Asia-Pacífico

4,22

Violaciones sistemáticas de los derechos

Peor que el año pasado

La región de Asia-Pacífico es la segunda peor región del mundo en cuanto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Su calificación media empeoró pasando de 4,17 a 4,22 lo que se enmarca entre violaciones sistemáticas y derechos no garantizados.

El año 2022 estuvo marcado por la extrema brutalidad empleada por la policía para reprimir acciones de huelga, particularmente en Bangladesh y la India, donde algunos huelguistas perdieron la vida, y en Pakistán, donde se recurrió a la violencia contra trabajadores y trabajadoras. En Hong Kong las autoridades prácticamente silenciaron a los sindicatos y organizaciones pro-democracia. Siguieron produciéndose tremendos abusos de los derechos humanos en Myanmar. En Filipinas, sindicalistas y trabajadores viven temiendo sufrir en cualquier momento violentos ataques y detenciones arbitrarias.

En China, uigures, kazajos y otras etnias túrquicas musulmanas se han convertido en blanco de una intensa persecución y detenciones colectivas por parte de las autoridades que, entre otros abusos de los derechos humanos, los emplean como mano de obra forzosa para suministrar la industria de la confección. Miembros de esas comunidades perseguidas han sido víctimas de gravísimas violaciones de las libertades civiles, denegándoles la posibilidad de tener una voz colectiva y exponiéndose a detenciones arbitrarias.

De un vistazo

87%

87% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

Ningún cambio respecto a 2021
83%

83% de los países han vulnerado el derecho de negociación colectiva.

87%

87% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato.

Ningún cambio respecto a 2021
70%

70 % de los países en Asia-Pacífico denegaron acceso a la justicia a trabajadores/as.

Frente a un 74% en 2021
43%

Trabajadores/as sufrieron violentos ataques en 43% de los países de Asia-Pacífico.

Frente a un 35% en 2021
91%

En el 91% de los países se impidió el registro de sindicatos.

Ningún cambio respecto a 2021
61%

61% de los países en Asia-Pacífico restringieron la libertad de expresión y reunión.

Ningún cambio respecto a 2021

Asesinaron a trabajadores en Bangladesh, Filipinas, India y Myanmar.

83%

En 83% de los países se arrestó y detuvo a trabajadores/as.

Ningún cambio respecto a 2021

Violaciones de los derechos de los trabajadores

Derecho a realizar actividades sindicales

91%

En el 91% de los países se impidió el registro de sindicatos.

Ningún cambio respecto a 2021

Derecho a realizar actividades sindicales

El 2 de noviembre de 2021, unos individuos que decían ser miembros del Departamento de Policía de Ciudad Quezón se presentaron en la oficina nacional de Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO) en Manila para investigar supuestamente un conflicto laboral que afectaba a su organización afiliada, la Federation and Cooperation of Cola, Beverage, and Allied Industry Unions (FCCU). La FCCU está inmersa en un conflicto laboral en Coca-Cola Filipinas debido al estancamiento de la negociación salarial y a una campaña nacional para conseguir la reincorporación de una serie de dirigentes sindicales despedidos.

Los individuos carecían de documentos legales que los identificaran y autorizaran oficialmente o que indicaran el propósito de su visita. Solicitaron reiteradamente información sobre la oficina de SENTRO, los demás sindicatos allí presentes y sus actividades. Los supuestos agentes de policía también se dirigieron a los locales de la Trade Union Confederation of the Philippines (TUCP) en Ciudad Quezón, preguntando por la Coalición Laboral NAGKAISA, de la que forma parte SENTRO.

Derecho a realizar actividades sindicales

Las autoridades de Hong Kong han venido intensificando desde 2021 la presión sobre los sindicatos independientes para que o bien obedezcan o bien se disuelvan, mientras que el Registro de Sindicatos ha ido convocando sistemáticamente a los sindicatos independientes por motivos frívolos y abriendo procedimientos para anular su registro.

La Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) anunció en septiembre de 2021 que se preparaba para disolverse después de 31 años liderando el movimiento sindical democrático en la región. En el mes previo a dicha decisión, la HKCTU y sus organizaciones miembros sufrieron ataques e intimidaciones sin precedentes y fueron acusadas de delitos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2020. La seguridad personal de los dirigentes sindicales también se ha visto amenazada. El 3 de octubre de 2021, en el marco de una asamblea general extraordinaria, los miembros respaldaron la resolución de cese de actividades por 57 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

En 2022, el movimiento sindical independiente y el movimiento prodemocrático de Hong Kong han sido prácticamente silenciados, ya que muchos sindicatos se han visto obligados a disolverse o a darse de baja arbitrariamente, entre ellos el General Union of Hong Kong Speech Therapists (GUHKST); la Hospital Authority Employees’ Alliance (HAEA); el Hong Kong Professional Teachers’ Union (HKPTU); el Union of New Civil Servants (UNCS); Medicine Inspires; el Hong Kong Pharmaceutical and Medical Device Union; la Hong Kong Educators’ Alliance; el Frontline Doctors’ Union; el Hong Kong Pharmaceutical and Medical Device Union; el Financial Technology Professional Services Personnel Union; el Hong Kong Teaching and Research Support Staff Union; y el Next Media Trade Union (NMTU).

Derecho a realizar actividades sindicales

Tras el golpe de Estado perpetrado el 1 de febrero en Myanmar, 16 organizaciones sindicales fueron declaradas ilegales el 2 de marzo de 2021 por el Tatmadaw (Ejército birmano). Todas las zonas industriales de Yangón fueron sometidas a la ley marcial, lo que dificultó enormemente la organización de los trabajadores y trabajadoras. Los líderes sindicales informaron posteriormente de un éxodo masivo de trabajadores de fábricas de las zonas industriales a sus pueblos de origen. Los militares requirieron a los propietarios de las fábricas que revelaran los nombres y direcciones de los dirigentes sindicales para detenerlos, y enviaron soldados puerta por puerta a los dormitorios y albergues de los trabajadores para tratar de encontrarlos. Se llevaron a cabo redadas en los domicilios de los dirigentes sindicales y se confiscó dinero y otros objetos personales.

