Derecho a establecer y afiliarse a un sindicato

Algunas categorías de empleados públicos siguen viendo denegado su derecho a la libertad sindical, como por ejemplo los jueces en Marruecos.

El 4 de septiembre de 2020, el Ministerio de Trabajo del Líbano adoptó el nuevo contrato estándar unificado para los 250.000 trabajadores/as del hogar migrantes que se calcula hay en el país. En virtud de dichas disposiciones, los trabajadores/as del hogar podían rescindir su contrato sin el consentimiento de su empleador y se les ofrecían garantías laborales fundamentales que ya poseían otros trabajadores, como una jornada laboral de 48 horas semanales, un día de descanso a la semana, el pago de las horas extraordinarias, un subsidio por enfermedad, vacaciones anuales y el salario mínimo nacional, con ciertas deducciones lícitas en concepto de alojamiento y comida.

Sin embargo, el 30 de octubre de 2020, el Consejo de la Shura del Estado del Líbano, máximo tribunal administrativo del país, asestó un duro golpe a los derechos de dichos trabajadores/as al suspender la aplicación del nuevo contrato estándar unificado. El 21 de septiembre, el sindicato de propietarios de agencias de contratación Syndicate of the Owners of Recruitment Agencies había presentado una denuncia ante el Consejo de la Shura en la que solicitaba que este bloqueara y anulara la decisión del ministro de Trabajo y limitara al 30% las deducciones permitidas que un empleador puede aplicar al salario de un(a) trabajador(a) del hogar (equivalente al salario mínimo nacional). El Consejo de la Shura falló a favor de las agencias de contratación por considerar que estas decisiones suponían un “grave perjuicio” para los intereses de las agencias.

Desde 2017, Qatar ha emprendido un conjunto de importantes reformas para abolir el sistema de kafala (patrocinio) y ampliar las protecciones laborales a los trabajadores y las trabajadoras migrantes en el país. En enero de 2020, Qatar adoptó dos decretos ministeriales que permiten a los trabajadores cambiar de empleador en cualquier momento de su contrato (eliminando el Certificado de no objeción) y abandonar el país, ya sea de forma temporal o permanente, sin tener que obtener el permiso de sus empleadores (suprimiendo el requisito de visado de salida).

El 20 de marzo de 2021 entró en vigor el salario mínimo no discriminatorio de Qatar, que se aplica a todos los trabajadores, de todas las nacionalidades y en todos los sectores, incluido el trabajo doméstico. Además del salario mínimo básico mensual de 1.000 QAR (275 USD), la legislación estipula subsidios de al menos 300 QAR y 500 QAR que los empleadores deberán abonar a los trabajadores en concepto de comida y alojamiento, respectivamente, a menos que se los proporcionan directamente. Más de 400.000 trabajadores, es decir, el 20% del sector privado, se beneficiarán directamente de los aumentos salariales derivados de la nueva ley.

Algunas categorías de empleados públicos siguen viendo denegado su derecho a la libertad sindical, como por ejemplo los bomberos o el personal de prisiones en Japón.

En 2020 fueron despedidos 56 trabajadores tunecinos empleados por Gartex, entre ellos los dirigentes electos del sindicato de trabajadores y los miembros del comité consultivo, por intentar plantear a la dirección determinados problemas de seguridad en el lugar de trabajo. No fue la primera vez que Gartex tomaba represalias contra sus trabajadores. En 2018, el secretario general del sindicato y su secretario general adjunto fueron despedidos después de organizar una reunión con los trabajadores para discutir sobre los problemas que tenían en el lugar de trabajo.

El 11 de febrero de 2020, los trabajadores y las trabajadoras del Marriott Sheraton Grand Conakry, en Guinea, votaron, con un 96% de los votos a favor, para formar un sindicato y elegir a sus dirigentes. El largo proceso había comenzado en marzo de 2019. La dirección del hotel intentó en todo momento y por todos los medios posibles impedir que se celebrara la votación. Y apenas meses después de la votación sindical, la dirección del Marriot empezó a tomar represalias mediante suspensiones y despidos, para los cuales alegó pretextos falaces.

En agosto de 2020, el secretario general Amadou Diallo y el secretario general adjunto Alhassane Diallo de la nueva Fédération de l’Hôtellerie, Touristique, Restauration et Branche Connexe (FHTRC-ONSLG) se reunieron con la dirección para expresar su profundo desacuerdo con la propuesta de despido de un compañero por el hecho de haber roto un jarrón. Días después, la dirección del hotel suspendió a los dos dirigentes sindicales sin sueldo, y el 28 de septiembre los despidió. A día de hoy, Amadou Diallo y Alhassane Diallo siguen esperando su reincorporación.

