Derecho a la justicia

En Irán, el profesor y líder sindical de Teherán, Esmail Abdi fue liberado de la prisión de Evin el 17 de marzo de 2020. Encarcelado desde el 20 de enero de 2018, Abdi había sido detenido inicialmente en relación con sus actividades sindicales en defensa de los derechos de los docentes. A pesar de su liberación en marzo, Abdi tuvo que presentarse de nuevo en la cárcel el 21 de abril, donde permaneció detenido sin acusación oficial y sin poder ponerse en contacto con su abogado. Esta nueva detención se produjo en el marco de una nueva oleada de represión estatal contra destacados activistas sindicales en Irán, justo antes del Primero de Mayo.

El 27 de julio de 2020, el partido gobernante de Zimbabwe, ZANU-PF, convocó una rueda de prensa en la que el portavoz, Patrick Chinamasa, atacó y calificó a la central sindical Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) de “caballo de Troya del MDC-Alliance y de organización terrorista junto con Crisis in Zimbabwe Coalition”, una organización de la sociedad civil.

Ese mismo día, la Policía de la República de Zimbabwe emitió una orden de búsqueda y captura contra el presidente del ZCTU, Peter Mutasa, así como contra Obert Masaraure y Robson Chere, líderes del sindicato de docentes Amalgated Rural Teachers Union (ARTUZ), en relación con la huelga del 31 de julio de 2019. Un día después, la policía inició también una intensa búsqueda del miembro del ZCTU Godfrey Tsenengamu, Peter Mutasa y otros 11 políticos y sindicalistas, solicitando a los ciudadanos que facilitaran información sobre la localización de los activistas. No se ha emitido ninguna declaración sobre los motivos de esta persecución.

Moudi Moussa, periodista y sindicalista, y Halidou Mounkaila, dirigente del sindicato de docentes Syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l’éducation de base (SYNACEB), participaron el 15 de marzo de 2020 en una manifestación en Niamey (Níger) para exigir una investigación sobre las acusaciones de malversación de fondos por parte del Ministerio de Defensa. La manifestación fue duramente reprimida por las fuerzas de seguridad. Una docena de personas, entre ellas Moussa y Mounkaila, fueron detenidas y acusadas de “organizar una manifestación no autorizada, complicidad en daños a la propiedad pública, incendio intencional y homicidio con circunstancias atenuantes”. Los manifestantes detenidos fueron puestos en libertad el 30 de abril, pero Moudi Moussa y Halidou Mounkaila permanecieron encarcelados durante cinco meses más y no serían liberados hasta el 29 de septiembre de 2020 tras una prolongada movilización internacional.

En 2019, Moisés Sánchez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) en los campos de melón de la empresa Fyffes en Choluteca, Honduras, fue injustamente acusado de ‘usurpación de tierras’ y procesado por cargos penales derivados de la construcción de una vía de acceso por la comunidad rural de La Permuta en noviembre de 2018. Se enfrentaba a una pena de hasta 30 años de prisión. El juicio programado para el 22 de enero de 2020 no se llevó a cabo debido a la presión nacional e internacional. Ese intento de encarcelarlo por cargos falsos parece formar parte de la campaña de larga data para diezmar al STAS.

Sánchez, quien sobrevivió a un ataque con machete de agresores en 2017, año en que también fue despedido por Fyffes, ha vuelto a ser objeto de vigilancia y amenazas desde octubre de 2019. La empresa frutera Fyffes emplea a más de 6.500 personas en el cultivo del melón en Honduras, mayoritariamente con empleos de temporada. La compañía se ha mostrado siempre hostil hacia el sindicato STAS.

El 3 de julio de 2020, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, firmó la Ley Antiterrorista, una ley que socava gravemente las libertades civiles y pone en peligro los derechos laborales al someter a los trabajadores, activistas sindicales y otros actores y defensores de los derechos humanos a la presión de la policía, el ejército y otras fuerzas de seguridad y exponerlos a más detenciones arbitrarias, ataques indiscriminados e infundados, acoso, intimidación y ejecuciones extrajudiciales.

En virtud de la ley, un “Consejo Antiterrorista” nombrado por el presidente puede ordenar la detención de cualquier persona designada como “terrorista” sin orden judicial ni garantías procesales y mantenerla retenida hasta 24 días. La ley se aplica también a la supuesta “incitación” “mediante discursos, proclamas, escritos, emblemas, pancartas u otras representaciones que tiendan al mismo fin”, abriendo el camino a una supresión aún mayor de todas las formas de disidencia y activismo cívico y social. La condena en virtud de esta ley conlleva una pena de hasta 12 años de cárcel.

El 30 de junio de 2020, el máximo órgano legislativo de China aprobó por unanimidad una nueva Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, que criminaliza prácticamente cualquier acto que se considere una amenaza para la “seguridad nacional” incluyendo penas máximas de cadena perpetua. Un año después, se calcula que 97 defensores de los derechos humanos de Hong Kong han sido detenidos en virtud de la nueva ley, y ocho de ellos han sido procesados. Se enfrentan a cargos espurios, como blanqueo de dinero, fraude y publicación de expresiones sediciosas.

Además, otras 10.200 personas (40% estudiantes) han sido detenidas en relación con las protestas contra la ley de extradición de 2019. En total, casi 2.450 han sido procesadas y se han completado los procesos judiciales en más de 940 de estos casos.

En la mañana del 6 de noviembre de 2020, la policía registró los domicilios de varios miembros del sindicato de docentes Eğitim-Sen, en la provincia mayoritariamente kurda de Diyarbakır, deteniendo a 26 docentes. Las redadas se realizaron en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía General de Diyarbakır por motivos no revelados. La policía también registró los armarios de los profesores en las aulas, al tiempo que los docentes eran trasladados a la Dirección de Seguridad de Diyarbakır.

El 27 de octubre de 2020, Alexander Zhuk, representante sindical del BITU en OJSC Grodno Azot, fue secuestrado cuando se dirigía al trabajo. Al mediodía se supo que había sido trasladado a la Fiscalía, donde fue interrogado por la policía y los servicios secretos. Esa noche Zhuk fue oficialmente detenido y trasladado al centro de detención preventiva del distrito de Oktyabrsky, donde cumplió una condena de 30 días por unas supuestas infracciones administrativas poco claras.

El 16 de febrero de 2020, la oficina del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Industria Electrónica de Belarús (REP) fue objeto de una redada policial en el marco de la cual le fueron incautados todos los dispositivos de comunicación y los ordenadores portátiles, así como casi toda la documentación básica, incluidos los documentos contables, diversos materiales impresos y de campaña, y dinero personal. Los agentes se negaron a entregar una copia del acta de registro y a facilitar un inventario de los objetos incautados. Esa misma mañana la policía registró los domicilios de Vladimir Maley, abogado del REP para la región de Bres, y de Andrei Komlik-Yamatin, presidente del sindicato del REP en la fábrica de motores Minsk Motor Plant. Este fue detenido por negarse a abrir la puerta y condenado a 25 días de arresto administrativo “por desobediencia a una orden o petición de un funcionario de servicio”.