Américas

El 8 de octubre de 2021, los trabajadores de la planta de Chevrolet de General Motors en São Caetano do Sul (Brasil) se declararon en huelga tras el fracaso de las negociaciones con la empresa sobre los ajustes salariales. Tan pronto como el sindicato decidió iniciar la huelga, se celebró una audiencia de conciliación en el Tribunal Laboral Regional, pero no se llegó a ningún acuerdo entre las partes. El 21 de octubre, el Tribunal Laboral Regional declaró la huelga ilegal. La asamblea sindical decidió proseguir con la acción. Sin embargo, debido a las posibles actuaciones judiciales contra los huelguistas, los trabajadores tuvieron que reincorporarse al trabajo sin haber conseguido una solución a sus demandas.

En Bélgica, el artículo 406 del Código Penal permite el enjuiciamiento y la condena por “obstrucción maliciosa del tráfico” en el contexto de un movimiento de huelga. Esta disposición, que ya se ha aplicado en dos ocasiones en los últimos dos años para condenar a 17 miembros de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) a penas de prisión suspendidas y a importantes multas, obstaculiza gravemente las posibilidades de organizar huelgas en el país.

Aunque los sindicatos belgas han presentado un recurso para anular las condenas, en 2022 otro sindicalista fue procesado en virtud de la misma disposición a raíz de un piquete organizado en 2016 en el centro penitenciario de Lantin. El Ayuntamiento presentó una denuncia penal contra miembros de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP) por tirar basura en la calle, alegando daños en el asfalto en el lugar donde se había encendido un brasero. Aunque el fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa, esta seguía pendiente en el momento de redactar el presente informe.

El 8 de junio de 2021, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes sean declarados partícipes o promotores de “actividades extremistas” se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no está claramente definida en la nueva legislación, y se teme que las nuevas disposiciones sean utilizadas para reprimir cualquier disidencia. Esta nueva ley se suma a las leyes promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para poder organizar actos multitudinarios.

En 2022, Sawit Kaewvarn, presidente del sindicato de la empresa estatal de ferrocarriles de Tailandia, State Railway Union of Thailand (SRUT), y otros 12 líderes sindicales nacionales y locales seguían encarcelados injustamente. Los trabajadores y trabajadoras del SRUT habían sido objeto de una despiadada persecución judicial por parte de la administración de los Ferrocarriles del Estado de Tailandia por llevar a cabo una campaña nacional de seguridad ferroviaria tras el descarrilamiento mortal de un tren en octubre de 2009 en la estación de Khao Tao. Las autoridades tailandesas emprendieron una vendetta contra los trabajadores. Desde noviembre de 2018, los salarios mensuales de siete líderes del SRUT se han ido descontando para pagar multas de 24 millones THB (726.116 USD) a la empresa, con arreglo a una decisión del Tribunal Supremo de 2017. Los 13 sindicalistas cumplen actualmente una condena de tres años de cárcel.

Cuarenta y cuatro empleados de Soft Touch Development Corp., una empresa de fabricación de pasta en Filipinas, fueron arrestados el 15 de diciembre de 2021 por declararse en huelga. Se les acusaba de reunión ilegal, desobediencia a una persona con autoridad y “alarma y escándalo”. Fueron puestos en libertad al cabo de 36 horas, a la espera de una nueva investigación. La empresa sostenía que los empleados tenían prohibido formar un sindicato porque su empleador era la agencia de empleo que los contrataba. La huelga se convocó después de que los trabajadores se enteraran de que iban a ser despedidos el 24 de diciembre, y fue brutalmente reprimida por la policía, que utilizó cañones de agua y porras contra los huelguistas, arrastrándolos hasta un furgón policial.

El 8 de junio de 2021, cerca de 150 docentes desempleados fueron detenidos, mientras que más de una decena sufrieron heridas leves cuando la policía los atacó con porras en dos ocasiones en el transcurso de una protesta que tuvo lugar en las inmediaciones de la residencia del ministro principal de Punjab, en Patiala (India), repitiéndose así los incidentes ocurridos a principios de año.

Pese a múltiples garantías, el Gobierno no les había proporcionado un empleo en escuelas públicas. Los cinco sindicatos implicados estaban indignados por los retrasos a la hora de reunirse con funcionarios del Gobierno para que se atendieran sus demandas. Los docentes se enfrentaron a la policía cuando se dirigían a la residencia del ministro jefe. Los detenidos fueron posteriormente puestos en libertad sin cargos.

El 26 de octubre de 2021 se produjeron enfrentamientos entre la policía y los trabajadores y trabajadoras que habían salido a manifestarse en al menos tres puntos de Ecuador en el marco de una huelga nacional contra el Gobierno. En Imbabura, en el cantón de Peguche, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los ciudadanos. Las manifestaciones fueron convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular (FP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Entre las reivindicaciones figuraban la congelación de los precios de los carburantes y el apoyo al proyecto de código laboral presentado recientemente por el FUT ante el poder legislativo, así como el rechazo a la propuesta de Ley de creación de oportunidades. Al menos 37 manifestantes fueron detenidos en todo el país.

A finales de 2020, los trabajadores de la planta de cemento Ash Grove en Joliette, Quebec (Canadá), fueron informados del cierre de dos de los cuatro hornos y de la posible pérdida de, como mínimo, la mitad de los puestos de trabajo. El 22 de mayo de 2021, pese a que la negociación colectiva seguía en curso, los miembros del sindicato Unifor fueron objeto de un cierre patronal improcedente. Unifor, junto con la Quebec Federation of Labor y sus miembros en todo Quebec, organizaron una serie de acciones solidarias.

En respuesta a la movilización sindical, la dirección de Ash Grove obtuvo una nueva orden judicial para limitar las acciones sindicales. El empleador presentó asimismo una demanda de la dirección por valor de 2,6 millones CAD (aproximadamente 2,1 millones USD) por pérdida de producción y avería de equipos, y despidió a dos miembros de Local 177, uno de ellos miembro del comité de negociación.

La cementera Ash Grove es propiedad de CRH Canada, que emplea a 4.000 personas en 100 instalaciones de producción. El gigante internacional emplea a escala mundial a más de 76.000 personas en más de 3.000 emplazamientos situados en 29 países.

El 5 de octubre de 2021, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Docentes, las fuerzas de seguridad jordanas detuvieron y encarcelaron a 14 miembros destacados del sindicato de docentes Jordanian Teachers’ Association (JTA). La policía antidisturbios fue desplegada para impedir que los y las docentes que se manifestaban pacíficamente denunciaran la represión de los derechos sindicales. Los 14 miembros detenidos fueron: Ahmad Ali Ahmad Alzaboun, presidente del JTA; Nasser Nawasra, vicepresidente del JTA; y los siguientes miembros del Consejo del JTA: Ghaleb Mansour Abu Qudia; Nidal Awwad Al Hisa; Kifah Suleiman Abu Farhan; Feras Awad Shteiwi Al Sarhan; Basil Mahmoud Al Houroub; Sulaiman Farhan Jaber Al Hayyer; Ibrahim Shaker Khalaf Assaf; Adbassalam assan Moussa Ayasra; Mustapha Annabeh; Iyad Albustanji; Moatassem Abdelrahman Beshtawy; y Noureddin Yusuf.

En agosto de 2021, los empleados de Pelephone y Bezeq International, dos empresas de telecomunicaciones israelíes, organizaron una huelga cerca del domicilio del accionista mayoritario. Fueron expulsados a la fuerza por la policía, y varios de ellos fueron detenidos.

El 28 de septiembre de 2021, las fuerzas de seguridad egipcias reprimieron una huelga pacífica en la empresa Universal for Electrical Appliances. Diez días antes, cerca de 2.000 trabajadores y trabajadoras habían iniciado una sentada en la sede de la empresa después de que un compañero que había estado haciendo horas extras debido a problemas económicos falleciera de un ataque al corazón. Los trabajadores habían estado dos meses sin cobrar su sueldo.

El 28 de septiembre, las fuerzas de seguridad rodearon la sentada, cerraron las verjas del recinto e impidieron a los trabajadores salir siquiera a comprar comida. Horas antes, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas en los domicilios de tres trabajadores: Saeed Abdel Qader, Said Mohamed Abdel Latif y Mahmoud Ahmed Haridy, que se estaba recuperando en su casa tras haber caído en un coma diabético. Los tres fueron detenidos. La hija de Haridy siguió a su padre hasta la comisaría de Warraq, donde preguntó por él, pero los agentes que habían estado en su domicilio menos de una hora antes negaron tener conocimiento del incidente. Un suboficial le aconsejó que fuera a la comisaría de Imbaba, donde le informaron de que su padre había sido trasladado a la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, una fuerza policial especial, famosa por vulnerar los derechos humanos, que participa en la vigilancia de las denominadas “amenazas a la seguridad nacional”, en particular los movimiento sindicales independientes.

El 14 de febrero de 2022, los habitantes del distrito de Karma Bani Saeed, en Iraq, se manifestaron frente al edificio de la gobernación, exigiendo la provisión de servicios sanitarios. Las fuerzas policiales dispersaron la protesta haciendo un uso excesivo de la fuerza y dejando a varios manifestantes con lesiones graves. La delegación negociadora fue detenida, incluido el sindicalista Muhannad Al-Saeedi, miembro del sindicato de trabajadores de la empresa petrolera Dhi Qar Oil Company y miembro del General Union of Oil and Gas Workers in Iraq, que forma parte de la General Federation of Trade Unions.

En mayo de 2021, los bomberos argelinos se declararon en huelga para exigir un aumento de sus salarios y una mejora de sus condiciones de trabajo. El Ministerio del Interior anunció la suspensión de 230 bomberos y su enjuiciamiento inmediato, al considerar que sus protestas constituían “una traición a los deberes y responsabilidades que se les había confiado”.

En noviembre de 2021, cerca de 100 docentes fueron arrestados en Sudán al dar comienzo dos días de huelgas y acciones de desobediencia civil para protestar por el golpe de Estado militar. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos contra los trabajadores y trabajadoras que protestaban a las puertas del edificio del Ministerio de Educación del estado de Jartum. Muchos de ellos fueron golpeados y al menos uno, un director de escuela, acabó con una pierna rota.

Ochenta y siete docentes fueron detenidos y llevados al cuartel militar después de que los fiscales se negaran a ponerlos en libertad bajo fianza.

En Nyala, capital de Darfur del Sur, unos desconocidos vestidos de paisano llevaron a cabo redadas en los domicilios de varios profesores y detuvieron a otros cinco docentes, entre ellos Gamal Margan, encargado de la educación de los pastores. El 8 de noviembre de 2021, las fuerzas militares irrumpieron también en el Departamento de Educación Secundaria de Karray para establecer una nueva dirección afín a los militares.

Fiat Plastik, en Serbia, intentó poner fin a una huelga de sus trabajadores y trabajadoras en la ciudad serbia de Kragujevac, obligando a los miembros del comité de huelga a tomarse un permiso remunerado en mayo de 2021 y trasladando parte de la producción de la planta de Kragujevac. Trece trabajadores que participaron en los paros laborales, incluido el comité de huelga al completo, fueron suspendidos de manera improcedente, y el comité fue objeto de un cierre patronal. La dirección retiró asimismo la maquinaria de la planta.

Las protestas habían comenzado en enero de 2021 con paros de una hora diaria tras el anuncio de un recorte salarial de 300 EUR anuales.

En junio de 2021, la Inspección de Trabajo acusó a la dirección de faltas por sus tentativas de acabar con la huelga.

En agosto, el sindicado United Trade Unions of Serbia denunció intimidaciones por parte de la Agencia de Seguridad e Información de Serbia (BIA, por sus siglas en serbio). El 11 de agosto la BIA llamó al presidente del comité de huelga para invitarle a mantener una “conversación”. El sindicato de Fiat Plastik se negó, señalando que “no le interesaba la política”, sino únicamente los asuntos sindicales.

El conflicto prosiguió. Las negociaciones con Fiat, con la mediación de la Agencia Estatal para la Resolución Pacífica de Conflictos Laborales, fracasaron en octubre. En el momento de redactar el presente informe, el conflicto seguía sin haberse resuelto.

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa de alimentación Upfield, en Portugal, convocaron una serie de paros laborales de dos horas, a lo que la empresa respondió con un despido colectivo. La huelga se convocó después de que Upfield hiciera caso omiso de las demandas de los trabajadores, que reclamaban un incremento salarial de 30 EUR mensuales. Los paros dieron comienzo el 5 de julio de 2021.

A los pocos días de la publicación del preaviso de huelga, la empresa anunció su intención de despedir a 19 trabajadores, entre ellos un miembro del comité de empresa y los tres representantes del comité de salud y seguridad en el trabajo.

Los trabajadores celebraron una reunión y programaron para el 15 de julio una acción en defensa de sus derechos. El 19 de julio convocaron una huelga de 24 horas para protestar contra el despido colectivo y exigir incrementos salariales y promociones profesionales.

La relación de Upfield con los representantes de los trabajadores se había deteriorado sistemáticamente desde que un grupo financiero norteamericano (KKR) adquirió tres años antes la empresa, propiedad de Unilever-Jerónimo Martins Lda.

En Georgia, la empresa de limpieza y gestión de residuos Tbilservice Group despidió a Irakli Baghdavadze por organizar una huelga el 6 de agosto de 2021. Sus compañeros se sumaron a él para exigir un aumento de sueldo, nuevos uniformes y un seguro médico gratuito. La huelga concluyó el 9 de agosto, después de que el Ayuntamiento de Tiflis prometiera un incremento salarial a partir de 2022, pero Irakli perdió su trabajo por haber organizado la protesta.

El 22 de mayo de 2021, Kurum International en Albania despidió a 20 mecánicos y electricistas de las centrales hidroeléctricas Ulëz y Shkopet, vulnerando su convenio colectivo que había firmado en 2019 con la federación sindical Trade Union Federation of Industrial Workers of Albania (FSPISH).

Los trabajadores organizaron protestas y piquetes diarios, y a ellos se sumaron activistas sindicales que se desplazaron de toda Albania. La empresa respondió acosando al comité sindical y suspendiendo a las personas que participaron en la huelga.

Estas centrales hidroeléctricas son dos de las cuatro centrales que la empresa Kurum Holdings, con sede en Turquía, compró al Gobierno albanés en el marco de un acuerdo de privatización de 2013. Desde que adquirió las centrales, Kurum ha reducido la plantilla en 120 personas, dejando solo 43 trabajadores. Las centrales eléctricas son la única fuente principal de empleo que existe en la región.

En abril de 2021, el Korea Democratic Pharmaceutical Union (KDPU) anunció la interposición de una demanda contra Zuellig Pharma Specialty Solutions Korea por despido improcedente.

La empresa había anunciado la implementación de un programa de jubilación anticipada para despedir a parte del personal tras haber registrado pérdidas. No obstante, pronto se supo que los miembros del personal afectados eran todos miembros del sindicato de trabajadores de la empresa que se habían declarado en huelga el 30 de octubre de 2020 a raíz de un conflicto salarial.

Aproximadamente 1.400 trabajadores y trabajadoras de la National Health Mission (NHM) de la India, entre ellos enfermeras/os, médicos asesores, médicos de homeopatía ayurvédica y personal ministerial, fueron despedidos por el Gobierno de Punjab el 10 de mayo de 2021 por negarse a poner fin a una huelga de una semana. Cerca de 3.000 trabajadores de la NHM se declararon en huelga para exigir mejores salarios y contratos indefinidos. Los trabajadores despedidos, que fueron cesados con arreglo a la Ley de gestión de desastres, procedían de siete distritos de Punjab.

A principios de 2022, Centri Group S.A., una empresa de Haití, despidió a cerca de 60 trabajadores y trabajadoras por protestar contra las prácticas salariales injustas en el sector de la confección. En enero de 2022, una coalición de sindicatos había solicitado al primer ministro que incrementara el salario mínimo en dicho sector de 500 HTG (4,80 USD) a 1.500 HTG (14,40 USD) diarios. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por la policía, que disparó gases lacrimógenos y agredió a los manifestantes con porras a las puertas de la zona franca de SONAPI, en Puerto Príncipe.

En los últimos meses, la inflación en Haití ha alcanzado el 23%. Los salarios en el sector de la confección no han variado en los últimos tres años, y los trabajadores ganan menos de una tercera parte de lo que necesitan para sobrevivir.

En Canadá, los Gobiernos federal y provincial han recurrido con frecuencia a la legislación de “vuelta al trabajo” para poner fin a las huelgas. Por ejemplo, el Gobierno federal aprobó una ley de vuelta al trabajo para poner fin a una huelga de trabajadores portuarios representados por el sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que se llevó a cabo en el Puerto de Montreal el 30 de abril de 2021. El sindicato no había podido establecer un nuevo convenio colectivo tras casi tres años de negociaciones, y convocó la huelga después de que el empleador, Maritime Employers Association, le notificara que dejaría de cumplir las disposiciones del convenio colectivo en materia de seguridad laboral y que comenzaría a imponer unilateralmente la realización de horas extraordinarias en el puerto.

Del mismo modo, a principios de noviembre de 2021, el Gobierno de Nuevo Brunswick utilizó la legislación de vuelta al trabajo contra los trabajadores y trabajadoras del sector público en huelga. Aproximadamente 22.000 miembros del CUPE de toda una serie de servicios públicos se habían declarado en huelga en la provincia. El Gobierno recurrió a la legislación de emergencia para obligar a los miembros de tres unidades de negociación del sector sanitario en huelga (CUPE 1251, CUPE 1252 y CUPE 1190) a volver al trabajo. El recurso por parte del Gobierno federal y el Gobierno de Nuevo Brunswick a la legislación de vuelta al trabajo infringe el derecho de los trabajadores a la huelga, protegido por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.

En Edmonton, Canadá, CESSCO Fabrication and Engineering Ltd., una empresa del sector del acero ha sometido a los miembros de Boilermakers Lodge 146 a un cierre patronal desde junio de 2020. Durante el último año, el empleador ha estado contratando trabajadores de reemplazo mientras recibía el Subsidio Salarial de Emergencia de Canadá, una prestación abonada por el Gobierno federal a los empleadores afectados por la pandemia, supuestamente para cubrir gastos de personal. El uso continuado de trabajadores de reemplazo ha prolongado el cierre patronal. Antes del cierre, el sindicato llevaba más de dos años y medio negociando un convenio.

