África

El 6 de julio de 2020, en Zimbabwe, el sindicato de enfermería Zimbabwean Nurses’ Association (ZINA) organizó varias huelgas en Harare y Bulawayo reclamando una revisión salarial y las prestaciones que se les adeudaba en relación con la COVID-19, así como el suministro adecuado de equipos de protección personal. Antes de las protestas, el Gobierno había invalidado el Panel de Negociación Bipartita del sector, declarando unilateralmente que durante los tres meses siguientes no participaría en ninguna forma de negociación colectiva. De manera que, en lugar de entablar un diálogo, el Gobierno ordenó la detención de 13 enfermeros y enfermeras. Aunque poco después serían puestos/as en libertad bajo fianza, fueron despedidos/as. Las huelgas prosiguieron durante 33 días sin que se retomasen las negociaciones.

En septiembre de 2020, la empresa taiwanesa FTM Garments llevó al Amalgamated Trade Unions of Swaziland (ATUSWA) a los tribunales en relación con las supuestas pérdidas de cuatro días de producción y por daños a la propiedad a consecuencia de un piquete. Esta actuación judicial, que pretende arruinar al sindicato, se produjo justo una semana después de que este demandase a la empresa por su negativa a reconocerlo, a pesar de la resolución dictada en enero de 2020 por la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje. ATUSWA lleva mucho tiempo luchando por un salario digno para las trabajadoras y los trabajadores del sector textil de Eswatini, que cobran de momento 1.800 SZL al mes (108 USD). El sindicato está haciendo campaña por un salario mínimo vital de 3.500 SZL (210 USD).

El 1 de octubre de 2020, la policía cargó contra los trabajadores en huelga de la empresa estibadora y naviera Satram, de la base naval de Port-Gentil, en Gabón. La huelga, que había comenzado el 25 de septiembre en protesta por los 24 meses de atrasos salariales, terminó con ataques violentos por parte de las fuerzas de seguridad contra los trabajadores, y con la detención de siete empleados.

Catorce delegados sindicales del National Union of Metalworkers of South Africa (Numsa) fueron despedidos en enero de 2021 por Volkswagen South Africa (VWSA) por “incitar” a los trabajadores a dejar de trabajar el 17 de julio de 2020, después de que el boletín de VWSA revelara que 120 trabajadores habían dado positivo en coronavirus y otros 60 estaban en cuarentena a la espera de los resultados de las pruebas de COVID-19. A pesar de la movilización de la South African Federation of Trade Unions (SAFTU), VWSA, con sede en Uitenhage (Provincia Oriental del Cabo), se negó a readmitir a los delegados sindicales. Se presentó una denuncia ante la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje.

Bull Clothing, una fábrica textil de Lesotho, despidió a 253 trabajadores, acusándolos de participar en una huelga. Más tarde los volvió a emplear con nuevos contratos, con salarios más bajos, sujetos a un período de prueba de tres meses. Los trabajadores fueron despedidos en agosto de 2020 tras reunirse para preguntar a la empresa por qué la dirección había retrasado el pago de 800 LSL (46 USD) efectuado por el Gobierno. La empresa les acusó de llevar a cabo una huelga salvaje y despidió de forma sumaria a los 253 trabajadores.

En Kenya, la Teachers Service Commission (TSC), autoridad nacional del sector de la educación, ha emprendido una campaña antisindical contra el sindicato de docentes Kenya National Union of Teachers (KNUT), discriminando a los miembros del KNUT y negándose a aplicar el convenio colectivo. La TSC también se ha negado a cobrar las cuotas de afiliación sindical. Este ataque sistemático contra el KNUT ha diezmado la afiliación sindical en el sector educativo, obstaculizando la capacidad de los sindicatos para representar a sus miembros. Además, la TSC intentó revocar el acuerdo de reconocimiento sindical del KNUT firmado en 1968.

En Namibia, nueve dirigentes sindicales de la mina de Rössing Uranium fueron injustamente despedidos en enero de 2021 tras rechazar las propuestas del propietario de la mina, China National Nuclear Corporation (CNNC) Rössing Uranium, para modificar el convenio colectivo existente. CNNC quería introducir cambios al convenio, en particular en lo relativo a las vacaciones, la asistencia médica, los salarios y las disposiciones sobre despidos. Tras enfrentarse a la oposición del sindicato y ser notificada de una inminente huelga, la empresa optó por atacar a los dirigentes sindicales y despidió a los nueve trabajadores, alegando “negligencia grave”, “desacreditación de la empresa” y “vulneración de la confidencialidad”.

El 25 de julio de 2020, Shavindra Dinoo Sundassee fue despedido por la empresa Airports of Mauritius Ltd. tras oponerse a la modificación unilateral por parte de la dirección de los términos del convenio colectivo.

