Estados Unidos

En junio de 2020, Facebook, con sede en los Estados Unidos, fue objeto de fuertes críticas por parte de los sindicatos por introducir una nueva herramienta en Facebook Workplace, un sitio donde los trabajadores pueden visualizar una corriente continua de contenido similar a una fuente de noticias, con temas de actualidad generados automáticamente basados en los comentarios publicados por los usuarios. La nueva herramienta permitió a los administradores eliminar y bloquear ciertos trending topics entre los empleados. En su presentación de lanzamiento, Facebook incluyó la palabra “sindicalizar” como ejemplo de un tema que los empleadores podrían considerar útil bloquear. Ante un aluvión de críticas por facilitar las estrategias antisindicales, la empresa renunció a su presentación al día siguiente.

En septiembre de 2020, Amazon, en los Estados Unidos, publicó y eliminó de inmediato una oferta de trabajo en su sitio web pidiendo dos analistas de inteligencia destinados a vigilar temas sensibles y confidenciales, “incluyendo amenazas de organización sindical contra la empresa”. Tras las protestas públicas de las organizaciones de derechos civiles y de los trabajadores, la empresa calificó los mensajes como un “error” y los retiró de su sitio web.

A pesar de ser una de las empresas más grandes y rentables del mundo, los trabajadores y trabajadoras de Amazon no están representados por un sindicato de ningún tipo. La empresa, conocida por ser ferozmente antisindical, recurrió a tácticas alevosas tales como espiar a los trabajadores/as favorables a la organización sindical y enviar correos de propaganda explícitamente antisindical a los aspirantes a miembros del sindicato.

En diciembre de 2020, el Consejo Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos presentó, después de una investigación de un año, una queja contra Google por violar las leyes laborales estadounidenses. Google fue acusada de espiar ilegalmente a los trabajadores/as y de interrogarlos para luego despedir al personal que hubiera intentado formar un sindicato u organizar protestas en 2019. La denuncia de la NLRB absolvió de toda infracción a dos empleados despedidos y concluyó que Google había vulnerado reiteradamente la legislación laboral estadounidense al recurrir a “despidos e intimidación con objeto de sofocar el activismo en el lugar de trabajo”. También constató que el acceso de Google a las agendas de los trabajadores/as y otros documentos privados constituía una vigilancia ilegal. Se esperaba que el caso fuera examinado y decidido por un juez de derecho administrativo durante 2021.

En 2020, Uber, Lyft y DoorDash montaron la campaña antisindical más cara en la historia de California, con la Propuesta 22 para oponerse a la ley AB5, una nueva ley estatal que clasificaba como empleados a ciertas categorías de trabajadores de la economía gig. La AB5 habría obligado a las empresas de plataformas a contratar a los conductores y cubrir los gastos de salud, el seguro de desempleo y otras prestaciones. Con un gasto de más de 200 millones USD en propaganda para hacer llegar su mensaje a los votantes, los gigantes de las plataformas consiguieron ganar la votación del 5 de noviembre de 2020, permitiendo a las empresas de la economía colaborativa estar exentas de la AB5 y seguir tratando a los conductores como trabajadores autónomos. Como concesión a los defensores de los trabajadores, la iniciativa ofrecía beneficios limitados, como una promesa salarial y un estipendio para el seguro médico. A principios de enero de 2021, el sindicato de servicios Service Employees International Union y un grupo de conductores de vehículos de transporte concertado solicitaron al Tribunal Supremo del estado que invalidara la Propuesta 22.

El 6 de febrero de 2020, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Ley de Protección del Derecho a Organizar (PRO) (H.R. 2474), legislación que aumentaría la protección a la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras, añadiendo sanciones para las empresas que tomen represalias contra los trabajadores que se organicen (hasta 50.000 USD por infracción). La ley también otorgaría a los trabajadores una compensación por los daños y perjuicios sufridos en caso de represalias, y no solamente el pago retroactivo de su remuneración y la reincorporación, como tienen derecho actualmente.

Entre otras mejoras significativas, la Ley PRO otorgaría a cientos de miles de trabajadores/as derechos de negociación colectiva y permitiría que más personas actualmente clasificadas como contratistas recibieran el estatus de empleados con el propósito de organizar sindicatos, lo que podría allanar el camino para que los trabajadores de plataformas en empresas como Lyft y Uber se organicen. Además debilitaría las leyes sobre “derecho al trabajo” en 27 estados, que de momento permiten a los trabajadores/as estar exentos de pagar cuotas sindicales pero seguir beneficiándose de los convenios colectivos negociados por los sindicatos.

La aprobación de este proyecto de ley llega tras años de salarios congelados para la mayoría de los estadounidenses, malas condiciones de trabajo y ataques a los derechos de los sindicatos y los trabajadores en general por parte de las empresas.