África

3,76

Violaciones regulares de los derechos

Peor que el año pasado

Burundi, la República Centroafricana, Somalia y Sudán del Sur seguían plagados de conflictos internos que deterioraron aún más la situación humanitaria, privando a millones de personas de una protección básica.

2022 estuvo marcado por una sucesión de golpes de Estado en Burkina Faso, Chad, Guinea, Malí y Sudán, recortando considerablemente los derechos y las libertades civiles de los trabajadores, incluyendo el derecho a la libertad de reunión pacífica y su acceso a la justicia.

De un vistazo

95%

95% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

Ningún cambio respecto a 2021
95%

95% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato

Frente a un 90% en 2021
93%

93% de los países han vulnerado el derecho de negociación colectiva.

Frente a un 95% en 2021
90%

90% de los países en África deniegan acceso a la justicia a trabajadores/as.

Frente a un 76% en 2021
79%

En el 79% de los países se impidió el registro de sindicatos.

Ningún cambio respecto a 2021
45%

En 45% de los países de África se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 50% en 2021
36%

En 36% de los países se arrestó y detuvo a trabajadores/as.

Ningún cambio respecto a 2021
31%

Trabajadores/as sufrieron actos de violencia en 31% de los países de África.

Frente a un 33% en 2021

Asesinaron a trabajadores/as en Eswatini, Lesotho y Sudáfrica.

Violaciones de los derechos de los trabajadores

Derecho de huelgaEnjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

95%

95% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

Ningún cambio respecto a 2021

Enjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

En noviembre de 2021, cerca de 100 docentes fueron arrestados en Sudán al dar comienzo dos días de huelgas y acciones de desobediencia civil para protestar por el golpe de Estado militar. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos contra los trabajadores y trabajadoras que protestaban a las puertas del edificio del Ministerio de Educación del estado de Jartum. Muchos de ellos fueron golpeados y al menos uno, un director de escuela, acabó con una pierna rota.

Ochenta y siete docentes fueron detenidos y llevados al cuartel militar después de que los fiscales se negaran a ponerlos en libertad bajo fianza.

En Nyala, capital de Darfur del Sur, unos desconocidos vestidos de paisano llevaron a cabo redadas en los domicilios de varios profesores y detuvieron a otros cinco docentes, entre ellos Gamal Margan, encargado de la educación de los pastores. El 8 de noviembre de 2021, las fuerzas militares irrumpieron también en el Departamento de Educación Secundaria de Karray para establecer una nueva dirección afín a los militares.

Derecho de huelgaDespidos por participar en acciones de huelga

95%

95% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

Ningún cambio respecto a 2021

Despidos por participar en acciones de huelga

Tras una huelga de 48 horas convocada por los y las docentes de Togo, que exigían que el Gobierno respetara el reembolso de su bonificación excepcional, 1.192 directores de escuela fueron rebajados de categoría. El 4 de noviembre de 2021, el ministro de Educación Primaria, Secundaria, Técnica y Artesanal emitió una orden para reemplazar a cerca de 1.000 directores de escuelas públicas y solicitar a los docentes que retomaran las clases.

Despidos por participar en acciones de huelga

Cuatro miembros del sindicato National Emancipated and Allied Workers’ Union of South Africa (NEAWUSA) fueron suspendidos el 2 de mayo de 2021 por la empresa de molienda OVK en Tweespruit, Sudáfrica, tras un mes de huelga en protesta por las condiciones inseguras en el lugar de trabajo. Los trabajadores estuvieron intentando plantear al empleador sus preocupaciones en materia de seguridad después de que se produjeran varios incidentes y lesiones graves.

Despidos por participar en acciones de huelga

En Sudáfrica, el Ayuntamiento de Steve Tshwete despidió a 500 trabajadores y trabajadoras por participar supuestamente en una huelga ilegal. Los funcionarios reclamaban la aplicación generalizada del ajuste salarial que les correspondía, y comenzaron la huelga el 21 de septiembre de 2021. El 8 de noviembre los trabajadores recibieron un ultimátum de 48 horas para reanudar su trabajo, y, al no hacerlo, se les notificó su despido. Los trabajadores fueron readmitidos una semana después, tras la intervención del sindicato SA Municipal Workers’ Union (SAMWU) y de COSATU.

