Camboya

El 2 de abril de 2020, Soy Sros, dirigente sindical de la empresa de marroquinería Superl en Camboya, fue detenida acusada de “provocación”, según el Código Penal de Camboya, por sus publicaciones en las redes sociales en las que criticaba la suspensión de varios miembros del sindicato, incluyendo una mujer embarazada, durante la crisis del coronavirus. Fue recluida en la prisión provincial de Kompong Speu, donde, según el presidente de CUMW, Pav Sina, su salud se deterioró gravemente.

El 31 de julio de 2020 Rong Chhun, presidente de la central sindical Cambodian Confederation of Unions (CCU) y destacado sindicalista en Camboya, fue detenido por “incitación a cometer graves delitos” en relación con sus comentarios públicos sobre las pérdidas de tierras de cultivo y las irregularidades fronterizas entre Camboya y Vietnam. Con este pretexto falaz, las autoridades camboyanas en realidad apuntaban a sus actividades al frente de los piquetes en el cierre de fábricas de vestuario y por instar al Gobierno a introducir mejoras en materia de derechos humanos, especialmente durante la pandemia de COVID-19. De ser declarado culpable, Rong Chhun podría ser condenado a dos años de prisión.

El 7 de agosto de 2020, al menos siete manifestantes y miembros de la CCU fueron detenidos por exigir la liberación de Chhun, entre ellos Sor Saknika, presidenta del sindicato de trabajadores del sector informal Cambodian Informal Labourers’ Association (CILA), acusada de incitación a unirse a la protesta solidaria y que permanece, hasta la fecha, en prisión preventiva.

El 10 de agosto, Ouk Chayavy, ex presidenta del sindicato independiente de docentes Cambodian Independent Teachers’ Association (CITA), fue atacada por matones después de visitar a Rong Chhun en prisión. Lideraba la campaña de liberación Free Rong Chhun y estaba en proceso de presentar peticiones a la ONU y a las representaciones de distintos países.

El 17 de junio de 2020, en Camboya, los trabajadores y trabajadoras de Greenfield Industry celebraron una reunión para establecer en la fábrica un sindicato perteneciente al Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU) y eligieron a 11 delegados sindicales. Tres días después, el departamento de Recursos Humanos convocó a los 11 delegados electos y les informó de que la empresa no podía renovar sus contratos de trabajo debido a la falta de pedidos y al bajo rendimiento de los trabajadores. El presidente del sindicato impugnó estas justificaciones inventadas, en respuesta a lo cual la empresa amenazó a los delegados sindicales, afirmando que debían dimitir del C.CAWDU o asumir las consecuencias. El presidente, el vicepresidente, el secretario y el tesorero del sindicato local fueron despedidos tras negarse a firmar la carta de dimisión que recibieron. Otros seis delegados sindicales firmaron la carta y abandonaron el C.CAWDU bajo coacción.

El servicio de gestión aeroportuaria Cambodian Airport Management Service (CAMS), del cual Vinci posee la mayoría de las acciones, se negó obstinadamente a entablar negociaciones colectivas con los sindicatos de empresa, afiliados a la federación del transporte Cambodian Transport Workers’ Federation (CTWF), a pesar de haber sido certificados como sindicatos más representativos en 2019. Las negociaciones habían sido pospuestas inicialmente por la dirección, y luego se paralizaron debido a la pandemia de COVID-19, lo que permitió a la empresa imponer unilateralmente suspensiones laborales en los tres aeropuertos sin consultar al sindicato.

El 4 de noviembre de 2020, el CAMS informó oficiosamente a la plantilla del despido de 161 empleados, 121 de los cuales eran miembros del sindicato, y solo aceptó revelar a los sindicatos la lista de trabajadores despedidos el 24 de noviembre, en el marco de una reunión con el Ministerio de Trabajo. El CAMS se dirigió individualmente a los trabajadores y las trabajadoras para obligarles a aceptar el paquete de indemnizaciones. En enero de 2021, el CAMS había despedido a 130 trabajadores de los tres aeropuertos de Siem Reap, Sihanoukville y Phnom Penh. El Ministerio de Trabajo hizo caso omiso de las llamadas de atención de los sindicatos denunciando estas flagrantes violaciones de la legislación laboral.