Derecho a realizar actividades sindicales

En 2022, las autoridades camboyanas siguieron impidiendo el registro de sindicatos por motivos arbitrarios o a raíz de errores técnicos de mínima importancia. En uno de los casos, un sindicato presentó su solicitud en el Ministerio de Trabajo el 25 de diciembre de 2020, junto con los diez tipos de documentos exigidos por la ley. En febrero de 2021, los dirigentes sindicales locales fueron citados por primera vez por el Ministerio para corregir una serie de errores ortográficos en la carta de presentación y en el perfil de los dirigentes sindicales. Más de dos meses después, el 7 de mayo de 2021, los líderes sindicales locales fueron citados por segunda vez para corregir el tamaño de las fotografías de los líderes sindicales de (3x4) a (4x6) y volver a presentarlas. En 2022, después de haber invertido mucho tiempo y recursos para presentar la solicitud, el sindicato seguía sin estar registrado.

Derecho a realizar actividades sindicales

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, tras lo cual el país se ha sumido en una situación de inestabilidad y pobreza. Se calcula que el 90% de la población trabajadora perdió su empleo. Una de las primeras medidas adoptadas por el régimen talibán fue restringir los derechos de las mujeres, en particular su acceso al empleo y a la educación.

Cuando los talibanes empezaron a reprimir las voces y las organizaciones democráticas, matando a activistas y allanando sus domicilios, los dirigentes del National Union of Afghanistan Workers and Employees (NUAWE) se vieron obligados a exiliarse, y gracias al apoyo de la CSI, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) y el Gobierno francés, pudieron encontrar refugio en Francia. Llevar a cabo actividades sindicales se ha convertido en algo extremadamente peligroso para los sindicalistas que permanecen en el país, puesto que se ven sometidos a una vigilancia constante y reciben amenazas de muerte.

Derecho de huelgaEnjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

87%

87% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

Ningún cambio respecto a 2021

Enjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

En 2022, Sawit Kaewvarn, presidente del sindicato de la empresa estatal de ferrocarriles de Tailandia, State Railway Union of Thailand (SRUT), y otros 12 líderes sindicales nacionales y locales seguían encarcelados injustamente. Los trabajadores y trabajadoras del SRUT habían sido objeto de una despiadada persecución judicial por parte de la administración de los Ferrocarriles del Estado de Tailandia por llevar a cabo una campaña nacional de seguridad ferroviaria tras el descarrilamiento mortal de un tren en octubre de 2009 en la estación de Khao Tao. Las autoridades tailandesas emprendieron una vendetta contra los trabajadores. Desde noviembre de 2018, los salarios mensuales de siete líderes del SRUT se han ido descontando para pagar multas de 24 millones THB (726.116 USD) a la empresa, con arreglo a una decisión del Tribunal Supremo de 2017. Los 13 sindicalistas cumplen actualmente una condena de tres años de cárcel.

Enjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

Cuarenta y cuatro empleados de Soft Touch Development Corp., una empresa de fabricación de pasta en Filipinas, fueron arrestados el 15 de diciembre de 2021 por declararse en huelga. Se les acusaba de reunión ilegal, desobediencia a una persona con autoridad y “alarma y escándalo”. Fueron puestos en libertad al cabo de 36 horas, a la espera de una nueva investigación. La empresa sostenía que los empleados tenían prohibido formar un sindicato porque su empleador era la agencia de empleo que los contrataba. La huelga se convocó después de que los trabajadores se enteraran de que iban a ser despedidos el 24 de diciembre, y fue brutalmente reprimida por la policía, que utilizó cañones de agua y porras contra los huelguistas, arrastrándolos hasta un furgón policial.

Enjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

El 8 de junio de 2021, cerca de 150 docentes desempleados fueron detenidos, mientras que más de una decena sufrieron heridas leves cuando la policía los atacó con porras en dos ocasiones en el transcurso de una protesta que tuvo lugar en las inmediaciones de la residencia del ministro principal de Punjab, en Patiala (India), repitiéndose así los incidentes ocurridos a principios de año.

Pese a múltiples garantías, el Gobierno no les había proporcionado un empleo en escuelas públicas. Los cinco sindicatos implicados estaban indignados por los retrasos a la hora de reunirse con funcionarios del Gobierno para que se atendieran sus demandas. Los docentes se enfrentaron a la policía cuando se dirigían a la residencia del ministro jefe. Los detenidos fueron posteriormente puestos en libertad sin cargos.

Derecho de huelgaDespidos por participar en acciones de huelga

87%

87% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

Ningún cambio respecto a 2021

Despidos por participar en acciones de huelga

En abril de 2021, el Korea Democratic Pharmaceutical Union (KDPU) anunció la interposición de una demanda contra Zuellig Pharma Specialty Solutions Korea por despido improcedente.

La empresa había anunciado la implementación de un programa de jubilación anticipada para despedir a parte del personal tras haber registrado pérdidas. No obstante, pronto se supo que los miembros del personal afectados eran todos miembros del sindicato de trabajadores de la empresa que se habían declarado en huelga el 30 de octubre de 2020 a raíz de un conflicto salarial.

Despidos por participar en acciones de huelga

Aproximadamente 1.400 trabajadores y trabajadoras de la National Health Mission (NHM) de la India, entre ellos enfermeras/os, médicos asesores, médicos de homeopatía ayurvédica y personal ministerial, fueron despedidos por el Gobierno de Punjab el 10 de mayo de 2021 por negarse a poner fin a una huelga de una semana. Cerca de 3.000 trabajadores de la NHM se declararon en huelga para exigir mejores salarios y contratos indefinidos. Los trabajadores despedidos, que fueron cesados con arreglo a la Ley de gestión de desastres, procedían de siete distritos de Punjab.

Derecho a establecer y afiliarse a un sindicatoTrabajadores excluidos de la protección laboral

87%

87% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato.

Ningún cambio respecto a 2021

Trabajadores excluidos de la protección laboral

En el sector de la confección, que representa la gran mayoría de la industria de la exportación de Bangladesh, más de 500.000 trabajadores/as empleados en las zonas francas industriales (ZFI) no pueden formar ni afiliarse a un sindicato, despojándolos así de la posibilidad de negociar para obtener mejores condiciones de trabajo. La situación empeoró con la aplicación de la Ley del trabajo de las Zonas Francas Industriales (ZFI) de 2019, que establece que los trabajadores solo pueden formar parte de una asociación de bienestar de los trabajadores, en la que estos no disponen de todo el alcance de la negociación colectiva. Está estrictamente prohibido que los trabajadores organicen cualquier tipo de protesta en las ZFI, y las protestas suelen ser objeto de violentas represalias por parte de las autoridades de las ZFI.

