Américas

3,52

Violaciones regulares de los derechos

Peor que el año pasado

La situación para los trabajadores y las trabajadoras empeoró en 2022 en las Américas, cuya clasificación pasa de 3,48 a 3,52, lo que sitúa al continente entre violaciones regulares y violaciones sistemáticas de los derechos. En muchos países, incluyendo Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, sindicalistas y trabajadores fueron víctimas de violentos ataques.

De un vistazo

92%

92% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

Frente a un 88% en 2021
88%

En el 88% de los países se impidió el registro de sindicatos.

Ningún cambio respecto a 2021
77%

77% de los países en las Américas denegaron acceso a la justicia a trabajadores/as.

Frente a un 76% en 2021
76%

76% de los países han vulnerado el derecho de negociación colectiva.

Frente a un 72% en 2021
76%

76% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato.

Frente a un 72% en 2021
52%

En 52% de los países se arrestó y detuvo a trabajadores/as.

Frente a un 56% en 2021
36%

Trabajadores/as sufrieron violentos ataques en 36% de los países de las Américas.

Frente a un 40% en 2021
24%

En 24% de los países de Américas se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 20% en 2021

Asesinaron a trabajadores/as en Colombia, Ecuador, Guatemala y Haití.

Violaciones de los derechos de los trabajadores

Derecho de huelgaEnjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

92%

92% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

Frente a un 88% en 2021

Enjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

El 8 de octubre de 2021, los trabajadores de la planta de Chevrolet de General Motors en São Caetano do Sul (Brasil) se declararon en huelga tras el fracaso de las negociaciones con la empresa sobre los ajustes salariales. Tan pronto como el sindicato decidió iniciar la huelga, se celebró una audiencia de conciliación en el Tribunal Laboral Regional, pero no se llegó a ningún acuerdo entre las partes. El 21 de octubre, el Tribunal Laboral Regional declaró la huelga ilegal. La asamblea sindical decidió proseguir con la acción. Sin embargo, debido a las posibles actuaciones judiciales contra los huelguistas, los trabajadores tuvieron que reincorporarse al trabajo sin haber conseguido una solución a sus demandas.

Enjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

El 26 de octubre de 2021 se produjeron enfrentamientos entre la policía y los trabajadores y trabajadoras que habían salido a manifestarse en al menos tres puntos de Ecuador en el marco de una huelga nacional contra el Gobierno. En Imbabura, en el cantón de Peguche, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los ciudadanos. Las manifestaciones fueron convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular (FP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Entre las reivindicaciones figuraban la congelación de los precios de los carburantes y el apoyo al proyecto de código laboral presentado recientemente por el FUT ante el poder legislativo, así como el rechazo a la propuesta de Ley de creación de oportunidades. Al menos 37 manifestantes fueron detenidos en todo el país.

Enjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

A finales de 2020, los trabajadores de la planta de cemento Ash Grove en Joliette, Quebec (Canadá), fueron informados del cierre de dos de los cuatro hornos y de la posible pérdida de, como mínimo, la mitad de los puestos de trabajo. El 22 de mayo de 2021, pese a que la negociación colectiva seguía en curso, los miembros del sindicato Unifor fueron objeto de un cierre patronal improcedente. Unifor, junto con la Quebec Federation of Labor y sus miembros en todo Quebec, organizaron una serie de acciones solidarias.

En respuesta a la movilización sindical, la dirección de Ash Grove obtuvo una nueva orden judicial para limitar las acciones sindicales. El empleador presentó asimismo una demanda de la dirección por valor de 2,6 millones CAD (aproximadamente 2,1 millones USD) por pérdida de producción y avería de equipos, y despidió a dos miembros de Local 177, uno de ellos miembro del comité de negociación.

La cementera Ash Grove es propiedad de CRH Canada, que emplea a 4.000 personas en 100 instalaciones de producción. El gigante internacional emplea a escala mundial a más de 76.000 personas en más de 3.000 emplazamientos situados en 29 países.

