Europa

2,49

Violaciones repetidas de los derechos

Mejor que el año pasado

En Europa, la clasificación regional media fue de 2,49, situándose entre (2) Violaciones repetidas de y (3) Violaciones regulares. Los derechos de negociación colectiva fueron aplastados en la mayoría de los países, mientras que, en los países de Europa oriental, el movimiento sindical independiente continúa estando severamente reprimido. El número de países donde los trabajadores sufrieron violentos ataques registró un marcado ascenso, pasando del 12% al 26% de los países. Conforme empezaron a aliviarse las restricciones impuestas para controlar la pandemia de COVID-19, las restricciones sobre la libertad de expresión y de reunión disminuyeron del 22% en 2021 al 15% de los países en 2022. A causa del actual conflicto armado, Rusia y Ucrania no han sido incluidos en el Índice Global de los Derechos 2022.

De un vistazo

72%

72% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

Frente a un 73% en 2021
54%

54% de los países han vulnerado el derecho de negociación colectiva.

Ningún cambio respecto a 2021
41%

41% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato.

Ningún cambio respecto a 2021
38%

En el 38% de los países se impidió el registro de sindicatos.

Frente a un 37% en 2021
33%

En 33% de los países se arrestó y detuvo a trabajadores/as.

Frente a un 29% en 2021
32%

32% de los países en Europa denegaron acceso a la justicia a trabajadores/as.

Frente a un 34% en 2021
26%

Trabajadores/as sufrieron violentos ataques en 26% de los países de Europa.

Frente a un 12% en 2021
15%

En 15% de los países de Europa se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 22% en 2021

Violaciones de los derechos de los trabajadores

Derecho de huelgaEnjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

72%

72% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

Frente a un 73% en 2021

Enjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

En Bélgica, el artículo 406 del Código Penal permite el enjuiciamiento y la condena por “obstrucción maliciosa del tráfico” en el contexto de un movimiento de huelga. Esta disposición, que ya se ha aplicado en dos ocasiones en los últimos dos años para condenar a 17 miembros de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) a penas de prisión suspendidas y a importantes multas, obstaculiza gravemente las posibilidades de organizar huelgas en el país.

Aunque los sindicatos belgas han presentado un recurso para anular las condenas, en 2022 otro sindicalista fue procesado en virtud de la misma disposición a raíz de un piquete organizado en 2016 en el centro penitenciario de Lantin. El Ayuntamiento presentó una denuncia penal contra miembros de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP) por tirar basura en la calle, alegando daños en el asfalto en el lugar donde se había encendido un brasero. Aunque el fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa, esta seguía pendiente en el momento de redactar el presente informe.

Enjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

El 8 de junio de 2021, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes sean declarados partícipes o promotores de “actividades extremistas” se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no está claramente definida en la nueva legislación, y se teme que las nuevas disposiciones sean utilizadas para reprimir cualquier disidencia. Esta nueva ley se suma a las leyes promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para poder organizar actos multitudinarios.

Derecho de huelgaDespidos por participar en acciones de huelga

72%

72% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

Frente a un 73% en 2021

Despidos por participar en acciones de huelga

Fiat Plastik, en Serbia, intentó poner fin a una huelga de sus trabajadores y trabajadoras en la ciudad serbia de Kragujevac, obligando a los miembros del comité de huelga a tomarse un permiso remunerado en mayo de 2021 y trasladando parte de la producción de la planta de Kragujevac. Trece trabajadores que participaron en los paros laborales, incluido el comité de huelga al completo, fueron suspendidos de manera improcedente, y el comité fue objeto de un cierre patronal. La dirección retiró asimismo la maquinaria de la planta.

Las protestas habían comenzado en enero de 2021 con paros de una hora diaria tras el anuncio de un recorte salarial de 300 EUR anuales.

En junio de 2021, la Inspección de Trabajo acusó a la dirección de faltas por sus tentativas de acabar con la huelga.

En agosto, el sindicado United Trade Unions of Serbia denunció intimidaciones por parte de la Agencia de Seguridad e Información de Serbia (BIA, por sus siglas en serbio). El 11 de agosto la BIA llamó al presidente del comité de huelga para invitarle a mantener una “conversación”. El sindicato de Fiat Plastik se negó, señalando que “no le interesaba la política”, sino únicamente los asuntos sindicales.

El conflicto prosiguió. Las negociaciones con Fiat, con la mediación de la Agencia Estatal para la Resolución Pacífica de Conflictos Laborales, fracasaron en octubre. En el momento de redactar el presente informe, el conflicto seguía sin haberse resuelto.

Despidos por participar en acciones de huelga

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa de alimentación Upfield, en Portugal, convocaron una serie de paros laborales de dos horas, a lo que la empresa respondió con un despido colectivo. La huelga se convocó después de que Upfield hiciera caso omiso de las demandas de los trabajadores, que reclamaban un incremento salarial de 30 EUR mensuales. Los paros dieron comienzo el 5 de julio de 2021.

A los pocos días de la publicación del preaviso de huelga, la empresa anunció su intención de despedir a 19 trabajadores, entre ellos un miembro del comité de empresa y los tres representantes del comité de salud y seguridad en el trabajo.