En Irán, 700 trabajadores de una empresa de refinado de petróleo de Teherán fueron despedidos el 22 de junio de 2021 por participar en una serie de huelgas en el lugar de trabajo, en el marco de una huelga general que se llevó a cabo en todo Irán y que contó con la participación de cerca de 20.000 trabajadores del sector petrolero y petroquímico en 11 provincias. Numerosos trabajadores de diversos centros industriales se habían sumado a la “Campaña 1400”, para exigir mejores salarios, un aumento de los permisos y vacaciones y mejores condiciones en materia de salud y seguridad. Se trata de unas reivindicaciones de larga data que hasta ahora han sido ignoradas por la dirección y por las autoridades del régimen iraní.

El 2 de agosto de 2021, el fabricante egipcio de maquinillas de afeitar Lord International Co. despidió a 38 de los 2.000 trabajadores y trabajadoras que participaron en una huelga que dio comienzo a finales de julio de 2021 y que paralizó la producción en dos de las tres fábricas de la empresa. En un comunicado, la empresa también señaló que había sometido a parte de los trabajadores en huelga a una investigación interna.

Los trabajadores en huelga reclamaban un porcentaje mínimo de participación en beneficios y que sus contratos, prorrogables anualmente, pasaran a ser indefinidos. También exigían a la dirección garantías de que los trabajadores que protestaban no serían objeto de medidas disciplinarias ni despedidos. Pero la empresa anunció que los trabajadores identificados como “instigadores de la huelga” serían despedidos o suspendidos, y que los que fueran suspendidos podrían enfrentarse también a medidas disciplinarias y ser sometidos a una nueva investigación.

En abril de 2021, la Oficina de Correos de Argelia amenazó a los trabajadores y trabajadoras en huelga de Argel con despedirlos sin previo aviso. Los empleados de correos habían organizado una huelga de una semana para protestar por el retraso del Gobierno a la hora de cumplir sus promesas de abonarles las subvenciones y primas de incentivo que les correspondían.

Tras una huelga de 48 horas convocada por los y las docentes de Togo, que exigían que el Gobierno respetara el reembolso de su bonificación excepcional, 1.192 directores de escuela fueron rebajados de categoría. El 4 de noviembre de 2021, el ministro de Educación Primaria, Secundaria, Técnica y Artesanal emitió una orden para reemplazar a cerca de 1.000 directores de escuelas públicas y solicitar a los docentes que retomaran las clases.

Cuatro miembros del sindicato National Emancipated and Allied Workers’ Union of South Africa (NEAWUSA) fueron suspendidos el 2 de mayo de 2021 por la empresa de molienda OVK en Tweespruit, Sudáfrica, tras un mes de huelga en protesta por las condiciones inseguras en el lugar de trabajo. Los trabajadores estuvieron intentando plantear al empleador sus preocupaciones en materia de seguridad después de que se produjeran varios incidentes y lesiones graves.

En Sudáfrica, el Ayuntamiento de Steve Tshwete despidió a 500 trabajadores y trabajadoras por participar supuestamente en una huelga ilegal. Los funcionarios reclamaban la aplicación generalizada del ajuste salarial que les correspondía, y comenzaron la huelga el 21 de septiembre de 2021. El 8 de noviembre los trabajadores recibieron un ultimátum de 48 horas para reanudar su trabajo, y, al no hacerlo, se les notificó su despido. Los trabajadores fueron readmitidos una semana después, tras la intervención del sindicato SA Municipal Workers’ Union (SAMWU) y de COSATU.

En noviembre de 2021, la agencia de contratación Employment Placement and Services Namibia (EPSN) despidió a 43 trabajadores y trabajadoras que estaban en huelga desde el 12 de octubre, puesto que consideró que dicha acción era ilegal.

Los trabajadores portuarios de Liberia permanecieron sin trabajo durante siete meses después de que la dirección de APM Terminals Monrovia (APMT) suspendiera a 24 empleados y les impusiera un cierre patronal en octubre de 2020, tras llevar a cabo una acción de protesta por las condiciones laborales. Con el apoyo del sindicato Dock Workers’ Union (DOWUL), los trabajadores habían estado reclamando mejores condiciones de trabajo respecto a los permisos de vacaciones no remunerados, la jornada laboral, el seguro médico y el subsidio para alimentación.

El conflicto se prolongó durante meses, y muchos otros trabajadores apoyaron a sus compañeros suspendidos y secundaron sus reivindicaciones.

El 21 de abril de 2021, el Ministerio de Trabajo de Liberia comunicó que APMT “no había demostrado sus acusaciones contra los 24 trabajadores suspendidos” y solicitó su reincorporación inmediata, pero la empresa siguió negándose a readmitirlos. El 4 de mayo de 2021, el ministro de Justicia de Liberia envió otra carta advirtiendo a APMT que debía cumplir de forma inmediata e incondicional la decisión del Gobierno. El 7 de mayo de 2021 APMT finalmente cedió, y los trabajadores volvieron al trabajo sabiendo que el Gobierno esperaba que la empresa debía tratar de resolver todos sus problemas.

El 16 de diciembre de 2021 se cumplieron 10 años de la masacre de Zhanaozen (Kazajistán), que se produjo cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes, matando a 17 e hiriendo a más de 100 trabajadores. La violencia puso fin a una huelga de siete meses en la que participaron más de 3.000 trabajadores y trabajadoras para exigir un aumento salarial. Este caso fue objeto de un amplio examen por parte de organismos internacionales, los cuales expresaron unánimemente su preocupación por la ausencia de una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en relación con las protestas de Zhanaozen y solicitaron al Gobierno que investigara inmediatamente el caso. No obstante, hasta la fecha, el Gobierno de Kazajistán no ha respondido a las recomendaciones, y en los 10 años transcurridos desde los hechos no se ha iniciado ningún proceso ni se ha dictado ninguna condena.

Cuatro años después de los hechos, no se han producido avances en la investigación del violento ataque contra Dimitri Sinyavsky, presidente de la sección regional de Karaganda del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, que se produjo el 10 de noviembre de 2018. La falta de investigaciones y juicios efectivos contra los culpables de ataques violentos contra sindicalistas refuerzan el clima de inseguridad para las víctimas y de impunidad para los agresores, una situación sumamente perjudicial para el ejercicio de los derechos de libertad sindical en Kazajistán.

En Kazajistán, las restricciones impuestas a raíz de la sentencia judicial a la libertad de Larisa Nilolayvna Kharkova, exlíder de la Confederación de Sindicatos Independientes de la República de Kazajistán (CNTUK), expiraron el 9 de noviembre de 2021. No obstante, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos directivos en organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones no comerciales. El plazo de esta sanción, impuesta por el tribunal el 25 de julio de 2017, expira el 5 de octubre de 2022. Kharkova no pudo abrir una cuenta de liquidación en ninguno de los bancos de Kazajistán, y su cuenta bancaria personal continúa bloqueada con arreglo a las condiciones impuestas durante el examen de dicha causa penal.

De manera similar, al exactivista del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Amin Eleusinov, condenado en 2017 y eximido anticipadamente, en mayo de 2018, de cumplir una pena de cárcel, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos de liderazgo en organizaciones no gubernamentales hasta 2022.

El exlíder del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Nurbek Kushakbayev, condenado en 2017 por apelar a otras personas a sumarse a la supuesta huelga ilegal, ha cumplido su pena de cárcel. Sin embargo, no ha podido reanudar su labor sindical.

El 15 de junio de 2021, agentes del Departamento del Interior de la ciudad de Minsk realizaron un registro en el domicilio particular del vicepresidente del Free Trade Union of Belarus (SPB), Gennadiy Bykov. El 14 de julio de 2021, agentes del Departamento del Interior del distrito de Polotsk registraron el apartamento del presidente del SPB, Nikolai Sharakh. El 21 de julio de 2021, las autoridades registraron el domicilio del presidente del Comité de Auditoría del SPB, Victor Stukov.

El 26 de junio de 2021, agentes del Comité de Seguridad del Estado registraron la Oficina Regional del Belorussian Radio Electronics Workers’ Union (REPU) en Brest. El 16 de julio de 2021, agentes de las fuerzas del orden se presentaron en la sede del REPU en Minsk, rompiendo la puerta y sellando la otra. Más tarde, los agentes del orden afirmaron que estaban investigando a otra organización y que el registro no tenía nada que ver con las actividades del REPU. Era la segunda vez en seis meses que se registraba la sede del REPU en Minsk: el 16 de febrero de 2021, los servicios de seguridad del Estado ya habían registrado los locales e incautado documentos, equipos de comunicación y otros equipos. Al mismo tiempo se registraron los domicilios de varios activistas del REPU. Los agentes de seguridad afirmaron que los registros formaban parte de una investigación sobre la financiación del sindicato.

El 8 de julio de 2021 se registraron los domicilios de cuatro destacados miembros del sindicato Belarusian Independent Trade Union de la empresa JSC Naftan, en Navapolatsk, y dos de ellos fueron detenidos. Los dirigentes cuyos domicilios fueron registrados son el abogado sindicalista Aliaksandr Kapshul; la vicepresidenta de la organización de base, Jury Hashau; el vicepresidente Dzianis Hurski; y el secretario-tesorero Dzmitry Koyra. Hursky y Koyra fueron detenidos durante 72 horas y posteriormente puestos en libertad. Las autoridades alegaron que los registros y las detenciones estaban relacionadas con una causa penal en relación con los daños causados a la pintura del coche de Siarhei Brykun, que se produjeron en octubre de 2020.

En Filipinas, Rosanilla Consad, secretaria sindical de la Alliance of Concerned Teachers (ACT) for Region XIII y subdirectora del San Vicente National High School, fue detenida por una acusación falsa de intento de homicidio en abril de 2021. Sometida a un interrogatorio sin la presencia de su abogado, fue presentada en una conferencia de prensa como una funcionaria de “alto rango” del Nuevo Ejército del Pueblo, el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas.

Dodo Bheel, trabajador de Sindh Engro Coal Mining Company (SECMC) en Pakistán, fue detenido por los guardias de seguridad de la empresa durante 14 días para ser interrogado en relación con un robo de chatarra de un almacén de la empresa. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), Bheel fue torturado por los guardias y falleció a causa de las lesiones. Los trabajadores y sus familiares llevaron a cabo varias sentadas y manifestaciones tras su muerte, reclamando una investigación inmediata e imparcial. Las protestas fueron violentamente reprimidas por la policía, que atacó con porras y gases lacrimógenos e intentó detener a varios de los 150 manifestantes.

En Malasia, cinco dirigentes locales del sindicato National Union of Transport Equipment and Allied Industries Workers (NUTEAIW) seguían sin trabajo seis años después de que el fabricante de automóviles HICOM Automotive despidiera a 32 miembros del NUTEAIW por asistir en febrero de 2016 a una reunión informativa del sindicato fuera de horario laboral. La reunión informativa versaba sobre un punto muerto en la negociación colectiva, y la empresa acusó a los trabajadores de “empañar la imagen” de la empresa.

Tras las reuniones de mediación en el Departamento de Relaciones Laborales, 27 miembros del sindicato fueron readmitidos. No obstante, la empresa se negó a reincorporar a los cinco dirigentes sindicales locales restantes. Los cinco trabajadores obtuvieron por vía judicial una indemnización por despido, pero no consiguieron ser reincorporados. El NUTEAIW agotó todas las vías judiciales a escala nacional y en julio de 2021 decidió presentar una denuncia ante la OIT.

HICOM viene acumulando un notorio historial en materia de represión sindical en Malasia. En 2013, HICOM y su empresa hermana Isuzu HICOM despidieron a 18 miembros del NUTEAIW por el hecho de ejercer sus derechos sindicales.

En una parodia de justicia, el 11 de junio de 2011 el sindicalista venezolano Rodney Álvarez fue condenado a 15 años de cárcel por homicidio. A día de hoy sigue reclamando un juicio justo al tiempo que se enfrenta a circunstancias terribles en la cárcel.

Álvarez fue procesado en 2011 por el presunto asesinato del trabajador Renny Rojas durante una asamblea de trabajadores que se celebró en las instalaciones de la empresa estatal Ferrominera Orinoco de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). El objetivo de la asamblea era elegir a la comisión encargada de celebrar las elecciones del comité ejecutivo del sindicato Sintraferrominera.

El proceso abierto contra Rodney Álvarez refleja la falta de separación de poderes en el país y supone una clara denegación de justicia, con ocho interrupciones y hasta 25 audiencias preliminares, y habiendo sido Álvarez víctima de tres graves agresiones con arma blanca y arma de fuego perpetradas con total impunidad durante los más de 10 años que permaneció en prisión preventiva.

Nada en el expediente judicial confirma que Álvarez estuviera armado, cuanto menos que hubiera efectuado los disparos. El juez también desestimó todos los testigos de la defensa que habían estado presentes en el lugar de los hechos y que vieron que fue otra persona la que perpetró el asesinato. Tampoco se tuvo en cuenta la declaración del oficial de la Guardia Nacional que estaba de servicio en la empresa en aquel momento y que declaró haber detenido a la otra persona por efectuar los disparos.

En Honduras, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

En Colombia, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

En Guatemala, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

Luximun Badal y Shavindra Dinoo Sunassee, respectivamente presidente del Union of Post Office Workers Branch No. 2 y expresidente del Airports of Mauritius Limited Employees Union, siguen reclamando su reincorporación dos años después de haber sido despedidos de manera improcedente.

Badal fue despedido por Mauritius Post Ltd el 18 de junio de 2020 por una supuesta negativa a un traslado unilateral tras una serie de conflictos que se produjeron en relación a la negociación de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores y trabajadoras de correos, puesto que el convenio anterior había vencido el 31 de diciembre de 2017. Sunassee fue despedido unos días después por Airports of Mauritius Ltd tras varios intentos por parte de la dirección de modificar unilateralmente los términos de un convenio colectivo, a lo que Sundassee se oponía.

El Tribunal de Primera Instancia de Túnez anuló la decisión del Consejo Nacional de la organización Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), adoptada en Hammamet del 24 al 26 de agosto de 2020, de convocar un congreso extraordinario no electivo, alegando que los estatutos de dicha organización sindical no prevén la organización de este tipo de congresos por parte de su buró ejecutivo. Se trata de una grave injerencia judicial en el derecho de la UGTT a organizar libremente sus actividades.

Crecen las preocupaciones por la integridad de Esmail Abdi, ex secretario general del sindicato de docentes Iranian Teachers’ Trade Association (ITTA), que desde 2006 ha sido encarcelado en numerosas ocasiones por cargos falsos de “propaganda contra el Estado” y “espionaje”. En 2016 fue condenado a cinco años de cárcel por acusaciones falsas de “difusión de propaganda contra el sistema” y “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”. Para evitar su puesta en libertad, el 11 de enero de 2021, al término de su anterior condena, las autoridades iraníes ejecutaron una sentencia suspendida de diez años relacionada con un caso de 2011, encarcelándolo hasta 2031. El prolongado encarcelamiento y los malos tratos que sufre en la cárcel han afectado gravemente a su salud. Al mismo tiempo, la familia de Esmail (esposa, dos hijas y un hijo) está siendo acosada y victimizada por las fuerzas de seguridad y se considera que corre grave peligro.

Mourad Ghedia, presidente del sindicato argelino de trabajadores y trabajadoras del sector judicial SNAPAP/CGATA, fue arrestado el 5 de abril de 2021 y sometido a una orden de detención en la cárcel de El-Harrach. El día de su detención, Ghedia se presentó en la comisaría de Bab Ezzouar, en Argel, a raíz de una citación policial. Fue inmediatamente detenido y llevado ante un juez sin haber tenido acceso a un abogado. El juez le impuso una orden de detención sin explicar los motivos de su encarcelamiento. El tribunal lo condenó a una pena de seis meses con suspensión de la ejecución. Tras una gran campaña internacional y dos meses y diez días de detención, fue finalmente puesto en libertad.

Ghedia, administrativo de profesión, ya había sido suspendido de su empleo en 2012 durante casi tres años, junto con otras 57 personas, por hacer huelga. Tras las denuncias presentadas ante la OIT, Ghedia y los miembros suspendidos fueron readmitidos, y pudo volver a desempeñar sus funciones de administrativo de 2015 a 2018, cuando volvió a ser despedido sin motivo.

En mayo de 2021, Santander Brazil aplicó un recorte salarial del 55% a 40 dirigentes sindicales del banco después de que presentaran un recurso legal para que se les pagaran las horas extraordinarias. Brasil contribuye a la mayor parte de los beneficios de la multinacional española Santander, pero en lugar de pagar a estos trabajadores lo que les correspondía, la sección brasileña del banco los degradó y les redujo el sueldo más de la mitad. Ante este recorte arbitrario, los trabajadores del banco acudieron a los tribunales y consiguieron una sentencia que les restituyó su categoría profesional y sus salarios. No obstante, Santander Brazil no ha cumplido la orden, pese a incurrir en multas diarias por su incumplimiento.

El 18 de marzo de 2022, P&O Ferries, propiedad de DP World, despidió de forma sumaria a 800 empleados, con vistas a sustituirlos por trabajadores más baratos contratados a través de agencia, con un sueldo por debajo del salario mínimo. Esta decisión fue inesperada, puesto que no se mantuvieron consultas previas con los sindicatos ni se avisó a los trabajadores. La noticia de los despidos masivos fue anunciada por la dirección mediante un comunicado por Zoom, tras lo cual las tripulaciones, atónicas, fueron desalojadas a la fuerza de los barcos por guardias de seguridad contratados.

Tanto sindicatos como políticos denunciaron este escándalo, y se han organizado concentraciones y campañas de solidaridad al respecto en todo el Reino Unido y en muchos otros países.

En 2021, el Sindicato de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras de Cádiz (España) denunció los reiterados incumplimientos del convenio colectivo incurridos por la empresa ITELYMP, encargada de la limpieza de las instalaciones de la Universidad de Cádiz. La última vulneración afectaba a las disposiciones sobre vacaciones, que la empresa había decidido reducir unilateralmente en dos días. Pese a la petición del sindicato, la empresa no modificó su postura.

Además, ITELYMP elaboró un plan de igualdad sin consultar a los representantes sindicales.

