Filipinas

El 7 de febrero de 2021, Leonardo Escala, presidente del sindicato de trabajadores portuarios de la empresa ICTSI en la terminal de Manila, NMPI-ICTSI, fue tiroteado por sicarios cuando se encontraba junto a su sobrina de cuatro años frente a su casa en Tondo, Manila. Sus asesinos escaparon en motocicletas. Escala fallecería una hora después en el hospital, donde quedó ingresada su sobrina para recibir tratamiento después de recibir un disparo en la espalda.

El 17 de agosto de 2020, Zara Álvarez, de 39 años, fue asesinada a tiros. Álvarez era coordinadora en la ciudad de Bacolod del sindicato de docentes Alliance of Concerned Teachers (ACT). Figuraba entre las 600 personas etiquetadas como “terroristas” en el caso de proscripción presentado en el tribunal regional de primera instancia de Manila en 2018. Su nombre y fotografía aparecieron en carteles en las calles de Negros, señalándola como una de los presuntos altos responsables del Partido Comunista de Filipinas. Álvarez y muchas otras personas fueron retiradas de la lista en 2019. Sin embargo, quienes habían sido incluidos en la lista seguían amenazados o vilipendiados supuestamente por fuerzas del Estado. Hasta la fecha no se ha realizado ninguna detención en relación con su asesinato.

En Filipinas, la violencia del Estado contra los sindicalistas es endémica, ya que el presidente Duterte aprueba e incluso ordena ataques dirigidos en su contra para detenerlos y matarlos. A principios de marzo de 2021, manifestó en un discurso público su “deseo de matar a todos los comunistas”. El 7 de marzo de 2021, las fuerzas estatales lanzaron redadas coordinadas contra líderes y activistas sindicales en las provincias de Cavite, Laguna, Batangas y Rizal (Tagalo Sur). Cinco sindicalistas fueron asesinados por la policía, entre ellos Manny Asunción y Michael Dasigao.

El 10 de diciembre de 2020, al amanecer, la policía nacional filipina llevó a cabo redadas simultáneas en varios domicilios de organizadores sindicales en el área metropolitana de Manila, Filipinas. Con órdenes de allanamiento en mano, emitidas por un juez de instrucción de la ciudad, la policía forzó la entrada en los domicilios y colocó armas de fuego, municiones y artefactos explosivos. Fueron arrestados seis activistas sindicales: Dennise Velasco de Defend Jobs Philippines; Romina Astudillo, secretaria general adjunta de Kilusang Mayo Uno-Metro Manila; Mark Ryan Cruz, del Comité Ejecutivo Regional de KMU-Metro Manila; Jaymie Gregorio Jr. de KMU-Metro Manila; Joel Demate de Solidarity of Labour Rights and Welfare (SOLAR); y Rodrigo Esparago del Sandigang Manggagawa sa Quezon City (SMQC).

Todos ellos fueron acusados de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos. Aun cuando un tribunal local emitió una decisión desestimando los cargos contra Esparago, hasta la fecha la policía sigue bloqueando su liberación.

En 2021, el Gobierno de Filipinas intensificó la represión contra el movimiento sindical independiente, arrestando ilegalmente y deteniendo arbitrariamente a veintiocho líderes sindicales en total.

El 7 de marzo de 2021, las fuerzas policiales allanaron las oficinas sindicales y los domicilios de sindicalistas en las provincias de Cavite, Laguna, Batangas y Rizal, deteniendo a ocho personas, incluidos Steve Mendoza, vicepresidente ejecutivo del sindicato agrícola Organised Labour Association in Line Industries and Agriculture (OLALIA KMU) en Cabuyao, y Elizabeth Camoral, expresidenta del sindicato de F-Tech y actual portavoz de Bayan-Laguna.

El 4 de marzo de 2021 a las 4.30 de la mañana, la Policía nacional de Filipinas-Grupo de investigación y detección de delitos allanó el domicilio de Ramir Edriga Corcolon, lo secuestró y lo llevó al Campamento Vicente Lim en Laguna. Corcolon es el presidente de la San Pablo City Water District Employees Association (SPCWDEA) y secretario general del sindicato de la red hidráulica Water System Employees Response (WATER).

El domicilio de Arnedo Sanggalang Lagunias, secretario del sindicato Honda Workers Union, fue allanado el mismo día a las 6 de la mañana y fue llevado por la fuerza al mismo campamento. Supuestamente, la policía habría encontrado una pistola y explosivos durante el registro.

El 3 de julio de 2020, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, firmó la Ley Antiterrorista, una ley que socava gravemente las libertades civiles y pone en peligro los derechos laborales al someter a los trabajadores, activistas sindicales y otros actores y defensores de los derechos humanos a la presión de la policía, el ejército y otras fuerzas de seguridad y exponerlos a más detenciones arbitrarias, ataques indiscriminados e infundados, acoso, intimidación y ejecuciones extrajudiciales.

En virtud de la ley, un “Consejo Antiterrorista” nombrado por el presidente puede ordenar la detención de cualquier persona designada como “terrorista” sin orden judicial ni garantías procesales y mantenerla retenida hasta 24 días. La ley se aplica también a la supuesta “incitación” “mediante discursos, proclamas, escritos, emblemas, pancartas u otras representaciones que tiendan al mismo fin”, abriendo el camino a una supresión aún mayor de todas las formas de disidencia y activismo cívico y social. La condena en virtud de esta ley conlleva una pena de hasta 12 años de cárcel.

El 30 de noviembre de 2020, la policía dispersó una concentración de protesta organizada por trabajadores de Cebú en la Zona Económica de Mactan para conmemorar el Día de Bonifacio y denunciar la inclusión, por parte del Gobierno, de las actividades sindicales en la lista roja. Cinco trabajadores fueron detenidos cuando la policía disolvió la concentración: Dennis Derige, Myra Opada, Joksan Branzuela, Jonel Labrador y Cristito Pangan, todos ellos afiliados al Sentro ng Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (Sentro) y al Partido Manggagawa (PM). Se les detuvo por desobediencia y por presunta violación de las normas de cuarentena. Los cinco sindicalistas quedaron en libertad tras pagar una multa de 1.000 PHP (20 USD).