Sri Lanka

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Violaciones sistemáticas de los derechos

Sin cambios desde el año pasado

Violaciones de los derechos de los trabajadores

Derecho a la libertad de expresión y reunión

El 27 de mayo de 2021 el Gobierno de Sri Lanka promulgó un decreto por el que resultaba prácticamente imposible que 12.000 funcionarios de zonas rurales hicieran huelga, además de despojar a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público de sus derechos básicos. El decreto era una respuesta a la amenaza de huelga de los funcionarios, que exigían ser vacunados contra la COVID-19. El decreto afirmaba que los servicios y departamentos estatales sometidos a la prohibición de huelga eran “esenciales” de cara a la “pandemia de COVID-19”. El sindicato que representa a los trabajadores y trabajadoras de los pueblos tuvo que suspender inmediatamente la huelga inminente.

Cinco días después, el 2 de junio, el Gobierno emitió un segundo decreto en vísperas de una amenaza de huelga de los trabajadores de numerosos hospitales importantes. Dicho decreto ampliaba la prohibición de hacer huelga a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y de otras administraciones públicas.

Los dos decretos afectan a los trabajadores de puertos, ferrocarriles, transporte en autobús, petróleo, gas, bancos estatales y seguros; cubren asimismo a enfermeros, médicos y demás trabajadores sanitarios; a los trabajadores de la Administración pública y de empresas estatales de distribución de alimentos; y a los empleados de los nueve consejos provinciales de Sri Lanka. Los trabajadores que desobedezcan la prohibición de huelga pueden ser despedidos. Además se enfrentan a multas de entre 2.000 y 5.000 rupias, a “rigurosas penas de cárcel” de dos a cinco años, a la confiscación de sus “bienes muebles e inmuebles” y a la retirada de sus credenciales profesionales. Cualquier persona que intente “incitar, inducir o animar” a alguien sujeto a la prohibición de huelga a no acudir al trabajo, ya sea mediante un “acto físico o mediante un discurso o un escrito”, se expone igualmente a multas, confiscación de bienes y penas de hasta cinco años de cárcel.

Libertades civiles

El 8 de julio de 2021 la policía detuvo a 31 personas, entre ellas el secretario general del sindicato Ceylon Teachers Union (CTU), por participar en una protesta celebrada cerca del Parlamento de Sri Lanka contra el proyecto de ley de la Universidad Nacional de Defensa. Dicho proyecto, presentado en 2018 durante el anterior Gobierno, ha sido ampliamente denunciado como una medida destinada a frenar la libertad de pensamiento y expresión en las universidades. Los trabajadores arrestados permanecieron retenidos durante varios días hasta que, gracias a una campaña organizada para reclamar su libertad, respaldada por sindicatos mundiales, fueron finalmente puestos en libertad.

Derechos de los trabajadores según la ley

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