Los sindicatos y los trabajadores del sector del comercio de Polonia salieron a la calle el 4 de noviembre de 2021 para exigir una mejor representación sindical, un salario digno, los domingos libres y medidas para hacer frente a la escasez crónica de personal y a la elevada carga de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras del comercio minorista de Polonia representan el 14% de la mano de obra, pero solo el 3% está cubierto por un convenio colectivo. Debido al escaso nivel de negociación colectiva en el sector del comercio, los salarios y las condiciones son deficientes, y, en particular, las medidas en materia de salud y seguridad en el trabajo resultan inadecuadas.

Las organizaciones afiliadas a la central sindical nacional de Polonia NSZZ Solidarnosc denunciaron graves violaciones de los derechos sindicales en muchas empresas de comercio minorista, como el despido de líderes y miembros sindicales, la discriminación contra representantes y miembros sindicales, la exclusión del papel de los sindicatos, el desprecio hacia los derechos sindicales, el acceso restringido a los trabajadores y la falta de diálogo y consultas genuinos.

Gran parte del sector minorista del país está dominado por multinacionales, pero no se ha establecido ningún convenio colectivo con las mismas. Los principales minoristas que operan en Polonia son Amazon, Auchan, Carrefour, Castorama, H&M, Jysk, Lidl y Metro.

En los Países Bajos, los empleadores suelen negociar la adopción de recortes salariales con sindicatos amarillos o con el comité de empresa. No existe ninguna legislación en el país que garantice que solo los sindicatos independientes puedan establecer convenios colectivos o que los sindicatos tengan prioridad sobre los comités de empresa. En consecuencia, cuando los sindicatos deciden llevar a cabo una acción colectiva en el marco de una negociación, los empleadores pueden socavar la posición de los mismos estableciendo simplemente un convenio con los sindicatos amarillos o los comités de empresa.

En los Países Bajos, la federación sindical FNV lleva más de 15 años tratando de alcanzar un convenio colectivo en la industria de procesado de productos cárnicos, especialmente en lo que respeta al acceso de los delegados sindicales al lugar de trabajo. Durante décadas, los delegados sindicales que han intentado repartir folletos en los aparcamientos se han topado con prácticas intimidatorias y agresivas por parte de los empleadores, lo cuales han llegado a declarar que solo permitirán que los delegados sindicales accedan a sus instalaciones cuando se vean legalmente obligados a hacerlo. El sector cárnico cuenta con un elevado porcentaje de trabajadores y trabajadoras inmigrantes que son particularmente vulnerables a los abusos y a la precariedad.

El 8 de febrero de 2022 se organizó una huelga en la empresa lituana AB "Achema" para protestar por la persistente negativa del empleador a entablar una negociación colectiva. El sindicato había intentado durante varios años entablar un diálogo constructivo con la dirección de la empresa y había tomado todas las medidas posibles para alcanzar un acuerdo. Por desgracia, el empleador se negó en todo momento a participar en el diálogo social. Las tensiones aumentaron cuando el empleador adoptó unilateralmente un nuevo sistema retributivo.

Achema es un productor de fertilizantes nitrogenados y productos químicos en Lituania y los países bálticos. En la actualidad, la negociación colectiva no existe en la empresa, y el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo está investigando posibles violaciones de las disposiciones sobre el régimen de descanso y la jornada laboral de los trabajadores.

La dirección de la empresa biofarmacéutica AbbVie, en Carrigtwohill, Irlanda, se negó sistemáticamente a entablar negociaciones colectivas con los delegados del sindicato Services Industrial Professional and Technical Union (SIPTU).

La negativa persistió pese a dos recomendaciones del Tribunal Laboral en 2017 y 2020 para que negociara con los representantes del SIPTU, en nombre de sus miembros, “todas las cuestiones vinculadas a las condiciones de empleo, entre ellas el salario”.

Los representantes del SIPTU escribieron a la dirección en varias ocasiones mencionando su incapacidad para aplicar plenamente las dos recomendaciones del Tribunal Laboral y participar en la negociación colectiva con el sindicato. La dirección siguió negándose a responder y a negociar con el sindicato, ya fuera directa o indirectamente.

Finalmente, a principios de agosto de 2021, los miembros del SIPTU de la planta de AbbVie iniciaron una acción industrial consistente en prohibir las horas extras en el proceso de producción. Dos semanas más tarde no se había producido ningún avance, por lo que el sindicato anunció que estaba considerando endurecer su acción.

En Grecia, la violación de los convenios colectivos es algo habitual, sobre todo en el sector bancario. Las empresas se niegan a menudo a aplicar los convenios colectivos existentes. Este comportamiento se ha visto agravado con la adopción de la Ley 4808/2021 del 19 de junio de 2021, que establece que, en caso de impugnación de un convenio colectivo ante los tribunales, este quedará suspendido hasta que se emita una decisión judicial definitiva. Dicha ley conlleva, por tanto, el riesgo de suspender la aplicación de los convenios colectivos durante largos períodos de tiempo, privando a los trabajadores del beneficio de las disposiciones negociadas.

El 8 de febrero de 2021, la empresa finlandesa de la industria forestal United Paper Mills (UPM) anunció repentinamente que dejaría de negociar las condiciones de empleo y que estas se determinarían sin un convenio colectivo, lo que en la práctica significa que serían dictadas unilateralmente por el empleador.

Esta decisión estuvo precedida en octubre de 2020 de un anuncio por parte de la asociación de empleadores de la industria forestal, la Finnish Forest Industries Federation, según el cual la empresa no seguiría participando en la negociación colectiva. Los convenios colectivos a nivel nacional vencerían, y todos los acuerdos colectivos se harían a nivel de empresa.

Las peticiones de los sindicatos en representación de los trabajadores –el sindicato finlandés de trabajadores del papel Paperiliitto, el sindicato finlandés de trabajadores industriales Teollisuusliitto y el sindicato Pro– para negociar un convenio a nivel de empresa fueron rechazadas.

El 31 de agosto de 2021, UPM anunció que definiría las condiciones de trabajo sobre la base de “la legislación laboral, las prácticas de UPM y los contratos de trabajo individuales”. Según un cálculo que UPM presentó a sus empleados, el salario se reduciría en un tercio a partir de enero de 2022. También desaparecerían muchas de las prestaciones acordadas en el convenio colectivo.

En Bosnia y Herzegovina, los sindicatos y la compañía eléctrica estatal Elektroprivreda BiH (EPBiH) pactaron en mayo de 2021 un plan de reestructuración para siete minas de carbón propiedad de dicha empresa, que emplea a cerca de 7.000 trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo, el 22 de noviembre de 2021, EPBiH impuso nuevas normativas laborales que violaban el convenio colectivo, recortando el salario básico de los mineros de 850 BAM (489 USD) a 570 BAM (328 USD).

Miles de mineros interrumpieron su trabajo el 23 de noviembre y se manifestaron frente a la sede del Gobierno en Sarajevo. Reclamaban que el salario mínimo se fijara en 1.000 BAM (575 USD), así como las aportaciones a un plan de pensiones y la dimisión de los directores generales de las minas y del director de EPBiH. Las protestas se prolongaron una semana, hasta que el Gobierno intervino para mediar.

En junio de 2021, el presidente del Union of State, Local Governments and Public Service Employees of Armenia dirigió una carta al alcalde de Ereván, ofreciéndole entablar negociaciones sobre un convenio colectivo sectorial para los empleados y empleadas municipales, tal y como contempla el Código Laboral. La propuesta fue tajantemente rechazada por la Administración municipal. A principios de año, el líder del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Ereván fue despedido de forma improcedente.

En Uruguay, los sindicatos de personal médico, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior (FEMI) y el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), solicitaron concertar una reunión tripartita con los representantes de los empleadores (IAMAC) y el Ministerio de Trabajo, en abril de 2021, para exigir la aplicación del convenio colectivo que se había firmado hacía apenas cinco meses, en diciembre de 2020. Las IAMAC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, empresas médicas del sector privado de Montevideo y el interior) habían incumplido su compromiso de pagar complementos salariales al personal médico. Pese a los esfuerzos de los sindicatos, los empleadores se negaron persistentemente a cumplir con las obligaciones que les marcaba en el convenio colectivo.

En 2021, la empresa AB InBev Perú implementó una serie de procesos de reestructuración de personal sin haberlo consultado con las organizaciones sindicales, con arreglo a los cuales despidió a tres secretarios generales del sindicato (Luis Samán, José Gayoso y José Leiva) y a 15 trabajadores de la planta norte de Motupe (Perú), todos ellos miembros del Sindicato Nacional de Obreros de Backus que se habían declarado en huelga.

Entre abril y mayo de 2021, los trabajadores y trabajadoras administrativos de la sanidad de la Tesai Foundation, un conglomerado de hospitales en la región de Itaipú (Paraguay), se declararon en huelga a raíz del incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa. Los trabajadores, respaldados por su sindicato, el Sindicato de Conductores y Servicios del Alto Paraná (Siconap/s), reclamaban el pago de prestaciones, el derecho a vacaciones pagadas y a la licencia por maternidad, la dotación de equipos de seguridad para todo el personal, así como prestaciones médicas y otras prestaciones previstas en el convenio colectivo vigente. Tesai hizo caso omiso de las demandas y siguió vulnerando el convenio.

El incumplimiento de los convenios colectivos siguió siendo un hecho habitual en Canadá. Por ejemplo, la Junta de Relaciones Laborales de Ontario recibió 355 denuncias por prácticas laborales injustas, en el marco de las cuales los principales cargos contra los empleadores fueron “el despido improcedente o la discriminación de los empleados por participar en actividades sindicales, las modificaciones ilícitas de salarios y condiciones de trabajo, y la falta de negociación de buena fe”.

En Nueva Zelanda, la cadena de ropa H&M suspendió a 14 trabajadores y trabajadoras el 24 de abril de 2021, durante la negociación de un nuevo convenio colectivo sobre salarios, una medida antisindical que les penalizaba por intentar conseguir un salario digno. Ya en 2019, los trabajadores sindicalizados de H&M fueron objeto de un cierre patronal por llevar pegatinas en las tiendas reclamando un salario justo.

En Nueva Zelanda, el 22 de abril de 2021, NZ Bus notificó a los conductores de autobús de Wellington que serían sometidos a un cierre patronal a menos que accedieran a que se les rebajara el sueldo y las condiciones de empleo y aceptaran un contrato laboral más flexible. El anuncio del cierre patronal se produjo tras meses de amargas negociaciones sobre un nuevo convenio colectivo. NZ Bus había rechazado una oferta del Consejo Regional de Wellington para financiar un ajuste salarial digno, puesto que implicaba además una reducción de las condiciones de empleo. Esta vulneración de los derechos laborales fue denunciada enérgicamente tanto por el presidente del New Zealand Council of Trade Unions (NZCTU) como por el ministro de Transportes, que instó a la empresa a retirar el aviso.

El 28 de mayo de 2021, el sindicato Swire Coca-Cola Hong Kong Beverages Employees’ General Union (SCBEGU) inició una huelga en respuesta a los graves recortes salariales. La dirección había ignorado por completo al sindicato y el proceso de negociación colectiva a la hora de recortar los salarios y modificar su estructura salarial. El SCBEGU es uno de los pocos sindicatos del sector privado que ha ejercido sus derechos de negociación colectiva durante décadas.

En junio de 2021, la ministra de Administración Local anunció que algunos ayuntamientos estaban teniendo problemas financieros. Su solución fue socavar las condiciones acordadas en sus convenios colectivos e imponer unilateralmente a los trabajadores del Ayuntamiento contratos de duración determinada, con peores salarios y prestaciones. El Fiji Trades Union Congress (FTUC) denunció enérgicamente esta medida unilateral.

El 26 de octubre de 2021, la empresa australiana de estiba, Patrick Terminals, solicitó a la Comisión de Trabajo Justo que cancelara su convenio de empresa vigente, establecido con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA).

De prosperar, los estibadores perderían los salarios y las condiciones que habían negociado durante años y, a menos que se negociara un nuevo convenio en un plazo de seis meses, volverían a las normas mínimas del sector. Más de 1.000 trabajadores portuarios estaban cubiertos por el convenio.

El MUA y Patrick habían comenzado a negociar un nuevo convenio hacía cerca de dos años. El sindicato aceptó renunciar a su demanda inicial de la aplicación de incrementos salariales del 6% a lo largo de cuatro años y aceptó los aumentos del 2,5% de la empresa, muy por debajo de la actual subida del índice de precios al consumo del 3,8%. Patrick reprochó al MUA sus demandas poco razonables, en particular la petición de que se le consultara respecto a una proporción de nuevas contrataciones. El MUA señaló que se habían alcanzado acuerdos similares con otros grandes operadores portuarios. Por su parte, los trabajadores se opusieron a que la empresa utilizara mano de obra ocasional por parte de la empresa, a su actual régimen de turnos y a sus planes de contratación.

A mediados de octubre de 2021, la dirección de la terminal de contenedores Fremantle Container Terminal en Australia Occidental, propiedad de QUBE Holdings, seguía negándose a reanudar las negociaciones con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA) en relación a un prolongado conflicto, pese a que el primer ministro de Australia Occidental, Mark McGowan, varios ministros y la Comisión de Trabajo Justo le habían requerido hacerlo.

Más de 120 miembros del MUA se habían declarado en huelga el 30 de julio para conseguir un mejor convenio de empresa. El núcleo del conflicto residía en el sistema de turnos: los trabajadores de QUBE no tenían turnos fijos y no se les comunicaba su horario hasta las 4 p.m. del día anterior; el sindicato solicitó que, como mínimo, se asignaran los turnos a las 2 p.m. del día anterior, pero la dirección se negó sistemáticamente y rechazó las 42 reclamaciones del sindicato. Además, QUBE impuso un cierre patronal y, en un intento por mantener la terminal en funcionamiento, asignó a su propio personal de gestión y supervisión los trabajos de estiba, pese a los graves problemas de seguridad que eso conlleva.

A finales de octubre, tras 11 semanas de conflicto, el MUA se vio obligado a suspender la huelga ante la amenaza del Gobierno federal de Coalición Liberal-Nacional de solicitar a la Comisión de Trabajo Justo que pusiera fin a toda huelga en QUBE e impusiera el arbitraje obligatorio.

El 9 de diciembre de 2021, el presidente de Túnez emitió una circular (núm. 20) dirigida a todos los ministerios e instituciones gubernamentales, prohibiendo entablar negociaciones con los sindicatos sin una autorización formal previa del jefe de Gobierno.

En 2021-2022, los empleadores de Omán modificaron unilateralmente los términos del convenio colectivo o incluso dejaron de aplicar sus disposiciones por una serie de razones frívolas.

En el último año han aumentado las violaciones del derecho a la negociación colectiva en Marruecos, en particular los despidos selectivos de representantes sindicales y la negativa de los empleadores a participar en la negociación colectiva. Estas medidas antisindicales tuvieron un efecto amedrentador sobre la capacidad de los trabajadores para defender colectivamente sus derechos y repercutieron de manera negativa en la negociación colectiva, como consecuencia de lo cual esta estuvo prácticamente ausente en la mayoría de las empresas y sectores. Los compromisos anteriores entre el Gobierno y los representantes de las confederaciones sindicales se han suspendido sin haberse aplicado.

En la Universidad de Tel Aviv (Israel), la dirección se negó a negociar con el Research and Project Workers Employees' Committee, a pesar de estar reconocido como representante de los trabajadores. El comité tuvo que recurrir a los tribunales, que finalmente le dieron la razón en diciembre de 2021.

En septiembre de 2021, 2.000 trabajadores y trabajadoras de la empresa Universal Group Co., un fabricante egipcio de electrodomésticos, organizaron una protesta para exigir el pago de sus salarios de julio y agosto, así como de otras prestaciones suspendidas desde hacía bastante tiempo. Estos trabajadores representaban a cinco de las nueve fábricas del grupo. Los trabajadores denunciaron especialmente la violación por parte de la dirección del convenio firmado en octubre de 2019 con el Ministerio de Trabajo, en el marco del cual se comprometía a pagar los salarios. Por aquel entonces, el Ministerio había rescatado a la empresa y había pagado con el fondo de emergencia los sueldos de los 5.000 trabajadores y trabajadoras durante un período de seis meses, como aliciente para que la empresa no efectuara despidos, pero, posteriormente, el grupo obligó a los trabajadores a dimitir.

En abril de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat de Argelia iniciaron una huelga por decisión de la Asamblea General Nacional del sindicato de la empresa, en protesta por la negativa de la dirección a entablar una negociación colectiva.

El sindicato nacional de industrias metalúrgicas y afines, National Union of Metal and Allied Industries of Zimbabwe (NUMAIZ), protestó por las violaciones de los derechos de los trabajadores en la empresa china Afrochine Smelting y por el incumplimiento íntegro de las leyes y los convenios colectivos vigentes. El año pasado Afrochine no pagó los salarios a su debido tiempo y procedió a despedir unilateralmente a 33 trabajadores sin consultarlo previamente con el sindicato. Los esfuerzos de conciliación en el Consejo Nacional de Empleo de la industria de la ferroaleación –una plataforma de diálogo social– fracasaron debido a que los representantes de Afrochine no se presentaron a una reunión el 22 de septiembre de 2021.

Los trabajadores y trabajadoras de Afrochine viven atemorizados, sin seguridad laboral, y se ven humillados y agredidos por los supervisores a diario. Cualquier intento de denuncia de los abusos se penaliza con el despido inmediato.

Afrochine es una filial del mayor fabricante de productos de acero inoxidable del mundo, Tsingshan Holding Group, que cotiza en la Bolsa de Metales de Londres. Más de 1.500 trabajadores están empleados en la planta de ferrocromo, situada a unos 75 kilómetros de Harare.

El 21 de abril de 2021, el sindicato South African Municipal Workers’ Union (SAMWU) compareció ante los tribunales contra la empresa Rand Water después de que esta intentara prohibir una huelga protegida convocada por el sindicato. El SAMWU decidió embarcarse en una huelga protegida indefinida después de que el empleador modificara unilateralmente las condiciones de servicio de los trabajadores, retirando las primas de incentivo que los trabajadores venían recibiendo desde hacía 17 años. El sindicato había intentado en varias ocasiones reunirse con la dirección de Rand Water para convencerla de que reconsiderara su postura, pero fue en vano.

