Kazajistán

Cuando el pueblo kazajo empezó a organizar protestas pacíficas en favor de la democracia y la justicia social en enero de 2022, la policía y las fuerzas armadas respondieron con una brutalidad extrema, matando a más de 160 personas y arrestando a más de 8.000.

Cuando el pueblo kazajo comenzó a organizar protestas pacíficas por la democracia y la justicia social en enero de 2022, la policía y las fuerzas armadas respondieron con una brutalidad extrema, matando a más de 160 personas y deteniendo a más de 8.000.

Las autoridades kazajas llevan mucho tiempo obstaculizando el funcionamiento de los sindicatos independientes en el país, procediendo simplemente a anular su registro y negándose a volver a registrarlos. En enero de 2021, las autoridades cancelaron el registro de la sección del Sectoral Fuel and Energy Workers’ Union (SFEWU) en la región de Kyzylordy, basando la decisión en una supuesta solicitud de cancelación de registro presentada por un expresidente.

Esta decisión ilegítima de anulación de registro tuvo repercusiones para el propio SFEWU, puesto que, según la ley, un sindicato sectorial debe tener por lo menos nueve secciones registradas. En febrero de 2021, el Tribunal Económico Interdistrital Especializado de Shymkent suspendió las actividades del SFEWU durante seis meses. La decisión fue confirmada por el tribunal de apelación y entró en vigor el 29 de abril de 2021. Todas las actividades del SFEWU tuvieron que cesar de inmediato debido a la amenaza de procesamiento penal de los dirigentes en virtud del artículo 430 del Código Penal.

Cuatro años después de los hechos, no se han producido avances en la investigación del violento ataque contra Dimitri Sinyavsky, presidente de la sección regional de Karaganda del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, que se produjo el 10 de noviembre de 2018. La falta de investigaciones y juicios efectivos contra los culpables de ataques violentos contra sindicalistas refuerzan el clima de inseguridad para las víctimas y de impunidad para los agresores, una situación sumamente perjudicial para el ejercicio de los derechos de libertad sindical en Kazajistán.

El 16 de diciembre de 2021 se cumplieron 10 años de la masacre de Zhanaozen (Kazajistán), que se produjo cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes, matando a 17 e hiriendo a más de 100 trabajadores. La violencia puso fin a una huelga de siete meses en la que participaron más de 3.000 trabajadores y trabajadoras para exigir un aumento salarial. Este caso fue objeto de un amplio examen por parte de organismos internacionales, los cuales expresaron unánimemente su preocupación por la ausencia de una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en relación con las protestas de Zhanaozen y solicitaron al Gobierno que investigara inmediatamente el caso. No obstante, hasta la fecha, el Gobierno de Kazajistán no ha respondido a las recomendaciones, y en los 10 años transcurridos desde los hechos no se ha iniciado ningún proceso ni se ha dictado ninguna condena.

En Kazajistán, las restricciones impuestas a raíz de la sentencia judicial a la libertad de Larisa Nilolayvna Kharkova, exlíder de la Confederación de Sindicatos Independientes de la República de Kazajistán (CNTUK), expiraron el 9 de noviembre de 2021. No obstante, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos directivos en organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones no comerciales. El plazo de esta sanción, impuesta por el tribunal el 25 de julio de 2017, expira el 5 de octubre de 2022. Kharkova no pudo abrir una cuenta de liquidación en ninguno de los bancos de Kazajistán, y su cuenta bancaria personal continúa bloqueada con arreglo a las condiciones impuestas durante el examen de dicha causa penal.

De manera similar, al exactivista del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Amin Eleusinov, condenado en 2017 y eximido anticipadamente, en mayo de 2018, de cumplir una pena de cárcel, se le ha seguido prohibiendo ocupar cargos de liderazgo en organizaciones no gubernamentales hasta 2022.

El exlíder del Sindicato Sectorial de Trabajadores del Combustible y la Energía, Nurbek Kushakbayev, condenado en 2017 por apelar a otras personas a sumarse a la supuesta huelga ilegal, ha cumplido su pena de cárcel. Sin embargo, no ha podido reanudar su labor sindical.