Sudáfrica

El 19 de agosto de 2021, Malibongwe Mdazo, activista y organizador del sindicato sudafricano de trabajadores del metal National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA), fue asesinado a plena luz del día en la oficina de la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje (CCMA) de Rustenburg. Le mataron a la vista del público, cuando salía de las oficinas de la CCMA con un grupo de miembros del NUMSA, recibiendo al menos diez tiros.

Los delegados del NUMSA estaban participando en un acto de conciliación en la CCMA, en el marco del proceso de verificación de los miembros del NUMSA en Newrack, una de las empresas contratistas de Impala Platinum Holdings (Implats), que subcontrata a la mayor parte de su plantilla de Rustenburg. En el tiroteo también resultaron heridos otro miembro del NUMSA y un transeúnte.

Mdazo fue una de las personas que encabezó la reciente huelga organizada por el sindicato para exigir a las empresas contratistas de Implats la concesión de derechos sindicales al NUMSA. Implats es famosa por su política antisindical, que llevó incluso a la destitución unilateral de todos los integrantes de los comités interinos del NUMSA.

Cinco mil trabajadores y trabajadoras de Clover, la mayor empresa de productos lácteos de Sudáfrica, propiedad de la empresa israelí Milco, han estado en huelga desde el 22 de noviembre de 2021 en respuesta a diversas reducciones de plantilla, recortes salariales y problemas de salud y seguridad. La respuesta de Clover fue contratar a agentes de una empresa de policía privada, que se presentaron armados con vehículos militares y ametralladoras, para intimidar a los trabajadores y disolver la huelga. Los trabajadores sufrieron amenazas, ataques con cócteles molotov y disparos con balas de goma. En las noches del 7 y 8 de enero de 2022, los coches de dos de los trabajadores en huelga fueron destrozados con cócteles molotov. La noche del 9 de enero, cinco coches repletos de hombres visitaron a dos trabajadores y les exigieron que suspendieran la huelga. Esa misma noche, otros tres trabajadores en huelga recibieron amenazas por teléfono exigiéndoles que pusieran fin a la huelga.

En Sudáfrica, cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Rodas iniciaron una huelga el 10 de agosto de 2021 después de que la institución no reconociera a su sindicato, el National Union of Public Service and Allied Workers (NUPSAW). Habiendo organizado a más del 10% del personal, el 29 de abril de 2021 el NUPSAW se había desplazado hasta la universidad para solicitar su reconocimiento, en particular el derecho a organizar y reclutar miembros y a celebrar reuniones en el campus.

Cuando se le preguntó por qué la universidad se negaba a reconocer el sindicato, el principal responsable de comunicación dijo, en flagrante violación de las leyes sudafricanas, que el NUPSAW no era suficientemente representativo.

El 21 de abril de 2021, el sindicato South African Municipal Workers’ Union (SAMWU) compareció ante los tribunales contra la empresa Rand Water después de que esta intentara prohibir una huelga protegida convocada por el sindicato. El SAMWU decidió embarcarse en una huelga protegida indefinida después de que el empleador modificara unilateralmente las condiciones de servicio de los trabajadores, retirando las primas de incentivo que los trabajadores venían recibiendo desde hacía 17 años. El sindicato había intentado en varias ocasiones reunirse con la dirección de Rand Water para convencerla de que reconsiderara su postura, pero fue en vano.

Cuatro miembros del sindicato National Emancipated and Allied Workers’ Union of South Africa (NEAWUSA) fueron suspendidos el 2 de mayo de 2021 por la empresa de molienda OVK en Tweespruit, Sudáfrica, tras un mes de huelga en protesta por las condiciones inseguras en el lugar de trabajo. Los trabajadores estuvieron intentando plantear al empleador sus preocupaciones en materia de seguridad después de que se produjeran varios incidentes y lesiones graves.

En Sudáfrica, el Ayuntamiento de Steve Tshwete despidió a 500 trabajadores y trabajadoras por participar supuestamente en una huelga ilegal. Los funcionarios reclamaban la aplicación generalizada del ajuste salarial que les correspondía, y comenzaron la huelga el 21 de septiembre de 2021. El 8 de noviembre los trabajadores recibieron un ultimátum de 48 horas para reanudar su trabajo, y, al no hacerlo, se les notificó su despido. Los trabajadores fueron readmitidos una semana después, tras la intervención del sindicato SA Municipal Workers’ Union (SAMWU) y de COSATU.