Belarús

En enero de 2021, las autoridades de Minsk se negaron a registrar los sindicatos de estudiantes y docentes afiliados al BITU en la Universidad Estatal Bielorrusa, sin dar ninguna explicación al respecto.

En 2020, el Gobierno de Belarús impuso la prohibición de celebrar reuniones, piquetes, procesiones y manifestaciones organizadas por los sindicatos. La situación se complicó aún más con la resolución núm. 196 del Consejo de Ministros, de 3 de abril de 2020, según la cual el organizador de un evento multitudinario debe, antes de presentar una solicitud al órgano ejecutivo y administrativo local, cumplir una larga lista de requisitos exorbitantes, entre ellos garantizar el mantenimiento del orden público durante la manifestación, la prestación de servicios médicos y los servicios de limpieza, con todos los gastos asumidos por el organizador. La ley prevé además la posibilidad de liquidar un sindicato por el incumplimiento de uno solo de sus requisitos. Estas regulaciones equivalen a una prohibición de facto de todas las asambleas públicas y huelgas para los sindicatos.

Dos miembros del Belarusian Independent Trade Union (BITU), Vladimir Berdnikovich y Andrey Prilutsky, fueron acusados de violencias contra la policía. Vladimir Berdnikovich fue condenado a cuatro años después de haber logrado escapar de la redada policial mientras las fuerzas armadas dispersaban brutalmente a los manifestantes. Mientras ayudaba a un anciano que estaba siendo agredido durante la protesta, Andrey Prilutsky fue severamente golpeado, arrestado y sentenciado a 15 días de prisión.

En Belarús, activistas sindicales y trabajadores recibieron severas sentencias judiciales por su participación en las protestas pacíficas tras el resultado de las elecciones presidenciales de agosto de 2020.

El 20 de enero de 2021, el Tribunal Supremo de Belarús rechazó el recurso del comité de huelga de Belaruskali y juzgó ilegal la huelga del año pasado. Daria Polyakova, coordinadora de la red juvenil del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Industria Electrónica de Belarús (REP), fue condenada a dos años de arresto domiciliario por “violencia o amenaza de violencia contra un empleado de la agencia de asuntos interiores”.

Durante años en Belarús, el Belarusian Independent Trade Union (BITU) y sus organizaciones a nivel de empresa han visto denegado su registro en base a motivos dudosos. El 13 de octubre de 2021, las autoridades de Polotsk se negaron ilícitamente a reconocer el sindicato recién creado en la empresa fabricante de fibra de vidrio Polotsk-Steklovolokno. En virtud de la legislación bielorrusa, esta negativa implica la disolución automática del sindicato.

El 24 de noviembre de 2020, las autoridades de Moskovsky (distrito de Minsk) decidió denegar el registro a los sindicatos de BITU recién creados en dos empresas de informática, EPAM Systems y JSC Peleng, so pretexto de la inexistencia de intereses profesionales comunes entre los empleados de estas empresas y las actividades del BITU.

El 27 de octubre de 2020, Alexander Zhuk, representante sindical del BITU en OJSC Grodno Azot, fue secuestrado cuando se dirigía al trabajo. Al mediodía se supo que había sido trasladado a la Fiscalía, donde fue interrogado por la policía y los servicios secretos. Esa noche Zhuk fue oficialmente detenido y trasladado al centro de detención preventiva del distrito de Oktyabrsky, donde cumplió una condena de 30 días por unas supuestas infracciones administrativas poco claras.

El 16 de febrero de 2020, la oficina del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Industria Electrónica de Belarús (REP) fue objeto de una redada policial en el marco de la cual le fueron incautados todos los dispositivos de comunicación y los ordenadores portátiles, así como casi toda la documentación básica, incluidos los documentos contables, diversos materiales impresos y de campaña, y dinero personal. Los agentes se negaron a entregar una copia del acta de registro y a facilitar un inventario de los objetos incautados. Esa misma mañana la policía registró los domicilios de Vladimir Maley, abogado del REP para la región de Bres, y de Andrei Komlik-Yamatin, presidente del sindicato del REP en la fábrica de motores Minsk Motor Plant. Este fue detenido por negarse a abrir la puerta y condenado a 25 días de arresto administrativo “por desobediencia a una orden o petición de un funcionario de servicio”.

La dirección de Naftan, una refinería de petróleo de Belarús, suspendió ilícitamente durante un período de seis meses la cláusula del convenio colectivo que establece que los trabajadores/as y representantes sindicales no pueden ser despedidos por iniciativa del empleador sin el consentimiento previo del sindicato. Poco después, los miembros del sindicato fueron despedidos de forma sumaria. El director adjunto de Naftan declaró que “la medida estaba enfocada a reforzar la disciplina laboral”.

Decenas de miles de personas han participado en huelgas y manifestaciones en Belarús desde que Alexander Lukashenko proclamó en agosto de 2020 su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas. Se registraron miles de detenciones y más de 150 personas permanecieron entre rejas. Además, en todo el país ha seguido habiendo consecuencias jurídicas de carácter punitivo para los trabajadores en huelga. En Zhlobin, un tribunal local condenó a los trabajadores Igor Povarov, Alexander Bobrov y Yevgeny Govor de la planta metalúrgica bielorrusa BMZ a tres y dos años y medio de cárcel, respectivamente, por intentar organizar una huelga en dicha planta el 17 de agosto de 2020.