Asia-Pacífico

El 30 de noviembre de 2020, la policía dispersó una concentración de protesta organizada por trabajadores de Cebú en la Zona Económica de Mactan para conmemorar el Día de Bonifacio y denunciar la inclusión, por parte del Gobierno, de las actividades sindicales en la lista roja. Cinco trabajadores fueron detenidos cuando la policía disolvió la concentración: Dennis Derige, Myra Opada, Joksan Branzuela, Jonel Labrador y Cristito Pangan, todos ellos afiliados al Sentro ng Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (Sentro) y al Partido Manggagawa (PM). Se les detuvo por desobediencia y por presunta violación de las normas de cuarentena. Los cinco sindicalistas quedaron en libertad tras pagar una multa de 1.000 PHP (20 USD).

El 5 de octubre de 2020, el gobierno indonesio adoptó, sin efectuar consultas previas con los sindicatos nacionales, una Ley General que introduce cambios considerables respecto a los derechos de los trabajadores y la normativa medioambiental.

Poco después, las manifestaciones organizadas por los sindicatos se extendieron por todo el país. La respuesta a las huelgas fue violencia y detenciones arbitrarias: la policía detuvo a 183 personas en Sumatra meridional y retuvo a más de 200 manifestantes en Yakarta. Treinta y dos miembros de la Federation of Indonesian Metal Workers' Union (FSPMI) resultaron heridos por cañones de agua y gases lacrimógenos en Bekasi, y otros diez fueron detenidos en Bekasi y Yakarta, acusados de hacer huelga fuera del horario permitido.

El 28 de julio de 2020, la Universidad de Hong Kong despidió al profesor de Derecho Benny Tai en relación con una supuesta condena penal por su papel en las protestas de 2014 en defensa de la democracia. Tai fue uno de los fundadores de las “protestas de los paraguas” organizadas para reclamar más democracia en Hong Kong. En 2019, un tribunal le condenó a 16 meses de prisión por “alteración del orden público”. En agosto de 2019 se le concedió la libertad bajo fianza en espera de una apelación. La decisión del rectorado de la universidad de despedir a Tai contradecía el veredicto del claustro, que afirmaba carecer de motivos suficientes para despedirlo. La decisión “marca el fin de la libertad académica en Hong Kong”, señaló Tai en una publicación en Facebook.

Malaysia Airlines viene rehusando desde hace tiempo a extender la negociación colectiva a los supervisores de la tripulación, argumentando que, al ser personal directivo, no pueden optar a la representación sindical. El sindicato National Union of Flight Attendants of Malaysia (NUFAM), que representa al personal de cabina de Malaysia Airlines, presentó una demanda ante el Tribunal Federal, que, en julio de 2020, tras un largo proceso, decidió que los supervisores de la tripulación tenían derecho a la afiliación sindical y a la negociación colectiva. La central sindical Malaysian Trades Union Congress solicitó a la aerolínea que reconociera inmediatamente al NUFAM como representante legítimo de los supervisores a efectos de la negociación colectiva, a lo que la empresa sigue negándose.

Samsung no ha participado de buena fe en la negociación colectiva, ni tampoco ha facilitado los datos pertinentes para las negociaciones. Y, pese a que existe un sindicato, la dirección ha fijado unilateralmente los salarios, lo cual responde a un patrón de violaciones por parte de la empresa.

El servicio de gestión aeroportuaria Cambodian Airport Management Service (CAMS), del cual Vinci posee la mayoría de las acciones, se negó obstinadamente a entablar negociaciones colectivas con los sindicatos de empresa, afiliados a la federación del transporte Cambodian Transport Workers’ Federation (CTWF), a pesar de haber sido certificados como sindicatos más representativos en 2019. Las negociaciones habían sido pospuestas inicialmente por la dirección, y luego se paralizaron debido a la pandemia de COVID-19, lo que permitió a la empresa imponer unilateralmente suspensiones laborales en los tres aeropuertos sin consultar al sindicato.