Cerca de 11.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración local de Nairobi (Kenya) se declararon en huelga el 13 de octubre de 2021 a raíz del incumplimiento de un convenio colectivo que se remonta a 2013. Entre las quejas que los trabajadores venían denunciando durante años estaban la falta de promociones, los repetidos retrasos en el pago de los salarios y la no transferencia de las deducciones reglamentarias. Otra de las quejas era la falta de equipos de protección individual y, más recientemente, que al menos 11.000 trabajadores y trabajadoras del condado habían estado sin cobertura médica desde julio de 2021.

Dos días después, el sindicato Kenya County Government Workers’ Union (KCGWU) fue informado de que sus miembros podían volver al trabajo. El sindicato esperaba que se mantuvieran las promesas relativas a las principales reivindicaciones de los trabajadores, pero lo cierto es que el Gobierno ya había accedido en otras ocasiones a las demandas de los trabajadores y las había incumplido reiteradamente.

Los problemas resurgieron a principios de febrero de 2022, y los trabajadores dieron al Ayuntamiento un plazo de 21 días para pagarles los más de 560 millones KES (4,82 millones USD) que se les adeudaba en concepto de atrasos salariales y para transferir las deducciones reglamentarias, añadiendo que, de lo contrario, convocarían una huelga.

La legislación turca excluye a los altos funcionarios públicos, los magistrados y los guardias de prisiones del derecho a organizarse.

En Bahamas, el personal penitenciario está excluido de la legislación sobre el derecho a organizarse.

En 2021, la violación generalizada de los derechos de los trabajadores en el sector de la subcontratación de procesos comerciales (BPO) de Jamaica, una de las industrias de más rápido crecimiento en el Caribe, suscitó gran preocupación. De los 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector de la BPO en Jamaica –cuyas funciones abarcan la atención al cliente, soporte técnico, ventas, etc.– casi todos tienen contratos temporales y de duración determinada, y ninguna de las más de 70 empresas que operan en la isla ha permitido la representación sindical en sus establecimientos.

Miles de jóvenes trabajadores se sintieron atraídos por los puestos de teleoperadores, seducidos por las promesas de buenos salarios y trabajo cualificado en el seno de una industria global de alta tecnología. No obstante, una vez firmado el contrato, se toparon con una realidad muy distinta: largas jornadas laborales, descansos cortos o inexistentes durante los períodos de mayor actividad, y entornos en los que los empleadores contratan y despiden a su antojo. Aunque no es explícito, el texto de los contratos implica que la organización y la negociación colectiva son motivo de despido.

Por otra parte, la BPO se beneficia de privilegios especiales, puesto que opera bajo la legislación de las zonas económicas especiales (zonas francas) como “servicios de utilidad pública”. Este régimen ha dado lugar a una serie de exenciones fiscales y leyes antisindicales, como, por ejemplo, el hecho de que no se puedan convocar huelgas a menos que los sindicatos avisen a los empleadores con seis semanas de antelación.

La planta azucarera de Taboga, en la provincia de Guanacaste, la principal región productora de caña de azúcar de Costa Rica, recibe cada año a cientos de personas para trabajar en la cosecha, principalmente migrantes de la vecina Nicaragua.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña (SINTRAICA), un sindicato local afiliado a la UITA, ha exigido a la dirección de la empresa, al Ministerio de Trabajo y a las autoridades competentes que se respeten los derechos de los trabajadores de la empresa agroindustrial Ingenio Taboga y que se mejoren las terribles condiciones en las que trabajan y viven los trabajadores y trabajadoras migrantes, en particular mediante el cumplimiento del convenio colectivo sobre subcontratación y trabajo a través de agencia. Afiliarse a un sindicato sigue siendo difícil para los trabajadores migrantes del sector.

En el sector de la confección, que representa la gran mayoría de la industria de la exportación de Bangladesh, más de 500.000 trabajadores/as empleados en las zonas francas industriales (ZFI) no pueden formar ni afiliarse a un sindicato, despojándolos así de la posibilidad de negociar para obtener mejores condiciones de trabajo. La situación empeoró con la aplicación de la Ley del trabajo de las Zonas Francas Industriales (ZFI) de 2019, que establece que los trabajadores solo pueden formar parte de una asociación de bienestar de los trabajadores, en la que estos no disponen de todo el alcance de la negociación colectiva. Está estrictamente prohibido que los trabajadores organicen cualquier tipo de protesta en las ZFI, y las protestas suelen ser objeto de violentas represalias por parte de las autoridades de las ZFI.

En Japón, la ley sigue excluyendo a los bomberos y al personal penitenciario del derecho a crear y afiliarse a sindicatos.

En 2021, Goundar Shipping, una importante compañía de transbordadores de Fiji, despidió a tres marinos filipinos después de que manifestaran su deseo de solicitar un permiso para hablar con los representantes sindicales sobre sus derechos y sobre la manera de regresar a su país. Formaban parte de un grupo de más de 20 marinos filipinos traídos a Fiji para operar y mantener su flota de transbordadores de pasajeros y de carga. Se les prometió salarios y condiciones decentes, pero, una vez allí, la compañía les informó de que se les pagaría entre un 60 y un 70% menos de lo prometido.

Dado que muchos de los marinos no podían permitirse pagar un billete de vuelta, aceptaron quedarse en la empresa y se les volvió a prometer la repatriación después de un año más de trabajo. Pero, llegado el momento, la compañía dijo que los vuelos y los costes por cuarentena eran demasiado caros debido al coronavirus y se negó a cumplir sus obligaciones de ayudar a los marinos a regresar a su país. Los marinos habían presentado quejas oficiales ante las autoridades de Fiji en septiembre de 2020, diciembre de 2020 y enero de 2021, sin éxito.

Trabajando en condiciones duras y aislados en los barcos durante meses, los marinos migrantes constituyen una de las categorías de trabajadores más vulnerables, y a menudo no tienen acceso a los sindicatos.

La legislación de Rwanda sigue prohibiendo a los cargos políticos y a los funcionarios de servicios de seguridad crear sindicatos y afiliarse a ellos.

En Marruecos se sigue denegando el derecho a la libertad sindical a determinadas categorías de empleados públicos, como los jueces.

En los Emiratos Árabes Unidos los trabajadores migrantes representaban el 89% de la mano de obra total. En base al sistema de la kafala, cualquier intento de escapar o abandonar a un empleador en los EAU puede ser castigado por la ley. Los fugitivos son encarcelados, deportados y deben hacerse cargo de importantes costos, incluyendo el pago al empleador de las cuotas de patronazgo sin tener derecho a cobrar los salarios adeudados.

Se han denunciado terribles abusos, como el caso de una mujer nepalí que trabajaba como empleada del hogar en una casa de Dubái y que sufrió repetidos abusos sexuales por parte de su empleador, el hijo de este y varios familiares. Sin poder escapar, la joven de 28 años intentó suicidarse dos veces. También intentó huir del domicilio, pero sin éxito. Entonces cedió a las exigencias de su empleador, esperando que eso la ayudara a escapar. Tras dos años de explotación física y mental, consiguió volver a su país.

En junio de 2021, 700 trabajadores y trabajadoras migrantes de África fueron detenidos en los Emiratos Árabes Unidos y se les negó el acceso a asistencia jurídica y médica. A continuación fueron deportados. En 2021, los trabajadores migrantes de los EAU vieron con frecuencia denegado el pago puntual de sus salarios y el pago adecuado de las horas extraordinarias.

El 1 de octubre de 2021, se inauguró en los Emiratos Árabes Unidos la EXPO de Dubái, una feria internacional de seis meses que acogió a 25 millones de visitantes. Pese a las promesas del Gobierno, los trabajadores migrantes de todo el país siguieron sufriendo graves y frecuentes abusos en el entorno laboral. Los casi 8 millones de trabajadores y trabajadoras de los EAU siguieron arriesgándose a sufrir graves abusos propiciados por el empleo y el explotador sistema de kafala, que implica una escasa aplicación de la normativa y la limitación de su libertad para cambiar de empleador. Los tipos de abusos más denunciados fueron las condiciones de empleo (76%); la vivienda precaria e inadecuada (56%); la denegación arbitraria de libertades (42%); la salud y la seguridad (39%); los abusos verbales y físicos (13%); la trata de personas (5%); las muertes (5%) y las lesiones (4%).

En los últimos años Arabia Saudita ha pasado por un período de cambios legislativos, y las reformas legales entraron en vigor el 14 de marzo de 2021.

Con las reformas se ha facilitado la capacidad de los trabajadores para cambiar de empleo, y ya no se requiere el permiso del empleador para salir del país. Otra reforma importante en Arabia Saudita ha sido la de los tribunales laborales, que se han automatizado para garantizar una justicia rápida y eficaz y para mejorar la transparencia.

Los empleadores han utilizado durante décadas las restricciones a la movilidad para explotar y abusar de los trabajadores inmigrantes, por lo que estos avances eran muy esperados y constituyen un gran paso para millones de trabajadores y trabajadoras inmigrantes en el país.

No obstante, la reforma no ha abordado todos los problemas pendientes, puesto que solo se aplica a aproximadamente 6,7 millones de trabajadores migrantes, quedando excluidos 3,6 millones de trabajadoras del hogar, agricultores, pastores, guardias particulares y chóferes privados. Además, la reforma sigue comportando restricciones por las que los trabajadores solo pueden transferir el patrocinio sin el consentimiento del patrocinador tras haber completado un año de contrato o al vencer el contrato de trabajo. Las trabajadoras del hogar se enfrentan a condiciones más restrictivas a la hora de cambiar de empleador durante los dos primeros años de contrato. Además, la reforma no ha eliminado todas las restricciones a los visados de salida y reentrada, especialmente para las trabajadoras del hogar.

Desde 2017, Qatar ha emprendido una serie de importantes reformas para abolir el sistema de kafala y ampliar las protecciones laborales a los trabajadores y trabajadoras migrantes en el país. En enero de 2020, Qatar adoptó dos decretos ministeriales que permiten a los trabajadores cambiar de empleador en cualquier momento de su contrato (eliminando el Certificado de No Objeción) y abandonar el país de forma temporal o permanente sin tener que obtener el permiso del empleador (suprimiendo el requisito de visado de salida). Además, las trabajadoras del hogar tienen ahora un contrato de trabajo estándar y reciben nóminas de sus empleadores.

El 20 de marzo de 2021 entró en vigor el salario mínimo no discriminatorio de Qatar, que se aplica a todos los trabajadores y trabajadoras, de todas las nacionalidades y en todos los sectores, incluido el trabajo doméstico.

Además, gracias a las reformas se han establecido tribunales laborales para resolver las quejas relativas al impago de los salarios, y se creó un Fondo de Apoyo y Seguro para los Trabajadores.

En los centros de trabajo se han elegido comités de trabajadores para atender las reclamaciones de los trabajadores, y se han creado comités paritarios a nivel sectorial (en particular en la hostelería, la construcción, la seguridad y el transporte).

Por último, Qatar ha establecido un sistema de resolución de conflictos accesible a los trabajadores y trabajadoras migrantes.

El acceso de los palestinos al trabajo en Israel y en los asentamientos ilegales se encuentra fuertemente controlado por un represivo sistema de permisos, controles de seguridad y puestos de control. Solo los palestinos con un permiso de trabajo válido pueden ser empleados “legalmente” por empresas israelíes. De los 133.000 trabajadores palestinos que se calcula que hay en Israel y en los asentamientos ilegales, unos 94.000 tienen permiso de trabajo. Prácticamente todos (99%) los titulares de permiso de trabajo son hombres, y la mayoría trabaja en el sector de la construcción. Los permisos se expiden por una duración máxima de seis meses, pero pueden ser anulados arbitrariamente en cualquier momento por los empleadores o por los servicios de seguridad de Israel. Para disciplinar a los trabajadores que se afilian a sindicatos, exigen derechos o participan en cualquier forma de actividad política, los empleadores suelen amenazar con la anulación de los permisos.

En junio de 2021, 54 trabajadores de la fábrica ASD Laminat Factory de Düzce (Turquía) fueron despedidos como consecuencia de su afiliación al Sindicato Turco de Trabajadores de la Industria de la Madera y el Papel (AGAC-IS). La empresa se negó a reconocer al sindicato y recurrió a maniobras antisindicales, como despedir de manera arbitraria a sindicalistas y presionar a otros trabajadores para que renunciaran a su afiliación sindical. Tras una batalla legal de cuatro años, un tribunal local falló a favor de la reincorporación de los trabajadores a principios de este año. Sin embargo, la empresa siguió desacatando la decisión del tribunal e intensificó sus prácticas antisindicales. El 30 de junio, tan pronto como se levantó la “prohibición del despido” impuesta durante la pandemia, la fábrica empezó a despedir a trabajadores. A fecha de 14 de julio de 2021 había despedido a otros 19 trabajadores.

Cuando los trabajadores y trabajadoras del fabricante de smartphones Salcomp en Estambul, Turquía, ejercieron su derecho fundamental a afiliarse a un sindicato, fueron objeto de intimidaciones, amenazas y despidos. Las condiciones de trabajo en la planta eran insoportables. Durante la pandemia se impusieron horas extraordinarias sin el consentimiento de los trabajadores y además solo se las pagaban parcialmente. Los descansos solo podían hacerse a discreción de los directores, y, como no había cantina, los trabajadores tuvieron que estar comiendo durante un tiempo en el interior de unos contenedores. Muchos trabajadores enfermaron de COVID-19.

Los trabajadores y trabajadoras decidieron afiliarse al Turkish Metalworkers’ Union (Türk Metal) en agosto de 2021, en respuesta a lo cual la dirección puso en marcha una campaña de represión sindical. Los trabajadores fueron intimidados y amenazados, y 170 miembros del sindicato fueron despedidos. Alrededor del 80% de los trabajadores despedidos eran mujeres. Tras seis días de protesta, los trabajadores consiguieron que Salcomp revocara su decisión y reincorporara a todos los miembros del sindicato despedidos.

Salcomp fabrica smartphones para la multinacional china Xiaomi, el segundo mayor fabricante de smartphones del mundo. En la planta de Estambul hay aproximadamente 800 trabajadores y trabajadoras, y se ha previsto aumentar la plantilla a 2.000 empleados.

En noviembre de 2021, EasyJet interfirió gravemente en las elecciones sindicales de su centro de Barcelona (España) al despedir al representante de CC.OO. Este despido antisindical no tenía más motivo que impedir la expansión sindical en la empresa.

En el sector privado griego, los empleadores despiden, trasladan y rebajan de categoría a los trabajadores y trabajadoras sindicalizados, o amenazan con emprender tales medidas contra los trabajadores para disuadirles de afiliarse a un sindicato.

United Paper Mills (UPM) despidió al delegado sindical de su aserradero de Kaukas (Finlandia) en abril de 2021. La empresa alegó que se trataba de un despido legítimo relacionado con el cierre de una línea de producción del aserradero y con una “renovación del modelo de gestión”. Los sindicatos, por su parte, consideraron que se trataba de una maniobra para intentar socavar los sindicatos, que se produjo poco después de que UPM anunciara su intención de eliminar el sistema de negociación colectiva.

En junio de 2021, dos empresas turcas, Cengiz İnşaat y CI-AY Mühendislik, fueron contratadas para reconstruir un tramo ferroviario en Croacia. Desde el inicio del proyecto, SGH, organización afiliada a la Unión de Sindicatos Autónomos de Croacia (SSSH, por sus siglas en croata) en el sector de la construcción, se puso en contacto con la dirección de las dos empresas para hablar de la necesidad de aplicar el convenio colectivo sectorial a todos los trabajadores empleados en el proyecto de reconstrucción, incluidos los trabajadores turcos contratados para el proyecto. Las dos empresas se negaron rotundamente a cualquier intento de la SGH de difundir información a los trabajadores.

El 17 de febrero de 2022, la SGH visitó a los trabajadores en la obra durante su descanso y les entregó folletos sobre los derechos recogidos en el convenio colectivo. Los trabajadores denunciaron una serie de violaciones de sus derechos, en particular trabajar entre 250 y 300 horas al mes y no cobrar las horas extras. Inmediatamente después, 17 trabajadores recibieron un mensaje de texto en el que se les informaba que habían sido despedidos.

En Bulgaria los trabajadores y trabajadoras se enfrentan a numerosos obstáculos a la hora de afiliarse a un sindicato, puesto que los empleadores despiden a los trabajadores sindicalizados, acosan a los dirigentes sindicales, crean sindicatos amarillos y se niegan a recaudar las cuotas sindicales, pese a los acuerdos relativos a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales.

Tras la reestructuración en abril de 2021 de la Administración de la Seguridad Social de Armenia, que fusionó en un solo organismo los servicios municipales y tres administraciones estatales, cada uno de los cuales tenía su propio sindicato, la dirección del recién creado Unified Social Service (USS) decidió anular las disposiciones relativas a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales y al cobro de las cuotas sindicales. Esta decisión unilateral tuvo un impacto desastroso en las finanzas de los sindicatos y en su capacidad de funcionamiento. Pese a las insistentes peticiones de los presidentes de los sindicatos, la cuestión no pudo resolverse.

En 2021, Coca-Cola Uruguay impuso una reestructuración para despedir a 16 trabajadores de Montevideo y 18 del departamento de Salto. La empresa alegó que despediría a aquellos que hubieran recibido una sanción disciplinaria en el pasado. En realidad, la empresa solo se dirigió a los trabajadores y trabajadoras organizados de Salto.

El Sindicato de Trabajadores de Coca-Cola (STCC) intentó abogar por su reincorporación durante una negociación de 45 días, sin conseguir llegar a un acuerdo con Coca Cola. El 4 de agosto de 2021, el STCC decidió por unanimidad hacer una huelga de siete días.

Durante la pandemia, la dirección de Luxottica en el centro de fabricación y distribución de McDonough, Estados Unidos, utilizó una aplicación de la empresa, denominada “LiveSafe”, supuestamente para informar a los trabajadores sobre cuestiones relacionadas con la COVID-19 en el lugar de trabajo. No obstante, en realidad la aplicación servía de plataforma para que la dirección enviara mensajes antisindicales sobre los supuestos “riesgos” de la organización sindical, como, por ejemplo, que los trabajadores podrían perder sueldo y prestaciones si conseguían formar un sindicato. Además de la aplicación, la dirección creó un sitio web antisindical en el que se denigraba a los sindicatos y se indicaban graves consecuencias derivadas de la firma de una tarjeta de afiliación por parte de los trabajadores. La empresa también contrató a consultores antisindicales y exigió a los trabajadores asistir a reuniones obligatorias de “audiencia cautiva” en las que se criticaba a los sindicatos sin que los partidarios de los mismos tuvieran posibilidad de responder.

