a su pleno respeto por los derechos humanos y de los trabajadores y trabajadoras, incluido el derecho de reunión pacífica, parece que este no tiene intención de cumplir sus compromisos.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

La policía de Bangladesh prohibió reiteradamente las reuniones sindicales y después impidió físicamente que los participantes se sumaran a una reunión en la que se iba a formar un comité regional del IndustriALL Bangladesh Council (IBC).

El IBC es el órgano de coordinación de las organizaciones bangladesíes afiliadas al sindicato IndustriALL. El 24 de septiembre de 2021 se había previsto celebrar una reunión en la oficina de la Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF) en Chattogram, para formar un comité regional. No obstante, la reunión se suspendió después de que el vicepresidente senior del IBC, Salauddin Shapon, recibiera una llamada de la policía.

Al día siguiente se había previsto celebrar otra reunión en un lugar distinto, pero la policía volvió a ponerse en contacto con el vicepresidente para decirle que la reunión tampoco podía celebrarse allí.

En un tercer intento, el IBC decidió celebrar la reunión en la oficina de otra organización afiliada, la Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL), pero cuando los líderes del IBC llegaron, varios agentes de policía, algunos de ellos de paisano, bloquearon la puerta y no permitieron la entrada a nadie.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Desde agosto de 2021, cuando tomaron el poder en Afganistán, los talibanes han restringido severamente los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión. En Herat, los combatientes talibanes azotaron a los manifestantes y dispararon indiscriminadamente para dispersar a la multitud, matando a dos hombres e hiriendo a, por lo menos, otros ocho. Posteriormente prohibieron las protestas que no contaran con la aprobación previa del Ministerio de Justicia de Kabul.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Samira Nasser y Sabah Hassan, miembros de la Oficina Ejecutiva de la General Federation of Iraq Trade Unions (GFITU) y empleados en empresas del sector público, fueron acusados de difamación a raíz de unas publicaciones en Facebook, y posteriormente remitidos a una investigación administrativa por “acusaciones malintencionadas”. Ambos fueron degradados y trasladados a otras empresas públicas. Samira Nasser, que trabajaba como ingeniera agrícola en una fábrica de productos lácteos, fue trasladada a la empresa de industrias hidráulicas. La GFITU organizó una campaña de solidaridad y, más de dos meses después, consiguió que se anulara el traslado.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 14 de enero de 2022, que corresponde al décimo aniversario de la revolución tunecina, decenas de miles de tunecinos contrarios a la dictadura salieron a la calle pero no pudieron manifestarse, dado que miles de policías bloquearon el acceso a la avenida Habib Bourguiba, la principal avenida de la capital, y utilizaron cañones de agua, porras y gases lacrimógenos –con violencia física– contra los manifestantes, además de efectuar detenciones. Algunos de los manifestantes detenidos fueron puestos en libertad el mismo día, mientras que otros iban a ser remitidos a los tribunales.

Asia-Pacífico

31%

31% of Commonwealth countries restricted free speech and assembly.

26%43%

Countries where freedom of speech and assembly was denied or constrained increased from 26% of countries in 2014 to 43% of countries in 2021.

41% de los países han restringido la libertad de expresión y reunión.

26%41%

El número de países donde se deniega o se restringe la libertad de expresión y de reunión aumentó pasando del 26% en 2014 al 41% de los países en 2022.

15%

En 15% de los países de Europa se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 22% en 2021
24%

En 24% de los países de Américas se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 20% en 2021
45%

En 45% de los países de África se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 50% en 2021
84%

84% de los países en Oriente Medio y Norte de África restringieron la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 83% en 2021
61%

61% de los países en Asia-Pacífico restringieron la libertad de expresión y reunión.

Ningún cambio respecto a 2021

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El Primero de Mayo de 2021, 212 manifestantes fueron detenidos en Estambul (Turquía) por intentar celebrar una protesta desafiando las estrictas normas de confinamiento para frenar el coronavirus establecidas por el Gobierno. En vísperas de la histórica jornada, la policía cerró todas las vías de acceso a la plaza de Taksim, lugar donde 34 personas fueron asesinadas durante una protesta relacionada con el Primero de Mayo en 1977. Por motivos de seguridad, las manifestaciones del Primero de Mayo están prohibidas en la plaza Taksim desde hace varios años.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

A lo largo de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la sanidad organizaron múltiples protestas contra la promulgación de la Ley de emergencia sanitaria aprobada el 4 de febrero de 2021, que prohíbe los sanitarios llevar a cabo huelgas y protestas de. Esta ley fue aprobada sin el consenso de los trabajadores. Las organizaciones sindicales han exigido garantías para poder realizar su trabajo en unas condiciones dignas, y que se permita la libertad sindical. No obstante, sus demandas no han sido atendidas.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Cuando el pueblo kazajo comenzó a organizar protestas pacíficas por la democracia y la justicia social en enero de 2022, la policía y las fuerzas armadas respondieron con una brutalidad extrema, matando a más de 160 personas y deteniendo a más de 8.000.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 18 de mayo de 2021, el Tribunal del Distrito y de la Ciudad de Bobruisk condenó al presidente del sindicato de JSC Belshina (fábrica de neumáticos), Sergei Gurlo. Gurlo fue declarado culpable de infringir el artículo 369 del Código Penal por “insultar en las redes sociales a un agente de la ley”, lo que supuestamente hizo en 2020. Sergei fue condenado a 18 meses de restricción de libertad en un claro intento de reprimir el derecho de expresión de un líder sindical. El caso se juzgó a puerta cerrada, y Sergei fue obligado a firmar un documento de no divulgación de los materiales del caso penal.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 8 de junio de 2021, el presidente Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes participen o promuevan una “actividad extremista” se enfrentarán a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no estaba claramente definida en la nueva legislación, y despertó temores de que las nuevas disposiciones se utilicen para reprimir todo tipo de disidencia. Esta nueva ley se suma a las promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para organizar actos multitudinarios y prohíben a los periodistas informar en directo sobre dichos actos.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 1 de mayo de 2021, la policía impidió la celebración del Primero de Mayo de la sección del Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) en el Distrito de Chitungwiza, presentándose en el lugar, acosando a los trabajadores, negándoles la entrada a la sala y amenazando con detenerles.

El delegado regional del ZCTU presente exigió a la policía una justificación por escrito respecto a la prohibición del acto, a lo cual el oficial superior de policía encargado se negó.

