Derecho a la negociación colectiva

En Kenya, la Teachers Service Commission (TSC), autoridad nacional del sector de la educación, ha emprendido una campaña antisindical contra el sindicato de docentes Kenya National Union of Teachers (KNUT), discriminando a los miembros del KNUT y negándose a aplicar el convenio colectivo. La TSC también se ha negado a cobrar las cuotas de afiliación sindical. Este ataque sistemático contra el KNUT ha diezmado la afiliación sindical en el sector educativo, obstaculizando la capacidad de los sindicatos para representar a sus miembros. Además, la TSC intentó revocar el acuerdo de reconocimiento sindical del KNUT firmado en 1968.

En Namibia, nueve dirigentes sindicales de la mina de Rössing Uranium fueron injustamente despedidos en enero de 2021 tras rechazar las propuestas del propietario de la mina, China National Nuclear Corporation (CNNC) Rössing Uranium, para modificar el convenio colectivo existente. CNNC quería introducir cambios al convenio, en particular en lo relativo a las vacaciones, la asistencia médica, los salarios y las disposiciones sobre despidos. Tras enfrentarse a la oposición del sindicato y ser notificada de una inminente huelga, la empresa optó por atacar a los dirigentes sindicales y despidió a los nueve trabajadores, alegando “negligencia grave”, “desacreditación de la empresa” y “vulneración de la confidencialidad”.

El 25 de julio de 2020, Shavindra Dinoo Sundassee fue despedido por la empresa Airports of Mauritius Ltd. tras oponerse a la modificación unilateral por parte de la dirección de los términos del convenio colectivo.

En Mauricio, varios representantes de los trabajadores fueron despedidos de forma sumaria por una serie de empresas durante la renegociación de los convenios colectivos. El 18 de junio de 2020, Luximun Badal fue despedido por Mauritius Post Ltd. por su supuesta negativa a un traslado unilateral tras los conflictos relativos a la negociación de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores y las trabajadoras de correos, dado que el convenio anterior había expirado el 31 de diciembre de 2017. Badal tenía un acuerdo negociado por el Ministerio de Trabajo el 18 de febrero de 2016 que le protegía de ser trasladado mientras fuera presidente del sindicato. Esto no impidió que Mauritius Post Ltd despidiera al líder sindical y que posteriormente desacatara una sentencia judicial del 18 de octubre de 2020 que ordenaba a la empresa divulgar información relevante para la negociación colectiva.

En noviembre de 2020, en Túnez, el Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) organizó varias protestas en las redacciones de todo el país, invitando a los periodistas de los medios públicos y privados a llevar brazaletes rojos. El 26 de noviembre, periodistas tunecinos se manifestaron masivamente denunciando los retrasos indebidos en la publicación del convenio colectivo de los periodistas que se había firmado oficialmente el 9 de enero de 2019.

Este convenio es el resultado de largos años de negociaciones entre el SNJT y los empleadores del sector, e incluye avances esenciales para la profesión: un refuerzo de los derechos de los periodistas, garantías de salario mínimo (1.400 TND/508 USD) y bonificaciones formalizadas, horas de trabajo semanales reguladas (40 horas a la semana), vacaciones pagadas reguladas (entre 30 y 40 días) y cobertura de la seguridad social generalizada para todos los periodistas. Hasta que el Gobierno publique oficialmente el convenio colectivo, los periodistas se encuentran privados de sus derechos colectivos.

En 2021, los empleadores de Omán utilizaron con frecuencia tácticas dilatorias para eludir la negociación colectiva, como posponer las reuniones, solicitar tiempo adicional para estudiar las demandas de los trabajadores o incluso enviar a una reunión a un representante carente de poderes de negociación y de decisión en nombre del empleador.

En diciembre de 2020, un centenar de mineros permanecieron 10 días a 700 metros bajo tierra en la mina de Jebel Aouam, cerca de M’rirt, provincia de Khénifra, en Marruecos, mientras otros 200 trabajadores protestaban en la superficie. La huelga comenzó después de que la dirección de la empresa Compagnie Minière de Touissit se negara a aplicar un convenio colectivo firmado con el sindicato Union Marocaine du Travail (UMT) en 2019. Este acuerdo tenía por objetivo garantizar mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo en la mina y la provisión de medidas de salud y seguridad laboral.

