Derecho a realizar actividades sindicales

En Egipto, todos los sindicatos independientes fueron disueltos en marzo de 2018. Desde entonces, se han enfrentado a innumerables obstáculos administrativos, y muchos de ellos siguen tratando de obtener el registro oficial ante las autoridades.

El 13 de diciembre de 2020, el presidente del sindicato de trabajadores de la Dirección de Impuestos sobre Bienes Inmuebles de Gharbia –cuyo estatus legal está pendiente desde abril de 2018– presentó un expediente solicitando la licencia de establecimiento. Los documentos fueron recibidos de manera informal por la Dirección de Recursos Humanos, sin entregar acuse de recibo oficial. El 31 de diciembre de 2020, los miembros del comité sindical se quedaron atónitos al recibir una carta de la Dirección donde se les prohibía crear otro comité sindical en la misma empresa y se alegaba que ya existía uno con el mismo nombre. Además, la Dirección informó al sindicato independiente de que la afiliación de los trabajadores sería automáticamente transferida al comité ya existente.

Desde 2020, todos los sindicatos independientes de Iraq están incapacitados para operar. El 12 de octubre de 2020, el Ministerio de Trabajo iraquí publicó la carta núm. 11367 en la que se imponía el monopolio sindical en Iraq y se ordenaba a los órganos administrativos del Gobierno no tratar con ningún otro sindicato que no fuera la General Federation of Iraqi Workers, única organización oficialmente reconocida.

En 2020 y 2021, el sindicato de docentes Jordanian Teachers’ Association (JTA) ha sido objeto de múltiples ataques por parte de las autoridades, en particular la disolución arbitraria de la organización el 31 de diciembre de 2020 y el procesamiento de los miembros de su junta directiva.

Los sindicatos independientes han tenido problemas para registrarse en Behera (Sindicato de trabajadores de la Dirección de Impuestos sobre Bienes Inmuebles de Behera), en El Cairo (Comité sindical de trabajadores de la compañía egipcia de comunicaciones), en Damietta (Comité sindical de pescadores) y en Qalioubia (Comité sindical de conductores).

En Afganistán, las autoridades han atacado implacablemente desde 2018 al National Union of Afghanistan Workers and Employees (NUAWE), impidiéndole efectivamente llevar a cabo sus actividades. En septiembre de 2020, el Ministerio de Justicia volvió a prohibir oficialmente la celebración del congreso del sindicato, que estaba prevista para el 5 de septiembre de 2020. El intento anterior por parte de la organización de celebrar su congreso en febrero también se topó con la prohibición del Gobierno.

Además, el Gobierno no cumplió su promesa de desbloquear la cuenta bancaria de la organización y se negó a devolverle los bienes confiscados “hasta que se haya celebrado el congreso”.

El 19 de enero de 2021, el NUAWE consiguió finalmente celebrar su congreso, tras lo cual envió la lista de los nuevos dirigentes electos al Gobierno para su registro, pero este respondió con una negativa rotunda. A día de hoy, el Gobierno sigue negándose a renovar el registro del NUAWE, a devolverle sus oficinas y bienes y a desbloquear sus cuentas bancarias.

El sindicato de funcionarios Union for New Civil Servants de Hong Kong, establecido durante las protestas en favor de la democracia de 2019, fue disuelto en enero de 2021. La decisión se produjo un día después de que el Gobierno fijara un plazo de cuatro semanas para que sus trabajadores declararan su lealtad a la ciudad y se comprometieran a respetar la Ley Básica. El presidente del sindicato, Michael Ngan, anunció que el grupo había decidido disolverse ante el inminente compromiso de lealtad, que suscitaba serias dudas sobre la seguridad de sus miembros y podía provocar la expulsión de algunos de ellos de la función pública.

En 2021, muchos sindicatos de Haití no pudieron operar mientras no se emitiera el tan esperado certificado de registro, entre ellos los dos sindicatos de trabajadores de CODEVI (SYNTRAC y USOCO); el Syndicat des Travailleurs-euses du Ministère de la Santé Publique et de la Population (STMSPP) y el Syndicat des Employés de l'Institut Haïtien de Statistiques et d'Informatique (SEIHSI); el Syndicat des Ouvriers MAS-AKANSYÈL (SO-MA-AKAN); el Syndicat National des Employés de la DGI (SYNATE-DGI); el Syndicat des Employés du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (SEMARNDR); y el Syndicat du Personnel de la Primature (SYPP).

En octubre de 2020, un grupo de personas irrumpió violentamente en la sede de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), que agrupa a los trabajadores estatales y municipales de la ciudad de San Salvador. Los intrusos se autoproclamaron “nueva” Junta Directiva y expulsaron a los miembros de la ejecutiva legítima.

En 2021, el gobierno de El Salvador intensificó las presiones contra los sindicatos, llegando incluso a adoptar la decisión en marzo de 2021 de revocar las credenciales de todos los sindicatos democráticos y bloquear de manera efectiva su participación en las consultas tripartitas. Esta cancelación arbitraria priva a los sindicatos de sus derechos y les impide funcionar con normalidad en el país.

En Haití, el registro siempre ha sido un proceso arduo para los sindicatos. La Dirección General del Trabajo exige de forma ilícita y arbitraria la modificación de los estatutos de los sindicatos antes de registrarlos. Además, la Dirección General del Trabajo informa al empleador, antes del registro, de la presentación de una solicitud, y le pide que indique si los trabajadores inscritos forman parte de la empresa. Esto brinda a los empleadores la oportunidad y tiempo suficiente para despedir a los trabajadores antes de que se establezca el sindicato. Esta política antisindical ha impedido que muchos sindicatos independientes puedan obtener su registro.

