Egipto

El 11 de mayo de 2021, la empresa Alexandria Spinning and Weaving Company se negó a permitir que Ashraf Nassef, presidente del comité sindical de los trabajadores, y Faraj Al-Najjar, tesorero del sindicato, accedieran a la empresa para hablar con sus miembros. Esto se produjo tras un incidente ocurrido el 4 de marzo de 2021, cuando la dirección trasladó a siete miembros del comité sindical de la empresa de sus puestos técnicos a la sección de seguridad administrativa debido a sus actividades sindicales. Los siete miembros del sindicato eran Faraj Saeed, vicepresidente del Comité Sindical; Mahmoud Ibrahim El-Gohari, tesorero del Comité Sindical; Mohamed Al-Masry, miembro del Consejo de Administración; Mohamed Mohamed Ibrahim, tesorero adjunto; Mohamed Youssef, miembro del Consejo de Administración; Magdy Marei, miembro del Consejo de Administración; y Tariq Bakr, miembro del Consejo de Administración.

El 1 de agosto de 2021, el presidente Al-Sisi aprobó una legislación que permite a las administraciones públicas despedir a cualquier funcionario sospechoso de pertenecer a grupos clasificados como “terroristas” en Egipto, así como a aquellos que “perjudiquen los servicios públicos o los intereses económicos del Estado”. El 23 de noviembre de 2021, Al-Sisi ratificó las enmiendas que codifican y consolidan un estado de emergencia permanente en Egipto, lo que permite que un mayor número de civiles sean remitidos a tribunales militares erosionando aún más las garantías de un juicio justo.

Abdel-Wahab Radwan, vicepresidente del Syndicate Committee of Public Transport Authority Employees de Egipto, fue detenido en mayo de 2021 debido a sus actividades sindicales. En 2022 permanecía en prisión preventiva a la espera de la vista de su caso. Fue acusado de “pertenencia a un grupo terrorista y uso indebido de las redes sociales”.

En Egipto, todos los sindicatos independientes se disolvieron en marzo de 2018. Desde entonces, muchos se han enfrentado a innumerables obstáculos administrativos, y en 2022 seguían tratando de obtener el registro oficial ante las autoridades. En los casos en los que ya existía un sindicato amarillo en el lugar de trabajo, las dificultades fueron mayores, puesto que los empleadores alegaron que, en virtud de la Ley de 2017, solo se puede crear un comité sindical, lo que impide la formación de un nuevo sindicato.

En septiembre de 2021, 2.000 trabajadores y trabajadoras de la empresa Universal Group Co., un fabricante egipcio de electrodomésticos, organizaron una protesta para exigir el pago de sus salarios de julio y agosto, así como de otras prestaciones suspendidas desde hacía bastante tiempo. Estos trabajadores representaban a cinco de las nueve fábricas del grupo. Los trabajadores denunciaron especialmente la violación por parte de la dirección del convenio firmado en octubre de 2019 con el Ministerio de Trabajo, en el marco del cual se comprometía a pagar los salarios. Por aquel entonces, el Ministerio había rescatado a la empresa y había pagado con el fondo de emergencia los sueldos de los 5.000 trabajadores y trabajadoras durante un período de seis meses, como aliciente para que la empresa no efectuara despidos, pero, posteriormente, el grupo obligó a los trabajadores a dimitir.

El 2 de agosto de 2021, el fabricante egipcio de maquinillas de afeitar Lord International Co. despidió a 38 de los 2.000 trabajadores y trabajadoras que participaron en una huelga que dio comienzo a finales de julio de 2021 y que paralizó la producción en dos de las tres fábricas de la empresa. En un comunicado, la empresa también señaló que había sometido a parte de los trabajadores en huelga a una investigación interna.

Los trabajadores en huelga reclamaban un porcentaje mínimo de participación en beneficios y que sus contratos, prorrogables anualmente, pasaran a ser indefinidos. También exigían a la dirección garantías de que los trabajadores que protestaban no serían objeto de medidas disciplinarias ni despedidos. Pero la empresa anunció que los trabajadores identificados como “instigadores de la huelga” serían despedidos o suspendidos, y que los que fueran suspendidos podrían enfrentarse también a medidas disciplinarias y ser sometidos a una nueva investigación.

El 28 de septiembre de 2021, las fuerzas de seguridad egipcias reprimieron una huelga pacífica en la empresa Universal for Electrical Appliances. Diez días antes, cerca de 2.000 trabajadores y trabajadoras habían iniciado una sentada en la sede de la empresa después de que un compañero que había estado haciendo horas extras debido a problemas económicos falleciera de un ataque al corazón. Los trabajadores habían estado dos meses sin cobrar su sueldo.

El 28 de septiembre, las fuerzas de seguridad rodearon la sentada, cerraron las verjas del recinto e impidieron a los trabajadores salir siquiera a comprar comida. Horas antes, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas en los domicilios de tres trabajadores: Saeed Abdel Qader, Said Mohamed Abdel Latif y Mahmoud Ahmed Haridy, que se estaba recuperando en su casa tras haber caído en un coma diabético. Los tres fueron detenidos. La hija de Haridy siguió a su padre hasta la comisaría de Warraq, donde preguntó por él, pero los agentes que habían estado en su domicilio menos de una hora antes negaron tener conocimiento del incidente. Un suboficial le aconsejó que fuera a la comisaría de Imbaba, donde le informaron de que su padre había sido trasladado a la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, una fuerza policial especial, famosa por vulnerar los derechos humanos, que participa en la vigilancia de las denominadas “amenazas a la seguridad nacional”, en particular los movimiento sindicales independientes.