Despidos por participar en acciones de huelga

En noviembre de 2021, la agencia de contratación Employment Placement and Services Namibia (EPSN) despidió a 43 trabajadores y trabajadoras que estaban en huelga desde el 12 de octubre, puesto que consideró que dicha acción era ilegal.

Despidos por participar en acciones de huelga

Los trabajadores portuarios de Liberia permanecieron sin trabajo durante siete meses después de que la dirección de APM Terminals Monrovia (APMT) suspendiera a 24 empleados y les impusiera un cierre patronal en octubre de 2020, tras llevar a cabo una acción de protesta por las condiciones laborales. Con el apoyo del sindicato Dock Workers’ Union (DOWUL), los trabajadores habían estado reclamando mejores condiciones de trabajo respecto a los permisos de vacaciones no remunerados, la jornada laboral, el seguro médico y el subsidio para alimentación.

El conflicto se prolongó durante meses, y muchos otros trabajadores apoyaron a sus compañeros suspendidos y secundaron sus reivindicaciones.

El 21 de abril de 2021, el Ministerio de Trabajo de Liberia comunicó que APMT “no había demostrado sus acusaciones contra los 24 trabajadores suspendidos” y solicitó su reincorporación inmediata, pero la empresa siguió negándose a readmitirlos. El 4 de mayo de 2021, el ministro de Justicia de Liberia envió otra carta advirtiendo a APMT que debía cumplir de forma inmediata e incondicional la decisión del Gobierno. El 7 de mayo de 2021 APMT finalmente cedió, y los trabajadores volvieron al trabajo sabiendo que el Gobierno esperaba que la empresa debía tratar de resolver todos sus problemas.

Derecho a establecer y afiliarse a un sindicatoTrabajadores excluidos de la protección laboral

95%

95% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato

Frente a un 90% en 2021

Trabajadores excluidos de la protección laboral

La legislación de Rwanda sigue prohibiendo a los cargos políticos y a los funcionarios de servicios de seguridad crear sindicatos y afiliarse a ellos.

Derecho a establecer y afiliarse a un sindicatoPrácticas antisindicales

95%

95% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato

Frente a un 90% en 2021

Prácticas antisindicales

En Sudáfrica, cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Rodas iniciaron una huelga el 10 de agosto de 2021 después de que la institución no reconociera a su sindicato, el National Union of Public Service and Allied Workers (NUPSAW). Habiendo organizado a más del 10% del personal, el 29 de abril de 2021 el NUPSAW se había desplazado hasta la universidad para solicitar su reconocimiento, en particular el derecho a organizar y reclutar miembros y a celebrar reuniones en el campus.

Cuando se le preguntó por qué la universidad se negaba a reconocer el sindicato, el principal responsable de comunicación dijo, en flagrante violación de las leyes sudafricanas, que el NUPSAW no era suficientemente representativo.

Prácticas antisindicales

En junio de 2021, la Société des Brasseries du Mali (BRAMALI) procedió a despedir de forma selectiva a los delegados sindicales de la empresa, entre ellos el vicesecretario general del sindicato, el secretario de Comunicación y el secretario de Finanzas. Otros delegados sindicales estaban en lista de espera para ser despedidos y recibieron un preaviso de ocho días. Los despidos se produjeron en medio de un conflicto sindical en BRAMALI tras una huelga de tres días que se llevó a cabo en mayo de 2021.