El 15 de julio de 2021, agrupaciones sindicales nacionales e internacionales presentaron una queja en virtud de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, alegando graves violaciones de los derechos a la libertad sindical de los trabajadores de Luxottica USA.

El centro de fabricación y distribución de Luxottica en Georgia emplea a 2.000 trabajadores y trabajadoras. Luxottica es una división del grupo EssilorLuxottica, el mayor proveedor mundial de gafas y productos para el cuidado de la vista, que presta servicios a un mercado global y cuenta con más de 150.000 empleados en todo el mundo.

Durante 2021, Heinz-Glas Perú mantuvo su política antisindical para disolver el sindicato e impedir la negociación colectiva. La empresa ofreció ayuda para la desafiliación de los miembros, acudiendo incluso a sus domicilios, enviándoles una carta de desafiliación, llamándoles uno a uno para animarles a desafiliarse y ofreciendo puestos de trabajo mejor remunerados a quienes decidieran desafiliarse.

A finales de abril de 2021, AB InBev La Constancia, en El Salvador, una de las mayores cerveceras del mundo, despidió injustamente a 32 trabajadores, todos ellos miembros del Sindicato de Trabajadores de La Constancia (SITRACONSTA), afiliado a la UITA. El 30 de julio de 2021, la empresa despidió a otros 30 trabajadores afiliados al sindicato. El sindicato solicitó la reincorporación inmediata de los sindicalistas injustamente despedidos, el reconocimiento del sindicato y el comienzo de la negociación colectiva. La empresa se negó sistemáticamente a autorizar la negociación, argumentando que no tenía tiempo debido a sus planes de reestructuración y a las medidas para hacer frente a la pandemia.

A lo largo de 2021, La Constancia ha mantenido su política antisindical de intimidar a los miembros del sindicato diciéndoles que los despidos son responsabilidad de SITRACONSTA y ofreciendo seguridad laboral a los trabajadores y trabajadoras que demuestren haber renunciado al sindicato.

En 2021, Hyundai colaboró en la creación de una planta de fabricación de automóviles en el sureste de Corea para poder producir coches de forma barata y, sobre todo, sin sindicatos. La nueva planta de automóviles, que se inauguraba a finales de 2021, está gestionada por Gwangju Global Motors (GGM), una empresa fundada recientemente por la ciudad de Gwangju, que tiene una participación mayoritaria del 21%, mientras que Hyundai tiene una participación del 19%. El objetivo era, sobre todo, evitar la mano de obra organizada. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la propia Hyundai están organizados y han emprendido, con éxito, acciones industriales para conseguir mejores salarios. El salario medio anual en Hyundai es de 88 millones KRW. En la nueva planta, apodada “fábrica de medio salario”, el promedio salarial anual es de 35 millones KRW, lo que se sitúa por debajo de la media nacional de 42,34 millones KRW para los empleados de la empresa.

En mayo de 2021 la dirección del hotel Fairmont Sanur de Bali, Indonesia, perteneciente a la cadena Accor, se puso en contacto individualmente con los trabajadores que habían sido despedidos en julio de 2020 para ofrecerles de nuevo sus puestos de trabajo a condición de que renunciasen a su afiliación sindical.

En abril de 2020 los trabajadores habían aceptado un recorte salarial masivo del 70% para mantener el hotel en funcionamiento durante la pandemia. Pese a ello, la dirección intentó obligar a 68 trabajadores y trabajadoras a firmar cartas de dimisión “voluntaria” a finales de julio de 2020. Todos ellos eran miembros del recién creado sindicato Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Los trabajadores se negaron y, dos días después, recibieron una carta confirmando su despido.

La carta que los trabajadores tuvieron que firmar para recuperar sus puestos de trabajo especificaba: “Como empleado del Fairmont Hotel, por la presente declaro voluntariamente y con conocimiento de causa, sin coacción de parte alguna, que nunca me he afiliado al Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Así pues, presento esta carta de declaración en honor a la verdad.”

De los trabajadores contactados, solo cuatro accedieron a firmar, mientras que 38 siguieron luchando por la readmisión alegando despido improcedente.

En agosto de 2021, la sección del Kerala Bank del distrito de Thiruvananthapuram, en la India, introdujo una serie de nuevos estatutos que limitan las actividades sindicales de su personal. En virtud de las nuevas normas, los sindicatos no pueden intervenir en ninguna decisión relacionada con los traslados. Poco después de ese anuncio, dos mujeres líderes de la Bank Employees Federation of India (BEFI) fueron trasladadas fuera de su distrito. Ambas mujeres eran miembros del Subcomité de Mujeres de la BEFI y trabajaban en la misma unidad. Fueron trasladadas con efecto inmediato a dos lugares distintos. Según el BEFI, el traslado se debe al permiso que se tomaron para participar en la convención del Consejo General del sindicato.

El complejo de hoteles y casinos NagaWorld en Phnom Penh, Camboya, ha negado sistemáticamente a sus trabajadores y trabajadoras el derecho a la representación sindical. Durante más de dos décadas la dirección se ha negado a reconocer plenamente al sindicato Union of Khmer Employees of Naga World (LRSU).

El 24 de septiembre de 2021, se había previsto celebrar una reunión en la oficina de la Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF) en Chattogram para formar un comité regional del IndustriALL Bangladesh Council (IBC). Sin embargo, la reunión se suspendió después de que el vicepresidente senior del IBC, Salauddin Shapon, recibiera una llamada de la policía. Al día siguiente se había previsto celebrar otra reunión en un lugar distinto, pero la policía volvió a ponerse en contacto con el vicepresidente para decirle que la reunión tampoco podía celebrarse allí.

En un tercer intento, el IBC decidió celebrar la reunión en la oficina de otra organización afiliada, la Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL), pero cuando los líderes del IBC llegaron, varios agentes de policía, algunos de ellos de paisano, bloquearon la puerta y no permitieron la entrada a nadie.

En Sudáfrica, cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Rodas iniciaron una huelga el 10 de agosto de 2021 después de que la institución no reconociera a su sindicato, el National Union of Public Service and Allied Workers (NUPSAW). Habiendo organizado a más del 10% del personal, el 29 de abril de 2021 el NUPSAW se había desplazado hasta la universidad para solicitar su reconocimiento, en particular el derecho a organizar y reclutar miembros y a celebrar reuniones en el campus.

Cuando se le preguntó por qué la universidad se negaba a reconocer el sindicato, el principal responsable de comunicación dijo, en flagrante violación de las leyes sudafricanas, que el NUPSAW no era suficientemente representativo.

En junio de 2021, la Société des Brasseries du Mali (BRAMALI) procedió a despedir de forma selectiva a los delegados sindicales de la empresa, entre ellos el vicesecretario general del sindicato, el secretario de Comunicación y el secretario de Finanzas. Otros delegados sindicales estaban en lista de espera para ser despedidos y recibieron un preaviso de ocho días. Los despidos se produjeron en medio de un conflicto sindical en BRAMALI tras una huelga de tres días que se llevó a cabo en mayo de 2021.

Los trabajadores y trabajadoras de Style Industries Ltd, una fabricante de cabello sintético, llevan luchando desde 2015 por el reconocimiento de su sindicato, el Kenyan Union of Hair and Beauty Workers (KUHABWO). KUHABWO reclutó a 3.811 trabajadores de una plantilla de 6.000, de los cuales el 85% son mujeres, pero la empresa hizo todo lo posible para acosar y disuadir a los miembros del sindicato. Cuando los delegados sindicales acudían a reclutar trabajadores durante los descansos o la hora de la comida, el empleador recurría a la policía para acosar y detener a los trabajadores e impedir que hablasen con los representantes sindicales.

El conflicto se estancó en el proceso de conciliación, y el caso llegó al Tribunal de Empleo y Relaciones Laborales, que en 2017 emitió una orden de restricción contra la empresa. El auto ordenaba a Style Industries que dejara de “victimizar, intimidar, coaccionar, acosar y consentir prácticas laborales injustas” y que permitiera que el caso se resolviese en los tribunales. Además, el tribunal señaló que la empresa tenía que dejar de rescindir contratos y despedir a miembros del sindicato por el hecho de pertenecer al mismo.

Pese a la decisión del tribunal, las tácticas antisindicales de la empresa no cesaron, y en mayo de 2021 despidió a otros 150 miembros del sindicato. Los que no se dejaron disuadir por la maniobra y siguieron siendo miembros del sindicato fueron amenazados con el despido.

En junio de 2021 se puso en marcha una campaña de solidaridad para concienciar sobre las tácticas antisindicales de la empresa.

Amadou Diallo y Alhassane Diallo, secretario general y vicesecretario general, respectivamente, del sindicato de trabajadores y trabajadoras del Sheraton Grand Conakry, han estado solicitando desde de octubre de 2020 su reincorporación tras haber sido despedidos por su participación en actividades sindicales. A pesar de las campañas de solidaridad internacional y de una denuncia ante la OIT, la dirección del hotel se ha negado rotundamente a reincorporarlos.

Los trabajadores del Sheraton Grand Conakry, el mayor hotel de Guinea, empezaron a organizarse en marzo de 2019 en respuesta a los bajos salarios, las horas extraordinarias no remuneradas y la falta de prestaciones sanitarias. El largo proceso de organización finalizó el 11 de febrero de 2020 con unas satisfactorias elecciones sindicales. Durante todo este tiempo, la dirección del hotel intentó por todos los medios impedir que se celebraran las elecciones y, en una flagrante maniobra de ataque al sindicato, procedió a despedir injustamente a los dos líderes sindicales.

En abril de 2021, una plata de clasificación de residuos para la ciudad de Jerusalén que opera en la zona industrial del asentamiento de Atarot, socavó los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Cerca de 110 de sus trabajadores palestinos se afiliaron al sindicato Maan Union para luchar contra unas condiciones de trabajo abusivas. Los empleadores utilizaron las restricciones financieras impuestas por la COVID-19 para mermar las labores de organización de los trabajadores. Decenas de trabajadores se vieron obligados a pedir una excedencia sin sueldo, otros tuvieron que permanecer en el recinto de la fábrica sin las disposiciones adecuadas si querían mantener sus puestos de trabajo, y nueve trabajadores fueron despedidos, entre ellos varios dirigentes sindicales.

En 2021, varios trabajadores que intentaron formar sindicatos en Omán fueron objeto de decisiones arbitrarias por parte de sus empleadores para dificultarles e impedirles la formación de sindicatos; estas decisiones incluyeron despidos y traslados a lugares remotos.

El 11 de julio de 2021, el Ministerio de Electricidad de Iraq emitió una directiva por la que se prohibían los comités sindicales y se ordenaba a los empleados de empresas públicas no participar en dichos comités so pena de ser sometidos a procesos penales. Además, el Ministerio de Industria y Minería iraquí emitió amonestaciones disciplinarias contra dos dirigentes sindicales en represalia por sus actividades de organización.

Los miembros del sindicato de los centros de atención telefónica Webhelp y Sitel Group de Marruecos fueron despedidos de manera improcedente pese a que poco antes, en junio de 2021, se celebraron en todo el país elecciones de delegados de personal. En Sitel, los empleados que habían creado una oficina sindical con la Union Marocaine des Travailleurs (UMT) fueron despedidos o suspendidos sin sueldo. En Webhelp, los empleados que intentaron formar sindicatos en varios lugares de trabajo se enfrentaron a prácticas intimidatorias y a presiones por parte de la dirección.

En la tarde del 24 de febrero de 2022, varios desconocidos vestidos de civil irrumpieron en la oficina del Sindicato Libre de Trabajadores del Metal (SPM) sin presentar ningún documento, y procedieron a registrar el local y a apoderarse de material de oficina y de los teléfonos móviles de los dirigentes y los empleados de la oficina. El vicepresidente del SPM, Aleksandr Evdokimchik, fue arrestado y llevado a paradero desconocido. A primera hora de la mañana, el Comité Ejecutivo del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), la central sindical nacional, afiliada a la CSI, no pudo ponerse en contacto con Igor Komlik, abogado del sindicato. Según se supo más tarde, también fue arrestado por las fuerzas del orden.

En la mañana del 21 de septiembre de 2021, las fuerzas del orden registraron el apartamento de Volha Brytsikava, líder local de la principal organización sindical del Belarusian Independent Trade Union (BITU) en JSC Naftan, le incautaron el ordenador y la detuvieron. Otros dos miembros del BITU, Andrey Berezovsky y Roman Shkodin, fueron arrestados y detenidos durante 7 y 15 días respectivamente.

En Grodno Azot, el vicepresidente del sindicato local del BITU, Valiantsin Tseranevich, y los miembros del BITU Andrei Paheryla, Vladimir Zhurauka, Grigory Ruban, Dmitry Ilyushenko y Aleksey Sidor fueron detenidos por la policía.

En Zhlobin, Aliaksandr Hashnikau, secretario-tesorero de la sección principal del BITU en la Planta Metalúrgica Bielorrusa BMZ, fue arrestado el 17 de septiembre de 2021 y arbitrariamente detenido. Según su esposa, desapareció a mediados de septiembre y fue localizado una semana después.

El presidente del BITU, Maksim Pazniakou, fue detenido el 17 de septiembre, pero más tarde puesto en libertad. Se le impuso una multa de 350 USD por una publicación en las redes sociales en 2020 en la que aparecía un grupo de música bielorruso que las autoridades calificaron posteriormente de extremista.

La mañana del 23 de agosto de 2021, un líder sindical, acompañado de dos delegados sindicales, fue detenido mientras distribuía información sindical a los trabajadores y trabajadoras del complejo turístico Hapimag Resort Albufeira, Portugal. La dirección del hotel llamó a la Guardia Nacional Republicana (GNR) para impedir que el dirigente sindical llevara a cabo sus actividades sindicales en el interior del establecimiento, un derecho recogido en la Constitución de la República Portuguesa, en el Código Laboral y en el convenio colectivo del sector turístico.

El dirigente sindical intentó explicar a los agentes de la GNR que estaban ejerciendo un derecho constitucional, pero los agentes acataron la petición del empleador y detuvieron al líder sindical, llevándolo a la comisaría de Albufeira. El líder fue acusado y citado a comparecer ante el Tribunal de Albufeira.

El Sindicato da Hotelaria do Algarve y el Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria do Algarve apoyaron públicamente al trabajador afectado. Su sindicato, el Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve, recordó que la dirección del Hapimag Resort Albufeira había suspendido recientemente a los delegados sindicales de sus funciones como jefe y subjefe de cocina por el hecho de reclamar mejores condiciones de trabajo.

Las principales quejas de los trabajadores incluían las malas condiciones de trabajo y la violación de las normas de seguridad e higiene, cuestiones que llevaban dos años intentando resolver a través de la negociación.

El 28 de enero de 2022, la Federation of Trade Unions of Kyrgyzstan (FTUKg) tenía previsto celebrar el Consejo de la Federación, donde se debía fijar la fecha del Congreso de Unificación. La mañana del día 28, a las 7:50 a.m., Ryskul Babayeva, vicepresidenta de la FTUKg, fue arbitrariamente detenida por agentes de la policía del distrito de Alamedin por una falsa denuncia. Tras la investigación de la policía, se reveló que la denuncia era difamatoria. Babayeva fue puesta en libertad y pudo asistir al Consejo.

En abril de 2021, los representantes sindicales del Aeropuerto Internacional de Tirana (Albania) intentaron entablar negociaciones con la dirección con objeto de abordar los riesgos para la salud relacionados con el agotamiento físico y mental de los trabajadores en el contexto de la pandemia de COVID-19. En lugar de entablar diálogo con los sindicatos, la dirección procedió a recortar unilateralmente los salarios de los trabajadores y recurrió al acoso y la intimidación contra los miembros del sindicato y los trabajadores. Ante las crecientes presiones, los trabajadores se declararon incapacitados para trabajar por razones médicas, de conformidad con las normas internacionales del sector de la aviación civil. El Gobierno respondió desplegando las fuerzas del orden, desalojando a los trabajadores de las instalaciones y deteniendo a los dirigentes sindicales durante varios días bajo custodia policial o bajo arresto domiciliario, amenazando con emprender acciones legales contra los dirigentes sindicales y contratando a trabajadores de reemplazo de otros países.

El secretario general de la Confédération Syndicale du Congo (CSC), Fidèle Kiyangi Matangila, responsable asimismo de la Central Workers of Banks and Financial Institutions y presidente de la Intersyndicale nationale de l'administration publique (INAP), fue detenido por las fuerzas de seguridad en el edificio de la Administración Pública. Su detención se produjo tras una acción de protesta organizada por los miembros del sindicato a raíz de que el empleador de servicios financieros no pagara durante cuatro meses los salarios y las primas.

El 11 de marzo de 2022, Haleh Safarzadeh y Alireza Saghafi, miembros del Centro para los Derechos de los Trabajadores en Irán, fueron detenidos junto con otros 17 estudiantes y activistas sindicales durante una reunión privada que se estaba celebrando en el lugar de trabajo de Saghafi. Ingresaron en la prisión de Kachuei, en Karaj. Los activistas fueron puestos en libertad más tarde, pero Haleh Safarzadeh y Alireza Saghafi permanecieron detenidos en una de las cárceles más severas del país por delitos graves.

Ambos líderes sindicales ya habían sido detenidos el 26 de abril de 2019, junto con otros defensores de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, durante una reunión pacífica en un parque público. El 24 de agosto de 2019 fueron juzgados por el Tribunal Revolucionario de Karaj por una acusación falsa de “propaganda contra el sistema” y condenados a un año de cárcel.

Farzaneh Zilabi, abogada defensora de los trabajadores y trabajadoras de la caña de azúcar de Haft Tappeh en Irán, fue condenada el 13 de septiembre de 2021 por el Tribunal Revolucionario de Ahvaz a un año de cárcel por llevar a cabo “actividades de propaganda contra el Estado”. Además de la pena de cárcel, Zilabi fue condenada a dos años de inhabilitación para salir del país. El 16 de mayo de 2021 se le impuso también una inhabilitación de seis meses para ejercer la abogacía.