Malaysia Airlines viene rehusando desde hace tiempo a extender la negociación colectiva a los supervisores de la tripulación, argumentando que, al ser personal directivo, no pueden optar a la representación sindical. El sindicato National Union of Flight Attendants of Malaysia (NUFAM), que representa al personal de cabina de Malaysia Airlines, presentó una demanda ante el Tribunal Federal, que, en julio de 2020, tras un largo proceso, decidió que los supervisores de la tripulación tenían derecho a la afiliación sindical y a la negociación colectiva. La central sindical Malaysian Trades Union Congress solicitó a la aerolínea que reconociera inmediatamente al NUFAM como representante legítimo de los supervisores a efectos de la negociación colectiva, a lo que la empresa sigue negándose.

Samsung no ha participado de buena fe en la negociación colectiva, ni tampoco ha facilitado los datos pertinentes para las negociaciones. Y, pese a que existe un sindicato, la dirección ha fijado unilateralmente los salarios, lo cual responde a un patrón de violaciones por parte de la empresa.

El servicio de gestión aeroportuaria Cambodian Airport Management Service (CAMS), del cual Vinci posee la mayoría de las acciones, se negó obstinadamente a entablar negociaciones colectivas con los sindicatos de empresa, afiliados a la federación del transporte Cambodian Transport Workers’ Federation (CTWF), a pesar de haber sido certificados como sindicatos más representativos en 2019. Las negociaciones habían sido pospuestas inicialmente por la dirección, y luego se paralizaron debido a la pandemia de COVID-19, lo que permitió a la empresa imponer unilateralmente suspensiones laborales en los tres aeropuertos sin consultar al sindicato.

El 4 de noviembre de 2020, el CAMS informó oficiosamente a la plantilla del despido de 161 empleados, 121 de los cuales eran miembros del sindicato, y solo aceptó revelar a los sindicatos la lista de trabajadores despedidos el 24 de noviembre, en el marco de una reunión con el Ministerio de Trabajo. El CAMS se dirigió individualmente a los trabajadores y las trabajadoras para obligarles a aceptar el paquete de indemnizaciones. En enero de 2021, el CAMS había despedido a 130 trabajadores de los tres aeropuertos de Siem Reap, Sihanoukville y Phnom Penh. El Ministerio de Trabajo hizo caso omiso de las llamadas de atención de los sindicatos denunciando estas flagrantes violaciones de la legislación laboral.

El 15 de julio, Cathay Pacific informó a los sindicatos de Hong Kong Aircrew Officers’ Association (AOA) y Flight Attendants’ Union, que la empresa rescindiría unilateralmente en octubre el acuerdo de reconocimiento sindical y que desistiría de participar en la negociación colectiva, calificándola de “práctica anticuada”. El 22 de octubre de 2020, Cathay Pacific anunció el cierre de su filial Cathay Dragon y el despido inmediato de 7.346 tripulantes de cabina y 2.613 pilotos. El personal se vio obligado a firmar unos contratos de trabajo más económicos, con recortes de entre el 40% y el 60% a sus salarios y prestaciones. En junio de 2020, Cathay Pacific se benefició de un rescate del Gobierno por valor de 360 millones de HKD (46 millones USD).

El 21 de noviembre de 2020, Luis Samán Cuenca, secretario general del Sindicato Nacional de Obreros de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. recibió una carta de la empresa con un aviso de despido.

La empresa, subsidiaria peruana de AB InBev, lo acusaba de difamación y de haber afectado la imagen de la empresa por haber denunciado graves irregularidades durante la emergencia nacional por COVID-19. El 23 de noviembre, el secretario de prensa del sindicato, Jhon Gutarra, fue también sancionado con cinco días de suspensión, sin motivo alguno.

Durante la emergencia sanitaria, el sindicato intentó negociar con la empresa medidas que mitigaran el impacto económico, evitando de esta manera una suspensión de los trabajadores, pero ante la falta de acuerdos entre las partes, Backus trató de obligar a los trabajadores a firmar acuerdos individuales. La campaña informativa impulsada por el sindicato logró que nadie aceptara dichas condiciones.

