Libertades civiles
Desde abril de 2022, el Gobiernos bielorruso ha venido aplicando un patrón sistemático de represión contra los sindicatos independientes del país, arrestando y deteniendo arbitrariamente a líderes y miembros sindicales, intimidándolos y acosándolos. El 19 de abril de 2022, el Comité para la Seguridad del Estado (KGB) detuvo a más de una veintena de líderes y activistas del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), entre los que se encontraba Aliaksandr Yarashuk, presidente del BKDP. La represión prosiguió en mayo con nuevas detenciones selectivas, entre ellas la de Maksim Pazniakou, presidente en funciones del BKDP, que fue detenido por las autoridades estatales el 17 de mayo de 2022.
Andrei Khanevich, presidente de la organización sindical primaria del BNP en Grodno Azot, fue condenado en noviembre a cinco años de cárcel, mientras que Aliaksandr Mishuk, vicepresidente del BNP y presidente de la organización sindical primaria en Belaruskali, fue condenado a dos años y medio de cárcel.
El 27 de diciembre de 2022, el Tribunal de la ciudad de Minsk dictó sentencia contra los dirigentes del BKDP encarcelados: el presidente Aliaksandr Yarashuk fue condenado a cuatro años de cárcel; su adjunto, Sergei Antusevich, a dos años de cárcel; y la contable del BKDP, Irina But-Husaim, a 18 meses de cárcel. Todos ellos fueron declarados culpables de acciones que atentan gravemente contra el orden público, y Yarashuk fue además declarado culpable de reclamar medidas destinadas a perjudicar la seguridad nacional.
Los tres sindicalistas llevan detenidos desde el 19 de abril de 2022, y Aliaksandr Yarashuk no ha podido ponerse en contacto con su familia, compañeros ni abogados durante su detención.
El 5 de enero de 2023, el Tribunal de la ciudad de Minsk dictó sentencia contra los dirigentes del sindicato de trabajadores de la industria radioelectrónica (REP): Hennadz Fiadynich fue condenado a nueve años de cárcel en régimen reforzado, Vasil Berasneu fue condenado a nueve años de cárcel en una prisión de mediana seguridad, mientras que Vatslau Areshka fue condenado a ocho años de cárcel en una prisión de régimen general.
Todos ellos fueron declarados culpables de reclamar la adopción de medidas destinadas a atentar contra la seguridad nacional, de incitación a otros tipos de odio social y de creación de una formación extremista o participación en ella.
