Asesinatos

El 7 de febrero de 2021, Leonardo Escala, presidente del sindicato de trabajadores portuarios de la empresa ICTSI en la terminal de Manila, NMPI-ICTSI, fue tiroteado por sicarios cuando se encontraba junto a su sobrina de cuatro años frente a su casa en Tondo, Manila. Sus asesinos escaparon en motocicletas. Escala fallecería una hora después en el hospital, donde quedó ingresada su sobrina para recibir tratamiento después de recibir un disparo en la espalda.

El 17 de agosto de 2020, Zara Álvarez, de 39 años, fue asesinada a tiros. Álvarez era coordinadora en la ciudad de Bacolod del sindicato de docentes Alliance of Concerned Teachers (ACT). Figuraba entre las 600 personas etiquetadas como “terroristas” en el caso de proscripción presentado en el tribunal regional de primera instancia de Manila en 2018. Su nombre y fotografía aparecieron en carteles en las calles de Negros, señalándola como una de los presuntos altos responsables del Partido Comunista de Filipinas. Álvarez y muchas otras personas fueron retiradas de la lista en 2019. Sin embargo, quienes habían sido incluidos en la lista seguían amenazados o vilipendiados supuestamente por fuerzas del Estado. Hasta la fecha no se ha realizado ninguna detención en relación con su asesinato.

En Filipinas, la violencia del Estado contra los sindicalistas es endémica, ya que el presidente Duterte aprueba e incluso ordena ataques dirigidos en su contra para detenerlos y matarlos. A principios de marzo de 2021, manifestó en un discurso público su “deseo de matar a todos los comunistas”. El 7 de marzo de 2021, las fuerzas estatales lanzaron redadas coordinadas contra líderes y activistas sindicales en las provincias de Cavite, Laguna, Batangas y Rizal (Tagalo Sur). Cinco sindicalistas fueron asesinados por la policía, entre ellos Manny Asunción y Michael Dasigao.

Desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021 en Myanmar, se produjo una movilización multitudinaria exigiendo el retorno a la democracia y el restablecimiento del Estado de derecho. A pesar de enfrentarse a una brutalidad extrema por parte de las fuerzas estatales, que recurrieron a una fuerza letal y a detenciones masivas, su determinación no disminuyó.

A principios de marzo, una coalición de sindicatos convocó una huelga con el objetivo de un “cierre completo y prolongado de la economía de Myanmar”. Trabajadoras y trabajadores de varias industrias se unieron al movimiento de protesta, sobre todo los del ferrocarril estatal y del sector bancario. La policía intimidó a los trabajadores ferroviarios de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, deambulando por la zona residencial durante la noche, gritando y efectuando disparos al azar.

En Rangún y en otros lugares, todas las noches la policía y el ejército llevan a cabo redadas después del toque de queda de las 8 p.m., disparando armas y granadas aturdidoras y efectuando redadas selectivas para arrestar a la gente. Las detenciones suelen llevarse a cabo a punta de pistola, sin orden judicial.

El número total de muertos en semanas de disturbios se eleva a al menos 550 (en el momento de escribir este informe), mientras que cientos de personas han resultado heridas y más de 2.700 han sido detenidas, acusadas o ya condenadas.

El 5 de abril de 2020, Chibuisi Chikezie Okameme, miembro del sindicato Nigeria Union of Petroleum Workers (NUPENG), fue asesinado a tiros mientras trabajaba por un oficial de policía de la patrulla de aplicación de la ley COVID-19 en el estado de Abia. Okameme era un empleado de la gasolinera Greenmac Energy en la ciudad de Aba. NUPENG viene denunciando desde hace tiempo la mano dura de la policía para hacer frente a las reglas de confinamiento debidas a la pandemia del coronavirus y el uso de fuerza desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad durante el confinamiento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró que la policía y otras fuerzas de seguridad mataron a 11 personas en aplicación del confinamiento por la COVID-19 y perpetraron violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones ilegales y torturas.

Hamilton Gasca Ortega, afiliado a la Asociación Sindical de Trabajadores Campesinos de Piamonte Cauca (Asintracampic), filial de Fensuagro, fue asesinado, junto a dos de sus hijos, en la madrugada del 4 de abril de 2020 en la vereda La Consolata del corregimiento de Piamonte (Cauca). Al menos cuatro individuos fuertemente armados irrumpieron en el domicilio de Hamilton y lo mataron a tiros así como a dos de sus hijos, menores de edad. Su esposa, María Josefa Arroyo y su hijo menor sobrevivieron al funesto ataque.

