El 25 de julio de 2020, las fuerzas de seguridad de Jordania detuvieron a los miembros de la ejecutiva del sindicato de docentes Jordanian Teachers’ Association (JTA), allanaron las oficinas del sindicato y lo cerraron por un período de dos años. La fiscalía acusó al presidente de JTA, Nasser Nawasreh, de instigación por un discurso que el líder sindical pronunció el 22 de julio en el que se mostró crítico con el Gobierno. Se desplegaron agentes antidisturbios para dispersar las manifestaciones pacíficas de miembros del JTA denunciando la represión de los derechos sindicales.
El 16 de agosto de 2020, el Tribunal Penal de la Magistratura de Ammán impuso una prohibición a la cobertura de prensa en relación con los procesos presentados contra JTA. La prohibición de la cobertura de prensa se aplicaba a las noticias, publicaciones y comentarios sobre el proceso judicial. Estas acciones de las autoridades provocaron manifestaciones pacíficas en varias ciudades de Jordania. Sin embargo, otros miembros y simpatizantes del sindicato JTA fueron arrestados durante esas manifestaciones.
Aun cuando los miembros de la ejecutiva de JTA serían liberados bajo fianza el 23 de agosto de 2020, debido a una disposición legal que limita la detención a 30 días, el 26 de octubre el gobernador de Ammán prohibió una conferencia de prensa pública de JTA.
Libertades civiles
El 29 de julio de 2020, la policía de Jordania reprimió brutalmente una manifestación pacífica organizada por el sindicato de docentes, la Jordanian Teachers’ Association (JTA). Quinientos docentes fueron detenidos y posteriormente liberados. Más tarde, el fiscal general presentó cargos contra los miembros de la directiva de la JTA. Todos ellos permanecieron 30 días en prisión preventiva. El 31 de diciembre de 2020, el Tribunal de Magistrados condenó a los miembros del Consejo Ejecutivo de la JTA a la pena máxima de un año de prisión, por “delito leve de incitación al odio o a los disturbios en instituciones educativas mediante el uso de cualquier medio disponible”, “delito menor de incitación a la reunión ilegal” y “delito menor de influir en la libertad de elecciones”. Tras la movilización internacional, finalmente fueron puestos en libertad bajo fianza, mientras que la ejecutiva de la JTA apeló la decisión judicial.
Derecho a realizar actividades sindicales
En 2020 y 2021, el sindicato de docentes Jordanian Teachers’ Association (JTA) ha sido objeto de múltiples ataques por parte de las autoridades, en particular la disolución arbitraria de la organización el 31 de diciembre de 2020 y el procesamiento de los miembros de su junta directiva.
Enjuiciamiento de líderes sindicales por participar en huelgas
El 29 de julio de 2020, miembros de la asociación de docentes JordanianTeachers’ Association (JTA), que había sido disuelta de forma arbitraria a finales de año, organizaron una concentración pacífica para protestar contra los incesantes ataques del Gobierno. Quinientos docentes fueron detenidos y posteriormente liberados. No obstante, el fiscal general presentó cargos contra la JTA y contra los miembros de su junta directiva. Todos ellos permanecieron 30 días en prisión preventiva.
El 31 de diciembre de 2020, el Tribunal de Primera Instancia declaró a los miembros de la junta directiva de la JTA culpables de los siguientes cargos: “delito leve de incitación al odio o a los disturbios en instituciones educativas mediante el uso de cualquier medio disponible”, “delito menor de incitación a la reunión ilegal” y “delito menor de influir en la libertad de elecciones”. Todos fueron condenados a la pena máxima de un año de cárcel.
En enero de 2021, las fuerzas de seguridad jordanas disolvieron una gran protesta de docentes en los alrededores del Parlamento. Los docentes se dividieron entonces en varias concentraciones separadas y empezaron a corear consignas sindicales, pero enseguida fueron rodeados por la policía, que les ordenó dispersarse. La policía también mantuvo detenidos durante varias horas a más de 230 docentes.
Derechos de los trabajadores según la ley
Resumen de las leyes que protegen los derechos en el trabajo