El 4 de noviembre de 2020, el CAMS informó oficiosamente a la plantilla del despido de 161 empleados, 121 de los cuales eran miembros del sindicato, y solo aceptó revelar a los sindicatos la lista de trabajadores despedidos el 24 de noviembre, en el marco de una reunión con el Ministerio de Trabajo. El CAMS se dirigió individualmente a los trabajadores y las trabajadoras para obligarles a aceptar el paquete de indemnizaciones. En enero de 2021, el CAMS había despedido a 130 trabajadores de los tres aeropuertos de Siem Reap, Sihanoukville y Phnom Penh. El Ministerio de Trabajo hizo caso omiso de las llamadas de atención de los sindicatos denunciando estas flagrantes violaciones de la legislación laboral.

El 15 de julio, Cathay Pacific informó a los sindicatos de Hong Kong Aircrew Officers’ Association (AOA) y Flight Attendants’ Union, que la empresa rescindiría unilateralmente en octubre el acuerdo de reconocimiento sindical y que desistiría de participar en la negociación colectiva, calificándola de “práctica anticuada”. El 22 de octubre de 2020, Cathay Pacific anunció el cierre de su filial Cathay Dragon y el despido inmediato de 7.346 tripulantes de cabina y 2.613 pilotos. El personal se vio obligado a firmar unos contratos de trabajo más económicos, con recortes de entre el 40% y el 60% a sus salarios y prestaciones. En junio de 2020, Cathay Pacific se benefició de un rescate del Gobierno por valor de 360 millones de HKD (46 millones USD).

Algunas categorías de empleados públicos siguen viendo denegado su derecho a la libertad sindical, como por ejemplo los bomberos o el personal de prisiones en Japón.

El 17 de junio de 2020, en Camboya, los trabajadores y trabajadoras de Greenfield Industry celebraron una reunión para establecer en la fábrica un sindicato perteneciente al Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU) y eligieron a 11 delegados sindicales. Tres días después, el departamento de Recursos Humanos convocó a los 11 delegados electos y les informó de que la empresa no podía renovar sus contratos de trabajo debido a la falta de pedidos y al bajo rendimiento de los trabajadores. El presidente del sindicato impugnó estas justificaciones inventadas, en respuesta a lo cual la empresa amenazó a los delegados sindicales, afirmando que debían dimitir del C.CAWDU o asumir las consecuencias. El presidente, el vicepresidente, el secretario y el tesorero del sindicato local fueron despedidos tras negarse a firmar la carta de dimisión que recibieron. Otros seis delegados sindicales firmaron la carta y abandonaron el C.CAWDU bajo coacción.

En junio de 2020, 3.000 trabajadores de la confección en Bangladesh fueron despedidos en el marco de un ejercicio de represión antisindical en tres fábricas de una misma empresa: Saybolt Tex, Tanaz Fashion y Windy Wet & Dry Process, ubicadas en Gazipur y Dhaka (Bangladesh). Las tres fábricas sindicalizadas son propiedad de Windy Group (propietario de otras cinco fábricas no sindicalizadas). Un total de 1.600 trabajadores fueron despedidos de Saybolt Tex, 1.200 de Tanaz Fashion y 200 de Windy Wet & Dry Process. Los trabajadores/as despedidos han llevado a cabo huelgas de hambre y otras protestas en las instalaciones de las fábricas de Windy Group para reclamar su reincorporación.

El 3 de julio de 2020, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, firmó la Ley Antiterrorista, una ley que socava gravemente las libertades civiles y pone en peligro los derechos laborales al someter a los trabajadores, activistas sindicales y otros actores y defensores de los derechos humanos a la presión de la policía, el ejército y otras fuerzas de seguridad y exponerlos a más detenciones arbitrarias, ataques indiscriminados e infundados, acoso, intimidación y ejecuciones extrajudiciales.