Prácticas antisindicales

Los trabajadores y trabajadoras de Style Industries Ltd, una fabricante de cabello sintético, llevan luchando desde 2015 por el reconocimiento de su sindicato, el Kenyan Union of Hair and Beauty Workers (KUHABWO). KUHABWO reclutó a 3.811 trabajadores de una plantilla de 6.000, de los cuales el 85% son mujeres, pero la empresa hizo todo lo posible para acosar y disuadir a los miembros del sindicato. Cuando los delegados sindicales acudían a reclutar trabajadores durante los descansos o la hora de la comida, el empleador recurría a la policía para acosar y detener a los trabajadores e impedir que hablasen con los representantes sindicales.

El conflicto se estancó en el proceso de conciliación, y el caso llegó al Tribunal de Empleo y Relaciones Laborales, que en 2017 emitió una orden de restricción contra la empresa. El auto ordenaba a Style Industries que dejara de “victimizar, intimidar, coaccionar, acosar y consentir prácticas laborales injustas” y que permitiera que el caso se resolviese en los tribunales. Además, el tribunal señaló que la empresa tenía que dejar de rescindir contratos y despedir a miembros del sindicato por el hecho de pertenecer al mismo.

Pese a la decisión del tribunal, las tácticas antisindicales de la empresa no cesaron, y en mayo de 2021 despidió a otros 150 miembros del sindicato. Los que no se dejaron disuadir por la maniobra y siguieron siendo miembros del sindicato fueron amenazados con el despido.

En junio de 2021 se puso en marcha una campaña de solidaridad para concienciar sobre las tácticas antisindicales de la empresa.

Prácticas antisindicales

Amadou Diallo y Alhassane Diallo, secretario general y vicesecretario general, respectivamente, del sindicato de trabajadores y trabajadoras del Sheraton Grand Conakry, han estado solicitando desde de octubre de 2020 su reincorporación tras haber sido despedidos por su participación en actividades sindicales. A pesar de las campañas de solidaridad internacional y de una denuncia ante la OIT, la dirección del hotel se ha negado rotundamente a reincorporarlos.

Los trabajadores del Sheraton Grand Conakry, el mayor hotel de Guinea, empezaron a organizarse en marzo de 2019 en respuesta a los bajos salarios, las horas extraordinarias no remuneradas y la falta de prestaciones sanitarias. El largo proceso de organización finalizó el 11 de febrero de 2020 con unas satisfactorias elecciones sindicales. Durante todo este tiempo, la dirección del hotel intentó por todos los medios impedir que se celebraran las elecciones y, en una flagrante maniobra de ataque al sindicato, procedió a despedir injustamente a los dos líderes sindicales.

Derecho a la negociación colectiva

93%

93% de los países han vulnerado el derecho de negociación colectiva.

Frente a un 95% en 2021

Derecho a la negociación colectiva

El sindicato nacional de industrias metalúrgicas y afines, National Union of Metal and Allied Industries of Zimbabwe (NUMAIZ), protestó por las violaciones de los derechos de los trabajadores en la empresa china Afrochine Smelting y por el incumplimiento íntegro de las leyes y los convenios colectivos vigentes. El año pasado Afrochine no pagó los salarios a su debido tiempo y procedió a despedir unilateralmente a 33 trabajadores sin consultarlo previamente con el sindicato. Los esfuerzos de conciliación en el Consejo Nacional de Empleo de la industria de la ferroaleación –una plataforma de diálogo social– fracasaron debido a que los representantes de Afrochine no se presentaron a una reunión el 22 de septiembre de 2021.

Los trabajadores y trabajadoras de Afrochine viven atemorizados, sin seguridad laboral, y se ven humillados y agredidos por los supervisores a diario. Cualquier intento de denuncia de los abusos se penaliza con el despido inmediato.

Afrochine es una filial del mayor fabricante de productos de acero inoxidable del mundo, Tsingshan Holding Group, que cotiza en la Bolsa de Metales de Londres. Más de 1.500 trabajadores están empleados en la planta de ferrocromo, situada a unos 75 kilómetros de Harare.

