Marruecos

Algunas categorías de empleados públicos siguen viendo denegado su derecho a la libertad sindical, como por ejemplo los jueces en Marruecos.

En diciembre de 2020, un centenar de mineros permanecieron 10 días a 700 metros bajo tierra en la mina de Jebel Aouam, cerca de M’rirt, provincia de Khénifra, en Marruecos, mientras otros 200 trabajadores protestaban en la superficie. La huelga comenzó después de que la dirección de la empresa Compagnie Minière de Touissit se negara a aplicar un convenio colectivo firmado con el sindicato Union Marocaine du Travail (UMT) en 2019. Este acuerdo tenía por objetivo garantizar mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo en la mina y la provisión de medidas de salud y seguridad laboral.

Amanor, filial marroquí de la multinacional francesa Veolia, acumula un largo historial de política antisindical y de incumplimiento de la legislación laboral. A principios de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 se estaba propagando, Amanor se negó a registrar a sus 500 empleados en la Oficina Nacional de la Seguridad Social, privándoles así de las ayudas económicas del Gobierno. El sindicato Union Marocaine du Travail (UMT) intentó intervenir en favor de los trabajadores, pero el empleador se negó obstinadamente a entablar diálogo. En diciembre de 2019 se empezaron a convocar huelgas. A modo de represalia, el secretario general del sindicato de empresa fue despedido sin motivo a principios de 2020, lo que desencadenó una huelga indefinida en todas las unidades. Veolia ha recurrido a los despidos masivos para reprimir las huelgas y se ha negado a reincorporar a los trabajadores despedidos.