En virtud de la ley, un “Consejo Antiterrorista” nombrado por el presidente puede ordenar la detención de cualquier persona designada como “terrorista” sin orden judicial ni garantías procesales y mantenerla retenida hasta 24 días. La ley se aplica también a la supuesta “incitación” “mediante discursos, proclamas, escritos, emblemas, pancartas u otras representaciones que tiendan al mismo fin”, abriendo el camino a una supresión aún mayor de todas las formas de disidencia y activismo cívico y social. La condena en virtud de esta ley conlleva una pena de hasta 12 años de cárcel.

El 30 de junio de 2020, el máximo órgano legislativo de China aprobó por unanimidad una nueva Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, que criminaliza prácticamente cualquier acto que se considere una amenaza para la “seguridad nacional” incluyendo penas máximas de cadena perpetua. Un año después, se calcula que 97 defensores de los derechos humanos de Hong Kong han sido detenidos en virtud de la nueva ley, y ocho de ellos han sido procesados. Se enfrentan a cargos espurios, como blanqueo de dinero, fraude y publicación de expresiones sediciosas.

Además, otras 10.200 personas (40% estudiantes) han sido detenidas en relación con las protestas contra la ley de extradición de 2019. En total, casi 2.450 han sido procesadas y se han completado los procesos judiciales en más de 940 de estos casos.

El 21 de octubre de 2020, los tribunales tailandeses impusieron una pena de tres años de prisión a trece dirigentes del sindicato State Railway Workers’ Union (SRUT). Los miembros del SRUT han sido perseguidos despiadadamente por la empresa estatal de ferrocarriles, State Railway of Thailand valiéndose del sistema legal para llevar a cabo una campaña nacional de seguridad ferroviaria después del mortífero descarrilamiento de un tren en octubre de 2009 en la estación de Khao Tao. Las autoridades tailandesas también han ejercido represalias contra los trabajadores, incluso a través de la Oficina de la Comisión Nacional Anticorrupción (NACC).

Desde noviembre de 2018, se ha deducido de los salarios mensuales de siete líderes del SRUT el pago de multas por 24 millones de baht (726,116 USD) impuestas al SRUT por decisión del Tribunal Supremo del Trabajo en 2017.

El 10 de diciembre de 2020, al amanecer, la policía nacional filipina llevó a cabo redadas simultáneas en varios domicilios de organizadores sindicales en el área metropolitana de Manila, Filipinas. Con órdenes de allanamiento en mano, emitidas por un juez de instrucción de la ciudad, la policía forzó la entrada en los domicilios y colocó armas de fuego, municiones y artefactos explosivos. Fueron arrestados seis activistas sindicales: Dennise Velasco de Defend Jobs Philippines; Romina Astudillo, secretaria general adjunta de Kilusang Mayo Uno-Metro Manila; Mark Ryan Cruz, del Comité Ejecutivo Regional de KMU-Metro Manila; Jaymie Gregorio Jr. de KMU-Metro Manila; Joel Demate de Solidarity of Labour Rights and Welfare (SOLAR); y Rodrigo Esparago del Sandigang Manggagawa sa Quezon City (SMQC).

Todos ellos fueron acusados de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos. Aun cuando un tribunal local emitió una decisión desestimando los cargos contra Esparago, hasta la fecha la policía sigue bloqueando su liberación.

El 4 de marzo de 2021 a las 4.30 de la mañana, la Policía nacional de Filipinas-Grupo de investigación y detección de delitos allanó el domicilio de Ramir Edriga Corcolon, lo secuestró y lo llevó al Campamento Vicente Lim en Laguna. Corcolon es el presidente de la San Pablo City Water District Employees Association (SPCWDEA) y secretario general del sindicato de la red hidráulica Water System Employees Response (WATER).

El domicilio de Arnedo Sanggalang Lagunias, secretario del sindicato Honda Workers Union, fue allanado el mismo día a las 6 de la mañana y fue llevado por la fuerza al mismo campamento. Supuestamente, la policía habría encontrado una pistola y explosivos durante el registro.

En 2021, el Gobierno de Filipinas intensificó la represión contra el movimiento sindical independiente, arrestando ilegalmente y deteniendo arbitrariamente a veintiocho líderes sindicales en total.