El Gobierno del estado de São Paulo ha hecho caso omiso de las propuestas del Sindicato dos Metroviários en el marco de cuatro rondas de negociación consecutivas, e incluso se ha desmarcado del Tribunal Regional del Trabajo, que intentó mediar en un acuerdo destinado a aplicar unilateralmente recortes salariales en la nómina de junio de 2020, violando así el convenio colectivo sectorial.

En Espírito Santos y Bahía, Nestlé se negó a entregar a los trabajadores y las trabajadoras su participación en los beneficios según lo acordado en el convenio colectivo de empresa. La dirección propuso además reducir la subvención de alimentación en un 48,6%, pasando de 680 BRL a 350 BRL (124 USD a 63 USD). Nestlé retiró sus propuestas cuando los trabajadores comenzaron a protestar.

En Brasil, muchas empresas utilizaron las dificultades económicas derivadas de la pandemia de COVID-19 como pretexto para vulnerar los convenios colectivos y la consulta sindical, procediendo al despido masivo de trabajadores. El 3 de septiembre de 2020, Embraer, una empresa brasileña de productos aeroespaciales, anunció el despido de 2.500 trabajadores. Los despidos se llevaron a cabo sin negociación con el Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, vulnerando un acuerdo de protección del empleo firmado el 9 de abril de 2020.

El 4 de febrero de 2021, el Parlamento eslovaco aprobó una serie de enmiendas al Código Laboral socavando gravemente la negociación colectiva en el país. En virtud de las nuevas disposiciones, que no se discutieron con los sindicatos antes de su adopción, se prohibió la extensión de los convenios colectivos de ámbito superior. Únicamente los convenios acordados antes del 1 de marzo de 2021 permanecieron en vigor hasta su vencimiento. Dichas enmiendas tendrán un impacto desastroso en la cobertura de la negociación colectiva en Eslovaquia, que actualmente es del 26%.

En los Países Bajos, la gran marca de muebles IKEA creó un sindicato amarillo en su sede, la Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (WIM), concediéndole privilegios y facilidades que no se concedían a otros sindicatos a nivel de empresa. El favoritismo de la empresa fue flagrante durante las negociaciones del convenio colectivo en octubre de 2020.

En 2020, la dirección de Aroma, una empresa vitivinícola de Moldavia, suspendió unilateralmente la aplicación del convenio colectivo y se negó a mantener negociaciones con el sindicato representativo de la unidad, afiliado a la Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație (Agroindsind). En su lugar, la empresa se ensañó con la dirección del sindicato trasladando, degradando y finalmente despidiendo a su presidenta, Nina Negru.

El Gobierno húngaro ha promulgado recientemente varios decretos que perjudican al personal sanitario. Las disposiciones, que entraron en vigor el 18 de noviembre de 2020, imponen restricciones más estrictas a los sindicatos del sector de la salud, prohibiendo la libertad sindical y reprimiendo el derecho de huelga. En virtud de dichos decretos, los trabajadores sanitarios fueron despojados de su condición de funcionarios públicos siendo obligados a firmar un nuevo contrato de trabajo antes del 1 de marzo de 2021. Asimismo, los derechos colectivos del personal sanitario se han visto restringidos mediante la prohibición de futuros convenios colectivos a partir de enero de 2021, mientras que todos los convenios colectivos establecidos hasta el momento quedaron sin efecto en la misma fecha. El derecho de huelga también ha quedado severamente restringido, puesto que para establecer un acuerdo entre el Gobierno y los “sindicatos afectados” es preciso establecer normas específicas. A falta de acuerdo, el derecho de huelga no puede ejercerse.

La dirección de Naftan, una refinería de petróleo de Belarús, suspendió ilícitamente durante un período de seis meses la cláusula del convenio colectivo que establece que los trabajadores/as y representantes sindicales no pueden ser despedidos por iniciativa del empleador sin el consentimiento previo del sindicato. Poco después, los miembros del sindicato fueron despedidos de forma sumaria. El director adjunto de Naftan declaró que “la medida estaba enfocada a reforzar la disciplina laboral”.

En Israel, el Gobierno ha venido retrasando sistemáticamente las negociaciones en los servicios públicos y se niega a discutir una serie de cuestiones que constituyen claramente temas de negociación según la legislación israelí.