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Derechos no garantizados
Sin cambios desde el año pasado
Violencia contra sindicalistas
Clima de terror e impunidad
Discriminación antisindical
Guatemala tiene un largo historial de violencia endémica contra los trabajadores y trabajadoras. Participar en actividades sindicales sigue siendo extremadamente peligroso y a menudo desemboca en amenazas de muerte o incluso asesinatos. La impunidad sigue imperando, dado que el Gobierno no ha sido capaz de proporcionar la protección puntual y adecuada a sindicalistas que recibieron amenazas de muerte ni tampoco se realizaron las debidas investigaciones para encontrar y procesar a los autores de crímenes antisindicales.
Por otro lado, los empleadores recurren a menudo a prácticas antisindicales, como despidos sumarios, para evitar la representación sindical y la negociación colectiva.
El 16 de junio de 2021, Edgar Alejandro Talento y Jaime Col Ical, miembros del sindicato de empresa de Fritolay Guatemala, fueron agredidos por unos desconocidos. Jaime salió ileso, pero Edgar resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado al hospital.
El 7 de mayo de 2021, Cinthia del Carmen Pineda Estrada, de 35 años, fue asesinada a tiros delante de su casa en el barrio de Chaparro Zacapa (Guatemala). Pineda Estrada era maestra de primaria y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). La Fiscalía no ha proporcionado ninguna información sobre los autores ni sobre las causas del crimen.
El 31 de marzo de 2022, Carlos Mancilla y los miembros de su familia recibieron varias llamadas telefónicas anónimas en las que se les advertía que estaban siendo vigilados y se mencionaba a cada miembro de la familia por su nombre. Los autores de las llamadas enviaron una foto de la casa de Mancilla y dijeron que habían seguido a su hija pero que se abstuvieron de matarla.
Mancilla es secretario general de la central sindical CUS-G, presidente de la Comisión Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical de Guatemala, y miembro titular del Consejo General de la CSI. Estos hechos se produjeron en un contexto de creciente inseguridad y ataques al movimiento sindical en Guatemala, además de una oleada de conflictos laborales no resueltos y una campaña de desprestigio y estigmatización de los representantes de los trabajadores y trabajadoras.
El 30 de agosto de 2021, miembros del Sindicato de Trabajadores General Portuario, SINTRAGENPORT, de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, recibieron amenazas de muerte por parte de unos desconocidos. Los miembros amenazados eran todos los integrantes del Consejo de Administración: Víctor Oliva, secretario general; Marcos Eliú Castellanos Nufio, secretario general adjunto; Edwin Martínez, secretario de Finanzas; Rafael Aquino, secretario de Relaciones Intersindicales; Arturo Arzú, secretario de Prevención Social; José Eduardo Saldaña, secretario de Deportes; y Melvin Larios, secretario del Consejo Consultivo. El sindicato había denunciado anomalías y casos de corrupción en las contrataciones.
En Guatemala, el clima dominante de represión, violencia física e intimidación hacia trabajadores y sindicalistas se vio agravado por la incapacidad del Gobierno a proporcionar una protección puntual y adecuada a los sindicalistas amenazados de muerte y a procesar los numerosos casos históricos de asesinatos y otros crímenes violentos. El sistema de justicia laboral ha seguido estando roto y únicamente unos pocos de los cientos de casos de asesinato se resolvieron, generalmente muchos años más tarde.
Resumen de las leyes que protegen los derechos en el trabajo
