Europa

El 23 de noviembre de 2020, el tribunal penal de Lieja condenó al presidente de la FGTB, Thierry Bodson, y a otros 16 sindicalistas a penas de cárcel con suspensión y a multas de entre 600 EUR y 4.800 EUR (723 USD y 5.782 USD) por “obstrucción maliciosa del tráfico en el contexto de un movimiento de huelga”. Los 17 activistas fueron juzgados por participar en una huelga general convocada en 2015 en protesta por las medidas de austeridad. También se les acusó de haber bloqueado supuestamente la autopista E40 en Cheratte durante la huelga del 19 de octubre de 2015.

La condena provocó protestas entre los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil de Bélgica, y muchos la calificaron de obstáculo a los derechos democráticos, subrayando la necesidad de revisar urgentemente el artículo 406 del Código Penal, que permite el procesamiento y la condena por este dudoso motivo. Es la segunda vez en dos años que los miembros de la FGTB son condenados sobre la base de este artículo.

El 24 de noviembre de 2020, la policía turca cargó contra miembros del sindicato Birlesik Metal-Is, que había organizado una marcha de Gebze a Ankara para protestar por el despido improcedente de trabajadores en varias empresas y el uso de la COVID-19 como excusa para seleccionar a los miembros sindicales con el fin de asignarles una licencia sin goce de sueldo. Una presencia policial masiva impidió el inicio de la marcha y 109 miembros de Birlesik Metal-Is fueron detenidos por la policía. Las imágenes de video de las detenciones muestran una gran brutalidad policial durante la intervención.

Decenas de miles de personas han participado en huelgas y manifestaciones en Belarús desde que Alexander Lukashenko proclamó en agosto de 2020 su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas. Se registraron miles de detenciones y más de 150 personas permanecieron entre rejas. Además, en todo el país ha seguido habiendo consecuencias jurídicas de carácter punitivo para los trabajadores en huelga. En Zhlobin, un tribunal local condenó a los trabajadores Igor Povarov, Alexander Bobrov y Yevgeny Govor de la planta metalúrgica bielorrusa BMZ a tres y dos años y medio de cárcel, respectivamente, por intentar organizar una huelga en dicha planta el 17 de agosto de 2020.

El 9 de noviembre de 2020, los empleados de Georgian House, fabricante y minorista de productos cárnicos de Georgia, se declararon en huelga para exigir la reincorporación de 17 empleados que habían sido despedidos de forma improcedente, y para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, los trabajadores y su sindicato solicitaron al ministro de Trabajo que nombrara un mediador y se entablaran negociaciones. El proceso de mediación fue un fracaso, ya que la dirección de Georgian House despidió a otros cuatro empleados implicados en el conflicto colectivo y sancionó a varios más aplicándoles recortes salariales del 49%. Las concentraciones de los trabajadores continuaron en protesta por esta nueva oleada de sanciones. La empresa despidió a un total de 13 trabajadores/as que habían participado en la huelga.

El 4 de febrero de 2021, el Parlamento eslovaco aprobó una serie de enmiendas al Código Laboral socavando gravemente la negociación colectiva en el país. En virtud de las nuevas disposiciones, que no se discutieron con los sindicatos antes de su adopción, se prohibió la extensión de los convenios colectivos de ámbito superior. Únicamente los convenios acordados antes del 1 de marzo de 2021 permanecieron en vigor hasta su vencimiento. Dichas enmiendas tendrán un impacto desastroso en la cobertura de la negociación colectiva en Eslovaquia, que actualmente es del 26%.

En los Países Bajos, la gran marca de muebles IKEA creó un sindicato amarillo en su sede, la Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (WIM), concediéndole privilegios y facilidades que no se concedían a otros sindicatos a nivel de empresa. El favoritismo de la empresa fue flagrante durante las negociaciones del convenio colectivo en octubre de 2020.

En 2020, la dirección de Aroma, una empresa vitivinícola de Moldavia, suspendió unilateralmente la aplicación del convenio colectivo y se negó a mantener negociaciones con el sindicato representativo de la unidad, afiliado a la Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație (Agroindsind). En su lugar, la empresa se ensañó con la dirección del sindicato trasladando, degradando y finalmente despidiendo a su presidenta, Nina Negru.

