Australia

En febrero de 2021, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés) presentó cargos penales por cártel contra el sindicato Construction Forestry Mining and Energy Union (CFMEU) en el Territorio de la Capital Australiana (ACT) y contra el secretario del CFMEU-ACT, Jason O’Mara.

El 17 de agosto de 2021, el fiscal federal desestimó los cargos.

Se trata de la tercera acusación penal reciente que la ACCC presenta contra el CFMEU, recurriendo a la Ley de Consumidores y Competencia para socavar el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva. En 2012 y 2013, la ACCC había alegado que el CFMEU-ACT había tratado de inducir a los instaladores de acero y a los montadores de andamios locales a fijar un precio mínimo para sufragar un aumento salarial. Esto, según la ACCC, equivale a un comportamiento de cártel. Para el CFMEU, la ACCC ha incurrido en una flagrante persecución del líder sindical Jason O'Mara, que pasó por tres años de juicio mediático y de ataques contra su persona.

El 26 de octubre de 2021, la empresa australiana de estiba, Patrick Terminals, solicitó a la Comisión de Trabajo Justo que cancelara su convenio de empresa vigente, establecido con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA).

De prosperar, los estibadores perderían los salarios y las condiciones que habían negociado durante años y, a menos que se negociara un nuevo convenio en un plazo de seis meses, volverían a las normas mínimas del sector. Más de 1.000 trabajadores portuarios estaban cubiertos por el convenio.

El MUA y Patrick habían comenzado a negociar un nuevo convenio hacía cerca de dos años. El sindicato aceptó renunciar a su demanda inicial de la aplicación de incrementos salariales del 6% a lo largo de cuatro años y aceptó los aumentos del 2,5% de la empresa, muy por debajo de la actual subida del índice de precios al consumo del 3,8%. Patrick reprochó al MUA sus demandas poco razonables, en particular la petición de que se le consultara respecto a una proporción de nuevas contrataciones. El MUA señaló que se habían alcanzado acuerdos similares con otros grandes operadores portuarios. Por su parte, los trabajadores se opusieron a que la empresa utilizara mano de obra ocasional por parte de la empresa, a su actual régimen de turnos y a sus planes de contratación.

A mediados de octubre de 2021, la dirección de la terminal de contenedores Fremantle Container Terminal en Australia Occidental, propiedad de QUBE Holdings, seguía negándose a reanudar las negociaciones con el sindicato Maritime Union of Australia (MUA) en relación a un prolongado conflicto, pese a que el primer ministro de Australia Occidental, Mark McGowan, varios ministros y la Comisión de Trabajo Justo le habían requerido hacerlo.

Más de 120 miembros del MUA se habían declarado en huelga el 30 de julio para conseguir un mejor convenio de empresa. El núcleo del conflicto residía en el sistema de turnos: los trabajadores de QUBE no tenían turnos fijos y no se les comunicaba su horario hasta las 4 p.m. del día anterior; el sindicato solicitó que, como mínimo, se asignaran los turnos a las 2 p.m. del día anterior, pero la dirección se negó sistemáticamente y rechazó las 42 reclamaciones del sindicato. Además, QUBE impuso un cierre patronal y, en un intento por mantener la terminal en funcionamiento, asignó a su propio personal de gestión y supervisión los trabajos de estiba, pese a los graves problemas de seguridad que eso conlleva.

A finales de octubre, tras 11 semanas de conflicto, el MUA se vio obligado a suspender la huelga ante la amenaza del Gobierno federal de Coalición Liberal-Nacional de solicitar a la Comisión de Trabajo Justo que pusiera fin a toda huelga en QUBE e impusiera el arbitraje obligatorio.