Américas

3,48

Violaciones regulares de los derechos

Sin cambios desde el año pasado

El continente americano ha seguido inmerso en un clima generalizado de extrema violencia y represión contra trabajadores y sindicalistas, con dos líderes sindicales asesinados en Brasil, 22 en Colombia y seis en Guatemala.

De un vistazo

88%

88% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

72%

72% de los países han vulnerado el derecho de negociación colectiva.

72%

72% de los países excluyeron a trabajadores/as del derecho a formar y afiliarse a un sindicato.

76%

76% de los países en las Américas denegaron acceso a la justicia a trabajadores/as.

56%

En 56% de los países se arrestó y detuvo a trabajadores/as.

40%

Trabajadores/as sufrieron violentos ataques en 40% de los países de las Américas.

88%

En el 88% de los países se impidió el registro de sindicatos.

20%

20% de los países en las Américas restringieron la libertad de expresión y reunión.

Asesinaron a trabajadores/s en Brasil, Colombia y Guatemala.

Violaciones de los derechos de los trabajadores

Derecho de huelgaEnjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

88%

88% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

Enjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

A principios de junio de 2020, trabajadoras y trabajadores municipales que organizaron protestas y movilizaciones en la ciudad de Mendoza, Argentina, reclamando mejores condiciones salariales y laborales fueron duramente reprimidos por la policía provincial, registrándose más de 50 detenciones. Conforme continuaron las movilizaciones se intensificó la represión policial, y el 5 de junio, un centenar de policías desplegaron un descomunal operativo para dispersar a trabajadores municipales que acampaban en el centro de la capital. Durante esta intervención resultaron heridos varios trabajadores y fue detenido Sebastián Henríquez, secretario provincial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

Enjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas

En Saskatchewan, Canadá, el prolongado conflicto en relación con la renovación del convenio colectivo en Co-op Refinery Complex se agravó y, en diciembre de 2019, el empleador entregó a Unifor Local 594 un preaviso de cierre patronal al tiempo que el sindicato entregaba un preaviso de huelga y empezaba a organizar concentraciones y piquetes. Poco después, la empresa solicitó una orden judicial para imponer restricciones a la capacidad de Unifor para formar piquetes y, durante el mes siguiente, Co-op Refinery Complex acusó a los miembros del sindicato de vulnerar esta orden. Durante los meses siguientes, varios miembros del sindicato fueron arrestados por formar piquetes: el 21 de enero de 2020, el presidente de Unifor, Jerry Dias, fue detenido junto a otros 13 miembros del sindicato, mientras que, el 5 de febrero de 2020, cuatro miembros del sindicato que estaban formando piquetes a las puertas de las instalaciones de la empresa fueron arrestados y acusados de vandalismo. El 5 de mayo de 2020, otros cuatro miembros del sindicato fueron acusados de organizar piquetes. Unifor también fue severamente sancionado con una primera multa de 100.000 CAD (80.142 USD) en enero de 2020 y con otra multa de 250.000 CAD (200.356 USD) en febrero de 2020. Mientras tanto, la empresa contrató a trabajadores de reemplazo.

Los miembros del sindicato fueron juzgados a finales de año. El presidente de Unifor Local 594, Kevin Bittman, fue declarado no culpable, mientras que el vicepresidente Lance Holowachuk fue declarado culpable y obligado a realizar 40 horas de servicio comunitario.

En julio de 2020 se firmó finalmente un convenio colectivo. Sin embargo, cuando los miembros del sindicato retomaron su trabajo, la dirección de Co-op Refinery Complex empezó a interrogarles sobre su papel durante el cierre patronal. Unifor presentó inmediatamente ante las autoridades una solicitud para que prohibieran al empresario hacer ese tipo de preguntas y tomar represalias contra los trabajadores en huelga.