Trabajadores excluidos de la protección laboral

En Japón, la ley sigue excluyendo a los bomberos y al personal penitenciario del derecho a crear y afiliarse a sindicatos.

Trabajadores excluidos de la protección laboral

En 2021, Goundar Shipping, una importante compañía de transbordadores de Fiji, despidió a tres marinos filipinos después de que manifestaran su deseo de solicitar un permiso para hablar con los representantes sindicales sobre sus derechos y sobre la manera de regresar a su país. Formaban parte de un grupo de más de 20 marinos filipinos traídos a Fiji para operar y mantener su flota de transbordadores de pasajeros y de carga. Se les prometió salarios y condiciones decentes, pero, una vez allí, la compañía les informó de que se les pagaría entre un 60 y un 70% menos de lo prometido.

Dado que muchos de los marinos no podían permitirse pagar un billete de vuelta, aceptaron quedarse en la empresa y se les volvió a prometer la repatriación después de un año más de trabajo. Pero, llegado el momento, la compañía dijo que los vuelos y los costes por cuarentena eran demasiado caros debido al coronavirus y se negó a cumplir sus obligaciones de ayudar a los marinos a regresar a su país. Los marinos habían presentado quejas oficiales ante las autoridades de Fiji en septiembre de 2020, diciembre de 2020 y enero de 2021, sin éxito.

Trabajando en condiciones duras y aislados en los barcos durante meses, los marinos migrantes constituyen una de las categorías de trabajadores más vulnerables, y a menudo no tienen acceso a los sindicatos.

Derecho a establecer y afiliarse a un sindicatoPrácticas antisindicales

87%

87% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato.

Ningún cambio respecto a 2021

Prácticas antisindicales

En 2021, Hyundai colaboró en la creación de una planta de fabricación de automóviles en el sureste de Corea para poder producir coches de forma barata y, sobre todo, sin sindicatos. La nueva planta de automóviles, que se inauguraba a finales de 2021, está gestionada por Gwangju Global Motors (GGM), una empresa fundada recientemente por la ciudad de Gwangju, que tiene una participación mayoritaria del 21%, mientras que Hyundai tiene una participación del 19%. El objetivo era, sobre todo, evitar la mano de obra organizada. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la propia Hyundai están organizados y han emprendido, con éxito, acciones industriales para conseguir mejores salarios. El salario medio anual en Hyundai es de 88 millones KRW. En la nueva planta, apodada “fábrica de medio salario”, el promedio salarial anual es de 35 millones KRW, lo que se sitúa por debajo de la media nacional de 42,34 millones KRW para los empleados de la empresa.

Prácticas antisindicales

En mayo de 2021 la dirección del hotel Fairmont Sanur de Bali, Indonesia, perteneciente a la cadena Accor, se puso en contacto individualmente con los trabajadores que habían sido despedidos en julio de 2020 para ofrecerles de nuevo sus puestos de trabajo a condición de que renunciasen a su afiliación sindical.

En abril de 2020 los trabajadores habían aceptado un recorte salarial masivo del 70% para mantener el hotel en funcionamiento durante la pandemia. Pese a ello, la dirección intentó obligar a 68 trabajadores y trabajadoras a firmar cartas de dimisión “voluntaria” a finales de julio de 2020. Todos ellos eran miembros del recién creado sindicato Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Los trabajadores se negaron y, dos días después, recibieron una carta confirmando su despido.

La carta que los trabajadores tuvieron que firmar para recuperar sus puestos de trabajo especificaba: “Como empleado del Fairmont Hotel, por la presente declaro voluntariamente y con conocimiento de causa, sin coacción de parte alguna, que nunca me he afiliado al Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Así pues, presento esta carta de declaración en honor a la verdad.”

De los trabajadores contactados, solo cuatro accedieron a firmar, mientras que 38 siguieron luchando por la readmisión alegando despido improcedente.

Prácticas antisindicales

En agosto de 2021, la sección del Kerala Bank del distrito de Thiruvananthapuram, en la India, introdujo una serie de nuevos estatutos que limitan las actividades sindicales de su personal. En virtud de las nuevas normas, los sindicatos no pueden intervenir en ninguna decisión relacionada con los traslados. Poco después de ese anuncio, dos mujeres líderes de la Bank Employees Federation of India (BEFI) fueron trasladadas fuera de su distrito. Ambas mujeres eran miembros del Subcomité de Mujeres de la BEFI y trabajaban en la misma unidad. Fueron trasladadas con efecto inmediato a dos lugares distintos. Según el BEFI, el traslado se debe al permiso que se tomaron para participar en la convención del Consejo General del sindicato.

Prácticas antisindicales

El complejo de hoteles y casinos NagaWorld en Phnom Penh, Camboya, ha negado sistemáticamente a sus trabajadores y trabajadoras el derecho a la representación sindical. Durante más de dos décadas la dirección se ha negado a reconocer plenamente al sindicato Union of Khmer Employees of Naga World (LRSU).

Prácticas antisindicales

El 24 de septiembre de 2021, se había previsto celebrar una reunión en la oficina de la Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF) en Chattogram para formar un comité regional del IndustriALL Bangladesh Council (IBC). Sin embargo, la reunión se suspendió después de que el vicepresidente senior del IBC, Salauddin Shapon, recibiera una llamada de la policía. Al día siguiente se había previsto celebrar otra reunión en un lugar distinto, pero la policía volvió a ponerse en contacto con el vicepresidente para decirle que la reunión tampoco podía celebrarse allí.

En un tercer intento, el IBC decidió celebrar la reunión en la oficina de otra organización afiliada, la Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL), pero cuando los líderes del IBC llegaron, varios agentes de policía, algunos de ellos de paisano, bloquearon la puerta y no permitieron la entrada a nadie.

Derecho a la negociación colectiva

83%

83% de los países han vulnerado el derecho de negociación colectiva.

Derecho a la negociación colectiva

En Nueva Zelanda, la cadena de ropa H&M suspendió a 14 trabajadores y trabajadoras el 24 de abril de 2021, durante la negociación de un nuevo convenio colectivo sobre salarios, una medida antisindical que les penalizaba por intentar conseguir un salario digno. Ya en 2019, los trabajadores sindicalizados de H&M fueron objeto de un cierre patronal por llevar pegatinas en las tiendas reclamando un salario justo.