Derecho a la negociación colectiva

El 21 de abril de 2021, el sindicato South African Municipal Workers’ Union (SAMWU) compareció ante los tribunales contra la empresa Rand Water después de que esta intentara prohibir una huelga protegida convocada por el sindicato. El SAMWU decidió embarcarse en una huelga protegida indefinida después de que el empleador modificara unilateralmente las condiciones de servicio de los trabajadores, retirando las primas de incentivo que los trabajadores venían recibiendo desde hacía 17 años. El sindicato había intentado en varias ocasiones reunirse con la dirección de Rand Water para convencerla de que reconsiderara su postura, pero fue en vano.

Derecho a la negociación colectiva

Cerca de 11.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración local de Nairobi (Kenya) se declararon en huelga el 13 de octubre de 2021 a raíz del incumplimiento de un convenio colectivo que se remonta a 2013. Entre las quejas que los trabajadores venían denunciando durante años estaban la falta de promociones, los repetidos retrasos en el pago de los salarios y la no transferencia de las deducciones reglamentarias. Otra de las quejas era la falta de equipos de protección individual y, más recientemente, que al menos 11.000 trabajadores y trabajadoras del condado habían estado sin cobertura médica desde julio de 2021.

Dos días después, el sindicato Kenya County Government Workers’ Union (KCGWU) fue informado de que sus miembros podían volver al trabajo. El sindicato esperaba que se mantuvieran las promesas relativas a las principales reivindicaciones de los trabajadores, pero lo cierto es que el Gobierno ya había accedido en otras ocasiones a las demandas de los trabajadores y las había incumplido reiteradamente.

Los problemas resurgieron a principios de febrero de 2022, y los trabajadores dieron al Ayuntamiento un plazo de 21 días para pagarles los más de 560 millones KES (4,82 millones USD) que se les adeudaba en concepto de atrasos salariales y para transferir las deducciones reglamentarias, añadiendo que, de lo contrario, convocarían una huelga.

Derecho a la justicia

90%

90% de los países en África deniegan acceso a la justicia a trabajadores/as.

Frente a un 76% en 2021

Derecho a la justicia

Luximun Badal y Shavindra Dinoo Sunassee, respectivamente presidente del Union of Post Office Workers Branch No. 2 y expresidente del Airports of Mauritius Limited Employees Union, siguen reclamando su reincorporación dos años después de haber sido despedidos de manera improcedente.

Badal fue despedido por Mauritius Post Ltd el 18 de junio de 2020 por una supuesta negativa a un traslado unilateral tras una serie de conflictos que se produjeron en relación a la negociación de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores y trabajadoras de correos, puesto que el convenio anterior había vencido el 31 de diciembre de 2017. Sunassee fue despedido unos días después por Airports of Mauritius Ltd tras varios intentos por parte de la dirección de modificar unilateralmente los términos de un convenio colectivo, a lo que Sundassee se oponía.

Derecho a realizar actividades sindicales

79%

En el 79% de los países se impidió el registro de sindicatos.

Ningún cambio respecto a 2021

Derecho a realizar actividades sindicales

El 15 de diciembre de 2019, el Consejo Soberano gobernante en Sudán emitió un decreto disolviendo todos los sindicatos y asociaciones profesionales del país, confiscando además todas sus propiedades y activos. Desde entonces, y especialmente tras el golpe de Estado militar de octubre de 2021, los sindicatos independientes no han podido operar en el país.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

45%

En 45% de los países de África se ha restringido la libertad de expresión y reunión.

Frente a un 50% en 2021

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 1 de mayo de 2021, la policía impidió la celebración del Primero de Mayo de la sección del Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) en el Distrito de Chitungwiza, presentándose en el lugar, acosando a los trabajadores, negándoles la entrada a la sala y amenazando con detenerles.

El delegado regional del ZCTU presente exigió a la policía una justificación por escrito respecto a la prohibición del acto, a lo cual el oficial superior de policía encargado se negó.

