Derecho de huelga

El 6 de julio de 2020, en Zimbabwe, el sindicato de enfermería Zimbabwean Nurses’ Association (ZINA) organizó varias huelgas en Harare y Bulawayo reclamando una revisión salarial y las prestaciones que se les adeudaba en relación con la COVID-19, así como el suministro adecuado de equipos de protección personal. Antes de las protestas, el Gobierno había invalidado el Panel de Negociación Bipartita del sector, declarando unilateralmente que durante los tres meses siguientes no participaría en ninguna forma de negociación colectiva. De manera que, en lugar de entablar un diálogo, el Gobierno ordenó la detención de 13 enfermeros y enfermeras. Aunque poco después serían puestos/as en libertad bajo fianza, fueron despedidos/as. Las huelgas prosiguieron durante 33 días sin que se retomasen las negociaciones.

En septiembre de 2020, la empresa taiwanesa FTM Garments llevó al Amalgamated Trade Unions of Swaziland (ATUSWA) a los tribunales en relación con las supuestas pérdidas de cuatro días de producción y por daños a la propiedad a consecuencia de un piquete. Esta actuación judicial, que pretende arruinar al sindicato, se produjo justo una semana después de que este demandase a la empresa por su negativa a reconocerlo, a pesar de la resolución dictada en enero de 2020 por la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje. ATUSWA lleva mucho tiempo luchando por un salario digno para las trabajadoras y los trabajadores del sector textil de Eswatini, que cobran de momento 1.800 SZL al mes (108 USD). El sindicato está haciendo campaña por un salario mínimo vital de 3.500 SZL (210 USD).

El 1 de octubre de 2020, la policía cargó contra los trabajadores en huelga de la empresa estibadora y naviera Satram, de la base naval de Port-Gentil, en Gabón. La huelga, que había comenzado el 25 de septiembre en protesta por los 24 meses de atrasos salariales, terminó con ataques violentos por parte de las fuerzas de seguridad contra los trabajadores, y con la detención de siete empleados.

El 29 de julio de 2020, miembros de la asociación de docentes JordanianTeachers’ Association (JTA), que había sido disuelta de forma arbitraria a finales de año, organizaron una concentración pacífica para protestar contra los incesantes ataques del Gobierno. Quinientos docentes fueron detenidos y posteriormente liberados. No obstante, el fiscal general presentó cargos contra la JTA y contra los miembros de su junta directiva. Todos ellos permanecieron 30 días en prisión preventiva.

El 31 de diciembre de 2020, el Tribunal de Primera Instancia declaró a los miembros de la junta directiva de la JTA culpables de los siguientes cargos: “delito leve de incitación al odio o a los disturbios en instituciones educativas mediante el uso de cualquier medio disponible”, “delito menor de incitación a la reunión ilegal” y “delito menor de influir en la libertad de elecciones”. Todos fueron condenados a la pena máxima de un año de cárcel.

En enero de 2021, las fuerzas de seguridad jordanas disolvieron una gran protesta de docentes en los alrededores del Parlamento. Los docentes se dividieron entonces en varias concentraciones separadas y empezaron a corear consignas sindicales, pero enseguida fueron rodeados por la policía, que les ordenó dispersarse. La policía también mantuvo detenidos durante varias horas a más de 230 docentes.

En Irán, siete trabajadores fueron procesados y condenados por su participación en una protesta pacífica organizada para exigir empleo y mejores condiciones de vida en la mina de oro de Agh-Darreh, en Takab, al noroeste del país. En Irán las huelgas suelen ser brutalmente reprimidas y conllevan el procesamiento de los trabajadores. El tribunal de Takab ordenó el pago de 5 millones de tomanes o el cumplimiento de una pena de 21 meses de cárcel. Al no poder pagar semejante multa, Daryoush Nikzad, uno de los trabajadores, fue detenido el 10 de junio de 2020 para cumplir la pena de cárcel. Todos los condenados de la empobrecida región de Takab tenían dificultades económicas, así que los lugareños intentaron reunir fondos para pagar las multas y evitar que los demás trabajadores procesados tuvieran que ir a la cárcel.

El 30 de septiembre de 2020, 26 trabajadores de National Steel Industries de Egipto fueron tuvieron que comparecer ante el Tribunal de Seguridad del Estado. La empresa acusó a los trabajadores de interrumpir la producción y de vulnerar la libertad de trabajo durante una huelga organizada en mayo de 2019 para protestar por el impago de salarios pendientes. El grupo Orascom, propietario de National Steel Industries, presentó una denuncia contra ellos amparándose en la Ley núm. 34 de 2011, que contempla penas de cárcel y multas de hasta 50.000 EGP (3.184 USD) por participar en huelgas.