Derecho a la negociación colectiva

En Nueva Zelanda, el 22 de abril de 2021, NZ Bus notificó a los conductores de autobús de Wellington que serían sometidos a un cierre patronal a menos que accedieran a que se les rebajara el sueldo y las condiciones de empleo y aceptaran un contrato laboral más flexible. El anuncio del cierre patronal se produjo tras meses de amargas negociaciones sobre un nuevo convenio colectivo. NZ Bus había rechazado una oferta del Consejo Regional de Wellington para financiar un ajuste salarial digno, puesto que implicaba además una reducción de las condiciones de empleo. Esta vulneración de los derechos laborales fue denunciada enérgicamente tanto por el presidente del New Zealand Council of Trade Unions (NZCTU) como por el ministro de Transportes, que instó a la empresa a retirar el aviso.

Derecho a la negociación colectiva

El 28 de mayo de 2021, el sindicato Swire Coca-Cola Hong Kong Beverages Employees’ General Union (SCBEGU) inició una huelga en respuesta a los graves recortes salariales. La dirección había ignorado por completo al sindicato y el proceso de negociación colectiva a la hora de recortar los salarios y modificar su estructura salarial. El SCBEGU es uno de los pocos sindicatos del sector privado que ha ejercido sus derechos de negociación colectiva durante décadas.

Derecho a la negociación colectiva

En junio de 2021, la ministra de Administración Local anunció que algunos ayuntamientos estaban teniendo problemas financieros. Su solución fue socavar las condiciones acordadas en sus convenios colectivos e imponer unilateralmente a los trabajadores del Ayuntamiento contratos de duración determinada, con peores salarios y prestaciones. El Fiji Trades Union Congress (FTUC) denunció enérgicamente esta medida unilateral.

Derecho a la negociación colectiva

El 26 de octubre de 2021, la empresa australiana de estiba, Patrick Terminals, solicitó a la Comisión de Trabajo Justo que cancelara su convenio de empresa vigente, establecido con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA).

De prosperar, los estibadores perderían los salarios y las condiciones que habían negociado durante años y, a menos que se negociara un nuevo convenio en un plazo de seis meses, volverían a las normas mínimas del sector. Más de 1.000 trabajadores portuarios estaban cubiertos por el convenio.

El MUA y Patrick habían comenzado a negociar un nuevo convenio hacía cerca de dos años. El sindicato aceptó renunciar a su demanda inicial de la aplicación de incrementos salariales del 6% a lo largo de cuatro años y aceptó los aumentos del 2,5% de la empresa, muy por debajo de la actual subida del índice de precios al consumo del 3,8%. Patrick reprochó al MUA sus demandas poco razonables, en particular la petición de que se le consultara respecto a una proporción de nuevas contrataciones. El MUA señaló que se habían alcanzado acuerdos similares con otros grandes operadores portuarios. Por su parte, los trabajadores se opusieron a que la empresa utilizara mano de obra ocasional por parte de la empresa, a su actual régimen de turnos y a sus planes de contratación.

Derecho a la negociación colectiva

A mediados de octubre de 2021, la dirección de la terminal de contenedores Fremantle Container Terminal en Australia Occidental, propiedad de QUBE Holdings, seguía negándose a reanudar las negociaciones con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA) en relación a un prolongado conflicto, pese a que el primer ministro de Australia Occidental, Mark McGowan, varios ministros y la Comisión de Trabajo Justo le habían requerido hacerlo.

Más de 120 miembros del MUA se habían declarado en huelga el 30 de julio para conseguir un mejor convenio de empresa. El núcleo del conflicto residía en el sistema de turnos: los trabajadores de QUBE no tenían turnos fijos y no se les comunicaba su horario hasta las 4 p.m. del día anterior; el sindicato solicitó que, como mínimo, se asignaran los turnos a las 2 p.m. del día anterior, pero la dirección se negó sistemáticamente y rechazó las 42 reclamaciones del sindicato. Además, QUBE impuso un cierre patronal y, en un intento por mantener la terminal en funcionamiento, asignó a su propio personal de gestión y supervisión los trabajos de estiba, pese a los graves problemas de seguridad que eso conlleva.

A finales de octubre, tras 11 semanas de conflicto, el MUA se vio obligado a suspender la huelga ante la amenaza del Gobierno federal de Coalición Liberal-Nacional de solicitar a la Comisión de Trabajo Justo que pusiera fin a toda huelga en QUBE e impusiera el arbitraje obligatorio.

Libertades civiles

83%

En 83% de los países se arrestó y detuvo a trabajadores/as.

Ningún cambio respecto a 2021

Libertades civiles

El 8 de julio de 2021 la policía detuvo a 31 personas, entre ellas el secretario general del sindicato Ceylon Teachers Union (CTU), por participar en una protesta celebrada cerca del Parlamento de Sri Lanka contra el proyecto de ley de la Universidad Nacional de Defensa. Dicho proyecto, presentado en 2018 durante el anterior Gobierno, ha sido ampliamente denunciado como una medida destinada a frenar la libertad de pensamiento y expresión en las universidades. Los trabajadores arrestados permanecieron retenidos durante varios días hasta que, gracias a una campaña organizada para reclamar su libertad, respaldada por sindicatos mundiales, fueron finalmente puestos en libertad.

Libertades civiles

El 11 de octubre de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la confección de Denim Clothing Company, proveedor de marcas de moda internacionales en Karachi, Pakistán, se concentraron frente a la sede de la empresa para protestar por las condiciones de trabajo inhumanas en la fábrica, la intimidación sistemática, la falta de seguridad social, los despidos arbitrarios desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 y la negativa a pagar el salario mínimo.

Dos furgonetas se presentaron en el lugar de los hechos y tres hombres vestidos de paisano empezaron a apalear despiadadamente a los trabajadores, varios de los cuales sufrieron heridas graves, como una luxación de codo. La policía obligó a los trabajadores que protestaban a subir a las furgonetas y los retuvo en comisaría durante seis horas, donde los siguió apaleando. Fueron puestos en libertad tras ser obligados a firmar un documento en el que declaraban que no volverían a protestar contra la empresa.

Libertades civiles

El 15 de abril de 2021, cerca de 40 militares fueron desplegados para detener a la directora del Solidarity Trade Union of Myanmar (STUM), Daw Myo Aye, acusada en virtud del artículo 505A del Código Penal de participar en el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), liderar protestas y animar a civiles y funcionarios a unirse al MDC. Se enfrentaba a una pena de hasta tres años de cárcel. Daw Myo Aye no obtuvo la libertad bajo fianza y permaneció detenida, disponiendo de un acceso limitado a las instalaciones médicas pese a sufrir graves problemas de salud.