El ZCTU ha vivido muchas situaciones de este tipo durante mucho tiempo. Las actividades del ZCTU se ven a menudo interrumpidas por personas enviadas desde la oficina del presidente, o por la propia policía, que acosan y dispersan a los trabajadores o exigen ver los programas o sentarse en las reuniones.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 20 de octubre de 2021, los empleados y empleadas del sector público que acudieron a entregar una petición al Ministerio de Servicios Públicos se encontraron con lo que describieron como una “demostración de fuerza sin precedentes”. En la petición se solicitaba una revisión salarial para 2021, acabar con la precarización de la función pública, el cese de la privatización de la función pública y el cese de los ataques contra los sindicatos.

El comisario nacional de policía prohibió la manifestación, aduciendo “la seguridad nacional” y “la seguridad y el orden públicos”. Cuando los trabajadores se reunieron para manifestarse y entregar la petición, habiendo respetado íntegramente el protocolo necesario, la policía los dispersó utilizando gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y balas de goma. La policía detuvo dos autobuses que transportaban trabajadores de los servicios públicos, entre los que había miembros de la Swaziland National Association of Teachers (SNAT) y del Swaziland Democratic Nurses Union (SDNU), y les lanzó gases lacrimógenos. Las puertas del autobús estaban cerradas. Cuando los trabajadores intentaron salir, la policía empezó a dispararles. Finalmente las ventanas traseras se rompieron y los trabajadores lograron escapar. Según algunos informes, un total de 36 personas resultaron heridas y un joven transeúnte perdió la vida. Según otros informes, al menos 80 personas resultaron heridas en los actos de violencia registrados en la capital de Eswatini, Mbabane, y en la ciudad de Manzini.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

En diciembre de 2021, el Consejo Municipal de Mbabane, Eswatini, denegó a las asociaciones del sector público, entre las que figura la Swaziland National Association of Teachers (SNAT), el permiso para manifestarse por la ciudad para entregar una petición al Ministerio de Servicios Públicos. La carta de la municipalidad hacía referencia a una directiva recibida por parte del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano para “suspender indefinidamente la emisión de permisos para todo tipo de procesiones en zonas urbanas”, con fecha 21 de octubre de 2021.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Las protestas a favor de la democracia en Eswatini no han cesado desde mayo de 2021, y los sindicatos y demás grupos de la sociedad civil han estado reclamando elecciones democráticas y el fin de la monarquía absoluta en el país, que prohíbe a los partidos políticos participar en comicios. En el trascurso de estas protestas, se calcula que 72 manifestantes han muerto a manos de la policía y las fuerzas del orden, centenares han resultado heridos y varios continúan desaparecidos. Algunos activistas se han tenido que esconder y otros se han exiliado. En una declaración realizada el 18 de octubre de 2021, el ministro de Comercio de Eswatini, Mancoba Khumalo, manifestó que los trabajadores que participaran en protestas en favor de la democracia y contra el rey Mswati se arriesgaban a perder su empleo.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Tras el golpe de Estado de enero de 2022, los sindicatos de Burkina Faso intentaron organizar una manifestación, pero la junta militar se lo impidió. Desde entonces, los sindicatos no han podido organizar acciones colectivas.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 27 de mayo de 2021 el Gobierno de Sri Lanka promulgó un decreto por el que resultaba prácticamente imposible que 12.000 funcionarios de zonas rurales hicieran huelga, además de despojar a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público de sus derechos básicos. El decreto era una respuesta a la amenaza de huelga de los funcionarios, que exigían ser vacunados contra la COVID-19. El decreto afirmaba que los servicios y departamentos estatales sometidos a la prohibición de huelga eran “esenciales” de cara a la “pandemia de COVID-19”. El sindicato que representa a los trabajadores y trabajadoras de los pueblos tuvo que suspender inmediatamente la huelga inminente.

Cinco días después, el 2 de junio, el Gobierno emitió un segundo decreto en vísperas de una amenaza de huelga de los trabajadores de numerosos hospitales importantes. Dicho decreto ampliaba la prohibición de hacer huelga a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y de otras administraciones públicas.

Los dos decretos afectan a los trabajadores de puertos, ferrocarriles, transporte en autobús, petróleo, gas, bancos estatales y seguros; cubren asimismo a enfermeros, médicos y demás trabajadores sanitarios; a los trabajadores de la Administración pública y de empresas estatales de distribución de alimentos; y a los empleados de los nueve consejos provinciales de Sri Lanka. Los trabajadores que desobedezcan la prohibición de huelga pueden ser despedidos. Además se enfrentan a multas de entre 2.000 y 5.000 rupias, a “rigurosas penas de cárcel” de dos a cinco años, a la confiscación de sus “bienes muebles e inmuebles” y a la retirada de sus credenciales profesionales. Cualquier persona que intente “incitar, inducir o animar” a alguien sujeto a la prohibición de huelga a no acudir al trabajo, ya sea mediante un “acto físico o mediante un discurso o un escrito”, se expone igualmente a multas, confiscación de bienes y penas de hasta cinco años de cárcel.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

La policía de Fiji denegó al Fiji Trades Union Congress (FTUC) un permiso para manifestarse y celebrar un mitin en Suva el 1 de mayo de 2021. No se le dio ninguna razón por escrito, pero se le comunicó verbalmente que se debía a los temores de contagio de COVID-19. Sin embargo, en el caso de otras concentraciones, como actividades deportivas y recreativas, no se aplicaron restricciones.

Este ha sido el sexto año consecutivo que se deniega al FTUC un permiso para manifestarse. Pese a las reiteradas garantías del Gobierno ante la OIT y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en cuanto a su pleno respeto por los derechos humanos y de los trabajadores y trabajadoras, incluido el derecho de reunión pacífica, parece que este no tiene intención de cumplir sus compromisos.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

La policía de Bangladesh prohibió reiteradamente las reuniones sindicales y después impidió físicamente que los participantes se sumaran a una reunión en la que se iba a formar un comité regional del IndustriALL Bangladesh Council (IBC).

El IBC es el órgano de coordinación de las organizaciones bangladesíes afiliadas al sindicato IndustriALL. El 24 de septiembre de 2021 se había previsto celebrar una reunión en la oficina de la Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF) en Chattogram, para formar un comité regional. No obstante, la reunión se suspendió después de que el vicepresidente senior del IBC, Salauddin Shapon, recibiera una llamada de la policía.