Tras la privatización del complejo agroindustrial de la caña de azúcar Haft Tappeh Sugarcane Agro-Industrial Complex en 2016, los trabajadores y el sindicato han organizado una serie de huelgas, la última de ellas en agosto de 2021, contra el reiterado impago de salarios a los empleados y la presunta corrupción de los antiguos propietarios.

Abdel-Wahab Radwan, vicepresidente del Syndicate Committee of Public Transport Authority Employees de Egipto, fue detenido en mayo de 2021 debido a sus actividades sindicales. En 2022 permanecía en prisión preventiva a la espera de la vista de su caso. Fue acusado de “pertenencia a un grupo terrorista y uso indebido de las redes sociales”.

Fellah Hamoudi, miembro del Buró Ejecutivo del Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) y de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) y presidente de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme (LADDH), fue detenido el 19 de febrero de 2022 en el valiato de Tlemcen. Fellah Hamoudi se había visto continuamente acosado durante los últimos meses a raíz de unas declaraciones realizadas en el canal de televisión “Al Magharibia”. El fiscal consideró que los comentarios de Hamoudi sobre el número de presos de conciencia que hay en Argelia eran ofensivos para el Ministerio del Interior y “falsos o malintencionados”. Hamoudi también fue acusado de dirigir una asociación “no acreditada” en relación con su cargo en la LADDH. El 12 de enero de 2022 la policía registró su domicilio, confiscándole el ordenador portátil y el teléfono personal. El 20 de febrero de 2022 fue condenado culpable por el Tribunal de Tlemcen y condenado a una multa de 100.000 DZD y a tres años de cárcel.

En la madrugada del 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo un operativo policial simultáneo en diversos municipios del departamento de Arauca, Colombia. Varios líderes sindicales de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA), filial de FENSUAGRO, fueron detenidos sin motivo: Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la ACA; John Alexander Romero, vicepresidente y secretario de Derechos Humanos de la ACA; Camilo Espinel, secretario de Educación de la ACA y concejal del municipio de Saravena; Fredy Camargo, concejal de Fortul y coordinador del Comité Técnico de la ACA; Ruth Pita, concejala de Fortul y asociada de la ACA; Helbert Alonso Ramírez Castro, asociado de la ACA y contable; y Samuel Acosta, asociado de la ACA y miembro del Comité de Tame Veredal.

El 8 de julio de 2021 la policía detuvo a 31 personas, entre ellas el secretario general del sindicato Ceylon Teachers Union (CTU), por participar en una protesta celebrada cerca del Parlamento de Sri Lanka contra el proyecto de ley de la Universidad Nacional de Defensa. Dicho proyecto, presentado en 2018 durante el anterior Gobierno, ha sido ampliamente denunciado como una medida destinada a frenar la libertad de pensamiento y expresión en las universidades. Los trabajadores arrestados permanecieron retenidos durante varios días hasta que, gracias a una campaña organizada para reclamar su libertad, respaldada por sindicatos mundiales, fueron finalmente puestos en libertad.

El 21 de octubre de 2021, las fuerzas especiales de Comandos de Carabineros de Chile, reprimieron brutalmente con porras, cañones de agua y gas pimienta a los dirigentes de las 16 organizaciones sindicales que conforman la Mesa del Sector Público (MSP). Los líderes sindicales, entre los que se encontraba José Pérez Debelli, presidente de la Asamblea Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), fueron detenidos en respuesta a la presión ejercida por las organizaciones sindicales sobre el Gobierno, y puestos en libertad unas horas más tarde. Los representantes de la MSP estaban entregando al Gobierno una lista de demandas sobre el ajuste salarial y la mejora de las condiciones de trabajo. Esta entrega formal es una práctica anual que pone en marcha el proceso de negociación sectorial de la MSP, agrupación que representa a cerca de 500.000 trabajadores y trabajadoras del sector público.

El 11 de octubre de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la confección de Denim Clothing Company, proveedor de marcas de moda internacionales en Karachi, Pakistán, se concentraron frente a la sede de la empresa para protestar por las condiciones de trabajo inhumanas en la fábrica, la intimidación sistemática, la falta de seguridad social, los despidos arbitrarios desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 y la negativa a pagar el salario mínimo.

Dos furgonetas se presentaron en el lugar de los hechos y tres hombres vestidos de paisano empezaron a apalear despiadadamente a los trabajadores, varios de los cuales sufrieron heridas graves, como una luxación de codo. La policía obligó a los trabajadores que protestaban a subir a las furgonetas y los retuvo en comisaría durante seis horas, donde los siguió apaleando. Fueron puestos en libertad tras ser obligados a firmar un documento en el que declaraban que no volverían a protestar contra la empresa.

El 15 de abril de 2021, cerca de 40 militares fueron desplegados para detener a la directora del Solidarity Trade Union of Myanmar (STUM), Daw Myo Aye, acusada en virtud del artículo 505A del Código Penal de participar en el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), liderar protestas y animar a civiles y funcionarios a unirse al MDC. Se enfrentaba a una pena de hasta tres años de cárcel. Daw Myo Aye no obtuvo la libertad bajo fianza y permaneció detenida, disponiendo de un acceso limitado a las instalaciones médicas pese a sufrir graves problemas de salud.

Anteriormente, en 2021, se habían dictado y ejecutado órdenes de detención contra otros 34 destacados dirigentes sindicales. La mayoría de ellos fueron procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel.

El presidente de la Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), Yang Kyeung-soo, fue detenido el 2 de septiembre de 2021 en una redada realizada antes del amanecer en su oficina de Seúl. Cientos de policías rodearon el edificio mientras los agentes forzaban la puerta.

La KCTU había organizado el 3 de julio una concentración en el centro de Seúl, exigiendo al Gobierno que se ocupara de la desigualdad exacerbada por la pandemia. El Gobierno no autorizó la concentración, alegando preocupaciones ante la posibilidad de contagios masivos. Posteriormente emitió una orden de arresto contra Yang por supuesta violación de las disposiciones de la Ley penal contra la obstrucción general del tráfico, la Ley de reuniones y manifestaciones y la Ley de control y prevención de enfermedades infecciosas. Las acusaciones fueron rebatidas por la KCTU: cerca de 8.000 miembros del sindicato asistieron a la manifestación respectando rigurosamente las directrices del Gobierno en materia de distanciamiento social, y, tras el acto, solo tres asistentes dieron positivo en la prueba de COVID-19, con escasa evidencia de que su contagio estuviese relacionado con la concentración.

Su detención parecía más bien encaminada a interrumpir los preparativos de la KCTU para convocar a sus 1,1 millones de miembros a una huelga nacional el 20 de octubre, con el objetivo de exigir mejoras en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Yang es el 13º presidente consecutivo del KTCU que es encarcelado desde que la federación dejó de estar prohibida en 1997.

Sesenta y siete trabajadores y activistas fueron detenidos por la policía de Tamil Nadu durante una protesta llevada a cabo el 18 de diciembre de 2021 por trabajadores de la industria electrónica. Permanecieron detenidos durante más de 24 horas. Veintidós activistas, entre ellos dirigentes del Indian Centre of Indian Trade Unions (CITU), fueron detenidos por prestar apoyo a los trabajadores y trabajadoras. Los dirigentes del CITU fueron puestos en libertad bajo fianza el 23 de diciembre.

Cerca de 3.000 trabajadoras empleadas por Bharat FIH, filial de FIH Mobile and Foxconn Technology Group, fabricante de teléfonos móviles, iniciaron una protesta el 17 de diciembre. El desencadenante fue un incidente ocurrido dos días antes, en el que 159 trabajadoras enfermaron por una intoxicación alimentaria en su albergue. Las trabajadoras, todas ellas contratadas a través de agencias, llevaban tiempo quejándose del hacinamiento y la mala alimentación.

Lee Cheuk Yan, secretario general de la Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), junto con otras siete personas, fue condenado el 12 de diciembre de 2021 a 14 meses de cárcel por “incitar, organizar y participar” en una vigilia con velas el 4 de junio de 2020. El evento anual, en memoria de la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989, fue organizado por la actualmente disuelta Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, de la que Lee Cheuk-yan era presidente. La sentencia se ejecutará simultáneamente con la condena de 20 meses de prisión que Lee Cheuk-yan ya estaba cumpliendo por organizar y participar en manifestaciones prodemocráticas en 2019.

En Hong Kong, cinco miembros del General Union of Hong Kong Speech Therapists (GUHKST), entre ellos el presidente y el vicepresidente del sindicato, Li Wenling y Yang Yiyi, fueron detenidos el 22 de julio de 2021. La policía incautó sus teléfonos móviles, ordenadores y folletos del sindicato, y congeló la cuenta bancaria y los activos del mismo. Según la policía, habían “conspirado para publicar, distribuir, exhibir o copiar publicaciones sediciosas”. Tanto Li como Yang fueron procesados y puestos en prisión preventiva, y se les denegó la libertad bajo fianza. A los otros tres miembros se les concedió la libertad bajo fianza. En la vista del 30 de agosto el juez decretó la prisión preventiva para los cinco sindicalistas, a la espera de su próxima vista, que tendría lugar el 24 de octubre de 2021.

Las publicaciones “sediciosas” eran tres libros electrónicos ilustrados para niños con problemas de habla, publicados por el sindicato en 2020, en los cuales se mencionaban los movimientos prodemocráticos de Hong Kong de 2019 y 2020. La sedición es un delito contemplado en una ley de la época colonial y conlleva hasta dos años de cárcel. Desde las protestas por la democracia, la policía y los fiscales han comenzado a utilizar regularmente la ley de sedición, junto con la Ley de Seguridad Nacional, para reprimir las expresiones y opiniones políticas.

En 2018, la empresa china Jasic Technology despidió a una serie de trabajadores y trabajadoras que habían intentado organizar su propio sindicato, y más de 40 trabajadores fueron detenidos y acusados de “reunir una multitud para perturbar el orden social”. Desde entonces, muchos activistas y defensores de los trabajadores han sido procesados y encarcelados por cargos espurios, y el paradero exacto de otros trabajadores de la fábrica de Jasic que estuvieron implicados en protestas sigue siendo desconocido. Las autoridades han recurrido a la persecución penal, el acoso y la vigilancia para infundir miedo e impedir que los afectados y sus familias hablen. Tras su enjuiciamiento y condena hace dos años, los siguientes activistas han permanecido ilocalizables y en paradero desconocido, y no se ha podido acceder a más información sobre su juicio: Fu Changguo, miembro del personal del Centro de Trabajadores de Dagongzhe, y los activistas laborales Zheng Shiyou y Liang Xiaogang.

Muchos otros han sido procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel, mientras el Gobierno ha seguido presionando e intimidando duramente a los activistas y sus familias.

El 25 de febrero de 2022, “Mengzhu”, un conocido activista chino dedicado al reparto de comida a domicilio, fue detenido por la policía de Beijing durante una redada en su apartamento. Mengzhu, cuyo nombre real es Chen Guojiang, fue acusado de “buscar pelea y causar problemas”, un concepto genérico utilizada a menudo contra los activistas en China. Chen era líder de la Alianza de Repartidores, que él mismo fundó en 2019. Logrando llegar a cerca de 15.000 repartidores a través de las redes sociales, la alianza se convirtió en una organización parecida a un sindicato de repartidores de comida en Beijing y tenía conexiones con repartidores de otras ciudades.

Poco antes de su detención, Chen había publicado un vídeo sobre una estafa de bonos por parte de Ele.me, propiedad de Alibaba, la mayor empresa de comercio electrónico de China. Millones de personas vieron el vídeo, el cual provocó numerosas críticas del público contra Ele.me. Los informes de los medios de comunicación sobre la detención de Chen fueron bloqueados o eliminados. Los activistas chinos de Internet difundieron una carta abierta escrita por el padre de Chen en la que solicitaba ayuda para sufragar los gastos derivados del procedimiento judicial. Se recaudaron más de 120.000 CNY (18.350 USD).

En abril de 2022, el canal de WeChat de Chen, en el que se había publicado la carta abierta, quedó permanentemente prohibido. El debate en línea sobre el caso de Chen también fue censurado y bloqueado por la policía. Y los abogados y estudiantes que estaban en contacto con la familia de Chen fueron objeto de investigaciones y acoso.

Los trabajadores de NagaWorld Hotel and Casino Complex en Camboya se habían declarado en huelga el 18 de diciembre de 2021 en protesta por el despido improcedente de 365 trabajadores y trabajadoras. Más de 1.000 trabajadores se sumaron a la huelga, que consistió en una serie de sentadas pacíficas frente a las instalaciones de la empresa. El sindicato Labour Rights Supported Union (LRSU) hizo todo lo posible para negociar una solución, pero la dirección se negó a hablar y ni siquiera se presentó a la sesión de mediación convocada por el Ministerio de Trabajo.

El 31 de diciembre de 2021, la policía llevó a cabo una redada en la oficina del LRSU, confiscando documentos, ordenadores y teléfonos móviles. Nueve personas fueron detenidas. El 3 de enero de 2022 se produjeron otras 17 detenciones, seguidas de otras tres el 4 de enero, entre ellas la del presidente del LRSU, Sithar Chhim, que fue arrastrado por la fuerza desde el piquete hasta un coche de la policía.

En febrero de 2022, ocho de los arrestados seguían detenidos, a saber, el presidente del sindicato, Sithar Chhim; el secretario del sindicato Chhim Sokhorn; el asesor del sindicato Sok Narith, y los activistas sindicales Ry Sovandy, Sun Sreypich, Hai Sopheap, Klaing Soben y Touch Sereymeas. A todos ellos les fue denegada la libertad provisional. Ellos manifestaron que no disponían de agua suficiente y que no se les permitía contactar a su familia. Fueron acusados de provocación, lo que conlleva una pena de hasta cinco años de cárcel. En marzo de 2022 quedaron finalmente en libertad bajo fianza.

Rong Chhun, presidente de la Cambodian Confederation of Unions (CCU), fue detenido en su domicilio en julio de 2020 tras afirmar que la delimitación de la frontera entre Camboya y Vietnam había despojado a varios agricultores de sus tierras, por lo que fue acusado de “incitación a cometer un delito grave o provocar malestar social”. El 18 de agosto de 2021, Rong Chhun, presidente de la CCU, fue condenado a dos años de cárcel, la pena máxima por este delito, así como a una multa de 2 millones de KHR (490 USD).

Sar Kanika y Ton Nimol, otros dos compañeros defensores de los derechos laborales, fueron puestos en libertad el 11 de noviembre de 2021 tras estimarse el recurso de apelación. El Tribunal de Apelación de Phnom Penh retiró el resto de las condenas contra ellos, pero permanecieron en libertad condicional y fueron sometidos durante tres años a diversas restricciones relacionadas con la movilidad y otras actividades.

El 6 de agosto de 2021, la Policía Industrial de Bangladesh presentó una causa penal contra Babul Akter, secretario general de la Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation (BGIWF), y 24 líderes sindicales y miembros del sindicato, en relación con los incidentes ocurridos en Crossline Factory (Pvt) Ltd y Crossline Knit Fabrics Ltd. La dirección de la fábrica también presentó una denuncia penal contra sus trabajadores. Estas denuncias penales se presentaron después de que los trabajadores y trabajadoras formaran dos sindicatos en sus respectivas fábricas y presentaran sendas solicitudes de registro en el Departamento de Trabajo en marzo de 2021.

En febrero de 2021, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés) presentó cargos penales por cártel contra el sindicato Construction Forestry Mining and Energy Union (CFMEU) en el Territorio de la Capital Australiana (ACT) y contra el secretario del CFMEU-ACT, Jason O’Mara.

El 17 de agosto de 2021, el fiscal federal desestimó los cargos.

Se trata de la tercera acusación penal reciente que la ACCC presenta contra el CFMEU, recurriendo a la Ley de Consumidores y Competencia para socavar el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva. En 2012 y 2013, la ACCC había alegado que el CFMEU-ACT había tratado de inducir a los instaladores de acero y a los montadores de andamios locales a fijar un precio mínimo para sufragar un aumento salarial. Esto, según la ACCC, equivale a un comportamiento de cártel. Para el CFMEU, la ACCC ha incurrido en una flagrante persecución del líder sindical Jason O'Mara, que pasó por tres años de juicio mediático y de ataques contra su persona.

El 16 de junio de 2021, Edgar Alejandro Talento y Jaime Col Ical, miembros del sindicato de empresa de Fritolay Guatemala, fueron agredidos por unos desconocidos. Jaime salió ileso, pero Edgar resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado al hospital.

En febrero de 2022, mientras los trabajadores de Quironsalud, filial de la multinacional alemana Fresenius en Colombia, se organizaban en un sindicato y solicitaban entablar negociaciones colectivas, Julián Parra y Claudia López, dos de sus dirigentes electos, recibieron amenazas de muerte. Claudia denunció los detalles de las amenazas a la policía local, mientras que Julián se vio obligado a huir del país. Los llamamientos internacionales para que Fresenius denunciara públicamente estas amenazas no fueron atendidos.

A principios de enero de 2022, los trabajadores de la fábrica de automóviles de Farplas, en la provincia de Kocaeli (Turquía), exigieron un aumento salarial. Al considerar insuficiente la oferta salarial presentada el 19 de enero, los trabajadores y trabajadoras detuvieron su trabajo en la fábrica en señal de protesta, a lo que el empleador accedió a entablar negociaciones con el Sindicato de Trabajadores del Metal Unidos, prometiendo no despedir a nadie en este proceso. La producción se reanudó al día siguiente, pero el empleador despidió sumariamente a cerca de 150 trabajadores, tanto miembros como no miembros del sindicato, aludiendo como justificación a la huelga de un día. A modo de protesta, los trabajadores despedidos de Farplas decidieron hacer una huelga en el interior de la fábrica. La policía irrumpió en la fábrica de Farplas, dispersando a los trabajadores con gas pimienta. Dos personas se desmayaron durante la intervención, y un trabajador acabó con una pierna rota.