Nelson Ramos Barrera, integrante de la Asociación Sindical de Trabajadores Campesinos de Piamonte Cauca (Asintracampic), filial de Fensuagro, fue asesinado el 12 de octubre de 2020 en el corregimiento de Yapura, municipalidad de Piamonte (Cauca). Miembros de un grupo armado pretendían secuestrar al líder campesino pero su familia opuso resistencia y fue entonces cuando los delincuentes lo asesinaron frente a su esposa, hijos y padres. Nelson Ramos era uno de los líderes más representativos y se caracterizaba por trabajar con la juventud en el corregimiento de Yapura.

Entre abril de 2020 y marzo de 2021, fueron asesinados 22 sindicalistas en Colombia: John Fredy Álvarez Quinaya, Yordan Tovar, Sandra Mayerly Baquero, Albeiro Silva Mosquera; Luis Hugo Silva Mosquera, Mario Talaga, Arley Hernán Chalá Rentería; Alexis Vergara, Hamilton Gasca Ortega, Jairo de Jesús Jiménez Isaza, Candelaria Acendra, Edgar Erney Guejía Dizu, Rubilio Papelito Limón, Jose Gustavo Arcila, Carlos Mario Congo Álvarez, Erminso Trochez Ilamo, Jaider Esteban Quintana Salinas, Nelson Ramos Barrera, Douglas Cortés Mosquera, Bayron Alirio Ravelo, Omar Moreno Ibague y Carlos Vidal.

Jorge Palacios Reyes fue asesinado cuando se dirigía al trabajo el 7 de mayo de 2020. Era Secretario de Finanzas de la filial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG) y dirigente del Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL).Trabajaba en el Hospital de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa. Jorge es uno de los siete líderes sindicales asesinados en Guatemala.

José Guadalupe Hernández y Hernández fue asesinado a tiros el 2 de junio de 2020. Era miembro del Sindicato de Trabajadores del Órgano Legislativo (STOL). Unos desconocidos en una motocicleta siguieron al vehículo que conducía y le dispararon a pocas cuadras del Congreso de la República de Guatemala, a donde se dirigía para tratar de reincorporarse a su puesto después de haber sido degradado en marzo. José Miguel es uno de los siete líderes sindicales asesinados en Guatemala.

Julio César Zamora Álvarez fue asesinado el 19 de abril de 2020. Era secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores Portuarios de Puerto Quetzal y miembro de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Transporte de Guatemala (FETRANSGUA). Dos desconocidos que iban en una motocicleta se acercaron a él y le dispararon varias veces en el barrio El Peñate del Puerto de San José, departamento de Escuintla. Julio César es uno de los siete líderes sindicales asesinados en Guatemala.

José Miguel Florián Alay fue asesinado cuando se dirigía al trabajo, en la mañana del 4 de marzo de 2020. Fue miembro y activista durante más de 30 años del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (STUSC). José Miguel es uno de los siete líderes sindicales asesinados en Guatemala.

Héctor David Xoy Ajualip fue asesinado el 6 de abril de 2020 cerca de la autopista a Los Ocotes en la ciudad de Guatemala. Era miembro del Sindicato de Trabajadores de Servicios GFLG y Sociedad Anónima (SITRAGFLG), y trabajaba en la empresa transnacional Pepsico. Héctor David es uno de los siete líderes sindicales asesinados en Guatemala.

Gerson Hedelman Ortiz Amaya fue asesinado a principios de febrero de 2020. Era miembro del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Desarrollo Municipal (SITRAINFOM). Gerson Hdelman es uno de los siete líderes sindicales asesinados en Guatemala.

Pedro Rogelio Morales Gramajo fue asesinado el 2 de febrero de 2020 en el Departamento de Retalhuleu. Era miembro del Consejo Consultivo de la Unión General de Empleados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (SIGEMITRAB). Pedro Rogelio es uno de los siete líderes sindicales asesinados en Guatemala.

En Brasil, el sindicalista João Inácio da Silva fue asesinado a tiros por dos motociclistas mientras estaba sentado frente a su casa en Parauapebas, Pará, el 6 de noviembre de 2020. Era presidente de la Cooperativa de Trabajadores Montes Belos. Da Silva había recibido poco antes amenazas de muerte. Hasta la fecha, no se ha procedido a ninguna detención.

El 23 de julio de 2020 fue asesinado Hamilton Dias de Moura, presidente del Sindicato dos Motoristas e Empregados em Empresas de Transporte de Cargas, Logística em Transporte e Diferenciados de Belo Horizonte e Região (SIMECLODIF). El cuerpo de Moura fue encontrado, con varios impactos de bala, en el asiento de pasajero de su propio automóvil en Belo Horizonte, Minas Gerais.