Al día siguiente se había previsto celebrar otra reunión en un lugar distinto, pero la policía volvió a ponerse en contacto con el vicepresidente para decirle que la reunión tampoco podía celebrarse allí.

En un tercer intento, el IBC decidió celebrar la reunión en la oficina de otra organización afiliada, la Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL), pero cuando los líderes del IBC llegaron, varios agentes de policía, algunos de ellos de paisano, bloquearon la puerta y no permitieron la entrada a nadie.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Desde agosto de 2021, cuando tomaron el poder en Afganistán, los talibanes han restringido severamente los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión. En Herat, los combatientes talibanes azotaron a los manifestantes y dispararon indiscriminadamente para dispersar a la multitud, matando a dos hombres e hiriendo a, por lo menos, otros ocho. Posteriormente prohibieron las protestas que no contaran con la aprobación previa del Ministerio de Justicia de Kabul.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Samira Nasser y Sabah Hassan, miembros de la Oficina Ejecutiva de la General Federation of Iraq Trade Unions (GFITU) y empleados en empresas del sector público, fueron acusados de difamación a raíz de unas publicaciones en Facebook, y posteriormente remitidos a una investigación administrativa por “acusaciones malintencionadas”. Ambos fueron degradados y trasladados a otras empresas públicas. Samira Nasser, que trabajaba como ingeniera agrícola en una fábrica de productos lácteos, fue trasladada a la empresa de industrias hidráulicas. La GFITU organizó una campaña de solidaridad y, más de dos meses después, consiguió que se anulara el traslado.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 14 de enero de 2022, que corresponde al décimo aniversario de la revolución tunecina, decenas de miles de tunecinos contrarios a la dictadura salieron a la calle pero no pudieron manifestarse, dado que miles de policías bloquearon el acceso a la avenida Habib Bourguiba, la principal avenida de la capital, y utilizaron cañones de agua, porras y gases lacrimógenos –con violencia física– contra los manifestantes, además de efectuar detenciones. Algunos de los manifestantes detenidos fueron puestos en libertad el mismo día, mientras que otros iban a ser remitidos a los tribunales.

África

31%

31% of Commonwealth countries restricted free speech and assembly.

26%43%

Countries where freedom of speech and assembly was denied or constrained increased from 26% of countries in 2014 to 43% of countries in 2021.

41% de los países han restringido la libertad de expresión y reunión.

26%41%

El número de países donde se deniega o se restringe la libertad de expresión y de reunión aumentó pasando del 26% en 2014 al 41% de los países en 2022.

15%

En 15% de los países de Europa se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 22% en 2021
24%

En 24% de los países de Américas se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 20% en 2021
45%

En 45% de los países de África se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 50% en 2021
84%

84% de los países en Oriente Medio y Norte de África restringieron la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 83% en 2021
61%

61% de los países en Asia-Pacífico restringieron la libertad de expresión y reunión.

Ningún cambio respecto a 2021

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El Primero de Mayo de 2021, 212 manifestantes fueron detenidos en Estambul (Turquía) por intentar celebrar una protesta desafiando las estrictas normas de confinamiento para frenar el coronavirus establecidas por el Gobierno. En vísperas de la histórica jornada, la policía cerró todas las vías de acceso a la plaza de Taksim, lugar donde 34 personas fueron asesinadas durante una protesta relacionada con el Primero de Mayo en 1977. Por motivos de seguridad, las manifestaciones del Primero de Mayo están prohibidas en la plaza Taksim desde hace varios años.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

A lo largo de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la sanidad organizaron múltiples protestas contra la promulgación de la Ley de emergencia sanitaria aprobada el 4 de febrero de 2021, que prohíbe los sanitarios llevar a cabo huelgas y protestas de. Esta ley fue aprobada sin el consenso de los trabajadores. Las organizaciones sindicales han exigido garantías para poder realizar su trabajo en unas condiciones dignas, y que se permita la libertad sindical. No obstante, sus demandas no han sido atendidas.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Cuando el pueblo kazajo comenzó a organizar protestas pacíficas por la democracia y la justicia social en enero de 2022, la policía y las fuerzas armadas respondieron con una brutalidad extrema, matando a más de 160 personas y deteniendo a más de 8.000.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 18 de mayo de 2021, el Tribunal del Distrito y de la Ciudad de Bobruisk condenó al presidente del sindicato de JSC Belshina (fábrica de neumáticos), Sergei Gurlo. Gurlo fue declarado culpable de infringir el artículo 369 del Código Penal por “insultar en las redes sociales a un agente de la ley”, lo que supuestamente hizo en 2020. Sergei fue condenado a 18 meses de restricción de libertad en un claro intento de reprimir el derecho de expresión de un líder sindical. El caso se juzgó a puerta cerrada, y Sergei fue obligado a firmar un documento de no divulgación de los materiales del caso penal.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 8 de junio de 2021, el presidente Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes participen o promuevan una “actividad extremista” se enfrentarán a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no estaba claramente definida en la nueva legislación, y despertó temores de que las nuevas disposiciones se utilicen para reprimir todo tipo de disidencia. Esta nueva ley se suma a las promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para organizar actos multitudinarios y prohíben a los periodistas informar en directo sobre dichos actos.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 1 de mayo de 2021, la policía impidió la celebración del Primero de Mayo de la sección del Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) en el Distrito de Chitungwiza, presentándose en el lugar, acosando a los trabajadores, negándoles la entrada a la sala y amenazando con detenerles.

El delegado regional del ZCTU presente exigió a la policía una justificación por escrito respecto a la prohibición del acto, a lo cual el oficial superior de policía encargado se negó.

El ZCTU ha vivido muchas situaciones de este tipo durante mucho tiempo. Las actividades del ZCTU se ven a menudo interrumpidas por personas enviadas desde la oficina del presidente, o por la propia policía, que acosan y dispersan a los trabajadores o exigen ver los programas o sentarse en las reuniones.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 20 de octubre de 2021, los empleados y empleadas del sector público que acudieron a entregar una petición al Ministerio de Servicios Públicos se encontraron con lo que describieron como una “demostración de fuerza sin precedentes”. En la petición se solicitaba una revisión salarial para 2021, acabar con la precarización de la función pública, el cese de la privatización de la función pública y el cese de los ataques contra los sindicatos.