Derecho de huelgaDespidos por participar en acciones de huelga

92%

92% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

Frente a un 88% en 2021

Despidos por participar en acciones de huelga

A principios de 2022, Centri Group S.A., una empresa de Haití, despidió a cerca de 60 trabajadores y trabajadoras por protestar contra las prácticas salariales injustas en el sector de la confección. En enero de 2022, una coalición de sindicatos había solicitado al primer ministro que incrementara el salario mínimo en dicho sector de 500 HTG (4,80 USD) a 1.500 HTG (14,40 USD) diarios. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por la policía, que disparó gases lacrimógenos y agredió a los manifestantes con porras a las puertas de la zona franca de SONAPI, en Puerto Príncipe.

En los últimos meses, la inflación en Haití ha alcanzado el 23%. Los salarios en el sector de la confección no han variado en los últimos tres años, y los trabajadores ganan menos de una tercera parte de lo que necesitan para sobrevivir.

Despidos por participar en acciones de huelga

En Canadá, los Gobiernos federal y provincial han recurrido con frecuencia a la legislación de “vuelta al trabajo” para poner fin a las huelgas. Por ejemplo, el Gobierno federal aprobó una ley de vuelta al trabajo para poner fin a una huelga de trabajadores portuarios representados por el sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que se llevó a cabo en el Puerto de Montreal el 30 de abril de 2021. El sindicato no había podido establecer un nuevo convenio colectivo tras casi tres años de negociaciones, y convocó la huelga después de que el empleador, Maritime Employers Association, le notificara que dejaría de cumplir las disposiciones del convenio colectivo en materia de seguridad laboral y que comenzaría a imponer unilateralmente la realización de horas extraordinarias en el puerto.

Del mismo modo, a principios de noviembre de 2021, el Gobierno de Nuevo Brunswick utilizó la legislación de vuelta al trabajo contra los trabajadores y trabajadoras del sector público en huelga. Aproximadamente 22.000 miembros del CUPE de toda una serie de servicios públicos se habían declarado en huelga en la provincia. El Gobierno recurrió a la legislación de emergencia para obligar a los miembros de tres unidades de negociación del sector sanitario en huelga (CUPE 1251, CUPE 1252 y CUPE 1190) a volver al trabajo. El recurso por parte del Gobierno federal y el Gobierno de Nuevo Brunswick a la legislación de vuelta al trabajo infringe el derecho de los trabajadores a la huelga, protegido por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.

Despidos por participar en acciones de huelga

En Edmonton, Canadá, CESSCO Fabrication and Engineering Ltd., una empresa del sector del acero ha sometido a los miembros de Boilermakers Lodge 146 a un cierre patronal desde junio de 2020. Durante el último año, el empleador ha estado contratando trabajadores de reemplazo mientras recibía el Subsidio Salarial de Emergencia de Canadá, una prestación abonada por el Gobierno federal a los empleadores afectados por la pandemia, supuestamente para cubrir gastos de personal. El uso continuado de trabajadores de reemplazo ha prolongado el cierre patronal. Antes del cierre, el sindicato llevaba más de dos años y medio negociando un convenio.

Derecho a la justicia

77%

77% de los países en las Américas denegaron acceso a la justicia a trabajadores/as.

Frente a un 76% en 2021

Derecho a la justicia

En una parodia de justicia, el 11 de junio de 2011 el sindicalista venezolano Rodney Álvarez fue condenado a 15 años de cárcel por homicidio. A día de hoy sigue reclamando un juicio justo al tiempo que se enfrenta a circunstancias terribles en la cárcel.

Álvarez fue procesado en 2011 por el presunto asesinato del trabajador Renny Rojas durante una asamblea de trabajadores que se celebró en las instalaciones de la empresa estatal Ferrominera Orinoco de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). El objetivo de la asamblea era elegir a la comisión encargada de celebrar las elecciones del comité ejecutivo del sindicato Sintraferrominera.

El proceso abierto contra Rodney Álvarez refleja la falta de separación de poderes en el país y supone una clara denegación de justicia, con ocho interrupciones y hasta 25 audiencias preliminares, y habiendo sido Álvarez víctima de tres graves agresiones con arma blanca y arma de fuego perpetradas con total impunidad durante los más de 10 años que permaneció en prisión preventiva.

Nada en el expediente judicial confirma que Álvarez estuviera armado, cuanto menos que hubiera efectuado los disparos. El juez también desestimó todos los testigos de la defensa que habían estado presentes en el lugar de los hechos y que vieron que fue otra persona la que perpetró el asesinato. Tampoco se tuvo en cuenta la declaración del oficial de la Guardia Nacional que estaba de servicio en la empresa en aquel momento y que declaró haber detenido a la otra persona por efectuar los disparos.