Los trabajadores celebraron una reunión y programaron para el 15 de julio una acción en defensa de sus derechos. El 19 de julio convocaron una huelga de 24 horas para protestar contra el despido colectivo y exigir incrementos salariales y promociones profesionales.

La relación de Upfield con los representantes de los trabajadores se había deteriorado sistemáticamente desde que un grupo financiero norteamericano (KKR) adquirió tres años antes la empresa, propiedad de Unilever-Jerónimo Martins Lda.

Despidos por participar en acciones de huelga

En Georgia, la empresa de limpieza y gestión de residuos Tbilservice Group despidió a Irakli Baghdavadze por organizar una huelga el 6 de agosto de 2021. Sus compañeros se sumaron a él para exigir un aumento de sueldo, nuevos uniformes y un seguro médico gratuito. La huelga concluyó el 9 de agosto, después de que el Ayuntamiento de Tiflis prometiera un incremento salarial a partir de 2022, pero Irakli perdió su trabajo por haber organizado la protesta.

Despidos por participar en acciones de huelga

El 22 de mayo de 2021, Kurum International en Albania despidió a 20 mecánicos y electricistas de las centrales hidroeléctricas Ulëz y Shkopet, vulnerando su convenio colectivo que había firmado en 2019 con la federación sindical Trade Union Federation of Industrial Workers of Albania (FSPISH).

Los trabajadores organizaron protestas y piquetes diarios, y a ellos se sumaron activistas sindicales que se desplazaron de toda Albania. La empresa respondió acosando al comité sindical y suspendiendo a las personas que participaron en la huelga.

Estas centrales hidroeléctricas son dos de las cuatro centrales que la empresa Kurum Holdings, con sede en Turquía, compró al Gobierno albanés en el marco de un acuerdo de privatización de 2013. Desde que adquirió las centrales, Kurum ha reducido la plantilla en 120 personas, dejando solo 43 trabajadores. Las centrales eléctricas son la única fuente principal de empleo que existe en la región.

Derecho a la negociación colectiva

54%

54% de los países han vulnerado el derecho de negociación colectiva.

Ningún cambio respecto a 2021

Derecho a la negociación colectiva

El 18 de marzo de 2022, P&O Ferries, propiedad de DP World, despidió de forma sumaria a 800 empleados, con vistas a sustituirlos por trabajadores más baratos contratados a través de agencia, con un sueldo por debajo del salario mínimo. Esta decisión fue inesperada, puesto que no se mantuvieron consultas previas con los sindicatos ni se avisó a los trabajadores. La noticia de los despidos masivos fue anunciada por la dirección mediante un comunicado por Zoom, tras lo cual las tripulaciones, atónicas, fueron desalojadas a la fuerza de los barcos por guardias de seguridad contratados.

Tanto sindicatos como políticos denunciaron este escándalo, y se han organizado concentraciones y campañas de solidaridad al respecto en todo el Reino Unido y en muchos otros países.

Derecho a la negociación colectiva

En 2021, el Sindicato de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras de Cádiz (España) denunció los reiterados incumplimientos del convenio colectivo incurridos por la empresa ITELYMP, encargada de la limpieza de las instalaciones de la Universidad de Cádiz. La última vulneración afectaba a las disposiciones sobre vacaciones, que la empresa había decidido reducir unilateralmente en dos días. Pese a la petición del sindicato, la empresa no modificó su postura.

Además, ITELYMP elaboró un plan de igualdad sin consultar a los representantes sindicales.

Derecho a la negociación colectiva

Los sindicatos y los trabajadores del sector del comercio de Polonia salieron a la calle el 4 de noviembre de 2021 para exigir una mejor representación sindical, un salario digno, los domingos libres y medidas para hacer frente a la escasez crónica de personal y a la elevada carga de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras del comercio minorista de Polonia representan el 14% de la mano de obra, pero solo el 3% está cubierto por un convenio colectivo. Debido al escaso nivel de negociación colectiva en el sector del comercio, los salarios y las condiciones son deficientes, y, en particular, las medidas en materia de salud y seguridad en el trabajo resultan inadecuadas.

Las organizaciones afiliadas a la central sindical nacional de Polonia NSZZ Solidarnosc denunciaron graves violaciones de los derechos sindicales en muchas empresas de comercio minorista, como el despido de líderes y miembros sindicales, la discriminación contra representantes y miembros sindicales, la exclusión del papel de los sindicatos, el desprecio hacia los derechos sindicales, el acceso restringido a los trabajadores y la falta de diálogo y consultas genuinos.

Gran parte del sector minorista del país está dominado por multinacionales, pero no se ha establecido ningún convenio colectivo con las mismas. Los principales minoristas que operan en Polonia son Amazon, Auchan, Carrefour, Castorama, H&M, Jysk, Lidl y Metro.