A principios de junio de 2020, trabajadoras y trabajadores municipales que organizaron protestas y movilizaciones en la ciudad de Mendoza, Argentina, reclamando mejores condiciones salariales y laborales fueron duramente reprimidos por la policía provincial, registrándose más de 50 detenciones. Conforme continuaron las movilizaciones se intensificó la represión policial, y el 5 de junio, un centenar de policías desplegaron un descomunal operativo para dispersar a trabajadores municipales que acampaban en el centro de la capital. Durante esta intervención resultaron heridos varios trabajadores y fue detenido Sebastián Henríquez, secretario provincial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

En Saskatchewan, Canadá, el prolongado conflicto en relación con la renovación del convenio colectivo en Co-op Refinery Complex se agravó y, en diciembre de 2019, el empleador entregó a Unifor Local 594 un preaviso de cierre patronal al tiempo que el sindicato entregaba un preaviso de huelga y empezaba a organizar concentraciones y piquetes. Poco después, la empresa solicitó una orden judicial para imponer restricciones a la capacidad de Unifor para formar piquetes y, durante el mes siguiente, Co-op Refinery Complex acusó a los miembros del sindicato de vulnerar esta orden. Durante los meses siguientes, varios miembros del sindicato fueron arrestados por formar piquetes: el 21 de enero de 2020, el presidente de Unifor, Jerry Dias, fue detenido junto a otros 13 miembros del sindicato, mientras que, el 5 de febrero de 2020, cuatro miembros del sindicato que estaban formando piquetes a las puertas de las instalaciones de la empresa fueron arrestados y acusados de vandalismo. El 5 de mayo de 2020, otros cuatro miembros del sindicato fueron acusados de organizar piquetes. Unifor también fue severamente sancionado con una primera multa de 100.000 CAD (80.142 USD) en enero de 2020 y con otra multa de 250.000 CAD (200.356 USD) en febrero de 2020. Mientras tanto, la empresa contrató a trabajadores de reemplazo.

Los miembros del sindicato fueron juzgados a finales de año. El presidente de Unifor Local 594, Kevin Bittman, fue declarado no culpable, mientras que el vicepresidente Lance Holowachuk fue declarado culpable y obligado a realizar 40 horas de servicio comunitario.

En julio de 2020 se firmó finalmente un convenio colectivo. Sin embargo, cuando los miembros del sindicato retomaron su trabajo, la dirección de Co-op Refinery Complex empezó a interrogarles sobre su papel durante el cierre patronal. Unifor presentó inmediatamente ante las autoridades una solicitud para que prohibieran al empresario hacer ese tipo de preguntas y tomar represalias contra los trabajadores en huelga.

El 30 de noviembre de 2020, la policía dispersó una concentración de protesta organizada por trabajadores de Cebú en la Zona Económica de Mactan para conmemorar el Día de Bonifacio y denunciar la inclusión, por parte del Gobierno, de las actividades sindicales en la lista roja. Cinco trabajadores fueron detenidos cuando la policía disolvió la concentración: Dennis Derige, Myra Opada, Joksan Branzuela, Jonel Labrador y Cristito Pangan, todos ellos afiliados al Sentro ng Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (Sentro) y al Partido Manggagawa (PM). Se les detuvo por desobediencia y por presunta violación de las normas de cuarentena. Los cinco sindicalistas quedaron en libertad tras pagar una multa de 1.000 PHP (20 USD).

El 5 de octubre de 2020, el gobierno indonesio adoptó, sin efectuar consultas previas con los sindicatos nacionales, una Ley General que introduce cambios considerables respecto a los derechos de los trabajadores y la normativa medioambiental.

Poco después, las manifestaciones organizadas por los sindicatos se extendieron por todo el país. La respuesta a las huelgas fue violencia y detenciones arbitrarias: la policía detuvo a 183 personas en Sumatra meridional y retuvo a más de 200 manifestantes en Yakarta. Treinta y dos miembros de la Federation of Indonesian Metal Workers' Union (FSPMI) resultaron heridos por cañones de agua y gases lacrimógenos en Bekasi, y otros diez fueron detenidos en Bekasi y Yakarta, acusados de hacer huelga fuera del horario permitido.