Derecho a la justicia

En Honduras, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

Derecho a la justicia

En Colombia, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

Derecho a la justicia

En Guatemala, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.

Derecho a la negociación colectiva

76%

76% de los países han vulnerado el derecho de negociación colectiva.

Frente a un 72% en 2021

Derecho a la negociación colectiva

En mayo de 2021, Santander Brazil aplicó un recorte salarial del 55% a 40 dirigentes sindicales del banco después de que presentaran un recurso legal para que se les pagaran las horas extraordinarias. Brasil contribuye a la mayor parte de los beneficios de la multinacional española Santander, pero en lugar de pagar a estos trabajadores lo que les correspondía, la sección brasileña del banco los degradó y les redujo el sueldo más de la mitad. Ante este recorte arbitrario, los trabajadores del banco acudieron a los tribunales y consiguieron una sentencia que les restituyó su categoría profesional y sus salarios. No obstante, Santander Brazil no ha cumplido la orden, pese a incurrir en multas diarias por su incumplimiento.

Derecho a la negociación colectiva

En Uruguay, los sindicatos de personal médico, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior (FEMI) y el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), solicitaron concertar una reunión tripartita con los representantes de los empleadores (IAMAC) y el Ministerio de Trabajo, en abril de 2021, para exigir la aplicación del convenio colectivo que se había firmado hacía apenas cinco meses, en diciembre de 2020. Las IAMAC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, empresas médicas del sector privado de Montevideo y el interior) habían incumplido su compromiso de pagar complementos salariales al personal médico. Pese a los esfuerzos de los sindicatos, los empleadores se negaron persistentemente a cumplir con las obligaciones que les marcaba en el convenio colectivo.

Derecho a la negociación colectiva

En 2021, la empresa AB InBev Perú implementó una serie de procesos de reestructuración de personal sin haberlo consultado con las organizaciones sindicales, con arreglo a los cuales despidió a tres secretarios generales del sindicato (Luis Samán, José Gayoso y José Leiva) y a 15 trabajadores de la planta norte de Motupe (Perú), todos ellos miembros del Sindicato Nacional de Obreros de Backus que se habían declarado en huelga.

Derecho a la negociación colectiva

Entre abril y mayo de 2021, los trabajadores y trabajadoras administrativos de la sanidad de la Tesai Foundation, un conglomerado de hospitales en la región de Itaipú (Paraguay), se declararon en huelga a raíz del incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa. Los trabajadores, respaldados por su sindicato, el Sindicato de Conductores y Servicios del Alto Paraná (Siconap/s), reclamaban el pago de prestaciones, el derecho a vacaciones pagadas y a la licencia por maternidad, la dotación de equipos de seguridad para todo el personal, así como prestaciones médicas y otras prestaciones previstas en el convenio colectivo vigente. Tesai hizo caso omiso de las demandas y siguió vulnerando el convenio.

Derecho a la negociación colectiva

El incumplimiento de los convenios colectivos siguió siendo un hecho habitual en Canadá. Por ejemplo, la Junta de Relaciones Laborales de Ontario recibió 355 denuncias por prácticas laborales injustas, en el marco de las cuales los principales cargos contra los empleadores fueron “el despido improcedente o la discriminación de los empleados por participar en actividades sindicales, las modificaciones ilícitas de salarios y condiciones de trabajo, y la falta de negociación de buena fe”.

Derecho a establecer y afiliarse a un sindicatoTrabajadores excluidos de la protección laboral

76%

76% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato.

Frente a un 72% en 2021

Trabajadores excluidos de la protección laboral

En Bahamas, el personal penitenciario está excluido de la legislación sobre el derecho a organizarse.

Trabajadores excluidos de la protección laboral

En 2021, la violación generalizada de los derechos de los trabajadores en el sector de la subcontratación de procesos comerciales (BPO) de Jamaica, una de las industrias de más rápido crecimiento en el Caribe, suscitó gran preocupación. De los 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector de la BPO en Jamaica –cuyas funciones abarcan la atención al cliente, soporte técnico, ventas, etc.– casi todos tienen contratos temporales y de duración determinada, y ninguna de las más de 70 empresas que operan en la isla ha permitido la representación sindical en sus establecimientos.

