Volver a ituc-csi.org
Derechos no garantizados
Sin cambios desde el año pasado
Violencia
Ataques antisindicales y despidos
Menoscabo de la negociación colectiva
Honduras ha seguido plagada por una violencia endémica contra la gente trabajadora y sus representantes. Participar en actividades sindicales sigue siendo extremadamente peligroso y a menudo desemboca en amenazas de muerte y violencia física. La situación se ve exacerbada por un clima de impunidad, dado que el gobierno no investiga ni castiga los crímenes antisindicales.
Moisés Sánchez, un destacado líder sindical en el sector agrícola, fue víctima de un montaje enfrentándose a un proceso penal basado en cargos falsos. El marco legal hondureño se endureció con la adopción de un nuevo código penal, que criminaliza las protestas sociales.
Los empleadores utilizan tácticas antisindicales para eludir la negociación colectiva, mientras que los representantes de los trabajadores son sistemáticamente despedidos o no se les renueva su contrato.
El 25 de junio de 2020 entró en vigor en Honduras un nuevo código penal que supone una clara amenaza a las libertades fundamentales, dado que sus disposiciones limitan considerablemente el derecho de reunión pacífica. El nuevo código criminaliza las protestas y asambleas públicas, que podrían llegar a castigarse con penas de hasta 30 años de prisión.
En 2019, Moisés Sánchez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) en los campos de melón de la empresa Fyffes en Choluteca, Honduras, fue injustamente acusado de ‘usurpación de tierras’ y procesado por cargos penales derivados de la construcción de una vía de acceso por la comunidad rural de La Permuta en noviembre de 2018. Se enfrentaba a una pena de hasta 30 años de prisión. El juicio programado para el 22 de enero de 2020 no se llevó a cabo debido a la presión nacional e internacional. Ese intento de encarcelarlo por cargos falsos parece formar parte de la campaña de larga data para diezmar al STAS.
Sánchez, quien sobrevivió a un ataque con machete de agresores en 2017, año en que también fue despedido por Fyffes, ha vuelto a ser objeto de vigilancia y amenazas desde octubre de 2019. La empresa frutera Fyffes emplea a más de 6.500 personas en el cultivo del melón en Honduras, mayoritariamente con empleos de temporada. La compañía se ha mostrado siempre hostil hacia el sindicato STAS.
Resumen de las leyes que protegen los derechos en el trabajo