El 7 de marzo de 2021, las fuerzas policiales allanaron las oficinas sindicales y los domicilios de sindicalistas en las provincias de Cavite, Laguna, Batangas y Rizal, deteniendo a ocho personas, incluidos Steve Mendoza, vicepresidente ejecutivo del sindicato agrícola Organised Labour Association in Line Industries and Agriculture (OLALIA KMU) en Cabuyao, y Elizabeth Camoral, expresidenta del sindicato de F-Tech y actual portavoz de Bayan-Laguna.

Lee Cheuk-yan, secretario general de la central sindical independiente Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), fue detenido el 28 de febrero de 2020 y acusado de “reunión no autorizada” por participar en protestas antigubernamentales exigiendo la retirada del proyecto de ley de extradición y el sufragio universal en 2019. Mientras estaba en libertad bajo fianza a la espera de juicio, Lee fue nuevamente acusado el 11 de junio de 2020 por incitar a otras personas a participar en una asamblea no autorizada el 4 de junio de 2020 destinada a conmemorar la matanza de Tiananmen en 1989, y el 6 de agosto por el cargo adicional de organizar y participar en la asamblea no autorizada junto con 25 activistas. En total, se le imputaron nueve cargos por cuatro asambleas no autorizadas en 2019 y 2020.

Después de un juicio de cuatro semanas en marzo de 2021, Lee Cheuk-yan, con otros seis activistas, fue declarado culpable y condenado a 18 meses de prisión. Todavía tiene pendientes otros seis cargos que le fueron imputados durante su detención en mayo y junio de 2021.

En Hong Kong, 53 de los activistas prodemocráticos más prominentes, incluida la presidenta de la central sindical Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), Carol Ng, fueron detenidos en una operación de represión policial masiva. Carol Ng fue arrestada en su casa el 6 de enero de 2021 por el departamento de seguridad nacional acusada de un presunto “intento de subvertir el poder estatal” con arreglo a la Ley de Seguridad Nacional de 2020. Winnie Yu, que preside el sindicato de personal sanitario Hospital Authority Employees Alliance (HAEA), también fue arrestada. El grupo fue acusado de organizar y participar en las elecciones primarias para candidatos prodemocráticos en las elecciones que fueron pospuestas el año pasado. Esta fue la mayor purga política contra los demócratas desde la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

El 31 de julio de 2020 Rong Chhun, presidente de la central sindical Cambodian Confederation of Unions (CCU) y destacado sindicalista en Camboya, fue detenido por “incitación a cometer graves delitos” en relación con sus comentarios públicos sobre las pérdidas de tierras de cultivo y las irregularidades fronterizas entre Camboya y Vietnam. Con este pretexto falaz, las autoridades camboyanas en realidad apuntaban a sus actividades al frente de los piquetes en el cierre de fábricas de vestuario y por instar al Gobierno a introducir mejoras en materia de derechos humanos, especialmente durante la pandemia de COVID-19. De ser declarado culpable, Rong Chhun podría ser condenado a dos años de prisión.

El 7 de agosto de 2020, al menos siete manifestantes y miembros de la CCU fueron detenidos por exigir la liberación de Chhun, entre ellos Sor Saknika, presidenta del sindicato de trabajadores del sector informal Cambodian Informal Labourers’ Association (CILA), acusada de incitación a unirse a la protesta solidaria y que permanece, hasta la fecha, en prisión preventiva.

El 10 de agosto, Ouk Chayavy, ex presidenta del sindicato independiente de docentes Cambodian Independent Teachers’ Association (CITA), fue atacada por matones después de visitar a Rong Chhun en prisión. Lideraba la campaña de liberación Free Rong Chhun y estaba en proceso de presentar peticiones a la ONU y a las representaciones de distintos países.

El 26 de agosto de 2020, Khamid Istakhori, secretario general de Federasi SERBUK, fue agredido físicamente durante una protesta pacífica contra el Proyecto de Ley General para la creación de empleo en Simpang Tiga PT Tanjung Enim Lestari.

