Democracia en crisis

El 25 de julio de 2020, las fuerzas de seguridad de Jordania detuvieron a los miembros de la ejecutiva del sindicato de docentes Jordanian Teachers’ Association (JTA), allanaron las oficinas del sindicato y lo cerraron por un período de dos años. La fiscalía acusó al presidente de JTA, Nasser Nawasreh, de instigación por un discurso que el líder sindical pronunció el 22 de julio en el que se mostró crítico con el Gobierno. Se desplegaron agentes antidisturbios para dispersar las manifestaciones pacíficas de miembros del JTA denunciando la represión de los derechos sindicales.

El 16 de agosto de 2020, el Tribunal Penal de la Magistratura de Ammán impuso una prohibición a la cobertura de prensa en relación con los procesos presentados contra JTA. La prohibición de la cobertura de prensa se aplicaba a las noticias, publicaciones y comentarios sobre el proceso judicial. Estas acciones de las autoridades provocaron manifestaciones pacíficas en varias ciudades de Jordania. Sin embargo, otros miembros y simpatizantes del sindicato JTA fueron arrestados durante esas manifestaciones.

Aun cuando los miembros de la ejecutiva de JTA serían liberados bajo fianza el 23 de agosto de 2020, debido a una disposición legal que limita la detención a 30 días, el 26 de octubre el gobernador de Ammán prohibió una conferencia de prensa pública de JTA.

En vísperas del Primero de Mayo de 2020, los servicios de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán acosaron e hicieron llamadas telefónicas a activistas laborales para amenazarlos con ser arrestados si planeaban o asistían a eventos para celebrar el Día del Trabajo. El Gobierno también arrestó y mantuvo en prisión preventiva a varios sindicalistas, incluido el profesor y líder sindical Esmail Abdi.

Tras el golpe militar en Myanmar se produjo una escalada de violencia con la represión de la disidencia popular, registrándose cientos de arrestos y detenciones sin el debido proceso legal. La junta militar continuó su progresión hacia el autoritarismo con sus planes de imponer la ley cibernética, la cual daría a las autoridades amplios poderes para bloquear cualquier contenido, poniendo a toda la población bajo vigilancia y suprimiendo la libertad de expresión.

Los militares publicaron la ley anunciada el 9 de febrero de 2021 con una falsa ventana de “consultas” durante seis días. Incluso poner en cuestión una acción de la junta en línea será motivo de encarcelamiento y objeto de importantes multas. La ley incluye en su marco de ciberdelincuencia “declaraciones escritas y verbales contra cualquier ley existente” y “delitos cometidos a nivel local e internacional”, lo que significa que las personas fuera de Myanmar que critican a la junta podrían enfrentarse a una posible acción por parte de los militares en Myanmar.

El 2 de abril de 2020, Soy Sros, dirigente sindical de la empresa de marroquinería Superl en Camboya, fue detenida acusada de “provocación”, según el Código Penal de Camboya, por sus publicaciones en las redes sociales en las que criticaba la suspensión de varios miembros del sindicato, incluyendo una mujer embarazada, durante la crisis del coronavirus. Fue recluida en la prisión provincial de Kompong Speu, donde, según el presidente de CUMW, Pav Sina, su salud se deterioró gravemente.

El Gobierno de Zimbabwe prohibió las manifestaciones contra el deterioro social y la crisis económica en el país, previstas para el 31 de julio de 2020. Activistas sindicales, estudiantes, periodistas y organizadores de la manifestación fueron detenidos y acusados de incitación a la violencia y de intentar derrocar al Gobierno. Las manifestaciones que intentaron tener lugar fueron sofocadas por una fuerte presencia policial y militar, y las pocas personas que sacaron pancartas a la calle fueron arrestadas.

El 5 de febrero de 2020, cuatro dirigentes sindicales fueron detenidos en Libreville, Gabón, durante la manifestación de Dynamique Unitaire, la principal organización sindical del país, para protestar contra el plan de austeridad del Gobierno. Con el pretexto de las reuniones que estaban en curso sobre la reforma del Código de Trabajo el 4 de febrero, el Ministerio del Interior prohibió preventivamente la manifestación. Los dirigentes sindicales decidieron seguir adelante con la manifestación prevista, pero las autoridades enviaron a la policía, que cargó brutalmente contra los manifestantes procediendo a la detención de los dirigentes sindicales.

El 30 de octubre de 2020, trabajadores/as de Truda Foods en Sudáfrica se reunieron para protestar por el despido de varios compañeros debido a su actividad en las redes sociales. Truda había suspendido a varios trabajadores por haber marcado con un ‘me gusta’ diversos artículos publicados por el secretario general de su sindicato. Olwethu Samente, Vuyiswa Gontsana, Luyanda Qumza, Yolisa Alam, Zethu Sopete y Lungiswa Solundwana recibieron cartas suspendiéndolos por cometer “una acción/conducta perjudicial para el interés del empleador” y “conducta indecente/inapropiada”. Tras su suspensión, los trabajadores pidieron ver la política de Truda relativa a las redes sociales. En lugar de mostrársela, fueron despedidos.

En Turquía, el primero de mayo, la policía de Estambul bloqueó la oficina central de la Confederación DİSK en Estambul en la madrugada y arrestó al secretario general de DİSK Adnan Serdaroğlu y a su presidenta Arzu Çerkezoğlu, junto a otros 25 miembros de la confederación. La confrontación tuvo lugar cuando la policía bloqueó la marcha hacia la plaza Taksim de Estambul, utilizando el toque de queda de la COVID-19 como pretexto. Los sindicalistas fueron liberados posteriormente esa misma tarde. Esta fue la tercera vez que los dirigentes de DİSK eran detenidos ese año.

En 2020, el Gobierno de Belarús impuso la prohibición de celebrar reuniones, piquetes, procesiones y manifestaciones organizadas por los sindicatos. La situación se complicó aún más con la resolución núm. 196 del Consejo de Ministros, de 3 de abril de 2020, según la cual el organizador de un evento multitudinario debe, antes de presentar una solicitud al órgano ejecutivo y administrativo local, cumplir una larga lista de requisitos exorbitantes, entre ellos garantizar el mantenimiento del orden público durante la manifestación, la prestación de servicios médicos y los servicios de limpieza, con todos los gastos asumidos por el organizador. La ley prevé además la posibilidad de liquidar un sindicato por el incumplimiento de uno solo de sus requisitos. Estas regulaciones equivalen a una prohibición de facto de todas las asambleas públicas y huelgas para los sindicatos.

En Bélgica, a principios de septiembre de 2020, un conciliador del municipio de Molenbeek y delegado sindical de CGSP fue despedido por haber publicado en su página de Facebook artículos que cuestionaban las políticas gubernamentales relacionadas con la gestión del coronavirus. El 3 de septiembre se organizó una acción de apoyo frente al ayuntamiento a favor de la libertad de opinión de este trabajador.

El 15 de mayo de 2020, Brinks Colombia inició el proceso legal para despedir al presidente nacional del sindicato, Frank Gualdrón, alegando que había publicado imágenes de una protesta laboral en Facebook. Gualdrón ha sido uno de los ocho dirigentes sindicales a quienes se les ha notificado su despido desde que Colombia declaró la emergencia sanitaria por la COVID-19 en marzo de 2020, en lo que parecería ser una estrategia antisindical deliberada.