El comisario nacional de policía prohibió la manifestación, aduciendo “la seguridad nacional” y “la seguridad y el orden públicos”. Cuando los trabajadores se reunieron para manifestarse y entregar la petición, habiendo respetado íntegramente el protocolo necesario, la policía los dispersó utilizando gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y balas de goma. La policía detuvo dos autobuses que transportaban trabajadores de los servicios públicos, entre los que había miembros de la Swaziland National Association of Teachers (SNAT) y del Swaziland Democratic Nurses Union (SDNU), y les lanzó gases lacrimógenos. Las puertas del autobús estaban cerradas. Cuando los trabajadores intentaron salir, la policía empezó a dispararles. Finalmente las ventanas traseras se rompieron y los trabajadores lograron escapar. Según algunos informes, un total de 36 personas resultaron heridas y un joven transeúnte perdió la vida. Según otros informes, al menos 80 personas resultaron heridas en los actos de violencia registrados en la capital de Eswatini, Mbabane, y en la ciudad de Manzini.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

En diciembre de 2021, el Consejo Municipal de Mbabane, Eswatini, denegó a las asociaciones del sector público, entre las que figura la Swaziland National Association of Teachers (SNAT), el permiso para manifestarse por la ciudad para entregar una petición al Ministerio de Servicios Públicos. La carta de la municipalidad hacía referencia a una directiva recibida por parte del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano para “suspender indefinidamente la emisión de permisos para todo tipo de procesiones en zonas urbanas”, con fecha 21 de octubre de 2021.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Las protestas a favor de la democracia en Eswatini no han cesado desde mayo de 2021, y los sindicatos y demás grupos de la sociedad civil han estado reclamando elecciones democráticas y el fin de la monarquía absoluta en el país, que prohíbe a los partidos políticos participar en comicios. En el trascurso de estas protestas, se calcula que 72 manifestantes han muerto a manos de la policía y las fuerzas del orden, centenares han resultado heridos y varios continúan desaparecidos. Algunos activistas se han tenido que esconder y otros se han exiliado. En una declaración realizada el 18 de octubre de 2021, el ministro de Comercio de Eswatini, Mancoba Khumalo, manifestó que los trabajadores que participaran en protestas en favor de la democracia y contra el rey Mswati se arriesgaban a perder su empleo.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Tras el golpe de Estado de enero de 2022, los sindicatos de Burkina Faso intentaron organizar una manifestación, pero la junta militar se lo impidió. Desde entonces, los sindicatos no han podido organizar acciones colectivas.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 27 de mayo de 2021 el Gobierno de Sri Lanka promulgó un decreto por el que resultaba prácticamente imposible que 12.000 funcionarios de zonas rurales hicieran huelga, además de despojar a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público de sus derechos básicos. El decreto era una respuesta a la amenaza de huelga de los funcionarios, que exigían ser vacunados contra la COVID-19. El decreto afirmaba que los servicios y departamentos estatales sometidos a la prohibición de huelga eran “esenciales” de cara a la “pandemia de COVID-19”. El sindicato que representa a los trabajadores y trabajadoras de los pueblos tuvo que suspender inmediatamente la huelga inminente.

Cinco días después, el 2 de junio, el Gobierno emitió un segundo decreto en vísperas de una amenaza de huelga de los trabajadores de numerosos hospitales importantes. Dicho decreto ampliaba la prohibición de hacer huelga a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y de otras administraciones públicas.

Los dos decretos afectan a los trabajadores de puertos, ferrocarriles, transporte en autobús, petróleo, gas, bancos estatales y seguros; cubren asimismo a enfermeros, médicos y demás trabajadores sanitarios; a los trabajadores de la Administración pública y de empresas estatales de distribución de alimentos; y a los empleados de los nueve consejos provinciales de Sri Lanka. Los trabajadores que desobedezcan la prohibición de huelga pueden ser despedidos. Además se enfrentan a multas de entre 2.000 y 5.000 rupias, a “rigurosas penas de cárcel” de dos a cinco años, a la confiscación de sus “bienes muebles e inmuebles” y a la retirada de sus credenciales profesionales. Cualquier persona que intente “incitar, inducir o animar” a alguien sujeto a la prohibición de huelga a no acudir al trabajo, ya sea mediante un “acto físico o mediante un discurso o un escrito”, se expone igualmente a multas, confiscación de bienes y penas de hasta cinco años de cárcel.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

La policía de Fiji denegó al Fiji Trades Union Congress (FTUC) un permiso para manifestarse y celebrar un mitin en Suva el 1 de mayo de 2021. No se le dio ninguna razón por escrito, pero se le comunicó verbalmente que se debía a los temores de contagio de COVID-19. Sin embargo, en el caso de otras concentraciones, como actividades deportivas y recreativas, no se aplicaron restricciones.

Este ha sido el sexto año consecutivo que se deniega al FTUC un permiso para manifestarse. Pese a las reiteradas garantías del Gobierno ante la OIT y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en cuanto a su pleno respeto por los derechos humanos y de los trabajadores y trabajadoras, incluido el derecho de reunión pacífica, parece que este no tiene intención de cumplir sus compromisos.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

La policía de Bangladesh prohibió reiteradamente las reuniones sindicales y después impidió físicamente que los participantes se sumaran a una reunión en la que se iba a formar un comité regional del IndustriALL Bangladesh Council (IBC).

El IBC es el órgano de coordinación de las organizaciones bangladesíes afiliadas al sindicato IndustriALL. El 24 de septiembre de 2021 se había previsto celebrar una reunión en la oficina de la Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF) en Chattogram, para formar un comité regional. No obstante, la reunión se suspendió después de que el vicepresidente senior del IBC, Salauddin Shapon, recibiera una llamada de la policía.

Al día siguiente se había previsto celebrar otra reunión en un lugar distinto, pero la policía volvió a ponerse en contacto con el vicepresidente para decirle que la reunión tampoco podía celebrarse allí.