La protesta pacífica de las trabajadoras y trabajadores se tornó violenta cuando el personal directivo de la empresa comenzó a dispersar brutalmente a los trabajadores. Istakhori trató de intervenir y negociar, pero en lugar de aceptar su intervención fue agredido. Istakhori tuvo que ser hospitalizado con hematomas y heridas en la cara. Días después, todavía sufría mareos, náuseas y fuertes dolores de cabeza.

En la madrugada del 8 de agosto de 2020, la policía indonesia dispersó brutalmente a 50 miembros de la Federation of Indonesian Pulp and Paper Workers Union (FSP2KI) que estaban llevando a cabo un bloqueo frente a la empresa PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (TELPP) en la provincia de Lampung. Un contingente de 120 agentes de la policía cargó contra los sindicalistas. Durante la carga policial, varias sindicalistas sufrieron acoso sexual por parte de agentes de la policía.

Los trabajadores/as llevaban 75 días realizando acciones frente a las puertas de la empresa en solidaridad con 38 miembros cuyos contratos de trabajo habían sido rescindidos por la empresa de subcontratación PT. Kaliguma Transindo, cuando TELPP puso fin al contrato y nombró una nueva empresa de externalización. Exigían que la nueva empresa recontratara a todos los trabajadores/as que anteriormente estaban empleados por PT Kaliguma Transindo.

El 25 de julio de 2020, la policía de Dhaka, Bangladesh, atacó violentamente a las trabajadoras y los trabajadores de la confección de Viyellatex y Shofi Tex, cuando protestaban contra el impago de salarios y subsidios. La policía hizo uso de una fuerza desproporcionada para reprimir la protesta, empleando porras, disparos, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los trabajadores. Como resultado del ataque, 12 trabajadores/as resultaron gravemente heridos.

En Afganistán, las autoridades han atacado implacablemente desde 2018 al National Union of Afghanistan Workers and Employees (NUAWE), impidiéndole efectivamente llevar a cabo sus actividades. En septiembre de 2020, el Ministerio de Justicia volvió a prohibir oficialmente la celebración del congreso del sindicato, que estaba prevista para el 5 de septiembre de 2020. El intento anterior por parte de la organización de celebrar su congreso en febrero también se topó con la prohibición del Gobierno.

Además, el Gobierno no cumplió su promesa de desbloquear la cuenta bancaria de la organización y se negó a devolverle los bienes confiscados “hasta que se haya celebrado el congreso”.

El 19 de enero de 2021, el NUAWE consiguió finalmente celebrar su congreso, tras lo cual envió la lista de los nuevos dirigentes electos al Gobierno para su registro, pero este respondió con una negativa rotunda. A día de hoy, el Gobierno sigue negándose a renovar el registro del NUAWE, a devolverle sus oficinas y bienes y a desbloquear sus cuentas bancarias.

El sindicato de funcionarios Union for New Civil Servants de Hong Kong, establecido durante las protestas en favor de la democracia de 2019, fue disuelto en enero de 2021. La decisión se produjo un día después de que el Gobierno fijara un plazo de cuatro semanas para que sus trabajadores declararan su lealtad a la ciudad y se comprometieran a respetar la Ley Básica. El presidente del sindicato, Michael Ngan, anunció que el grupo había decidido disolverse ante el inminente compromiso de lealtad, que suscitaba serias dudas sobre la seguridad de sus miembros y podía provocar la expulsión de algunos de ellos de la función pública.

Tras el golpe militar en Myanmar se produjo una escalada de violencia con la represión de la disidencia popular, registrándose cientos de arrestos y detenciones sin el debido proceso legal. La junta militar continuó su progresión hacia el autoritarismo con sus planes de imponer la ley cibernética, la cual daría a las autoridades amplios poderes para bloquear cualquier contenido, poniendo a toda la población bajo vigilancia y suprimiendo la libertad de expresión.