El 23 de noviembre de 2020, el tribunal penal de Lieja condenó al presidente de la FGTB, Thierry Bodson, y a otros 16 sindicalistas a penas de cárcel con suspensión y a multas de entre 600 EUR y 4.800 EUR (723 USD y 5.782 USD) por “obstrucción maliciosa del tráfico en el contexto de un movimiento de huelga”. Los 17 activistas fueron juzgados por participar en una huelga general convocada en 2015 en protesta por las medidas de austeridad. También se les acusó de haber bloqueado supuestamente la autopista E40 en Cheratte durante la huelga del 19 de octubre de 2015.

La condena provocó protestas entre los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil de Bélgica, y muchos la calificaron de obstáculo a los derechos democráticos, subrayando la necesidad de revisar urgentemente el artículo 406 del Código Penal, que permite el procesamiento y la condena por este dudoso motivo. Es la segunda vez en dos años que los miembros de la FGTB son condenados sobre la base de este artículo.

El 24 de noviembre de 2020, la policía turca cargó contra miembros del sindicato Birlesik Metal-Is, que había organizado una marcha de Gebze a Ankara para protestar por el despido improcedente de trabajadores en varias empresas y el uso de la COVID-19 como excusa para seleccionar a los miembros sindicales con el fin de asignarles una licencia sin goce de sueldo. Una presencia policial masiva impidió el inicio de la marcha y 109 miembros de Birlesik Metal-Is fueron detenidos por la policía. Las imágenes de video de las detenciones muestran una gran brutalidad policial durante la intervención.

Decenas de miles de personas han participado en huelgas y manifestaciones en Belarús desde que Alexander Lukashenko proclamó en agosto de 2020 su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas. Se registraron miles de detenciones y más de 150 personas permanecieron entre rejas. Además, en todo el país ha seguido habiendo consecuencias jurídicas de carácter punitivo para los trabajadores en huelga. En Zhlobin, un tribunal local condenó a los trabajadores Igor Povarov, Alexander Bobrov y Yevgeny Govor de la planta metalúrgica bielorrusa BMZ a tres y dos años y medio de cárcel, respectivamente, por intentar organizar una huelga en dicha planta el 17 de agosto de 2020.

Catorce delegados sindicales del National Union of Metalworkers of South Africa (Numsa) fueron despedidos en enero de 2021 por Volkswagen South Africa (VWSA) por “incitar” a los trabajadores a dejar de trabajar el 17 de julio de 2020, después de que el boletín de VWSA revelara que 120 trabajadores habían dado positivo en coronavirus y otros 60 estaban en cuarentena a la espera de los resultados de las pruebas de COVID-19. A pesar de la movilización de la South African Federation of Trade Unions (SAFTU), VWSA, con sede en Uitenhage (Provincia Oriental del Cabo), se negó a readmitir a los delegados sindicales. Se presentó una denuncia ante la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje.

Bull Clothing, una fábrica textil de Lesotho, despidió a 253 trabajadores, acusándolos de participar en una huelga. Más tarde los volvió a emplear con nuevos contratos, con salarios más bajos, sujetos a un período de prueba de tres meses. Los trabajadores fueron despedidos en agosto de 2020 tras reunirse para preguntar a la empresa por qué la dirección había retrasado el pago de 800 LSL (46 USD) efectuado por el Gobierno. La empresa les acusó de llevar a cabo una huelga salvaje y despidió de forma sumaria a los 253 trabajadores.

El 6 de agosto de 2020, los trabajadores y las trabajadoras de Ceramica Granito, en Egipto, iniciaron una sentada para protestar por la falta de consideración por parte de la dirección a las reivindicaciones sindicales, que incluían salarios más altos y una mayor asignación para comidas. El 11 de agosto, el director general de la empresa se reunió con los líderes sindicales y aceptó sus demandas, prometiendo implementarlas a principios de enero de 2021. Inmediatamente después de la reunión y de que el sindicato anunciara la suspensión de la sentada, la empresa despidió a varios dirigentes sindicales clave y a los trabajadores que habían protestado.