Anteriormente, en 2021, se habían dictado y ejecutado órdenes de detención contra otros 34 destacados dirigentes sindicales. La mayoría de ellos fueron procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel.

Libertades civiles

El presidente de la Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), Yang Kyeung-soo, fue detenido el 2 de septiembre de 2021 en una redada realizada antes del amanecer en su oficina de Seúl. Cientos de policías rodearon el edificio mientras los agentes forzaban la puerta.

La KCTU había organizado el 3 de julio una concentración en el centro de Seúl, exigiendo al Gobierno que se ocupara de la desigualdad exacerbada por la pandemia. El Gobierno no autorizó la concentración, alegando preocupaciones ante la posibilidad de contagios masivos. Posteriormente emitió una orden de arresto contra Yang por supuesta violación de las disposiciones de la Ley penal contra la obstrucción general del tráfico, la Ley de reuniones y manifestaciones y la Ley de control y prevención de enfermedades infecciosas. Las acusaciones fueron rebatidas por la KCTU: cerca de 8.000 miembros del sindicato asistieron a la manifestación respectando rigurosamente las directrices del Gobierno en materia de distanciamiento social, y, tras el acto, solo tres asistentes dieron positivo en la prueba de COVID-19, con escasa evidencia de que su contagio estuviese relacionado con la concentración.

Su detención parecía más bien encaminada a interrumpir los preparativos de la KCTU para convocar a sus 1,1 millones de miembros a una huelga nacional el 20 de octubre, con el objetivo de exigir mejoras en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Yang es el 13º presidente consecutivo del KTCU que es encarcelado desde que la federación dejó de estar prohibida en 1997.

Libertades civiles

Sesenta y siete trabajadores y activistas fueron detenidos por la policía de Tamil Nadu durante una protesta llevada a cabo el 18 de diciembre de 2021 por trabajadores de la industria electrónica. Permanecieron detenidos durante más de 24 horas. Veintidós activistas, entre ellos dirigentes del Indian Centre of Indian Trade Unions (CITU), fueron detenidos por prestar apoyo a los trabajadores y trabajadoras. Los dirigentes del CITU fueron puestos en libertad bajo fianza el 23 de diciembre.

Cerca de 3.000 trabajadoras empleadas por Bharat FIH, filial de FIH Mobile and Foxconn Technology Group, fabricante de teléfonos móviles, iniciaron una protesta el 17 de diciembre. El desencadenante fue un incidente ocurrido dos días antes, en el que 159 trabajadoras enfermaron por una intoxicación alimentaria en su albergue. Las trabajadoras, todas ellas contratadas a través de agencias, llevaban tiempo quejándose del hacinamiento y la mala alimentación.

Libertades civiles

Lee Cheuk Yan, secretario general de la Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), junto con otras siete personas, fue condenado el 12 de diciembre de 2021 a 14 meses de cárcel por “incitar, organizar y participar” en una vigilia con velas el 4 de junio de 2020. El evento anual, en memoria de la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989, fue organizado por la actualmente disuelta Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, de la que Lee Cheuk-yan era presidente. La sentencia se ejecutará simultáneamente con la condena de 20 meses de prisión que Lee Cheuk-yan ya estaba cumpliendo por organizar y participar en manifestaciones prodemocráticas en 2019.

Libertades civiles

En Hong Kong, cinco miembros del General Union of Hong Kong Speech Therapists (GUHKST), entre ellos el presidente y el vicepresidente del sindicato, Li Wenling y Yang Yiyi, fueron detenidos el 22 de julio de 2021. La policía incautó sus teléfonos móviles, ordenadores y folletos del sindicato, y congeló la cuenta bancaria y los activos del mismo. Según la policía, habían “conspirado para publicar, distribuir, exhibir o copiar publicaciones sediciosas”. Tanto Li como Yang fueron procesados y puestos en prisión preventiva, y se les denegó la libertad bajo fianza. A los otros tres miembros se les concedió la libertad bajo fianza. En la vista del 30 de agosto el juez decretó la prisión preventiva para los cinco sindicalistas, a la espera de su próxima vista, que tendría lugar el 24 de octubre de 2021.

Las publicaciones “sediciosas” eran tres libros electrónicos ilustrados para niños con problemas de habla, publicados por el sindicato en 2020, en los cuales se mencionaban los movimientos prodemocráticos de Hong Kong de 2019 y 2020. La sedición es un delito contemplado en una ley de la época colonial y conlleva hasta dos años de cárcel. Desde las protestas por la democracia, la policía y los fiscales han comenzado a utilizar regularmente la ley de sedición, junto con la Ley de Seguridad Nacional, para reprimir las expresiones y opiniones políticas.

Libertades civiles

En 2018, la empresa china Jasic Technology despidió a una serie de trabajadores y trabajadoras que habían intentado organizar su propio sindicato, y más de 40 trabajadores fueron detenidos y acusados de “reunir una multitud para perturbar el orden social”. Desde entonces, muchos activistas y defensores de los trabajadores han sido procesados y encarcelados por cargos espurios, y el paradero exacto de otros trabajadores de la fábrica de Jasic que estuvieron implicados en protestas sigue siendo desconocido. Las autoridades han recurrido a la persecución penal, el acoso y la vigilancia para infundir miedo e impedir que los afectados y sus familias hablen. Tras su enjuiciamiento y condena hace dos años, los siguientes activistas han permanecido ilocalizables y en paradero desconocido, y no se ha podido acceder a más información sobre su juicio: Fu Changguo, miembro del personal del Centro de Trabajadores de Dagongzhe, y los activistas laborales Zheng Shiyou y Liang Xiaogang.

Muchos otros han sido procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel, mientras el Gobierno ha seguido presionando e intimidando duramente a los activistas y sus familias.

Libertades civiles

El 25 de febrero de 2022, “Mengzhu”, un conocido activista chino dedicado al reparto de comida a domicilio, fue detenido por la policía de Beijing durante una redada en su apartamento. Mengzhu, cuyo nombre real es Chen Guojiang, fue acusado de “buscar pelea y causar problemas”, un concepto genérico utilizada a menudo contra los activistas en China. Chen era líder de la Alianza de Repartidores, que él mismo fundó en 2019. Logrando llegar a cerca de 15.000 repartidores a través de las redes sociales, la alianza se convirtió en una organización parecida a un sindicato de repartidores de comida en Beijing y tenía conexiones con repartidores de otras ciudades.