Derecho a la negociación colectiva

En los Países Bajos, los empleadores suelen negociar la adopción de recortes salariales con sindicatos amarillos o con el comité de empresa. No existe ninguna legislación en el país que garantice que solo los sindicatos independientes puedan establecer convenios colectivos o que los sindicatos tengan prioridad sobre los comités de empresa. En consecuencia, cuando los sindicatos deciden llevar a cabo una acción colectiva en el marco de una negociación, los empleadores pueden socavar la posición de los mismos estableciendo simplemente un convenio con los sindicatos amarillos o los comités de empresa.

Derecho a la negociación colectiva

En los Países Bajos, la federación sindical FNV lleva más de 15 años tratando de alcanzar un convenio colectivo en la industria de procesado de productos cárnicos, especialmente en lo que respeta al acceso de los delegados sindicales al lugar de trabajo. Durante décadas, los delegados sindicales que han intentado repartir folletos en los aparcamientos se han topado con prácticas intimidatorias y agresivas por parte de los empleadores, lo cuales han llegado a declarar que solo permitirán que los delegados sindicales accedan a sus instalaciones cuando se vean legalmente obligados a hacerlo. El sector cárnico cuenta con un elevado porcentaje de trabajadores y trabajadoras inmigrantes que son particularmente vulnerables a los abusos y a la precariedad.

Derecho a la negociación colectiva

El 8 de febrero de 2022 se organizó una huelga en la empresa lituana AB "Achema" para protestar por la persistente negativa del empleador a entablar una negociación colectiva. El sindicato había intentado durante varios años entablar un diálogo constructivo con la dirección de la empresa y había tomado todas las medidas posibles para alcanzar un acuerdo. Por desgracia, el empleador se negó en todo momento a participar en el diálogo social. Las tensiones aumentaron cuando el empleador adoptó unilateralmente un nuevo sistema retributivo.

Achema es un productor de fertilizantes nitrogenados y productos químicos en Lituania y los países bálticos. En la actualidad, la negociación colectiva no existe en la empresa, y el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo está investigando posibles violaciones de las disposiciones sobre el régimen de descanso y la jornada laboral de los trabajadores.

Derecho a la negociación colectiva

La dirección de la empresa biofarmacéutica AbbVie, en Carrigtwohill, Irlanda, se negó sistemáticamente a entablar negociaciones colectivas con los delegados del sindicato Services Industrial Professional and Technical Union (SIPTU).

La negativa persistió pese a dos recomendaciones del Tribunal Laboral en 2017 y 2020 para que negociara con los representantes del SIPTU, en nombre de sus miembros, “todas las cuestiones vinculadas a las condiciones de empleo, entre ellas el salario”.

Los representantes del SIPTU escribieron a la dirección en varias ocasiones mencionando su incapacidad para aplicar plenamente las dos recomendaciones del Tribunal Laboral y participar en la negociación colectiva con el sindicato. La dirección siguió negándose a responder y a negociar con el sindicato, ya fuera directa o indirectamente.

Finalmente, a principios de agosto de 2021, los miembros del SIPTU de la planta de AbbVie iniciaron una acción industrial consistente en prohibir las horas extras en el proceso de producción. Dos semanas más tarde no se había producido ningún avance, por lo que el sindicato anunció que estaba considerando endurecer su acción.

Derecho a la negociación colectiva

En Grecia, la violación de los convenios colectivos es algo habitual, sobre todo en el sector bancario. Las empresas se niegan a menudo a aplicar los convenios colectivos existentes. Este comportamiento se ha visto agravado con la adopción de la Ley 4808/2021 del 19 de junio de 2021, que establece que, en caso de impugnación de un convenio colectivo ante los tribunales, este quedará suspendido hasta que se emita una decisión judicial definitiva. Dicha ley conlleva, por tanto, el riesgo de suspender la aplicación de los convenios colectivos durante largos períodos de tiempo, privando a los trabajadores del beneficio de las disposiciones negociadas.

Derecho a la negociación colectiva

El 8 de febrero de 2021, la empresa finlandesa de la industria forestal United Paper Mills (UPM) anunció repentinamente que dejaría de negociar las condiciones de empleo y que estas se determinarían sin un convenio colectivo, lo que en la práctica significa que serían dictadas unilateralmente por el empleador.

Esta decisión estuvo precedida en octubre de 2020 de un anuncio por parte de la asociación de empleadores de la industria forestal, la Finnish Forest Industries Federation, según el cual la empresa no seguiría participando en la negociación colectiva. Los convenios colectivos a nivel nacional vencerían, y todos los acuerdos colectivos se harían a nivel de empresa.

Las peticiones de los sindicatos en representación de los trabajadores –el sindicato finlandés de trabajadores del papel Paperiliitto, el sindicato finlandés de trabajadores industriales Teollisuusliitto y el sindicato Pro– para negociar un convenio a nivel de empresa fueron rechazadas.

El 31 de agosto de 2021, UPM anunció que definiría las condiciones de trabajo sobre la base de “la legislación laboral, las prácticas de UPM y los contratos de trabajo individuales”. Según un cálculo que UPM presentó a sus empleados, el salario se reduciría en un tercio a partir de enero de 2022. También desaparecerían muchas de las prestaciones acordadas en el convenio colectivo.