El ZCTU ha vivido muchas situaciones de este tipo durante mucho tiempo. Las actividades del ZCTU se ven a menudo interrumpidas por personas enviadas desde la oficina del presidente, o por la propia policía, que acosan y dispersan a los trabajadores o exigen ver los programas o sentarse en las reuniones.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 20 de octubre de 2021, los empleados y empleadas del sector público que acudieron a entregar una petición al Ministerio de Servicios Públicos se encontraron con lo que describieron como una “demostración de fuerza sin precedentes”. En la petición se solicitaba una revisión salarial para 2021, acabar con la precarización de la función pública, el cese de la privatización de la función pública y el cese de los ataques contra los sindicatos.

El comisario nacional de policía prohibió la manifestación, aduciendo “la seguridad nacional” y “la seguridad y el orden públicos”. Cuando los trabajadores se reunieron para manifestarse y entregar la petición, habiendo respetado íntegramente el protocolo necesario, la policía los dispersó utilizando gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y balas de goma. La policía detuvo dos autobuses que transportaban trabajadores de los servicios públicos, entre los que había miembros de la Swaziland National Association of Teachers (SNAT) y del Swaziland Democratic Nurses Union (SDNU), y les lanzó gases lacrimógenos. Las puertas del autobús estaban cerradas. Cuando los trabajadores intentaron salir, la policía empezó a dispararles. Finalmente las ventanas traseras se rompieron y los trabajadores lograron escapar. Según algunos informes, un total de 36 personas resultaron heridas y un joven transeúnte perdió la vida. Según otros informes, al menos 80 personas resultaron heridas en los actos de violencia registrados en la capital de Eswatini, Mbabane, y en la ciudad de Manzini.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

En diciembre de 2021, el Consejo Municipal de Mbabane, Eswatini, denegó a las asociaciones del sector público, entre las que figura la Swaziland National Association of Teachers (SNAT), el permiso para manifestarse por la ciudad para entregar una petición al Ministerio de Servicios Públicos. La carta de la municipalidad hacía referencia a una directiva recibida por parte del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano para “suspender indefinidamente la emisión de permisos para todo tipo de procesiones en zonas urbanas”, con fecha 21 de octubre de 2021.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Las protestas a favor de la democracia en Eswatini no han cesado desde mayo de 2021, y los sindicatos y demás grupos de la sociedad civil han estado reclamando elecciones democráticas y el fin de la monarquía absoluta en el país, que prohíbe a los partidos políticos participar en comicios. En el trascurso de estas protestas, se calcula que 72 manifestantes han muerto a manos de la policía y las fuerzas del orden, centenares han resultado heridos y varios continúan desaparecidos. Algunos activistas se han tenido que esconder y otros se han exiliado. En una declaración realizada el 18 de octubre de 2021, el ministro de Comercio de Eswatini, Mancoba Khumalo, manifestó que los trabajadores que participaran en protestas en favor de la democracia y contra el rey Mswati se arriesgaban a perder su empleo.

Derecho a la libertad de expresión y reunión

Tras el golpe de Estado de enero de 2022, los sindicatos de Burkina Faso intentaron organizar una manifestación, pero la junta militar se lo impidió. Desde entonces, los sindicatos no han podido organizar acciones colectivas.

Libertades civiles

36%

En 36% de los países se arrestó y detuvo a trabajadores/as.

Ningún cambio respecto a 2021

Libertades civiles

El secretario general de la Confédération Syndicale du Congo (CSC), Fidèle Kiyangi Matangila, responsable asimismo de la Central Workers of Banks and Financial Institutions y presidente de la Intersyndicale nationale de l'administration publique (INAP), fue detenido por las fuerzas de seguridad en el edificio de la Administración Pública. Su detención se produjo tras una acción de protesta organizada por los miembros del sindicato a raíz de que el empleador de servicios financieros no pagara durante cuatro meses los salarios y las primas.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

31%

Trabajadores/as sufrieron actos de violencia en 31% de los países de África.