Derecho de huelgaDespidos por participar en acciones de huelga

88%

88% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

Despidos por participar en acciones de huelga

El 1 de junio de 2020, Falabella, multinacional chilena de tiendas por departamentos y venta minorista, despidió injustamente a 22 trabajadores de almacenes en Perú por pedir mejores protecciones frente a la COVID-19. Tras un breve cierre, la empresa volvió a abrir su centro de distribución peruano a principios de mayo, a pesar de la preocupación de los trabajadores y del Sindicato Unitario de Trabajadores de Safa Falabella (SUTRASAF) por las insuficientes protecciones en materia de salud y seguridad. Por ejemplo, la empresa sólo proporcionaba a los trabajadores una mascarilla por semana. Estas condiciones inseguras llevaron a esos 22 trabajadores de Falabella a ejercer su derecho legal de abstenerse de trabajar hasta que la empresa adoptara las medidas adecuadas. Pero cuando regresaron al trabajo, se les entregaron cartas de pre-despido y fueron suspendidos y más tarde despedidos sin compensación alguna. Entre tanto, se registraron al menos 30 casos de COVID-19 entre las 300 personas empleadas en las instalaciones.

Despidos por participar en acciones de huelga

En Costa Rica, los empleadores recurren a menudo a los tribunales para frustrar los intentos de los trabajadores/as a organizar acciones de huelga, aduciendo que prestan servicios esenciales y quedan por tanto sujetos a restricciones respecto a las huelgas. El 18 de octubre de 2020, el tribunal laboral del primer circuito judicial de San José aceptó la denuncia de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), decretando que el servicio de lavandería central del hospital debe considerarse como un servicio esencial. El paro laboral convocado el 23 de septiembre de 2020 en protesta por el acoso laboral por parte de la dirección fue, por tanto, declarado ilegal y el juez dictaminó que la Administración podría aplicar sanciones disciplinarias y condenó al Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) a pagar las costas del proceso.

Despidos por participar en acciones de huelga

Las trabajadoras y trabajadores de la confección de Haití han estado luchando por sobrevivir en medio de la pandemia de COVID-19, que ha agravado aún más la crisis económica y social del país. Casi un tercio de los contratos de 57.000 trabajadores/as del sector de la confección fueron suspendidos o rescindidos sin haber recibido compensación alguna del Gobierno pese a las promesas anunciadas. El resto está trabajando con horario reducido en fábricas inseguras que carecen hasta de las precauciones más básicas para prevenir la propagación del coronavirus.

En agosto de 2020, dirigentes del sindicato de la confección GOSTTRA intentaron defender los intereses de sus miembros. En Premium Apparel, 43 líderes y miembros del sindicato fueron despedidos tras protestar por la decisión de la empresa de enviarlos a casa.

Derecho a la negociación colectiva

72%

72% de los países han vulnerado el derecho de negociación colectiva.

Derecho a la negociación colectiva

El 21 de noviembre de 2020, Luis Samán Cuenca, secretario general del Sindicato Nacional de Obreros de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. recibió una carta de la empresa con un aviso de despido.

La empresa, subsidiaria peruana de AB InBev, lo acusaba de difamación y de haber afectado la imagen de la empresa por haber denunciado graves irregularidades durante la emergencia nacional por COVID-19. El 23 de noviembre, el secretario de prensa del sindicato, Jhon Gutarra, fue también sancionado con cinco días de suspensión, sin motivo alguno.

Durante la emergencia sanitaria, el sindicato intentó negociar con la empresa medidas que mitigaran el impacto económico, evitando de esta manera una suspensión de los trabajadores, pero ante la falta de acuerdos entre las partes, Backus trató de obligar a los trabajadores a firmar acuerdos individuales. La campaña informativa impulsada por el sindicato logró que nadie aceptara dichas condiciones.

Derecho a la negociación colectiva

El Gobierno del estado de São Paulo ha hecho caso omiso de las propuestas del Sindicato dos Metroviários en el marco de cuatro rondas de negociación consecutivas, e incluso se ha desmarcado del Tribunal Regional del Trabajo, que intentó mediar en un acuerdo destinado a aplicar unilateralmente recortes salariales en la nómina de junio de 2020, violando así el convenio colectivo sectorial.

Derecho a la negociación colectiva

En Espírito Santos y Bahía, Nestlé se negó a entregar a los trabajadores y las trabajadoras su participación en los beneficios según lo acordado en el convenio colectivo de empresa. La dirección propuso además reducir la subvención de alimentación en un 48,6%, pasando de 680 BRL a 350 BRL (124 USD a 63 USD). Nestlé retiró sus propuestas cuando los trabajadores comenzaron a protestar.