Derecho a la negociación colectiva

En Bosnia y Herzegovina, los sindicatos y la compañía eléctrica estatal Elektroprivreda BiH (EPBiH) pactaron en mayo de 2021 un plan de reestructuración para siete minas de carbón propiedad de dicha empresa, que emplea a cerca de 7.000 trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo, el 22 de noviembre de 2021, EPBiH impuso nuevas normativas laborales que violaban el convenio colectivo, recortando el salario básico de los mineros de 850 BAM (489 USD) a 570 BAM (328 USD).

Miles de mineros interrumpieron su trabajo el 23 de noviembre y se manifestaron frente a la sede del Gobierno en Sarajevo. Reclamaban que el salario mínimo se fijara en 1.000 BAM (575 USD), así como las aportaciones a un plan de pensiones y la dimisión de los directores generales de las minas y del director de EPBiH. Las protestas se prolongaron una semana, hasta que el Gobierno intervino para mediar.

Derecho a la negociación colectiva

En junio de 2021, el presidente del Union of State, Local Governments and Public Service Employees of Armenia dirigió una carta al alcalde de Ereván, ofreciéndole entablar negociaciones sobre un convenio colectivo sectorial para los empleados y empleadas municipales, tal y como contempla el Código Laboral. La propuesta fue tajantemente rechazada por la Administración municipal. A principios de año, el líder del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Ereván fue despedido de forma improcedente.

Derecho a establecer y afiliarse a un sindicatoTrabajadores excluidos de la protección laboral

41%

41% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato.

Ningún cambio respecto a 2021

Trabajadores excluidos de la protección laboral

La legislación turca excluye a los altos funcionarios públicos, los magistrados y los guardias de prisiones del derecho a organizarse.

Derecho a establecer y afiliarse a un sindicatoPrácticas antisindicales

41%

41% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato.

Ningún cambio respecto a 2021

Prácticas antisindicales

En junio de 2021, 54 trabajadores de la fábrica ASD Laminat Factory de Düzce (Turquía) fueron despedidos como consecuencia de su afiliación al Sindicato Turco de Trabajadores de la Industria de la Madera y el Papel (AGAC-IS). La empresa se negó a reconocer al sindicato y recurrió a maniobras antisindicales, como despedir de manera arbitraria a sindicalistas y presionar a otros trabajadores para que renunciaran a su afiliación sindical. Tras una batalla legal de cuatro años, un tribunal local falló a favor de la reincorporación de los trabajadores a principios de este año. Sin embargo, la empresa siguió desacatando la decisión del tribunal e intensificó sus prácticas antisindicales. El 30 de junio, tan pronto como se levantó la “prohibición del despido” impuesta durante la pandemia, la fábrica empezó a despedir a trabajadores. A fecha de 14 de julio de 2021 había despedido a otros 19 trabajadores.

Prácticas antisindicales

Cuando los trabajadores y trabajadoras del fabricante de smartphones Salcomp en Estambul, Turquía, ejercieron su derecho fundamental a afiliarse a un sindicato, fueron objeto de intimidaciones, amenazas y despidos. Las condiciones de trabajo en la planta eran insoportables. Durante la pandemia se impusieron horas extraordinarias sin el consentimiento de los trabajadores y además solo se las pagaban parcialmente. Los descansos solo podían hacerse a discreción de los directores, y, como no había cantina, los trabajadores tuvieron que estar comiendo durante un tiempo en el interior de unos contenedores. Muchos trabajadores enfermaron de COVID-19.

Los trabajadores y trabajadoras decidieron afiliarse al Turkish Metalworkers’ Union (Türk Metal) en agosto de 2021, en respuesta a lo cual la dirección puso en marcha una campaña de represión sindical. Los trabajadores fueron intimidados y amenazados, y 170 miembros del sindicato fueron despedidos. Alrededor del 80% de los trabajadores despedidos eran mujeres. Tras seis días de protesta, los trabajadores consiguieron que Salcomp revocara su decisión y reincorporara a todos los miembros del sindicato despedidos.

Salcomp fabrica smartphones para la multinacional china Xiaomi, el segundo mayor fabricante de smartphones del mundo. En la planta de Estambul hay aproximadamente 800 trabajadores y trabajadoras, y se ha previsto aumentar la plantilla a 2.000 empleados.

Prácticas antisindicales

En noviembre de 2021, EasyJet interfirió gravemente en las elecciones sindicales de su centro de Barcelona (España) al despedir al representante de CC.OO. Este despido antisindical no tenía más motivo que impedir la expansión sindical en la empresa.

Prácticas antisindicales

En el sector privado griego, los empleadores despiden, trasladan y rebajan de categoría a los trabajadores y trabajadoras sindicalizados, o amenazan con emprender tales medidas contra los trabajadores para disuadirles de afiliarse a un sindicato.

Prácticas antisindicales

United Paper Mills (UPM) despidió al delegado sindical de su aserradero de Kaukas (Finlandia) en abril de 2021. La empresa alegó que se trataba de un despido legítimo relacionado con el cierre de una línea de producción del aserradero y con una “renovación del modelo de gestión”. Los sindicatos, por su parte, consideraron que se trataba de una maniobra para intentar socavar los sindicatos, que se produjo poco después de que UPM anunciara su intención de eliminar el sistema de negociación colectiva.

