Myanmar

A mediados de septiembre de 2021, al menos 27 sindicalistas fueron asesinados cuando participaban en las protestas del Movimiento de Desobediencia Civil (MDC) contra el Gobierno militar de Myanmar. Durante una protesta en Shwe Pyi Thar el 14 de marzo, las fuerzas de seguridad dispararon en la cabeza a Zaw Zaw Htwe, de 21 años, trabajador de la confección en Suntime JCK Company Limited y miembro del Solidarity Trade Union of Myanmar (STUM). Chan Myae Kyaw, conductor de camión volquete en la mina de cobre de SinoHydro y miembro de la Mining Workers’ Federation of Myanmar (MWFM), murió el 27 de marzo al recibir múltiples disparos de los soldados en una manifestación en Monywa. Los días 28 y 29 de marzo, los militares tendieron una emboscada a los manifestantes en la zona industrial de South Dagon, matando a Nay Lin Zaw, líder sindical de AD Furniture (Wood Processing) y miembro de la Myanmar Industry Craft Service-Trade Unions Federation (MICS-TUsF).

El 15 de abril de 2021, cerca de 40 militares fueron desplegados para detener a la directora del Solidarity Trade Union of Myanmar (STUM), Daw Myo Aye, acusada en virtud del artículo 505A del Código Penal de participar en el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), liderar protestas y animar a civiles y funcionarios a unirse al MDC. Se enfrentaba a una pena de hasta tres años de cárcel. Daw Myo Aye no obtuvo la libertad bajo fianza y permaneció detenida, disponiendo de un acceso limitado a las instalaciones médicas pese a sufrir graves problemas de salud.

Anteriormente, en 2021, se habían dictado y ejecutado órdenes de detención contra otros 34 destacados dirigentes sindicales. La mayoría de ellos fueron procesados sumariamente y condenados a penas de cárcel.

Tras el golpe de Estado perpetrado el 1 de febrero en Myanmar, 16 organizaciones sindicales fueron declaradas ilegales el 2 de marzo de 2021 por el Tatmadaw (Ejército birmano). Todas las zonas industriales de Yangón fueron sometidas a la ley marcial, lo que dificultó enormemente la organización de los trabajadores y trabajadoras. Los líderes sindicales informaron posteriormente de un éxodo masivo de trabajadores de fábricas de las zonas industriales a sus pueblos de origen. Los militares requirieron a los propietarios de las fábricas que revelaran los nombres y direcciones de los dirigentes sindicales para detenerlos, y enviaron soldados puerta por puerta a los dormitorios y albergues de los trabajadores para tratar de encontrarlos. Se llevaron a cabo redadas en los domicilios de los dirigentes sindicales y se confiscó dinero y otros objetos personales.