En un tercer intento, el IBC decidió celebrar la reunión en la oficina de otra organización afiliada, la Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL), pero cuando los líderes del IBC llegaron, varios agentes de policía, algunos de ellos de paisano, bloquearon la puerta y no permitieron la entrada a nadie.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Desde agosto de 2021, cuando tomaron el poder en Afganistán, los talibanes han restringido severamente los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión. En Herat, los combatientes talibanes azotaron a los manifestantes y dispararon indiscriminadamente para dispersar a la multitud, matando a dos hombres e hiriendo a, por lo menos, otros ocho. Posteriormente prohibieron las protestas que no contaran con la aprobación previa del Ministerio de Justicia de Kabul.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Samira Nasser y Sabah Hassan, miembros de la Oficina Ejecutiva de la General Federation of Iraq Trade Unions (GFITU) y empleados en empresas del sector público, fueron acusados de difamación a raíz de unas publicaciones en Facebook, y posteriormente remitidos a una investigación administrativa por “acusaciones malintencionadas”. Ambos fueron degradados y trasladados a otras empresas públicas. Samira Nasser, que trabajaba como ingeniera agrícola en una fábrica de productos lácteos, fue trasladada a la empresa de industrias hidráulicas. La GFITU organizó una campaña de solidaridad y, más de dos meses después, consiguió que se anulara el traslado.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 14 de enero de 2022, que corresponde al décimo aniversario de la revolución tunecina, decenas de miles de tunecinos contrarios a la dictadura salieron a la calle pero no pudieron manifestarse, dado que miles de policías bloquearon el acceso a la avenida Habib Bourguiba, la principal avenida de la capital, y utilizaron cañones de agua, porras y gases lacrimógenos –con violencia física– contra los manifestantes, además de efectuar detenciones. Algunos de los manifestantes detenidos fueron puestos en libertad el mismo día, mientras que otros iban a ser remitidos a los tribunales.

Américas

31%

31% of Commonwealth countries restricted free speech and assembly.

26%43%

Countries where freedom of speech and assembly was denied or constrained increased from 26% of countries in 2014 to 43% of countries in 2021.

41% de los países han restringido la libertad de expresión y reunión.

26%41%

El número de países donde se deniega o se restringe la libertad de expresión y de reunión aumentó pasando del 26% en 2014 al 41% de los países en 2022.

15%

En 15% de los países de Europa se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 22% en 2021
24%

En 24% de los países de Américas se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 20% en 2021
45%

En 45% de los países de África se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 50% en 2021
84%

84% de los países en Oriente Medio y Norte de África restringieron la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 83% en 2021
61%

61% de los países en Asia-Pacífico restringieron la libertad de expresión y reunión.

Ningún cambio respecto a 2021

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El Primero de Mayo de 2021, 212 manifestantes fueron detenidos en Estambul (Turquía) por intentar celebrar una protesta desafiando las estrictas normas de confinamiento para frenar el coronavirus establecidas por el Gobierno. En vísperas de la histórica jornada, la policía cerró todas las vías de acceso a la plaza de Taksim, lugar donde 34 personas fueron asesinadas durante una protesta relacionada con el Primero de Mayo en 1977. Por motivos de seguridad, las manifestaciones del Primero de Mayo están prohibidas en la plaza Taksim desde hace varios años.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

A lo largo de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la sanidad organizaron múltiples protestas contra la promulgación de la Ley de emergencia sanitaria aprobada el 4 de febrero de 2021, que prohíbe los sanitarios llevar a cabo huelgas y protestas de. Esta ley fue aprobada sin el consenso de los trabajadores. Las organizaciones sindicales han exigido garantías para poder realizar su trabajo en unas condiciones dignas, y que se permita la libertad sindical. No obstante, sus demandas no han sido atendidas.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Cuando el pueblo kazajo comenzó a organizar protestas pacíficas por la democracia y la justicia social en enero de 2022, la policía y las fuerzas armadas respondieron con una brutalidad extrema, matando a más de 160 personas y deteniendo a más de 8.000.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 18 de mayo de 2021, el Tribunal del Distrito y de la Ciudad de Bobruisk condenó al presidente del sindicato de JSC Belshina (fábrica de neumáticos), Sergei Gurlo. Gurlo fue declarado culpable de infringir el artículo 369 del Código Penal por “insultar en las redes sociales a un agente de la ley”, lo que supuestamente hizo en 2020. Sergei fue condenado a 18 meses de restricción de libertad en un claro intento de reprimir el derecho de expresión de un líder sindical. El caso se juzgó a puerta cerrada, y Sergei fue obligado a firmar un documento de no divulgación de los materiales del caso penal.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 8 de junio de 2021, el presidente Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes participen o promuevan una “actividad extremista” se enfrentarán a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no estaba claramente definida en la nueva legislación, y despertó temores de que las nuevas disposiciones se utilicen para reprimir todo tipo de disidencia. Esta nueva ley se suma a las promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para organizar actos multitudinarios y prohíben a los periodistas informar en directo sobre dichos actos.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 1 de mayo de 2021, la policía impidió la celebración del Primero de Mayo de la sección del Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) en el Distrito de Chitungwiza, presentándose en el lugar, acosando a los trabajadores, negándoles la entrada a la sala y amenazando con detenerles.

El delegado regional del ZCTU presente exigió a la policía una justificación por escrito respecto a la prohibición del acto, a lo cual el oficial superior de policía encargado se negó.

El ZCTU ha vivido muchas situaciones de este tipo durante mucho tiempo. Las actividades del ZCTU se ven a menudo interrumpidas por personas enviadas desde la oficina del presidente, o por la propia policía, que acosan y dispersan a los trabajadores o exigen ver los programas o sentarse en las reuniones.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 20 de octubre de 2021, los empleados y empleadas del sector público que acudieron a entregar una petición al Ministerio de Servicios Públicos se encontraron con lo que describieron como una “demostración de fuerza sin precedentes”. En la petición se solicitaba una revisión salarial para 2021, acabar con la precarización de la función pública, el cese de la privatización de la función pública y el cese de los ataques contra los sindicatos.