En Canadá, la provincia de Alberta presentó el Proyecto de ley 32, un proyecto de ley general que dificulta el establecimiento de sindicatos: el proyecto elimina los plazos para las votaciones de certificación y suprime la posibilidad de que la Junta de Relaciones Laborales certifique automáticamente a un sindicato en caso de prácticas laborales injustas por parte del empleador. Además, el proyecto de ley exige que los sindicatos reciban el consentimiento individual de cada uno de los miembros para poder cobrar cuotas que no estén relacionadas con las actividades básicas de representación. El proyecto de ley recibió la aprobación real el 29 de julio de 2020.

El Gobierno de la provincia de Manitoba presentó el Proyecto de ley 16 que, entre otros cambios regresivos, otorgaría a las autoridades más poder para negarse a certificar a los sindicatos, controlar el uso de sus fondos y disolverlos.

El 5 de octubre de 2020, el certificado del sindicato de trabajadores portuarios Dockworkers’ Union of Liberia (DOWUL) en la Autoridad Portuaria Nacional de Liberia fue suspendido por el Ministerio de Trabajo a la espera del resultado de una investigación sobre una supuesta denuncia de instigación a la violencia en APM Terminals del Free Port de Monrovia. Según el ministro de Trabajo, el Ministerio recibió llamadas de la dirección de APM Terminals informando de una huelga de brazos caídos por parte de los dirigentes sindicales y solicitando la intervención del Ministerio. Las reuniones entre los dirigentes de DOWUL, la dirección de APM Terminals y el Ministerio de Trabajo fueron infructuosas. Días después, DOWUL organizó una huelga en el Free Port. El Ministerio de Trabajo tomó represalias suspendiendo la certificación del sindicato.

En enero de 2021, las autoridades de Minsk se negaron a registrar los sindicatos de estudiantes y docentes afiliados al BITU en la Universidad Estatal Bielorrusa, sin dar ninguna explicación al respecto.

En 2020, la Federación de Sindicatos del Kirguistán (FTUKg) ha estado luchando contra los intentos del Gobierno de hacerse con el control de sus cargos electos.

El 5 de febrero de 2020, el Consejo de la FTUKg consiguió finalmente destituir al presidente de la FTUKg, Mirbek Asanakunov, que había sido elegido en 2017 con un importante apoyo y ayuda del Gobierno. El Consejo nombró a Ryskul Babayeva como nuevo presidente. En represalia, el Gobierno llevó a cabo una serie de redadas en los domicilios de los dirigentes de la FTUKg, iniciando investigaciones penales por cargos espurios. El trabajo de la FTUKg quedó efectivamente paralizado y se le bloquearon las cuentas bancarias. Su congreso, que debía celebrarse en diciembre de 2020, se canceló debido a una orden del viceprimer ministro de suspender las inminentes elecciones. Finalmente, el mandato de los miembros electos de la FTUKg expiró. El 10 de diciembre de 2020, un grupo de personas encabezado por un diputado tomó el control del edificio de la Federación.

El 24 de noviembre de 2020, las autoridades de Moskovsky (distrito de Minsk) decidió denegar el registro a los sindicatos de BITU recién creados en dos empresas de informática, EPAM Systems y JSC Peleng, so pretexto de la inexistencia de intereses profesionales comunes entre los empleados de estas empresas y las actividades del BITU.

Durante años en Belarús, el Belarusian Independent Trade Union (BITU) y sus organizaciones a nivel de empresa han visto denegado su registro en base a motivos dudosos. El 13 de octubre de 2021, las autoridades de Polotsk se negaron ilícitamente a reconocer el sindicato recién creado en la empresa fabricante de fibra de vidrio Polotsk-Steklovolokno. En virtud de la legislación bielorrusa, esta negativa implica la disolución automática del sindicato.

En diciembre de 2020, las autoridades municipales de Shymkent presentaron una demanda solicitando la suspensión de las actividades del Industrial Trade Union of Fuel and Economic Complex Workers. Esta demanda fue promovida por tres empresas, Oil Construction Company LLP, West Oil LLP y Bozashy Trans Kurylys LLP, que alegaban que los documentos fundacionales y la estructura del sindicato no reflejaban los cambios exigidos por la nueva legislación. Tras un juicio rápido, que comenzó el 20 de enero de 2021, el tribunal decidió suspender el registro del sindicato. Se ha presentado un recurso contra esta decisión.

Desde que se anuló su registró el 28 de marzo de 2017, el Gobierno ha impedido que la Confederación de Sindicatos Independientes de la República de Kazajstán (CNTUK) pudiera registrarse bajo otro nombre, por lo que no ha podido funcionar como organización sindical. En 2021, la cuestión de la transferencia de los fondos retenidos de la CNTUK a otro sindicato seguía sin haberse resuelto.

En abril de 2020, el sindicato de trabajadores del Ministerio de Economía de Armenia fue unilateralmente disuelto por el Gobierno, el cual alegó que, tras la reestructuración del Ministerio a finales de 2019, el número de afiliados había disminuido y que, por lo tanto, el sindicato no podía mantenerse. Al mismo tiempo, el Ministerio dejó de aplicar el sistema negociado de retención en nómina de las cotizaciones sindicales.

El Union of State, Local Governments and Public Service Employees of Armenia (USLGPSEA) envió una solicitud de aclaración por escrito, a la que el ministro respondió diciendo que “las encuestas preliminares habían revelado que los trabajadores no estaban satisfechos con la eficacia del sindicato”. A finales de mes, representantes de la dirección del Ministerio visitaron el domicilio del dirigente del sindicato y le obligaron a firmar una carta dirigida al ministro en la que se le notificaba del cese de las actividades del sindicato en el Ministerio.