Prácticas antisindicales

En junio de 2021, dos empresas turcas, Cengiz İnşaat y CI-AY Mühendislik, fueron contratadas para reconstruir un tramo ferroviario en Croacia. Desde el inicio del proyecto, SGH, organización afiliada a la Unión de Sindicatos Autónomos de Croacia (SSSH, por sus siglas en croata) en el sector de la construcción, se puso en contacto con la dirección de las dos empresas para hablar de la necesidad de aplicar el convenio colectivo sectorial a todos los trabajadores empleados en el proyecto de reconstrucción, incluidos los trabajadores turcos contratados para el proyecto. Las dos empresas se negaron rotundamente a cualquier intento de la SGH de difundir información a los trabajadores.

El 17 de febrero de 2022, la SGH visitó a los trabajadores en la obra durante su descanso y les entregó folletos sobre los derechos recogidos en el convenio colectivo. Los trabajadores denunciaron una serie de violaciones de sus derechos, en particular trabajar entre 250 y 300 horas al mes y no cobrar las horas extras. Inmediatamente después, 17 trabajadores recibieron un mensaje de texto en el que se les informaba que habían sido despedidos.

Prácticas antisindicales

En Bulgaria los trabajadores y trabajadoras se enfrentan a numerosos obstáculos a la hora de afiliarse a un sindicato, puesto que los empleadores despiden a los trabajadores sindicalizados, acosan a los dirigentes sindicales, crean sindicatos amarillos y se niegan a recaudar las cuotas sindicales, pese a los acuerdos relativos a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales.

Prácticas antisindicales

Tras la reestructuración en abril de 2021 de la Administración de la Seguridad Social de Armenia, que fusionó en un solo organismo los servicios municipales y tres administraciones estatales, cada uno de los cuales tenía su propio sindicato, la dirección del recién creado Unified Social Service (USS) decidió anular las disposiciones relativas a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales y al cobro de las cuotas sindicales. Esta decisión unilateral tuvo un impacto desastroso en las finanzas de los sindicatos y en su capacidad de funcionamiento. Pese a las insistentes peticiones de los presidentes de los sindicatos, la cuestión no pudo resolverse.

Derecho a realizar actividades sindicales

38%

En el 38% de los países se impidió el registro de sindicatos.

Frente a un 37% en 2021

Derecho a realizar actividades sindicales

Las autoridades kazajas llevan mucho tiempo obstaculizando el funcionamiento de los sindicatos independientes en el país, procediendo simplemente a anular su registro y negándose a volver a registrarlos. En enero de 2021, las autoridades cancelaron el registro de la sección del Sectoral Fuel and Energy Workers’ Union (SFEWU) en la región de Kyzylordy, basando la decisión en una supuesta solicitud de cancelación de registro presentada por un expresidente.

Esta decisión ilegítima de anulación de registro tuvo repercusiones para el propio SFEWU, puesto que, según la ley, un sindicato sectorial debe tener por lo menos nueve secciones registradas. En febrero de 2021, el Tribunal Económico Interdistrital Especializado de Shymkent suspendió las actividades del SFEWU durante seis meses. La decisión fue confirmada por el tribunal de apelación y entró en vigor el 29 de abril de 2021. Todas las actividades del SFEWU tuvieron que cesar de inmediato debido a la amenaza de procesamiento penal de los dirigentes en virtud del artículo 430 del Código Penal.

Derecho a realizar actividades sindicales

En Macedonia del Norte persistió la discriminación contra la Konfederacija Slobodnik Sindikata (KSS) por parte de funcionarios estatales e instituciones públicas, ya que la solicitud de representatividad del KSS, presentada en julio de 2019, continuaba pendiente ante las autoridades sin ningún motivo oficial. De facto, la solicitud del KSS fue rechazada, por lo que el sindicato no pudo participar plenamente en el diálogo social nacional ni en el proceso de construcción de la política económica y social, ni tampoco pudo representar los intereses ni promover los derechos de sus miembros.

Derecho a realizar actividades sindicales

El 22 de julio de 2021, el Ministerio de Justicia bielorruso presentó una demanda ante el Tribunal Supremo para disolver la Belarusian Association of Journalists (BAJ). La BAJ ha sido acusada por el Gobierno de vulnerar la legislación sobre asociaciones nacionales de trabajadores. La solicitud de disolución de la BAJ fue aprobada por el Tribunal Supremo el 27 de agosto de 2021. La BAJ era la única organización independiente representante de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de Belarús, y una de las más destacadas defensoras de la libertad de expresión del país.

Libertades civiles

33%

En 33% de los países se arrestó y detuvo a trabajadores/as.

