Libertades civiles

El 21 de octubre de 2020, los tribunales tailandeses impusieron una pena de tres años de prisión a trece dirigentes del sindicato State Railway Workers’ Union (SRUT). Los miembros del SRUT han sido perseguidos despiadadamente por la empresa estatal de ferrocarriles, State Railway of Thailand valiéndose del sistema legal para llevar a cabo una campaña nacional de seguridad ferroviaria después del mortífero descarrilamiento de un tren en octubre de 2009 en la estación de Khao Tao. Las autoridades tailandesas también han ejercido represalias contra los trabajadores, incluso a través de la Oficina de la Comisión Nacional Anticorrupción (NACC).

Desde noviembre de 2018, se ha deducido de los salarios mensuales de siete líderes del SRUT el pago de multas por 24 millones de baht (726,116 USD) impuestas al SRUT por decisión del Tribunal Supremo del Trabajo en 2017.

El 10 de diciembre de 2020, al amanecer, la policía nacional filipina llevó a cabo redadas simultáneas en varios domicilios de organizadores sindicales en el área metropolitana de Manila, Filipinas. Con órdenes de allanamiento en mano, emitidas por un juez de instrucción de la ciudad, la policía forzó la entrada en los domicilios y colocó armas de fuego, municiones y artefactos explosivos. Fueron arrestados seis activistas sindicales: Dennise Velasco de Defend Jobs Philippines; Romina Astudillo, secretaria general adjunta de Kilusang Mayo Uno-Metro Manila; Mark Ryan Cruz, del Comité Ejecutivo Regional de KMU-Metro Manila; Jaymie Gregorio Jr. de KMU-Metro Manila; Joel Demate de Solidarity of Labour Rights and Welfare (SOLAR); y Rodrigo Esparago del Sandigang Manggagawa sa Quezon City (SMQC).

Todos ellos fueron acusados de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos. Aun cuando un tribunal local emitió una decisión desestimando los cargos contra Esparago, hasta la fecha la policía sigue bloqueando su liberación.

El 4 de marzo de 2021 a las 4.30 de la mañana, la Policía nacional de Filipinas-Grupo de investigación y detección de delitos allanó el domicilio de Ramir Edriga Corcolon, lo secuestró y lo llevó al Campamento Vicente Lim en Laguna. Corcolon es el presidente de la San Pablo City Water District Employees Association (SPCWDEA) y secretario general del sindicato de la red hidráulica Water System Employees Response (WATER).

El domicilio de Arnedo Sanggalang Lagunias, secretario del sindicato Honda Workers Union, fue allanado el mismo día a las 6 de la mañana y fue llevado por la fuerza al mismo campamento. Supuestamente, la policía habría encontrado una pistola y explosivos durante el registro.

En 2021, el Gobierno de Filipinas intensificó la represión contra el movimiento sindical independiente, arrestando ilegalmente y deteniendo arbitrariamente a veintiocho líderes sindicales en total.

El 7 de marzo de 2021, las fuerzas policiales allanaron las oficinas sindicales y los domicilios de sindicalistas en las provincias de Cavite, Laguna, Batangas y Rizal, deteniendo a ocho personas, incluidos Steve Mendoza, vicepresidente ejecutivo del sindicato agrícola Organised Labour Association in Line Industries and Agriculture (OLALIA KMU) en Cabuyao, y Elizabeth Camoral, expresidenta del sindicato de F-Tech y actual portavoz de Bayan-Laguna.

Lee Cheuk-yan, secretario general de la central sindical independiente Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), fue detenido el 28 de febrero de 2020 y acusado de “reunión no autorizada” por participar en protestas antigubernamentales exigiendo la retirada del proyecto de ley de extradición y el sufragio universal en 2019. Mientras estaba en libertad bajo fianza a la espera de juicio, Lee fue nuevamente acusado el 11 de junio de 2020 por incitar a otras personas a participar en una asamblea no autorizada el 4 de junio de 2020 destinada a conmemorar la matanza de Tiananmen en 1989, y el 6 de agosto por el cargo adicional de organizar y participar en la asamblea no autorizada junto con 25 activistas. En total, se le imputaron nueve cargos por cuatro asambleas no autorizadas en 2019 y 2020.