Los militares publicaron la ley anunciada el 9 de febrero de 2021 con una falsa ventana de “consultas” durante seis días. Incluso poner en cuestión una acción de la junta en línea será motivo de encarcelamiento y objeto de importantes multas. La ley incluye en su marco de ciberdelincuencia “declaraciones escritas y verbales contra cualquier ley existente” y “delitos cometidos a nivel local e internacional”, lo que significa que las personas fuera de Myanmar que critican a la junta podrían enfrentarse a una posible acción por parte de los militares en Myanmar.

El 2 de abril de 2020, Soy Sros, dirigente sindical de la empresa de marroquinería Superl en Camboya, fue detenida acusada de “provocación”, según el Código Penal de Camboya, por sus publicaciones en las redes sociales en las que criticaba la suspensión de varios miembros del sindicato, incluyendo una mujer embarazada, durante la crisis del coronavirus. Fue recluida en la prisión provincial de Kompong Speu, donde, según el presidente de CUMW, Pav Sina, su salud se deterioró gravemente.

El 7 de febrero de 2021, Leonardo Escala, presidente del sindicato de trabajadores portuarios de la empresa ICTSI en la terminal de Manila, NMPI-ICTSI, fue tiroteado por sicarios cuando se encontraba junto a su sobrina de cuatro años frente a su casa en Tondo, Manila. Sus asesinos escaparon en motocicletas. Escala fallecería una hora después en el hospital, donde quedó ingresada su sobrina para recibir tratamiento después de recibir un disparo en la espalda.

El 17 de agosto de 2020, Zara Álvarez, de 39 años, fue asesinada a tiros. Álvarez era coordinadora en la ciudad de Bacolod del sindicato de docentes Alliance of Concerned Teachers (ACT). Figuraba entre las 600 personas etiquetadas como “terroristas” en el caso de proscripción presentado en el tribunal regional de primera instancia de Manila en 2018. Su nombre y fotografía aparecieron en carteles en las calles de Negros, señalándola como una de los presuntos altos responsables del Partido Comunista de Filipinas. Álvarez y muchas otras personas fueron retiradas de la lista en 2019. Sin embargo, quienes habían sido incluidos en la lista seguían amenazados o vilipendiados supuestamente por fuerzas del Estado. Hasta la fecha no se ha realizado ninguna detención en relación con su asesinato.

En Filipinas, la violencia del Estado contra los sindicalistas es endémica, ya que el presidente Duterte aprueba e incluso ordena ataques dirigidos en su contra para detenerlos y matarlos. A principios de marzo de 2021, manifestó en un discurso público su “deseo de matar a todos los comunistas”. El 7 de marzo de 2021, las fuerzas estatales lanzaron redadas coordinadas contra líderes y activistas sindicales en las provincias de Cavite, Laguna, Batangas y Rizal (Tagalo Sur). Cinco sindicalistas fueron asesinados por la policía, entre ellos Manny Asunción y Michael Dasigao.

Desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021 en Myanmar, se produjo una movilización multitudinaria exigiendo el retorno a la democracia y el restablecimiento del Estado de derecho. A pesar de enfrentarse a una brutalidad extrema por parte de las fuerzas estatales, que recurrieron a una fuerza letal y a detenciones masivas, su determinación no disminuyó.

A principios de marzo, una coalición de sindicatos convocó una huelga con el objetivo de un “cierre completo y prolongado de la economía de Myanmar”. Trabajadoras y trabajadores de varias industrias se unieron al movimiento de protesta, sobre todo los del ferrocarril estatal y del sector bancario. La policía intimidó a los trabajadores ferroviarios de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, deambulando por la zona residencial durante la noche, gritando y efectuando disparos al azar.

En Rangún y en otros lugares, todas las noches la policía y el ejército llevan a cabo redadas después del toque de queda de las 8 p.m., disparando armas y granadas aturdidoras y efectuando redadas selectivas para arrestar a la gente. Las detenciones suelen llevarse a cabo a punta de pistola, sin orden judicial.

El número total de muertos en semanas de disturbios se eleva a al menos 550 (en el momento de escribir este informe), mientras que cientos de personas han resultado heridas y más de 2.700 han sido detenidas, acusadas o ya condenadas.