Poder legislativo

El gobierno de Modi aprobó tres leyes laborales clave los días 22 y 23 de septiembre de 2020, empleando medios antidemocráticos y reescribiendo fundamentalmente la legislación laboral india. Las leyes incluían el Código de Relaciones Laborales, el Código de Seguridad Social y el Código de Seguridad Laboral, Salud y Condiciones de Trabajo. La legislación fue aprobada en el Parlamento sin debate, ya que los partidos de la oposición boicotearon la cámara.

Una coalición de centrales sindicales ha criticado muchas de las particularidades de las nuevas leyes, señalando tres fallas fundamentales. El Código de Seguridad Social no hace de la seguridad social un derecho universal, dejando a millones de personas sin una protección social clara. El Código de Seguridad y Salud en el Trabajo y Condiciones Laborales dejó al margen enormes sectores de la economía, como la agricultura, que emplea al 50% de la población activa total de la India. El Código de Relaciones Laborales protege la industria a costa de los trabajadores, violando la Constitución, restringiendo la definición de “trabajador” y limitando severamente el derecho a la huelga y la capacidad de los trabajadores para participar en un proceso de negociación colectiva.

Las centrales sindicales de la India se unieron en masivas protestas nacionales el 23 de septiembre, en las que participaron millones de personas.

El 5 de octubre de 2020, el gobierno indonesio adoptó, sin efectuar consultas previas con los sindicatos nacionales, una Ley General que introduce cambios considerables respecto a los derechos de los trabajadores y la normativa medioambiental. La ley, que cambió más de mil artículos en 79 estatutos existentes, eliminó principalmente importantes disposiciones sobre licencias por enfermedad (como el permiso retribuido obligatorio por el nacimiento de un hijo), incrementó el número límite de horas extras de trabajo, redujo la indemnización por despido y, en general, socavó la seguridad laboral de millones de indonesios. La magnitud, la complejidad y el contenido de la ley suponen una violación de las responsabilidades de Indonesia en materia de derechos humanos en virtud del derecho internacional. El Gobierno justificó este recorte generalizado a la protección de los trabajadores/as como necesarios para conseguir que Indonesia resulte más atractiva para los inversores.

En Uruguay, el derecho de huelga se ha visto seriamente amenazado por el nuevo decreto presidencial del 15 de octubre 2020, que concede al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la facultad de ordenar a la policía el desalojo inmediato de una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública o de una empresa o institución privada durante una acción de huelga. El MTSS podrá además convocar a una instancia de conciliación en plazo perentorio. Estas disposiciones conceden poderes excesivos al Ministerio para bloquear por anticipado cualquier acción de huelga, privando de esta manera a los trabajadores y sus sindicatos de sus vías de acción.

El 25 de junio de 2020 entró en vigor en Honduras un nuevo código penal que supone una clara amenaza a las libertades fundamentales, dado que sus disposiciones limitan considerablemente el derecho de reunión pacífica. El nuevo código criminaliza las protestas y asambleas públicas, que podrían llegar a castigarse con penas de hasta 30 años de prisión.

El 4 de febrero de 2021, el Parlamento eslovaco adoptó enmiendas al Código de Trabajo que socavan gravemente a los sindicatos del país modificando las normas relativas a la presencia sindical en el lugar de trabajo e interfiriendo gravemente en las libertades de los sindicatos para establecer sus propios estatutos y normas, elegir a sus representantes y organizar sus actividades.

Estos cambios, que se adoptaron sin consultas previas con los sindicatos, fueron aprobados deliberadamente para debilitar la posición de la central sindical Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) como el órgano más representativo en el diálogo tripartito y permitir el acceso a organizaciones de trabajadores completamente no representativas, especialmente las que están a favor del Ministerio de Trabajo.

En mayo de 2020, el Gobierno de Mauricio modificó las cláusulas de la nueva Ley de Derechos en el Trabajo en beneficio de los empleadores. Los sindicatos lucharon para mantener la mayor parte posible de la ley original, pero solo lograron bloquear una de las enmiendas.

Estos cambios representaron un duro revés para los sindicatos mauricianos, incluida la Confederation of Workers in the Public and Private Sectors (CTSP), que lucharon durante 16 años para que finalmente se introdujera una modificación positiva de la ley en octubre de 2019. Apenas ocho meses después, el primer ministro borró de un plumazo los progresos realizados y optó por ceder a la presión de los empleadores, indicando que las enmiendas serían de nuevo favorables a los trabajadores en 2024.

El 6 de febrero de 2020, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Ley de Protección del Derecho a Organizar (PRO) (H.R. 2474), legislación que aumentaría la protección a la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras, añadiendo sanciones para las empresas que tomen represalias contra los trabajadores que se organicen (hasta 50.000 USD por infracción). La ley también otorgaría a los trabajadores una compensación por los daños y perjuicios sufridos en caso de represalias, y no solamente el pago retroactivo de su remuneración y la reincorporación, como tienen derecho actualmente.

Entre otras mejoras significativas, la Ley PRO otorgaría a cientos de miles de trabajadores/as derechos de negociación colectiva y permitiría que más personas actualmente clasificadas como contratistas recibieran el estatus de empleados con el propósito de organizar sindicatos, lo que podría allanar el camino para que los trabajadores de plataformas en empresas como Lyft y Uber se organicen. Además debilitaría las leyes sobre “derecho al trabajo” en 27 estados, que de momento permiten a los trabajadores/as estar exentos de pagar cuotas sindicales pero seguir beneficiándose de los convenios colectivos negociados por los sindicatos.

La aprobación de este proyecto de ley llega tras años de salarios congelados para la mayoría de los estadounidenses, malas condiciones de trabajo y ataques a los derechos de los sindicatos y los trabajadores en general por parte de las empresas.

El 28 de octubre, la Comisión Europea publicó una propuesta de directiva sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea. La propuesta de la Comisión tiene un doble enfoque. Su primer objetivo es garantizar que los trabajadores de la Unión estén amparados por salarios mínimos adecuados que les permitan vivir dignamente dondequiera que trabajen.

Además, la Comisión inicia, por primera vez, medidas legislativas para reforzar la negociación colectiva en la Unión Europea. Teniendo en cuenta el declive generalizado en cuanto a la cobertura de la negociación colectiva, la directiva tiene como finalidad promover dicha cobertura en todos los Estados miembros. Los Estados miembros adoptarán medidas en consulta con los interlocutores sociales. La propuesta también establece un objetivo mínimo para una cobertura adecuada de la negociación colectiva: los Estados miembros donde la cobertura de la negociación colectiva sea inferior al 70% de la mano de obra, deberán además establecer un marco de condiciones propicias para la negociación colectiva, ya sea mediante una ley, previa consulta a los interlocutores sociales, o por acuerdo con ellos, y establecerá un plan de acción destinado a promover la negociación colectiva.