Frente a un 29% en 2021

Libertades civiles

En la tarde del 24 de febrero de 2022, varios desconocidos vestidos de civil irrumpieron en la oficina del Sindicato Libre de Trabajadores del Metal (SPM) sin presentar ningún documento, y procedieron a registrar el local y a apoderarse de material de oficina y de los teléfonos móviles de los dirigentes y los empleados de la oficina. El vicepresidente del SPM, Aleksandr Evdokimchik, fue arrestado y llevado a paradero desconocido. A primera hora de la mañana, el Comité Ejecutivo del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), la central sindical nacional, afiliada a la CSI, no pudo ponerse en contacto con Igor Komlik, abogado del sindicato. Según se supo más tarde, también fue arrestado por las fuerzas del orden.

Libertades civiles

En la mañana del 21 de septiembre de 2021, las fuerzas del orden registraron el apartamento de Volha Brytsikava, líder local de la principal organización sindical del Belarusian Independent Trade Union (BITU) en JSC Naftan, le incautaron el ordenador y la detuvieron. Otros dos miembros del BITU, Andrey Berezovsky y Roman Shkodin, fueron arrestados y detenidos durante 7 y 15 días respectivamente.

En Grodno Azot, el vicepresidente del sindicato local del BITU, Valiantsin Tseranevich, y los miembros del BITU Andrei Paheryla, Vladimir Zhurauka, Grigory Ruban, Dmitry Ilyushenko y Aleksey Sidor fueron detenidos por la policía.

En Zhlobin, Aliaksandr Hashnikau, secretario-tesorero de la sección principal del BITU en la Planta Metalúrgica Bielorrusa BMZ, fue arrestado el 17 de septiembre de 2021 y arbitrariamente detenido. Según su esposa, desapareció a mediados de septiembre y fue localizado una semana después.

El presidente del BITU, Maksim Pazniakou, fue detenido el 17 de septiembre, pero más tarde puesto en libertad. Se le impuso una multa de 350 USD por una publicación en las redes sociales en 2020 en la que aparecía un grupo de música bielorruso que las autoridades calificaron posteriormente de extremista.

Libertades civiles

La mañana del 23 de agosto de 2021, un líder sindical, acompañado de dos delegados sindicales, fue detenido mientras distribuía información sindical a los trabajadores y trabajadoras del complejo turístico Hapimag Resort Albufeira, Portugal. La dirección del hotel llamó a la Guardia Nacional Republicana (GNR) para impedir que el dirigente sindical llevara a cabo sus actividades sindicales en el interior del establecimiento, un derecho recogido en la Constitución de la República Portuguesa, en el Código Laboral y en el convenio colectivo del sector turístico.

El dirigente sindical intentó explicar a los agentes de la GNR que estaban ejerciendo un derecho constitucional, pero los agentes acataron la petición del empleador y detuvieron al líder sindical, llevándolo a la comisaría de Albufeira. El líder fue acusado y citado a comparecer ante el Tribunal de Albufeira.

El Sindicato da Hotelaria do Algarve y el Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria do Algarve apoyaron públicamente al trabajador afectado. Su sindicato, el Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve, recordó que la dirección del Hapimag Resort Albufeira había suspendido recientemente a los delegados sindicales de sus funciones como jefe y subjefe de cocina por el hecho de reclamar mejores condiciones de trabajo.

Las principales quejas de los trabajadores incluían las malas condiciones de trabajo y la violación de las normas de seguridad e higiene, cuestiones que llevaban dos años intentando resolver a través de la negociación.

Libertades civiles

El 28 de enero de 2022, la Federation of Trade Unions of Kyrgyzstan (FTUKg) tenía previsto celebrar el Consejo de la Federación, donde se debía fijar la fecha del Congreso de Unificación. La mañana del día 28, a las 7:50 a.m., Ryskul Babayeva, vicepresidenta de la FTUKg, fue arbitrariamente detenida por agentes de la policía del distrito de Alamedin por una falsa denuncia. Tras la investigación de la policía, se reveló que la denuncia era difamatoria. Babayeva fue puesta en libertad y pudo asistir al Consejo.

Libertades civiles

En abril de 2021, los representantes sindicales del Aeropuerto Internacional de Tirana (Albania) intentaron entablar negociaciones con la dirección con objeto de abordar los riesgos para la salud relacionados con el agotamiento físico y mental de los trabajadores en el contexto de la pandemia de COVID-19. En lugar de entablar diálogo con los sindicatos, la dirección procedió a recortar unilateralmente los salarios de los trabajadores y recurrió al acoso y la intimidación contra los miembros del sindicato y los trabajadores. Ante las crecientes presiones, los trabajadores se declararon incapacitados para trabajar por razones médicas, de conformidad con las normas internacionales del sector de la aviación civil. El Gobierno respondió desplegando las fuerzas del orden, desalojando a los trabajadores de las instalaciones y deteniendo a los dirigentes sindicales durante varios días bajo custodia policial o bajo arresto domiciliario, amenazando con emprender acciones legales contra los dirigentes sindicales y contratando a trabajadores de reemplazo de otros países.

Derecho a la justicia

32%

32% de los países en Europa denegaron acceso a la justicia a trabajadores/as.