Poco antes de su detención, Chen había publicado un vídeo sobre una estafa de bonos por parte de Ele.me, propiedad de Alibaba, la mayor empresa de comercio electrónico de China. Millones de personas vieron el vídeo, el cual provocó numerosas críticas del público contra Ele.me. Los informes de los medios de comunicación sobre la detención de Chen fueron bloqueados o eliminados. Los activistas chinos de Internet difundieron una carta abierta escrita por el padre de Chen en la que solicitaba ayuda para sufragar los gastos derivados del procedimiento judicial. Se recaudaron más de 120.000 CNY (18.350 USD).

En abril de 2022, el canal de WeChat de Chen, en el que se había publicado la carta abierta, quedó permanentemente prohibido. El debate en línea sobre el caso de Chen también fue censurado y bloqueado por la policía. Y los abogados y estudiantes que estaban en contacto con la familia de Chen fueron objeto de investigaciones y acoso.

Libertades civiles

Los trabajadores de NagaWorld Hotel and Casino Complex en Camboya se habían declarado en huelga el 18 de diciembre de 2021 en protesta por el despido improcedente de 365 trabajadores y trabajadoras. Más de 1.000 trabajadores se sumaron a la huelga, que consistió en una serie de sentadas pacíficas frente a las instalaciones de la empresa. El sindicato Labour Rights Supported Union (LRSU) hizo todo lo posible para negociar una solución, pero la dirección se negó a hablar y ni siquiera se presentó a la sesión de mediación convocada por el Ministerio de Trabajo.

El 31 de diciembre de 2021, la policía llevó a cabo una redada en la oficina del LRSU, confiscando documentos, ordenadores y teléfonos móviles. Nueve personas fueron detenidas. El 3 de enero de 2022 se produjeron otras 17 detenciones, seguidas de otras tres el 4 de enero, entre ellas la del presidente del LRSU, Sithar Chhim, que fue arrastrado por la fuerza desde el piquete hasta un coche de la policía.

En febrero de 2022, ocho de los arrestados seguían detenidos, a saber, el presidente del sindicato, Sithar Chhim; el secretario del sindicato Chhim Sokhorn; el asesor del sindicato Sok Narith, y los activistas sindicales Ry Sovandy, Sun Sreypich, Hai Sopheap, Klaing Soben y Touch Sereymeas. A todos ellos les fue denegada la libertad provisional. Ellos manifestaron que no disponían de agua suficiente y que no se les permitía contactar a su familia. Fueron acusados de provocación, lo que conlleva una pena de hasta cinco años de cárcel. En marzo de 2022 quedaron finalmente en libertad bajo fianza.

Libertades civiles

Rong Chhun, presidente de la Cambodian Confederation of Unions (CCU), fue detenido en su domicilio en julio de 2020 tras afirmar que la delimitación de la frontera entre Camboya y Vietnam había despojado a varios agricultores de sus tierras, por lo que fue acusado de “incitación a cometer un delito grave o provocar malestar social”. El 18 de agosto de 2021, Rong Chhun, presidente de la CCU, fue condenado a dos años de cárcel, la pena máxima por este delito, así como a una multa de 2 millones de KHR (490 USD).

Sar Kanika y Ton Nimol, otros dos compañeros defensores de los derechos laborales, fueron puestos en libertad el 11 de noviembre de 2021 tras estimarse el recurso de apelación. El Tribunal de Apelación de Phnom Penh retiró el resto de las condenas contra ellos, pero permanecieron en libertad condicional y fueron sometidos durante tres años a diversas restricciones relacionadas con la movilidad y otras actividades.

Libertades civiles

El 6 de agosto de 2021, la Policía Industrial de Bangladesh presentó una causa penal contra Babul Akter, secretario general de la Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation (BGIWF), y 24 líderes sindicales y miembros del sindicato, en relación con los incidentes ocurridos en Crossline Factory (Pvt) Ltd y Crossline Knit Fabrics Ltd. La dirección de la fábrica también presentó una denuncia penal contra sus trabajadores. Estas denuncias penales se presentaron después de que los trabajadores y trabajadoras formaran dos sindicatos en sus respectivas fábricas y presentaran sendas solicitudes de registro en el Departamento de Trabajo en marzo de 2021.

Libertades civiles

En febrero de 2021, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés) presentó cargos penales por cártel contra el sindicato Construction Forestry Mining and Energy Union (CFMEU) en el Territorio de la Capital Australiana (ACT) y contra el secretario del CFMEU-ACT, Jason O’Mara.

El 17 de agosto de 2021, el fiscal federal desestimó los cargos.

Se trata de la tercera acusación penal reciente que la ACCC presenta contra el CFMEU, recurriendo a la Ley de Consumidores y Competencia para socavar el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva. En 2012 y 2013, la ACCC había alegado que el CFMEU-ACT había tratado de inducir a los instaladores de acero y a los montadores de andamios locales a fijar un precio mínimo para sufragar un aumento salarial. Esto, según la ACCC, equivale a un comportamiento de cártel. Para el CFMEU, la ACCC ha incurrido en una flagrante persecución del líder sindical Jason O'Mara, que pasó por tres años de juicio mediático y de ataques contra su persona.

Derecho a la justicia

70%

70 % de los países en Asia-Pacífico denegaron acceso a la justicia a trabajadores/as.

Frente a un 74% en 2021

Derecho a la justicia

En Filipinas, Rosanilla Consad, secretaria sindical de la Alliance of Concerned Teachers (ACT) for Region XIII y subdirectora del San Vicente National High School, fue detenida por una acusación falsa de intento de homicidio en abril de 2021. Sometida a un interrogatorio sin la presencia de su abogado, fue presentada en una conferencia de prensa como una funcionaria de “alto rango” del Nuevo Ejército del Pueblo, el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas.

Derecho a la justicia

Dodo Bheel, trabajador de Sindh Engro Coal Mining Company (SECMC) en Pakistán, fue detenido por los guardias de seguridad de la empresa durante 14 días para ser interrogado en relación con un robo de chatarra de un almacén de la empresa. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), Bheel fue torturado por los guardias y falleció a causa de las lesiones. Los trabajadores y sus familiares llevaron a cabo varias sentadas y manifestaciones tras su muerte, reclamando una investigación inmediata e imparcial. Las protestas fueron violentamente reprimidas por la policía, que atacó con porras y gases lacrimógenos e intentó detener a varios de los 150 manifestantes.