En Mauricio, varios representantes de los trabajadores fueron despedidos de forma sumaria por una serie de empresas durante la renegociación de los convenios colectivos. El 18 de junio de 2020, Luximun Badal fue despedido por Mauritius Post Ltd. por su supuesta negativa a un traslado unilateral tras los conflictos relativos a la negociación de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores y las trabajadoras de correos, dado que el convenio anterior había expirado el 31 de diciembre de 2017. Badal tenía un acuerdo negociado por el Ministerio de Trabajo el 18 de febrero de 2016 que le protegía de ser trasladado mientras fuera presidente del sindicato. Esto no impidió que Mauritius Post Ltd despidiera al líder sindical y que posteriormente desacatara una sentencia judicial del 18 de octubre de 2020 que ordenaba a la empresa divulgar información relevante para la negociación colectiva.

El 11 de febrero de 2020, los trabajadores y las trabajadoras del Marriott Sheraton Grand Conakry, en Guinea, votaron, con un 96% de los votos a favor, para formar un sindicato y elegir a sus dirigentes. El largo proceso había comenzado en marzo de 2019. La dirección del hotel intentó en todo momento y por todos los medios posibles impedir que se celebrara la votación. Y apenas meses después de la votación sindical, la dirección del Marriot empezó a tomar represalias mediante suspensiones y despidos, para los cuales alegó pretextos falaces.

En agosto de 2020, el secretario general Amadou Diallo y el secretario general adjunto Alhassane Diallo de la nueva Fédération de l’Hôtellerie, Touristique, Restauration et Branche Connexe (FHTRC-ONSLG) se reunieron con la dirección para expresar su profundo desacuerdo con la propuesta de despido de un compañero por el hecho de haber roto un jarrón. Días después, la dirección del hotel suspendió a los dos dirigentes sindicales sin sueldo, y el 28 de septiembre los despidió. A día de hoy, Amadou Diallo y Alhassane Diallo siguen esperando su reincorporación.

A principios de 2020, el sindicato del calzado Footwear and Tanners Allied Workers Union of Zimbabwe (FTAWUZ), afiliado a la central sindical ZCTU, presentó a la empresa fabricante de calzado Bata una lista de más de 500 trabajadores que se habían organizado en un sindicato y solicitó que la empresa remitiera al sindicato las cotizaciones sindicales a través del sistema de retención en nómina. Bata se negó rotundamente a hacerlo, alegando que los trabajadores, miembros del FTAWUZ, eran también miembros de otro sindicato, y utilizando el pretexto de que, durante el confinamiento por la COVID-19, el acuerdo de retención en nómina no era aplicable. Hasta la fecha, más de 200 de los empleados organizados siguen viendo denegado su derecho a afiliarse a un sindicato.

El 27 de julio de 2020, el partido gobernante de Zimbabwe, ZANU-PF, convocó una rueda de prensa en la que el portavoz, Patrick Chinamasa, atacó y calificó a la central sindical Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) de “caballo de Troya del MDC-Alliance y de organización terrorista junto con Crisis in Zimbabwe Coalition”, una organización de la sociedad civil.

Ese mismo día, la Policía de la República de Zimbabwe emitió una orden de búsqueda y captura contra el presidente del ZCTU, Peter Mutasa, así como contra Obert Masaraure y Robson Chere, líderes del sindicato de docentes Amalgated Rural Teachers Union (ARTUZ), en relación con la huelga del 31 de julio de 2019. Un día después, la policía inició también una intensa búsqueda del miembro del ZCTU Godfrey Tsenengamu, Peter Mutasa y otros 11 políticos y sindicalistas, solicitando a los ciudadanos que facilitaran información sobre la localización de los activistas. No se ha emitido ninguna declaración sobre los motivos de esta persecución.

Moudi Moussa, periodista y sindicalista, y Halidou Mounkaila, dirigente del sindicato de docentes Syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l’éducation de base (SYNACEB), participaron el 15 de marzo de 2020 en una manifestación en Niamey (Níger) para exigir una investigación sobre las acusaciones de malversación de fondos por parte del Ministerio de Defensa. La manifestación fue duramente reprimida por las fuerzas de seguridad. Una docena de personas, entre ellas Moussa y Mounkaila, fueron detenidas y acusadas de “organizar una manifestación no autorizada, complicidad en daños a la propiedad pública, incendio intencional y homicidio con circunstancias atenuantes”. Los manifestantes detenidos fueron puestos en libertad el 30 de abril, pero Moudi Moussa y Halidou Mounkaila permanecieron encarcelados durante cinco meses más y no serían liberados hasta el 29 de septiembre de 2020 tras una prolongada movilización internacional.