Amanor, filial marroquí de la multinacional francesa Veolia, acumula un largo historial de política antisindical y de incumplimiento de la legislación laboral. A principios de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 se estaba propagando, Amanor se negó a registrar a sus 500 empleados en la Oficina Nacional de la Seguridad Social, privándoles así de las ayudas económicas del Gobierno. El sindicato Union Marocaine du Travail (UMT) intentó intervenir en favor de los trabajadores, pero el empleador se negó obstinadamente a entablar diálogo. En diciembre de 2019 se empezaron a convocar huelgas. A modo de represalia, el secretario general del sindicato de empresa fue despedido sin motivo a principios de 2020, lo que desencadenó una huelga indefinida en todas las unidades. Veolia ha recurrido a los despidos masivos para reprimir las huelgas y se ha negado a reincorporar a los trabajadores despedidos.

El 1 de junio de 2020, Falabella, multinacional chilena de tiendas por departamentos y venta minorista, despidió injustamente a 22 trabajadores de almacenes en Perú por pedir mejores protecciones frente a la COVID-19. Tras un breve cierre, la empresa volvió a abrir su centro de distribución peruano a principios de mayo, a pesar de la preocupación de los trabajadores y del Sindicato Unitario de Trabajadores de Safa Falabella (SUTRASAF) por las insuficientes protecciones en materia de salud y seguridad. Por ejemplo, la empresa sólo proporcionaba a los trabajadores una mascarilla por semana. Estas condiciones inseguras llevaron a esos 22 trabajadores de Falabella a ejercer su derecho legal de abstenerse de trabajar hasta que la empresa adoptara las medidas adecuadas. Pero cuando regresaron al trabajo, se les entregaron cartas de pre-despido y fueron suspendidos y más tarde despedidos sin compensación alguna. Entre tanto, se registraron al menos 30 casos de COVID-19 entre las 300 personas empleadas en las instalaciones.

En Costa Rica, los empleadores recurren a menudo a los tribunales para frustrar los intentos de los trabajadores/as a organizar acciones de huelga, aduciendo que prestan servicios esenciales y quedan por tanto sujetos a restricciones respecto a las huelgas. El 18 de octubre de 2020, el tribunal laboral del primer circuito judicial de San José aceptó la denuncia de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), decretando que el servicio de lavandería central del hospital debe considerarse como un servicio esencial. El paro laboral convocado el 23 de septiembre de 2020 en protesta por el acoso laboral por parte de la dirección fue, por tanto, declarado ilegal y el juez dictaminó que la Administración podría aplicar sanciones disciplinarias y condenó al Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) a pagar las costas del proceso.

Las trabajadoras y trabajadores de la confección de Haití han estado luchando por sobrevivir en medio de la pandemia de COVID-19, que ha agravado aún más la crisis económica y social del país. Casi un tercio de los contratos de 57.000 trabajadores/as del sector de la confección fueron suspendidos o rescindidos sin haber recibido compensación alguna del Gobierno pese a las promesas anunciadas. El resto está trabajando con horario reducido en fábricas inseguras que carecen hasta de las precauciones más básicas para prevenir la propagación del coronavirus.

En agosto de 2020, dirigentes del sindicato de la confección GOSTTRA intentaron defender los intereses de sus miembros. En Premium Apparel, 43 líderes y miembros del sindicato fueron despedidos tras protestar por la decisión de la empresa de enviarlos a casa.

El 28 de julio de 2020, la Universidad de Hong Kong despidió al profesor de Derecho Benny Tai en relación con una supuesta condena penal por su papel en las protestas de 2014 en defensa de la democracia. Tai fue uno de los fundadores de las “protestas de los paraguas” organizadas para reclamar más democracia en Hong Kong. En 2019, un tribunal le condenó a 16 meses de prisión por “alteración del orden público”. En agosto de 2019 se le concedió la libertad bajo fianza en espera de una apelación. La decisión del rectorado de la universidad de despedir a Tai contradecía el veredicto del claustro, que afirmaba carecer de motivos suficientes para despedirlo. La decisión “marca el fin de la libertad académica en Hong Kong”, señaló Tai en una publicación en Facebook.

El 9 de noviembre de 2020, los empleados de Georgian House, fabricante y minorista de productos cárnicos de Georgia, se declararon en huelga para exigir la reincorporación de 17 empleados que habían sido despedidos de forma improcedente, y para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, los trabajadores y su sindicato solicitaron al ministro de Trabajo que nombrara un mediador y se entablaran negociaciones. El proceso de mediación fue un fracaso, ya que la dirección de Georgian House despidió a otros cuatro empleados implicados en el conflicto colectivo y sancionó a varios más aplicándoles recortes salariales del 49%. Las concentraciones de los trabajadores continuaron en protesta por esta nueva oleada de sanciones. La empresa despidió a un total de 13 trabajadores/as que habían participado en la huelga.