Frente a un 33% en 2021

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

El 12 de enero de 2022, miembros del sindicato de docentes Amalgamated Rural Teachers’ Union of Zimbabwe (ARTUZ) protagonizaron una acción de protesta en el edificio del organismo de la seguridad social, National Social Security Authority (NSSA), donde se estaba celebrando una reunión convocada por el organismo de negociación National Joint Negotiating Council (NJNC) entre Gobierno y sindicatos. Los manifestantes exigían la restitución de sus salarios a los niveles de 2018 (niveles establecidos antes de la aplicación de las medidas de austeridad del Gobierno). Cuando los docentes se reunieron en el lugar previsto, la policía se presentó con armas y porras. Los docentes fueron amenazados, agredidos y obligados a tumbarse boca abajo. Dieciséis dirigentes del ARTUZ fueron detenidos, entre ellos su presidente, Obert Masaraure.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

Cinco mil trabajadores y trabajadoras de Clover, la mayor empresa de productos lácteos de Sudáfrica, propiedad de la empresa israelí Milco, han estado en huelga desde el 22 de noviembre de 2021 en respuesta a diversas reducciones de plantilla, recortes salariales y problemas de salud y seguridad. La respuesta de Clover fue contratar a agentes de una empresa de policía privada, que se presentaron armados con vehículos militares y ametralladoras, para intimidar a los trabajadores y disolver la huelga. Los trabajadores sufrieron amenazas, ataques con cócteles molotov y disparos con balas de goma. En las noches del 7 y 8 de enero de 2022, los coches de dos de los trabajadores en huelga fueron destrozados con cócteles molotov. La noche del 9 de enero, cinco coches repletos de hombres visitaron a dos trabajadores y les exigieron que suspendieran la huelga. Esa misma noche, otros tres trabajadores en huelga recibieron amenazas por teléfono exigiéndoles que pusieran fin a la huelga.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

El 17 de mayo de 2021, un grupo de funcionarios en huelga encabezados por el líder del Nigeria Labour Congress (NLC), Ayuba Wabba, fueron atacados por una turba movilizada por el gobernador El-Rufai mientras ejercían pacíficamente su derecho a la protesta. El 18 de mayo de 2021, el Gobierno estatal anunció su decisión de despedir inmediatamente a todos los funcionarios que participaron en lo que se calificó de huelga ilegal.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

El 26 de abril de 2021, los agentes de policía presentes en una manifestación de trabajadores en la zona industrial de Thetsane, en Maseru (Lesotho), dispararon balas de goma contra los manifestantes, tres de los cuales tuvieron que ser hospitalizados. Las víctimas formaban parte de un grupo de manifestantes que se habían reunido en las fábricas para exigir un aumento salarial. Cientos de trabajadores de las fábricas habían llevado herramientas y organizaron un piquete que terminó siendo brutalmente dispersado por agentes de policía armados.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

El 20 de mayo de 2021, la policía se presentó a las 2:45 a.m. en el domicilio de Barry Abdoulaye, presidente del Telecoms Union (FESATEL) en Guinea, pero el portero que estaba haciendo guardia se negó a dejarla entrar. La policía le dijo que entrara él mismo a buscar a algún miembro de la familia del Sr. Abdoulaye para poder hablar con él, pero el portero volvió a negarse, tras lo cual la policía se marchó. Este incidente se produjo mientras FESATEL expresaba su oposición al plan del Gobierno guineano de imponer un impuesto a todas las llamadas de telefonía móvil en el país, algo que repercutiría negativamente en las inversiones de las empresas de telefonía móvil y, en última instancia, en el empleo.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

Tras participar en un piquete frente a la Universidad Omar Bongo en Gabón, el Catedrático Mathurin Ovono Ebe,

presidente del Syndicat national des enseignants chercheurs (SNEC) de la Universidad Omar Bongo, fue secuestrado por varios hombres armados a las 7 p.m., cuando regresaba a su casa. El sindicalista fue maltratado y amenazado por unos desconocidos. Presentó una denuncia ante la policía.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

En mayo de 2021, Sipho Shiba, conductor de autobús y residente en Manzini, Eswatini, fue agredido por tres agentes de la policía cuando participaba en una protesta de trabajadores del transporte público. Se publicó un vídeo en las redes sociales en el que se ve a los policías insultando al conductor y agrediéndolo, dándole patadas y utilizando los puños. Shiba resultó herido en la oreja y en el brazo izquierdo. El 2 de junio, el Servicio Real de la Policía de Eswatini decidió suspender a los tres agentes, a la espera de que se iniciara un procedimiento disciplinario contra ellos.