Varios activistas de la Confédération Générale du Travail (CGT) fueron atacados violentamente en París y Lyon (Francia) durante una manifestación del Primero de Mayo de 2021. Los individuos dañaron vehículos, profirieron insultos racistas y homófobos, hicieron comentarios que denostaban el “comunismo” de la CGT y la llamaron “collabos” (persona que colaboró con los Nazis). La CGT contabilizó al menos 21 heridos, de los cuales cuatro fueron hospitalizados en París. La Fiscalía de París abrió una investigación por “violencia deliberada y daños en una reunión”.

En Belarús, el 5 de marzo de 2021, agentes del Departamento de Interior de la ciudad de Minsk interrumpieron la conferencia fundacional de los sindicatos libres de estudiantes. Irrumpiendo en las instalaciones vestidos de paisano, con la cara enmascarada y sin ningún tipo de insignia, recurrieron a la violencia, apresando a varios participantes de la reunión, que posteriormente fueron condenados a 15 días de detención por “desafiar una instrucción legítima de un agente”. Para justificar esta violenta injerencia, las autoridades alegaron que el acto estaba siendo celebrado por una organización ilegal. Sin embargo, el Free Trade Union of Belarus, que había organizado la conferencia, es una organización oficialmente registrada y operativa.

Miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) salieron a la calle para protestar por el asesinato el día anterior de una compañera, la estudiante de enfermería Keyla Martínez, ocurrido mientras se encontraba detenida por la Policía Nacional. En respuesta a las protestas, los agentes de policía golpearon violentamente a los trabajadores, entre ellos el sindicalista Agustín Sánchez, que resultó gravemente herido en el hombro izquierdo.

En Honduras, durante el mes de octubre de 2021, el dirigente sindical Darlin Oviedo, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Jasper (SITRAJASPER), del sector de la confección, y el secretario general del sindicato, Selin Peña, fueron perseguidos reiteradamente por unos desconocidos. Oviedo fue incluso perseguido por un motorista fuertemente armado que le amenazó con dispararle, pero afortunadamente el líder sindical pudo sortear el tráfico y escapar. Las amenazas comenzaron cuando los trabajadores y trabajadoras se manifestaron para exigir que la fábrica textil reincorporara a los trabajadores que buscaban trabajo tras la relajación de las restricciones por la COVID-19.

El 10 de febrero de 2022, por segundo día consecutivo, la policía disparó gases lacrimógenos y golpeó a los manifestantes con porras delante de la Zona Franca SONAPI en Puerto Príncipe, Haití. Los trabajadores en huelga reclamaban al primer ministro Ariel Henry un aumento del salario mínimo en la industria de la confección de 500 HTG (4,80 USD) a 1.500 HTG (14,40 USD) diarios.

El 30 de agosto de 2021, miembros del Sindicato de Trabajadores General Portuario, SINTRAGENPORT, de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, recibieron amenazas de muerte por parte de unos desconocidos. Los miembros amenazados eran todos los integrantes del Consejo de Administración: Víctor Oliva, secretario general; Marcos Eliú Castellanos Nufio, secretario general adjunto; Edwin Martínez, secretario de Finanzas; Rafael Aquino, secretario de Relaciones Intersindicales; Arturo Arzú, secretario de Prevención Social; José Eduardo Saldaña, secretario de Deportes; y Melvin Larios, secretario del Consejo Consultivo. El sindicato había denunciado anomalías y casos de corrupción en las contrataciones.

El 31 de marzo de 2022, Carlos Mancilla y los miembros de su familia recibieron varias llamadas telefónicas anónimas en las que se les advertía que estaban siendo vigilados y se mencionaba a cada miembro de la familia por su nombre. Los autores de las llamadas enviaron una foto de la casa de Mancilla y dijeron que habían seguido a su hija pero que se abstuvieron de matarla.

Mancilla es secretario general de la central sindical CUS-G, presidente de la Comisión Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical de Guatemala, y miembro titular del Consejo General de la CSI. Estos hechos se produjeron en un contexto de creciente inseguridad y ataques al movimiento sindical en Guatemala, además de una oleada de conflictos laborales no resueltos y una campaña de desprestigio y estigmatización de los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

El 12 de agosto de 2021, dirigentes sindicales de los sindicatos nacionales de trabajadores y trabajadoras de la alimentación de Colombia, SINTRAIMAGRA y SINALTRAINAL, fueron amenazados en Bugalagrande, Valle del Cauca. Al entrar en la sede de la seccional de Bugalagrande del SINTRAIMAGRA, la secretaria encontró un sobre con un folleto con el encabezamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el logo de Las Águilas Negras, Bloque Occidental de Colombia, en la parte inferior; junto con una llave USB en la que se designaba como “objetivos militares” a los siguientes sindicalistas: Edwin Mejía, Francisco Vásquez, Fernando Castaño, Carlos Soto, Juan Camilo Jaramillo, Andrés Rubio, Onofre Esquivel, Wilson Riaño, Luis Herbert Peñaloza, Frank Acevedo, Gustavo Bedoya y Martin Agudelo.

El 29 de abril de 2021, durante unas manifestaciones en el municipio de Copacabana, Antioquia (Colombia), un docente y activista de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) estaba grabando con la cámara de su teléfono móvil un procedimiento policial, cuando fue agredido por miembros de la policía nacional, que le quitaron el móvil y le golpearon. Posteriormente, cuando acudió a comisaría para reclamar su móvil, fue detenido de manera arbitraria.

En Colombia, el 25 de noviembre de 2021, en vísperas de las elecciones para la designación de la cúpula del sindicato Guincheros, Maquinistas y Grúas Móviles, el presidente del sindicato, Roberto Coria, que aspiraba a ser reelegido, fue víctima de un atentado en la puerta de su casa, donde recibió un disparo y resultó herido. Días antes había sido víctima de un atentado parecido que se vio frustrado por un fallo en el arma del agresor. Los atentados contra Coria estaban relacionados con las elecciones sindicales, y se cree que los ataques fueron perpetrados por un sindicato amarillo respaldado por los empleadores.

El 12 de enero de 2022, miembros del sindicato de docentes Amalgamated Rural Teachers’ Union of Zimbabwe (ARTUZ) protagonizaron una acción de protesta en el edificio del organismo de la seguridad social, National Social Security Authority (NSSA), donde se estaba celebrando una reunión convocada por el organismo de negociación National Joint Negotiating Council (NJNC) entre Gobierno y sindicatos. Los manifestantes exigían la restitución de sus salarios a los niveles de 2018 (niveles establecidos antes de la aplicación de las medidas de austeridad del Gobierno). Cuando los docentes se reunieron en el lugar previsto, la policía se presentó con armas y porras. Los docentes fueron amenazados, agredidos y obligados a tumbarse boca abajo. Dieciséis dirigentes del ARTUZ fueron detenidos, entre ellos su presidente, Obert Masaraure.

Cinco mil trabajadores y trabajadoras de Clover, la mayor empresa de productos lácteos de Sudáfrica, propiedad de la empresa israelí Milco, han estado en huelga desde el 22 de noviembre de 2021 en respuesta a diversas reducciones de plantilla, recortes salariales y problemas de salud y seguridad. La respuesta de Clover fue contratar a agentes de una empresa de policía privada, que se presentaron armados con vehículos militares y ametralladoras, para intimidar a los trabajadores y disolver la huelga. Los trabajadores sufrieron amenazas, ataques con cócteles molotov y disparos con balas de goma. En las noches del 7 y 8 de enero de 2022, los coches de dos de los trabajadores en huelga fueron destrozados con cócteles molotov. La noche del 9 de enero, cinco coches repletos de hombres visitaron a dos trabajadores y les exigieron que suspendieran la huelga. Esa misma noche, otros tres trabajadores en huelga recibieron amenazas por teléfono exigiéndoles que pusieran fin a la huelga.

El 17 de mayo de 2021, un grupo de funcionarios en huelga encabezados por el líder del Nigeria Labour Congress (NLC), Ayuba Wabba, fueron atacados por una turba movilizada por el gobernador El-Rufai mientras ejercían pacíficamente su derecho a la protesta. El 18 de mayo de 2021, el Gobierno estatal anunció su decisión de despedir inmediatamente a todos los funcionarios que participaron en lo que se calificó de huelga ilegal.

El 26 de abril de 2021, los agentes de policía presentes en una manifestación de trabajadores en la zona industrial de Thetsane, en Maseru (Lesotho), dispararon balas de goma contra los manifestantes, tres de los cuales tuvieron que ser hospitalizados. Las víctimas formaban parte de un grupo de manifestantes que se habían reunido en las fábricas para exigir un aumento salarial. Cientos de trabajadores de las fábricas habían llevado herramientas y organizaron un piquete que terminó siendo brutalmente dispersado por agentes de policía armados.

El 20 de mayo de 2021, la policía se presentó a las 2:45 a.m. en el domicilio de Barry Abdoulaye, presidente del Telecoms Union (FESATEL) en Guinea, pero el portero que estaba haciendo guardia se negó a dejarla entrar. La policía le dijo que entrara él mismo a buscar a algún miembro de la familia del Sr. Abdoulaye para poder hablar con él, pero el portero volvió a negarse, tras lo cual la policía se marchó. Este incidente se produjo mientras FESATEL expresaba su oposición al plan del Gobierno guineano de imponer un impuesto a todas las llamadas de telefonía móvil en el país, algo que repercutiría negativamente en las inversiones de las empresas de telefonía móvil y, en última instancia, en el empleo.

Tras participar en un piquete frente a la Universidad Omar Bongo en Gabón, el Catedrático Mathurin Ovono Ebe,

presidente del Syndicat national des enseignants chercheurs (SNEC) de la Universidad Omar Bongo, fue secuestrado por varios hombres armados a las 7 p.m., cuando regresaba a su casa. El sindicalista fue maltratado y amenazado por unos desconocidos. Presentó una denuncia ante la policía.

En mayo de 2021, Sipho Shiba, conductor de autobús y residente en Manzini, Eswatini, fue agredido por tres agentes de la policía cuando participaba en una protesta de trabajadores del transporte público. Se publicó un vídeo en las redes sociales en el que se ve a los policías insultando al conductor y agrediéndolo, dándole patadas y utilizando los puños. Shiba resultó herido en la oreja y en el brazo izquierdo. El 2 de junio, el Servicio Real de la Policía de Eswatini decidió suspender a los tres agentes, a la espera de que se iniciara un procedimiento disciplinario contra ellos.

La policía utilizó gases lacrimógenos y porras para dispersar una manifestación pacífica de médicos de la sanidad pública en Islamabad, Pakistán, el 4 de octubre de 2021. Cerca de 20 médicos fueron detenidos hasta que la protesta fue dispersada. Varios de los médicos resultaron heridos. La Young Doctors’ Association (YDA) había convocado a los miembros de todo el país a movilizarse frente a la Comisión Médica de Pakistán, en Islamabad, para protestar por las nuevas regulaciones impuestas a las prácticas médicas y para exigir al Gobierno mejoras en el nivel educativo.

En un incidente similar ocurrido en Lahore el 29 de agosto de 2021, al menos 12 miembros de la YDA resultaron heridos tras los ataques con porras y gas pimienta de la policía para dispersar la manifestación.

El 31 de mayo de 2021, miembros del personal de las universidades de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, fueron atacados con violencia por policías fuertemente armados mientras marchaban hacia la asamblea provincial de Peshawar. La manifestación había sido organizada por la Federation of All Pakistan Academic Staff Association (FAPASA) para exigir la anulación de las reformas gubernamentales que obligan a las universidades a conseguir su propia financiación. La policía disparó gases lacrimógenos y utilizó porras, dejando a muchos manifestantes heridos, de los cuales al menos 16 necesitaron tratamiento hospitalario. Veinticuatro manifestantes, entre ellos el presidente de la Peshawar University Teachers’ Association, fueron detenidos.

El 11 de abril de 2021, un grupo de docentes y sanitarios desempleados que protestaban bajo la consigna Desempleados Sanjha Morcha en Patiala, India, fueron agredidos con porras por la policía tras intentar cruzar el cordón policial para llegar a la residencia del ministro jefe.

Ese mismo día, la policía cargó contra al menos diez miembros del sindicato en el transcurso de otra protesta de docentes en paro que tuvo lugar en las inmediaciones de Baradari,. Los manifestantes trasladaron su acción a una carretera principal cerca del canal de Bhakhra, pero la policía los alcanzó e intentó reducirlos. Dos manifestantes se asustaron tanto que saltaron al canal, pero fueron posteriormente rescatados.

El 14 de febrero de 2022, Muhammad Al-Saidi, miembro de la General Federation of Trade Unions of Workers de Iraq y miembro del General Union of Workers in the Oil and Gas Sector, recibió una brutal paliza durante una manifestación pacífica en Dhi Qar, y varios trabajadores fueron ilegalmente detenidos. A lo largo del año pasado, las fuerzas de seguridad interrumpieron sistemáticamente las huelgas en los sectores del petróleo y la electricidad. Los trabajadores y los líderes sindicales han sido reiteradamente sometidos a procedimientos de investigación interna y a medidas disciplinarias por participar en actividades sindicales legítimas. En algunos casos han sido trasladados a otras empresas o a otros puestos, y se les ha amenazado con sanciones penales.

El 7 de septiembre de 2021, entre 1.000 y 2.000 trabajadores y trabajadoras migrantes de Nepal y la India empleados por Nasser S. Al Hajri Corporation W.L.L (NSH), Gulf Asia Contracting LLC y Bahrain Petroleum Company (BAPCO) protagonizaron una protesta de una semana en Bahréin a raíz de las pésimas condiciones de trabajo y de vida, después de que uno de ellos sufriera una insolación y tuviera que ser hospitalizado. Las empresas recurrieron a la policía y a su propio personal de seguridad para tomar represalias contras los huelguistas. El personal de seguridad comenzó a intimidar y acosar a los trabajadores. Algunos de ellos recibieron fuertes palizas y sufrieron lesiones graves, como hematomas sangrientos. El acceso del público al campamento de los trabajadores, situado en una zona aislada de Sitra, ha sido denegado desde el comienzo de la protesta.

En mayo de 2021, las fuerzas de seguridad argelinas reprimieron una sentada organizada por el Comité national pour la défense des droits des chômeurs, cuyo objetivo era reclamar empleo y medidas de ayuda al empleo. La policía dispersó a los trabajadores desempleados que protestaban haciendo un uso excesivo de la fuerza, hiriendo a varios de ellos.

El Primero de Mayo de 2021, 212 manifestantes fueron detenidos en Estambul (Turquía) por intentar celebrar una protesta desafiando las estrictas normas de confinamiento para frenar el coronavirus establecidas por el Gobierno. En vísperas de la histórica jornada, la policía cerró todas las vías de acceso a la plaza de Taksim, lugar donde 34 personas fueron asesinadas durante una protesta relacionada con el Primero de Mayo en 1977. Por motivos de seguridad, las manifestaciones del Primero de Mayo están prohibidas en la plaza Taksim desde hace varios años.

A lo largo de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la sanidad organizaron múltiples protestas contra la promulgación de la Ley de emergencia sanitaria aprobada el 4 de febrero de 2021, que prohíbe los sanitarios llevar a cabo huelgas y protestas de. Esta ley fue aprobada sin el consenso de los trabajadores. Las organizaciones sindicales han exigido garantías para poder realizar su trabajo en unas condiciones dignas, y que se permita la libertad sindical. No obstante, sus demandas no han sido atendidas.

Cuando el pueblo kazajo comenzó a organizar protestas pacíficas por la democracia y la justicia social en enero de 2022, la policía y las fuerzas armadas respondieron con una brutalidad extrema, matando a más de 160 personas y deteniendo a más de 8.000.

El 18 de mayo de 2021, el Tribunal del Distrito y de la Ciudad de Bobruisk condenó al presidente del sindicato de JSC Belshina (fábrica de neumáticos), Sergei Gurlo. Gurlo fue declarado culpable de infringir el artículo 369 del Código Penal por “insultar en las redes sociales a un agente de la ley”, lo que supuestamente hizo en 2020. Sergei fue condenado a 18 meses de restricción de libertad en un claro intento de reprimir el derecho de expresión de un líder sindical. El caso se juzgó a puerta cerrada, y Sergei fue obligado a firmar un documento de no divulgación de los materiales del caso penal.

El 8 de junio de 2021, el presidente Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes participen o promuevan una “actividad extremista” se enfrentarán a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no estaba claramente definida en la nueva legislación, y despertó temores de que las nuevas disposiciones se utilicen para reprimir todo tipo de disidencia. Esta nueva ley se suma a las promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para organizar actos multitudinarios y prohíben a los periodistas informar en directo sobre dichos actos.

El 1 de mayo de 2021, la policía impidió la celebración del Primero de Mayo de la sección del Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) en el Distrito de Chitungwiza, presentándose en el lugar, acosando a los trabajadores, negándoles la entrada a la sala y amenazando con detenerles.

El delegado regional del ZCTU presente exigió a la policía una justificación por escrito respecto a la prohibición del acto, a lo cual el oficial superior de policía encargado se negó.

El ZCTU ha vivido muchas situaciones de este tipo durante mucho tiempo. Las actividades del ZCTU se ven a menudo interrumpidas por personas enviadas desde la oficina del presidente, o por la propia policía, que acosan y dispersan a los trabajadores o exigen ver los programas o sentarse en las reuniones.

El 20 de octubre de 2021, los empleados y empleadas del sector público que acudieron a entregar una petición al Ministerio de Servicios Públicos se encontraron con lo que describieron como una “demostración de fuerza sin precedentes”. En la petición se solicitaba una revisión salarial para 2021, acabar con la precarización de la función pública, el cese de la privatización de la función pública y el cese de los ataques contra los sindicatos.

El comisario nacional de policía prohibió la manifestación, aduciendo “la seguridad nacional” y “la seguridad y el orden públicos”. Cuando los trabajadores se reunieron para manifestarse y entregar la petición, habiendo respetado íntegramente el protocolo necesario, la policía los dispersó utilizando gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y balas de goma. La policía detuvo dos autobuses que transportaban trabajadores de los servicios públicos, entre los que había miembros de la Swaziland National Association of Teachers (SNAT) y del Swaziland Democratic Nurses Union (SDNU), y les lanzó gases lacrimógenos. Las puertas del autobús estaban cerradas. Cuando los trabajadores intentaron salir, la policía empezó a dispararles. Finalmente las ventanas traseras se rompieron y los trabajadores lograron escapar. Según algunos informes, un total de 36 personas resultaron heridas y un joven transeúnte perdió la vida. Según otros informes, al menos 80 personas resultaron heridas en los actos de violencia registrados en la capital de Eswatini, Mbabane, y en la ciudad de Manzini.