En 2020 - 2021, numerosos sindicalistas de Sudán fueron sometidos a arrestos y detenciones arbitrarios, incluyendo Osama Dawina Hamad Al-Nil, tesorero de la Federation of Trade Unions in North Kordofan State; Eng. Abdel-Baqi Nour Al-Daem Muhammad, miembro de la ejecutiva de la Sudan Workers’ Trade Union Federation (SWTUF); Hussam Eddin Suleiman, miembro del Syndicate for the Ministry of Education; Muhammad Al-Makki Saleh, secretario general del Education Syndicate in North Darfur; Osama Taha Al-Bashir, tesorero adjunto del Gedaref State Workers’ Union; Al-Amin Ahmed Mohamed Tom, secretario de la juventud del Gedaref State Workers’ Union; y Alamuddin Yahya Farah, dirigente del Syndicate of the Ministry of Education.

El 24 de enero de 2021, Halat Algamer Elnour, dirigente del Syndicate of National Audit Chamber de Sudán, fue arrestada en Jartum por las fuerzas de seguridad, siendo liberada solo cuatro días después. Fue acusada de negarse a ceder al Gobierno propiedades sindicales tras la disolución ilegal del sindicato por parte del subcomité del Comité de Desmantelamiento y Habilitación del Consejo de Soberanía de Transición de Sudán, el 14 de diciembre de 2019.

El 16 de agosto de 2020, las autoridades sudanesas emitieron una orden de detención contra Al Sadig Al Rezegy, presidente del sindicato de periodistas Sudanese Journalists’ Union (SJU), por haberse negado a entregar los bienes y haberes del SJU, que había sido disuelto por las autoridades a principios de año. Entre los cargos que se le imputaron a Al Rezegy, quien también es presidente de la Federación Africana de Periodistas (FAJ), figura el hecho de haber continuado al frente del sindicato y manteniendo sus actividades pese a haber sido prohibido, o haber asistido a reuniones de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la FAJ y otros organismos internacionales en representación del SJU.

El 15 de marzo de 2020, la policía reprimió brutalmente una manifestación organizada por varios sindicatos y la sociedad civil de Niamey, Níger, reclamando que se investigasen las acusaciones de malversación por parte del Ministerio de Defensa. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos contra los techos de las tiendas en el mercado de Tagabati, lo que provocó un incendio. Moudi Moussa, periodista y sindicalista, y Halidou Mounkaila, líder de un sindicato de docentes (SYNACEB), fueron arrestados y mantenidos arbitrariamente en detención durante siete meses.

El 5 de octubre de 2020, el certificado del sindicato de trabajadores portuarios Dockworkers’ Union of Liberia (DOWUL) en la Autoridad Portuaria Nacional de Liberia fue suspendido por el Ministerio de Trabajo a la espera del resultado de una investigación sobre una supuesta denuncia de instigación a la violencia en APM Terminals del Free Port de Monrovia. Según el ministro de Trabajo, el Ministerio recibió llamadas de la dirección de APM Terminals informando de una huelga de brazos caídos por parte de los dirigentes sindicales y solicitando la intervención del Ministerio. Las reuniones entre los dirigentes de DOWUL, la dirección de APM Terminals y el Ministerio de Trabajo fueron infructuosas. Días después, DOWUL organizó una huelga en el Free Port. El Ministerio de Trabajo tomó represalias suspendiendo la certificación del sindicato.

El Gobierno de Zimbabwe prohibió las manifestaciones contra el deterioro social y la crisis económica en el país, previstas para el 31 de julio de 2020. Activistas sindicales, estudiantes, periodistas y organizadores de la manifestación fueron detenidos y acusados de incitación a la violencia y de intentar derrocar al Gobierno. Las manifestaciones que intentaron tener lugar fueron sofocadas por una fuerte presencia policial y militar, y las pocas personas que sacaron pancartas a la calle fueron arrestadas.

El 5 de febrero de 2020, cuatro dirigentes sindicales fueron detenidos en Libreville, Gabón, durante la manifestación de Dynamique Unitaire, la principal organización sindical del país, para protestar contra el plan de austeridad del Gobierno. Con el pretexto de las reuniones que estaban en curso sobre la reforma del Código de Trabajo el 4 de febrero, el Ministerio del Interior prohibió preventivamente la manifestación. Los dirigentes sindicales decidieron seguir adelante con la manifestación prevista, pero las autoridades enviaron a la policía, que cargó brutalmente contra los manifestantes procediendo a la detención de los dirigentes sindicales.

El 30 de octubre de 2020, trabajadores/as de Truda Foods en Sudáfrica se reunieron para protestar por el despido de varios compañeros debido a su actividad en las redes sociales. Truda había suspendido a varios trabajadores por haber marcado con un ‘me gusta’ diversos artículos publicados por el secretario general de su sindicato. Olwethu Samente, Vuyiswa Gontsana, Luyanda Qumza, Yolisa Alam, Zethu Sopete y Lungiswa Solundwana recibieron cartas suspendiéndolos por cometer “una acción/conducta perjudicial para el interés del empleador” y “conducta indecente/inapropiada”. Tras su suspensión, los trabajadores pidieron ver la política de Truda relativa a las redes sociales. En lugar de mostrársela, fueron despedidos.