Derecho a la negociación colectiva

En Brasil, muchas empresas utilizaron las dificultades económicas derivadas de la pandemia de COVID-19 como pretexto para vulnerar los convenios colectivos y la consulta sindical, procediendo al despido masivo de trabajadores. El 3 de septiembre de 2020, Embraer, una empresa brasileña de productos aeroespaciales, anunció el despido de 2.500 trabajadores. Los despidos se llevaron a cabo sin negociación con el Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, vulnerando un acuerdo de protección del empleo firmado el 9 de abril de 2020.

Derecho a establecer y afiliarse a un sindicatoPrácticas antisindicales

72%

72% de los países excluyeron a trabajadores/as del derecho a formar y afiliarse a un sindicato.

Prácticas antisindicales

El 27 de abril de 2020, el servicio de entrega de comida a domicilio Foodora Canada anunció que el 11 de mayo abandonaría el mercado canadiense y se declaró en quiebra, alegando como motivos su “incapacidad para obtener beneficios y la saturación del mercado canadiense de entrega de comida a domicilio”. No obstante, los plazos resultaban sospechosos, ya que el anuncio se produjo en el contexto de una solicitud de certificación en curso por parte del sindicato de correos Canadian Union of Postal Workers (CUPW) ante la Junta de Relaciones Laborales de Ontario, que, el 25 de febrero de 2020, había emitido una decisión en la cual se reconocía que los repartidores de Foodora eran asalariados y que, por tanto, tenían derecho a negociar colectivamente. Esa decisión permitió el recuento de los votos de certificación sindical, sellados desde agosto de 2019. En junio de 2020 se anunciaron los resultados: casi el 90% de los repartidores de Foodora votaron a favor de organizarse con el CUPW, convirtiéndose en los primeros trabajadores de plataformas digitales de Canadá en organizarse con éxito. En agosto de 2020, los repartidores de CUPW y Foodora celebraron una victoria, ya que el CUPW y Delivery Hero, la empresa matriz de Foodora Canada, alcanzaron un acuerdo de 3,46 millones CAD para indemnizar a los repartidores.

Prácticas antisindicales

En 2020, Uber, Lyft y DoorDash montaron la campaña antisindical más cara en la historia de California, con la Propuesta 22 para oponerse a la ley AB5, una nueva ley estatal que clasificaba como empleados a ciertas categorías de trabajadores de la economía gig. La AB5 habría obligado a las empresas de plataformas a contratar a los conductores y cubrir los gastos de salud, el seguro de desempleo y otras prestaciones. Con un gasto de más de 200 millones USD en propaganda para hacer llegar su mensaje a los votantes, los gigantes de las plataformas consiguieron ganar la votación del 5 de noviembre de 2020, permitiendo a las empresas de la economía colaborativa estar exentas de la AB5 y seguir tratando a los conductores como trabajadores autónomos. Como concesión a los defensores de los trabajadores, la iniciativa ofrecía beneficios limitados, como una promesa salarial y un estipendio para el seguro médico. A principios de enero de 2021, el sindicato de servicios Service Employees International Union y un grupo de conductores de vehículos de transporte concertado solicitaron al Tribunal Supremo del estado que invalidara la Propuesta 22.

Prácticas antisindicales

Pese a obtener enormes ganancias que ascienden a 10.000 millones USD anuales, la industria bananera en Ecuador sigue sin responder a las demandas de los sindicatos. La sindicalización continúa siendo difícil en el país, donde apenas el 1% de los trabajadores bananeros está sindicalizado por miedo a ser incluidos en listas negra y amenazas de violencia, incluyendo de parte de multinacionales como Fyffes.

Entre tanto, las condiciones de trabajo en el sector son pésimas. La mitad de los trabajadores hacen más de 14 horas diarias cobrando una media de 3,50 USD al día, menos del salario mínimo nacional. Se les exige además cumplir metas de producción para poder cobrar. Los productores reducen costos y aprovechan legislaciones poco estrictas para contratar personal con contratos temporales “permanentes”. Estas condiciones afectan a mas de 200.000 ecuatorianos en la industria.

Prácticas antisindicales

En Costa Rica, la empresa de autobuses Tapachula tomó represalias contra un grupo de conductores por haberse afiliado a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), siendo despedidos arbitrariamente.

Derecho a la justicia

76%

76% de los países en las Américas denegaron acceso a la justicia a trabajadores/as.