El Gobierno húngaro ha promulgado recientemente varios decretos que perjudican al personal sanitario. Las disposiciones, que entraron en vigor el 18 de noviembre de 2020, imponen restricciones más estrictas a los sindicatos del sector de la salud, prohibiendo la libertad sindical y reprimiendo el derecho de huelga. En virtud de dichos decretos, los trabajadores sanitarios fueron despojados de su condición de funcionarios públicos siendo obligados a firmar un nuevo contrato de trabajo antes del 1 de marzo de 2021. Asimismo, los derechos colectivos del personal sanitario se han visto restringidos mediante la prohibición de futuros convenios colectivos a partir de enero de 2021, mientras que todos los convenios colectivos establecidos hasta el momento quedaron sin efecto en la misma fecha. El derecho de huelga también ha quedado severamente restringido, puesto que para establecer un acuerdo entre el Gobierno y los “sindicatos afectados” es preciso establecer normas específicas. A falta de acuerdo, el derecho de huelga no puede ejercerse.

La dirección de Naftan, una refinería de petróleo de Belarús, suspendió ilícitamente durante un período de seis meses la cláusula del convenio colectivo que establece que los trabajadores/as y representantes sindicales no pueden ser despedidos por iniciativa del empleador sin el consentimiento previo del sindicato. Poco después, los miembros del sindicato fueron despedidos de forma sumaria. El director adjunto de Naftan declaró que “la medida estaba enfocada a reforzar la disciplina laboral”.

En Israel, el Gobierno ha venido retrasando sistemáticamente las negociaciones en los servicios públicos y se niega a discutir una serie de cuestiones que constituyen claramente temas de negociación según la legislación israelí.

Desde su reconocimiento legal el 27 de noviembre de 2019, el sindicato de mineros Sindikata e Minatorëve të Bashkuar të Bulqizës (SMBB) se ha estado enfrentando al despido sistemático de sus miembros. El presidente del sindicato, Elton Debreshi, fue despedido por AlbChrome, la mayor empresa minera de cromo que opera en Albania, apenas días después de la formación del sindicato. En respuesta, los trabajadores se declararon en huelga, exigiendo la reincorporación de su líder sindical. Durante los siguientes días, otros dirigentes y activistas sindicales fueron detenidos temporalmente e interrogados por la policía.

Aunque los trabajadores suspendieron la huelga después de que la inspección de trabajo local les prometiera la pronta revisión de la cuestión del despido de los sindicalistas, en diciembre de 2019 AlbChrome despidió a otros tres miembros del comité ejecutivo: Beqir Duriçi, Behar Gjimi y Ali Gjeta. Además, muchos trabajadores fueron amenazados con el despido si se afiliaban de nuevo al sindicato o si mantenían su afiliación. Desde entonces, el SMBB ha llevado los casos de despido a los tribunales y al Comisionado para la Protección contra la Discriminación (CPD). En noviembre de 2020, el CPD concluyó que los dirigentes del SMBB habían sido discriminados por AlbChrome debido a su actividad sindical. Mientras tanto, los casos judiciales siguen pendientes y los cuatro líderes sindicales siguen esperando su reincorporación.

En Turquía, los sindicatos se enfrentan desde hace tiempo a las tácticas discriminatorias de los empleadores para evitar la formación de sindicatos en el lugar de trabajo. La práctica más habitual es despedir a un número suficiente de miembros del sindicato para que la cifra de afiliados quede por debajo del umbral necesario para su reconocimiento. En la industria del metal, el fabricante de electrodomésticos Özer Elektrik despidió a diez miembros del sindicato Birleşik Metal-İş, que había organizado a la mayoría de los trabajadores de la empresa, antes de que este pudiera solicitar la certificación del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales en julio de 2020. Además, Özer Elektrik llamó a las fuerzas de seguridad para dispersar a los miembros del sindicato que se habían reunido para protestar. Los líderes sindicales fueron detenidos para amedrentar así a los trabajadores y disuadirles de afiliarse al sindicato.