El comisario nacional de policía prohibió la manifestación, aduciendo “la seguridad nacional” y “la seguridad y el orden públicos”. Cuando los trabajadores se reunieron para manifestarse y entregar la petición, habiendo respetado íntegramente el protocolo necesario, la policía los dispersó utilizando gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y balas de goma. La policía detuvo dos autobuses que transportaban trabajadores de los servicios públicos, entre los que había miembros de la Swaziland National Association of Teachers (SNAT) y del Swaziland Democratic Nurses Union (SDNU), y les lanzó gases lacrimógenos. Las puertas del autobús estaban cerradas. Cuando los trabajadores intentaron salir, la policía empezó a dispararles. Finalmente las ventanas traseras se rompieron y los trabajadores lograron escapar. Según algunos informes, un total de 36 personas resultaron heridas y un joven transeúnte perdió la vida. Según otros informes, al menos 80 personas resultaron heridas en los actos de violencia registrados en la capital de Eswatini, Mbabane, y en la ciudad de Manzini.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

En diciembre de 2021, el Consejo Municipal de Mbabane, Eswatini, denegó a las asociaciones del sector público, entre las que figura la Swaziland National Association of Teachers (SNAT), el permiso para manifestarse por la ciudad para entregar una petición al Ministerio de Servicios Públicos. La carta de la municipalidad hacía referencia a una directiva recibida por parte del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano para “suspender indefinidamente la emisión de permisos para todo tipo de procesiones en zonas urbanas”, con fecha 21 de octubre de 2021.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Las protestas a favor de la democracia en Eswatini no han cesado desde mayo de 2021, y los sindicatos y demás grupos de la sociedad civil han estado reclamando elecciones democráticas y el fin de la monarquía absoluta en el país, que prohíbe a los partidos políticos participar en comicios. En el trascurso de estas protestas, se calcula que 72 manifestantes han muerto a manos de la policía y las fuerzas del orden, centenares han resultado heridos y varios continúan desaparecidos. Algunos activistas se han tenido que esconder y otros se han exiliado. En una declaración realizada el 18 de octubre de 2021, el ministro de Comercio de Eswatini, Mancoba Khumalo, manifestó que los trabajadores que participaran en protestas en favor de la democracia y contra el rey Mswati se arriesgaban a perder su empleo.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Tras el golpe de Estado de enero de 2022, los sindicatos de Burkina Faso intentaron organizar una manifestación, pero la junta militar se lo impidió. Desde entonces, los sindicatos no han podido organizar acciones colectivas.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 27 de mayo de 2021 el Gobierno de Sri Lanka promulgó un decreto por el que resultaba prácticamente imposible que 12.000 funcionarios de zonas rurales hicieran huelga, además de despojar a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público de sus derechos básicos. El decreto era una respuesta a la amenaza de huelga de los funcionarios, que exigían ser vacunados contra la COVID-19. El decreto afirmaba que los servicios y departamentos estatales sometidos a la prohibición de huelga eran “esenciales” de cara a la “pandemia de COVID-19”. El sindicato que representa a los trabajadores y trabajadoras de los pueblos tuvo que suspender inmediatamente la huelga inminente.

Cinco días después, el 2 de junio, el Gobierno emitió un segundo decreto en vísperas de una amenaza de huelga de los trabajadores de numerosos hospitales importantes. Dicho decreto ampliaba la prohibición de hacer huelga a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y de otras administraciones públicas.

Los dos decretos afectan a los trabajadores de puertos, ferrocarriles, transporte en autobús, petróleo, gas, bancos estatales y seguros; cubren asimismo a enfermeros, médicos y demás trabajadores sanitarios; a los trabajadores de la Administración pública y de empresas estatales de distribución de alimentos; y a los empleados de los nueve consejos provinciales de Sri Lanka. Los trabajadores que desobedezcan la prohibición de huelga pueden ser despedidos. Además se enfrentan a multas de entre 2.000 y 5.000 rupias, a “rigurosas penas de cárcel” de dos a cinco años, a la confiscación de sus “bienes muebles e inmuebles” y a la retirada de sus credenciales profesionales. Cualquier persona que intente “incitar, inducir o animar” a alguien sujeto a la prohibición de huelga a no acudir al trabajo, ya sea mediante un “acto físico o mediante un discurso o un escrito”, se expone igualmente a multas, confiscación de bienes y penas de hasta cinco años de cárcel.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

La policía de Fiji denegó al Fiji Trades Union Congress (FTUC) un permiso para manifestarse y celebrar un mitin en Suva el 1 de mayo de 2021. No se le dio ninguna razón por escrito, pero se le comunicó verbalmente que se debía a los temores de contagio de COVID-19. Sin embargo, en el caso de otras concentraciones, como actividades deportivas y recreativas, no se aplicaron restricciones.

Este ha sido el sexto año consecutivo que se deniega al FTUC un permiso para manifestarse. Pese a las reiteradas garantías del Gobierno ante la OIT y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en cuanto a su pleno respeto por los derechos humanos y de los trabajadores y trabajadoras, incluido el derecho de reunión pacífica, parece que este no tiene intención de cumplir sus compromisos.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

La policía de Bangladesh prohibió reiteradamente las reuniones sindicales y después impidió físicamente que los participantes se sumaran a una reunión en la que se iba a formar un comité regional del IndustriALL Bangladesh Council (IBC).

El IBC es el órgano de coordinación de las organizaciones bangladesíes afiliadas al sindicato IndustriALL. El 24 de septiembre de 2021 se había previsto celebrar una reunión en la oficina de la Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF) en Chattogram, para formar un comité regional. No obstante, la reunión se suspendió después de que el vicepresidente senior del IBC, Salauddin Shapon, recibiera una llamada de la policía.

Al día siguiente se había previsto celebrar otra reunión en un lugar distinto, pero la policía volvió a ponerse en contacto con el vicepresidente para decirle que la reunión tampoco podía celebrarse allí.

En un tercer intento, el IBC decidió celebrar la reunión en la oficina de otra organización afiliada, la Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL), pero cuando los líderes del IBC llegaron, varios agentes de policía, algunos de ellos de paisano, bloquearon la puerta y no permitieron la entrada a nadie.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Desde agosto de 2021, cuando tomaron el poder en Afganistán, los talibanes han restringido severamente los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión. En Herat, los combatientes talibanes azotaron a los manifestantes y dispararon indiscriminadamente para dispersar a la multitud, matando a dos hombres e hiriendo a, por lo menos, otros ocho. Posteriormente prohibieron las protestas que no contaran con la aprobación previa del Ministerio de Justicia de Kabul.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Samira Nasser y Sabah Hassan, miembros de la Oficina Ejecutiva de la General Federation of Iraq Trade Unions (GFITU) y empleados en empresas del sector público, fueron acusados de difamación a raíz de unas publicaciones en Facebook, y posteriormente remitidos a una investigación administrativa por “acusaciones malintencionadas”. Ambos fueron degradados y trasladados a otras empresas públicas. Samira Nasser, que trabajaba como ingeniera agrícola en una fábrica de productos lácteos, fue trasladada a la empresa de industrias hidráulicas. La GFITU organizó una campaña de solidaridad y, más de dos meses después, consiguió que se anulara el traslado.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 14 de enero de 2022, que corresponde al décimo aniversario de la revolución tunecina, decenas de miles de tunecinos contrarios a la dictadura salieron a la calle pero no pudieron manifestarse, dado que miles de policías bloquearon el acceso a la avenida Habib Bourguiba, la principal avenida de la capital, y utilizaron cañones de agua, porras y gases lacrimógenos –con violencia física– contra los manifestantes, además de efectuar detenciones. Algunos de los manifestantes detenidos fueron puestos en libertad el mismo día, mientras que otros iban a ser remitidos a los tribunales.