A principios de 2020, el sindicato del calzado Footwear and Tanners Allied Workers Union of Zimbabwe (FTAWUZ), afiliado a la central sindical ZCTU, presentó a la empresa fabricante de calzado Bata una lista de más de 500 trabajadores que se habían organizado en un sindicato y solicitó que la empresa remitiera al sindicato las cotizaciones sindicales a través del sistema de retención en nómina. Bata se negó rotundamente a hacerlo, alegando que los trabajadores, miembros del FTAWUZ, eran también miembros de otro sindicato, y utilizando el pretexto de que, durante el confinamiento por la COVID-19, el acuerdo de retención en nómina no era aplicable. Hasta la fecha, más de 200 de los empleados organizados siguen viendo denegado su derecho a afiliarse a un sindicato.

El 17 de junio de 2020, en Camboya, los trabajadores y trabajadoras de Greenfield Industry celebraron una reunión para establecer en la fábrica un sindicato perteneciente al Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU) y eligieron a 11 delegados sindicales. Tres días después, el departamento de Recursos Humanos convocó a los 11 delegados electos y les informó de que la empresa no podía renovar sus contratos de trabajo debido a la falta de pedidos y al bajo rendimiento de los trabajadores. El presidente del sindicato impugnó estas justificaciones inventadas, en respuesta a lo cual la empresa amenazó a los delegados sindicales, afirmando que debían dimitir del C.CAWDU o asumir las consecuencias. El presidente, el vicepresidente, el secretario y el tesorero del sindicato local fueron despedidos tras negarse a firmar la carta de dimisión que recibieron. Otros seis delegados sindicales firmaron la carta y abandonaron el C.CAWDU bajo coacción.

En junio de 2020, 3.000 trabajadores de la confección en Bangladesh fueron despedidos en el marco de un ejercicio de represión antisindical en tres fábricas de una misma empresa: Saybolt Tex, Tanaz Fashion y Windy Wet & Dry Process, ubicadas en Gazipur y Dhaka (Bangladesh). Las tres fábricas sindicalizadas son propiedad de Windy Group (propietario de otras cinco fábricas no sindicalizadas). Un total de 1.600 trabajadores fueron despedidos de Saybolt Tex, 1.200 de Tanaz Fashion y 200 de Windy Wet & Dry Process. Los trabajadores/as despedidos han llevado a cabo huelgas de hambre y otras protestas en las instalaciones de las fábricas de Windy Group para reclamar su reincorporación.

El 27 de abril de 2020, el servicio de entrega de comida a domicilio Foodora Canada anunció que el 11 de mayo abandonaría el mercado canadiense y se declaró en quiebra, alegando como motivos su “incapacidad para obtener beneficios y la saturación del mercado canadiense de entrega de comida a domicilio”. No obstante, los plazos resultaban sospechosos, ya que el anuncio se produjo en el contexto de una solicitud de certificación en curso por parte del sindicato de correos Canadian Union of Postal Workers (CUPW) ante la Junta de Relaciones Laborales de Ontario, que, el 25 de febrero de 2020, había emitido una decisión en la cual se reconocía que los repartidores de Foodora eran asalariados y que, por tanto, tenían derecho a negociar colectivamente. Esa decisión permitió el recuento de los votos de certificación sindical, sellados desde agosto de 2019. En junio de 2020 se anunciaron los resultados: casi el 90% de los repartidores de Foodora votaron a favor de organizarse con el CUPW, convirtiéndose en los primeros trabajadores de plataformas digitales de Canadá en organizarse con éxito. En agosto de 2020, los repartidores de CUPW y Foodora celebraron una victoria, ya que el CUPW y Delivery Hero, la empresa matriz de Foodora Canada, alcanzaron un acuerdo de 3,46 millones CAD para indemnizar a los repartidores.

En 2020, Uber, Lyft y DoorDash montaron la campaña antisindical más cara en la historia de California, con la Propuesta 22 para oponerse a la ley AB5, una nueva ley estatal que clasificaba como empleados a ciertas categorías de trabajadores de la economía gig. La AB5 habría obligado a las empresas de plataformas a contratar a los conductores y cubrir los gastos de salud, el seguro de desempleo y otras prestaciones. Con un gasto de más de 200 millones USD en propaganda para hacer llegar su mensaje a los votantes, los gigantes de las plataformas consiguieron ganar la votación del 5 de noviembre de 2020, permitiendo a las empresas de la economía colaborativa estar exentas de la AB5 y seguir tratando a los conductores como trabajadores autónomos. Como concesión a los defensores de los trabajadores, la iniciativa ofrecía beneficios limitados, como una promesa salarial y un estipendio para el seguro médico. A principios de enero de 2021, el sindicato de servicios Service Employees International Union y un grupo de conductores de vehículos de transporte concertado solicitaron al Tribunal Supremo del estado que invalidara la Propuesta 22.