En diciembre de 2021, el Consejo Municipal de Mbabane, Eswatini, denegó a las asociaciones del sector público, entre las que figura la Swaziland National Association of Teachers (SNAT), el permiso para manifestarse por la ciudad para entregar una petición al Ministerio de Servicios Públicos. La carta de la municipalidad hacía referencia a una directiva recibida por parte del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano para “suspender indefinidamente la emisión de permisos para todo tipo de procesiones en zonas urbanas”, con fecha 21 de octubre de 2021.

Las protestas a favor de la democracia en Eswatini no han cesado desde mayo de 2021, y los sindicatos y demás grupos de la sociedad civil han estado reclamando elecciones democráticas y el fin de la monarquía absoluta en el país, que prohíbe a los partidos políticos participar en comicios. En el trascurso de estas protestas, se calcula que 72 manifestantes han muerto a manos de la policía y las fuerzas del orden, centenares han resultado heridos y varios continúan desaparecidos. Algunos activistas se han tenido que esconder y otros se han exiliado. En una declaración realizada el 18 de octubre de 2021, el ministro de Comercio de Eswatini, Mancoba Khumalo, manifestó que los trabajadores que participaran en protestas en favor de la democracia y contra el rey Mswati se arriesgaban a perder su empleo.

Tras el golpe de Estado de enero de 2022, los sindicatos de Burkina Faso intentaron organizar una manifestación, pero la junta militar se lo impidió. Desde entonces, los sindicatos no han podido organizar acciones colectivas.

El 27 de mayo de 2021 el Gobierno de Sri Lanka promulgó un decreto por el que resultaba prácticamente imposible que 12.000 funcionarios de zonas rurales hicieran huelga, además de despojar a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público de sus derechos básicos. El decreto era una respuesta a la amenaza de huelga de los funcionarios, que exigían ser vacunados contra la COVID-19. El decreto afirmaba que los servicios y departamentos estatales sometidos a la prohibición de huelga eran “esenciales” de cara a la “pandemia de COVID-19”. El sindicato que representa a los trabajadores y trabajadoras de los pueblos tuvo que suspender inmediatamente la huelga inminente.

Cinco días después, el 2 de junio, el Gobierno emitió un segundo decreto en vísperas de una amenaza de huelga de los trabajadores de numerosos hospitales importantes. Dicho decreto ampliaba la prohibición de hacer huelga a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y de otras administraciones públicas.

Los dos decretos afectan a los trabajadores de puertos, ferrocarriles, transporte en autobús, petróleo, gas, bancos estatales y seguros; cubren asimismo a enfermeros, médicos y demás trabajadores sanitarios; a los trabajadores de la Administración pública y de empresas estatales de distribución de alimentos; y a los empleados de los nueve consejos provinciales de Sri Lanka. Los trabajadores que desobedezcan la prohibición de huelga pueden ser despedidos. Además se enfrentan a multas de entre 2.000 y 5.000 rupias, a “rigurosas penas de cárcel” de dos a cinco años, a la confiscación de sus “bienes muebles e inmuebles” y a la retirada de sus credenciales profesionales. Cualquier persona que intente “incitar, inducir o animar” a alguien sujeto a la prohibición de huelga a no acudir al trabajo, ya sea mediante un “acto físico o mediante un discurso o un escrito”, se expone igualmente a multas, confiscación de bienes y penas de hasta cinco años de cárcel.

La policía de Fiji denegó al Fiji Trades Union Congress (FTUC) un permiso para manifestarse y celebrar un mitin en Suva el 1 de mayo de 2021. No se le dio ninguna razón por escrito, pero se le comunicó verbalmente que se debía a los temores de contagio de COVID-19. Sin embargo, en el caso de otras concentraciones, como actividades deportivas y recreativas, no se aplicaron restricciones.

Este ha sido el sexto año consecutivo que se deniega al FTUC un permiso para manifestarse. Pese a las reiteradas garantías del Gobierno ante la OIT y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en cuanto a su pleno respeto por los derechos humanos y de los trabajadores y trabajadoras, incluido el derecho de reunión pacífica, parece que este no tiene intención de cumplir sus compromisos.

La policía de Bangladesh prohibió reiteradamente las reuniones sindicales y después impidió físicamente que los participantes se sumaran a una reunión en la que se iba a formar un comité regional del IndustriALL Bangladesh Council (IBC).

El IBC es el órgano de coordinación de las organizaciones bangladesíes afiliadas al sindicato IndustriALL. El 24 de septiembre de 2021 se había previsto celebrar una reunión en la oficina de la Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF) en Chattogram, para formar un comité regional. No obstante, la reunión se suspendió después de que el vicepresidente senior del IBC, Salauddin Shapon, recibiera una llamada de la policía.

Al día siguiente se había previsto celebrar otra reunión en un lugar distinto, pero la policía volvió a ponerse en contacto con el vicepresidente para decirle que la reunión tampoco podía celebrarse allí.

En un tercer intento, el IBC decidió celebrar la reunión en la oficina de otra organización afiliada, la Bangladesh Textile and Garment Workers League (BTGWL), pero cuando los líderes del IBC llegaron, varios agentes de policía, algunos de ellos de paisano, bloquearon la puerta y no permitieron la entrada a nadie.

Desde agosto de 2021, cuando tomaron el poder en Afganistán, los talibanes han restringido severamente los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión. En Herat, los combatientes talibanes azotaron a los manifestantes y dispararon indiscriminadamente para dispersar a la multitud, matando a dos hombres e hiriendo a, por lo menos, otros ocho. Posteriormente prohibieron las protestas que no contaran con la aprobación previa del Ministerio de Justicia de Kabul.

Samira Nasser y Sabah Hassan, miembros de la Oficina Ejecutiva de la General Federation of Iraq Trade Unions (GFITU) y empleados en empresas del sector público, fueron acusados de difamación a raíz de unas publicaciones en Facebook, y posteriormente remitidos a una investigación administrativa por “acusaciones malintencionadas”. Ambos fueron degradados y trasladados a otras empresas públicas. Samira Nasser, que trabajaba como ingeniera agrícola en una fábrica de productos lácteos, fue trasladada a la empresa de industrias hidráulicas. La GFITU organizó una campaña de solidaridad y, más de dos meses después, consiguió que se anulara el traslado.

El 14 de enero de 2022, que corresponde al décimo aniversario de la revolución tunecina, decenas de miles de tunecinos contrarios a la dictadura salieron a la calle pero no pudieron manifestarse, dado que miles de policías bloquearon el acceso a la avenida Habib Bourguiba, la principal avenida de la capital, y utilizaron cañones de agua, porras y gases lacrimógenos –con violencia física– contra los manifestantes, además de efectuar detenciones. Algunos de los manifestantes detenidos fueron puestos en libertad el mismo día, mientras que otros iban a ser remitidos a los tribunales.

El 14 de mayo de 2021, Felipe Andrés Pérez Pérez, líder sindical de SINALTRAINAL Seccional Envigado, fue asesinado en Medellín cuando regresaba de una protesta celebrada en el marco de una huelga nacional.

La mañana del 26 de noviembre de 2021, Clemito Rengifo Salazar, trabajador de base del Sindicato de Maestros de Nariño (SIMANA), se encontraba cumpliendo sus funciones como docente en la Institución Educativa San Francisco de Asís Madrigal, en Policarpa (departamento de Nariño), cuando unos desconocidos lo secuestraron en el colegio, en presencia de sus estudiantes. Por la tarde fue hallado su cuerpo sin vida.

Cuando el pueblo kazajo empezó a organizar protestas pacíficas en favor de la democracia y la justicia social en enero de 2022, la policía y las fuerzas armadas respondieron con una brutalidad extrema, matando a más de 160 personas y arrestando a más de 8.000.

En Italia, Adil Belakhdim, de 37 años, fue asesinado el 18 de junio de 2021 delante de un centro de distribución de Lidl en Biandrate, al norte de Italia. Él y otros 25 trabajadores sindicalizados del sector de la logística estaban protestando frente a la entrada de un almacén por las malas condiciones de trabajo. Un conductor de camión de un proveedor externo que intentaba salir del almacén atravesó la fila de piquetes que bloqueaban la puerta. El vehículo atropelló a Belakhdim y lo arrastró varios metros. Adil murió, y otros dos manifestantes, también atropellados por el camión, sufrieron heridas leves.

Tras una manifestación pacífica de los trabajadores del petróleo y el gas en Dhi Qar, Iraq, el 14 de febrero de 2022, Ahmad Ali Al-Zaidi, sindicalista y empleado de una instalación petrolera, fue asesinado en represalia por su activismo durante las manifestaciones. A lo largo del año pasado, las fuerzas de seguridad interrumpieron sistemáticamente las huelgas de los sectores del petróleo y la electricidad. Los trabajadores y los dirigentes sindicales han sido reiteradamente sometidos a procedimientos de investigación interna y a medidas disciplinarias por desempeñar actividades sindicales legítimas. En algunos casos han sido trasladados a otras empresas o a otros puestos y amenazados con sanciones legales.

Un periodista fue asesinado y cinco trabajadores resultaron heridos en Puerto Príncipe, Haití, el 23 de febrero de 2022, cuando la policía abrió fuego contra varios manifestantes que protestaban pacíficamente contra la cuantía del escaso aumento salarial anunciado por el Gobierno tras varias semanas de protestas. El coste de la vida no ha dejado de aumentar en Haití y la violencia ha invadido el país, puesto que las bandas suelen tener más poder que el Gobierno.

El 7 de mayo de 2021, Cinthia del Carmen Pineda Estrada, de 35 años, fue asesinada a tiros delante de su casa en el barrio de Chaparro Zacapa (Guatemala). Pineda Estrada era maestra de primaria y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). La Fiscalía no ha proporcionado ninguna información sobre los autores ni sobre las causas del crimen.

En Ecuador, Sandro Arteaga Quiroz, secretario del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Provincial de Manabí, fue asesinado el 24 de enero de 2022 en una carretera cuando salía de su camión. Arteaga Quiroz, que en el momento del ataque estaba con uno de sus hijos, recibió al menos dos disparos en la cabeza por parte de varios sicarios no identificados que luego se dieron a la fuga.

El líder había recibido amenazas de muerte por teléfono un día antes e incluso horas antes del asesinato.

La Policía Nacional ha llevado a cabo varias operaciones terrestres y aéreas en busca de los asesinos, pero de momento no se ha efectuado ninguna detención.

Este año, 13 sindicalistas han sido víctimas de asesinatos selectivos en Colombia.

El 11 de agosto de 2021, Carlos Fredy Londoño Bautista, miembro de la Asociación de Educadores del Meta (ADEM), afiliada a la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), fue asesinado cuando se disponía a iniciar su jornada laboral en Fuente de Oro, Meta. En la mañana del 11 de agosto, Carlos Freddy se dirigió a la escuela donde trabajaba, y en el camino fue abordado por varios sicarios en motocicleta que le dispararon cuatro veces delante de varios de sus alumnos.

El 19 de mayo de 2021, la trabajadora Motselisi Manase recibió un disparo mortal de la policía al producirse violentos enfrentamientos entre los trabajadores de la fábrica y las fuerzas del orden en el transcurso de unas protestas que tuvieron lugar en Maseru, Lesotho, en relación con los salarios. La huelga comenzó a mediados de mayo de 2021. Los trabajadores fueron duramente reprimidos por las fuerzas policiales, que alegaron que los huelguistas estaban “contraviniendo las normas establecidas para la prevención de la COVID-19”. La policía utilizó cañones de agua y balas reales para dispersar a los huelguistas.

El 20 de octubre de 2021, los trabajadores y trabajadoras del sector público y de la sanidad de Eswatini se manifestaron frente al Ministerio de Justicia para entregar una petición en la que solicitaban una revisión salarial, acabar con la precarización y la privatización de la función pública y el cese de los ataques contra los sindicatos. La policía recibió a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Dos autobuses que transportaban a trabajadores del sector público a la concentración pacífica también fueron detenidos por la policía y sus pasajeros recibieron disparos de balas reales. Un estudiante murió a causa de una bala perdida.

Un chófer de autobús murió de un disparo y otro resultó herido durante los enfrentamientos que se produjeron entre la policía y los conductores que participaban en una protesta salarial en la pequeña ciudad de Malkerns, Eswatini, el 13 de octubre de 2021. Tras el asesinato, los trabajadores del transporte se sumaron a las protestas nacionales organizadas para reclamar reformas democráticas, y bloquearon varias carreteras importantes del país. Al día siguiente, la policía disparó y mató a una persona en un control de carretera en la ciudad de Mpaka. El 20 de octubre, las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas en Mbabane y Manzini, matando a una persona e hiriendo a más de 80, 30 de ellas por disparos. Al día siguiente el Gobierno prohibió todas las protestas y cerró la plataforma de redes sociales Facebook.

El 19 de agosto de 2021, Malibongwe Mdazo, activista y organizador del sindicato sudafricano de trabajadores del metal National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA), fue asesinado a plena luz del día en la oficina de la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje (CCMA) de Rustenburg. Le mataron a la vista del público, cuando salía de las oficinas de la CCMA con un grupo de miembros del NUMSA, recibiendo al menos diez tiros.

Los delegados del NUMSA estaban participando en un acto de conciliación en la CCMA, en el marco del proceso de verificación de los miembros del NUMSA en Newrack, una de las empresas contratistas de Impala Platinum Holdings (Implats), que subcontrata a la mayor parte de su plantilla de Rustenburg. En el tiroteo también resultaron heridos otro miembro del NUMSA y un transeúnte.

Mdazo fue una de las personas que encabezó la reciente huelga organizada por el sindicato para exigir a las empresas contratistas de Implats la concesión de derechos sindicales al NUMSA. Implats es famosa por su política antisindical, que llevó incluso a la destitución unilateral de todos los integrantes de los comités interinos del NUMSA.

A mediados de septiembre de 2021, al menos 27 sindicalistas fueron asesinados cuando participaban en las protestas del Movimiento de Desobediencia Civil (MDC) contra el Gobierno militar de Myanmar. Durante una protesta en Shwe Pyi Thar el 14 de marzo, las fuerzas de seguridad dispararon en la cabeza a Zaw Zaw Htwe, de 21 años, trabajador de la confección en Suntime JCK Company Limited y miembro del Solidarity Trade Union of Myanmar (STUM). Chan Myae Kyaw, conductor de camión volquete en la mina de cobre de SinoHydro y miembro de la Mining Workers’ Federation of Myanmar (MWFM), murió el 27 de marzo al recibir múltiples disparos de los soldados en una manifestación en Monywa. Los días 28 y 29 de marzo, los militares tendieron una emboscada a los manifestantes en la zona industrial de South Dagon, matando a Nay Lin Zaw, líder sindical de AD Furniture (Wood Processing) y miembro de la Myanmar Industry Craft Service-Trade Unions Federation (MICS-TUsF).

El 3 de octubre de 2021 murieron al menos ocho personas, entre ellas cuatro agricultores, al estallar la violencia en el estado indio de Uttar Pradesh. Dos agricultores murieron después de que un convoy de coches del Ministerio del Interior atropellara a un grupo de campesinos en huelga que se estaban manifestando en la carretera contra las leyes agrarias. En altercados posteriores, otros dos agricultore murieron a manos de la policía. Los agricultores indios llevaban más de un año protestando por la aprobación de una serie de leyes agrícolas que beneficiarán a las empresas a costa de millones de campesinos. La respuesta de la policía se ha vuelto cada vez más violenta. En agosto de 2021, en el norteño estado de Haryana, un agricultor murió y otros diez resultaron heridos en otra acción policial durante otra protesta contra las leyes agrarias.

Numerosos trabajadores y trabajadoras de la confección resultaron heridos el 13 de junio de 2021 tras la represión policial de las huelgas en Lenny Fashions and Lenny Apparels en la zona franca industrial de Daca (DEPZ), Ashulia, Daca, Bangladesh. Los trabajadores reclamaban el pago de sus salarios tras el cierre de la fábrica. La trabajadora de la confección Jesmin Begum, de 32 años, sufrió heridas mortales al chocar con un poste de hierro cuando huía del lugar de la protesta mientras la policía dispersaba violentamente a los manifestantes. Muchos trabajadores resultaron heridos cuando la policía disparó balas de goma, lanzó gases lacrimógenos, utilizó cañones de agua y cargó contra los trabajadores que protestaban. Más de 6.000 trabajadores y trabajadoras perdieron sus puestos de trabajo tras el cierre de Lenny Fashion and Lenny Apparels, una filial de Must Garment, con sede en Hong Kong, el 20 de enero de 2021. La dirección dijo que pagaría los sueldos pendientes antes de mayo, pero la empresa no cumplió su promesa.

Al menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas el 17 de abril de 2021 después de que la policía abriera fuego contra una multitud de trabajadores y trabajadoras que protestaban para exigir el pago de sus sueldos y un aumento salarial en la central eléctrica SS Power Plant, una obra de construcción de la central de carbón en la ciudad sudoriental de Chittogram, Bangladesh. Los trabajadores protestaban por el impago de sus sueldos, por los recortes imprevistos a su jornada laboral y para conseguir un día libre en el Ramadán y una reducción de la jornada durante la festividad religiosa.

En Filipinas, el líder sindical de 35 años Dandy Miguel, presidente del PAMANTIK-Kilusang de mayo deo Uno (KMU), fue asesinado el 28 de marzo de 2021 en Calamba cuando se dirigía a su casa en motocicleta. Dandy Miguel era también presidente de Lakas ng Nagkakaisang Manggagawa ng Fuji Electric y miembro del Consejo Nacional del KMU. Dandy Miguel recibió ocho disparos de unos asesinos desconocidos. Poco antes de ser asesinado, Dandy había presentado una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos por las ejecuciones extrajudiciales de nueve activistas sindicales y de ONG el 7 de marzo (también denominado Domingo Sangriento) en Calabarzon. Los asesinatos del Domingo Sangriento se produjeron después de que el presidente Duterte instase abiertamente a las fuerzas de seguridad a abatir a los comunistas que llevasen armas.