Europa

31%

31% of Commonwealth countries restricted free speech and assembly.

26%43%

Countries where freedom of speech and assembly was denied or constrained increased from 26% of countries in 2014 to 43% of countries in 2021.

41% de los países han restringido la libertad de expresión y reunión.

26%41%

El número de países donde se deniega o se restringe la libertad de expresión y de reunión aumentó pasando del 26% en 2014 al 41% de los países en 2022.

15%

En 15% de los países de Europa se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 22% en 2021
24%

En 24% de los países de Américas se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 20% en 2021
45%

En 45% de los países de África se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 50% en 2021
84%

84% de los países en Oriente Medio y Norte de África restringieron la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 83% en 2021
61%

61% de los países en Asia-Pacífico restringieron la libertad de expresión y reunión.

Ningún cambio respecto a 2021

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El Primero de Mayo de 2021, 212 manifestantes fueron detenidos en Estambul (Turquía) por intentar celebrar una protesta desafiando las estrictas normas de confinamiento para frenar el coronavirus establecidas por el Gobierno. En vísperas de la histórica jornada, la policía cerró todas las vías de acceso a la plaza de Taksim, lugar donde 34 personas fueron asesinadas durante una protesta relacionada con el Primero de Mayo en 1977. Por motivos de seguridad, las manifestaciones del Primero de Mayo están prohibidas en la plaza Taksim desde hace varios años.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

A lo largo de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la sanidad organizaron múltiples protestas contra la promulgación de la Ley de emergencia sanitaria aprobada el 4 de febrero de 2021, que prohíbe los sanitarios llevar a cabo huelgas y protestas de. Esta ley fue aprobada sin el consenso de los trabajadores. Las organizaciones sindicales han exigido garantías para poder realizar su trabajo en unas condiciones dignas, y que se permita la libertad sindical. No obstante, sus demandas no han sido atendidas.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Cuando el pueblo kazajo comenzó a organizar protestas pacíficas por la democracia y la justicia social en enero de 2022, la policía y las fuerzas armadas respondieron con una brutalidad extrema, matando a más de 160 personas y deteniendo a más de 8.000.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 18 de mayo de 2021, el Tribunal del Distrito y de la Ciudad de Bobruisk condenó al presidente del sindicato de JSC Belshina (fábrica de neumáticos), Sergei Gurlo. Gurlo fue declarado culpable de infringir el artículo 369 del Código Penal por “insultar en las redes sociales a un agente de la ley”, lo que supuestamente hizo en 2020. Sergei fue condenado a 18 meses de restricción de libertad en un claro intento de reprimir el derecho de expresión de un líder sindical. El caso se juzgó a puerta cerrada, y Sergei fue obligado a firmar un documento de no divulgación de los materiales del caso penal.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 8 de junio de 2021, el presidente Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes participen o promuevan una “actividad extremista” se enfrentarán a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no estaba claramente definida en la nueva legislación, y despertó temores de que las nuevas disposiciones se utilicen para reprimir todo tipo de disidencia. Esta nueva ley se suma a las promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para organizar actos multitudinarios y prohíben a los periodistas informar en directo sobre dichos actos.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 1 de mayo de 2021, la policía impidió la celebración del Primero de Mayo de la sección del Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) en el Distrito de Chitungwiza, presentándose en el lugar, acosando a los trabajadores, negándoles la entrada a la sala y amenazando con detenerles.

El delegado regional del ZCTU presente exigió a la policía una justificación por escrito respecto a la prohibición del acto, a lo cual el oficial superior de policía encargado se negó.

El ZCTU ha vivido muchas situaciones de este tipo durante mucho tiempo. Las actividades del ZCTU se ven a menudo interrumpidas por personas enviadas desde la oficina del presidente, o por la propia policía, que acosan y dispersan a los trabajadores o exigen ver los programas o sentarse en las reuniones.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 20 de octubre de 2021, los empleados y empleadas del sector público que acudieron a entregar una petición al Ministerio de Servicios Públicos se encontraron con lo que describieron como una “demostración de fuerza sin precedentes”. En la petición se solicitaba una revisión salarial para 2021, acabar con la precarización de la función pública, el cese de la privatización de la función pública y el cese de los ataques contra los sindicatos.

El comisario nacional de policía prohibió la manifestación, aduciendo “la seguridad nacional” y “la seguridad y el orden públicos”. Cuando los trabajadores se reunieron para manifestarse y entregar la petición, habiendo respetado íntegramente el protocolo necesario, la policía los dispersó utilizando gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y balas de goma. La policía detuvo dos autobuses que transportaban trabajadores de los servicios públicos, entre los que había miembros de la Swaziland National Association of Teachers (SNAT) y del Swaziland Democratic Nurses Union (SDNU), y les lanzó gases lacrimógenos. Las puertas del autobús estaban cerradas. Cuando los trabajadores intentaron salir, la policía empezó a dispararles. Finalmente las ventanas traseras se rompieron y los trabajadores lograron escapar. Según algunos informes, un total de 36 personas resultaron heridas y un joven transeúnte perdió la vida. Según otros informes, al menos 80 personas resultaron heridas en los actos de violencia registrados en la capital de Eswatini, Mbabane, y en la ciudad de Manzini.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