Miles de jóvenes trabajadores se sintieron atraídos por los puestos de teleoperadores, seducidos por las promesas de buenos salarios y trabajo cualificado en el seno de una industria global de alta tecnología. No obstante, una vez firmado el contrato, se toparon con una realidad muy distinta: largas jornadas laborales, descansos cortos o inexistentes durante los períodos de mayor actividad, y entornos en los que los empleadores contratan y despiden a su antojo. Aunque no es explícito, el texto de los contratos implica que la organización y la negociación colectiva son motivo de despido.

Por otra parte, la BPO se beneficia de privilegios especiales, puesto que opera bajo la legislación de las zonas económicas especiales (zonas francas) como “servicios de utilidad pública”. Este régimen ha dado lugar a una serie de exenciones fiscales y leyes antisindicales, como, por ejemplo, el hecho de que no se puedan convocar huelgas a menos que los sindicatos avisen a los empleadores con seis semanas de antelación.

Trabajadores excluidos de la protección laboral

La planta azucarera de Taboga, en la provincia de Guanacaste, la principal región productora de caña de azúcar de Costa Rica, recibe cada año a cientos de personas para trabajar en la cosecha, principalmente migrantes de la vecina Nicaragua.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña (SINTRAICA), un sindicato local afiliado a la UITA, ha exigido a la dirección de la empresa, al Ministerio de Trabajo y a las autoridades competentes que se respeten los derechos de los trabajadores de la empresa agroindustrial Ingenio Taboga y que se mejoren las terribles condiciones en las que trabajan y viven los trabajadores y trabajadoras migrantes, en particular mediante el cumplimiento del convenio colectivo sobre subcontratación y trabajo a través de agencia. Afiliarse a un sindicato sigue siendo difícil para los trabajadores migrantes del sector.

Derecho a establecer y afiliarse a un sindicatoPrácticas antisindicales

76%

76% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato.

Frente a un 72% en 2021

Prácticas antisindicales

En 2021, Coca-Cola Uruguay impuso una reestructuración para despedir a 16 trabajadores de Montevideo y 18 del departamento de Salto. La empresa alegó que despediría a aquellos que hubieran recibido una sanción disciplinaria en el pasado. En realidad, la empresa solo se dirigió a los trabajadores y trabajadoras organizados de Salto.

El Sindicato de Trabajadores de Coca-Cola (STCC) intentó abogar por su reincorporación durante una negociación de 45 días, sin conseguir llegar a un acuerdo con Coca Cola. El 4 de agosto de 2021, el STCC decidió por unanimidad hacer una huelga de siete días.

Prácticas antisindicales

Durante la pandemia, la dirección de Luxottica en el centro de fabricación y distribución de McDonough, Estados Unidos, utilizó una aplicación de la empresa, denominada “LiveSafe”, supuestamente para informar a los trabajadores sobre cuestiones relacionadas con la COVID-19 en el lugar de trabajo. No obstante, en realidad la aplicación servía de plataforma para que la dirección enviara mensajes antisindicales sobre los supuestos “riesgos” de la organización sindical, como, por ejemplo, que los trabajadores podrían perder sueldo y prestaciones si conseguían formar un sindicato. Además de la aplicación, la dirección creó un sitio web antisindical en el que se denigraba a los sindicatos y se indicaban graves consecuencias derivadas de la firma de una tarjeta de afiliación por parte de los trabajadores. La empresa también contrató a consultores antisindicales y exigió a los trabajadores asistir a reuniones obligatorias de “audiencia cautiva” en las que se criticaba a los sindicatos sin que los partidarios de los mismos tuvieran posibilidad de responder.

El 15 de julio de 2021, agrupaciones sindicales nacionales e internacionales presentaron una queja en virtud de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, alegando graves violaciones de los derechos a la libertad sindical de los trabajadores de Luxottica USA.

El centro de fabricación y distribución de Luxottica en Georgia emplea a 2.000 trabajadores y trabajadoras. Luxottica es una división del grupo EssilorLuxottica, el mayor proveedor mundial de gafas y productos para el cuidado de la vista, que presta servicios a un mercado global y cuenta con más de 150.000 empleados en todo el mundo.