Frente a un 34% en 2021

Derecho a la justicia

El 16 de diciembre de 2021 se cumplieron 10 años de la masacre de Zhanaozen (Kazajistán), que se produjo cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes, matando a 17 e hiriendo a más de 100 trabajadores. La violencia puso fin a una huelga de siete meses en la que participaron más de 3.000 trabajadores y trabajadoras para exigir un aumento salarial. Este caso fue objeto de un amplio examen por parte de organismos internacionales, los cuales expresaron unánimemente su preocupación por la ausencia de una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en relación con las protestas de Zhanaozen y solicitaron al Gobierno que investigara inmediatamente el caso. No obstante, hasta la fecha, el Gobierno de Kazajistán no ha respondido a las recomendaciones, y en los 10 años transcurridos desde los hechos no se ha iniciado ningún proceso ni se ha dictado ninguna condena.

Derecho a la justicia

Cuatro años después de los hechos, no se han producido avances en la investigación del violento ataque contra Dimitri Sinyavsky, presidente de la sección regional de Karaganda del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, que se produjo el 10 de noviembre de 2018. La falta de investigaciones y juicios efectivos contra los culpables de ataques violentos contra sindicalistas refuerzan el clima de inseguridad para las víctimas y de impunidad para los agresores, una situación sumamente perjudicial para el ejercicio de los derechos de libertad sindical en Kazajistán.

Derecho a la justicia

En Kazajistán, las restricciones impuestas a raíz de la sentencia judicial a la libertad de Larisa Nilolayvna Kharkova, exlíder de la Confederación de Sindicatos Independientes de la República de Kazajistán (CNTUK), expiraron el 9 de noviembre de 2021. No obstante, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos directivos en organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones no comerciales. El plazo de esta sanción, impuesta por el tribunal el 25 de julio de 2017, expira el 5 de octubre de 2022. Kharkova no pudo abrir una cuenta de liquidación en ninguno de los bancos de Kazajistán, y su cuenta bancaria personal continúa bloqueada con arreglo a las condiciones impuestas durante el examen de dicha causa penal.

De manera similar, al exactivista del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Amin Eleusinov, condenado en 2017 y eximido anticipadamente, en mayo de 2018, de cumplir una pena de cárcel, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos de liderazgo en organizaciones no gubernamentales hasta 2022.

El exlíder del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Nurbek Kushakbayev, condenado en 2017 por apelar a otras personas a sumarse a la supuesta huelga ilegal, ha cumplido su pena de cárcel. Sin embargo, no ha podido reanudar su labor sindical.

Derecho a la justicia

El 15 de junio de 2021, agentes del Departamento del Interior de la ciudad de Minsk realizaron un registro en el domicilio particular del vicepresidente del Free Trade Union of Belarus (SPB), Gennadiy Bykov. El 14 de julio de 2021, agentes del Departamento del Interior del distrito de Polotsk registraron el apartamento del presidente del SPB, Nikolai Sharakh. El 21 de julio de 2021, las autoridades registraron el domicilio del presidente del Comité de Auditoría del SPB, Victor Stukov.

Derecho a la justicia

El 26 de junio de 2021, agentes del Comité de Seguridad del Estado registraron la Oficina Regional del Belorussian Radio Electronics Workers’ Union (REPU) en Brest. El 16 de julio de 2021, agentes de las fuerzas del orden se presentaron en la sede del REPU en Minsk, rompiendo la puerta y sellando la otra. Más tarde, los agentes del orden afirmaron que estaban investigando a otra organización y que el registro no tenía nada que ver con las actividades del REPU. Era la segunda vez en seis meses que se registraba la sede del REPU en Minsk: el 16 de febrero de 2021, los servicios de seguridad del Estado ya habían registrado los locales e incautado documentos, equipos de comunicación y otros equipos. Al mismo tiempo se registraron los domicilios de varios activistas del REPU. Los agentes de seguridad afirmaron que los registros formaban parte de una investigación sobre la financiación del sindicato.

Derecho a la justicia

El 8 de julio de 2021 se registraron los domicilios de cuatro destacados miembros del sindicato Belarusian Independent Trade Union de la empresa JSC Naftan, en Navapolatsk, y dos de ellos fueron detenidos. Los dirigentes cuyos domicilios fueron registrados son el abogado sindicalista Aliaksandr Kapshul; la vicepresidenta de la organización de base, Jury Hashau; el vicepresidente Dzianis Hurski; y el secretario-tesorero Dzmitry Koyra. Hursky y Koyra fueron detenidos durante 72 horas y posteriormente puestos en libertad. Las autoridades alegaron que los registros y las detenciones estaban relacionadas con una causa penal en relación con los daños causados a la pintura del coche de Siarhei Brykun, que se produjeron en octubre de 2020.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

26%

Trabajadores/as sufrieron violentos ataques en 26% de los países de Europa.