Después de un juicio de cuatro semanas en marzo de 2021, Lee Cheuk-yan, con otros seis activistas, fue declarado culpable y condenado a 18 meses de prisión. Todavía tiene pendientes otros seis cargos que le fueron imputados durante su detención en mayo y junio de 2021.

En Hong Kong, 53 de los activistas prodemocráticos más prominentes, incluida la presidenta de la central sindical Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), Carol Ng, fueron detenidos en una operación de represión policial masiva. Carol Ng fue arrestada en su casa el 6 de enero de 2021 por el departamento de seguridad nacional acusada de un presunto “intento de subvertir el poder estatal” con arreglo a la Ley de Seguridad Nacional de 2020. Winnie Yu, que preside el sindicato de personal sanitario Hospital Authority Employees Alliance (HAEA), también fue arrestada. El grupo fue acusado de organizar y participar en las elecciones primarias para candidatos prodemocráticos en las elecciones que fueron pospuestas el año pasado. Esta fue la mayor purga política contra los demócratas desde la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

El 31 de julio de 2020 Rong Chhun, presidente de la central sindical Cambodian Confederation of Unions (CCU) y destacado sindicalista en Camboya, fue detenido por “incitación a cometer graves delitos” en relación con sus comentarios públicos sobre las pérdidas de tierras de cultivo y las irregularidades fronterizas entre Camboya y Vietnam. Con este pretexto falaz, las autoridades camboyanas en realidad apuntaban a sus actividades al frente de los piquetes en el cierre de fábricas de vestuario y por instar al Gobierno a introducir mejoras en materia de derechos humanos, especialmente durante la pandemia de COVID-19. De ser declarado culpable, Rong Chhun podría ser condenado a dos años de prisión.

El 7 de agosto de 2020, al menos siete manifestantes y miembros de la CCU fueron detenidos por exigir la liberación de Chhun, entre ellos Sor Saknika, presidenta del sindicato de trabajadores del sector informal Cambodian Informal Labourers’ Association (CILA), acusada de incitación a unirse a la protesta solidaria y que permanece, hasta la fecha, en prisión preventiva.

El 10 de agosto, Ouk Chayavy, ex presidenta del sindicato independiente de docentes Cambodian Independent Teachers’ Association (CITA), fue atacada por matones después de visitar a Rong Chhun en prisión. Lideraba la campaña de liberación Free Rong Chhun y estaba en proceso de presentar peticiones a la ONU y a las representaciones de distintos países.

En Haití, el profesorado respondió al llamado de varios sindicatos del sector educativo a hacer una huelga general en septiembre de 2020 para exigir mejores condiciones salariales. En el país, los docentes reciben una remuneración inferior a los 200 USD mensuales, mientras que en tres años su poder adquisitivo disminuyó en más del 40% debido a la pérdida de valor de la gourde, la moneda nacional.

Tras la huelga general, varios líderes sindicales fueron objeto de medidas de represalia, entre ellos Magalie Georges, secretaria general de la Confédération nationale des éducateurs haïtiens (CNEH); Georges Wilbert Franck, secretario general de la Union Nationale des Normaliens/nes et Educateurs/trices d'Haiti (UNNOEH); y cuatro dirigentes del sindicato de empleados del Ministerio de Educación Nacional y de Formación Profesional (MENFP). Los sindicatos nacionales en Haití señalan que los docentes activos en el movimiento sindical están siendo perseguidos por la policía y algunos se encuentran actualmente escondidos por temor a ser arrestados.

En Canadá, durante el prolongado conflicto entre el complejo de refinerías Co-op Refinery Complex y el sindicato Unifor Local 594 con respecto a la negociación del convenio colectivo, los miembros del sindicato comenzaron a celebrar mítines y piquetes cuando la empresa no les permitía entrar.

El 16 de diciembre de 2019, el empleador solicitó una orden judicial contra Unifor para imponer restricciones provisionales a la capacidad de Unifor para hacer piquetes, incluidas restricciones al número de horas que los piquetes podían impedir la entrada de vehículos en los locales. Durante el mes siguiente, los miembros del sindicato fueron acusados de violar esta orden, y el 21 de enero de 2020, el presidente de Unifor, Jerry Dias y otros 13 miembros del sindicato fueron arrestados.