Derecho a la justicia

En Malasia, cinco dirigentes locales del sindicato National Union of Transport Equipment and Allied Industries Workers (NUTEAIW) seguían sin trabajo seis años después de que el fabricante de automóviles HICOM Automotive despidiera a 32 miembros del NUTEAIW por asistir en febrero de 2016 a una reunión informativa del sindicato fuera de horario laboral. La reunión informativa versaba sobre un punto muerto en la negociación colectiva, y la empresa acusó a los trabajadores de “empañar la imagen” de la empresa.

Tras las reuniones de mediación en el Departamento de Relaciones Laborales, 27 miembros del sindicato fueron readmitidos. No obstante, la empresa se negó a reincorporar a los cinco dirigentes sindicales locales restantes. Los cinco trabajadores obtuvieron por vía judicial una indemnización por despido, pero no consiguieron ser reincorporados. El NUTEAIW agotó todas las vías judiciales a escala nacional y en julio de 2021 decidió presentar una denuncia ante la OIT.

HICOM viene acumulando un notorio historial en materia de represión sindical en Malasia. En 2013, HICOM y su empresa hermana Isuzu HICOM despidieron a 18 miembros del NUTEAIW por el hecho de ejercer sus derechos sindicales.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

61%

61% de los países en Asia-Pacífico restringieron la libertad de expresión y reunión.

Ningún cambio respecto a 2021

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 27 de mayo de 2021 el Gobierno de Sri Lanka promulgó un decreto por el que resultaba prácticamente imposible que 12.000 funcionarios de zonas rurales hicieran huelga, además de despojar a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público de sus derechos básicos. El decreto era una respuesta a la amenaza de huelga de los funcionarios, que exigían ser vacunados contra la COVID-19. El decreto afirmaba que los servicios y departamentos estatales sometidos a la prohibición de huelga eran “esenciales” de cara a la “pandemia de COVID-19”. El sindicato que representa a los trabajadores y trabajadoras de los pueblos tuvo que suspender inmediatamente la huelga inminente.

Cinco días después, el 2 de junio, el Gobierno emitió un segundo decreto en vísperas de una amenaza de huelga de los trabajadores de numerosos hospitales importantes. Dicho decreto ampliaba la prohibición de hacer huelga a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y de otras administraciones públicas.

Los dos decretos afectan a los trabajadores de puertos, ferrocarriles, transporte en autobús, petróleo, gas, bancos estatales y seguros; cubren asimismo a enfermeros, médicos y demás trabajadores sanitarios; a los trabajadores de la Administración pública y de empresas estatales de distribución de alimentos; y a los empleados de los nueve consejos provinciales de Sri Lanka. Los trabajadores que desobedezcan la prohibición de huelga pueden ser despedidos. Además se enfrentan a multas de entre 2.000 y 5.000 rupias, a “rigurosas penas de cárcel” de dos a cinco años, a la confiscación de sus “bienes muebles e inmuebles” y a la retirada de sus credenciales profesionales. Cualquier persona que intente “incitar, inducir o animar” a alguien sujeto a la prohibición de huelga a no acudir al trabajo, ya sea mediante un “acto físico o mediante un discurso o un escrito”, se expone igualmente a multas, confiscación de bienes y penas de hasta cinco años de cárcel.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

La policía de Fiji denegó al Fiji Trades Union Congress (FTUC) un permiso para manifestarse y celebrar un mitin en Suva el 1 de mayo de 2021. No se le dio ninguna razón por escrito, pero se le comunicó verbalmente que se debía a los temores de contagio de COVID-19. Sin embargo, en el caso de otras concentraciones, como actividades deportivas y recreativas, no se aplicaron restricciones.

Este ha sido el sexto año consecutivo que se deniega al FTUC un permiso para manifestarse. Pese a las reiteradas garantías del Gobierno ante la OIT y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en cuanto a su pleno respeto por los derechos humanos y de los trabajadores y trabajadoras, incluido el derecho de reunión pacífica, parece que este no tiene intención de cumplir sus compromisos.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

La policía de Bangladesh prohibió reiteradamente las reuniones sindicales y después impidió físicamente que los participantes se sumaran a una reunión en la que se iba a formar un comité regional del IndustriALL Bangladesh Council (IBC).

El IBC es el órgano de coordinación de las organizaciones bangladesíes afiliadas al sindicato IndustriALL. El 24 de septiembre de 2021 se había previsto celebrar una reunión en la oficina de la Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF) en Chattogram, para formar un comité regional. No obstante, la reunión se suspendió después de que el vicepresidente senior del IBC, Salauddin Shapon, recibiera una llamada de la policía.

Al día siguiente se había previsto celebrar otra reunión en un lugar distinto, pero la policía volvió a ponerse en contacto con el vicepresidente para decirle que la reunión tampoco podía celebrarse allí.

En un tercer intento, el IBC decidió celebrar la reunión en la oficina de otra organización afiliada, la Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL), pero cuando los líderes del IBC llegaron, varios agentes de policía, algunos de ellos de paisano, bloquearon la puerta y no permitieron la entrada a nadie.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Desde agosto de 2021, cuando tomaron el poder en Afganistán, los talibanes han restringido severamente los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión. En Herat, los combatientes talibanes azotaron a los manifestantes y dispararon indiscriminadamente para dispersar a la multitud, matando a dos hombres e hiriendo a, por lo menos, otros ocho. Posteriormente prohibieron las protestas que no contaran con la aprobación previa del Ministerio de Justicia de Kabul.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

43%

Trabajadores/as sufrieron violentos ataques en 43% de los países de Asia-Pacífico.

Frente a un 35% en 2021

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

La policía utilizó gases lacrimógenos y porras para dispersar una manifestación pacífica de médicos de la sanidad pública en Islamabad, Pakistán, el 4 de octubre de 2021. Cerca de 20 médicos fueron detenidos hasta que la protesta fue dispersada. Varios de los médicos resultaron heridos. La Young Doctors’ Association (YDA) había convocado a los miembros de todo el país a movilizarse frente a la Comisión Médica de Pakistán, en Islamabad, para protestar por las nuevas regulaciones impuestas a las prácticas médicas y para exigir al Gobierno mejoras en el nivel educativo.