Frente a un 12% en 2021

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

A principios de enero de 2022, los trabajadores de la fábrica de automóviles de Farplas, en la provincia de Kocaeli (Turquía), exigieron un aumento salarial. Al considerar insuficiente la oferta salarial presentada el 19 de enero, los trabajadores y trabajadoras detuvieron su trabajo en la fábrica en señal de protesta, a lo que el empleador accedió a entablar negociaciones con el Sindicato de Trabajadores del Metal Unidos, prometiendo no despedir a nadie en este proceso. La producción se reanudó al día siguiente, pero el empleador despidió sumariamente a cerca de 150 trabajadores, tanto miembros como no miembros del sindicato, aludiendo como justificación a la huelga de un día. A modo de protesta, los trabajadores despedidos de Farplas decidieron hacer una huelga en el interior de la fábrica. La policía irrumpió en la fábrica de Farplas, dispersando a los trabajadores con gas pimienta. Dos personas se desmayaron durante la intervención, y un trabajador acabó con una pierna rota.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

Varios activistas de la Confédération Générale du Travail (CGT) fueron atacados violentamente en París y Lyon (Francia) durante una manifestación del Primero de Mayo de 2021. Los individuos dañaron vehículos, profirieron insultos racistas y homófobos, hicieron comentarios que denostaban el “comunismo” de la CGT y la llamaron “collabos” (persona que colaboró con los Nazis). La CGT contabilizó al menos 21 heridos, de los cuales cuatro fueron hospitalizados en París. La Fiscalía de París abrió una investigación por “violencia deliberada y daños en una reunión”.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

En Belarús, el 5 de marzo de 2021, agentes del Departamento de Interior de la ciudad de Minsk interrumpieron la conferencia fundacional de los sindicatos libres de estudiantes. Irrumpiendo en las instalaciones vestidos de paisano, con la cara enmascarada y sin ningún tipo de insignia, recurrieron a la violencia, apresando a varios participantes de la reunión, que posteriormente fueron condenados a 15 días de detención por “desafiar una instrucción legítima de un agente”. Para justificar esta violenta injerencia, las autoridades alegaron que el acto estaba siendo celebrado por una organización ilegal. Sin embargo, el Free Trade Union of Belarus, que había organizado la conferencia, es una organización oficialmente registrada y operativa.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

15%

En 15% de los países de Europa se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 22% en 2021

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El Primero de Mayo de 2021, 212 manifestantes fueron detenidos en Estambul (Turquía) por intentar celebrar una protesta desafiando las estrictas normas de confinamiento para frenar el coronavirus establecidas por el Gobierno. En vísperas de la histórica jornada, la policía cerró todas las vías de acceso a la plaza de Taksim, lugar donde 34 personas fueron asesinadas durante una protesta relacionada con el Primero de Mayo en 1977. Por motivos de seguridad, las manifestaciones del Primero de Mayo están prohibidas en la plaza Taksim desde hace varios años.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Cuando el pueblo kazajo comenzó a organizar protestas pacíficas por la democracia y la justicia social en enero de 2022, la policía y las fuerzas armadas respondieron con una brutalidad extrema, matando a más de 160 personas y deteniendo a más de 8.000.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 18 de mayo de 2021, el Tribunal del Distrito y de la Ciudad de Bobruisk condenó al presidente del sindicato de JSC Belshina (fábrica de neumáticos), Sergei Gurlo. Gurlo fue declarado culpable de infringir el artículo 369 del Código Penal por “insultar en las redes sociales a un agente de la ley”, lo que supuestamente hizo en 2020. Sergei fue condenado a 18 meses de restricción de libertad en un claro intento de reprimir el derecho de expresión de un líder sindical. El caso se juzgó a puerta cerrada, y Sergei fue obligado a firmar un documento de no divulgación de los materiales del caso penal.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 8 de junio de 2021, el presidente Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes participen o promuevan una “actividad extremista” se enfrentarán a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no estaba claramente definida en la nueva legislación, y despertó temores de que las nuevas disposiciones se utilicen para reprimir todo tipo de disidencia. Esta nueva ley se suma a las promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para organizar actos multitudinarios y prohíben a los periodistas informar en directo sobre dichos actos.

Asesinatos

Se asesinó a trabajadores en Italia y Kazajstán.

Asesinatos

Cuando el pueblo kazajo empezó a organizar protestas pacíficas en favor de la democracia y la justicia social en enero de 2022, la policía y las fuerzas armadas respondieron con una brutalidad extrema, matando a más de 160 personas y arrestando a más de 8.000.

Asesinatos

En Italia, Adil Belakhdim, de 37 años, fue asesinado el 18 de junio de 2021 delante de un centro de distribución de Lidl en Biandrate, al norte de Italia. Él y otros 25 trabajadores sindicalizados del sector de la logística estaban protestando frente a la entrada de un almacén por las malas condiciones de trabajo. Un conductor de camión de un proveedor externo que intentaba salir del almacén atravesó la fila de piquetes que bloqueaban la puerta. El vehículo atropelló a Belakhdim y lo arrastró varios metros. Adil murió, y otros dos manifestantes, también atropellados por el camión, sufrieron heridas leves.

En marzo de 2022, P&O Ferries, propiedad de DP World, despidió a 800 empleados en el Reino Unido para sustituirlos por trabajadores más baratos, contratados por agencia con sueldos inferiores al salario mínimo.Hollie Adams / AFP

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