Asímismo, en agosto de 2020, poco antes de que Türk Metal presentara su petición de reconocimiento, el fabricante de cables Ünal Kablo despidió a 31 miembros del sindicato, con lo que el número de afiliados quedó por debajo del umbral necesario para su reconocimiento. Otro sindicato, Özçelik-İş, solicitó la certificación de negociación colectiva en Sampa Otomotiv, demostrando que representaba a la mayoría de los trabajadores, y la empresa respondió con el despido de 71 miembros del sindicato.

El 31 de diciembre de 2020, el Tribunal de Bolonia, en Italia, consideró que el algoritmo, supuestamente objetivo, desarrollado por la plataforma de reparto de comida a domicilio Deliveroo para la asignación de los pedidos discriminaba a los repartidores que participaban en huelgas y, por tanto, condenó a la empresa a pagar una indemnización por daños y perjuicios a los sindicatos que habían iniciado el caso. El tribunal consideró que había sido una decisión consciente de la dirección para subordinar a los repartidores mediante un sistema de reputación discriminatorio que rebajaba de la misma manera, sin distinción, tanto a los que se ausentan por razones triviales como a los que se abstienen de realizar entregas por ejercer el derecho a la huelga. Así pues, el tribunal consideró que el modelo de evaluación adoptado por Deliveroo era el resultado de una elección consciente por parte de la empresa de privilegiar la disponibilidad de los repartidores y de penalizar a aquellos que ejercían su derecho a la huelga.

En la mañana del 6 de noviembre de 2020, la policía registró los domicilios de varios miembros del sindicato de docentes Eğitim-Sen, en la provincia mayoritariamente kurda de Diyarbakır, deteniendo a 26 docentes. Las redadas se realizaron en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía General de Diyarbakır por motivos no revelados. La policía también registró los armarios de los profesores en las aulas, al tiempo que los docentes eran trasladados a la Dirección de Seguridad de Diyarbakır.

El 27 de octubre de 2020, Alexander Zhuk, representante sindical del BITU en OJSC Grodno Azot, fue secuestrado cuando se dirigía al trabajo. Al mediodía se supo que había sido trasladado a la Fiscalía, donde fue interrogado por la policía y los servicios secretos. Esa noche Zhuk fue oficialmente detenido y trasladado al centro de detención preventiva del distrito de Oktyabrsky, donde cumplió una condena de 30 días por unas supuestas infracciones administrativas poco claras.

El 16 de febrero de 2020, la oficina del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Industria Electrónica de Belarús (REP) fue objeto de una redada policial en el marco de la cual le fueron incautados todos los dispositivos de comunicación y los ordenadores portátiles, así como casi toda la documentación básica, incluidos los documentos contables, diversos materiales impresos y de campaña, y dinero personal. Los agentes se negaron a entregar una copia del acta de registro y a facilitar un inventario de los objetos incautados. Esa misma mañana la policía registró los domicilios de Vladimir Maley, abogado del REP para la región de Bres, y de Andrei Komlik-Yamatin, presidente del sindicato del REP en la fábrica de motores Minsk Motor Plant. Este fue detenido por negarse a abrir la puerta y condenado a 25 días de arresto administrativo “por desobediencia a una orden o petición de un funcionario de servicio”.

Los mineros de Lugansk, Ucrania, iniciaron una acción de ocupación subterránea de la mina Komsomolskaya en la ciudad de Antratsit, el 5 de junio de 2020 para exigir el pago de los salarios pendientes. A las huelgas en el subsuelo de la mina siguió una larga serie de acciones industriales en la región debido a los atrasos salariales y la falta de protecciones en el sector minero ucraniano. El 13 de junio, cerca de un centenar de personas se reunieron en la plaza del pueblo para apoyar a los mineros. La huelga terminó en la madrugada del 13 de junio después de que la dirección de la mina pagara la mayor parte de los atrasos salariales y asegurara a los mineros que no habría más detenciones. Sin embargo, 14 activistas sindicales arrestados anteriormente seguían detenidos por las autoridades, mientras que en otras ciudades también fueron arrestados otros 21 mineros. Los detenidos fueron acusados en virtud del artículo 252 del Código Penal que prohíbe “la reiterada violación del orden establecido, organización o celebración de asambleas, reuniones, manifestaciones, marchas o piquetes”. Las penas implican penas de hasta cinco años de prisión.