En un incidente similar ocurrido en Lahore el 29 de agosto de 2021, al menos 12 miembros de la YDA resultaron heridos tras los ataques con porras y gas pimienta de la policía para dispersar la manifestación.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

El 31 de mayo de 2021, miembros del personal de las universidades de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, fueron atacados con violencia por policías fuertemente armados mientras marchaban hacia la asamblea provincial de Peshawar. La manifestación había sido organizada por la Federation of All Pakistan Academic Staff Association (FAPASA) para exigir la anulación de las reformas gubernamentales que obligan a las universidades a conseguir su propia financiación. La policía disparó gases lacrimógenos y utilizó porras, dejando a muchos manifestantes heridos, de los cuales al menos 16 necesitaron tratamiento hospitalario. Veinticuatro manifestantes, entre ellos el presidente de la Peshawar University Teachers’ Association, fueron detenidos.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

El 11 de abril de 2021, un grupo de docentes y sanitarios desempleados que protestaban bajo la consigna Desempleados Sanjha Morcha en Patiala, India, fueron agredidos con porras por la policía tras intentar cruzar el cordón policial para llegar a la residencia del ministro jefe.

Ese mismo día, la policía cargó contra al menos diez miembros del sindicato en el transcurso de otra protesta de docentes en paro que tuvo lugar en las inmediaciones de Baradari,. Los manifestantes trasladaron su acción a una carretera principal cerca del canal de Bhakhra, pero la policía los alcanzó e intentó reducirlos. Dos manifestantes se asustaron tanto que saltaron al canal, pero fueron posteriormente rescatados.

Asesinatos

Asesinaron a trabajadores en Bangladesh, Filipinas, India y Myanmar.

Asesinatos

A mediados de septiembre de 2021, al menos 27 sindicalistas fueron asesinados cuando participaban en las protestas del Movimiento de Desobediencia Civil (MDC) contra el Gobierno militar de Myanmar. Durante una protesta en Shwe Pyi Thar el 14 de marzo, las fuerzas de seguridad dispararon en la cabeza a Zaw Zaw Htwe, de 21 años, trabajador de la confección en Suntime JCK Company Limited y miembro del Solidarity Trade Union of Myanmar (STUM). Chan Myae Kyaw, conductor de camión volquete en la mina de cobre de SinoHydro y miembro de la Mining Workers’ Federation of Myanmar (MWFM), murió el 27 de marzo al recibir múltiples disparos de los soldados en una manifestación en Monywa. Los días 28 y 29 de marzo, los militares tendieron una emboscada a los manifestantes en la zona industrial de South Dagon, matando a Nay Lin Zaw, líder sindical de AD Furniture (Wood Processing) y miembro de la Myanmar Industry Craft Service-Trade Unions Federation (MICS-TUsF).

Asesinatos

El 3 de octubre de 2021 murieron al menos ocho personas, entre ellas cuatro agricultores, al estallar la violencia en el estado indio de Uttar Pradesh. Dos agricultores murieron después de que un convoy de coches del Ministerio del Interior atropellara a un grupo de campesinos en huelga que se estaban manifestando en la carretera contra las leyes agrarias. En altercados posteriores, otros dos agricultore murieron a manos de la policía. Los agricultores indios llevaban más de un año protestando por la aprobación de una serie de leyes agrícolas que beneficiarán a las empresas a costa de millones de campesinos. La respuesta de la policía se ha vuelto cada vez más violenta. En agosto de 2021, en el norteño estado de Haryana, un agricultor murió y otros diez resultaron heridos en otra acción policial durante otra protesta contra las leyes agrarias.

Asesinatos

Numerosos trabajadores y trabajadoras de la confección resultaron heridos el 13 de junio de 2021 tras la represión policial de las huelgas en Lenny Fashions and Lenny Apparels en la zona franca industrial de Daca (DEPZ), Ashulia, Daca, Bangladesh. Los trabajadores reclamaban el pago de sus salarios tras el cierre de la fábrica. La trabajadora de la confección Jesmin Begum, de 32 años, sufrió heridas mortales al chocar con un poste de hierro cuando huía del lugar de la protesta mientras la policía dispersaba violentamente a los manifestantes. Muchos trabajadores resultaron heridos cuando la policía disparó balas de goma, lanzó gases lacrimógenos, utilizó cañones de agua y cargó contra los trabajadores que protestaban. Más de 6.000 trabajadores y trabajadoras perdieron sus puestos de trabajo tras el cierre de Lenny Fashion and Lenny Apparels, una filial de Must Garment, con sede en Hong Kong, el 20 de enero de 2021. La dirección dijo que pagaría los sueldos pendientes antes de mayo, pero la empresa no cumplió su promesa.

Asesinatos

Al menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas el 17 de abril de 2021 después de que la policía abriera fuego contra una multitud de trabajadores y trabajadoras que protestaban para exigir el pago de sus sueldos y un aumento salarial en la central eléctrica SS Power Plant, una obra de construcción de la central de carbón en la ciudad sudoriental de Chittogram, Bangladesh. Los trabajadores protestaban por el impago de sus sueldos, por los recortes imprevistos a su jornada laboral y para conseguir un día libre en el Ramadán y una reducción de la jornada durante la festividad religiosa.

Asesinatos

En Filipinas, el líder sindical de 35 años Dandy Miguel, presidente del PAMANTIK-Kilusang de mayo deo Uno (KMU), fue asesinado el 28 de marzo de 2021 en Calamba cuando se dirigía a su casa en motocicleta. Dandy Miguel era también presidente de Lakas ng Nagkakaisang Manggagawa ng Fuji Electric y miembro del Consejo Nacional del KMU. Dandy Miguel recibió ocho disparos de unos asesinos desconocidos. Poco antes de ser asesinado, Dandy había presentado una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos por las ejecuciones extrajudiciales de nueve activistas sindicales y de ONG el 7 de marzo (también denominado Domingo Sangriento) en Calabarzon. Los asesinatos del Domingo Sangriento se produjeron después de que el presidente Duterte instase abiertamente a las fuerzas de seguridad a abatir a los comunistas que llevasen armas.

En Hong Kong, las autoridades han silenciado prácticamente a los sindicatos y a las organizaciones de la sociedad civil obligándolos a disolverse tras una campaña de represión.Isaac Lawrence / AFP

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