Prácticas antisindicales

Durante 2021, Heinz-Glas Perú mantuvo su política antisindical para disolver el sindicato e impedir la negociación colectiva. La empresa ofreció ayuda para la desafiliación de los miembros, acudiendo incluso a sus domicilios, enviándoles una carta de desafiliación, llamándoles uno a uno para animarles a desafiliarse y ofreciendo puestos de trabajo mejor remunerados a quienes decidieran desafiliarse.

Prácticas antisindicales

A finales de abril de 2021, AB InBev La Constancia, en El Salvador, una de las mayores cerveceras del mundo, despidió injustamente a 32 trabajadores, todos ellos miembros del Sindicato de Trabajadores de La Constancia (SITRACONSTA), afiliado a la UITA. El 30 de julio de 2021, la empresa despidió a otros 30 trabajadores afiliados al sindicato. El sindicato solicitó la reincorporación inmediata de los sindicalistas injustamente despedidos, el reconocimiento del sindicato y el comienzo de la negociación colectiva. La empresa se negó sistemáticamente a autorizar la negociación, argumentando que no tenía tiempo debido a sus planes de reestructuración y a las medidas para hacer frente a la pandemia.

A lo largo de 2021, La Constancia ha mantenido su política antisindical de intimidar a los miembros del sindicato diciéndoles que los despidos son responsabilidad de SITRACONSTA y ofreciendo seguridad laboral a los trabajadores y trabajadoras que demuestren haber renunciado al sindicato.

Libertades civiles

52%

En 52% de los países se arrestó y detuvo a trabajadores/as.

Frente a un 56% en 2021

Libertades civiles

En la madrugada del 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo un operativo policial simultáneo en diversos municipios del departamento de Arauca, Colombia. Varios líderes sindicales de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA), filial de FENSUAGRO, fueron detenidos sin motivo: Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la ACA; John Alexander Romero, vicepresidente y secretario de Derechos Humanos de la ACA; Camilo Espinel, secretario de Educación de la ACA y concejal del municipio de Saravena; Fredy Camargo, concejal de Fortul y coordinador del Comité Técnico de la ACA; Ruth Pita, concejala de Fortul y asociada de la ACA; Helbert Alonso Ramírez Castro, asociado de la ACA y contable; y Samuel Acosta, asociado de la ACA y miembro del Comité de Tame Veredal.

Libertades civiles

El 21 de octubre de 2021, las fuerzas especiales de Comandos de Carabineros de Chile, reprimieron brutalmente con porras, cañones de agua y gas pimienta a los dirigentes de las 16 organizaciones sindicales que conforman la Mesa del Sector Público (MSP). Los líderes sindicales, entre los que se encontraba José Pérez Debelli, presidente de la Asamblea Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), fueron detenidos en respuesta a la presión ejercida por las organizaciones sindicales sobre el Gobierno, y puestos en libertad unas horas más tarde. Los representantes de la MSP estaban entregando al Gobierno una lista de demandas sobre el ajuste salarial y la mejora de las condiciones de trabajo. Esta entrega formal es una práctica anual que pone en marcha el proceso de negociación sectorial de la MSP, agrupación que representa a cerca de 500.000 trabajadores y trabajadoras del sector público.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

36%

Trabajadores/as sufrieron violentos ataques en 36% de los países de las Américas.

Frente a un 40% en 2021

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

El 16 de junio de 2021, Edgar Alejandro Talento y Jaime Col Ical, miembros del sindicato de empresa de Fritolay Guatemala, fueron agredidos por unos desconocidos. Jaime salió ileso, pero Edgar resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado al hospital.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

En febrero de 2022, mientras los trabajadores de Quironsalud, filial de la multinacional alemana Fresenius en Colombia, se organizaban en un sindicato y solicitaban entablar negociaciones colectivas, Julián Parra y Claudia López, dos de sus dirigentes electos, recibieron amenazas de muerte. Claudia denunció los detalles de las amenazas a la policía local, mientras que Julián se vio obligado a huir del país. Los llamamientos internacionales para que Fresenius denunciara públicamente estas amenazas no fueron atendidos.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

Miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) salieron a la calle para protestar por el asesinato el día anterior de una compañera, la estudiante de enfermería Keyla Martínez, ocurrido mientras se encontraba detenida por la Policía Nacional. En respuesta a las protestas, los agentes de policía golpearon violentamente a los trabajadores, entre ellos el sindicalista Agustín Sánchez, que resultó gravemente herido en el hombro izquierdo.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

En Honduras, durante el mes de octubre de 2021, el dirigente sindical Darlin Oviedo, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Jasper (SITRAJASPER), del sector de la confección, y el secretario general del sindicato, Selin Peña, fueron perseguidos reiteradamente por unos desconocidos. Oviedo fue incluso perseguido por un motorista fuertemente armado que le amenazó con dispararle, pero afortunadamente el líder sindical pudo sortear el tráfico y escapar. Las amenazas comenzaron cuando los trabajadores y trabajadoras se manifestaron para exigir que la fábrica textil reincorporara a los trabajadores que buscaban trabajo tras la relajación de las restricciones por la COVID-19.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

El 10 de febrero de 2022, por segundo día consecutivo, la policía disparó gases lacrimógenos y golpeó a los manifestantes con porras delante de la Zona Franca SONAPI en Puerto Príncipe, Haití. Los trabajadores en huelga reclamaban al primer ministro Ariel Henry un aumento del salario mínimo en la industria de la confección de 500 HTG (4,80 USD) a 1.500 HTG (14,40 USD) diarios.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

El 30 de agosto de 2021, miembros del Sindicato de Trabajadores General Portuario, SINTRAGENPORT, de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, recibieron amenazas de muerte por parte de unos desconocidos. Los miembros amenazados eran todos los integrantes del Consejo de Administración: Víctor Oliva, secretario general; Marcos Eliú Castellanos Nufio, secretario general adjunto; Edwin Martínez, secretario de Finanzas; Rafael Aquino, secretario de Relaciones Intersindicales; Arturo Arzú, secretario de Prevención Social; José Eduardo Saldaña, secretario de Deportes; y Melvin Larios, secretario del Consejo Consultivo. El sindicato había denunciado anomalías y casos de corrupción en las contrataciones.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

El 31 de marzo de 2022, Carlos Mancilla y los miembros de su familia recibieron varias llamadas telefónicas anónimas en las que se les advertía que estaban siendo vigilados y se mencionaba a cada miembro de la familia por su nombre. Los autores de las llamadas enviaron una foto de la casa de Mancilla y dijeron que habían seguido a su hija pero que se abstuvieron de matarla.

Mancilla es secretario general de la central sindical CUS-G, presidente de la Comisión Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical de Guatemala, y miembro titular del Consejo General de la CSI. Estos hechos se produjeron en un contexto de creciente inseguridad y ataques al movimiento sindical en Guatemala, además de una oleada de conflictos laborales no resueltos y una campaña de desprestigio y estigmatización de los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

El 12 de agosto de 2021, dirigentes sindicales de los sindicatos nacionales de trabajadores y trabajadoras de la alimentación de Colombia, SINTRAIMAGRA y SINALTRAINAL, fueron amenazados en Bugalagrande, Valle del Cauca. Al entrar en la sede de la seccional de Bugalagrande del SINTRAIMAGRA, la secretaria encontró un sobre con un folleto con el encabezamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el logo de Las Águilas Negras, Bloque Occidental de Colombia, en la parte inferior; junto con una llave USB en la que se designaba como “objetivos militares” a los siguientes sindicalistas: Edwin Mejía, Francisco Vásquez, Fernando Castaño, Carlos Soto, Juan Camilo Jaramillo, Andrés Rubio, Onofre Esquivel, Wilson Riaño, Luis Herbert Peñaloza, Frank Acevedo, Gustavo Bedoya y Martin Agudelo.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

El 29 de abril de 2021, durante unas manifestaciones en el municipio de Copacabana, Antioquia (Colombia), un docente y activista de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) estaba grabando con la cámara de su teléfono móvil un procedimiento policial, cuando fue agredido por miembros de la policía nacional, que le quitaron el móvil y le golpearon. Posteriormente, cuando acudió a comisaría para reclamar su móvil, fue detenido de manera arbitraria.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