En Kirguistán, el tribunal de distrito decidió procesar al vicepresidente de la FTUKg, Kanatbek Osmonov, el 10 de junio de 2020, sin indicar los cargos que se le imputaban, poniéndolo bajo arresto domiciliario durante dos meses sin derecho a usar medios de telecomunicación ni Internet, suspendiendo así de manera efectiva su labor sindical. Su sentencia se rebajó a “arresto domiciliario nocturno” a partir del 30 de junio de 2020.

Dos miembros del Belarusian Independent Trade Union (BITU), Vladimir Berdnikovich y Andrey Prilutsky, fueron acusados de violencias contra la policía. Vladimir Berdnikovich fue condenado a cuatro años después de haber logrado escapar de la redada policial mientras las fuerzas armadas dispersaban brutalmente a los manifestantes. Mientras ayudaba a un anciano que estaba siendo agredido durante la protesta, Andrey Prilutsky fue severamente golpeado, arrestado y sentenciado a 15 días de prisión.

En Belarús, activistas sindicales y trabajadores recibieron severas sentencias judiciales por su participación en las protestas pacíficas tras el resultado de las elecciones presidenciales de agosto de 2020.

El 20 de enero de 2021, el Tribunal Supremo de Belarús rechazó el recurso del comité de huelga de Belaruskali y juzgó ilegal la huelga del año pasado. Daria Polyakova, coordinadora de la red juvenil del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Industria Electrónica de Belarús (REP), fue condenada a dos años de arresto domiciliario por “violencia o amenaza de violencia contra un empleado de la agencia de asuntos interiores”.

El 1 de julio de 2020, durante una protesta organizada por el Sindicato Independiente de Mineros de Ucrania (NPGU) y la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania (KVPU) cerca de la oficina del presidente de Ucrania en Kiev, agentes de policía cargaron duramente contra los trabajadores registrándose numerosos heridos. La policía también confiscó ilegalmente propiedades (tiendas de campaña y artículos personales) pertenecientes al NPGU.

El 24 de noviembre de 2020, la policía turca reprimió a los miembros del sindicato Birlesik Metal-Is, que había organizado una marcha de Gebze a Ankara para protestar por el despido improcedente de trabajadores en varias empresas y el uso de la COVID-19 como excusa para seleccionar a los miembros sindicales con el fin de asignarles una licencia sin goce de sueldo. Una presencia policial masiva impidió el inicio de la marcha, y 109 miembros de Birlesik Metal-Is fueron detenidos por la policía. Las imágenes de vídeo de las detenciones reflejan la brutalidad policial durante la intervención.

En enero de 2021, las autoridades de Minsk se negaron a registrar los sindicatos de estudiantes y docentes afiliados al BITU en la Universidad Estatal Bielorrusa, sin dar ninguna explicación al respecto.

En 2020, la Federación de Sindicatos del Kirguistán (FTUKg) ha estado luchando contra los intentos del Gobierno de hacerse con el control de sus cargos electos.

El 5 de febrero de 2020, el Consejo de la FTUKg consiguió finalmente destituir al presidente de la FTUKg, Mirbek Asanakunov, que había sido elegido en 2017 con un importante apoyo y ayuda del Gobierno. El Consejo nombró a Ryskul Babayeva como nuevo presidente. En represalia, el Gobierno llevó a cabo una serie de redadas en los domicilios de los dirigentes de la FTUKg, iniciando investigaciones penales por cargos espurios. El trabajo de la FTUKg quedó efectivamente paralizado y se le bloquearon las cuentas bancarias. Su congreso, que debía celebrarse en diciembre de 2020, se canceló debido a una orden del viceprimer ministro de suspender las inminentes elecciones. Finalmente, el mandato de los miembros electos de la FTUKg expiró. El 10 de diciembre de 2020, un grupo de personas encabezado por un diputado tomó el control del edificio de la Federación.

El 24 de noviembre de 2020, las autoridades de Moskovsky (distrito de Minsk) decidió denegar el registro a los sindicatos de BITU recién creados en dos empresas de informática, EPAM Systems y JSC Peleng, so pretexto de la inexistencia de intereses profesionales comunes entre los empleados de estas empresas y las actividades del BITU.

