Hong Kong

El 30 de junio de 2020, el máximo órgano legislativo de China aprobó por unanimidad una nueva Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong que entró en vigor en el territorio el mismo día, justo antes de la medianoche. En virtud de la ley, las autoridades tienen a su disposición amplios poderes sin absolutamente ningún control ni balance para garantizar el Estado de derecho, el respeto de los derechos fundamentales y el debido proceso. Las autoridades de los servicios de inteligencia pueden, entre otros poderes exorbitantes, buscar propiedades, censurar contenido en línea y participar en vigilancia encubierta, incluyendo interceptar comunicaciones, todo ello sin una orden judicial. Las autoridades también pueden requerir información de organizaciones y personas, incluso si dicha información pudiera resultar incriminante. Cualquier persona que no cumpla la ley puede ser multada o encarcelada. La policía de Hong Kong ya ha establecido una nueva división de seguridad nacional para llevar a cabo una vigilancia encubierta.

Hasta ahora, 53 de los activistas prodemocráticos más prominentes, incluida la presidenta de la central sindical Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), Carol Ng, han sido arrestados en una operación masiva de represión policial. Carol Ng fue arrestada en su domicilio el 6 de enero de 2021 por el Departamento de Seguridad Nacional acusada de un presunto “intento de subvertir el poder estatal” con arreglo a la Ley de Seguridad Nacional de 2020. Winnie Yu, que preside el sindicato de personal sanitario Hospital Authority Employees Alliance (HAEA), también fue arrestada. El grupo fue acusado de organizar y participar en las elecciones primarias para candidatos prodemocráticos en las elecciones que fueron pospuestas el año pasado. Esta fue la mayor purga política contra los demócratas desde la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

Lee Cheuk-yan, secretario general de la central sindical independiente Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), fue detenido el 28 de febrero de 2020 y acusado de “reunión no autorizada” por participar en protestas antigubernamentales exigiendo la retirada del proyecto de ley de extradición y el sufragio universal en 2019. Mientras estaba en libertad bajo fianza a la espera de juicio, Lee fue nuevamente acusado el 11 de junio de 2020 por incitar a otras personas a participar en una asamblea no autorizada el 4 de junio de 2020 destinada a conmemorar la matanza de Tiananmen en 1989, y el 6 de agosto por el cargo adicional de organizar y participar en la asamblea no autorizada junto con 25 activistas. En total, se le imputaron nueve cargos por cuatro asambleas no autorizadas en 2019 y 2020.

Después de un juicio de cuatro semanas en marzo de 2021, Lee Cheuk-yan, con otros seis activistas, fue declarado culpable y condenado a 18 meses de prisión. Todavía tiene pendientes otros seis cargos que le fueron imputados durante su detención en mayo y junio de 2021.

En Hong Kong, 53 de los activistas prodemocráticos más prominentes, incluida la presidenta de la central sindical Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), Carol Ng, fueron detenidos en una operación de represión policial masiva. Carol Ng fue arrestada en su casa el 6 de enero de 2021 por el departamento de seguridad nacional acusada de un presunto “intento de subvertir el poder estatal” con arreglo a la Ley de Seguridad Nacional de 2020. Winnie Yu, que preside el sindicato de personal sanitario Hospital Authority Employees Alliance (HAEA), también fue arrestada. El grupo fue acusado de organizar y participar en las elecciones primarias para candidatos prodemocráticos en las elecciones que fueron pospuestas el año pasado. Esta fue la mayor purga política contra los demócratas desde la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

El sindicato de funcionarios Union for New Civil Servants de Hong Kong, establecido durante las protestas en favor de la democracia de 2019, fue disuelto en enero de 2021. La decisión se produjo un día después de que el Gobierno fijara un plazo de cuatro semanas para que sus trabajadores declararan su lealtad a la ciudad y se comprometieran a respetar la Ley Básica. El presidente del sindicato, Michael Ngan, anunció que el grupo había decidido disolverse ante el inminente compromiso de lealtad, que suscitaba serias dudas sobre la seguridad de sus miembros y podía provocar la expulsión de algunos de ellos de la función pública.

El 30 de junio de 2020, el máximo órgano legislativo de China aprobó por unanimidad una nueva Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, que criminaliza prácticamente cualquier acto que se considere una amenaza para la “seguridad nacional” incluyendo penas máximas de cadena perpetua. Un año después, se calcula que 97 defensores de los derechos humanos de Hong Kong han sido detenidos en virtud de la nueva ley, y ocho de ellos han sido procesados. Se enfrentan a cargos espurios, como blanqueo de dinero, fraude y publicación de expresiones sediciosas.

Además, otras 10.200 personas (40% estudiantes) han sido detenidas en relación con las protestas contra la ley de extradición de 2019. En total, casi 2.450 han sido procesadas y se han completado los procesos judiciales en más de 940 de estos casos.

El 15 de julio, Cathay Pacific informó a los sindicatos de Hong Kong Aircrew Officers’ Association (AOA) y Flight Attendants’ Union, que la empresa rescindiría unilateralmente en octubre el acuerdo de reconocimiento sindical y que desistiría de participar en la negociación colectiva, calificándola de “práctica anticuada”. El 22 de octubre de 2020, Cathay Pacific anunció el cierre de su filial Cathay Dragon y el despido inmediato de 7.346 tripulantes de cabina y 2.613 pilotos. El personal se vio obligado a firmar unos contratos de trabajo más económicos, con recortes de entre el 40% y el 60% a sus salarios y prestaciones. En junio de 2020, Cathay Pacific se benefició de un rescate del Gobierno por valor de 360 millones de HKD (46 millones USD).

El 28 de julio de 2020, la Universidad de Hong Kong despidió al profesor de Derecho Benny Tai en relación con una supuesta condena penal por su papel en las protestas de 2014 en defensa de la democracia. Tai fue uno de los fundadores de las “protestas de los paraguas” organizadas para reclamar más democracia en Hong Kong. En 2019, un tribunal le condenó a 16 meses de prisión por “alteración del orden público”. En agosto de 2019 se le concedió la libertad bajo fianza en espera de una apelación. La decisión del rectorado de la universidad de despedir a Tai contradecía el veredicto del claustro, que afirmaba carecer de motivos suficientes para despedirlo. La decisión “marca el fin de la libertad académica en Hong Kong”, señaló Tai en una publicación en Facebook.