Pese a obtener enormes ganancias que ascienden a 10.000 millones USD anuales, la industria bananera en Ecuador sigue sin responder a las demandas de los sindicatos. La sindicalización continúa siendo difícil en el país, donde apenas el 1% de los trabajadores bananeros está sindicalizado por miedo a ser incluidos en listas negra y amenazas de violencia, incluyendo de parte de multinacionales como Fyffes.

Entre tanto, las condiciones de trabajo en el sector son pésimas. La mitad de los trabajadores hacen más de 14 horas diarias cobrando una media de 3,50 USD al día, menos del salario mínimo nacional. Se les exige además cumplir metas de producción para poder cobrar. Los productores reducen costos y aprovechan legislaciones poco estrictas para contratar personal con contratos temporales “permanentes”. Estas condiciones afectan a mas de 200.000 ecuatorianos en la industria.

En Costa Rica, la empresa de autobuses Tapachula tomó represalias contra un grupo de conductores por haberse afiliado a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), siendo despedidos arbitrariamente.

Desde su reconocimiento legal el 27 de noviembre de 2019, el sindicato de mineros Sindikata e Minatorëve të Bashkuar të Bulqizës (SMBB) se ha estado enfrentando al despido sistemático de sus miembros. El presidente del sindicato, Elton Debreshi, fue despedido por AlbChrome, la mayor empresa minera de cromo que opera en Albania, apenas días después de la formación del sindicato. En respuesta, los trabajadores se declararon en huelga, exigiendo la reincorporación de su líder sindical. Durante los siguientes días, otros dirigentes y activistas sindicales fueron detenidos temporalmente e interrogados por la policía.

Aunque los trabajadores suspendieron la huelga después de que la inspección de trabajo local les prometiera la pronta revisión de la cuestión del despido de los sindicalistas, en diciembre de 2019 AlbChrome despidió a otros tres miembros del comité ejecutivo: Beqir Duriçi, Behar Gjimi y Ali Gjeta. Además, muchos trabajadores fueron amenazados con el despido si se afiliaban de nuevo al sindicato o si mantenían su afiliación. Desde entonces, el SMBB ha llevado los casos de despido a los tribunales y al Comisionado para la Protección contra la Discriminación (CPD). En noviembre de 2020, el CPD concluyó que los dirigentes del SMBB habían sido discriminados por AlbChrome debido a su actividad sindical. Mientras tanto, los casos judiciales siguen pendientes y los cuatro líderes sindicales siguen esperando su reincorporación.

En Turquía, los sindicatos se enfrentan desde hace tiempo a las tácticas discriminatorias de los empleadores para evitar la formación de sindicatos en el lugar de trabajo. La práctica más habitual es despedir a un número suficiente de miembros del sindicato para que la cifra de afiliados quede por debajo del umbral necesario para su reconocimiento. En la industria del metal, el fabricante de electrodomésticos Özer Elektrik despidió a diez miembros del sindicato Birleşik Metal-İş, que había organizado a la mayoría de los trabajadores de la empresa, antes de que este pudiera solicitar la certificación del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales en julio de 2020. Además, Özer Elektrik llamó a las fuerzas de seguridad para dispersar a los miembros del sindicato que se habían reunido para protestar. Los líderes sindicales fueron detenidos para amedrentar así a los trabajadores y disuadirles de afiliarse al sindicato.

Asímismo, en agosto de 2020, poco antes de que Türk Metal presentara su petición de reconocimiento, el fabricante de cables Ünal Kablo despidió a 31 miembros del sindicato, con lo que el número de afiliados quedó por debajo del umbral necesario para su reconocimiento. Otro sindicato, Özçelik-İş, solicitó la certificación de negociación colectiva en Sampa Otomotiv, demostrando que representaba a la mayoría de los trabajadores, y la empresa respondió con el despido de 71 miembros del sindicato.

El 31 de diciembre de 2020, el Tribunal de Bolonia, en Italia, consideró que el algoritmo, supuestamente objetivo, desarrollado por la plataforma de reparto de comida a domicilio Deliveroo para la asignación de los pedidos discriminaba a los repartidores que participaban en huelgas y, por tanto, condenó a la empresa a pagar una indemnización por daños y perjuicios a los sindicatos que habían iniciado el caso. El tribunal consideró que había sido una decisión consciente de la dirección para subordinar a los repartidores mediante un sistema de reputación discriminatorio que rebajaba de la misma manera, sin distinción, tanto a los que se ausentan por razones triviales como a los que se abstienen de realizar entregas por ejercer el derecho a la huelga. Así pues, el tribunal consideró que el modelo de evaluación adoptado por Deliveroo era el resultado de una elección consciente por parte de la empresa de privilegiar la disponibilidad de los repartidores y de penalizar a aquellos que ejercían su derecho a la huelga.