En Colombia, el 25 de noviembre de 2021, en vísperas de las elecciones para la designación de la cúpula del sindicato Guincheros, Maquinistas y Grúas Móviles, el presidente del sindicato, Roberto Coria, que aspiraba a ser reelegido, fue víctima de un atentado en la puerta de su casa, donde recibió un disparo y resultó herido. Días antes había sido víctima de un atentado parecido que se vio frustrado por un fallo en el arma del agresor. Los atentados contra Coria estaban relacionados con las elecciones sindicales, y se cree que los ataques fueron perpetrados por un sindicato amarillo respaldado por los empleadores.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

24%

En 24% de los países de Américas se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 20% en 2021

Derecho a la libertad de expresión y reunión

A lo largo de 2021, los trabajadores y trabajadoras de la sanidad organizaron múltiples protestas contra la promulgación de la Ley de emergencia sanitaria aprobada el 4 de febrero de 2021, que prohíbe los sanitarios llevar a cabo huelgas y protestas de. Esta ley fue aprobada sin el consenso de los trabajadores. Las organizaciones sindicales han exigido garantías para poder realizar su trabajo en unas condiciones dignas, y que se permita la libertad sindical. No obstante, sus demandas no han sido atendidas.

Asesinatos

Asesinaron a trabajadores/as en Colombia, Ecuador, Guatemala y Haití.

Asesinatos

El 14 de mayo de 2021, Felipe Andrés Pérez Pérez, líder sindical de SINALTRAINAL Seccional Envigado, fue asesinado en Medellín cuando regresaba de una protesta celebrada en el marco de una huelga nacional.

Asesinatos

La mañana del 26 de noviembre de 2021, Clemito Rengifo Salazar, trabajador de base del Sindicato de Maestros de Nariño (SIMANA), se encontraba cumpliendo sus funciones como docente en la Institución Educativa San Francisco de Asís Madrigal, en Policarpa (departamento de Nariño), cuando unos desconocidos lo secuestraron en el colegio, en presencia de sus estudiantes. Por la tarde fue hallado su cuerpo sin vida.

Asesinatos

Un periodista fue asesinado y cinco trabajadores resultaron heridos en Puerto Príncipe, Haití, el 23 de febrero de 2022, cuando la policía abrió fuego contra varios manifestantes que protestaban pacíficamente contra la cuantía del escaso aumento salarial anunciado por el Gobierno tras varias semanas de protestas. El coste de la vida no ha dejado de aumentar en Haití y la violencia ha invadido el país, puesto que las bandas suelen tener más poder que el Gobierno.

Asesinatos

El 7 de mayo de 2021, Cinthia del Carmen Pineda Estrada, de 35 años, fue asesinada a tiros delante de su casa en el barrio de Chaparro Zacapa (Guatemala). Pineda Estrada era maestra de primaria y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). La Fiscalía no ha proporcionado ninguna información sobre los autores ni sobre las causas del crimen.

Asesinatos

En Ecuador, Sandro Arteaga Quiroz, secretario del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Provincial de Manabí, fue asesinado el 24 de enero de 2022 en una carretera cuando salía de su camión. Arteaga Quiroz, que en el momento del ataque estaba con uno de sus hijos, recibió al menos dos disparos en la cabeza por parte de varios sicarios no identificados que luego se dieron a la fuga.

El líder había recibido amenazas de muerte por teléfono un día antes e incluso horas antes del asesinato.

La Policía Nacional ha llevado a cabo varias operaciones terrestres y aéreas en busca de los asesinos, pero de momento no se ha efectuado ninguna detención.

Asesinatos

Este año, 13 sindicalistas han sido víctimas de asesinatos selectivos en Colombia.

El 11 de agosto de 2021, Carlos Fredy Londoño Bautista, miembro de la Asociación de Educadores del Meta (ADEM), afiliada a la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), fue asesinado cuando se disponía a iniciar su jornada laboral en Fuente de Oro, Meta. En la mañana del 11 de agosto, Carlos Freddy se dirigió a la escuela donde trabajaba, y en el camino fue abordado por varios sicarios en motocicleta que le dispararon cuatro veces delante de varios de sus alumnos.

En Honduras, los trabajadores y trabajadoras han sido víctimas de ataques violentos, mientras que la situación para la gente trabajadora ha empeorado en toda América.Orlando Sierra / AFP

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