Derecho a la justicia

En 2019, Moisés Sánchez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) en los campos de melón de la empresa Fyffes en Choluteca, Honduras, fue injustamente acusado de ‘usurpación de tierras’ y procesado por cargos penales derivados de la construcción de una vía de acceso por la comunidad rural de La Permuta en noviembre de 2018. Se enfrentaba a una pena de hasta 30 años de prisión. El juicio programado para el 22 de enero de 2020 no se llevó a cabo debido a la presión nacional e internacional. Ese intento de encarcelarlo por cargos falsos parece formar parte de la campaña de larga data para diezmar al STAS.

Sánchez, quien sobrevivió a un ataque con machete de agresores en 2017, año en que también fue despedido por Fyffes, ha vuelto a ser objeto de vigilancia y amenazas desde octubre de 2019. La empresa frutera Fyffes emplea a más de 6.500 personas en el cultivo del melón en Honduras, mayoritariamente con empleos de temporada. La compañía se ha mostrado siempre hostil hacia el sindicato STAS.

Libertades civiles

56%

En 56% de los países se arrestó y detuvo a trabajadores/as.

Libertades civiles

En Haití, el profesorado respondió al llamado de varios sindicatos del sector educativo a hacer una huelga general en septiembre de 2020 para exigir mejores condiciones salariales. En el país, los docentes reciben una remuneración inferior a los 200 USD mensuales, mientras que en tres años su poder adquisitivo disminuyó en más del 40% debido a la pérdida de valor de la gourde, la moneda nacional.

Tras la huelga general, varios líderes sindicales fueron objeto de medidas de represalia, entre ellos Magalie Georges, secretaria general de la Confédération nationale des éducateurs haïtiens (CNEH); Georges Wilbert Franck, secretario general de la Union Nationale des Normaliens/nes et Educateurs/trices d'Haiti (UNNOEH); y cuatro dirigentes del sindicato de empleados del Ministerio de Educación Nacional y de Formación Profesional (MENFP). Los sindicatos nacionales en Haití señalan que los docentes activos en el movimiento sindical están siendo perseguidos por la policía y algunos se encuentran actualmente escondidos por temor a ser arrestados.

Libertades civiles

En Canadá, durante el prolongado conflicto entre el complejo de refinerías Co-op Refinery Complex y el sindicato Unifor Local 594 con respecto a la negociación del convenio colectivo, los miembros del sindicato comenzaron a celebrar mítines y piquetes cuando la empresa no les permitía entrar.

El 16 de diciembre de 2019, el empleador solicitó una orden judicial contra Unifor para imponer restricciones provisionales a la capacidad de Unifor para hacer piquetes, incluidas restricciones al número de horas que los piquetes podían impedir la entrada de vehículos en los locales. Durante el mes siguiente, los miembros del sindicato fueron acusados de violar esta orden, y el 21 de enero de 2020, el presidente de Unifor, Jerry Dias y otros 13 miembros del sindicato fueron arrestados.

En la madrugada del 5 de febrero de 2020, se detuvo a otros miembros del sindicato, acusados de hacer piquetes fuera del departamento de distribución de petróleo de la refinería cooperativa en Regina, Saskatchewan. Los sindicalistas arrestados fueron Ryan James David Briggs, James Peter Robert Cheeseman, Scott McKinnon y Steven Angus Vargo. Los cuatro fueron acusados de provocar daños por concepto de 5.000 CAD (4.002 USD) y desobedecer una orden judicial. la fecha prevista para su juicio era el 23 de marzo de 2020.

El 12 de febrero, Unifor fue condenado a pagar 250.000 CAD (200.084 USD) por “violar repetidamente la orden judicial” entre el 28 de diciembre de 2019 y el 27 de enero de 2020. El presidente de Unifor Local 594, Kevin Bittman, fue declarado no culpable, mientras que el vicepresidente Lance Holowachuk fue declarado culpable y obligado a realizar 40 horas de servicio comunitario.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

40%

Trabajadores/as sufrieron violentos ataques en 40% de los países de las Américas.