En diciembre de 2021, el Consejo Municipal de Mbabane, Eswatini, denegó a las asociaciones del sector público, entre las que figura la Swaziland National Association of Teachers (SNAT), el permiso para manifestarse por la ciudad para entregar una petición al Ministerio de Servicios Públicos. La carta de la municipalidad hacía referencia a una directiva recibida por parte del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano para “suspender indefinidamente la emisión de permisos para todo tipo de procesiones en zonas urbanas”, con fecha 21 de octubre de 2021.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Las protestas a favor de la democracia en Eswatini no han cesado desde mayo de 2021, y los sindicatos y demás grupos de la sociedad civil han estado reclamando elecciones democráticas y el fin de la monarquía absoluta en el país, que prohíbe a los partidos políticos participar en comicios. En el trascurso de estas protestas, se calcula que 72 manifestantes han muerto a manos de la policía y las fuerzas del orden, centenares han resultado heridos y varios continúan desaparecidos. Algunos activistas se han tenido que esconder y otros se han exiliado. En una declaración realizada el 18 de octubre de 2021, el ministro de Comercio de Eswatini, Mancoba Khumalo, manifestó que los trabajadores que participaran en protestas en favor de la democracia y contra el rey Mswati se arriesgaban a perder su empleo.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Tras el golpe de Estado de enero de 2022, los sindicatos de Burkina Faso intentaron organizar una manifestación, pero la junta militar se lo impidió. Desde entonces, los sindicatos no han podido organizar acciones colectivas.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 27 de mayo de 2021 el Gobierno de Sri Lanka promulgó un decreto por el que resultaba prácticamente imposible que 12.000 funcionarios de zonas rurales hicieran huelga, además de despojar a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público de sus derechos básicos. El decreto era una respuesta a la amenaza de huelga de los funcionarios, que exigían ser vacunados contra la COVID-19. El decreto afirmaba que los servicios y departamentos estatales sometidos a la prohibición de huelga eran “esenciales” de cara a la “pandemia de COVID-19”. El sindicato que representa a los trabajadores y trabajadoras de los pueblos tuvo que suspender inmediatamente la huelga inminente.

Cinco días después, el 2 de junio, el Gobierno emitió un segundo decreto en vísperas de una amenaza de huelga de los trabajadores de numerosos hospitales importantes. Dicho decreto ampliaba la prohibición de hacer huelga a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y de otras administraciones públicas.

Los dos decretos afectan a los trabajadores de puertos, ferrocarriles, transporte en autobús, petróleo, gas, bancos estatales y seguros; cubren asimismo a enfermeros, médicos y demás trabajadores sanitarios; a los trabajadores de la Administración pública y de empresas estatales de distribución de alimentos; y a los empleados de los nueve consejos provinciales de Sri Lanka. Los trabajadores que desobedezcan la prohibición de huelga pueden ser despedidos. Además se enfrentan a multas de entre 2.000 y 5.000 rupias, a “rigurosas penas de cárcel” de dos a cinco años, a la confiscación de sus “bienes muebles e inmuebles” y a la retirada de sus credenciales profesionales. Cualquier persona que intente “incitar, inducir o animar” a alguien sujeto a la prohibición de huelga a no acudir al trabajo, ya sea mediante un “acto físico o mediante un discurso o un escrito”, se expone igualmente a multas, confiscación de bienes y penas de hasta cinco años de cárcel.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

La policía de Fiji denegó al Fiji Trades Union Congress (FTUC) un permiso para manifestarse y celebrar un mitin en Suva el 1 de mayo de 2021. No se le dio ninguna razón por escrito, pero se le comunicó verbalmente que se debía a los temores de contagio de COVID-19. Sin embargo, en el caso de otras concentraciones, como actividades deportivas y recreativas, no se aplicaron restricciones.

Este ha sido el sexto año consecutivo que se deniega al FTUC un permiso para manifestarse. Pese a las reiteradas garantías del Gobierno ante la OIT y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en cuanto a su pleno respeto por los derechos humanos y de los trabajadores y trabajadoras, incluido el derecho de reunión pacífica, parece que este no tiene intención de cumplir sus compromisos.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

La policía de Bangladesh prohibió reiteradamente las reuniones sindicales y después impidió físicamente que los participantes se sumaran a una reunión en la que se iba a formar un comité regional del IndustriALL Bangladesh Council (IBC).

El IBC es el órgano de coordinación de las organizaciones bangladesíes afiliadas al sindicato IndustriALL. El 24 de septiembre de 2021 se había previsto celebrar una reunión en la oficina de la Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF) en Chattogram, para formar un comité regional. No obstante, la reunión se suspendió después de que el vicepresidente senior del IBC, Salauddin Shapon, recibiera una llamada de la policía.

Al día siguiente se había previsto celebrar otra reunión en un lugar distinto, pero la policía volvió a ponerse en contacto con el vicepresidente para decirle que la reunión tampoco podía celebrarse allí.

En un tercer intento, el IBC decidió celebrar la reunión en la oficina de otra organización afiliada, la Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL), pero cuando los líderes del IBC llegaron, varios agentes de policía, algunos de ellos de paisano, bloquearon la puerta y no permitieron la entrada a nadie.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Desde agosto de 2021, cuando tomaron el poder en Afganistán, los talibanes han restringido severamente los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión. En Herat, los combatientes talibanes azotaron a los manifestantes y dispararon indiscriminadamente para dispersar a la multitud, matando a dos hombres e hiriendo a, por lo menos, otros ocho. Posteriormente prohibieron las protestas que no contaran con la aprobación previa del Ministerio de Justicia de Kabul.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Samira Nasser y Sabah Hassan, miembros de la Oficina Ejecutiva de la General Federation of Iraq Trade Unions (GFITU) y empleados en empresas del sector público, fueron acusados de difamación a raíz de unas publicaciones en Facebook, y posteriormente remitidos a una investigación administrativa por “acusaciones malintencionadas”. Ambos fueron degradados y trasladados a otras empresas públicas. Samira Nasser, que trabajaba como ingeniera agrícola en una fábrica de productos lácteos, fue trasladada a la empresa de industrias hidráulicas. La GFITU organizó una campaña de solidaridad y, más de dos meses después, consiguió que se anulara el traslado.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 14 de enero de 2022, que corresponde al décimo aniversario de la revolución tunecina, decenas de miles de tunecinos contrarios a la dictadura salieron a la calle pero no pudieron manifestarse, dado que miles de policías bloquearon el acceso a la avenida Habib Bourguiba, la principal avenida de la capital, y utilizaron cañones de agua, porras y gases lacrimógenos –con violencia física– contra los manifestantes, además de efectuar detenciones. Algunos de los manifestantes detenidos fueron puestos en libertad el mismo día, mientras que otros iban a ser remitidos a los tribunales.

Los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad de Bolivia se opusieron a una nueva ley que prohíbe su derecho a la huelga y otras libertades democráticas básicas.Aizar Raldes / AFP

Tendencias en nueve años: Libertad de expresión y reunión