En la madrugada del 5 de febrero de 2020, se detuvo a otros miembros del sindicato, acusados de hacer piquetes fuera del departamento de distribución de petróleo de la refinería cooperativa en Regina, Saskatchewan. Los sindicalistas arrestados fueron Ryan James David Briggs, James Peter Robert Cheeseman, Scott McKinnon y Steven Angus Vargo. Los cuatro fueron acusados de provocar daños por concepto de 5.000 CAD (4.002 USD) y desobedecer una orden judicial. la fecha prevista para su juicio era el 23 de marzo de 2020.

El 12 de febrero, Unifor fue condenado a pagar 250.000 CAD (200.084 USD) por “violar repetidamente la orden judicial” entre el 28 de diciembre de 2019 y el 27 de enero de 2020. El presidente de Unifor Local 594, Kevin Bittman, fue declarado no culpable, mientras que el vicepresidente Lance Holowachuk fue declarado culpable y obligado a realizar 40 horas de servicio comunitario.

En Teherán, Irán, el profesor y líder sindical Esmail Abdi fue liberado de la prisión de Evin el 17 de marzo de 2020. Encarcelado desde el 20 de enero de 2018, Abdi había sido arrestado inicialmente en relación con sus actividades sindicales por los derechos del profesorado.

A pesar de su liberación en marzo, Abdi tuvo que presentarse de nuevo en la cárcel el 21 de abril, donde permaneció detenido. Esta nueva detención se produjo en medio de una nueva ola de represión estatal y detenciones arbitrarias de activistas sindicales antes del Primero de Mayo.

En Egipto, los trabajadores que protestaban en una sucursal de la empresa estatal Delta Company for Fertilisers and Chemical Industries han sido objeto de una severa represión por parte de las autoridades. A finales de diciembre de 2020, 13 trabajadores en huelga fueron detenidos en su domicilio por las fuerzas de seguridad. Cinco de los arrestados, incluido el cargo sindical electo Mahmoud Sabry, fueron puestos en libertad a finales de la semana. El 3 de enero de 2021, los ocho trabajadores restantes fueron conducidos ante la Fiscalía de Seguridad del Estado en El Cairo y se emitieron órdenes de detención de quince días. Todavía se desconocen los cargos en su contra.

El 16 de julio de 2020, Muhammad Karim Jabbari, miembro del sindicato de docentes, Kurdistan Teachers’ Union (KTU) y profesor en Kirkuk, Iraq, fue arrestado por la policía local por pedir al Gobierno de la provincia de Kirkuk que investigara las acusaciones de corrupción en el departamento de sanidad local y la no prestación de atención médica.

El 29 de julio de 2020, la policía de Jordania reprimió brutalmente una manifestación pacífica organizada por el sindicato de docentes, la Jordanian Teachers’ Association (JTA). Quinientos docentes fueron detenidos y posteriormente liberados. Más tarde, el fiscal general presentó cargos contra los miembros de la directiva de la JTA. Todos ellos permanecieron 30 días en prisión preventiva. El 31 de diciembre de 2020, el Tribunal de Magistrados condenó a los miembros del Consejo Ejecutivo de la JTA a la pena máxima de un año de prisión, por “delito leve de incitación al odio o a los disturbios en instituciones educativas mediante el uso de cualquier medio disponible”, “delito menor de incitación a la reunión ilegal” y “delito menor de influir en la libertad de elecciones”. Tras la movilización internacional, finalmente fueron puestos en libertad bajo fianza, mientras que la ejecutiva de la JTA apeló la decisión judicial.

En 2020 - 2021, numerosos sindicalistas de Sudán fueron sometidos a arrestos y detenciones arbitrarios, incluyendo Osama Dawina Hamad Al-Nil, tesorero de la Federation of Trade Unions in North Kordofan State; Eng. Abdel-Baqi Nour Al-Daem Muhammad, miembro de la ejecutiva de la Sudan Workers’ Trade Union Federation (SWTUF); Hussam Eddin Suleiman, miembro del Syndicate for the Ministry of Education; Muhammad Al-Makki Saleh, secretario general del Education Syndicate in North Darfur; Osama Taha Al-Bashir, tesorero adjunto del Gedaref State Workers’ Union; Al-Amin Ahmed Mohamed Tom, secretario de la juventud del Gedaref State Workers’ Union; y Alamuddin Yahya Farah, dirigente del Syndicate of the Ministry of Education.