Violentos ataques contra trabajadores y trabajadoras

El 22 de julio de 2020, varias personas resultaron heridas cuando la policía reprimió una protesta pacífica en el Port of Belize Limited (PBL) en la ciudad de Belice. La manifestación fue organizada por trabajadores miembros del Christian Workers’ Union (CWU) para protestar contra los recortes salariales y el despido de 36 trabajadores. Agentes de la Unidad Anti-Pandillas intervinieron utilizando gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los participantes. Varias personas resultaron heridas, incluyendo una que recibió una bala de goma en la cabeza.

Derecho a realizar actividades sindicales

88%

En el 88% de los países se impidió el registro de sindicatos.

Derecho a realizar actividades sindicales

En 2021, muchos sindicatos de Haití no pudieron operar mientras no se emitiera el tan esperado certificado de registro, entre ellos los dos sindicatos de trabajadores de CODEVI (SYNTRAC y USOCO); el Syndicat des Travailleurs-euses du Ministère de la Santé Publique et de la Population (STMSPP) y el Syndicat des Employés de l'Institut Haïtien de Statistiques et d'Informatique (SEIHSI); el Syndicat des Ouvriers MAS-AKANSYÈL (SO-MA-AKAN); el Syndicat National des Employés de la DGI (SYNATE-DGI); el Syndicat des Employés du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (SEMARNDR); y el Syndicat du Personnel de la Primature (SYPP).

Derecho a realizar actividades sindicales

En octubre de 2020, un grupo de personas irrumpió violentamente en la sede de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), que agrupa a los trabajadores estatales y municipales de la ciudad de San Salvador. Los intrusos se autoproclamaron “nueva” Junta Directiva y expulsaron a los miembros de la ejecutiva legítima.

Derecho a realizar actividades sindicales

En 2021, el gobierno de El Salvador intensificó las presiones contra los sindicatos, llegando incluso a adoptar la decisión en marzo de 2021 de revocar las credenciales de todos los sindicatos democráticos y bloquear de manera efectiva su participación en las consultas tripartitas. Esta cancelación arbitraria priva a los sindicatos de sus derechos y les impide funcionar con normalidad en el país.

Derecho a realizar actividades sindicales

En Haití, el registro siempre ha sido un proceso arduo para los sindicatos. La Dirección General del Trabajo exige de forma ilícita y arbitraria la modificación de los estatutos de los sindicatos antes de registrarlos. Además, la Dirección General del Trabajo informa al empleador, antes del registro, de la presentación de una solicitud, y le pide que indique si los trabajadores inscritos forman parte de la empresa. Esto brinda a los empleadores la oportunidad y tiempo suficiente para despedir a los trabajadores antes de que se establezca el sindicato. Esta política antisindical ha impedido que muchos sindicatos independientes puedan obtener su registro.

Derecho a realizar actividades sindicales

En Canadá, la provincia de Alberta presentó el Proyecto de ley 32, un proyecto de ley general que dificulta el establecimiento de sindicatos: el proyecto elimina los plazos para las votaciones de certificación y suprime la posibilidad de que la Junta de Relaciones Laborales certifique automáticamente a un sindicato en caso de prácticas laborales injustas por parte del empleador. Además, el proyecto de ley exige que los sindicatos reciban el consentimiento individual de cada uno de los miembros para poder cobrar cuotas que no estén relacionadas con las actividades básicas de representación. El proyecto de ley recibió la aprobación real el 29 de julio de 2020.

El Gobierno de la provincia de Manitoba presentó el Proyecto de ley 16 que, entre otros cambios regresivos, otorgaría a las autoridades más poder para negarse a certificar a los sindicatos, controlar el uso de sus fondos y disolverlos.

Libertad de expresión y reunión bajo ataque

20%

20% de los países en las Américas restringieron la libertad de expresión y reunión.

Libertad de expresión y reunión bajo ataque

El 15 de mayo de 2020, Brinks Colombia inició el proceso legal para despedir al presidente nacional del sindicato, Frank Gualdrón, alegando que había publicado imágenes de una protesta laboral en Facebook. Gualdrón ha sido uno de los ocho dirigentes sindicales a quienes se les ha notificado su despido desde que Colombia declaró la emergencia sanitaria por la COVID-19 en marzo de 2020, en lo que parecería ser una estrategia antisindical deliberada.

Personal sanitario en El Salvador reclama medidas para combatir la pandemia. El Gobierno vulneró el derecho a realizar actividades sindicales retirando el registro a todos los sindicatos democráticos.Yuri Cortez / AFP

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