Belarús

En la tarde del 24 de febrero de 2022, varios desconocidos vestidos de civil irrumpieron en la oficina del Sindicato Libre de Trabajadores del Metal (SPM) sin presentar ningún documento, y procedieron a registrar el local y a apoderarse de material de oficina y de los teléfonos móviles de los dirigentes y los empleados de la oficina. El vicepresidente del SPM, Aleksandr Evdokimchik, fue arrestado y llevado a paradero desconocido. A primera hora de la mañana, el Comité Ejecutivo del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), la central sindical nacional, afiliada a la CSI, no pudo ponerse en contacto con Igor Komlik, abogado del sindicato. Según se supo más tarde, también fue arrestado por las fuerzas del orden.

En la mañana del 21 de septiembre de 2021, las fuerzas del orden registraron el apartamento de Volha Brytsikava, líder local de la principal organización sindical del Belarusian Independent Trade Union (BITU) en JSC Naftan, le incautaron el ordenador y la detuvieron. Otros dos miembros del BITU, Andrey Berezovsky y Roman Shkodin, fueron arrestados y detenidos durante 7 y 15 días respectivamente.

En Grodno Azot, el vicepresidente del sindicato local del BITU, Valiantsin Tseranevich, y los miembros del BITU Andrei Paheryla, Vladimir Zhurauka, Grigory Ruban, Dmitry Ilyushenko y Aleksey Sidor fueron detenidos por la policía.

En Zhlobin, Aliaksandr Hashnikau, secretario-tesorero de la sección principal del BITU en la Planta Metalúrgica Bielorrusa BMZ, fue arrestado el 17 de septiembre de 2021 y arbitrariamente detenido. Según su esposa, desapareció a mediados de septiembre y fue localizado una semana después.

El presidente del BITU, Maksim Pazniakou, fue detenido el 17 de septiembre, pero más tarde puesto en libertad. Se le impuso una multa de 350 USD por una publicación en las redes sociales en 2020 en la que aparecía un grupo de música bielorruso que las autoridades calificaron posteriormente de extremista.

En Belarús, el 5 de marzo de 2021, agentes del Departamento de Interior de la ciudad de Minsk interrumpieron la conferencia fundacional de los sindicatos libres de estudiantes. Irrumpiendo en las instalaciones vestidos de paisano, con la cara enmascarada y sin ningún tipo de insignia, recurrieron a la violencia, apresando a varios participantes de la reunión, que posteriormente fueron condenados a 15 días de detención por “desafiar una instrucción legítima de un agente”. Para justificar esta violenta injerencia, las autoridades alegaron que el acto estaba siendo celebrado por una organización ilegal. Sin embargo, el Free Trade Union of Belarus, que había organizado la conferencia, es una organización oficialmente registrada y operativa.

El 18 de mayo de 2021, el Tribunal del Distrito y de la Ciudad de Bobruisk condenó al presidente del sindicato de JSC Belshina (fábrica de neumáticos), Sergei Gurlo. Gurlo fue declarado culpable de infringir el artículo 369 del Código Penal por “insultar en las redes sociales a un agente de la ley”, lo que supuestamente hizo en 2020. Sergei fue condenado a 18 meses de restricción de libertad en un claro intento de reprimir el derecho de expresión de un líder sindical. El caso se juzgó a puerta cerrada, y Sergei fue obligado a firmar un documento de no divulgación de los materiales del caso penal.

El 8 de junio de 2021, el presidente Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes participen o promuevan una “actividad extremista” se enfrentarán a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no estaba claramente definida en la nueva legislación, y despertó temores de que las nuevas disposiciones se utilicen para reprimir todo tipo de disidencia. Esta nueva ley se suma a las promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para organizar actos multitudinarios y prohíben a los periodistas informar en directo sobre dichos actos.

El 22 de julio de 2021, el Ministerio de Justicia bielorruso presentó una demanda ante el Tribunal Supremo para disolver la Belarusian Association of Journalists (BAJ). La BAJ ha sido acusada por el Gobierno de vulnerar la legislación sobre asociaciones nacionales de trabajadores. La solicitud de disolución de la BAJ fue aprobada por el Tribunal Supremo el 27 de agosto de 2021. La BAJ era la única organización independiente representante de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de Belarús, y una de las más destacadas defensoras de la libertad de expresión del país.

El 15 de junio de 2021, agentes del Departamento del Interior de la ciudad de Minsk realizaron un registro en el domicilio particular del vicepresidente del Free Trade Union of Belarus (SPB), Gennadiy Bykov. El 14 de julio de 2021, agentes del Departamento del Interior del distrito de Polotsk registraron el apartamento del presidente del SPB, Nikolai Sharakh. El 21 de julio de 2021, las autoridades registraron el domicilio del presidente del Comité de Auditoría del SPB, Victor Stukov.

El 8 de julio de 2021 se registraron los domicilios de cuatro destacados miembros del sindicato Belarusian Independent Trade Union de la empresa JSC Naftan, en Navapolatsk, y dos de ellos fueron detenidos. Los dirigentes cuyos domicilios fueron registrados son el abogado sindicalista Aliaksandr Kapshul; la vicepresidenta de la organización de base, Jury Hashau; el vicepresidente Dzianis Hurski; y el secretario-tesorero Dzmitry Koyra. Hursky y Koyra fueron detenidos durante 72 horas y posteriormente puestos en libertad. Las autoridades alegaron que los registros y las detenciones estaban relacionadas con una causa penal en relación con los daños causados a la pintura del coche de Siarhei Brykun, que se produjeron en octubre de 2020.

El 26 de junio de 2021, agentes del Comité de Seguridad del Estado registraron la Oficina Regional del Belorussian Radio Electronics Workers’ Union (REPU) en Brest. El 16 de julio de 2021, agentes de las fuerzas del orden se presentaron en la sede del REPU en Minsk, rompiendo la puerta y sellando la otra. Más tarde, los agentes del orden afirmaron que estaban investigando a otra organización y que el registro no tenía nada que ver con las actividades del REPU. Era la segunda vez en seis meses que se registraba la sede del REPU en Minsk: el 16 de febrero de 2021, los servicios de seguridad del Estado ya habían registrado los locales e incautado documentos, equipos de comunicación y otros equipos. Al mismo tiempo se registraron los domicilios de varios activistas del REPU. Los agentes de seguridad afirmaron que los registros formaban parte de una investigación sobre la financiación del sindicato.

El 8 de junio de 2021, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko promulgó una nueva legislación que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas. Quienes sean declarados partícipes o promotores de “actividades extremistas” se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. La definición de “actividad extremista” no está claramente definida en la nueva legislación, y se teme que las nuevas disposiciones sean utilizadas para reprimir cualquier disidencia. Esta nueva ley se suma a las leyes promulgadas el 24 de mayo de 2021, que obligan a obtener un permiso por parte de las autoridades para poder organizar actos multitudinarios.