El 24 de enero de 2021, Halat Algamer Elnour, dirigente del Syndicate of National Audit Chamber de Sudán, fue arrestada en Jartum por las fuerzas de seguridad, siendo liberada solo cuatro días después. Fue acusada de negarse a ceder al Gobierno propiedades sindicales tras la disolución ilegal del sindicato por parte del subcomité del Comité de Desmantelamiento y Habilitación del Consejo de Soberanía de Transición de Sudán, el 14 de diciembre de 2019.

El 16 de agosto de 2020, las autoridades sudanesas emitieron una orden de detención contra Al Sadig Al Rezegy, presidente del sindicato de periodistas Sudanese Journalists’ Union (SJU), por haberse negado a entregar los bienes y haberes del SJU, que había sido disuelto por las autoridades a principios de año. Entre los cargos que se le imputaron a Al Rezegy, quien también es presidente de la Federación Africana de Periodistas (FAJ), figura el hecho de haber continuado al frente del sindicato y manteniendo sus actividades pese a haber sido prohibido, o haber asistido a reuniones de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la FAJ y otros organismos internacionales en representación del SJU.

Los mineros de Lugansk, Ucrania, iniciaron una acción de ocupación subterránea de la mina Komsomolskaya en la ciudad de Antratsit, el 5 de junio de 2020 para exigir el pago de los salarios pendientes. A las huelgas en el subsuelo de la mina siguió una larga serie de acciones industriales en la región debido a los atrasos salariales y la falta de protecciones en el sector minero ucraniano. El 13 de junio, cerca de un centenar de personas se reunieron en la plaza del pueblo para apoyar a los mineros. La huelga terminó en la madrugada del 13 de junio después de que la dirección de la mina pagara la mayor parte de los atrasos salariales y asegurara a los mineros que no habría más detenciones. Sin embargo, 14 activistas sindicales arrestados anteriormente seguían detenidos por las autoridades, mientras que en otras ciudades también fueron arrestados otros 21 mineros. Los detenidos fueron acusados en virtud del artículo 252 del Código Penal que prohíbe “la reiterada violación del orden establecido, organización o celebración de asambleas, reuniones, manifestaciones, marchas o piquetes”. Las penas implican penas de hasta cinco años de prisión.

En Kirguistán, el tribunal de distrito decidió procesar al vicepresidente de la FTUKg, Kanatbek Osmonov, el 10 de junio de 2020, sin indicar los cargos que se le imputaban, poniéndolo bajo arresto domiciliario durante dos meses sin derecho a usar medios de telecomunicación ni Internet, suspendiendo así de manera efectiva su labor sindical. Su sentencia se rebajó a “arresto domiciliario nocturno” a partir del 30 de junio de 2020.

Dos miembros del Belarusian Independent Trade Union (BITU), Vladimir Berdnikovich y Andrey Prilutsky, fueron acusados de violencias contra la policía. Vladimir Berdnikovich fue condenado a cuatro años después de haber logrado escapar de la redada policial mientras las fuerzas armadas dispersaban brutalmente a los manifestantes. Mientras ayudaba a un anciano que estaba siendo agredido durante la protesta, Andrey Prilutsky fue severamente golpeado, arrestado y sentenciado a 15 días de prisión.

En Belarús, activistas sindicales y trabajadores recibieron severas sentencias judiciales por su participación en las protestas pacíficas tras el resultado de las elecciones presidenciales de agosto de 2020.

El 20 de enero de 2021, el Tribunal Supremo de Belarús rechazó el recurso del comité de huelga de Belaruskali y juzgó ilegal la huelga del año pasado. Daria Polyakova, coordinadora de la red juvenil del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Industria Electrónica de Belarús (REP), fue condenada a dos años de arresto domiciliario por “violencia o amenaza de violencia contra un empleado de la agencia de asuntos interiores”.