Asesinatos

Asesinaron a trabajadores/as en Eswatini, Lesotho y Sudáfrica.

Asesinatos

El 19 de mayo de 2021, la trabajadora Motselisi Manase recibió un disparo mortal de la policía al producirse violentos enfrentamientos entre los trabajadores de la fábrica y las fuerzas del orden en el transcurso de unas protestas que tuvieron lugar en Maseru, Lesotho, en relación con los salarios. La huelga comenzó a mediados de mayo de 2021. Los trabajadores fueron duramente reprimidos por las fuerzas policiales, que alegaron que los huelguistas estaban “contraviniendo las normas establecidas para la prevención de la COVID-19”. La policía utilizó cañones de agua y balas reales para dispersar a los huelguistas.

Asesinatos

El 20 de octubre de 2021, los trabajadores y trabajadoras del sector público y de la sanidad de Eswatini se manifestaron frente al Ministerio de Justicia para entregar una petición en la que solicitaban una revisión salarial, acabar con la precarización y la privatización de la función pública y el cese de los ataques contra los sindicatos. La policía recibió a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Dos autobuses que transportaban a trabajadores del sector público a la concentración pacífica también fueron detenidos por la policía y sus pasajeros recibieron disparos de balas reales. Un estudiante murió a causa de una bala perdida.

Asesinatos

Un chófer de autobús murió de un disparo y otro resultó herido durante los enfrentamientos que se produjeron entre la policía y los conductores que participaban en una protesta salarial en la pequeña ciudad de Malkerns, Eswatini, el 13 de octubre de 2021. Tras el asesinato, los trabajadores del transporte se sumaron a las protestas nacionales organizadas para reclamar reformas democráticas, y bloquearon varias carreteras importantes del país. Al día siguiente, la policía disparó y mató a una persona en un control de carretera en la ciudad de Mpaka. El 20 de octubre, las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas en Mbabane y Manzini, matando a una persona e hiriendo a más de 80, 30 de ellas por disparos. Al día siguiente el Gobierno prohibió todas las protestas y cerró la plataforma de redes sociales Facebook.

Asesinatos

El 19 de agosto de 2021, Malibongwe Mdazo, activista y organizador del sindicato sudafricano de trabajadores del metal National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA), fue asesinado a plena luz del día en la oficina de la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje (CCMA) de Rustenburg. Le mataron a la vista del público, cuando salía de las oficinas de la CCMA con un grupo de miembros del NUMSA, recibiendo al menos diez tiros.

Los delegados del NUMSA estaban participando en un acto de conciliación en la CCMA, en el marco del proceso de verificación de los miembros del NUMSA en Newrack, una de las empresas contratistas de Impala Platinum Holdings (Implats), que subcontrata a la mayor parte de su plantilla de Rustenburg. En el tiroteo también resultaron heridos otro miembro del NUMSA y un transeúnte.

Mdazo fue una de las personas que encabezó la reciente huelga organizada por el sindicato para exigir a las empresas contratistas de Implats la concesión de derechos sindicales al NUMSA. Implats es famosa por su política antisindical, que llevó incluso a la destitución unilateral de todos los integrantes de los comités interinos del NUMSA.

El pueblo sale a la calle en Burkina Faso para manifestar su oposición a la toma de posesión de los militares en enero de 2022. Desde entonces, los sindicatos no han podido organizar acciones colectivas.Lambert Ouedraogo / Anadolu Agency via AFP

Tendencias en nueve años: Clasificación regional

Todas las regiones