Durante años en Belarús, el Belarusian Independent Trade Union (BITU) y sus organizaciones a nivel de empresa han visto denegado su registro en base a motivos dudosos. El 13 de octubre de 2021, las autoridades de Polotsk se negaron ilícitamente a reconocer el sindicato recién creado en la empresa fabricante de fibra de vidrio Polotsk-Steklovolokno. En virtud de la legislación bielorrusa, esta negativa implica la disolución automática del sindicato.

En diciembre de 2020, las autoridades municipales de Shymkent presentaron una demanda solicitando la suspensión de las actividades del Industrial Trade Union of Fuel and Economic Complex Workers. Esta demanda fue promovida por tres empresas, Oil Construction Company LLP, West Oil LLP y Bozashy Trans Kurylys LLP, que alegaban que los documentos fundacionales y la estructura del sindicato no reflejaban los cambios exigidos por la nueva legislación. Tras un juicio rápido, que comenzó el 20 de enero de 2021, el tribunal decidió suspender el registro del sindicato. Se ha presentado un recurso contra esta decisión.

Desde que se anuló su registró el 28 de marzo de 2017, el Gobierno ha impedido que la Confederación de Sindicatos Independientes de la República de Kazajstán (CNTUK) pudiera registrarse bajo otro nombre, por lo que no ha podido funcionar como organización sindical. En 2021, la cuestión de la transferencia de los fondos retenidos de la CNTUK a otro sindicato seguía sin haberse resuelto.

En abril de 2020, el sindicato de trabajadores del Ministerio de Economía de Armenia fue unilateralmente disuelto por el Gobierno, el cual alegó que, tras la reestructuración del Ministerio a finales de 2019, el número de afiliados había disminuido y que, por lo tanto, el sindicato no podía mantenerse. Al mismo tiempo, el Ministerio dejó de aplicar el sistema negociado de retención en nómina de las cotizaciones sindicales.

El Union of State, Local Governments and Public Service Employees of Armenia (USLGPSEA) envió una solicitud de aclaración por escrito, a la que el ministro respondió diciendo que “las encuestas preliminares habían revelado que los trabajadores no estaban satisfechos con la eficacia del sindicato”. A finales de mes, representantes de la dirección del Ministerio visitaron el domicilio del dirigente del sindicato y le obligaron a firmar una carta dirigida al ministro en la que se le notificaba del cese de las actividades del sindicato en el Ministerio.

En Turquía, el primero de mayo, la policía de Estambul bloqueó la oficina central de la Confederación DİSK en Estambul en la madrugada y arrestó al secretario general de DİSK Adnan Serdaroğlu y a su presidenta Arzu Çerkezoğlu, junto a otros 25 miembros de la confederación. La confrontación tuvo lugar cuando la policía bloqueó la marcha hacia la plaza Taksim de Estambul, utilizando el toque de queda de la COVID-19 como pretexto. Los sindicalistas fueron liberados posteriormente esa misma tarde. Esta fue la tercera vez que los dirigentes de DİSK eran detenidos ese año.

En 2020, el Gobierno de Belarús impuso la prohibición de celebrar reuniones, piquetes, procesiones y manifestaciones organizadas por los sindicatos. La situación se complicó aún más con la resolución núm. 196 del Consejo de Ministros, de 3 de abril de 2020, según la cual el organizador de un evento multitudinario debe, antes de presentar una solicitud al órgano ejecutivo y administrativo local, cumplir una larga lista de requisitos exorbitantes, entre ellos garantizar el mantenimiento del orden público durante la manifestación, la prestación de servicios médicos y los servicios de limpieza, con todos los gastos asumidos por el organizador. La ley prevé además la posibilidad de liquidar un sindicato por el incumplimiento de uno solo de sus requisitos. Estas regulaciones equivalen a una prohibición de facto de todas las asambleas públicas y huelgas para los sindicatos.

En Bélgica, a principios de septiembre de 2020, un conciliador del municipio de Molenbeek y delegado sindical de CGSP fue despedido por haber publicado en su página de Facebook artículos que cuestionaban las políticas gubernamentales relacionadas con la gestión del coronavirus. El 3 de septiembre se organizó una acción de apoyo frente al ayuntamiento a favor de la libertad de opinión de este trabajador.