Israel

En abril de 2021, una plata de clasificación de residuos para la ciudad de Jerusalén que opera en la zona industrial del asentamiento de Atarot, socavó los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Cerca de 110 de sus trabajadores palestinos se afiliaron al sindicato Maan Union para luchar contra unas condiciones de trabajo abusivas. Los empleadores utilizaron las restricciones financieras impuestas por la COVID-19 para mermar las labores de organización de los trabajadores. Decenas de trabajadores se vieron obligados a pedir una excedencia sin sueldo, otros tuvieron que permanecer en el recinto de la fábrica sin las disposiciones adecuadas si querían mantener sus puestos de trabajo, y nueve trabajadores fueron despedidos, entre ellos varios dirigentes sindicales.

El acceso de los palestinos al trabajo en Israel y en los asentamientos ilegales se encuentra fuertemente controlado por un represivo sistema de permisos, controles de seguridad y puestos de control. Solo los palestinos con un permiso de trabajo válido pueden ser empleados “legalmente” por empresas israelíes. De los 133.000 trabajadores palestinos que se calcula que hay en Israel y en los asentamientos ilegales, unos 94.000 tienen permiso de trabajo. Prácticamente todos (99%) los titulares de permiso de trabajo son hombres, y la mayoría trabaja en el sector de la construcción. Los permisos se expiden por una duración máxima de seis meses, pero pueden ser anulados arbitrariamente en cualquier momento por los empleadores o por los servicios de seguridad de Israel. Para disciplinar a los trabajadores que se afilian a sindicatos, exigen derechos o participan en cualquier forma de actividad política, los empleadores suelen amenazar con la anulación de los permisos.

En la Universidad de Tel Aviv (Israel), la dirección se negó a negociar con el Research and Project Workers Employees' Committee, a pesar de estar reconocido como representante de los trabajadores. El comité tuvo que recurrir a los tribunales, que finalmente le dieron la razón en diciembre de 2021.

En agosto de 2021, los empleados de Pelephone y Bezeq International, dos empresas de telecomunicaciones israelíes, organizaron una huelga cerca del domicilio del accionista mayoritario. Fueron expulsados a la fuerza por la policía, y varios de ellos fueron detenidos.